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Sentencia CL-598-23 — Registro 19601

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario sea condenado al reintegro en el puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, ajuste por nivelación salarial, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir hasta la fecha en que se produzca el reintegro en el puesto de trabajo, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario adeudados, pago de bonificación e incrementos salariales establecidos en el contrato colectivo vigente y cualquier otra indemnización laboral que legalmente corresponda.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: A) Entre las normas que indica como violadas los artículos, 325, 730, 736, 737, 738, y 858 del Código de Trabajo. no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; B) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; C) Los artículos 111, 738, 739, y 858, del Código de Trabajo. Señaladas como las normas procesales que sirvieron de medio para la violación no ostentan esa calidad; D) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; y, E) Formula alegatos propios de instancia. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés (23) de junio del dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 20 de mayo del 2024, por el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, como recurrente; además es parte recurrida, la señora SINDY GABRIELA BONILLA HERNANDEZ, representada en juicio por el Abogado DILLD KENYIN HERNANDEZ CEDILLO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, caso contrario sea condenado al reintegro en el puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, ajuste por nivelación salarial, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir hasta la fecha en que se produzca el reintegro en el puesto de trabajo, pago de vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario adeudados, pago de bonificación e incrementos salariales establecidos en el contrato colectivo vigente y cualquier otra indemnización laboral que legalmente corresponda, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 14 de febrero del 2023, por la señora SINDY GABRIELA BONILLA HERNANDEZ, mayor de edad, soltera, Bachiller Técnico en Computación, hondureña y con domicilio en la ciudad de Choloma, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su Alcalde Municipal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 22 de noviembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 29 de agosto del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral promovida para que se ordene el reintegro a su puesto de trabajo con igual o mejores condiciones a las ya establecidas, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se produzca la reinstalación, pago de incrementos salariales que se generen durante la tramitación del presente juicio promovida por SINDY GABRIELA BONILLA HERNANDEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia, contra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su representante legal el señor ROBERTO CONTRERRAS MENDOZA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: CONDENA: A La MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su representante legal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, a reintegrar a la trabajadora SINDY GABRIELA BONILLA HERNANDEZ, a su puesto de trabajo o por lo menos en igualdad de condiciones a las que tenían en la fecha del despido; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo, así como los incrementos salariales que se dieren durante la tramitación del juicio. 2) DECLARA SIN LUGAR, la demanda respecto al reclamo de bonificación conforme contrato colectivo y nivelación de salario. - 3) SIN COSTAS. - Por tratarse de una institución del Estado”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, empezó a laborar para la demandada el 18 de mayo del 2015, desempañándose en el cargo de Administradora de la Gerencia de Desarrollo Humano; devengando un salario mensual durante los últimos 6 meses de L. 17,800.00; cabe señalar que anteriormente su puesto era de Asistente Administrativo y en el mes de septiembre del 2021, fue ascendida al puesto de Administradora con más funciones a las que tenía anteriormente, pero que en ningún momento se le hizo una nivelación salarial como la que debía devengar un administrador como tal dentro de la Alcaldía de San Pedro Sula. Manifestó que en fecha 09 de agosto del 2022, el Abogado Julio Fredy Pavón Umaña en su condición de Gerente de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Pedro Sula, mediante una nota escrita le notificó que su contrato por tiempo indefinido con la alcaldía había llegado a su fin por las siguientes causales; 1) pérdida de confianza, 2) La inhabilidad, negligencia o ineficacia manifiesta del trabajador que haga imposible el cumplimiento del contrato, y 3) Por decisión de manera unilateral. Argumentó además que, del análisis de la legalidad o no de la terminación de su contrato, se hizo necesario verificar otros aspectos relacionados con el procedimiento disciplinario, el cual, como se había dejado sentado dentro de los criterios jurisprudenciales de la materia laboral, debe contar con los siguientes requerimientos: "a) Investigación y comprobación de la supuesta falta cometida por el trabajador; b) Notificación que se debe realizar con antelación al trabajador para asistir a una audiencia de descargo, con el señalamiento del lugar, fecha y hora de la celebración y la indicación del cargo o los cargos imputados; c) En el desarrollo de la audiencia de descargo, como en el proceso disciplinario en general, se debe de cumplir con lo que establezca el Reglamento Interno de Trabajo, especialmente sobre la intervención de delegado sindical o de testigos que participen en dicha actuación; y d) Después de que el trabajador sea escuchado, el empleador dentro del término de prescripción, podrá tomar la decisión de sancionarlo imponiendo medidas disciplinarias y en un extremo máximo, dada la gravedad de la falta imputada, dar por terminado su contrato de trabajo bajo la premisa que existe causa justificada para tal determinación, caso contrario archivara las diligencias...". Como podría observarse el seguimiento del procedimiento disciplinario tenía su razón de ser en los principios constitucionales de la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y el debido proceso; y de forma concreta, se vuelve trascendental al momento de revisar temas como la prescripción y la proporcionalidad de la sanción; sin embargo, en el caso concreto, se prescindió de él por completo, se volvió imposible realizar dicha revisión y se volvió aún más evidente la ilegalidad del despido aun y cuando el artículo 115 del Reglamento interno de la alcaldía prevé esa situación en la que establece que previo a sancionar o despedir un trabajador se debía aplicar una audiencia de descargo. Tal como ese Tribunal ha dejado fijado en innumerables fallos, quienes son parte en un contrato de trabajo, se encuentran obligados a observar el principio de buena fe, tanto en la celebración, ejecución y terminación de ese; sin embargo, de lo narrado en el desarrollo del presente escrito, se evidenció su grave violación, la que consecuentemente conllevó la violación de la estabilidad laboral que la misma constitución le garantiza y que consiste en "la duración continua e indeterminada de la relación laboral, la cual asegura al trabajador la adecuada protección contra el despido injustificado o sin llevar a cabo el procedimiento disciplinario correspondiente para tomar tal determinación; de modo tal que éste tiene derecho a conservar su empleo mientras no se verifiquen circunstancias imputables a él que justifiquen su exclusión". De igual manera, era imperativo hacer del conocimiento de ese despacho judicial que, históricamente los cambios de Gobierno generan despidos masivos en la administración pública; situación que esa vez se intensificó en virtud que la Presidencia de la República la asume un partido político distinto al que venía gobernando durante los tres periodos anteriores, y que los compromisos con las bases y activistas políticos no se podían hacer esperar, por lo que fue víctima de discriminación por ideales políticos en flagrante violación de lo establecido en el artículo 1 del Convenio sobre la Discriminación de 1958, el cual establece: "Articulo 1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: (a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”; asimismo arguyó que la cláusula nueve del contrato colectivo antes mencionado, establece que los empleados deben gozar del pago de una bonificación de acuerdo con la antigüedad de cada trabajador y para el caso, le correspondía una bonificación de treinta y dos puntos cinco (32.5) días de salarios, mismos que la municipalidad nunca le hizo efectivo, en una clara violación a lo pactado en dicho contrato y disminución a sus derechos que como empleada le corresponden. Finalmente expresó que previo a promover la presente demanda, se dio por agotado el trámite gubernativo en cumplimiento de lo establecido en el artículo 691 del Código de Trabajo. 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda, rechazando y oponiéndose a los hechos de la misma; apoyando su defensa en que el despido de la demandante fue apegado a derecho ya que efectivamente desempeñaba sus funciones con falta de compromiso a su trabajo, llegando al extremo que la demandada ya no confiaba en sus habilidades como colaboradora ya que realizaba el mismo mostrando mucha negligencia en sus acciones, tal como lo probará en su oportunidad en el transcurso del presente juicio, mediante la aportación de los Medios de Prueba necesarios que motivaron su despido sin responsabilidad para la demandada, tomando en cuenta la cláusula Tercera Vigente del Contrato, además de las condiciones pactadas en la cláusula séptima, que establece la rescisión del contrato, este podría rescindirse sin ninguna responsabilidad para el patrono, Numeral 6) Cuando el Trabajador Pierda la confianza del Patrono en la prestación de sus Servicios Profesionales. 9) La inhabilidad, negligencia o ineficiencia manifiesta del trabajador que haga imposible el cumplimiento del contrato. 10) Por la Decisión unilateral de cualquiera de las partes, situación está que fue lo que sucedió con la demandante. Asimismo, arguyó que en cuanto a lo manifestado por el apoderado legal de la demandante vuelve a dejar claro que la demandada, es una entidad respetuosa de las leyes y garante de los derechos de cada uno de los trabajadores, y que lo que realmente sucedió con la demandante es que ella fue despedida, por las causales que bien se le describió en la notificación de finalización de su contrato individual de trabajo y que la demandante en su escrito de la demanda lo único que pretendía era confundir a ese tribunal con argumentos vagos como con situaciones de mero derecho, pues la parte actora pretende que la controversia del presente juicio o su procedimiento estaba circunscrita exclusivamente a la interpretación de un texto legal o de una cláusula contractual o de otro instrumento público o privado o de otra fuente normativa. Ello viene a significar que la parte actora pretendía que el fondo del conflicto planteado radique en la interpretación de una norma, no en los hechos del caso, y siendo así no requiere la apertura de un lapso probatorio, pues son los hechos los que son objeto de prueba, no el derecho, como podrá apreciarse que ha quedado plenamente establecida la causa de su despido misma que fue aceptada por la parte actora de una manera calificada o sea queriendo justificar faltas tan graves como las que cometió. En cuanto a la falta de procedimientos que no son aplicables al caso por ser esta una falta grave, así como la sanción impuesta no es más que la confesión que efectivamente pasaron los hechos que motivaron su despido sin responsabilidad para la demandada, por lo que se puede aplicar el principio que a confesión de parte relevo de pruebas; que la demandante pretende con la improcedente demanda laboral presentada para el reintegro al puesto de trabajo, a sabiendas que existió un contrato de trabajo, firmado por las partes, donde se establecen, las normas y obligaciones a cumplir, también establecidas en el Código del Trabajo, estas ya tienen una norma especial que se encarga de sancionar la pérdida de confianza, la inhabilidad, negligencia o ineficiencia manifiesta para cumplir su trabajo, describiendo exactamente qué debe entenderse por esa clase de infracción. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 29 de agosto del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral promovida para que se ordene el reintegro a su puesto de trabajo con igual o mejores condiciones a las ya establecidas, pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se produzca la reinstalación, pago de incrementos salariales que se generen durante la tramitación del presente juicio promovida por SINDY GABRIELA BONILLA HERNANDEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia, contra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su representante legal el señor ROBERTO CONTRERRAS MENDOZA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: CONDENA: A La MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su representante legal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, a reintegrar a la trabajadora SINDY GABRIELA BONILLA HERNANDEZ, a su puesto de trabajo o por lo menos en igualdad de condiciones a las que tenían en la fecha del despido; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo, así como los incrementos salariales que se dieren durante la tramitación del juicio. 2) DECLARA SIN LUGAR, la demanda respecto al reclamo de bonificación conforme contrato colectivo y nivelación de salario. - 3) SIN COSTAS. - Por tratarse de una institución del Estado”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis a las pruebas practicadas este tribunal llega al convencimiento que el despido del que fue objeto la demandante es injusto llevando al convencimiento las circunstancias siguientes: 1) El patrono podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de perdida, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión, el motivo razonable de pérdida de confianza no entraña necesariamente una lesión patrimonial por parte del patrono; 2) Que la demandada fundamenta su despido en las causales siguientes: “cuando el trabajador pierda la confianza del patrono, en la prestación de sus servicios”, con relación a esta causal el Código de Trabajo establece "que para que pueda invocarse como causal de terminación de la relación de trabajo la pérdida de confianza, es necesaria previamente su comprobación ante autoridad administrativa”; que en el caso de autos la demandada no hizo ese procedimiento previo al despido; razón por la cual el despido invocando esa causal se traduce en ilegal, según lo establece articulo 111 numeral 7 del Código de Trabajo Vigente. En cuanto a la causal "la inhabilidad, negligencia o ineficiencia manifiesta del Trabajador que haga imposible el cumplimiento del Contrato”, con relación a esta causal la demandada no aporto prueba alguna encaminada a acreditar la misma; en cuanto a la causal "Por decisión unilateral de cualquiera de las Partes" con relación a la misma el artículo 129 de la Constitución de la Republica, reza, “la estabilidad en su puesto de trabajo, que contiene el principio de estabilidad laboral y continuidad, estableciendo que el contrato es de tracto sucesivo, por lo que la concertación del contrato de trabajo por tiempo limitado no puede basarse en la simple decisión de las partes y debe observarse siempre la verdad de los hechos sobre la apariencia o por encima de los acuerdos formales; debiendo computársele a mi representado como su antigüedad desde la fecha de suscripción del contrato de trabajo". 3. Que la demandada previo al despido no le dio la oportunidad a la demandante de formular sus descargos de la defensa: en el caso de autos la demandada omitió dicho procedimiento tal omisión trae como consecuencia que el despido se torne ilegal e injusto, todo en virtud que el demandante no se le dio el derecho de defenderse; sobre el debido proceso, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido el criterio de que "...una acción sancionatoria y cualquier acto sancionatorio requiere de la formulación previa de un debido proceso que, al tenor de lo que dispone el artículo 90 de la Constitución de la República y desarrollado como garantías mínimas en el artículo 8 de la convención americana sobre derechos humanos, se entiende, como la posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano competente y preestablecido, y el derecho de las partes de realizar ante el mismo todos los actos encaminados a la defensa de sus derechos, así como también la observancia por parte del tribunal o instancia administrativa de todas las normas relativas a la tramitación de aquél.- En ese sentido, en todo proceso debe entenderse como formalidades procesales esenciales las de otorgar oportunidad de defensa a todas las partes, esto evidentemente incluye, el que las mismas puedan manifestar sus pretensiones, defenderse, presentar y evacuar pruebas, oponerse así como también poder conciliar, por lo que, las formalidades que exige el debido proceso, no son más que las establecidas en la ley procesal para cada acto concreto del procedimiento”. En el presente caso ha quedado acreditado en autos, la imposición de una sanción administrativa, sin haberse evacuado procedimiento legal alguno y carente de basamento legal, pues es vulneratorio de los derechos fundamentales señalados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del mismo tema ha proferido el siguiente criterio: "La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- el debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, i) el desarrollo de un juicio justo, y ii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución... 156”. Este tema se encuentra vinculado con la legalidad del despido, primer filtro de examen de tal determinación, por ello no solo se debe respetar el procedimiento establecido en el Reglamento, sino que a falta de este o disposiciones que lo regulen, se debe garantizar los derechos de defensa, audiencia y debido proceso de la persona a quien se pretende sancionar. Como este procedimiento se debe regular en los Reglamentos Internos de Trabajo, es notorio que en muchos de ellos existe la influencia del procedimiento disciplinario que se sigue para los servidores públicos, regidos por la Ley y Reglamento del Servicio Civil, por ello es común que se utilicen términos como "autoridad nominadora" o disposiciones relacionadas con la situación de la no comparecencia, sin causa justificada, del trabajador a la audiencia de descargos, donde se señala que eso se estimará como aceptación de los cargos, cuestión que es inconstitucional e inaplicable, debido que violenta la presunción de inocencia de que goza toda persona conforme lo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República Estos son algunos criterios jurisprudenciales que se han emitido por la Sala de lo Laboral sobre el tema: a) “Que sin embargo el análisis de la legalidad o no de la terminación del contrato de trabajo también versa sobre otros aspectos relacionados con el tema de la prescripción, el procedimiento disciplinario, la proporcionalidad de la sanción, entre otros, con base a lo anterior, previo a cualquier otro análisis del caso, es importante considerar que reglas y bases deben observarse en lo referente al procedimiento disciplinario, el cual debe contar con lo siguiente: a) Investigación y comprobación de la supuesta falta cometida por el trabajador; b) notificación que se debe realizar con antelación al trabajador para asistir a una audiencia de descargo, con el señalamiento del lugar, fecha y hora de su celebración y la indicación del cargo o de los cargos imputados; c) en el desarrollo de la audiencia de descargo, como en el proceso disciplinario, se debe cumplir con lo que establezca el Reglamento Interno de Trabajo, especialmente sobre la intervención del delegado sindical o de testigos que participen en dicha actuación; y, d) después de que el trabajador sea escuchado, el empleador dentro del término de prescripción, podrá tomar la decisión de sancionarlo imponiendo medidas disciplinarias y en un extremo máximo, dada la gravedad de la falta imputada, dar por terminado su contrato de trabajo bajo la premisa de que existe causa justificada de tal determinación, caso contrario archivará las diligencias. Que la no comparecencia, sin causa justificada, del trabajador a la audiencia de descargos, deja en libertad al empleador de imponer o no las medidas disciplinarias que estime procedentes, sin que por ello se presuma la aceptación de las faltas imputadas, debido a que violentaría la presunción de inocencia de que goza toda persona conforme lo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República. XV.- Cabe reiterar que el derecho de defensa que goza el trabajador no solo debe ser materializado en la audiencia de descargos, la cual se celebra con el objeto de que el trabajador tenga la oportunidad de explicar o defenderse frente a la presunta falta, sino que tal derecho debe garantizarse desde que se notifique la convocatoria y el señalamiento de la referida audiencia, donde se debe poner en su conocimiento los motivos por los que se le estaría realizando la misma, con la suficiente antelación para que el trabajador tenga tiempo para reunir las pruebas y preparar su defensa." Sentencia SL del 24 de julio del 2015, expediente CL86-13. En el presente juicio la demandante reclama pago de una bonificación de acuerdo con la antigüedad establecida en la cláusula nueve del contrato colectivo, con relación a dicho reclamo este Tribunal considera que para solicitar la aplicación del contrato colectivo de condiciones de trabajo, la demandante debía haber acreditar que paga cuota sindical ya sea como sindicalizado o sin sindicalizar, en el caso de autos la demandante no pagaba cuota sindical según aparece reflejado las boletas de pago razón por la cual no puede solicitar los beneficios que otorga el contrato colectivo de condiciones de trabajo a sus afiliados, por tal razón procede declarar sin lugar dicho reclamo. La parte actora reclama ajuste por nivelación salarial con relación a este reclamo la demandante no acredito en autos que tuviera derecho a ajuste por nivelación por tal razón procede declarar sin lugar dicha pretensión. Que, si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste tiene derecho a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquél, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 22 de noviembre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, en el caso que nos ocupa, en el hecho tercero de los antecedentes del fallo del a quo, afirmó que se prescindió del procedimiento disciplinario; haciendo aseveraciones que la demandada en la secuela del juicio no revirtió y por cuya razón, se estima que el despido es ilegal, resultando innecesario analizar y valorar las pruebas que la patronal haya presentado para pretender acreditar que existieron justas causas para terminar la relación de trabajo; de manera que el reintegro y el pago de salarios dejados de percibir resultan procedentes tal y como lo estimó la Juzgadora. El artículo 129 de la Constitución de la República, garantiza la estabilidad laboral, mediante el reconocimiento de la permanencia en el trabajo y los derechos económicos laborales que de ello se deriven, tanto en las contrataciones por tiempo indeterminado como por tiempo definido, considerándose en ésta última modalidad, la temporalidad que implica el plazo que dure la prestación de servicios y la expectativa que el trabajador tiene de permanecer en el trabajo durante ese periodo de tiempo así como la naturaleza de la labor. A fin de efectivizar la disposición precitada, los artículos 46, 47 y 52 del Código del Trabajo establecen supuestos a considerar para determinar la condición o modalidad del trabajador en el desempeño de sus labores, es decir si es por tiempo indefinido o si se trata de contratación a término, a los que se suman el 128 Constitucional y 3 del Código en referencia que sancionan con nulidad todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales reconocidos por nuestra legislación, todo en concordancia con los principios sustantivos laborales, primacía de la realidad e irrenunciabilidad; criterio que ha sido sustentado en las ejecutorias de la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia entre otras las identificadas bajo los números 02-11, 09-11, 232-12 y 468-12. Por las razones antes expuestas, se estima inatendibles los agravios esbozados por el impetrante, siendo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación contra el fallo definitivo, consecuentemente se debe CONFIRMAR el mismo con base a lo que dispone el art. 705 del CPC, norma legal aplicada supletoriamente. 5. Mediante auto de fecha 04 de marzo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado WILLY MARTIN PINEDA MEDINA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 20 de mayo del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 17 de junio del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 11 de noviembre del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado DILLD KENYIN HERNANDEZ CEDILLO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para contestar el recurso de casación; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva por infracción indirecta a los artículos 111 numeral 1, 325, 730, 736, 737, 738, 867 y 858 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTES: Este motivo está contemplado en el artículo 765 numeral 1 del Código de Trabajo. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA. Medio de prueba erróneamente apreciada, contrato individual de trabajo que corre a folio, 62, 63, 64, contrato que se rige bajo las diferentes clausulas, según lo convenido y pactado, firmado por mi representada y la demandante. REGLAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIOS PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA. Las normas Adjetivas que llevaron a la violación de las normas sustantivas están señaladas en los artículos 111, numeral 1, 325, 738, y 858, del Código del Trabajo. PRESEPTO AUTORIZANTE. El precepto autorizante de este motivo está comprendido en el párrafo primero, del Artículo 765, numeral 1, del Código de trabajo. APLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. La honorable, Corte de Apelaciones del Trabajo, al ratificar la Sentencia, de Primera Instancia, dictada por el juzgado de letras del Trabajo, de esta sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, incurrió en la infracción indirecta enunciada, al no haber apreciado incorrectamente la prueba documental propuesta, como ser el contrato de trabajo que corre a folio 62, 63, 64, del expediente de la primera pieza. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADA EN ESTE MOTIVO. Las normas sustantivas de ordena nacional violadas contenidas en el artículo. 111, numeral 1, 325, 730, 736, 737, 738 Y 730, Del Código de Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR EN ESTE MOTIVO. La Prueba que este Tribunal sentenciador dejo de apreciar, se encuentra a folios, 62, 63, 64, del expediente de la primera pieza de autos y que es prueba documental. REGLAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIOS PARA LA VIOLACIÓN DE LAS NORMAS SUSTANTIVAS: La norma procesal, por cuya errónea aplicación, se llegó a la violación de la norma sustantiva, está señalada en los artículos 111, 738, 739, y 858, del Código de Trabajo. PRECEPTOS AUTORIZANTE. El precepto autorizante de este motivo de Casación, está comprendido en el artículo, 867 del Código de Trabajo. 1.- la Doctrina expresa, que el error de hecho, surge por un equivocado razonamiento del juzgador, ya sea porque da establecido un hecho que no sucedió o, por no que da por establecido un hecho que sucedió y que está plenamente probado. 2.- La violación por la vía indirecta consiste en que se viola Ley, ya sea por análisis de la prueba o por apreciación de la prueba. 3.- La disposición que invoco como violada se refiere a derechos y acciones que implican un reclamo para que le sean restablecido derechos previamente violados sin embargo, el objeto y petición de la demanda no va dirigida a un reclamo si no orientada a que de acuerdo al examen de los hechos el Tribunal decida en cualquier tiempo declarar o no, si asiste un derecho al demandante a ser un reclamo posterior o en su caso una vez declarado, decretar una condena”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: A) Entre las normas que indica como violadas los artículos, 325, 730, 736, 737, 738, y 858 del Código de Trabajo. no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; B) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; C) Los artículos 111, 738, 739, y 858, del Código de Trabajo. Señaladas como las normas procesales que sirvieron de medio para la violación no ostentan esa calidad; D) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; y, E) Formula alegatos propios de instancia. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FRIMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, MARIO ROLANDO DIAZ FLORES. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de junio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 598-2023. FIRMA Y SELLO.

RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY,

RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.