Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-585-23 — Registro 19634

Resumen

Primera instancia declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción, con lugar; la demanda ordinaria laboral para sea reconocida la permanencia y demás derechos, condena a que se tenga la relación laboral con carácter permanente, reconociéndole antigüedad más los ajustes de salarios, absolver: al pago del reajuste salarial en base al arancel del profesional del derecho, segunda instancia confirma la sentencia y esta Sala declara sin lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo es una disposición general y no sustantiva, ya que la misma define el orden público laboral y excluye a ciertos trabajadores de su aplicación, entre ellos los empleados públicos protegidos por la Ley de Servicio Civil y no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, c) formula alegatos propios de instancia...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 16 de abril del 2024, por la Abogada SILVIA MARISCELA FLOREZ ORDOÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la Abogada REINA ELIZABETH HERRERA FUNES, actuando en causa propia. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que sea reconocida la permanencia y demás derechos, pago de vacaciones y reajuste salarial conforme a antigüedad, incrementos, por ser un adulto mayor, otorgar acuerdo de nombramiento, pago de indemnizaciones por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 06 de marzo del 2020 por la Abogada REINA ELIZABETH HERRERA FUNES, actuando en causa propia, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio de la Procuraduría General de la Republica. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 04 de agosto del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 12 de octubre del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.-Declarar SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesto por la Parte Procesal Demandada; II.- Declarar CON LUGAR; La Demanda Ordinaria Laboral PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SEA RECONOCIDA LA PERMANENCIA EN MI PUESTO DE TRABAJO Y DEMAS DERECHOS DE UN EMPLEADO PERMANENTE, PAGO DE VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL CONFORME ANTIGÜEDAD, Y DEMAS INCREMENTOS OTORGADO POR LA INSTITUTCION DEMANDADA, POR ENDE OTORGARME LA PERMANENCIA, SENTENCIA CONDENATORIA.- instaurada por la señora REINA ELIZABETH HERRERA FUNES, contra EL ESTADO DE HONDURAS (Secretaria de Estado en los Despachos de Salud), por intermedio de su representante Legal la señora procuradora General de la República de aquel entonces Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. III.- CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS (Secretaria de Estado en los Despachos de Salud), por intermedio de su representante Legal la señora procuradora General de la República de aquel entonces Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a lo siguiente: a) A que se tenga la relación laboral de la Señora REINA ELIZABETH HERRERA FUNES, desde la fecha 02 de febrero del año 2011, con carácter de permanente desde que ingreso a laborar para la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, en fecha antes señaladas, debiendo gozar de todos los derechos y beneficios que les otorgan a los empleados con carácter permanente. b) Reconociéndole la antigüedad de manera indefinida, a la señora: REINA ELIZABETH HERRERA FUNES, desde la fecha 02 de febrero del año 2011; más los ajustes de salarios de los que gozaban los empleados permanentes, vacaciones, decimotercer mes de salario, decimocuarto mes de salario proporcional. c) Que se le pague en conceptos de ajustes salariales a la señora REINA ELIZABETH HERRERA FUNES la cantidad CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (L.493,710.00), desglosan de la siguiente manera:Para un gran total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (L.493,710.00), más los incrementos si los hubiere hasta la fecha que la sentencia adquiera el carácter de firme. IV.- Declara Sin Lugar la demanda Ordinaria Laboral; instaurada por la Abogada REINA ELIZABETH HERRERA FUNES, quien actúa por sí misma, contra EL ESTADO DE HONDURAS (Secretaria de Estado en los Despachos de Salud), por intermedio de su representante Legal la señora procuradora General de la República de aquel entonces Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, En cuanto al pago del reajuste salarial en base al arancel del profesional del derecho y pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la ley de inspección laboral por no acreditados dichos conceptos.- V.-ADSOLVER: al ESTADO DE HONDURAS (Secretaria de Estado en los Despachos de Salud), la señora por intermedio de su representante Legal la señora procuradora General de la República de aquel entonces Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, al pago del reajuste salarial en base al arancel del profesional del derecho y pago de indemnización por violación fundamentales vía artículo 90 de la ley de inspección laboral por no estar acreditados dichos conceptos. VI: Sin COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante, expreso en el escrito de su acción que, inicio su relación laboral para el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Salud en el Centro Integral de Salud Dr. Carlos Romero de la Región Sanitaria Metropolitana del Distrito Central de Francisco Morazán, como Asesora Legal de la Consejería de Familia, mediante la suscripción de contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos, desde el 22 de febrero del 2011, con un salario de L. 21,000.00. Además, durante todo el término de la relación laboral, se ha desempeñado en las mismas funciones de manera continua bajo la subordinación del empleador, reuniendo los tres elementos exigidos por el artículo 20 del Código de Trabajo. En vista de esto, se entiende que existe un contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agregue, una vez reunidos estos elementos se entiende que se está ante una relación de orden laboral. Así mismo por el ejercicio de las funciones de carácter continuas y permanentes, se entiende que se está ante un contrato por tiempo indeterminado, regido por la jurisdicción del trabajo y a pesar de que el empleador le ha tratado de encubrir, con contratos no es menos cierto que la causa que originó el surgimiento de la relación laboral ha subsistido y subsistirá siempre, causas que por la naturaleza de las mismas no pueden desaparecer, ya que forman parte de la operatividad de la Institución; dejándolo ver como contrato de trabajo por tiempo determinado y ocultando con un verdadero contrato por tiempo indefinido. Al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 y 52 párrafos último del código de trabajo, considera que le asiste el derecho a la permanencia que ha venido desempeñando y con todos los derechos que tienen los empleados permanentes en esa institución. En la demandada solicitó el reconocimiento y el pago de vacaciones, más reajuste salarial por concepto de antigüedad. La demandada también solicitó, indemnizaciones por violación a sus derechos fundamentales por el evidenciado fraude a la Ley por la simulación contractual; indemnización que se encuentra vigente en nuestro país, por mandato de la Organización Internacional del Trabajo establecida en la Ley de Inspección Laboral, misma que en su artículo 90 establece la cantidad de L. 100,000.00 por cada violación a un derecho fundamental. Esta indemnización fundamental a la estabilidad laboral establecida en la Constitución de la Republica en su artículo 129 señala que el fraude laboral por simulación contractual impide la acumulación de antigüedad; y que también deberá pagar la cantidad de L.100,000.00 por violación al derecho al pago de vacaciones, mismo que está establecido en el artículo 128.8 de la Constitución de la Republica y el Código de Trabajo; también deberá pagarse la cantidad de L.100,000.00 por la violación a gozar de condiciones satisfactorias de empleo establecido en el artículo 23 de la Declaración Universal de Derecho Humanos y 127 de la Constitución de la Republica puesto, que el fraude laboral es todo lo contrario a condiciones satisfactorias de empleo. La demandante, con el ánimo de buscar una solución a las diferencias, acudió a la vía administrativa ante las Oficinas de la Secretaría del Trabajo, en las Oficinas del Departamento de Servicio de Resolución Alterna de Conflictos Laborales de la Dirección General del Trabajo, a fin de solicitar una audiencia con el propósito de llegar a un arreglo conciliatorio con el patrono, respecto al reclamo de los derechos laborales que le corresponden; librándose una citación para la comparecencia de la parte demandada, para el día 26 de febrero del 2020, quien compareció por medio de su apoderada legal, y al no lograrse conciliación, tal como se demuestra con el acta levantada por la misma dependencia se ve obligatoriamente en la necesidad de tener que acudir a la vía judicial. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, las afirmaciones de la parte actora carecían de fundamentación en hechos reales y concretos, los cuales debían ser probados en juicio. Según la defensa, en materia probatoria, es un principio universal que quien afirma algo tiene la obligación de probarlo, por lo que la carga de la prueba recae en la parte demandante. La defensa también sostuvo que las disposiciones del Código del Trabajo no eran aplicables en este caso, dado que la relación entre las partes no se basaba en una relación laboral típica, sino en contratos de servicios profesionales y técnicos. Por otro lado, al tratarse de un órgano del gobierno central, la relación de la demandante estaba regulada por la Ley de Servicio Civil, no por el Código del Trabajo, por lo que no se podía exigir el reconocimiento de permanencia laboral ni aplicar disposiciones del Código del Trabajo de manera arbitraria. Además, la defensa señaló que la demandante, al firmar los contratos, aceptó las condiciones pactadas y que cualquier solicitud de salario retroactivo era improcedente debido a que habían transcurrido más de nueve años, excediendo el plazo de prescripción establecido por la ley. Igualmente, rechazaron la petición de pago de vacaciones, ya que, según los contratos firmados, estos derechos no eran remunerables, sino que solo podían ser disfrutados dentro del período pactado. La defensa también argumentó que la demandante no tenía derecho a las indemnizaciones solicitadas, ya que las sanciones impuestas por la Dirección General de Inspección del Trabajo son pagaderas al Estado, no a particulares. En este sentido, la Procuraduría General de la República es la única entidad con legitimación para cobrar dichas multas. En cuanto a la permanencia laboral, la defensa explicó que los contratos suscritos tenían un inicio y una finalización específicos debido a la naturaleza temporal de los servicios y a las restricciones presupuestarias establecidas por la Constitución de la República. Además, destacaron que para que la demandante pudiera ser considerada como empleada permanente, debía cumplir con los requisitos establecidos por la Ley de Servicio Civil, los cuales no había cumplido, y que por tanto no se podía otorgar un nombramiento de permanencia. Finalmente, la defensa indicó que las controversias relacionadas con los contratos de servicios profesionales debían ser dirimidas en la jurisdicción contencioso-administrativo, y no en los juzgados de trabajo, conforme lo estipulado en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y en los contratos firmados. Por todo lo anterior, concluyeron que las pretensiones de la demandante eran completamente improcedentes, tanto en lo relacionado con el reconocimiento de la permanencia laboral como con el reajuste salarial solicitado. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 12 de octubre del 2022, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: I.-Declarar SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesto por la Parte Procesal Demandada; II.- Declarar CON LUGAR; La Demanda Ordinaria Laboral PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SEA RECONOCIDA LA PERMANENCIA EN MI PUESTO DE TRABAJO Y DEMAS DERECHOS DE UN EMPLEADO PERMANENTE, PAGO DE VACACIONES Y REAJUSTE SALARIAL CONFORME ANTIGÜEDAD, Y DEMAS INCREMENTOS OTORGADO POR LA INSTITUTCION DEMANDADA, POR ENDE OTORGARME LA PERMANENCIA, SENTENCIA CONDENATORIA.- instaurada por la señora REINA ELIZABETH HERRERA FUNES, contra EL ESTADO DE HONDURAS (Secretaria de Estado en los Despachos de Salud), por intermedio de su representante Legal la señora procuradora General de la República de aquel entonces Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. III.- CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS (Secretaria de Estado en los Despachos de Salud), por intermedio de su representante Legal la señora procuradora General de la República de aquel entonces Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, a lo siguiente: a) A que se tenga la relación laboral de la Señora REINA ELIZABETH HERRERA FUNES, desde la fecha 02 de febrero del año 2011, con carácter de permanente desde que ingreso a laborar para la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD, en fecha antes señaladas, debiendo gozar de todos los derechos y beneficios que les otorgan a los empleados con carácter permanente. b) Reconociéndole la antigüedad de manera indefinida, a la señora: REINA ELIZABETH HERRERA FUNES, desde la fecha 02 de febrero del año 2011; más los ajustes de salarios de los que gozaban los empleados permanentes, vacaciones, decimotercer mes de salario, decimocuarto mes de salario proporcional. c) Que se le pague en conceptos de ajustes salariales a la señora REINA ELIZABETH HERRERA FUNES la cantidad CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (L.493,710.00), desglosan de la siguiente manera:Para un gran total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (L.493,710.00), más los incrementos si los hubiere hasta la fecha que la sentencia adquiera el carácter de firme. IV.- Declara Sin Lugar la demanda Ordinaria Laboral; instaurada por la Abogada REINA ELIZABETH HERRERA FUNES, quien actúa por sí misma, contra EL ESTADO DE HONDURAS (Secretaria de Estado en los Despachos de Salud), por intermedio de su representante Legal la señora procuradora General de la República de aquel entonces Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, En cuanto al pago del reajuste salarial en base al arancel del profesional del derecho y pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la ley de inspección laboral por no acreditados dichos conceptos.- V.-ADSOLVER: al ESTADO DE HONDURAS (Secretaria de Estado en los Despachos de Salud), la señora por intermedio de su representante Legal la señora procuradora General de la República de aquel entonces Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, al pago del reajuste salarial en base al arancel del profesional del derecho y pago de indemnización por violación fundamentales vía artículo 90 de la ley de inspección laboral por no estar acreditados dichos conceptos. VI: Sin COSTAS”. Bajo el criterio que la excepción perentoria de prescripción, interpuesto por la representante procesal de la parte demandada, en el escrito de contestación se discute que ha operado en virtud de la caducidad del derecho en cuanto a su eficacia procesal por haber transcurrido el plazo establecido por la ley, por lo cual el derecho está prescrito. Dado que la demandada inició a laborar en fecha 02 de febrero del 2011, en la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, y presentó el reclamo ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social en fecha 26 de diciembre del 2019, dándose por agotado la vía administrativa el 26 de febrero del 2020 y se presentó la demanda en fecha 06 de marzo del 2020. Siendo analizadas por el juzgado y considerando este que debe ser declarada sin lugar, pues la demandante hizo uso de un derecho y al momento de interponer la demanda se encontraba laborando con la institución demandada y el contrato de trabajo tiene como característica que es de tracto sucesivo, por lo que día a día nace el derecho de los trabajadores de reclamar cualquier violación de las garantías o derechos establecidos a su favor, son derechos que le corresponden a cada uno de los empleados, se vuelve en un derecho estrictamente personal, plazo de diez años según lo establecido en el artículo 2292 del Código Civil. Se acepta que la demandante, Reina Elizabeth Herrera Fúnez, ha tenido contratos de trabajo por tiempo determinado con la parte demandada desde el inicio de su relación laboral. A pesar de haber firmado más de dos contratos consecutivos, la relación laboral debe considerarse de tiempo indeterminado según el artículo 47 y el párrafo tercero del artículo 52 del Código del Trabajo. Por lo tanto, se reconoce que su antigüedad en la institución comenzó el 2 de febrero de 2011. Se ha probado mediante documentos que la demandante trabajó para la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud desde la fecha mencionada en la demanda, con contratos de trabajo por tiempo determinado que se renovaron de forma continua en el mismo cargo y con el mismo empleador. Según los artículos 3, 20 en relación con el 47 del Código del Trabajo, esto ha generado un derecho adquirido, se confirma que los elementos del contrato de trabajo y los requisitos legales para convertir un contrato temporal en uno indefinido se han cumplido. El contrato de trabajo por tiempo determinado no solo se define por las fechas de inicio y finalización, sino que debe incluir una razón específica que justifique su terminación. Si el contrato se prorroga dos o más veces, se considera de tiempo indefinido, salvo que haya razones especiales que justifiquen estas prórrogas y demuestren que no se pretende continuar la relación laboral de forma indefinida. La simulación de un contrato temporal como indefinido puede desmentirse si se cumplen los requisitos de los artículos 47 y 48 del Código del Trabajo. Los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo establecen que el contrato de tiempo indefinido es la regla general y el de tiempo fijo, una excepción. En este caso, la parte demandada no presentó evidencia de que las funciones de la demandante fueran temporales o casuales. Dado que las tareas realizadas por la demandante son permanentes, su contrato, aunque inicialmente de tiempo determinado, debe considerarse como de tiempo indefinido desde el inicio de la relación laboral. Se ha constatado que Reina Elizabeth Herrera Funes, ha recibido un salario inferior desde 2011 y, desde 2016, un salario fijo de Lps. 21,000.00 sin recibir los aumentos salariales aplicados a los empleados permanentes de la institución. Por lo tanto, le corresponde un ajuste salarial retroactivo, incluyendo aumentos salariales, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes de salario, de acuerdo con las políticas salariales de la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud. El juez considera que la demanda debe ser aceptada porque la demandante debe ser reconocida como empleada permanente y no por tiempo determinado, lo que le da derecho a todos los beneficios correspondientes a los trabajadores permanentes desde el inicio de su relación laboral hasta que esta se termine. La demandante también solicita en la demanda el reajuste salarial basado en la antigüedad según el arancel del profesional del derecho y el pago de indemnización por violación de derechos fundamentales según el artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral. Sin embargo, estos conceptos se consideran sin lugar porque no han sido debidamente acreditados durante el juicio. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 04 de agosto de 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, se ha establecido la relación laboral entre la demandante, Reina Elizabeth Herrera y la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud se llevó a cabo mediante contratos de trabajo por tiempo determinado. Dado que se firmaron más de dos contratos consecutivos, la relación laboral debe considerarse como de tiempo indefinido conforme a los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo. La demandante debe gozar de todos los derechos correspondientes a un empleado permanente. En cuanto a la solicitud de reajuste salarial e indemnización por violación de derechos fundamentales, estos conceptos no fueron acreditados durante el juicio, por lo que el tribunal de alzada decide declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante. Por otro lado, la parte demandada apeló la sentencia definitiva del 12 de octubre de 2022, argumentando que no está obligada a reconocer la permanencia laboral ni otros derechos, ya que se considera que las disposiciones aplicables son las del reglamento de personal de la Secretaría de Salud y la Ley de Servicio Civil, no el Código del Trabajo. La demandada sostiene que la contratación de la demandante fue bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales temporales y que esta aceptó dicha modalidad. La parte demandada también reconoció que, aunque la demandante fue contratada bajo contratos individuales de servicios profesionales, tiene derecho a solicitar su permanencia laboral si el servicio ha sido continuo. Sin embargo, las vacaciones no se otorgaron de acuerdo con el Código del Trabajo. El tribunal de alzada concluye que, dado que la relación laboral de la demandante, cumple con los requisitos del artículo 20 y 47 del Código del Trabajo, y se trata de un contrato temporal convertido en indefinido, debe declararse sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. Que revisada la sentencia y las diligencias, así como el acervo probatorio, esta Alzada es del parecer que la sentencia que se recurre se encuentra dictada conforme a derecho y por lo tanto procede su confirmatoria. 5.- Mediante auto de fecha 29 de febrero del 2024, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SILVIA MARISCELA FLORES ORDOÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 16 de abril del 2024, compareció ante éste Tribunal la Abogada SILVIA MARISCELA FLORES ORDOÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 29 de abril de 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 18 de julio del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada REINA ELIZABETH HERRERA FUNES, actuando en su condición propia y como parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada SILVIA MARISCELA FLOREZ ORDOÑEZ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida porque el tribunal Ad Quem aplicó la norma pertinente, pero en forma indebida del artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el artículo 2 párrafo primero; 3 interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, es claro, de modo que su interpretación no ofrece duda, no obstante, el tribunal Ad Quem, lo aplicó, pero EN FORMA INDEBIDA, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, el juzgado de primera instancia condena al ESTADO DE HONDURAS a través de la PROCURADURIA GENERAL de la REPUBLICA a reconocer a la demandante concediéndole todos los demás derechos que ostentan los empleados de carácter permanente, pago de vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente así mismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente, como ser la contenida en el artículo 2 párrafo primero; 3, interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. El tribunal sentenciador confirma la sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara con lugar la demanda, condenando a ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA PROCURADURIA GENERAL HA QUE SE TENGA LA RELACION LABORAL DE LA SEÑORA REINA ELIZABETH HERRERA FUNES DESDE LA FECHA 02 DE FEBRERO DEL AÑO 2011, CON CARÁCTER DE PERMANENTE DESDE QUE INGRESO A LABORAR PARA LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DEPACHOS DE SALUD, EN FECHA ANTES SEÑALADA, DEBIENDO GOZAR DE TODOS LOS DERECHOS Y BENEFICIOS QUE LES OTORGAN A LOS EMPLEADOS CON CARÁCTER PERMANENTE; RECONOCIENDOLES LA ANTIGÜEDAD DE MANERA INDEFINIDA DESDE LA FECHA 02 DE FEBRERO DE 2011; MAS LOS AJUSTES DEL SALARIO DE LOS QUE GOZABAN LOS EMPLEADOS PERMANENTES, VACACIONES, DECIMOTERCER MES DE SALARIO, DECIMOCUARTO MES DE SALARIO PROPORCIONAL; QUE SE LE PAGUE EN CONCEPTOS DE AJUSTES SALARIALES A LA SEÑORA REINA ELIZABETH HERRERA FUNES LA CANTIDAD DE CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXACTOS (L. 493,710.00), MAS LOS INCREMENTOS SI LOS HUBIERE HASTA LA FECHA QUE LA SENTENCIA ADQUIERE EL CARÁCTER DE FIRME, aplicando la norma pertinente pero en forma indebida que autoriza tal pretensión, y el Decreto Legislativo que lo interpreta como ser el número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo. Se produce así la aplicación indebida de la ley sustantiva. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo es una disposición general y no sustantiva, ya que la misma define el orden público laboral y excluye a ciertos trabajadores de su aplicación, entre ellos los empleados públicos protegidos por la Ley de Servicio Civil y no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, c) formula alegatos propios de instancia. IV.- Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 2 párrafo primero; 3 interpretado mediante decreto número 89 de fecha 24 de noviembre de 1969 del Código del Trabajo, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora de la prueba presentada en la primera de tramite sobre los acuerdos ministeriales y Ley de Servicio Civil y su Reglamento. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora presentada en la primera de tramite sobre los acuerdos ministeriales y Ley de Servicio Civil y su Reglamento. Donde se establece que fue contratada por tiempo determinado mediante los acuerdos ministeriales y su permanencia se da mediante un proceso de regido por Leyes y Reglamentos Específicos. Esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto ya que la trabajadora se encontraba con la prestación de sus servicios personales bajo la modalidad de contratos administrativos de servicios personales por un periodo determinado con fecha de inicio y de finalización, el cual era del conocimiento de ella consintiendo y aprobándolo sin objeción alguna de su parte.- Además ella firmo contratos de servicios técnico de apoyo los que tienen por objeto prestaciones diferentes a los previstos para los contratos de consultoría, según la ley de contratación del Estado donde la vigencia no puede exceder la del ejercicio fiscal al amparo del cual se originó. Además, para que un empleado ostente a la permanencia se debe cumplir con el régimen del servicio civil donde comprenderá a los servidores públicos que laboran en las secretarias de Estado cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando las condiciones y requisitos que establezca la ley y su reglamento extremo que no fue cumplido ante la dirección de servicio civil conforme el procedimiento para evaluación establecido en la ley. Además en primera instancia otorga el Juez al trabajador ratificando la Corte de Apelaciones el acuerdo ministerial como empleada, no siendo atribución del Juzgado, pues es un acto meramente de la administración pública el otorgar acuerdos, puesto que estos los convierten en empleados públicos, quedando sujetos a otro régimen como lo es el de Servicio Civil, el cual tiene que solicitar a la administración pública si así lo desea el trabajador, por eso las competencias en materia de personal son diferentes, unas se rigen por el Código del Trabajo y las otras, lo concerniente a los funcionarios y empleados públicos se rigen por la Ley de Servicio Civil. V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 2 numeral 2) del Código del Trabajo es una disposición general y no sustantiva, ya que la misma define el orden público laboral y excluye a ciertos trabajadores de su aplicación, entre ellos los empleados públicos protegidos por la Ley de Servicio Civil y no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; ; b) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) olvida Indicar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación; d) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, e) formula alegatos propios de instancia. VI.- La impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha cuatro de agosto 2023 dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, señalando los errores procesales siguientes: La Jurisdicción de competencia de este Juicio era el Juzgado de lo Contencioso Administrativo ya que eran contratos administrativos del Gobierno Central. La aplicación de la norma del derecho para la permanencia era la de Servicio Civil que establece el artículo 11 de la Ley de Servicio Civil para que le fuera reconocido el estatus que pretende le sea otorgado por esta Corte al margen de lo que establecen las leyes especiales establecidas al efecto, las que determinan un análisis conforme a ley para la creación de una plaza y un presupuesto permanente para la permanencia de un cargo y no como quiere hacerlo ver al juzgador de la causa, que sin haber ejercido el procedimiento establecido en dicho artículo y lo dispuesto en el reglamento de la Ley de Servicio Civil, desea se le reconozca un status que legalmente no le ha sido otorgado mediante el acuerdo respectivo”. VII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VIII.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. -NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del dos mil veinticinco. FIRMA Y SELLO.

RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO,

RECEPTORA ADSCRITA.