Sentencia CL-604-23 — Registro 20600
Resumen
Segunda instancia declara con lugar la excepción perentoria de prescripción planteada por la parte demandada y declara sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y todos los derechos adquiridos, por haber celebrado contratos de trabajo en forma consecutiva e ininterrumpida por más de diez años, en vista que no fue renovado el contrato de trabajo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el anterior cargo no resulta ser una proposición jurídica completa, dado que la Recurrente no lo encuadra en ninguna de las causales contenidas en el artículo 765 del Código del Trabajo, Además omite pronunciarse sobre los motivos de casación, requisito sustancial exigido por el artículo 769 numeral 5) del mismo ordenamiento jurídico. VI.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veiticinco dias de mes de septiembre de dos mil veinticicno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 17 de mayo del 2024, por la Abogada DENI MARITZA PONCE IZCANO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ROSA ISABEL GUERRA MURILLO, representada en juicio por el Abogado OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y todos los derechos adquiridos, por haber celebrado contratos de trabajo en forma consecutiva e ininterrumpida por más de diez años, en vista que no fue renovado el Contrato de Trabajo a partir de noviembre del 2018, consecuentemente que se reconozca el pago de lo solicitado, pago de salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de abril del 2019, por el Abogado TOBIAS ARTICA GUERRERO, como representante procesal de la señora ROSA ISABEL GUERRA MURILLO, mayor de edad, casada, hondureña, de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de agosto del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de junio del 2022, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarar CON LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la parte demandada; 2) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado TOBIAS ARTICA GUERRERO en su condición de representante procesal de la señora ROSA ISABEL GUERRA MURILLO contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, e cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional más el pago de los salarios dejados de percibir de la fecha del despido a la fecha que con sujeción a las normas quede firme la sentencia; en consecuencia; 3) ABSUELVE AL DEMANDADO el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la Republica Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a: pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional más el pago de los salarios dejados de percibir de la fecha del despido a la fecha que con sujeción a las normas quede firme la sentencia al Abogado TOBIAS ARTICA GUERRERO en su condición de representante procesal de la señora ROSA ISABEL GUERRA MURILLO; 4) Declarar SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral con la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública, el 14 de julio del 2005, en el cargo de Medico Asistencial, en el establecimiento de Salud Flor del Campo de la ciudad de Comayagüela, M.D.C., bajo la modalidad de Contrato Individual del Trabajo, con un salario mensual de L. 21,000.00 por 6 horas y posteriormente se redujo a L. 14,000.00 por tres horas de labores hasta la fecha que no se renovó el contrato de trabajo o sea hasta el 31 de octubre del 2018. Desde la fecha de inicio en las funciones asignadas en el Establecimiento de Salud Flor del Campo, desarrollo sus actividades en forma eficiente, con responsabilidad y capacidad profesional, por lo se continuo firmando Contratos Individual de Trabajo por más de diez años, lo que demuestra la capacidad profesional en el desempeño de su labor; de manera sorpresiva y a pesar de que su Contrato Individual del Trabajo vencía el 31 de octubre del 2018, antes de esa fecha y cuando gozaba de sus vacaciones, se enteró que la habían sacado del sistema para marcar la hora de entrada y salida de sus actividades laborales, mismas que realizaba de forma personal, en consideración a lo anterior y en aplicación del artículo 47 del Código del Trabajo que dice “los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. El tiempo de servicio se contara desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato por escrito”, en relación a lo anterior, en vez de haber sido excluida del sistema de marcar su presencia en el trabajo debió de haberse otorgado su puesto de trabajo como permanente, ya que la naturaleza relativo a sus labores son permanentes como Doctora en Medicina General. Ante lo ocurrido se procedió a realizar las investigaciones del porqué de lo ocurrido y además cuales fueron las causas que provocaron que se tomara la decisión de sacarla del sistema de marcado a la asistencia de trabajo, de lo cual nunca tuvo respuesta, dada esta situación se marchó fuera del País por situaciones puramente familiares, asimismo se intentó llegar a un arreglo conciliatorio en el Departamento de Conciliación y Mediación dependiente de la Dirección General del Trabajo, en la Secretaria del Trabajo, audiencia que no se hizo presente la parte demandada, por lo que se dio por agotada la vía administrativa, para acudir a la vía judicial con el propósito de hacer justicia ante esta situación. Con la actitud de la titular de dicha Secretaria de Salud, lo que demuestra que no le interesa resolver el problema laboral existente, a pesar que se hizo lo posible para conocer la realidad de lo que ocurría por tal razón se citó a conciliación en la Secretaria del Trabajo, a la cual no se presentaron, en consecuencia se acude a este tribunal amparado en lo que expresan nuestras leyes como un Estado de Derecho fallando para que se le reconozcan los derechos otorgados por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales que Honduras afirmado mismos que versan sobre esta materia y que están vigentes, Código del Trabajo y demás leyes aplicables sobre esta materia. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que en ningún momento suscribió un Contrato Individual de Trabajo con la parte actora, lo que se celebró fue un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos con fecha de inicio y finalización, dice llevar un control exhaustivo el cual si el trabajador no se presenta al lugar de trabajo se elimina del sistema; no se le debe responsabilizar que el la demandante no aparece, debido a que al no aparecer en el sistema de marcaje tuvo que marcharse fuera del país, pues si se analiza detenidamente, se puede entender que probablemente ya estaba en los planes de la demandante salir del país, y por ende no podía continuar su relación contractual, en consecuencia no se le podía renovar contrato, en vista que la misma ya no se encontraba en el país, pues tomó decisiones diferentes y no puede pretender culparle por dicha situación, ni mucho menos solicitar el pago de prestaciones y salarios dejados de percibir, ya que en ningún momento fue objeto de despido, por lo que es ilusorio que pretenda que se aplique normativa laboral para el amparo de derechos que no le pertenecen, ya que no le adeuda ningún tipo de indemnización, pues en ningún momento infringió sus derechos, sino que lo acaecido fue que la demandante por contar con situaciones puramente familiares, no pudo continuar en el país, es así como ella misma lo expresa en su demanda, por lo tanto se solicita absolver al demandado de toda responsabilidad o pretensión solicitada; en cuanto al argumento de la demandante para reclamar el derecho subjetivo que pretende, la misma se apoya en el texto legal del artículo 47 del Código del Trabajo, que señala la continuidad en las relaciones laborales, con el único objetivo de utilizarlos para el reconocimiento de un derecho que no le corresponde, ni tiene sustento jurídico, ya que la normativa del artículo del Código del Trabajo al que hace referencia la parte actora no es aplicable. Es por ello que no puede aplicarse irresponsablemente la normativa laboral, por muy conveniente que sea para una de las partes, pues induciría a que la otra parte quedara en desventaja porque se sujetaría a la rigidez de la normativa de los artículos precitados, ya que de pleno conocimiento la demandante sabe la modalidad bajo la cual está regida su relación de servicio (Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos), con fecha de inicio y finalización; es claro que al ser parte del Gobierno Central, las relaciones con sus servidores son regulados por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y nunca por el Código del Trabajo, por ende, no serían aplicables esas normas del Código del Trabajo citadas, razón por lo cual no puede tratarse de permanencia; en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil se establece en el artículo 6 que para los fines de la Ley y del presente Reglamento, el término y definición que a continuación se indica “numeral 28) Nombramiento. Es el acto administrativo de concesión del status de Empleado o Servidor Público a una persona natural, por medio de un Acuerdo expedido por la autoridad competente conforme a la Ley”; en relación a la normativa del artículo 4 que señala “la relación jurídica de empleo público constituye una situación legal y reglamentaria, determinada únicamente por las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones relativas a esta materia, dicha relación por consiguiente, no se rige por un contrato de trabajo, fuere individual o colectivo, o de derecho público o privado”. De lo anterior se deprende que la demandante no puede pretender permanencia en el puesto que ocupo de Médico General en la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, conforme lo establece la normativa del artículo 6 numeral 28 del Reglamento de Servicio Civil. Es de suma importancia destacar que si la demandante pretendía optar a una plaza permanente en el puesto de Médico General en la Secretaría de Salud, la misma debió cumplir con los requisitos que establece la Ley del Estatuto del Médico Empleado y su Reglamento, en el caso que exista una plaza, el empleado o interesado deberá someterse a concurso, el cual deberá ser aprobado satisfactoriamente a través de acuerdos emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, regulados por el Reglamento de la Ley de Servicio Civil y el Reglamento de Personal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, que específicamente en el Capítulo I, artículo 2 establece “el ámbito de aplicación de este Reglamento estará limitado a la Secretaría y sus órganos desconcentrados funcionalmente, y será aplicado en las relaciones que se originen de un nombramiento en cualquiera de sus modalidades”; el Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado en el Capítulo III de los requisitos del médico empleado, artículo 5 establece “en toda contratación o nombramiento para la prestación de servicios cuya naturaleza sea propia del ejercicio de la medicina general o especializada, el Médico Empleado deberá llenar los siguientes requisitos ... 5) Aprobar satisfactoriamente el concurso. 6) Cumplir los demás requisitos establecidos en los reglamentos internos de la entidad empleadora”; en relación al artículo 7 que estipula “a fin de incrementar la eficiencia de los servicios médicos, el concurso señalado en el artículo 7) del Estatuto”, deberá contener como mínimo las normas que a continuación se establecen, toda vacante de personal médico, general o especializado en todas las instituciones del país, se llenarán mediante concurso de oposición; participarán en los concursos de oposición todos los interesados que reúnan los requisitos exigidos para el puesto vacante y que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 6) de este Reglamento; los médicos que obtuvieren los tres primeros lugares en la evaluación, tendrán preferencia para su ingreso, sin perjuicio de las facultades legales que tiene el empleador para contratar o nombrar; cuando el empleador o patrono no haya emitido el reglamento de la ley, las normas contenidas en el presente Reglamento son de observancia obligatoria. Cabe mencionar que al ser un órgano centralizado, sus empleados permanentes se deben regir por la Ley de Servicio Civil, consecuentemente si pretendió que se le reconociera tal permanencia debió dar cumplimiento a lo que establece el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil, artículo 5 y 7 Capítulo III de los requisitos del médico empleado; normativas que no han sido cumplimentadas por la demandante, por consiguiente no puede dejar de aplicarlas para otorgar un nombramiento; no hacerlo así, sería violentar las normas y procedimientos legales, pues se estaría en flagrante transgresión de las leyes administrativas atinentes al caso. La parte actora no puede alegar desconocimiento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado y su Reglamento, ya que si pretende que se le reconozca la permanencia debió aprobar el concurso señalado en el artículo 7) del Estatuto, que exige como mínimo la aplicación de la norma que dice toda vacante de personal médico, general o especializado en todas las instituciones del país, se llenarán mediante concurso de oposición; el desconocer sería en menos cabo del artículo 60 de la Constitución de la República, no obstante la actividad temporal se debe a que para obtener la plaza con status de permanente debe haber concursado y obtener uno de los tres primeros lugares tal como lo demanda el artículo 7) del Estatuto numeral 8) “los médicos que obtuvieren los tres primeros lugares en la evaluación, tendrán preferencia para su ingreso, sin perjuicio de las facultades legales que tiene el empleador para contratar o nombrar”, por ende no puede considerarse permanencia por el régimen de Servicio Civil si no ha cumplido con los requisitos establecidos por el Estatuto del Médico Empleado, ya que debido a que estos servicios son prestados al Estado, los mismos se regulan por leyes especiales y no por el Código del Trabajo, como pretende hacerlo ver la demandante. Es por ello que el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso dispone “la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”, vista la normativa anteriormente citada, es evidente que no es posible considerar que la relación contractual que sostuvo la demandante y es regulada por el Código del Trabajo, debiendo en todo caso y solo en el caso de existir algún conflicto entre las partes contratantes, ser dirimido ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo; de haber solicitado la intervención de las autoridades administrativas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de que no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, mucho menos al tratarse de contratos que son Civil ya regidos por la Ley de Servicio Civil, ya que la Jurisdicción competente es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece la cláusula novena del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos suscrito, y el artículo 3 literal a), de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Del mismo modo interpuso Excepción Perentoria de Prescripción, el Código de Trabajo, en su texto legal del artículo 862 determina “prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente Código....mediante el transcurso de cierto tiempo”, en relación con el artículo 864 del Código del Trabajo “los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les haga o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de 2 meses contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieron las correcciones, respectivamente” agregando lo que dispone el artículo 867 del Código del Trabajo “salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que o se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de 2 meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho”, por lo que de una simple operación aritmética, se verifica que la fecha entre que llego a su fin el Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos suscrito el 31 de octubre del 2018, a la fecha en que instauro el agotamiento de la vía administrativa ante el Departamento de Conciliación y Mediación de la Dirección General del Trabajo de la STSS el 25 de enero del 2019, transcurriendo más de los 2 meses que establece la norma precitada; para ser exactos transcurrieron 2 meses y 19 días, por lo que cualquier reclamación de la demandante se encuentra fuera del plazo legal, debiendo tenerlo por así establecido exonerando consecuentemente de cualquier tipo de condena o responsabilidad. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de junio del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarar CON LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la parte demandada; 2) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado TOBIAS ARTICA GUERRERO en su condición de representante procesal de la señora ROSA ISABEL GUERRA MURILLO contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, e cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional más el pago de los salarios dejados de percibir de la fecha del despido a la fecha que con sujeción a las normas quede firme la sentencia; en consecuencia; 3) ABSUELVE AL DEMANDADO el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la Republica Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a: pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional más el pago de los salarios dejados de percibir de la fecha del despido a la fecha que con sujeción a las normas quede firme la sentencia al Abogado TOBIAS ARTICA GUERRERO en su condición de representante procesal de la señora ROSA ISABEL GUERRA MURILLO; 4) Declarar SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que en relación a la Excepción Perentoria de Prescripción planteada por la parte demandada, en cuanto la acción interpuesta por la parte demandante, constando en autos que el patrono que el último contrato suscrito entre las partes con fecha de terminación el 31 de octubre del 2018; que instauró los servicios conciliatorios el 25 de enero del 2019 dándose por agotada la vía administrativa el 08 de febrero del 2019, presentando la presente demanda el 8 de abril del 2019, si bien es cierto, la parte demandante establece como parte de su defensa para desvirtuar la excepción, que solicitó los servicios de un Inspector del Trabajo ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para la constatación de la situación de la relación laboral de la trabajadora, copia de los libros de entrada y salida, nombre del jefe inmediato salario devengado, copia de todos los contratos, fecha de entrada y salida; no es menos cierto, que las diligencias preparatorias para la presentación de la demanda o la defensa no interrumpen la prescripción, puesto que la verificación de las Incidencias que se suscitan durante la prestación del servicio, puede solicitarse durante la relación laboral, después de la terminación la relación y de igual manera durante el proceso, por lo que no resulta obligatorio para la Interposición de la demanda de conformidad a los artículos 405 al 412 del Código Procesal Civil, caso contrario la audiencia de conciliación que con su instauración se inicia y su cierre da por agotada la misma, poniendo fin a la vía administrativa, lo que resulta ser el requisito exigido para la admisión de la demanda al tenor del artículo 691 del Código del Trabajo, por lo que realizando la operación aritmética con las fechas antes descritas, resulta que tomando como base la fecha de finalización de la relación laboral el 31 de octubre del 2018 a la fecha en que se instauró los servicios conciliatorios el 25 de enero del 2019; transcurriendo 2 meses y 24 días; es decir, que la petición de solicitud de servicios conciliatorios se instauró fuera del término de 2 meses que la ley concede de conformidad a lo que establece el artículo 864 del Código del Trabajo, considerándose por lo antes expuesto que la parte demandante no logró justificar el tiempo transcurrido antes referido; por lo antes expuesto, la presente acción se considera prescrita, siendo procedente declarar Con Lugar la Excepción Perentoria de Prescripción interpuesta por la parte demandada; La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial reiteradamente ha sostenido el criterio que cuando ha sido interpuesto el Defecto Material de Prescripción en el momento procesal oportuno y éste prospera, resulta improductivo pronunciarse, sobre la sobre el fondo del juicio, y siendo que en las presentes diligencias se declaró Con Lugar la Excepción Perentoria de Prescripción; consecuentemente se declara Sin Lugar la demanda de que se ha hecho mérito. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de agosto del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que de los agravios, se entiende que el demandante considera que el plazo de la prescripción fue interrumpido con la gestión realizada el 21 de diciembre del 2018, ante las Oficinas de la Inspección General del Trabajo, al respecto se ha constado que dicha gestión tenía el propósito de verificar la situación laboral de la demandante, requerir copias del libro de control de entradas y salidas, nombre del jefe inmediato, salario devengado, copias de todos los contratos, asimismo fecha de ingreso y salida; por tanto, alega que acudió ante la autoridad competente en tiempo y forma. Frente a este argumento, cabe precisar que el plazo de prescripción debe empezar a computarse desde el momento que haya concluido la relación de trabajo, dicho de otra manera, desde el cese definitivo, efectivo y real de la prestación del servicio derivados de una relación laboral, tal como bien lo apreció el a-quo, desde el 31 de octubre de 2018, momento en el que finalizó el último contrato suscrito entre las partes mismo que no se renovó; estima transcendental para dilucidar este asunto, tener presente que la jurisprudencia de la Sala de lo Laboral-Contencioso administrativo señala “en cuanto a la excepción perentoria de prescripción opuesta a la demanda, el Código del Trabajo establece los derechos y acciones de los trabajadores para dar por terminado con justa causa su contrato de trabajo, prescriben en el término de 1 mes, contado desde el momento en que el patrono dio motivo para la separación o despido indirecto; asimismo dispone que salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de su Reglamento o demás Leyes de Trabajo y Previsión Social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de 2 meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo. Que una vez celebrada la audiencia de conciliación que pone fin a la vía administrativa, por el hecho de solicitar nuevas cedulas de citación para que el demandando comparezca a conocer del mismo reclamo laboral, estas citaciones emitidas con posterioridad a la celebración de la referida audiencia, no interrumpen el término de prescripción para presentar la demanda, como reiteradamente lo tiene establecido este Tribunal, de no ser así no habría forma de producirse la prescripción y se estaría en contravención a lo dispuesto en el artículo 867 del Código del Trabajo”, lo anterior conforme a la Sentencia de fecha 16 de marzo del 2005, expediente CL 2123-04; Previsto lo anterior, sostiene desde cuándo debe correr el plazo para la prescripción; además, hace entender las diligencias de verificación de hechos, por ejemplo, la constatación del despido, similar a la que realizó el demandante, no interrumpen la prescripción, por lo anteriormente expuesto, estima que el A-quo, ha aplicado adecuadamente los artículos 864 y 868 letra a) del Código del Trabajo, además, realizó correctamente el cómputo para declarar la prescripción, por lo que declara Sin Lugar el recurso de apelación y confirma la sentencia recurrida en primera instancia, Sin Costas. 5. Mediante auto de fecha 7 de marzo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DENI MARITZA PONCE IZCANO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 17 de mayo del 2024, compareció ante este Tribunal la Abogada DENI MARITZA PONCE IZCANO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 30 de julio del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 8 de enero del 2025 se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por el Abogado OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado DENI MARITZA PONCE IZCANO , en su primer y único motivo de casación alega: “ Acuso la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, por aplicación indebida de los preceptos jurídicos que ocasiona un error de hecho lo que causa la violación de la ley sustantiva, en el folio número 30 de la primera pieza del expediente consta el acta levantada por la Inspección General del Trabajo en la que consta que compareció la señora Brenda Lizeth Argueta Pinto en su condición de jefe de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud, y el Abogado Tobías Artica Guerrero en su condición de Apoderado Legal de la Doctora Rosa Isabel Guerra Murillo, también consta que la solicitud a la Inspección General del Trabajo se hizo en fecha 21 de diciembre del 2018, cuyo término de dos meses se vencía el 31 de diciembre del 2018 dicha gestión se realizó ante autoridad competente y en el término de ley; sin embargo la audiencia se llevó a cabo el 10 de enero del 2019, fecha que fue programada, posteriormente el 25 de enero del 2019 se solicitó la audiencia de conciliación como segundo paso para dejar agotada la vía administrativa dicha audiencia fue señalada para el 25 de febrero del 2019, como se puede observar y siguiendo la trayectoria de las actuaciones no habían transcurrido los dos meses para que fallaran que la acción había prescrito. “La Corte de Apelación del Trabajo en fecha 30 de agosto del 2023 emitió su fallo confirmando la sentencia de primera instancia, bajo el mismo error ya que no considero que la Inspección General del Trabajo es autoridad competente aunque se le indico que esta tiene una ley especial como autoridad como es el decreto 178-2016 vigente y en el cual de conformidad a los artículos 11 numeral 3 y 14 numeral 7 respalda lo que hemos manifestado de su competencia, y todavía se va más allá en el CONSIDERANDO 10 la Corte de Apelaciones se refiere al despido indirecto cuando en la demanda lo que se pide es el pago de sus derechos laborales como ser sus prestaciones y demás derechos que le otorgan la Constitución de la República, las leyes que versan sobre esta materia y los tratados internacionales que Honduras es suscriptora, no se está mencionando sobre despido si no de la no renovación de su contrato de trabajo, lo cual genera derechos, lo que deja en evidencia el error de hecho que han cometido y perjudican a mi representada lo que indica la falta de apreciación de la prueba. Por lo que la Corte sentenciadora hace suyos los considerandos del Juzgado de Primera Instancia y confirma la sentencia y no aprecia el medio de prueba presentado principalmente el acta de la Inspección General del Trabajo, además que sea cual sea la gestión ante ella y que esté relacionada con el asunto a tratar se hace ante autoridad competente como lo dice nuestra legislación, ya que no se menciona que el agotamiento de la vía Administrativa solo es la conciliación, en la ley dice ante autoridad competente no hace especificación alguna”. V.- Que el anterior cargo no resulta ser una proposición jurídica completa, dado que la Recurrente no lo encuadra en ninguna de las causales contenidas en el artículo 765 del Código del Trabajo, Además omite pronunciarse sobre los motivos de casación, requisito sustancial exigido por el artículo 769 numeral 5) del mismo ordenamiento jurídico. VI.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, MAGISTRADA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO MAGISTRADO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO MAGISTRADA”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio del dos mil veintiséis; certificación de la resolución de fecha veiticinco dias de mes de septiembre de dos mil veinticicno, recaída en el Recurso de Casación Laboral número 604-23.RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOYRECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOcenter203CERTIFICACION. El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veiticinco dias de mes de septiembre de dos mil veinticicno. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 17 de mayo del 2024, por la Abogada DENI MARITZA PONCE IZCANO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ROSA ISABEL GUERRA MURILLO, representada en juicio por el Abogado OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y todos los derechos adquiridos, por haber celebrado contratos de trabajo en forma consecutiva e ininterrumpida por más de diez años, en vista que no fue renovado el Contrato de Trabajo a partir de noviembre del 2018, consecuentemente que se reconozca el pago de lo solicitado, pago de salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de abril del 2019, por el Abogado TOBIAS ARTICA GUERRERO, como representante procesal de la señora ROSA ISABEL GUERRA MURILLO, mayor de edad, casada, hondureña, de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de agosto del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de junio del 2022, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarar CON LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la parte demandada; 2) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado TOBIAS ARTICA GUERRERO en su condición de representante procesal de la señora ROSA ISABEL GUERRA MURILLO contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, e cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional más el pago de los salarios dejados de percibir de la fecha del despido a la fecha que con sujeción a las normas quede firme la sentencia; en consecuencia; 3) ABSUELVE AL DEMANDADO el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la Republica Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a: pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional más el pago de los salarios dejados de percibir de la fecha del despido a la fecha que con sujeción a las normas quede firme la sentencia al Abogado TOBIAS ARTICA GUERRERO en su condición de representante procesal de la señora ROSA ISABEL GUERRA MURILLO; 4) Declarar SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral con la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud Pública, el 14 de julio del 2005, en el cargo de Medico Asistencial, en el establecimiento de Salud Flor del Campo de la ciudad de Comayagüela, M.D.C., bajo la modalidad de Contrato Individual del Trabajo, con un salario mensual de L. 21,000.00 por 6 horas y posteriormente se redujo a L. 14,000.00 por tres horas de labores hasta la fecha que no se renovó el contrato de trabajo o sea hasta el 31 de octubre del 2018. Desde la fecha de inicio en las funciones asignadas en el Establecimiento de Salud Flor del Campo, desarrollo sus actividades en forma eficiente, con responsabilidad y capacidad profesional, por lo se continuo firmando Contratos Individual de Trabajo por más de diez años, lo que demuestra la capacidad profesional en el desempeño de su labor; de manera sorpresiva y a pesar de que su Contrato Individual del Trabajo vencía el 31 de octubre del 2018, antes de esa fecha y cuando gozaba de sus vacaciones, se enteró que la habían sacado del sistema para marcar la hora de entrada y salida de sus actividades laborales, mismas que realizaba de forma personal, en consideración a lo anterior y en aplicación del artículo 47 del Código del Trabajo que dice “los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. El tiempo de servicio se contara desde la fecha de inicio de la relación de trabajo, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato por escrito”, en relación a lo anterior, en vez de haber sido excluida del sistema de marcar su presencia en el trabajo debió de haberse otorgado su puesto de trabajo como permanente, ya que la naturaleza relativo a sus labores son permanentes como Doctora en Medicina General. Ante lo ocurrido se procedió a realizar las investigaciones del porqué de lo ocurrido y además cuales fueron las causas que provocaron que se tomara la decisión de sacarla del sistema de marcado a la asistencia de trabajo, de lo cual nunca tuvo respuesta, dada esta situación se marchó fuera del País por situaciones puramente familiares, asimismo se intentó llegar a un arreglo conciliatorio en el Departamento de Conciliación y Mediación dependiente de la Dirección General del Trabajo, en la Secretaria del Trabajo, audiencia que no se hizo presente la parte demandada, por lo que se dio por agotada la vía administrativa, para acudir a la vía judicial con el propósito de hacer justicia ante esta situación. Con la actitud de la titular de dicha Secretaria de Salud, lo que demuestra que no le interesa resolver el problema laboral existente, a pesar que se hizo lo posible para conocer la realidad de lo que ocurría por tal razón se citó a conciliación en la Secretaria del Trabajo, a la cual no se presentaron, en consecuencia se acude a este tribunal amparado en lo que expresan nuestras leyes como un Estado de Derecho fallando para que se le reconozcan los derechos otorgados por la Constitución de la República, los Tratados Internacionales que Honduras afirmado mismos que versan sobre esta materia y que están vigentes, Código del Trabajo y demás leyes aplicables sobre esta materia. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que en ningún momento suscribió un Contrato Individual de Trabajo con la parte actora, lo que se celebró fue un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos con fecha de inicio y finalización, dice llevar un control exhaustivo el cual si el trabajador no se presenta al lugar de trabajo se elimina del sistema; no se le debe responsabilizar que el la demandante no aparece, debido a que al no aparecer en el sistema de marcaje tuvo que marcharse fuera del país, pues si se analiza detenidamente, se puede entender que probablemente ya estaba en los planes de la demandante salir del país, y por ende no podía continuar su relación contractual, en consecuencia no se le podía renovar contrato, en vista que la misma ya no se encontraba en el país, pues tomó decisiones diferentes y no puede pretender culparle por dicha situación, ni mucho menos solicitar el pago de prestaciones y salarios dejados de percibir, ya que en ningún momento fue objeto de despido, por lo que es ilusorio que pretenda que se aplique normativa laboral para el amparo de derechos que no le pertenecen, ya que no le adeuda ningún tipo de indemnización, pues en ningún momento infringió sus derechos, sino que lo acaecido fue que la demandante por contar con situaciones puramente familiares, no pudo continuar en el país, es así como ella misma lo expresa en su demanda, por lo tanto se solicita absolver al demandado de toda responsabilidad o pretensión solicitada; en cuanto al argumento de la demandante para reclamar el derecho subjetivo que pretende, la misma se apoya en el texto legal del artículo 47 del Código del Trabajo, que señala la continuidad en las relaciones laborales, con el único objetivo de utilizarlos para el reconocimiento de un derecho que no le corresponde, ni tiene sustento jurídico, ya que la normativa del artículo del Código del Trabajo al que hace referencia la parte actora no es aplicable. Es por ello que no puede aplicarse irresponsablemente la normativa laboral, por muy conveniente que sea para una de las partes, pues induciría a que la otra parte quedara en desventaja porque se sujetaría a la rigidez de la normativa de los artículos precitados, ya que de pleno conocimiento la demandante sabe la modalidad bajo la cual está regida su relación de servicio (Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos), con fecha de inicio y finalización; es claro que al ser parte del Gobierno Central, las relaciones con sus servidores son regulados por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y nunca por el Código del Trabajo, por ende, no serían aplicables esas normas del Código del Trabajo citadas, razón por lo cual no puede tratarse de permanencia; en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil se establece en el artículo 6 que para los fines de la Ley y del presente Reglamento, el término y definición que a continuación se indica “numeral 28) Nombramiento. Es el acto administrativo de concesión del status de Empleado o Servidor Público a una persona natural, por medio de un Acuerdo expedido por la autoridad competente conforme a la Ley”; en relación a la normativa del artículo 4 que señala “la relación jurídica de empleo público constituye una situación legal y reglamentaria, determinada únicamente por las disposiciones de la Ley, el presente Reglamento y demás disposiciones relativas a esta materia, dicha relación por consiguiente, no se rige por un contrato de trabajo, fuere individual o colectivo, o de derecho público o privado”. De lo anterior se deprende que la demandante no puede pretender permanencia en el puesto que ocupo de Médico General en la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, conforme lo establece la normativa del artículo 6 numeral 28 del Reglamento de Servicio Civil. Es de suma importancia destacar que si la demandante pretendía optar a una plaza permanente en el puesto de Médico General en la Secretaría de Salud, la misma debió cumplir con los requisitos que establece la Ley del Estatuto del Médico Empleado y su Reglamento, en el caso que exista una plaza, el empleado o interesado deberá someterse a concurso, el cual deberá ser aprobado satisfactoriamente a través de acuerdos emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, regulados por el Reglamento de la Ley de Servicio Civil y el Reglamento de Personal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, que específicamente en el Capítulo I, artículo 2 establece “el ámbito de aplicación de este Reglamento estará limitado a la Secretaría y sus órganos desconcentrados funcionalmente, y será aplicado en las relaciones que se originen de un nombramiento en cualquiera de sus modalidades”; el Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado en el Capítulo III de los requisitos del médico empleado, artículo 5 establece “en toda contratación o nombramiento para la prestación de servicios cuya naturaleza sea propia del ejercicio de la medicina general o especializada, el Médico Empleado deberá llenar los siguientes requisitos ... 5) Aprobar satisfactoriamente el concurso. 6) Cumplir los demás requisitos establecidos en los reglamentos internos de la entidad empleadora”; en relación al artículo 7 que estipula “a fin de incrementar la eficiencia de los servicios médicos, el concurso señalado en el artículo 7) del Estatuto”, deberá contener como mínimo las normas que a continuación se establecen, toda vacante de personal médico, general o especializado en todas las instituciones del país, se llenarán mediante concurso de oposición; participarán en los concursos de oposición todos los interesados que reúnan los requisitos exigidos para el puesto vacante y que cumplan con los requisitos señalados en el artículo 6) de este Reglamento; los médicos que obtuvieren los tres primeros lugares en la evaluación, tendrán preferencia para su ingreso, sin perjuicio de las facultades legales que tiene el empleador para contratar o nombrar; cuando el empleador o patrono no haya emitido el reglamento de la ley, las normas contenidas en el presente Reglamento son de observancia obligatoria. Cabe mencionar que al ser un órgano centralizado, sus empleados permanentes se deben regir por la Ley de Servicio Civil, consecuentemente si pretendió que se le reconociera tal permanencia debió dar cumplimiento a lo que establece el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil, artículo 5 y 7 Capítulo III de los requisitos del médico empleado; normativas que no han sido cumplimentadas por la demandante, por consiguiente no puede dejar de aplicarlas para otorgar un nombramiento; no hacerlo así, sería violentar las normas y procedimientos legales, pues se estaría en flagrante transgresión de las leyes administrativas atinentes al caso. La parte actora no puede alegar desconocimiento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado y su Reglamento, ya que si pretende que se le reconozca la permanencia debió aprobar el concurso señalado en el artículo 7) del Estatuto, que exige como mínimo la aplicación de la norma que dice toda vacante de personal médico, general o especializado en todas las instituciones del país, se llenarán mediante concurso de oposición; el desconocer sería en menos cabo del artículo 60 de la Constitución de la República, no obstante la actividad temporal se debe a que para obtener la plaza con status de permanente debe haber concursado y obtener uno de los tres primeros lugares tal como lo demanda el artículo 7) del Estatuto numeral 8) “los médicos que obtuvieren los tres primeros lugares en la evaluación, tendrán preferencia para su ingreso, sin perjuicio de las facultades legales que tiene el empleador para contratar o nombrar”, por ende no puede considerarse permanencia por el régimen de Servicio Civil si no ha cumplido con los requisitos establecidos por el Estatuto del Médico Empleado, ya que debido a que estos servicios son prestados al Estado, los mismos se regulan por leyes especiales y no por el Código del Trabajo, como pretende hacerlo ver la demandante. Es por ello que el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso dispone “la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”, vista la normativa anteriormente citada, es evidente que no es posible considerar que la relación contractual que sostuvo la demandante y es regulada por el Código del Trabajo, debiendo en todo caso y solo en el caso de existir algún conflicto entre las partes contratantes, ser dirimido ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo; de haber solicitado la intervención de las autoridades administrativas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de que no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, mucho menos al tratarse de contratos que son Civil ya regidos por la Ley de Servicio Civil, ya que la Jurisdicción competente es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece la cláusula novena del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos suscrito, y el artículo 3 literal a), de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Del mismo modo interpuso Excepción Perentoria de Prescripción, el Código de Trabajo, en su texto legal del artículo 862 determina “prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente Código....mediante el transcurso de cierto tiempo”, en relación con el artículo 864 del Código del Trabajo “los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les haga o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de 2 meses contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieron las correcciones, respectivamente” agregando lo que dispone el artículo 867 del Código del Trabajo “salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que o se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de 2 meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho”, por lo que de una simple operación aritmética, se verifica que la fecha entre que llego a su fin el Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos suscrito el 31 de octubre del 2018, a la fecha en que instauro el agotamiento de la vía administrativa ante el Departamento de Conciliación y Mediación de la Dirección General del Trabajo de la STSS el 25 de enero del 2019, transcurriendo más de los 2 meses que establece la norma precitada; para ser exactos transcurrieron 2 meses y 19 días, por lo que cualquier reclamación de la demandante se encuentra fuera del plazo legal, debiendo tenerlo por así establecido exonerando consecuentemente de cualquier tipo de condena o responsabilidad. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de junio del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarar CON LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la parte demandada; 2) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado TOBIAS ARTICA GUERRERO en su condición de representante procesal de la señora ROSA ISABEL GUERRA MURILLO contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, e cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional más el pago de los salarios dejados de percibir de la fecha del despido a la fecha que con sujeción a las normas quede firme la sentencia; en consecuencia; 3) ABSUELVE AL DEMANDADO el ESTADO DE HONDURAS a través de la Procuradora General de la Republica Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a: pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional más el pago de los salarios dejados de percibir de la fecha del despido a la fecha que con sujeción a las normas quede firme la sentencia al Abogado TOBIAS ARTICA GUERRERO en su condición de representante procesal de la señora ROSA ISABEL GUERRA MURILLO; 4) Declarar SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que en relación a la Excepción Perentoria de Prescripción planteada por la parte demandada, en cuanto la acción interpuesta por la parte demandante, constando en autos que el patrono que el último contrato suscrito entre las partes con fecha de terminación el 31 de octubre del 2018; que instauró los servicios conciliatorios el 25 de enero del 2019 dándose por agotada la vía administrativa el 08 de febrero del 2019, presentando la presente demanda el 8 de abril del 2019, si bien es cierto, la parte demandante establece como parte de su defensa para desvirtuar la excepción, que solicitó los servicios de un Inspector del Trabajo ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social para la constatación de la situación de la relación laboral de la trabajadora, copia de los libros de entrada y salida, nombre del jefe inmediato salario devengado, copia de todos los contratos, fecha de entrada y salida; no es menos cierto, que las diligencias preparatorias para la presentación de la demanda o la defensa no interrumpen la prescripción, puesto que la verificación de las Incidencias que se suscitan durante la prestación del servicio, puede solicitarse durante la relación laboral, después de la terminación la relación y de igual manera durante el proceso, por lo que no resulta obligatorio para la Interposición de la demanda de conformidad a los artículos 405 al 412 del Código Procesal Civil, caso contrario la audiencia de conciliación que con su instauración se inicia y su cierre da por agotada la misma, poniendo fin a la vía administrativa, lo que resulta ser el requisito exigido para la admisión de la demanda al tenor del artículo 691 del Código del Trabajo, por lo que realizando la operación aritmética con las fechas antes descritas, resulta que tomando como base la fecha de finalización de la relación laboral el 31 de octubre del 2018 a la fecha en que se instauró los servicios conciliatorios el 25 de enero del 2019; transcurriendo 2 meses y 24 días; es decir, que la petición de solicitud de servicios conciliatorios se instauró fuera del término de 2 meses que la ley concede de conformidad a lo que establece el artículo 864 del Código del Trabajo, considerándose por lo antes expuesto que la parte demandante no logró justificar el tiempo transcurrido antes referido; por lo antes expuesto, la presente acción se considera prescrita, siendo procedente declarar Con Lugar la Excepción Perentoria de Prescripción interpuesta por la parte demandada; La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial reiteradamente ha sostenido el criterio que cuando ha sido interpuesto el Defecto Material de Prescripción en el momento procesal oportuno y éste prospera, resulta improductivo pronunciarse, sobre la sobre el fondo del juicio, y siendo que en las presentes diligencias se declaró Con Lugar la Excepción Perentoria de Prescripción; consecuentemente se declara Sin Lugar la demanda de que se ha hecho mérito. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de agosto del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas. Bajo el criterio que de los agravios, se entiende que el demandante considera que el plazo de la prescripción fue interrumpido con la gestión realizada el 21 de diciembre del 2018, ante las Oficinas de la Inspección General del Trabajo, al respecto se ha constado que dicha gestión tenía el propósito de verificar la situación laboral de la demandante, requerir copias del libro de control de entradas y salidas, nombre del jefe inmediato, salario devengado, copias de todos los contratos, asimismo fecha de ingreso y salida; por tanto, alega que acudió ante la autoridad competente en tiempo y forma. Frente a este argumento, cabe precisar que el plazo de prescripción debe empezar a computarse desde el momento que haya concluido la relación de trabajo, dicho de otra manera, desde el cese definitivo, efectivo y real de la prestación del servicio derivados de una relación laboral, tal como bien lo apreció el a-quo, desde el 31 de octubre de 2018, momento en el que finalizó el último contrato suscrito entre las partes mismo que no se renovó; estima transcendental para dilucidar este asunto, tener presente que la jurisprudencia de la Sala de lo Laboral-Contencioso administrativo señala “en cuanto a la excepción perentoria de prescripción opuesta a la demanda, el Código del Trabajo establece los derechos y acciones de los trabajadores para dar por terminado con justa causa su contrato de trabajo, prescriben en el término de 1 mes, contado desde el momento en que el patrono dio motivo para la separación o despido indirecto; asimismo dispone que salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de su Reglamento o demás Leyes de Trabajo y Previsión Social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de 2 meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo. Que una vez celebrada la audiencia de conciliación que pone fin a la vía administrativa, por el hecho de solicitar nuevas cedulas de citación para que el demandando comparezca a conocer del mismo reclamo laboral, estas citaciones emitidas con posterioridad a la celebración de la referida audiencia, no interrumpen el término de prescripción para presentar la demanda, como reiteradamente lo tiene establecido este Tribunal, de no ser así no habría forma de producirse la prescripción y se estaría en contravención a lo dispuesto en el artículo 867 del Código del Trabajo”, lo anterior conforme a la Sentencia de fecha 16 de marzo del 2005, expediente CL 2123-04; Previsto lo anterior, sostiene desde cuándo debe correr el plazo para la prescripción; además, hace entender las diligencias de verificación de hechos, por ejemplo, la constatación del despido, similar a la que realizó el demandante, no interrumpen la prescripción, por lo anteriormente expuesto, estima que el A-quo, ha aplicado adecuadamente los artículos 864 y 868 letra a) del Código del Trabajo, además, realizó correctamente el cómputo para declarar la prescripción, por lo que declara Sin Lugar el recurso de apelación y confirma la sentencia recurrida en primera instancia, Sin Costas. 5. Mediante auto de fecha 7 de marzo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DENI MARITZA PONCE IZCANO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 17 de mayo del 2024, compareció ante este Tribunal la Abogada DENI MARITZA PONCE IZCANO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 30 de julio del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 8 de enero del 2025 se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por el Abogado OLMAN EDGARDO LEZAMA MERCADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado DENI MARITZA PONCE IZCANO , en su primer y único motivo de casación alega: “ Acuso la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, por aplicación indebida de los preceptos jurídicos que ocasiona un error de hecho lo que causa la violación de la ley sustantiva, en el folio número 30 de la primera pieza del expediente consta el acta levantada por la Inspección General del Trabajo en la que consta que compareció la señora Brenda Lizeth Argueta Pinto en su condición de jefe de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud, y el Abogado Tobías Artica Guerrero en su condición de Apoderado Legal de la Doctora Rosa Isabel Guerra Murillo, también consta que la solicitud a la Inspección General del Trabajo se hizo en fecha 21 de diciembre del 2018, cuyo término de dos meses se vencía el 31 de diciembre del 2018 dicha gestión se realizó ante autoridad competente y en el término de ley; sin embargo la audiencia se llevó a cabo el 10 de enero del 2019, fecha que fue programada, posteriormente el 25 de enero del 2019 se solicitó la audiencia de conciliación como segundo paso para dejar agotada la vía administrativa dicha audiencia fue señalada para el 25 de febrero del 2019, como se puede observar y siguiendo la trayectoria de las actuaciones no habían transcurrido los dos meses para que fallaran que la acción había prescrito. “La Corte de Apelación del Trabajo en fecha 30 de agosto del 2023 emitió su fallo confirmando la sentencia de primera instancia, bajo el mismo error ya que no considero que la Inspección General del Trabajo es autoridad competente aunque se le indico que esta tiene una ley especial como autoridad como es el decreto 178-2016 vigente y en el cual de conformidad a los artículos 11 numeral 3 y 14 numeral 7 respalda lo que hemos manifestado de su competencia, y todavía se va más allá en el CONSIDERANDO 10 la Corte de Apelaciones se refiere al despido indirecto cuando en la demanda lo que se pide es el pago de sus derechos laborales como ser sus prestaciones y demás derechos que le otorgan la Constitución de la República, las leyes que versan sobre esta materia y los tratados internacionales que Honduras es suscriptora, no se está mencionando sobre despido si no de la no renovación de su contrato de trabajo, lo cual genera derechos, lo que deja en evidencia el error de hecho que han cometido y perjudican a mi representada lo que indica la falta de apreciación de la prueba. Por lo que la Corte sentenciadora hace suyos los considerandos del Juzgado de Primera Instancia y confirma la sentencia y no aprecia el medio de prueba presentado principalmente el acta de la Inspección General del Trabajo, además que sea cual sea la gestión ante ella y que esté relacionada con el asunto a tratar se hace ante autoridad competente como lo dice nuestra legislación, ya que no se menciona que el agotamiento de la vía Administrativa solo es la conciliación, en la ley dice ante autoridad competente no hace especificación alguna”. V.- Que el anterior cargo no resulta ser una proposición jurídica completa, dado que la Recurrente no lo encuadra en ninguna de las causales contenidas en el artículo 765 del Código del Trabajo, Además omite pronunciarse sobre los motivos de casación, requisito sustancial exigido por el artículo 769 numeral 5) del mismo ordenamiento jurídico. VI.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, MAGISTRADA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO MAGISTRADO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO MAGISTRADA”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días del mes de junio del dos mil veintiséis; certificación de la resolución de fecha veiticinco dias de mes de septiembre de dos mil veinticicno, recaída en el Recurso de Casación Laboral número 604-23. FIRMA Y SELLA
RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY,
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.