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Sentencia CL-607-2023 — Registro 20043

Resumen

Segunda instancia declara con lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral para que se otorgue a los trabajadores demandantes el reajuste salarial que por ley les corresponde por el incumplimiento de los incrementos de contratos colectivos de condiciones económicas anuales de salario que implique un incremento salarial de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 38, 49 y 50 del IX y X Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el INA y el SITRAINA, todo en virtud del incumplimiento de dichas cláusulas y de ser los demandantes afiliados al Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), se condene en costas al patrono por haber incumplido el principio de buena fe que rigen los contratos colectivos.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella."...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Hito

..."Que conforme el requisito de exhaustividad y el principio de congruencia procesal, los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, en virtud que en el presente caso el Ad Quem, olvida que la prescripción debe ser alegada por las partes no de oficio, al revisar el presente caso la parte demanda no alego la prescripción en la contestación de la demanda ni la interpuso como excepción perentoria en la audiencia primera de trámite que eran los momentos procesal oportuno para tales acciones, violentando normas procedimentales aplicables, debiendo realizar el debido análisis al caso en concreto."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 709 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 710 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 862 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...".- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella."...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Hito

..."Que conforme el requisito de exhaustividad y el principio de congruencia procesal, los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, en virtud que en el presente caso el Ad Quem, olvida que la prescripción debe ser alegada por las partes no de oficio, al revisar el presente caso la parte demanda no alego la prescripción en la contestación de la demanda ni la interpuso como excepción perentoria en la audiencia primera de trámite que eran los momentos procesal oportuno para tales acciones, violentando normas procedimentales aplicables, debiendo realizar el debido análisis al caso en concreto."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 709 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 710 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 862 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...".- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 7 de junio de 2024, por el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA, en su condición de representante procesal de los señores EVERARDO JOSÉ CÁRDENAS ZAVALA, SOLVIN GISSELA AGUILAR, LUIS ANTONIO TEJEDA VALDEZ, LUIS ALONSO MARTÍNEZ BREVE y OTROS; y en fecha 11 de diciembre del 2024, por el Abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), como recurrentes/recurridos, respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se otorgue a los trabajadores demandantes el reajuste salarial que por ley les corresponde por el incumplimiento de los incrementos de contratos colectivos de condiciones económicas anuales de salario equivalente a L.2,200.00 mensuales a partir del mes de abril del año 2010 en adelante y L.1,100.00 mensuales a partir del 1 de julio, mes de abril del año 2019 en adelante, pago de reajuste del 140 y 135 por ciento en concepto de vacaciones, pago de reajuste, de décimo tercer y décimo cuarto mes en concepto de compensación social, todos estos conceptos dejados de percibir de manera retroactiva correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 hasta que quede firme la sentencia condenatoria y cualquier otro valor que se les adeude por existir un nuevo contrato colectivo u otro disposición que implique un incremento salarial de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 38, 49 y 50 del IX y X Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado entre el INA y el SITRAINA, todo en virtud del incumplimiento de dichas cláusulas y de ser los demandantes afiliados al Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), se condene en costas al patrono por haber incumplido el principio de buena fe que rigen los contratos colectivos, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, en fecha 26 de abril del 2021, por los Abogados ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA y NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO, en su condición de representantes procesales de los señores 1) Everardo José Cárdenas Zavala, 2) Solvin Gissela Aguilar, 3) Luis Antonio Tejeda Valdez, 4) Luis Alonso Martínez Breve, 5) Norma Ondina Iscoa Ortiz, 6) Normandina Murillo Raudales, 7) José Rene Benítez Moya, 8) Cesar Antonio Pavón Guillen, 9) José Jonatan Zúniga Turcios, 10) José Francisco Pineda Valeriano, 11) María Cristina Martínez Miralda, 12) Iris Francisca Oliva Licona, 13) Santos Cristóbal Mendoza Santos, 14) Elsa Argentina Méndez Sevilla, 15) Sabas Ovidio Oliva Guifarro, 16) José Ángel Lopez Ruiz, 17) Wuendy Roxana Sevilla Galeano, 18) Marbin Mauricio Mejía Flores, 19) Silvia Rosario Andino, 20) María Elisia Mendoza Cáceres, 21) Julián Cardona Banegas, 22) Jorge Alberto Guifarro, 23) Miriam Isabel Gonzales Duarte, 24) Juan Efraín Sauceda Martínez, 25) Samuel Espino Galo, 26) Erivelio Hernandez Acosta, 27) Lionicio Raudales Chávez, 28) Ramón Donato Zelaya Zelaya, 29) Fanny Ibeth Castellanos Medina, 30) Irma Consuelo Ártica Guerrero, 31) Claudia Lorena Flores Hernandez, 32) José De Jesús Rodríguez Rodriguez, 33) José Manuel Juárez Bautista, 34) Dora Cristina Munguía Pacheco, 35) Oscar Jovany Espinoza Osorto, 36) Francisco Ricardo Delgado, 37) Leonel Elpidio Rosales Cardona, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), por medio de su representante legal el señor RAMON ANTONIO LARA HUESO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de marzo del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación de que se ha hecho mérito; 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva de fecha doce de noviembre del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en el sentido siguiente: A) REVOCAR PARCIALMENTE los NUMERALES 1 y 2 incisos A, B Y C, los cuales deberán leerse de la siguiente manera: "1): DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE la demanda para que se otorgue a los trabajadores demandantes el reajuste salarial que por les corresponde por el incumplimiento de los incrementos de contratos colectivos de condiciones económicas anuales de salario equivalente a dos mil doscientos lempiras (Lps. 2,200) a partir del mes de abril del año 2010 en delante y mil cien lempiras (Lps. 1,100) mensuales a partir del primero de julio mes de abril del año 2019 en delante, pago de reajuste de décimo tercer y décimo cuarto mes en concepto de compensación social, todos estos conceptos dejados de percibir de manera retroactiva correspondiente a los años, 2019, 2020 y hasta que quede firme la sentencia condenatoria y cualquier otro valor que se les adeude por existir un nuevo contrato colectivo u otra disposición que implique un incremento salarial, de acuerdo a los establecido en las cláusulas 38, 49, y 50 del IX y X contrato colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre el Instituto Nacional Agrario (INA) y el sindicato de trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), todo en virtud del incumplimiento de dichas clausulas y de ser los demandantes afiliados al sindicato de trabajadores del Instituto Nacional Agrario SITRAINA, se condene en costas al patrono por haber incumplido el principio de buena fe que rigen los contratos colectivos, por los abogados ESDRASRAFAEL GUTIERREZ OCHOA Y NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO en representación de los trabajadores en contra del Instituto Nacional Agrario a través de su representante legal RAMON ANTONIO LARA HUESO. 2). A.- CONDENA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO a través de su representante legal RAMON ANTONIO LARA HUESO al pago de los reajustes salariales y ajustarles el salario a los demandantes conforme a la cláusula 49 del IX y X contrato colectivo para los años 2019, 2020, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución por parte del señor Juez para dichos años; B.- CONDENA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO a través de su representante legal RAMON ANTONIO LARA HUESO al pago de los reajustes salariales conforme a la cláusula 38 del IX y X contrato colectivo para los años 2019, 2020 consistentes en la bonificación por vacaciones, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución por parte del señor Juez para dichos años; C.- CONDENA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO a través de su representante legal RAMON ANTONIO LARA HUESO al pago de los reajustes salariales de décimo tercer mes y décimo cuarto mes conforme al IX y X contrato colectivo para los años 2019, 2020; los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución por parte del señor Juez para dichos años.".- B) CONFIRMANDO los numerales 3 y 4 de la sentencia apelada.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE OTORGUE A LOS TRABAJADORES DEMANDANTES EL REAJUSTE SALARIAL QUE POR LEY LES CORRESPONDE POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS INCREMENTOS DE CONTRATOS COLECTIVOS DE CONDICIONES ECONOMICAS ANUALES DE SALARIO EQUIVALENTE A DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (LPS. 2,200.00) MENSUALES A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2010 EN DELANTE Y MIL CIEN LEMPIRAS (LPS 1,100.00) MENSUALES A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 EN DELANTE, PAGO DE REAJUSTE DEL CIENTO CUARENTA 140 Y CIENTO TREINTA Y CINCO 135 POR CIENTO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PAGO DE REAJUSTE DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACION SOCIAL, TODOS ESTOS CONCEPTOS DEJADOS DE PERCIBIR DE MANERA RETROACTIVA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021 HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA Y CUALQUIER OTRO VALOR QUE SE LES ADEUDE POR EXISTIR UN NUEVO CONTRATO COLECTIVO U OTRA DISPOCISION QUE IMPLIQUE UN INCREMENTO SALARIAL, DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 38, 49, Y 50 DEL IX Y X CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA). TODO EN VIRTUD DEL INCUMPLIMIENTO DE DICHAS CLAUSULAS y DE SER LOS DEMANDANTES AFILIADOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO SITRAINA, SE CONDENE EN COSTAS AL PATRONO POR HABER INCUMPLIDO EL PRINCIPIO DE BUENA FE QUE RIGEN LOS CONTRATOS COLECTIVOS, promovido por los Abogados ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA y NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO en su condición de representante procesal de los señores EVERARDO JOSE CARDENAS ZAVALA, SOLVIN GISSELA AGUILAR, LUIS ANTONIO TEJEDA VALDEZ, LUIS ALONSO MARTINEZ BREVE, NORMA ONDINA ISCOA RUIZ, NORMANDINA MURILLO RAUDALES, JOSE RENE BENITEZ MOYA, CESAR ANTONIO PAVON GUILLEN, JOSE JONATAN ZUNIGA TURCIOS, JOSE FRANCISCO PINEDA VALERIANO, MARIA CRISTINA MARTINEZ MIRALDA, IRIS FRANCISCA OLIVA LICONA, SANTOS CRISTOBAL MENDOZA SANTOS, ELSA ARGENTINA MENDEZ SEVILLA, SABAS OVIDIO OLIVA GUIFARRO, JOSE ANGEL LOPEZ RUIZ, WUENDY ROXANA SEVILLA GALEANO, MARBIN MAURICIO MEJIA FLORES, SILVIA ROSARIO ANDINO, MARIA ELISIA MENDOZA CACERES, JULIAN CARDONA BANEGAS, JORGE ALBERTO GUIFARRO, MIRIAM ISABEL GONZALES DUARTE, JUAN EFRAIN SAUCEDA MARTINEZ, SAMUEL ESPINO GALO, ERIVELIO HERNANDEZ ACOSTA, LIONICIO RAUDALES CHAVEZ, RAMON DONATO ZELAYA ZELAYA, FANNY IBETH CASTELLANOS MEDINA, IROMA CONSUELO ARTICA GUERRERO, CLAUDIA LORENA FLORES HERNANDEZ, JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL JUAREZ BAUTISTA, DORA CRISTINA MUNGUIA PACHECO, OSCAR JOVANY ESPINOZA OSORTO, FRANCISCO RICARDO DELGADO Y LEONEL ELPIDIO ROSALES CARDONA, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) por intermedio del señor RAMON ANTONIO LARA HUESO en su condición de Director Ejecutivo.- 3) SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, iniciaron a laborar para el Instituto Nacional Agrario (INA), de la siguiente manera: 1) EVERARDO JOSE CARDENAS ZAVALA, el 21 de mayo del año 2007, desempeñándose en el puesto de Operador de Rover, devengando un salario mensual de L.13,600.00; 2) SOLVIN GISSELA AGUILAR, el 19 de junio del año 2006, en el puesto de Capacitadora de reforma agraria, devengando un salario mensual de L.13,707.00; 3) LUIS ANTONIO TEJEDA VALDEZ, el 07 de julio del año 2006, en el puesto de Agrónomo valuador, devengando un salario mensual de L.16,707.00; 4) LUIS ALONSO MARTINEZ BREVE, el 01 de junio del 2007, en el puesto de vigilante, devengando un salario mensual de L. 12,600.00; 5) NORMA ONDINA ISCOA RUIZ, el 15 de Marzo del año 1999, en el puesto de Capacitadora de reforma agraria, devengando un salario mensual de L.14,600.00; 6) JOSE RENE BENITEZ MOYA, el 06 de Julio del año 2015, en el puesto de Capacitador de Reforma Agraria, devengando un salario mensual de L.10,316.00; 7) CESAR ANTONIO PAVON GUILLEN, el 17 de Mayo del año 1999, en el puesto de Secretario Regional Agrario, devengando un salario mensual de L.28,707.00; 8) JOSE JONATAN ZUNIGA TURCIOS, el 08 de Junio del año 1999, en el puesto de Revisor Técnico, devengando un salario mensual de L.14,600.00; 9) JOSE FRANCISCO PINEDA VALERIANO, el 16 de Febrero del año 2010, en el puesto de Jefe de Titulación de tierras, devengando un salario mensual de L.28,707.00; 10) MARIA CRISTINA MARTINEZ MIRALDA, el 16 de Junio del año 2006, en el puesto de Secretario, devengando un salario mensual de L.13,707.00; 11) IRIS FRANCISCA OLIVA LICONA, el 17 de Octubre del año 1994, en el puesto de Conserje, devengando un salario mensual de L.16,00.00; 12) SANTOS CRISTOBAL MENDOZA SANTOS, el 03 de Febrero del año 1997, en el puesto de Técnico Operador de GPS, devengando un salario mensual de L.14,900.00; 13) ELSA ARGENTINA MENDEZ SEVILLA, el 02 de Enero del año 2002, desempeñándose en el puesto de Técnico en Computación, devengando un salario mensual de L.15,800.00; 14) SABAS OVIDIO OLIVA GUIFARRO, el 08 de Junio del año 1987, desempeñándose en el puesto de Agrónomo valuador, devengando un salario mensual de L.22,600.00, 15) JOSE ANGEL LOPEZ RUIZ, el 08 de Septiembre del año 1999, desempeñándose en el puesto de Motorista, devengando un salario mensual de L. 15,200.00; 16) WUENDY ROXANA SEVILLA GALEANO, el 16 de Mayo del año 2011, desempeñándose en el puesto de Asistente Administrativo, devengando un salario mensual de L. 10,316.00; 17) MARBIN MAURICIO MEJIA FLORES, el 05 de Junio del año 2000, desempeñándose en el puesto de Operador de GPS, devengando un salario mensual de L.14,600.00; 18) SILVIA ROSARIO ANDINO, el 05 de Julio del año 1999, desempeñándose en el puesto de Promotora del Programa de titulación de tierras, devengando un salario mensual de L.14,600.00; 19) MARIA ELISIA MENDOZA CACERES, el 21 de Julio del año 2006, desempeñándose en el puesto de Analista de Documentos de titulación de tierras, devengando un salario mensual de L. 15,707.00; 20) JULIAN CARDONA BANEGAS, el 26 de Abril del año 1982, desempeñándose en el puesto de Jefe del Departamento de planificación, devengando un salario mensual de L. 17,650.00; 21) JORGE ALBERTO GUIFARRO, el 02 de Enero del 2002, en el puesto de Jefe de Catastro, devengando un salario mensual de L.18,600.00; 22) MIRIAM ISABEL GONZALES DUARTE, el 02 de Octubre del año 2003, en el puesto de Servicios Generales, devengando un salario mensual de L.13,800.00; 23) JUAN EFRAIN SAUCEDA MARTINEZ, el 13 de Enero del año 1999, desempeñándose en el puesto de Servicios Generales, devengando un salario mensual de L.14,600.00; 24) SAMUEL ESPINO GALO, el 04 de Abril del año 1983, en el puesto de Capacitador de reforma agraria, devengando un salario mensual de L.16,912.00; 25) ERIVELIO HERNANDEZ ACOSTA, el 02 de Octubre del año 2000, en el puesto de Agrónomo Valuador, devengando un salario mensual de L.21,300.00; 26) LIONICIO RAUDALES CHAVEZ, el 19 de Junio del año 2006, en el puesto de Motorista, devengando un salario mensual de L.13,707.00; 27) NORMANDINA MURILLO RAUDALES, el 19 de junio del año 2006, desempeñándose en el puesto de Secretaria, devengando un salario mensual de L.13,707.00; 28) RAMON DONATO ZELAYA ZELAYA, el 23 de Enero del año 2012, en el puesto de Promotor de reforma agraria, devengando un salario mensual de L.15,707.00; 29) FANNY IBETH CASTELLANOS MEDINA, el 21 de Septiembre del año 2004, en el puesto de Secretaria de titulación de tierras, devengando un salario mensual de L.13,807.00; 30) IRMA CONSUELO ARTICA GUERRERO, el 14 de Marzo del año 1988, en el puesto de Titulación de Tierras, devengando un salario mensual de L.16,300.00; 31) CLAUDIA LORENA FLORES HERNANDEZ, el 15 de Noviembre del año 2000, en el puesto de Capacitadora de Reformas Agraria, devengando un salario mensual de L.15,600.00; 32) JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, el 12 de Junio del año 2006, en el puesto de vigilante, devengando un salario mensual de L.13,707.00; 33) JOSE MANUEL JUAREZ BAUTISTA, el 07 de Septiembre del año 2010, en el puesto de Procurador Agrario, devengando un salario mensual de L.21,900.00; 34) DORA CRISTINA MUNGUIA PACHECO, el 12 de Mayo del año 1982, en el puesto de Coordinadora del Programa de la mujer, devengando un salario mensual de L.17,200.00; 35) OSCAR JOVANY ESPINOZA OSORTO, el 13 de Marzo del año 1997, en el puesto de Cadenero, devengando un salario mensual de L.15,500.00;36) FRANCISCO RICARDO DELGADO, el 18 de Octubre del año 1999, en el puesto de Técnico en Computación, devengando un salario mensual de L.16,700.00; y, 37) LEONEL ELPIDIO ROSALES CARDONA, el 01 de Agosto del año 2005, en el puesto de Vigilante, devengando un salario mensual de L.13,707.00, todos asignados en la regional de la demandada de Juticalpa y sus alrededores. Resulta que, el INA y SITRAINA suscribieron el IX y X contrato colectivo de condiciones de trabajo, mismo que entró en vigencia en el año 2011 y 2019 de acuerdo a lo establecido en el artículo 69 del Código del Trabajo, su prorroga es automática por lo tanto sigue vigente. El derecho que hoy se reclama se encuentra legalmente establecido en la cláusula 49 de dichos contratos colectivos que versa sobre la obligatoriedad de un reajuste salarial anual que a la letra reza: Cláusula 49 del IX contrato colectivo vigente hasta el 1 de julio del año 2019 reajuste salarial: EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, se compromete a hacer un incremento general de salario para todos sus trabajadores de LPS. 2,200.00 mensuales a partir del primero de abril del año 2010 en adelante y la cláusula 49 del X contrato colectivo antes descrito establece EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, se compromete a hacer un incremento general de salario para todos sus trabajadores de LPS.1,100.00 mensuales a partir del primero de julio del año 2019 en adelante y como quedara probado en juicio el empleador ha incumplido a cabalidad lo establecido en dichas clausulas es por ello que se acude a este órgano de justicia a fin de que se reconozca y se ordene al empleador el cumplimiento de dicha obligación puesto que este no debe olvidar que dichos derechos forman parte del patrimonio de los trabajadores demandantes y que los mismos están debidamente reconocidos por tanto legales e irrenunciables. Siendo que no se ha pactado un nuevo contrato colectivo, y partiendo en lo establecido en el hecho anterior, los valores y porcentajes en referencia son exigibles desde el año 2010 hasta la fecha, por lo que los trabajadores demandantes permanentes de EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO y afiliados al SITRAINA tienen derecho a que se les otorgue el reajuste salarial, de los periodos antes mencionados hasta que cause firme la sentencia, a la vez debe de conminar al empleador incorpore tales aumentos en lo sucesivo en las planillas de pago ordinaria, puesto que dichos contratos tiene efecto obligatorio y adquiere el carácter de ley en el sentido material, por lo tanto está obligado el empleador a cumplir lo establecido en dicho contrato colectivo. Que a los demandantes les asiste el Derecho a exigir que se otorgue el reajuste salarial L. 2,200.00 mensuales a partir del primero de abril del año 2010 en adelante y L. 1,100.00 mensuales a partir del primero de julio del año 2019, así mismo al pago de reajuste de décimo tercer y décimo cuarto mesen concepto de compensación social, todos estos conceptos dejados de percibir de manera retroactiva correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 hasta que quede firme la sentencia condenatoria y cualquier otro valor por existir un nuevo contrato colectivo u otra disposición que implique un incremento salarial, de acuerdo a lo establecido en las cláusulas 38, 49 y 50 del IX y X contrato colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA) y ante la negativa del empleador a cumplir tal obligación que legamente les corresponde, actuando con tal actitud al margen de lo establecido en el artículo 53 del Código del Trabajo, que establece: "Contrato Colectivo Del Trabajo es todo convenio escrito relativo a las condiciones de trabajo y empleo celebrado entre un patrono, un grupo de patronos, o una o varias organizaciones de patrono, por una parte y por otra una o varias organizaciones de trabajadores, los representantes de los trabajadores de grupos de trabajadores asociados transitoriamente...”, y los efectos de los Contratos Colectivos se encuentran legalmente regulado en el artículo 60 del mismo cuerpo legal que a la letra reza: Los Contratos Colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebran. Las disposiciones de los Contratos Colectivos se aplican a todos los trabajadores de las categorías interesadas que estén empleados en las empresas comprendidas en el contrato; a menos que este previere expresamente lo contrario. Los patronos y trabajadores obligados por un contrato colectivo no pueden estipular condiciones contrarias a las del mismo, en los contratos individuales del trabajo. Las convenciones colectivas no podrán concentrarse en condiciones menos favorables a los trabajadores que las contenidas en vigor dentro de la misma empresa es por ello que se acude ante esta instancia judicial para que a través de sentencia definitiva sea reconocido el derecho que legítimamente hoy se reclama. Sirven de respaldo legal lo antes reclamado lo preceptuado en los artículos de la Constitución de la Republica números 59, 60 y 127, 128 primer párrafo numerales 4 y 14; y 129 que tutela la no discriminación, así mismo garantiza a los trabajadores la protección en su puestos de trabajo, la libertad del trabajo a su libre elección a devengar un trabajo digno y conservando el mismo, esto en armonía con lo dispuesto en el artículo 6 de Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales que señala que las partes reconocen el derecho a trabajar, que comprenden el derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado. Por lo anterior consideramos que al suprimir el patrono este derecho contemplado en las cláusulas 38, 49 y 50 del IX y X contratos colectivos de condiciones de trabajo celebrado entre el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) y el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA), lo constituye un atentado contra el principio de progresividad y no regresión, principio protectorio este referente a la aplicación de la condición más beneficiosa y norma más beneficiosa, a la vez que riñe con el principio de legalidad e irrenunciabilidad de los derechos, principio pro Homine y contra la dignidad humana de los trabajadores demandantes, criterio éste que está respaldado en innumerable normativa internacional como ser la: Declaración Universal De Los Derechos Humanos en su Artículo 7; Declaración Americana de derechos y Deberes del Hombre en el artículo 11, refiriéndose a la igualdad entre la ley, Pacto de Derechos Civiles, Políticos y El Pactos De Derechos Económicos, Sociales y Culturales, consagrados en los artículos 3, 26 y 2.2, que también rezan que debe haber igualdad ante la ley y la no discriminación; La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, Pacto De San José de Costa Rica en su artículo 24, regulando de igual manera la igualdad ante la ley y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Convenio 111 y 156 contiene disposiciones sobre igualdad de oportunidades y de trato entre otros. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contestó dicha demanda señalando que, se ha hecho efectivo los aumentos salariales derivados de las negociaciones de los contratos colectivos IX y X de los contratos colectivos de condiciones de trabajo entre el Instituto Nacional Agrario (INA) y el Sindicato de Trabajadores (SITRAINA), haciendo el demandado los aumentos salariales en la suscripción de ambos contratos tal como reza en la cláusula 49 de esa contratación colectiva; que la cláusula 49 en ambas convecciones se acordaron aumentos por L.2,200.00 a partir del 1 de mayo del 2010 y un segundo aumento por L.1,100.00 a partir del 1 de julio del año 2019; es aquí donde se hace la aclaración exacta que dichos aumentos corresponde a periodos distintos es decir que ambos aumentos se produce por la negociación entre el patrono y el sindicato, es decir a los trabajadores del INA en el año 2010 se le adjudico un aumento a su salario por L. 2,200.00 este salario se estanca y se hace un nuevo aumento salarial en el año 2019, es aquí que se vuelve impertinente y aberrante la pretensión de los demandantes de aumentos hechos a los trabajadores, deberían aplicarse anualmente a partir del año 2010 al 2021. En que mentalidad cabe que los aumentos acordados en las negociaciones serian aplicables en años consecutivos; los aumentos salariales como se repiten se dan hasta cuando se suscribe un nuevo contrato colectivo, o sea que en la suscripción del XI contrato colectivo de trabajo es muy seguro que se negociara un nuevo aumento salarial, el contrato colectivo actual tiene una vigencia de tres años una vez que ambas partes se pongan de acuerdo se suscribirá el onceavo contrato colectivo con nuevas conquistas sociales y económicas incluido un nuevo aumento salarial a solicitud del sindicato y la aceptación por parte del INA. Si un trabajador del Instituto Nacional Agrario (INA), percibía un salario antes de junio del 2010 por la cantidad de L.10,000.00, después de junio de ese mismo año su salario será de L. 12,200.00, producto de aumento de L.2,200.00 originado de la negociación del IX contrato colectivo, salario que se estanca y estaría vigente hasta un nuevo aumento, producto de una nueva negociación y nunca percibiría aumentos en cada año tal como lo pretenden los demandantes es decir a partir de julio del año 2019, su salario seria L.13,300.00, en virtud del aumento de L.1,100.00, originado de la subscripción del X contrato colectivo de condiciones de trabajo entre el INA y SITRAINA, a partir de julio del 2019, su salario también se estabiliza hasta que se produzca una nueva negociación en el XI contrato colectivo entre el Instituto Nacional Agrario (INA) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA). Es impertinente el pretendido ajuste salarial de los periodos mencionados, todo en virtud, de cómo se razono anteriormente los aumentos salariales fueron en base a dos negociaciones respectiva entre el INA y SITRAINA. La pretensión de los demandantes no tiene ningún asidero legal, pues en ningún momento se establece en hacer años tras año, ya que esto se negocia al momento de cada negociación de un aumento de cada trabajador. Que el demandado en ningún momento ha transgredido ni violentado, los parámetros legales que enuncian los demandantes. Para concluir, es fácil de entender por qué la organización sindical no exige un supuesto reclamo tal como lo hace este grupo de trabajadores que laboran esaRegional de Juticalpa; dicha organización sindical es muy respetuosa de los convenios colectivo al igual que el demandado, ambos conocen a la perfección cuales son las obligaciones entre el INA y la organización sindical de los pactos en cada negociación de los contratos colectivos. 3. El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, en fecha 12 de noviembre del 2021, dictó sentencia que, en su parte resolutiva dice: “FALLA: 1): DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE LA DEMANDA PARA QUE SE OTORGUE A LOS TRABAJADORES DEMANDANTES EL REAJUSTE SALARIAL QUE POR LES CORRESPONDE POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS INCREMENTOS DE CONTRATOS COLECTIVOS DE CONDICIONES ECONOMICAS ANUALES DE SALARIO EQUIVALENTE A DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (LPS, 2,200) A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2010 EN DELANTE Y MIL CIEN LEMPIRAS (LPS 1,100) MENSUALES A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 EN DELANTE.-PAGO DE REAJUSTE DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACION SOCIAL, TODOS ESTOS CONCEPTOS DEJADOS DE PERCIBIR DE MANERA RETROACTIVA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021 Y HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA Y CUALQUIER OTRO VALOR QUE SE LES ADEUDE POR EXISTIR UN NUEVO CONTRATO COLECTIVO U OTRA DISPOCISION QUE IMPLIQUE UN INCREMENTO SALARIAL, DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 38, 49, Y 50 DEL IX Y X CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO CELEBRADRO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA). TODO EN VIRTUD DEL INCUMPLIMIENTO DE DICHAS CLAUSULAS Y DE SER LOS DEMANDANTES AFILIADOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO SITRAINA. SE CONDENE EN COSTAS AL PATRONO POR HABER INCUMPLIDO EL PRINCIPIO DE BUENA FE QUE RIGEN LOS CONTRATOS COLECTIVOS, POR LOS ABOGADOS ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA Y NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO EN REPRESENTACION DE LOS TRABAJADORES en contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO a través de su representante legal RAMON ANTONIO LARA HUESO. 2). A.- CONDENA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO a través de su representante legal RAMON ANTONIO LARA HUESO al pago de los reajustes salariales y ajustarles el salario a los demandantes conforme a la cláusula 49 del IX y X contrato colectivo para los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021; B.- CONDENA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO a través de su representante legal RAMON ANTONIO LARA HUESO al pago de los reajustes salariales conforme a la cláusula 38 del IX y X contrato colectivo para los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021 consistentes en la bonificación por vacaciones; C. - CONDENA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO a través de su representante legal RAMON ANTONIO LARA HUESO al pago de los reajustes salariales de décimo tercer mes y décimo cuarto mes conforme al IX y X contrato colectivo para los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021; conceptos y derechos estos que se calculan y deberán de pagársele a los demandantes de la siguiente manera: 3). ABSUELVE AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO a través de su representante legal RAMÓN ANTONIO LARA HUESO al pago de los reajustes salariales conforme a la cláusula 49 del IX y X contrato colectivo para los años 2010, 2019 y 2020. 4). SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA”. Bajo el criterio que, la parte demandante alega que según el IX contrato colectivo en su cláusula 49, el Instituto Nacional Agrario estaba obligado a otorgar un reajuste salarial equivalente a L.2,200.00 mensuales a partir del año 2010 en adelante hasta la entrada en vigor del X contrato colectivo y un incremento salarial mensual de L.1,100.00 conforme al X contrato colectivo suscrito entre las partes. Agrega que los incrementos salariales son obligación por parte del empleador y por consiguiente les atribuye características de irrenunciabilidad y que forman parte del patrimonio de los demandantes. Por su parte la parte demandada alega que efectivamente ha cumplido con los aumentos salariales de L.2,200.00 para el IX contrato colectivo y L.1,100.00 del X contrato colectivo, aclarando que el aumento salarial se estanca porque es un aumento salarial por cada contrato colectivo y no aumentos anuales como lo pretende exigir la parte demandante. Teniendo claro que el debate de este hecho es generado por la interpretación de la cláusula 49 del IX contrato colectivo, resulta pertinente aclarar los alcances que esta cláusula tiene. En este sentido la cláusula 49 del IX contrato colectivo literalmente establece: "El Instituto Nacional Agrario, se compromete a hacer un incremento general de salario para todos sus trabajadores de dos mil doscientos lempiras exactos (L.2,200.00) mensuales a partir del primero de abril del año 2010 en adelante. El instituto Nacional Agrario y el SITRAINA convienen en hacer una renegociación al presente contrato colectivo, con el fin de ajustarlo a la situación económica y social de los trabajadores. Esta renegociación se iniciaría en el mes de abril de cada año, durante la vigencia de este contrato colectivo. El instituto Nacional Agrario hará efectivo el pago de sueldo a sus trabajadores en moneda de curso legal a más tardar el día veinte (20) de cada mes a todo el personal permanente, incluyendo el personal por contrato y por planilla. Cuando esta fecha cayere en días no laborables se pagará el día hábil inmediato." Que la controversia recae en los alcances del primer párrafo de dicha cláusula; es decir, si los aumentos salariales eran por una sola vez o bien de forma anual. De la lectura e interpretación que hace este órgano de justicia, no cabe razón alguna que conduzca a la conclusión de que el aumento salarial era por única vez, esto por la formula "en adelante" que establece dicho párrafo. Es necesario aclarar que una interpretación contraria debería ser establecida con absoluta claridad como, por ejemplo: pagara un único aumento salarial durante la vigencia del contrato colectivo. El hecho de haber negociado aumentos salariales a partir del primero de abril de 2020 en adelante, conlleva la aplicación del artículo 18 del Código de Trabajo, que obliga a resolver estos conflictos bajo la aplicación de los principios del derecho del Trabajo, y en este caso particular el principio protectorio en su regla la interpretación más favorable al trabajador deja resuelta la controversia, es decir, para absoluta claridad, este juzgado es del firme criterio que el aumento salarial correspondiente al IX contrato colectivo por un valor de L. 2,200.00 es aplicable durante toda la vigencia del contrato colectivo. Por consiguiente, reconoce el derecho de los demandantes a devengar un aumento salarial de L.2,200.00 mensuales cada abril de los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. En cuanto al X contrato colectivo la cláusula 49 fue sometida a negociación, logrando llegar a un acuerdo que literalmente establece: "El Instituto Nacional Agrario, se compromete a hacer un incremento por este periodo 2019, a todos los trabajadores que tengan más de un (1) año de antigüedad conforme al acta de entendimiento del ajuste salarial de los empleados públicos, por la candad de UN MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,100.00), mensuales a partir del primero de julio del año 2019 aprobado el presupuesto del año 2020, se ajustará una cantidad de UN MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,100.00), mensuales a partir del primero (1) enero de ese mismo año, aplicando al momento de contar con el dictamen favorable de la Secretaria de Finanzas. El Instituto Nacional Agrario y el SITRAINA, convienen en hacer una renegociación al presente contrato colectivo con el fin de ajustarlo a la situación económica y social de los trabajadores, esta renegociación se iniciaría en el mes de abril de cada año, durante la vigencia de este contrato colectivo. El Instituto Nacional Agrario, hará efectivo el pago de sueldos a sus trabajadores en moneda de curso legal a más tardar el día veinte (20) de cada mes a todo el personal permanente incluyendo al personal por Contrato y por planilla. Cuando esta fecha cayere en días no laborables se pagarán el día hábil inmediato anterior. Cualquier inconveniente presentado con relación al pago de obligaciones en aplicación al sistema SIAFI, el responsable de solventar la problemática de sueldos y salarios será el Instituto Nacional Agrario.". En esta nueva negociación, se aprecia que la formula "en adelante" fue eliminada, lo que limita el beneficio social a los demandantes. Es decir, queda claro a este órgano de justicia que el aumento pactado a los trabajadores del INA para el año 2019 seria de un incremento salarial por L.1,100.00 y para el 2020 la misma cantidad de L.1,000.00. Por consiguiente, este Juzgado reconoce el derecho de los demandantes a recibir aumentos salariales de L.1,100.00 para el año 2019 y L.1,100.00 para el año 2020 y 2021. En relación al hecho controvertido consistente en si a los demandantes se les adeuda el reajuste del 140% y 135% en concepto de vacaciones. Para dirimir este punto de debate, resulta necesario examinar la cláusula 38 que en su parte pertinente establece: "Además del Salario Ordinario que corresponde al periodo, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, concederá a todos los trabajadores que adquieran el derecho de vacaciones a partir de la fecha de Vigencia del presente Contrato Colectivo, una asignación adicional de CIENTO CUARENTA PORCIENTO (140%) que se calculará en base al ingreso promedio anual del trabajador...”. Siendo que la cláusula descrita no requiere interpretación alguna pues es norma sustantiva y siendo que todos los trabajadores demandantes laboraban durante la vigencia del IX contrato colectivo es procedente reconocer el derecho de los trabajadores demandantes a gozar de este beneficio durante los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Asimismo, consta con el acta de apertura de la primera renegociación del X contrato colectivo INA-SITRAINA que la cláusula 38 no fue denunciada, por lo que también se reconoce el derecho de los trabajadores demandantes a gozar de este beneficio durante los años 2019, 2020, 2021 y sucesivos mientras exista la vigencia del X contrato colectivo. En cuanto al hecho controvertido, consistente en si los demandantes tienen derecho al reajuste del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario este juzgado es del criterio que habiéndose acreditado el derecho que estos tienen a gozar de los aumentos salariales durante el periodo 2010 al 2020, resulta también congruente reconocer estos derechos adquiridos como parte del patrimonio de los demandantes. Que, en relación al hecho controvertido, la parte demandada ha acreditado fehacientemente mediante acuerdos 81-2020, 126-2019 y 139-10 que dio cumplimiento a la obligación de aumento salarial por la cantidad de L. 2,200.00 para el año 2010; L.1,100.00 para el año 2019, L.1,100.00 para el año 2020. Por tanto, se tiene por cumplida esta obligación referente a los aumentos salariales para los demandantes para los años 2010, 2019 y 2020. La prueba aportada por la parte demandante consistente en la documental publica de fecha 26 de abril de 2021 firmada por el Jefe de división de Recursos Humanos representa una manifestación expresa de los hechos por parte de la demandada. En relación a este medio de prueba es importante destacar ciertos extremos que no son imputables a los demandantes, en específico la pregunta número cuatro donde el representante del INA establece que no cuenta con el presupuesto necesario para cubrir el actual contrato colectivo; que a la vez cuenta con la voluntad de cumplir lo adeudado por el X contrato colectivo, que no existe arreglo extrajudicial entre el INA y el SITRAINA para cumplir con las obligaciones del contrato colectivo vigente, que si ha cumplido con los aumentos salariales del IX contrato colectivo, sin embargo la parte demandada no aporto prueba alguna para acreditar en su totalidad este extremo. Reconoce la institución demandada también, que si considera obligaciones las emanadas del IX y del X contrato colectivo y que si se pretenden cumplir con las obligaciones que sus representantes adquirieron frente a sus empleados a través del Sindicato de Trabajadores del INA. Por otra parte, mediante oficio documental, la junta directiva dio a conocer el proceso mediante el cual se hace efectivo el incremento salarial, contestando que lo hacen conforme a lo que establece el contrato colectivo, hecho que no aporta nada novedoso al conjunto del material probatorio. Que Honduras adopto el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos para asegurar los Derechos Económicos Sociales y Culturales. Que la Constitución de la República en su artículo 128 numeral 15 establece que tutela los contratos individuales y colectivos, celebrados entre patronos y trabajadores. Que la jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. También conocerá de la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo; de los asuntos sobre fueros sindicales; de los permisos a menores para ejercitar acciones; de la calificación de huelgas; de la cancelación de personerías, disolución y liquidación de asociaciones profesionales; de las controversias, ejecuciones y recursos que le atribuye la legislación sobre seguro social y de la homologación de laudos arbítrales. La tramitación de los conflictos económicos entre patronos de trabajadores se continuará adelantando de acuerdo con las leyes especiales sobre la materia; el juez laboral no está sujeto a la tarifa legal de la prueba, y alcanzará su convencimiento siguiendo las reglas de la sana critica. Por las consideraciones de hechos y de derecho antes expuestas el suscrito es del firme criterio que procede declarar CON LUGAR parcialmente la demanda que se ha hecho de mérito. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 28 de marzo del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación de que se ha hecho mérito; 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva de fecha doce de noviembre del año dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Juticalpa, Departamento de Olancho y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en el sentido siguiente: A) REVOCAR PARCIALMENTE los NUMERALES 1 y 2 incisos A, B Y C, los cuales deberán leerse de la siguiente manera: “1): DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE la demanda para que se otorgue a los trabajadores demandantes el reajuste salarial que por ley corresponde por el incumplimiento de los incrementos de contratos colectivos de condiciones económicas anuales de salario equivalente a dos mil doscientos lempiras (Lps. 2,200) a partir del mes de abril del año 2010 en delante y mil cien lempiras (Lps. 1,100) mensuales a partir del primero de julio mes de abril del año 2019 en delante, pago de reajuste de décimo tercer y décimo cuarto mes en concepto de compensación social, todos estos conceptos dejados de percibir de manera retroactiva correspondiente a los años, 2019, 2020 y hasta que quede firme la sentencia condenatoria y cualquier otro valor que se les adeude por existir un nuevo contrato colectivo u otra disposición que implique un incremento salarial, de acuerdo a los establecido en las cláusulas 38, 49. y 50 del IX y X contrato colectivo de condiciones de trabajo celebrado entre el Instituto Nacional Agrario (INA) y el sindicato de trabajadores del Instituto Nacional Agrario (SITRAINA), todo en virtud del incumplimiento de dichas clausulas y de ser los demandantes afiliados al sindicato de trabajadores del Instituto Nacional Agrario SITRAINA, se condene en costas al patrono por haber incumplido el principio de buena fe que rigen los contratos colectivos, por los abogados ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA Y NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO en representación de los trabajadores en contra del Instituto Nacional Agrario a través de su representante legal RAMON ANTONIO LARA HUESO. 2). A.- CONDENA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO a través de su representante legal RAMON ANTONIO LARA HUESO al pago de los reajustes salariales y ajustarles el salario a los demandantes conforme a la cláusula 49 del IX y X contrato colectivo para los años 2019, 2020, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución por parte del señor Juez para dichos años; B.- CONDENA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO a través de su representante legal RAMON ANTONIO LARA HUESO al pago de los reajustes salariales conforme a la cláusula 38 del IX y X contrato colectivo para los años 2019, 2020 consistentes en la bonificación por vacaciones, los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución por parte del señor Juez para dichos años; C.- CONDENA AL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO a través de su representante legal RAMON ANTONIO LARA HUESO al pago de los reajustes salariales de décimo tercer mes y décimo cuarto mes conforme al IX y X contrato colectivo para los años 2019, 2020; los cuales deberán ser liquidados en la etapa de ejecución por parte del señor Juez para dichos años.".- B) CONFIRMANDO los numerales 3 y 4 de la sentencia apelada.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE OTORGUE A LOS TRABAJADORES DEMANDANTES EL REAJUSTE SALARIAL QUE POR LEY LES CORRESPONDE POR EL INCUMPLIMIENTO DE LOS INCREMENTOS DE CONTRATOS COLECTIVOS DE CONDICIONES ECONOMICAS ANUALES DE SALARIO EQUIVALENTE A DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (LPS. 2,200.00) MENSUALES A PARTIR DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2010 EN DELANTE Y MIL CIEN LEMPIRAS (LPS 1,100.00) MENSUALES A PARTIR DEL PRIMERO DE JULIO MES DE ABRIL DEL AÑO 2019 EN DELANTE, PAGO DE REAJUSTE DEL CIENTO CUARENTA 140 Y CIENTO TREINTA Y CINCO 135 POR CIENTO EN CONCEPTO DE VACACIONES, PAGO DE REAJUSTE DE DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACION SOCIAL, TODOS ESTOS CONCEPTOS DEJADOS DE PERCIBIR DE MANERA RETROACTIVA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 Y 2021 HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA Y CUALQUIER OTRO VALOR QUE SE LES ADEUDE POR EXISTIR UN NUEVO CONTRATO COLECTIVO U OTRA DISPOCISION QUE IMPLIQUE UN INCREMENTO SALARIAL, DE ACUERDO A LOS ESTABLECIDO EN LAS CLAUSULAS 38, 49, Y 50 DEL IX Y X CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO CELEBRADRO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) Y EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (SITRAINA). TODO EN VIRTUD DEL INCUMPLIMIENTO DE DICHAS CLAUSULAS y DE SER LOS DEMANDANTES AFILIADOS AL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO SITRAINA, SE CONDENE EN COSTAS AL PATRONO POR HABER INCUMPLIDO EL PRINCIPIO DE BUENA FE QUE RIGEN LOS CONTRATOS COLECTIVOS, promovido por los Abogados ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA y NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO en su condición de representante procesal de los señores EVERARDO JOSE CARDENAS ZAVALA, SOLVIN GISSELA AGUILAR, LUIS ANTONIO TEJEDA VALDEZ, LUIS ALONSO MARTINEZ BREVE, NORMA ONDINA ISCOA RUIZ, NORMANDINA MURILLO RAUDALES, JOSE RENE BENITEZ MOYA, CESAR ANTONIO PAVON GUILLEN, JOSE JONATAN ZUNIGA TURCIOS, JOSE FRANCISCO PINEDA VALERIANO, MARIA CRISTINA MARTINEZ MIRALDA, IRIS FRANCISCA OLIVA LICONA, SANTOS CRISTOBAL MENDOZA SANTOS, ELSA ARGENTINA MENDEZ SEVILLA, SABAS OVIDIO OLIVA GUIFARRO, JOSE ANGEL LOPEZ RUIZ, WUENDY ROXANA SEVILLA GALEANO, MARBIN MAURICIO MEJIA FLORES, SILVIA ROSARIO ANDINO, MARIA ELISIA MENDOZA CACERES, JULIAN CARDONA BANEGAS, JORGE ALBERTO GUIFARRO, MIRIAM ISABEL GONZALES DUARTE, JUAN EFRAIN SAUCEDA MARTINEZ, SAMUEL ESPINO GALO, ERIVELIO HERNANDEZ ACOSTA, LIONICIO RAUDALES CHAVEZ, RAMON DONATO ZELAYA ZELAYA, FANNY IBETH CASTELLANOS MEDINA, IROMA CONSUELO ARTICA GUERRERO, CLAUDIA LORENA FLORES HERNANDEZ, JOSE DE JESUS RODRIGUEZ RODRIGUEZ, JOSE MANUEL JUAREZ BAUTISTA, DORA CRISTINA MUNGUIA PACHECO, OSCAR JOVANY ESPINOZA OSORTO, FRANCISCO RICARDO DELGADO Y LEONEL ELPIDIO ROSALES CARDONA, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) por intermedio del señor RAMON ANTONIO LARA HUESO en su condición de Director Ejecutivo.- 3) SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, el apelante considera como agravio que "... cuando se dice adelante se refiere al aumento del salario hasta que se celebre un nuevo Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, esto no significa que el aumento se va hacer automáticamente todos los años por esa cantidad, porque sería una aberración jurídica sin precedentes para mi representado..."; pero de la simple lectura de dicha cláusula que dice: "EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, se compromete a hacer un incremento general de salario para todos sus trabajadores de DOS MIL DOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 2,200.00) mensuales a partir del primero de Abril del año 2010 en adelante.", se colige que dicho reajuste será aplicado de forma mensual a partir del mes de abril de 2010 a todos los trabajadores del INA. En ningún momento, el sentido de dicha cláusula es que dicho reajuste será efectivo hasta que se celebre un nuevo contrato colectivo de condiciones de trabajo. Que, si bien el contrato colectivo prima en el presente caso, no es menos cierto que esta Corte de Apelaciones ya ha emitido su criterio con respecto a casos en los que se solicita el pago de reajuste de salarios, en el sentido de que la norma a aplicar por tratarse de un reajuste es el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo, que establece que: "La acción derivada del derecho que se reconoce en el artículo 39 de esta Ley, prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva un ejercicio.". Por lo que, tratándose la pretensión de los demandantes el pago de ajuste de salario por aplicación conforme a la cláusulas 38, 49 y 50 del contrato colectivo; le es aplicable esta disposición en cuanto a que el reajuste de los salarios deberá efectuarse para los dos años anteriores al reclamo administrativo, y habiéndose instaurado el reclamo administrativo el 26 de febrero de 2021 solo se les debe hacer efectivo el reajuste salarial para los años 2019 y 2020; y no para los años 2010 al 2021 como la Juez lo condena. Que habiéndose dejado bien establecido que el reajuste a aplicar solo comprende dos años para atrás del reclamo administrativo, es decir a partir del año 2019 y 2020, es necesario aclarar que dicho reajuste a aplicar a cada trabajador demandante será de TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS (Lps. 3,300.00) mensuales a partir de abril a diciembre de 2019 y otros TRES MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS (Los. 3,300.00) mensuales a partir de enero a diciembre de2020; para un total de VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS (LPS.29,700.00) para el año 2019 y de TREINTA NUEVE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS (Lps.39,600.00) para el año 2020. Este reajuste de salario deberá ser tomado en cuenta al momento de calcular la bonificación por vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de los trabajadores demandantes de dichos años; que, vistas las consideraciones anteriores, procede reformar la sentencia apelada. 5. Mediante auto de fecha 06 de marzo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por los Abogados CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA); y, JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de los señores EVERARDO JOSÉ CÁRDENAS ZAVALA, SOLVIN GISSELA AGUILAR, LUIS ANTONIO TEJEDA VALDEZ, LUIS ALONSO MARTÍNEZ BREVE y otros, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, y dispone que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada uno de los Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) al apoderado demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) Al representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6. En fecha 07 de junio del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado ESDRAS RAFAEL GUTIERREZ OCHOA, en su condición de representante procesal de los señores EVERARDO JOSÉ CÁRDENAS ZAVALA, SOLVIN GISSELA AGUILAR, LUIS ANTONIO TEJEDA VALDEZ, LUIS ALONSO MARTÍNEZ BREVE y otros formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 05 de agosto del 2024, se tuvo por formalizado el recurso y se ordenó conferir traslado a la parte contraria, por el termino de veinte días para que formule su demanda de casación; y en fecha 11 de diciembre del 2024, compareció el Abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 15 de enero del 2025, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación y se omitió el traslado, dando copia a la parte contraria para la contestación en forma común, por el termino de diez días, el cual surtirá efecto en esta Secretaría, donde se mantendrán los autos a su disposición; por lo que mediante providencia de fecha 24 de marzo del 2025, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada NANCY KARINA BENAVIDES ALVARADO; y se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ, para contestar el recurso de casación, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Que conforme el requisito de exhaustividad y el principio de congruencia procesal, los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, en virtud que en el presente caso el Ad Quem, olvida que la prescripción debe ser alegada por las partes no de oficio, al revisar el presente caso la parte demanda no alego la prescripción en la contestación de la demanda ni la interpuso como excepción perentoria en la audiencia primera de trámite que eran los momentos procesal oportuno para tales acciones, violentando normas procedimentales aplicables, debiendo realizar el debido análisis al caso en concreto. VII. Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. X. Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual Con respecto al tema del presente conflicto, En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. XI. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XII. Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. XIII. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad, en el plazo de quince (15) días, por ser un juicio que ya ha sido de su conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;3, 8, 666 letra c) 726, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 y 701.3 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de Francisco Morazán, de fecha 28 de marzo del 2023. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL607-23. FIRMA Y SELLO

RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO

RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -