Sentencia CL-584-23 — Registro 19511
Resumen
Segunda instancia confirmando con lugar la excepción perentoria de prescripción de la acción del agotamiento de la vía administrativa y declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que se fundó el despido, caso contrario se condene a reintegrarle a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, reconociendo el contrato de carácter permanente por tiempo indefinido de conformidad a los artículos 47 y 52 párrafo ultimo del Código de Trabajo, y el reconocimiento de la antigüedad laboral ajuste de salario mensual a L. 23,000.00 al que devengan otros trabajadores que desempeñan las mismas labores permanentes en iguales condiciones, tiempo de servicio y jornada de trabajo, bajo el principio de garantía y constitucional de igualdad y no discriminación salarial contemplada en el artículo 128 numeral 3 de la Constitución de la Republica, vacaciones anuales y su bonificación, incrementos anuales de salario y ajustes del mismo, bono educativo, vacaciones doblemente remuneradas, derecho al afiliarse al INJUPEMP desde el inicio de la relación laboral, más a títulos de daños y perjuicios los salarios y demás beneficios legales y de contratación colectiva dejados de percibir, calculados desde la fecha en que se produjo el despido ilegal, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo quede firme la sentencia condenatoria respectiva, para que se declare por tiempo indefinido la relación de trabajo por ser de naturaleza permanente conforme a los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo, costas.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. "...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el sub judice la sentencia recurrida carece de exhaustividad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código procesal Civil."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. IX. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha 02 de junio del 2023, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. IX. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha 02 de junio del 2023, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., siete (07) de agosto del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 17 de mayo del 2024, por el Abogado JAIME IDALBERTO VASQUEZ DELARCA, en su condición de representante procesal del señor KELVIN DANIEL VÁSQUEZ MONTOYA; como recurrente, además es parte recurrida, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), representado en juicio por el Abogado RICARDO STIVEN MENDEZ BONILLA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que se fundó el despido, caso contrario se condene a reintegrarle a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, reconociendo el contrato de carácter permanente por tiempo indefinido de conformidad a los artículos 47 y 52 párrafo ultimo del Código de Trabajo, y el reconocimiento de la antigüedad laboral desde la fecha de ingreso al trabajo el 16 de octubre del año 2007 en el cargo de Soporte Técnico en el Departamento de Informática, que se declare el derecho a la aplicación retroactiva de los beneficios del contrato colectivo vigente en la institución demandada desde inicio de la relación laboral como ser: Ajuste de salario mensual a L. 23,000.00 al que devengan otros trabajadores que desempeñan las mismas labores permanentes en iguales condiciones, tiempo de servicio y jornada de trabajo, bajo el principio de garantía y constitucional de igualdad y no discriminación salarial contemplada en el artículo 128 numeral 3 de la Constitución de la Republica, vacaciones anuales y su bonificación, incrementos anuales de salario y ajustes del mismo, bono educativo, vacaciones doblemente remuneradas, derecho al afiliarse al INJUPEMP desde el inicio de la relación laboral, más a títulos de daños y perjuicios los salarios y demás beneficios legales y de contratación colectiva dejados de percibir, calculados desde la fecha en que se produjo el despido ilegal, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del Código de Trabajo quede firme la sentencia condenatoria respectiva, para que se declare por tiempo indefinido la relación de trabajo por ser de naturaleza permanente conforme a los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de abril del 2019, por el señor KELVIN DANIEL VASQUEZ MONTOYA, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 02 de junio del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 11 de mayo del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarar CON LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN DEL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA planteada por la parte demandada; 2) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor KELVIN DANIEL VASQUEZ MONTOYA contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) a través de su Director Ejecutivo y representante legal el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ, en cuanto a: QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE FUNDO EL DESPIDO, CASO CONTRARIO SE CONDENE AL REINTEGRO A SU PUESTO DE TRABAJO CON IGUALES O MEJORES CONDICIONES RECONOCIENDO EL CONTRATO DE CARÁCTER PERMANENTE POR TIEMPO INDEFINIDO DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 47 Y 52 PÁRRAFO ÚLTIMO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO Y EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL DESDE FECHA DE INGRESO AL TRABAJO EL 16 DE OCTUBRE DEL 2007 EN EL CARGO DE SOPORTE TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. QUE SE DECLARE EL DERECHO A LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LOS BENEFICIOS DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EN LA INSTITUCIÓN DEMANDADA DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL COMO SER: AJUSTE DE SALARIO MENSUAL A L.23,000.00 AL QUE DEVENGAN OTROS TRABAJADORES QUE DESEMPEÑAN LAS MISMAS LABORES PERMANENTES EN IGUALES CONDICIONES, TIEMPO DE SERVICIO Y JORNADA DE TRABAJO, BAJO EL PRINCIPIO Y GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN SALARIAL CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 128 NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, VACACIONES ANUALES Y SU BONIFICACIÓN, INCREMENTOS ANUALES DE SALARIO Y AJUSTES DEL MISMO, BOΝΟ EDUCATIVO, VACACIONES DOBLEMENTE REMUNERADAS, DERECHOS DE AFILIARSE AL INJUPEMP DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL MÁS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALES Y DE CONTRATACIÓN COLECTIVA DEJADOS DE PERCIBIR CALCULADOS DESDE LA FECHA EN QUE SE PRODUJO EL DESPIDO ILEGAL HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES DEL CÓDIGO DEL TRABAJO QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA; en consecuencia; 3) ABSUELVE AL DEMANDADO el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) a través de su Director Ejecutivo y representante legal el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ, en cuanto a: QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE FUNDO EL DESPIDO, CASO CONTRARIO SE CONDENE AL REINTEGRO A SU PUESTO DE TRABAJO CON IGUALES O MEJORES CONDICIONES RECONOCIENDO EL CONTRATO DE CARÁCTER PERMANENTE POR TIEMPO INDEFINIDO DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 47 Y 52 PÁRRAFO ÚLTIMO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO Y EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL DESDE FECHA DE INGRESO AL TRABAJO EL 16 DE OCTUBRE DEL 2007 EN EL CARGO DE SOPORTE TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. QUE SE DECLARE EL DERECHO A LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LOS BENEFICIOS DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EN LA INSTITUCIÓN DEMANDADA DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL COMO SER: AJUSTE DE SALARIO MENSUAL A L.23,000.00 AL QUE DEVENGAN OTROS TRABAJADORES QUE DESEMPEÑAN LAS MISMAS LABORES PERMANENTES EN IGUALES CONDICIONES, TIEMPO DE SERVICIO Y JORNADA DE TRABAJO, BAJO EL PRINCIPIO Y GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN SALARIAL CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 128 NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, VACACIONES ANUALES Y SU BONIFICACIÓN, INCREMENTOS ANUALES DE SALARIO Y AJUSTES DEL MISMO, BONO EDUCATIVO, VACACIONES DOBLEMENTE REMUNERADAS, DERECHOS DE AFILIARSE AL INJUPEMP DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL MÁS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALES Y DE CONTRATACIÓN COLECTIVA DEJADOS DE PERCIBIR CALCULADOS DESDE LA FECHA EN QUE SE PRODUJO EL DESPIDO ILEGAL HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES DEL CÓDIGO DEL TRABAJO QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA, al señor KELVIN DANIEL VÁSQUEZ MONΤΟΥΑ; 4) Declarando SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN POR LOS SUPUESTOS DERECHOS QUE RECLAMA, EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION ALA LUZ DE LA APLICACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO planteada por la parte demandada; 5) Declarar SIN COSTAS en esta instancia…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, en fecha 16 de octubre del 2017 inició a trabajar para el demandado, en labores de carácter permanente y continuas en el puesto de Soporte Técnico del Departamento de Informática de dicha institución, mediante la suscripción de sucesivos Contratos Individuales de Trabajo por Tiempo Determinado, laborando continuadamente en igual puesto, jornada y condiciones de trabajo, lo que significaba de conformidad con el artículo 47 del Código del Trabajo, que dicha contratación debió considerarse por tiempo indefinido aunque en ellos se expresara término de duración, ya que la causa que dio origen para la prestación de los servicios contratados aún subsistían, y en consonancia con el artículo 52 Párrafo último del citado Código del Trabajo, ya estipula que si antes de transcurrido un (1) año se celebra un nuevo contrato de trabajo entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, se deberá entenderse éste por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el periodo de prueba. Argumentó que en reiteradas veces solicitó a la institución patronal se le concediera el carácter indefinido y permanente a su contrato de trabajo, siendo ignorada tal petición, por lo que tomó la decisión de acudir a la instancia judicial presentando en fecha 09 de abril del 2018 la Demanda Ordinaria Laboral registrada en Expediente No. 401-2018 Juez (6) ante ese mismo Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación de trabajo continuada en labores de naturaleza permanente al tenor de los artículos 47 y 52 Párrafo Último del Código del Trabajo; el reconocimiento de antigüedad y estabilidad laboral, el derecho a la aplicación retroactiva de los beneficios del contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente y se condene al patrono al pago retroactivo de esos beneficios desde inicios de la relación laboral, entre ellos la fijación del salario mensual de L. 23,000.00 al que devengaba en igual trabajo otros empleados permanentes, vacaciones anuales con su bonificación, incrementos anuales de salarios y ajustes del mismo, bono educativo, vacaciones doblemente remuneradas, el derecho de afiliarse desde inicio de la relación laboral al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los empleados Públicos (INJUPEMP). Pero en fecha 01 de febrero del 2019, el señor JUAN RAMON DAVID Jefe de Recursos Humanos le solicitó la entrega de todo el mobiliario asignado a su cargo porque no se le renovaría su contrato, pero que todo sucedió verbalmente sin entregarle ninguna notificación por escrito, de manera que laboró todo el mes de enero del 2019 realizando normalmente su trabajo bajo las instrucciones de su jefe inmediato HÉCTOR MARADIAGA, sin recibir el pago de su salario mensual de dicho mes, que aún se le adeuda; y que ante tal situación acudió en fecha 11 de febrero del 2019 a la Inspección General del Trabajo a solicitar la asignación de los servicios de un Inspector de Trabajo para constatar documentadamente por escrito su despido, lo cual así sucedió el día 11 de febrero del 2019 mediante acta levantada por el Inspector asignado Santos Arnulfo González, avocándose al Edificio Principal del INFOP ante la Jefe de Administración de Recursos Humanos de dicha institución, Abogada Paola Geraldina Sierra Coello, quien manifestó libre y espontáneamente que en fecha 04 de enero del 2019, se le notificó verbalmente al reclamante que no se le iba a renovar su contrato, que eso no era un despido, simplemente que no se le iba renovar su contrato. No es cierto lo manifestado en dicha acta por la Jefe de Administración de Recursos Humanos, ya que laboró todo el mes de enero de manera normal, hasta el 01 de febrero del presente año, fecha que fue sorprendido por el Jefe de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), manifestándole que ya no se le iba a renovar su contrato y que hiciera entrega del mobiliario que tenía a su cargo, por lo tanto a mi consideración está claro que es un despido verbal directo, en virtud de que su relación laboral era de carácter permanente e indefinida al tenor de los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, que además ese extremo ya estaba aceptado por la institución demandada en la contestación de la otra demanda que tenía interpuesta, para que se declare por tiempo indefinido su relación de trabajo continuada en labores de naturaleza permanente, la cual se encuentra registrada en Expediente No. 401-2018-Juez (6) ante ese mismo Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán. Continuó manifestando que el despido de que fue objeto fue ilegal e injustificado y quebranta el artículo el Artículo 117 del Código del Trabajo, ya que no se le expresó ni señaló ningún concepto de causal establecida en el Artículo 112 del Código del Trabajo, ni su fundamento legal. Pues así debió haberse notificado su despido, ya que la relación de trabajo no fue verbal sino por sucesivos contratos individuales de trabajo escritos a tiempo determinado en igual puesto, jornada y condiciones de trabajo que aún subsisten, por ende, se consideran de carácter indefinido y permanente al tenor de los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo. Lo antes expresado es consonante con el reiterado criterio en Sentencias Definitivas de ese Juzgado del Trabajo, confirmadas en Apelación e inclusive Casación, que conforme al Artículo 117 del Código del Trabajo, cuando el patrono notifica el despido al trabajador, debe señalarle los fundamentos de derecho que contienen la causal del despido, y además debe expresar con claridad el concepto de la causal establecida en el Artículo 112 del Código del Trabajo que lo motivó a tomar la decisión de despedir al trabajador; extremos que fueron inobservados en la forma que se notificó el despido en ese caso concreto. Expresó además que siendo que la demandada es una Institución estatal autónoma, acudió a la Oficina de Conflictos Individuales dependiente de la Dirección General del Trabajo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, dando cumplimiento al artículo 691 del Código del Trabajo para agotar la vía conciliatoria administrativa, la que se tuvo por agotado en audiencia del 25 de marzo del 2019, quedando expedito el derecho de acción para interponer la respectiva demanda ante el Juzgado de Letras del Trabajo correspondiente. 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), contestó dicha demanda señalando que, en cuanto al inicio de la relación laboral la parte demandante falta a la verdad ya que su primer contrato fue a los 8 días del mes de enero del 2008; en cuanto a que se condene al patrono al pago retroactivo de los beneficios del contrato colectivo entre ellos la fijación salarial mensual superior de L. 23,000.00 que devengan en igual trabajo otros empleados permanentes; al respecto aclaró que al haber suscrito su contrato de trabajo, el mismo regula el pago por la prestación de sus servicios laborales conforme a la Ley del Salario Mínimo, salario mismo que INFOP le había venido pagando religiosamente, es decir sin retraso alguno al igual que todos sus derechos laborales adquiridos; en consecuencia esa reclamación debe ser declarada sin lugar por improcedente tal como se logrará probar en la secuela del juicio. Aunado a ello dicha petición se encuentra conforme a la normativa laboral prescrita, figura que será expuesta en su momento procesal oportuno. Y que en relación al artículo 128 numeral 3 que mencionó la parte demandante, puntualizó en el sentido que, el mismo artículo menciona que el tiempo de servicio también tiene que ser iguales; asimismo en cuanto a la NIVELACIÓN SALARIAL, se le aclaró al demandante que al haber suscrito su contrato con el demandado al tenor del artículo 26 del Código del Trabajo, debía atenerse a los términos del contrato, es decir que el demandante aceptó en su demanda en todos sus términos, aunado a ello que institucionalmente existe el respectivo reglamento denominado ESCALA SALARIAL y Norma No. 22 que regula toda la contratación de personal permanente del instituto, el cual preestablece la figura del concurso interno y externo, figura que el demandante jamás había participado. Por otra parte, la reclamada nivelación salarial violenta la reglamentación institucional contentiva a ESCALA SALARIAL aplicable a todos los empleados contratados como permanentes previa figura de contrato interno o externo, figura de la cual el demandado nunca aplicó. Con respecto a los beneficios económicos de Contratación Colectiva que corresponde a los empleados permanentes al respecto resaltó que esa pretensiones fue improcedentes, en virtud que tal como tiene conocimiento el demandante y todos los trabajadores, si bien es cierto existen tales beneficios, pero también es cierto que los mismos eran otorgados a los trabajadores con estatus de permanente, que fueron debidamente contratados, sometiéndose a la carrera administrativa aplicada a lo interno del Instituto. Que los Instrumentos legales que amparan la CARRERA ADMINISTRATIVA lo constituyen los siguientes: NORMA NO. 22, CLAUSULAS No. 4 A LA No. 11 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE, es decir que tales beneficios están condicionados a tal figura de la carrera administrativa, resaltando que para obtenerse tales beneficios los demandantes tuvieron que haberse acogido a lo reglamentado, es decir haber participado en concurso y una vez que los demandantes hubieren ganado de conformidad a sus respectivos perfiles del puesto que hubieren aplicado, entonces se les hubiere instalado en un puesto permanente incluyéndole todos esos beneficios pretensionados por la demandante, situación que no aconteció, extremos que serán probados en juicio en su momento procesal. Arguyó que la finalización de los contratos en los que estipula en la Cláusula Séptima entre las causas de rescisión y sin ninguna responsabilidad para el INFOP: 1) .... 2).... 3).... 4)... 5) POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. 6)... 7)... 8)... 9)... 10)... 11)... 12) POR NO CONTAR CON LAS FINANZAS CORRESPONDIENTES PARA CUMPLIR CON LOS SALARIOS DEL EMPLEADO. 13) EL EMPLEADO ACEPTA QUE POR HABER LLEGADO EL PLAZO FINAL DE LA CONTRATACIÓN EN EL ACTO SE DA POR NOTIFICADA LA TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES. Causales que se cumplieron imposibilitando al demandado renovar dichos contratos, ya que era de público conocimiento la situación insostenible del INFOP que la carga de empleados consume el 75% de su presupuesto, lo que la hace decadente para cumplir el roll constitucional de la Formación de la Educación no Formal Técnico Profesional, aunado a esa circunstancia las amenazas del COHEP de ordenar a todos sus agremiados no cumplir más con la aportación obligatoria para el sostenimiento del INFOP lo que la ha llevado a un proceso de suprimir departamentos. Finalmente expresó que el artículo 96 de la Constitución de la República Reza: La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal. En ese pensar jurídico si bien es cierto el reclamante le asiste su derecho de petición, de igual manera la misma debe ser consecuente con la misma y sin violar normativa legal alguna, en tal sentido el reclamante en su petición de nivelación incluye la figura de la retroactividad de reconocimientos de incrementos salariales realizados anualmente establecidos en los contratos colectivos anteriores al actual, solicitud que es inaplicable bajo el precitado principio constitucional relacionado; y que a ese hecho se manifiesta que no ha habido ninguna represalia de parte del demandado, si no motivaciones ajenas e imprevistas por las que pasa el INFOP que lo ha llevado a un proceso de supresión de oficinas. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de mayo del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarar CON LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN DEL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA planteada por la parte demandada; 2) Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor KELVIN DANIEL VASQUEZ MONTOYA contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) a través de su Director Ejecutivo y representante legal el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ, en cuanto a: QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE FUNDO EL DESPIDO, CASO CONTRARIO SE CONDENE AL REINTEGRO A SU PUESTO DE TRABAJO CON IGUALES O MEJORES CONDICIONES RECONOCIENDO EL CONTRATO DE CARÁCTER PERMANENTE POR TIEMPO INDEFINIDO DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 47 Y 52 PÁRRAFO ÚLTIMO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO Y EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL DESDE FECHA DE INGRESO AL TRABAJO EL 16 DE OCTUBRE DEL 2007 EN EL CARGO DE SOPORTE TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. QUE SE DECLARE EL DERECHO A LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LOS BENEFICIOS DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EN LA INSTITUCIÓN DEMANDADA DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL COMO SER: AJUSTE DE SALARIO MENSUAL A L.23,000.00 AL QUE DEVENGAN OTROS TRABAJADORES QUE DESEMPEÑAN LAS MISMAS LABORES PERMANENTES EN IGUALES CONDICIONES, TIEMPO DE SERVICIO Y JORNADA DE TRABAJO, BAJO EL PRINCIPIO Y GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN SALARIAL CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 128 NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, VACACIONES ANUALES Y SU BONIFICACIÓN, INCREMENTOS ANUALES DE SALARIO Y AJUSTES DEL MISMO, BOΝΟ EDUCATIVO, VACACIONES DOBLEMENTE REMUNERADAS, DERECHOS DE AFILIARSE AL INJUPEMP DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL MÁS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALES Y DE CONTRATACIÓN COLECTIVA DEJADOS DE PERCIBIR CALCULADOS DESDE LA FECHA EN QUE SE PRODUJO EL DESPIDO ILEGAL HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES DEL CÓDIGO DEL TRABAJO QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA; en consecuencia; 3) ABSUELVE AL DEMANDADO el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) a través de su Director Ejecutivo y representante legal el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ, en cuanto a: QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE FUNDO EL DESPIDO, CASO CONTRARIO SE CONDENE AL REINTEGRO A SU PUESTO DE TRABAJO CON IGUALES O MEJORES CONDICIONES RECONOCIENDO EL CONTRATO DE CARÁCTER PERMANENTE POR TIEMPO INDEFINIDO DE CONFORMIDAD A LOS ARTÍCULOS 47 Y 52 PÁRRAFO ÚLTIMO DEL CÓDIGO DEL TRABAJO Y EL RECONOCIMIENTO DE LA ANTIGÜEDAD LABORAL DESDE FECHA DE INGRESO AL TRABAJO EL 16 DE OCTUBRE DEL 2007 EN EL CARGO DE SOPORTE TÉCNICO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA. QUE SE DECLARE EL DERECHO A LA APLICACIÓN RETROACTIVA DE LOS BENEFICIOS DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE EN LA INSTITUCIÓN DEMANDADA DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL COMO SER: AJUSTE DE SALARIO MENSUAL A L.23,000.00 AL QUE DEVENGAN OTROS TRABAJADORES QUE DESEMPEÑAN LAS MISMAS LABORES PERMANENTES EN IGUALES CONDICIONES, TIEMPO DE SERVICIO Y JORNADA DE TRABAJO, BAJO EL PRINCIPIO Y GARANTÍA CONSTITUCIONAL DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN SALARIAL CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 128 NUMERAL 3 DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA, VACACIONES ANUALES Y SU BONIFICACIÓN, INCREMENTOS ANUALES DE SALARIO Y AJUSTES DEL MISMO, BONO EDUCATIVO, VACACIONES DOBLEMENTE REMUNERADAS, DERECHOS DE AFILIARSE AL INJUPEMP DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL MÁS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS Y DEMÁS BENEFICIOS LEGALES Y DE CONTRATACIÓN COLECTIVA DEJADOS DE PERCIBIR CALCULADOS DESDE LA FECHA EN QUE SE PRODUJO EL DESPIDO ILEGAL HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES DEL CÓDIGO DEL TRABAJO QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA RESPECTIVA, al señor KELVIN DANIEL VÁSQUEZ MONΤΟΥΑ; 4) Declarando SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN POR LOS SUPUESTOS DERECHOS QUE RECLAMA, EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION ALA LUZ DE LA APLICACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO planteada por la parte demandada; 5) Declarar SIN COSTAS en esta instancia…”. Bajo el criterio que, en relación a la Excepción Perentoria de Prescripción planteada por la parte demandada, en cuanto la acción interpuesta por la parte demandante, constando en autos el último contrato suscrito entre las partes con un periodo del 01 de junio del 2018 al 31 de diciembre del 2018, que la parte demandada aceptó mediante manifestación realizada ante el Inspector del Trabajo de Seguridad Social, que le notificó el 4 de enero del 2019 la no renovación del contrato de trabajo; instauró los servicios conciliatorios el 14 de marzo del 2019 dándose por agotada la vía administrativa el 25 de marzo del 2019, presentando la presente demanda el 24 de abril del 2019, y; que si bien es cierto, la parte demandante establece como parte de su defensa para desvirtuar la excepción, que el 11 de febrero del 2019 se le solicitó el mobiliario, y el 11 de febrero del 2019, realizó la constatación del despido con el Inspector del Trabajo, dichas actuaciones; no es menos cierto, que la prestación del servicio de la parte actora durante el período comprendido del 5 de enero del 2019 al 11 de febrero del 2019 no fue acreditado por la parte demandante, ya que consta acta de fecha 11 de febrero del 2019, pero la demandada lo que manifiesta en su turno es que le notificó la no renovación al demandante el 04 de enero del 2019, por lo que no se acredita la continuidad de la relación laboral al 11 de febrero del 2011. Asimismo, las diligencias preparatorias para la presentación de la demanda o la defensa no interrumpen la prescripción, puesto que la verificación de las incidencias que se suscitan durante la prestación del servicio, puede solicitarse durante la relación laboral, después de la terminación la relación y de igual manera durante el proceso, por lo que no resulta obligatorio para la Interposición de la demanda, caso contrario la audiencia de conciliación, que una vez celebrada la misma se pone fin a la vía administrativa, lo que resulta ser el requisito exigido para la admisión de la demanda al tenor del artículo 691 del Código del Trabajo, por lo que realizando la operación aritmética con las fechas antes descritas, resulta que tomando como base la fecha de finalización de la relación laboral el 04 de enero del 2019 a la fecha en que se instauró los servicios conciliatorios 14 de marzo del 2019; transcurriendo dos (2) meses y diez (10) días; es decir, que la petición de solicitud de servicios conciliatorios se instauró fuera del término de dos (2) meses que la ley concede de conformidad a lo que establece el artículo 864 del Código del Trabajo y constando que la parte demandante no logró justificar el tiempo transcurrido antes referido; por lo antes expuesto, la presente acción se considera prescrita, siendo procedente declarar CON LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN DEL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA interpuesta por la parte demandada; Que la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial reiteradamente, ha sostenido el criterio que cuando ha sido interpuesto el Defecto Material de Prescripción en el momento procesal oportuno y éste prospera, resulta improductivo pronunciarse, sobre la sobre el fondo del juicio, y siendo que en las presentes diligencias se declaró con lugar la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN DEL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA; planteado por la parte demandada, resulta inútil pronunciarse sobre la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION DE LA ACCIÓN POR LOS SUPUESTOS DERECHOS QUE RECLAMA, EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION A LA LUZ DE LA APLICACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO Y EL FONDO DEL JUICIO; consecuentemente se declara SIN LUGAR la demanda de que se ha hecho mérito. Que el Juez Laboral puede eximir del pago de las costas a la parte que fuere vencida en juicio, cuando a su criterio este último ha litigado con evidente buena fe, estimándose que existieron motivos racionales para litigar por parte de la apoderada demandada, declarando SIN LUGAR las costas en esta instancia. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 02 de junio del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, esta Corte de Apelaciones observa en el presente caso, que el recurrente ha mostrado su inconformidad con la declaratoria de prescripción de la acción del agotamiento de la vía administrativa, cuestionando que el A-quo, hizo apreciaciones erróneas respecto a los hechos sostenidos en la demanda en cuanto a la notificación del despido; y, también, sostiene que se interpretó erróneamente el texto de los artículos 864 y 868 del Código del Trabajo, relativos respectivamente al término de la prescripción de la acción que tiene el trabajador para demandar y la interrupción de dicho término. Que, con carácter previo, es importante indicar que, la figura jurídica de la prescripción está prevista como uno de los modos de extinción de las obligaciones y, para que opere, basta el transcurso de determinado tiempo, sin que el titular, del derecho lo haya reclamado, ejerciendo la respectiva acción. Con la prescripción, se pretende que las negociaciones jurídicas se desarrollen en un ámbito de certeza, por constituir ésta un valor tutelable por el ordenamiento jurídico. El Código del Trabajo, en el Titulo XI, contempla una serie de normas relativas a la prescripción, una de ellas, señala específicamente que un acto interruptor de la prescripción, es por demanda o gestión ante autoridad competente (dos meses contados a partir de la fecha del despido o de la corrección disciplinaria en el caso del trabajador, conforme lo dispone el artículo 864 del Código de Trabajo) y el mismo vuelve a iniciarse al agotar el procedimiento respectivo, ya que el efecto de la interrupción de la prescripción es inutilizar todo el tiempo corrido antes de ocurrir la misma. Artículos 862 y 868 a) del Código de Trabajo. Que, el recurrente señala que la notificación del alegado despido, realizada el 04 de enero de 2019, no fue conforme al artículo 117 del Código del Trabajo, y que esa situación obligó al trabajador a solicitar los oficios de Inspectoría del Trabajo, el 11 de febrero de 2019, para que el patrono le manifestara su decisión de despido. Sostiene que la notificación del despido surte efectos desde el 11 de febrero de 2019, arguyendo que la base para iniciar a transcurrir el término establecido en el artículo 864 del Código del Trabajo, se encuentra en la validez legal de la notificación del despido. Expresa que el plazo de la prescripción fue interrumpido con la gestión realizada por el trabajador el 11 de febrero del 2019 ante la Inspectoría del Trabajo y el 14 de marzo del 2019 ante el Departamento de conciliación de la Dirección General del Trabajo, esta última gestión que culminó el 25 de marzo del 2019, y a partir de esta fecha inició nuevamente el término de dos (2) meses para que el trabajador demandante pudiera acudir a la vía judicial, a la que acudió en tiempo y forma en fecha 24 de abril del 2019 presentando la Demanda Ordinaria Laboral de mérito, cuando en esa fecha desde que cesó la última interrupción no había transcurrido los dos (2) meses que concede el citado artículo, por lo tanto, cree que el agotamiento de la vía administrativa gubernativa y la presentación de la demanda de mérito se efectuaron en legal tiempo y forma. Que el argumento planteado por el recurrente, no es de recibo para esta Alzada, ya que debemos tomar en cuenta, que la validez legal de la notificación del despido o de la terminación de una relación laboral, es un asunto de fondo que debe dilucidarse, para determinar el reconocimiento o no de los derechos reclamados, no para determinar el momento a partir del cual comienza a correr el plazo de la prescripción, pues es claro que la prescripción es una excepción perentoria que se dirige contra la acción, no contra el derecho. Además, el plazo de prescripción debe empezar a computarse desde el momento que haya concluido la relación de trabajo, dicho de otra manera, desde el cese definitivo, efectivo y real de la prestación del servicio derivados de una relación laboral, tal como bien lo apreció el A-quo, en este caso concreto, desde el 04 de enero de 2019 que, según el mismo recurrente, fue el momento que se realizó la referida notificación. Que, en el presente caso, estimamos conveniente recordar lo que la jurisprudencia de la Sala de lo Laboral-Contencioso administrativo señala: "Que en cuanto a la excepción perentoria de prescripción opuesta a la demanda, el Código del Trabajo establece: los derechos y acciones de los trabajadores para dar por terminado con justa causa su contrato de trabajo, prescriben en el término de un (1) mes, contado desde el momento en que el patrono dió motivo para la separación o despido indirecto; asimismo dispone que salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este código, de su Reglamento o demás Leyes de Trabajo y Previsión Social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo. Que una vez celebrada la audiencia de conciliación que pone fin a la vía administrativa, por el hecho de solicitar nuevas cedulas de citación para que el demandando comparezca a conocer del mismo reclamo laboral, estas citaciones emitidas con posterioridad a la celebración de la referida audiencia, no interrumpen el término de prescripción para presentar la demanda, como reiteradamente lo tiene establecido este Tribunal, de no ser así no habría forma de producirse la prescripción y se estaría en contravención a lo dispuesto en el artículo 867 del Código del Trabajo. Que por lo expuesto en los considerandos que anteceden, se encuentra acreditado en autos: que el reclamo administrativo no se realizó en el plazo de treinta días y que la demanda fue interpuesta ante el Juzgado competente cuando ya había vencido el término de dos meses que la ley establece al efecto, ya que si bien la prescripción se interrumpe por demanda o gestión ante autoridad competente, queda acreditado que el día dieciocho de junio a las 9:30 a.m. se celebró la audiencia que puso fin a la vía administrativa, por lo que a la fecha en que se presentó la demanda habían trascurrido más de noventa días, en consecuencia es procedente declarar con lugar la excepción perentoria de prescripción..." (Sentencia del 16 de marzo del 2005, expediente CL 2123-04). Lo anterior, nos señala desde cuándo debe correr el plazo para la prescripción, además, nos hace entender, que las diligencias de verificación de hechos, por ejemplo, la constatación del despido, similar a la que realizó el demandante, no interrumpen la prescripción. Que, por lo anteriormente expuesto, estimamos que el A-quo, ha aplicado educadamente los artículos 864 y 868 a) del Código del Trabajo. Además, realizó correctamente el computo para declarar la prescripción, por lo que declaramos sin lugar el recurso de apelación y confirmamos la sentencia recurrida. 5.- Mediante auto de fecha 29 de febrero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JAIME IDALBERTO VASQUEZ DELARCA, en su condición de representante procesal del señor KELVIN DANIEL VÁSQUEZ MONTOYA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 17 de mayo del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado JAIME IDALBERTO VASQUEZ DELARCA, en su condición de representante procesal del señor KELVIN DANIEL VÁSQUEZ MONTOYA, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación; por lo que mediante providencia de fecha 01 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de junio del 2025, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado RICARDO STIVEN MÉNDEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO: I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el sub judice la sentencia recurrida carece de exhaustividad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código procesal Civil. VII. Que la Tutela judicial que tiene que tener el Ad Quem es en base a resolver las pretensiones planteadas conforme a derecho, en el presente caso Aunado a lo anterior, esta Sala considera importante resaltar una falta de exhaustividad en cuanto a lo vertido en el juicio por las partes. Ello debido a que, tal y como se estableció en el debate del juicio, se hizo público el conocimiento de otra demanda con las mismas partes y fondo del asunto consistente en el expediente bajo el registro 401-18. Basado en ello, al existir un proceso anterior debe tomarse en cuenta el plazo legalmente establecido para entablar las respectivas acciones. Por lo que, este transcurso de tiempo debe ser considerado por el juez que conoce de la nueva demanda, a efecto de establecer si la acción ha sido presentada en tiempo o, si por el contrario, era una acción inadmisible. Esto sin perjuicio de la obligación de dirección del juicio, oficiosidad, libertad, contradicción, economía procesal, celeridad, lealtad procesal que manda el Código de Trabajo y analógicamente los principios establecidos en el Código Procesal Civil aplicables al caso es cuestión para proceder a la acumulación de demandas cuando el fallo que se emita sobre el juicio más antiguo pueda afectar o contradecir, incluso, el fallo del juicio más reciente, respetando la opinión de las partes al señalar la audiencia correspondiente que se basa el debido proceso. VIII. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. IX. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha 02 de junio del 2023, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. X. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad, en el plazo de quince (15) días, por ser un juicio que ya ha sido de su conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciende aplicación de los artículos 59,60, 82, 90 párrafo primero, 303 reformado 304 reformado 313 numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 726 y 858 del Código de Trabajo; 8, 22, 193, 197, 199, 206, 207, 211, 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 30 literal 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 16, 18 y 23 numeral c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha 02 de junio del 2023. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha siete de agosto de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 584-2023. FIRMA Y SELLO.
RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY
RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.