Sentencia CL-603-23 — Registro 19636
Resumen
En la demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido una relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, que se valore la antigüedad, primera instancia declara con lugar la demanda, reconoce permanencia y antigüedad absuelve al pago del décimo tercer y décimo cuarto mes sin lugar la excepción perentoria de prescripción segunda instancia confirma, esta Sala Laboral declara nulidad de la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Procesal Civil, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 956 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de congruencia en base a lo establecido en los artículos 206 Y 207 del Código procesal Civil, tomando en consideración que este Tribunal y en base a la calidad de las sentencias y la aplicación de un lenguaje jurídico claro en las mismas, ya que al confirmar hace suyo lo expresado por el ad Quo y el mismo declara con lugar la demanda, absuelve y declara con lugar pagos de salarios dejados de percibir sin apegarse a la acción derivada del derecho que se reconoce en los artículos 39 y 43 de la ley de salario mínimo criterio utilizado por esta sala, teniendo el Ad Quem la obligación de revisar y corregir lo sometido a su jurisdicción, para no tener motivos que imposibiliten la ejecución de la sentencia. VII.- Que las sentencias judiciales deben ser claras, precisas y exhaustivas, a efectos de ser congruente con las demandas y con las demás pretensiones de la parte, deducidas oportunamente en el pleito Art. 206 numeral 1 y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 190 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 956 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 214 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 726 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de abril del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 17 de mayo del 2024, por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora SANDRA LORENA ARIAS LEMUS, representada en juicio por la Abogada MILEIDI DILENIA MONTES GOMEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido una relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, que se valore la antigüedad, en aplicación estricta a lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia conceder todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente, que se pague de forma retroactiva los aumentos otorgados por el gobierno central a partir del año 2016, pago de vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes causados y proporcionales desde la fecha de inicio de la relación laboral hasta que se llegue a un acuerdo conciliatorio o se ejecute la sentencia condenatoria correspondiente, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 09 de mayo del 2018 por la señora SANDRA LORENA ARIAS LEMUS, mayor de edad, soltera, hondureña, Licenciada en Gerencia de Negocios y con domicilio en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 31 de marzo del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 22 de abril del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por SANDRA LORENA ARIAS LEMUS contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto: a) Al reconocimiento de la relación como de carácter permanente y el reconocimiento de la antigüedad desde el inicio de la relación laboral, es decir, el 15 de julio del 2015; b) El reconocimiento del 50% del pago de décimo cuarto mes del 2017; c) pago de los ajustes salariales otorgados a los empleados permanentes a partir que la demandante cumplió el primer año de labores; d) Al pago de la remuneración en concepto de vacaciones desde el inicio de la relación laboral; en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a lo siguiente: a) Al reconocimiento de la relación como de carácter permanente y el reconocimiento de la antigüedad desde el inicio de la relación laboral, es decir, el 15 de julio del 2015; b) El reconocimiento del 50% del pago de décimo cuarto mes del 2017; c) pago de los ajustes salariales otorgados a los empleados permanentes a partir que la demandante cumplió el primer año de labores; d) Al pago de la remuneración en concepto de vacaciones desde el inicio de la relación laboral; a la señora SANDRA LORENA ARIAS LEMUS conceptos que serán calculados en la etapa de ejecución; 3) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por SANDRA LORENA ARIAS LEMUS contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto: al pago del décimo tercer y décimo cuarto mes de los contratos del 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019,2019-2020 a excepción del décimo cuarto mes del 2017 que solo aparece que se le pagó el 50% del monto, y el pago del décimo tercer proporcional y décimo cuarto proporcional, y vacaciones proporcionales; 4) ABSUELVE AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA en cuanto al pago del décimo tercer y décimo cuarto mes de los contratos del 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 a excepción del décimo cuarto mes del 2017 que solo aparece que se le pagó el 50% del monto, y el pago del décimo tercer proporcional y décimo cuarto proporcional, y vacaciones proporcionales a la señora SANDRA LORENA ARIAS LEMUS; 5) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la representante procesal demandada; 6) Declarar SIN COSTAS en esta Instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante, expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral para el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud, en el puesto de Sub Directora de Recursos (Administradora) del Hospital El Progreso, en fecha 15 de julio del 2015, bajo la figura de Contrato, de forma continua e ininterrumpida, devengando un sueldo mensual de Lps. 30,000.00. Además, de la suscripción de varios contratos de trabajo de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo el cual establece que, “los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas”. Así mismo, en el artículo 52 párrafo último establece que, “si antes de transcurrido un (1) año se celebra un nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido”, También, se reúnen los tres elementos de un contrato de trabajo según el artículo 20 del Código del Trabajo: (a) la actividad personal del trabajador; (b) la subordinación o dependencia del trabajador hacia el empleador, que le permite exigir el cumplimiento de órdenes y reglamentos; y (c) el salario como remuneración del servicio, con un horario de trabajo establecido. Una vez reunido los tres elementos de que trata la figura legal precitada, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, dejando ver una simulación de contrato de trabajo por tiempo determinado, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, acto simulatorio que tiene como finalidad evadir obligaciones estipuladas en la Ley Laboral (en fraude a la Ley), en tal sentido el demandante, consideró que le asiste el derecho a la permanencia en el puesto que venía desempeñando y los demás derechos que tienen los empleados permanentes que laboran en la institución demandada. En virtud de lo anterior, se entiende que la relación es de orden laboral, haciendo la observancia en que las funciones desempeñadas por la demandante eran de carácter continuas y permanentes en la institución demandada, entendiéndose entonces que se está ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, regido por la jurisdicción laboral del trabajo; adicionalmente a la relación de dependencia ya analizada, caracteriza también a la relación de trabajo, la continuidad de desempeño de las misma funciones, desde que la demandante inició a laborar para la hoy demandada, es decir que a pesar de que el empleador ha tratado de encubrir una real y verdadera relación laboral con contratos transitorios y temporales, no es menos cierto que la causa que originó el surgimiento de la relación ha laboral subsistido y subsistirá siempre, pues es y ha sido el mismo puesto y funciones que desempeñó durante la relación laboral, actividades que por naturaleza de la misma no pueden desaparecer, pues son propias de la operatividad de la demandada. Por último, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 691 del Código del Trabajo, y estando vigente la relación de trabajo con la demandada, se procedió a citarla, ante la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, cuya audiencia fue realizada el 07 de mayo del 2018, con la cual se culminaron las diligencias conciliatorias administrativas gubernativas, sin que se hubiera logrado la conciliación por la no comparecencia de la parte requerida y en consecuencia se dio por agotado el Procedimiento Administrativo Gubernativo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, debido a la naturaleza jurídica de la institución demandada (Gobierno Central) y aplicando lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, a la demandante no le son aplicables, las disposiciones del Código de Trabajo, siendo aplicables en su caso el Reglamento de Personal de la Secretaria de la Salud, Ley de Servicio Civil, su Reglamento y demás normas administrativas, razón por la que se consideró las necesidades de la parte demandada y se contrató a la demandante mediante Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos por tiempo determinado, con fecha de inicio y de finalización, en aplicación estricta en los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. En ese orden de ideas, el articulo 3 numeral 1) de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que el caso debió ser conocido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no por el Juzgado del Trabajo. Teniendo en cuenta que, el argumento en que se apoyó la parte actora para reclamar el derecho subjetivo que pretende, contenido en los artículos 20, 47 y 52 último párrafo del Código del Trabajo, con el único objeto de utilizarlos para el reconocimiento de un derecho subjetivo que no le correspondía, mismos que no pueden aplicar de manera antojadiza por el simple hecho de que le conviene. Es claro que, al ser la institución demandada parte del gobierno central, las relaciones con sus servidores son reguladas por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y nunca por el Código del Trabajo, por ende, no le serían aplicables esas normas del Código del Trabajo citadas. En ese orden de ideas fundamentar sus pretensiones para exigir un reconocimiento de permanencia por la suscripción de contratos, sería un menos cabo del artículo 60 de la Constitución de la República, el que dispone que “todos somos iguales ante la ley”; no obstante, la actividad temporal se debe a que la plaza no existe y por ende no pudo otorgarse un nombramiento de la Dirección de Servicio Civil (permanencia). Es importante reiterar que la demandada suscribió contratos a término con la demandante, firmándose de esa manera, en aplicación al Plan Operativo Anual (POA) y a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, a lo cual se sujetó la institución demandada y no puede excederse, tal como lo determina la Constitución de la Republica en su artículo 364 "No podrá hacerse ningún Compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias". Por otro lado, la parte actora desconoce que al ser el demandado un órgano dependiente de un ente centralizado, sus empleados permanentes se deben regir por la Ley de Servicio Civil, en consecuencia, la demandante pretendía que se le reconociera tal permanencia debió dar cumplimiento a lo que establece el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y artículo 7 de su Reglamento, que literalmente dispone: "Para ingresar al Servicio Civil se requiere.... 5. Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley"; artículo 7 del reglamento "El régimen del Servicio Civil se aplicará a los empleados del poder ejecutivo cuyo ingreso se haya efectuado llenando los requisitos del artículo 11 de la Ley y los establecidos en este Reglamento, así como los aspirantes que estén tramitando su ingreso"; normativas que no fueron complementadas por la demandante, por consiguiente no se pudo dejar de aplicarlas para otorgar un nombramiento; no hacerlo así, sería violentar las normas y procedimientos legales, pues se estaría en flagrante transgresión de las leyes administrativas atinentes al caso. De lo anterior se concluyó que esta no es la vía legal para ejercer su insustancial reclamo, quien debió interponerlo ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, siendo el mismo competente para dirimir el juicio. También, es importante mencionar, que la pretensión manifestada por la demandante está fuera del margen legal establecido, ya que al no gozar de un estatus de empleada permanente, los derechos subjetivos que reclama no le asisten, considerando que sus reclamos para que se reconozca su antigüedad, pago de los aumentos otorgados por el Gobierno Central desde el año 2016, pago de vacaciones, pago de décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales y todos los demás derechos que ostentan los empleados permanentes; eran totalmente improcedentes y no podían ser otorgados ya que la demandante no estaba sometida a una relación laboral, sino a una relación contractual a través de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos; lo que conlleva como único objetivo causar sensibilidad con la perspectiva de asegurar una tutela juridicial efectiva, al pretender que se le reconociera a partir de la supuesta fecha de ingreso (2015) el pago de dichos beneficios; no obstante la demandante omitió a su favor que la modalidad bajo la cual fue contratada es a término y su pago a la prestación de sus servicios, razón por la cual no puede considerar que le asisten los derechos que reclama, pues únicamente son derechos reconocidos a empleados con estatus permanente que cuentan con un renglón presupuestario dentro de la administración pública, pero el caso de la demandante, en ningún momento es como empleada permanente para ningún efecto, pues dicha modalidad es por tiempo determinado, denotando con ello que cada periodo es independiente del otro. En observancia a lo anteriormente expuesto, la petición formulada por la parte actora, está fuera del margen legal establecido, ya que al no gozar de un estatus de empleada permanente los derechos subjetivos que reclamaba no le asistían, pues había transcurrido más del término de ley para hacer el reclamo respectivo, habiendo prescrito irremediablemente, pues el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo dispone: "La acción derivada del derecho que se reconoce en el Artículo 39 de esta Ley, prescribirá en dos (2) años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa.."; en concordancia además de lo preceptuado en el artículo 2295 del Código Civil que instituye: "Por el transcurso de dos años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1, 2) La de cualquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves": volviéndose por lo tanto el reclamo formulado por la demandante improcedente y no podría aplicarse una tutela judicial efectiva, por consiguiente, lo solicitado debe declararse sin lugar por carecer de todo sustento jurídico. Se rechazó el hecho en el que la parte actora mencionó haber solicitado la intervención de las autoridades administrativas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, ya que la demandada no tiene facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, especialmente tratándose de contratos regidos por la Ley de Servicio Civil, ya que la jurisdicción competente para la solución de controversias era el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, según lo dispuesto en el artículo 3, literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. En el escrito de contestación se interpuso la excepción perentoria de prescripción. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 22 de abril del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por SANDRA LORENA ARIAS LEMUS contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto: a) Al reconocimiento de la relación como de carácter permanente y el reconocimiento de la antigüedad desde el inicio de la relación laboral, es decir, el 15 de julio del 2015; b) El reconocimiento del 50% del pago de décimo cuarto mes del 2017; c) pago de los ajustes salariales otorgados a los empleados permanentes a partir que la demandante cumplió el primer año de labores; d) Al pago de la remuneración en concepto de vacaciones desde el inicio de la relación laboral; en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a lo siguiente: a) Al reconocimiento de la relación como de carácter permanente y el reconocimiento de la antigüedad desde el inicio de la relación laboral, es decir, el 15 de julio del 2015; b) El reconocimiento del 50% del pago de décimo cuarto mes del 2017; c) pago de los ajustes salariales otorgados a los empleados permanentes a partir que la demandante cumplió el primer año de labores; d) Al pago de la remuneración en concepto de vacaciones desde el inicio de la relación laboral; a la señora SANDRA LORENA ARIAS LEMUS conceptos que serán calculados en la etapa de ejecución; 3) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por SANDRA LORENA ARIAS LEMUS contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su Representante Legal LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto: al pago del décimo tercer y décimo cuarto mes de los contratos del 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019,2019-2020 a excepción del décimo cuarto mes del 2017 que solo aparece que se le pagó el 50% del monto, y el pago del décimo tercer proporcional y décimo cuarto proporcional, y vacaciones proporcionales; 4) ABSUELVE AL DEMANDADO, EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA en cuanto al pago del décimo tercer y décimo cuarto mes de los contratos del 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019,2019-2020 a excepción del décimo cuarto mes del 2017 que solo aparece que se le pagó el 50% del monto, y el pago del décimo tercer proporcional y décimo cuarto proporcional, y vacaciones proporcionales a la señora SANDRA LORENA ARIAS LEMUS; 5) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la representante procesal demandada; 6) Declarar SIN COSTAS en esta Instancia”. Bajo el criterio que, la excepción perentoria de prescripción, interpuesta por la representante procesal de la parte demandada, en el escrito de contestación, describe una serie de artículos en los cuales fundamenta la excepción planteada, no es menos cierto, que es indispensable que el profesional del derecho indique el día y fecha en que la misma inicia, con las cuales se deben realizar las operaciones aritméticas, para comprobar el tiempo transcurrido, diferenciándose sí la misma opera en su condición de ser adquisitiva de un derecho o liberación de una obligación o acción, constando que el representante procesal demandado no indicó la información requerida para tal efecto, parámetros que no pueden ser fijados por el órgano jurisdiccional, resulta procedente declarar sin lugar la expresión perentoria de prescripción planteada por la parte demandante. Que la jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se origen directa o indirectamente del contrato de trabajo. Nuestra legislación laboral permite, de manera excepcional, la contratación de personal por tiempo limitado o a plazo fijo cuando se especifica una fecha de término o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia que, de fin a la relación laboral, artículo 46, letra b) del Código de Trabajo. Sin embargo, el artículo 47, relacionado con el 52, párrafo tercero, del mismo código, establece que los contratos para labores permanentes o continuas se consideran celebrados por tiempo indefinido, incluso si se indicaba un plazo, siempre que subsistiera la causa o materia del trabajo. Los contratos a plazo fijo tienen carácter de excepción y solo son válidos cuando la naturaleza del servicio lo exigía. Además, si se celebraba un nuevo contrato dentro de un año para la misma labor, se consideraba indefinido, sin período de prueba. En lo referente a los contratos de servicios profesionales, la Sala Laboral ha determinado que los contratos de servicios profesionales se refieren al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, incluyendo la enseñanza científica o artística. Estos servicios generalmente se realizan de manera intelectual, aunque pudieran involucrar algunas operaciones manuales, como en el caso de cirujanos, arquitectos e ingenieros. En resumen, un profesional es quien desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos. Que asimismo la Sala laboral ha sostenido ya, que los contratos de servicios profesionales, presentan, las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna. Que por disposición constitucional y en amplia jurisprudencia, el Tribunal Supremo ha determinado que independientemente de lo pactado en los llamados contratos de servicios profesionales o los de otra designación, serán nulos los actos, estipulaciones y convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías referentes al trabajo, reconocidas en la Constitución de la República. Tras analizados los argumentos de ambas partes, las pruebas presentadas y la fundamentación jurídica del caso, se concluyó que, aunque la relación laboral se formalizó mediante un contrato de trabajo por tiempo determinado, los contratos de Servicios Profesionales y Técnicos contenían los tres elementos esenciales del artículo 20 del Código de Trabajo ya que la demandante ejercía sus labores personalmente, se le asignó una sede en las oficinas del demandado, trabajando bajo la subordinación de un jefe designado por el patrono (Secretaría de Salud), tenía un horario establecido y recibía un salario, además de gozar de derechos como el décimo tercer mes, décimo cuarto mes y vacaciones, por lo que de acuerdo con los artículos 47 y 347 del Código de Trabajo, y al principio de la Primacía de la Realidad, se determinó que existía una verdadera relación laboral continua e ininterrumpida. La demandante acumulaba dos años, nueve meses y veinticuatro días de antigüedad al momento de presentar la demanda. Por otro lado, el patrono no demostró la incompetencia del Juzgado ni la temporalidad de la relación laboral. Por lo tanto, se declaró procedente la solicitud de reconocimiento de la relación laboral como permanente y con antigüedad desde el inicio de la relación laboral el 15 de julio de 2015. La parte demandante también solicitó el pago retroactivo de aumentos salariales otorgados por el Gobierno Central. Se constató, mediante la exhibición de documentos, que la parte patronal no reconoció estos incrementos otorgados a los empleados permanentes durante la relación laboral, debido a que se encontraban bajo la modalidad de contratos. Dado que se había reconocido la permanencia y antigüedad de la demandante desde el inicio de la relación laboral, por tanto, se declaró procedente el reconocimiento del pago de los ajustes salariales aplicables a empleados permanentes a partir del primer año de la relación laboral de la demandante. Estos derechos se calcularían en la etapa de ejecución. La parte demandante también solicitó el pago del décimo tercer mes y del décimo cuarto mes causados y proporcionales. Sin embargo, no fue clara ni precisa en cuanto al período reclamado, ni presentó medios de prueba que demostraran la omisión del patrono. Según el principio universal en materia probatoria, quien afirma algo debe probarlo (onus probandi incumbit actori). Por otro lado, mediante la exhibición de documentos, se constató que se pagaron el décimo tercer y décimo cuarto mes correspondientes a los contratos de 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2019-2020, con excepción del décimo cuarto mes de 2017, del cual solo se pagó el 50% del monto. Además, los derechos proporcionales de décimo tercer mes, décimo cuarto mes y vacaciones proporcionales solo corresponden cuando se ha finalizado la relación laboral, lo cual no aplicaba en este caso. En consecuencia, se reconoció únicamente la deuda del 50% del décimo cuarto mes de 2017, y se declaró sin lugar las demás pretensiones. Que también la parte demandante solicitó el pago de vacaciones, y constando en autos que se constató mediante la exhibición de documentos que el patrono solamente reconoció a la trabajadora el goce de vacaciones pero no así la remuneración establecida en el artículo 345 y 346 del Código del Trabajo; resulta aceptado el hecho que el patrono no honró el derecho reclamado, por lo que resulta procedente declarar con lugar la presente pretensión, es decir, el reconocimiento del pago de las vacaciones causadas desde el inicio de la relación laboral, derechos que serán calculados en la etapa de ejecución. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 31 de marzo del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, como principio general corresponde al trabajador demandante la prueba de su pretensión reclamada y al patrono la justificación de las mismas. Que la demandante y la demandada alegaron oportunamente sus medios de prueba; con lo cual quedó plenamente acreditado en juicio, el inicio de la relación laboral de la demandante, el puesto desempeñado y el salario mensual, en consecuencia visto el asunto bajo examen, no existe duda alguna que los contratos suscritos por la demandante al reunir las condiciones y características tipificadas en los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo se trata de contrato por tiempo indefinido por desempeñar actividades de naturaleza permanente dentro de la demandada y en consecuencia la sentencia dictada por la Juez A-Quo está apegada a las Normas Sustantivas y Adjetivas que regulan la materia. En cuanto a la Excepción Perentoria de Prescripción, la demandada, expuso que la demandante fue contratada mediante Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos emitidos por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud y sus pretensiones son que se les paguen todos sus derechos desde el 2016, el reclamo le ha prescrito según el artículo 43 de la Ley de Salario Mínimo que dispone la acción derivada del derecho que reconoce el artículo 39 de esta ley prescribe en 2 años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa, igualmente si se relaciona con el artículo 2295, 2297 del Código Civil, en su defecto el reclamo se vuelve inconstitucional al pedir se le reconozcan retroactivamente tales derechos y si fuere el caso si a la demandante no se le hubieren pagado, esta no podría solicitarlos que no fueron más allá de los últimos 2 años, no presenta medios de prueba por ser una excepción meramente argumentativa, sustentada en normas jurídicas vigentes y que en vista de las consideraciones legales que anteceden, este tribunal de alzada es de la firme opinión que la sentencia definitiva que se conoce en apelación se encuentra dictada conforme a las disposiciones de la ley sobre la materia, por lo que en estricto derecho procede su confirmatoria. 5.- Mediante auto de fecha 07 de marzo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 17 de mayo del 2024, compareció ante éste Tribunal la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 17 de junio 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 19 de agosto del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada MILEIDI DILENIA MONTES GOMEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de congruencia en base a lo establecido en los artículos 206 Y 207 del Código procesal Civil, tomando en consideración que este Tribunal y en base a la calidad de las sentencias y la aplicación de un lenguaje jurídico claro en las mismas, ya que al confirmar hace suyo lo expresado por el ad Quo y el mismo declara con lugar la demanda, absuelve y declara con lugar pagos de salarios dejados de percibir sin apegarse a la acción derivada del derecho que se reconoce en los artículos 39 y 43 de la ley de salario mínimo criterio utilizado por esta sala, teniendo el Ad Quem la obligación de revisar y corregir lo sometido a su jurisdicción, para no tener motivos que imposibiliten la ejecución de la sentencia. VII.- Que las sentencias judiciales deben ser claras, precisas y exhaustivas, a efectos de ser congruente con las demandas y con las demás pretensiones de la parte, deducidas oportunamente en el pleito Art. 206 numeral 1 y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil. VIII.- Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos. IX.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. XI.- Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. XI.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR DE OFICIO la sentencia recurrida. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 2 numeral 2)665, 666 letra c) 726, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22 y 206 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán , de fecha treinta y uno de marzo del dos mil veintitrés, que obra a folios 16 al 18 de la segunda pieza de autos. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. – NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO Y FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del dos mil veinticinco. FIRMA Y SELLO.
RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO,
RECEPTORA ADSCRITA.