Sentencia CL-583-23 — Registro 19570
Resumen
Segunda instancia declaró parcialmente con lugar demanda ordinaria laboral para el pago del ajuste del 30% de las prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad a la cláusula 51 párrafo 9 del Contrato Colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: ; a) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea ; y, c) formula extensos alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso."..
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto se estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimable las nulidad alegada de forma subsidiaria. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés (23) de junio del dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 10 de mayo del 2024, por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de los señores LUIS ROLANDO DERAS GARCIA, HUGO DANILO SANCHEZ PRADO, HECTOR RAFAEL ORTIZ ARTICA y otros, como recurrentes; además, es parte recurrida, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), representado en juicio por el Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el pago del ajuste del 30% de las prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad a la cláusula 51 párrafo 9 del Contrato Colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de agosto del 2018 por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de los señores 1.- LUIS ROLANDO DERAS GARCIA, casado, Perito Mercantil, con domicilio Barrio San Juan, primer pasaje en la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, 2.- HUGO DANILO SÁNCHEZ PRADO, casado, Promotor Social, con domicilio en las Vegas, Departamento de Santa Barbara, 3.- HÉCTOR RAFAEL ORTIZ ARTICA, casado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con domicilio en la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, 4.- CARLOS HUMBERTO AMADOR CAMBAR, casado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, con domicilio en la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, 5.- NELSON EDIT AGUILAR POSANTES, casado, motorista, con domicilio en la ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho, 6.- ROGER ARNULFO MATUTE VARELA, soltero, mecánico, con domicilio en la colonia Los Pinos, en la ciudad de Tegucigalpa, 7.- FERMÍN REYES FUNEZ, casado, motorista, con domicilio en el barrio San Luis, en la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, 8.- PORFIRIO SÁNCHEZ BAQUEDANO, soltero, motorista, con domicilio en barrio Valle, ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca, 9.- CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SÁNCHEZ, casado, motorista, domicilio en colonia Altos de San José, calle principal, frente a la Despensa Familia, en la ciudad de Tegucigalpa, 10.- JUAN OVIDIO ZAVALA RODRÍGUEZ, en unión libre, Perito Mercantil, con domicilio en el Zamorano, Joya Grande, carretera a Danlí kilómetro 21, Departamento de Francisco Morazán 11.- CRISTIAM RIGOBERTO AYALA BONILLA, soltero, Ingeniero, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa 12.- ALFREDO PEREZ CHAPAS, soltero, conserje, con domicilio en la ciudad de Danlí, Departamento de El Paraíso, 13.-FAUSTO ENRIQUE ECHEVERRIA VILLATORO, casado, especialista en Proyectos, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa 14.- ALEX DAVID HERNÁNDEZ MOYA, soltero, encargado de enlace técnico, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa 15.- LORGIA LIZZETTE ZEPEDA HERNANDEZ, casada, secretaria, con domicilio en la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, 16.- VILMA GLADYS CASTELLANOS CASTILLO, casada, secretaria, con domicilio en la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, 17.- NERLYN OLMEDA GÁLVEZ ACOSTA, casada, aseadora, con domicilio en la ciudad de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, 18.- ROSA MARÍA ALONZO GÁLVEZ, soltera aseadora con domicilio en la ciudad de Talanga, Departamento de Francisco Morazán, 19.- JUAN MIGUEL MORALES RODRIGUES, casado, asesor técnico, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa 20.- DELIA DINORA SIERRA ACEITUNO, soltera, secretaria, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa 21.- RAMON ALCIDES RUBI GARCIA, soltero motorista con domicilio en la ciudad de Comayagua, Departamento de Comayagua, 22.- RAMON WILFREDO PERALTA, coordinador de proyectos, casado, con domicilio en la ciudad de Catacamas, Departamento de Olancho, 23.-LORENZO ANTONIO MARTINEZ, soltero, vigilante, con domicilio en San Bernardo, Namasigüe, Departamento de Choluteca y 24.- SANTOS BERRIOS CARCAMO, soltero, conserje, con domicilio en Yusguare, Departamento de Choluteca todos mayores de edad y hondureños, contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) por medio de su Director Ejecutivo el señor RAMON ANTONIO LARA BUEZO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 22 de marzo del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1. DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el abogado CARLOS ROBERTO MEJÍA CHÁVEZ en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA). 2. REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de fecha veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021), REVOCANDO los numerales II y III de la misma. 3. Declarar SIN LUGAR la demanda promovida por el abogado JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ BONILLA en representación de los señores: 1) LUIS ROLANDO DERAS GARCÍA, 2) HUGO DANILO SÁNCHEZ PRADO, 3) HÉCTOR RAFAEL ORTIZ ARTICA, 4) CARLOS HUMBERTO AMADOR CAMBAR, 5) NELSON EDIT AGUILAR POSANTES, 6) ROGER ARNULFO MATUTE VARELA, 7) FERMÍN REYES FUNEZ, 8) PORFIRIO SÁNCHEZ BAQUEDANO, 9) CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SÁNCHEZ, 10) JUAN OVIDIO ZAVALA RODRÍGUEZ, 11) CRISTIAM RIGOBERTO AYALA BONILLA, 12) ALFREDO PEREZ CHAPAS, 13) FAUSTO ENRIQUE ECHEVERRIA VILLATORO, 14) ALEX DAVID HERNÁNDEZ MOYA, 15) LORGIA LIZZETTE ZEPEDA HERNÁNDEZ, 16) VILMA GLADYS CASTELLANOS CASTILLO, 17) NERLYN OLMEDA GALVEZ ACOSTA, 18) ROSA MARÍA ALONZO GALVEZ, 19) JUAN MIGUEL MORALES RODRIGUES, 20) DELIA DINORA SIERRA ACEITUNO 21) RAMON ALCIDES RUBI, 22) RAMON WILFREDO PERALTA, 23.-LORENZO ANTONIO MARTINEZ y 24) SANTOS BERRIOS CARCAMO contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) por medio de su Director Ejecutivo el Licenciado RAMÓN ANTONIO LARA BUEZO, pago del ajuste del treinta por ciento (30%) de las prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad a la cláusula 51 párrafo 9 del contrato colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA. 4. Absolver al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) del pago del ajuste del treinta por ciento (30%) de las prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad a la cláusula 51 párrafo 9 del contrato colectivo suscrita entre el INA y el SITRAINA reclamado por los demandantes. 5. CONFIRMAR los numerales I y IV de la sentencia apelada. 6. SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expreso en el escrito de su acción que, sostuvieron una relación laboral como empleados del Instituto Nacional Agrario y por tal razón les acogían y le eran aplicables todas las cláusulas contractuales colectivas, que el patrono y el SITRAINA, convinieron y plasmaron en el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo; esto según lo establece la cláusula 6 de dicho contrato; recordando en todo momento que los derechos obtenidos mediante la contratación colectiva, son de carácter irrenunciables y el Estado de Honduras está obligado a tutelar que los mismos se cumplan de conformidad al artículo 128 numeral quince de la Constitución de la Republica. Resulta que después de haber prestado sus servicios laborales, las autoridades patronales le pusieron en conocimiento a los empleados del INA, que si deseaban dar por terminada la relación laboral, este les reconocería hasta un 70% del pago en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales que les correspondería; y para tal efecto el empleado que decidiera dar por terminada la relación laboral debía presentar por escrito la solicitud correspondiente según los paramentos establecido por las autoridades del INA, debido a tal ofrecimiento, las partes demandantes presentaron al patrono dicha nota, en la que se le solicitaba al patrono que se procediera al retiro con el reconocimiento del pago de prestaciones y en la misma se manifestaba que el empleado reconocía la "difícil situación financiera" y aceptaba el 70% del pago de sus prestaciones; y en virtud de esta, es que el patrono procedió unilateralmente a emitir los respectivos acuerdos de cancelación en los que cesanteo a los trabajadores reconociendo únicamente el 70% del pago de las prestaciones laborales, cuando realmente les correspondía el 100% de conformidad a la cláusula 51 párrafo 9 del Contrato Colectivo, posteriormente a la elaboración y entrega de los acuerdos de cancelación efectuados por el patrono, procedieron en conjunto con mis representados a firmar ante un inspector de trabajo un acta denominada "Acta de Terminación de una Relación Laboral y Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales de un Trabajador, por Terminación de Contrato de Trabajo por Mutuo Consentimiento"; terminación de la relación laboral que fundamentaron en el artículo 111 numeral 2 del Código del Trabajo, en virtud de todo lo antes expuesto, es pertinente señalar el hecho que los demandantes como empleados del INA, están protegidos por el Contrato Colectivo suscrito entre el patrono y el sindicato; mismo que señala de manera clara en su cláusula 51 párrafo 9, que se refiere al Auxilio de Cesantía lo siguiente: Asimismo el INA se compromete a otorgar el 100% en un solo pago y en efectivo a los trabajadores que fuesen cesanteados por cualquier causa, esto quiere decir que todos los empleados que fuesen cesanteados, sin importar la causal o motivo recibirían el 100% del pago que le correspondiere en concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, por tal razón a estos se les ha efectuado un pago inferior al que tienen derecho en base a los argumentos descritos a continuación. En materia laboral, impera el Principio de Irrenunciabilidad, mismo que establece que le resulta imposible al trabajador renunciar o disponer en su propio perjuicio, de los derechos laborales originados en las leyes, los contratos o convenciones colectivas; por tal razón cualquier acto que el trabajador ejecute y que menoscabe, disminuya, restringa o tergiverse estos derechos es nulo IPSO IURE; principio este que puede apreciarse y es desarrollado dentro de la normativa laboral como ser el artículo 3 del Código del Trabajo, por parte de la normativa constitucional los artículos 64 y 128 incisos 15 de la Constitución de la Republica; por tal razón si bien mis representados solicitaron y recibieron el 70% de sus prestaciones e indemnizaciones laborales por una terminación de la relación laboral por mutuo consentimiento, estos se encuentran imposibilitados para aceptar una cantidad inferior al 100%, en virtud de que el INA ya se ha comprometido mediante la contratación colectiva a pagarle a sus empleados hasta el 100% cuando estos fuesen cesanteados por cualquier motivo, siendo en este caso bajo el motivo del Mutuo Consentimiento establecido en el artículo 111 numeral 2 del Código del Trabajo. Aunado a lo anterior es pertinente tener en cuenta que si bien se llevó a cabo un acta ante inspector de trabajo como autoridad administrativa de trabajo, esta se efectuó posterior a que el patrono comunicara unilateralmente dar por terminada la relación laboral por mutuo consentimiento y que si bien esta autoridad de trabajo, debe velar por el cumplimiento del Principio Protectorio y el Principio de Irrenunciabilidad y consecuentemente que el empleado no renuncie a derechos que por tratarse de normas de orden público, limita la autonomía de la voluntad de las partes; esta actuación no está exenta de errores y por tal razón los Juzgados Laborales estan obligados a velar por el respeto de estos derechos irrenunciables, sin importar que en documentos posteriores, al acuerdo unilateral contentivo de la terminación de la relación laboral, se haya renunciado a derechos ante un Inspector de Trabajo, se aprecia que el presente reclamo es totalmente fundado, en virtud de que el INA según la cláusula 51 párrafo 9, está obligado a pagar hasta el 100% de las Prestaciones e Indemnizaciones por cualquier motivo que fuese cesanteado el trabajador, siendo en el caso que nos ocupa, por aparente Mutuo Consentimiento y al haber pagado hasta el 70%, incumple con dicha cláusula, sin importar que el trabajador haya firmado renuncia a este otro 30% reclamado en la presente demanda; ya que tal renuncia de derechos tutelados por el Estado constituye un acto nulo. Sin perjuicio de todo lo anterior, considero igualmente oportuno señalar el hecho de que con relación al presente caso ya existen precedentes jurisprudenciales con respecto a empleados del INA que han dado por finalizada su relación laboral bajo las mismas circunstancias y que únicamente percibieron el 70% correspondiente, y que han reclamado ante estos mismos tribunales el pago del 30% de sus prestaciones, que igualmente se reclaman en la presente demanda, y han obtenido sentencias definitivas favorables que han sido confirmadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo bajo el argumento que efectivamente se ha violentado lo que el INA ha pactado con los representantes de los trabajadores mediante contratación colectiva; por lo que evidentemente el derecho que se reclama y objeto del presente juicio es procedente, por tratarse de derechos de Contratación Colectiva, irrenunciables, de orden público, de carácter indisponibles y que el Estado de Honduras se encuentra obligado a tutelar; agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin poder llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la parte demandada. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA), contestó dicha demanda señalando que, tal como lo establecen los demandantes por su propia voluntad cada uno de ellos presentaron en legal y debida forma las solicitudes ante la Dirección Ejecutiva para que se diera la terminación de su Contrato de Trabajo, en el cual aceptaban que el pago de sus prestaciones se hiciera en un porcentaje del 70% es completamente falso que el Instituto Nacional Agrario haya actuado unilateralmente a cancelar el pago de prestaciones laborales en un 70% tal como lo habían solicitado los demandantes, por lo tanto no estaba obligado a pagar el 100% de esas prestaciones pues como se mencionó anteriormente dicho porcentaje del 70% fue a petición de la parte demandante, cierto los demandantes gozaban de los beneficios que otorga la Contratación Colectiva Vigente suscrita entre el INA-SITRAINA, la Cláusula 51 en la cual se apoya para exigir el cumplimiento de un 100% de sus prestaciones es completamente inaplicable e impertinente dicha exigencia, debido a que dicha cláusula reza que el INA pagara prestaciones sociales a los Trabajadores que hubieren sido despedidos por cualquier causa, es aquí donde el INA se exime de cumplir dicha obligación, en virtud que los demandantes nunca fueron despedidos, todo fue consecuencia de una terminación de trabajo a petición de los demandantes amparados en el artículo 111 numeral 2 del Código de Trabajo vigente, el cual enfáticamente establece que es causa de terminación de contratos de trabajo el mutuo consentimiento de las partes, el presente juicio no es aplicable el principio de la irrenunciabilidad debido a que los demandantes en ningún momento renunciaron a los derechos que les otorga la Contratación Colectiva pues como se reitera la Cláusula 51 de dicha Convención Colectiva no es aplicable en ningún momento en el caso que nos ocupa; que el demandado actuando en una forma seria y responsable acudió ante la Secretaria de Trabajo para que diera fe de lo actuado y obviamente dicha Acta se levantó una vez que las partes acordaran el Mutuo Consentimiento es obvio que dicha acta no podía ser suscrita antes de ese momento, los demandantes deberán probar ante el estrado, que cumplieron la obligación que tenían de acudir ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social con el propósito de agotar las diligencias administrativas conforme a lo establecido por la ley, han existido juicios, donde trabajadores habían renunciado, posteriormente demandaron al INA, exigiendo del mismo modo el pago de sus prestaciones, amparados siempre sobre la misma clausula 51 de la contratación colectiva, demandas que no prosperaron y fueron declaradas sin lugar en primera instancia y confirmadas en la segunda y tercera instancia, todo en virtud que se probó que no fueron despidos, sino una terminación de una relación laboral por renuncia.3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de enero del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR EL DEFECTO PROCESAL DE PRESCRIPCION opuesto por el Representante Procesal de la parte demandada; II.- Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral para el pago del Ajuste del 30% de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales de conformidad a la cláusula 51 párrafo 9 del Contrato Colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA instaurada por el ABOGADO JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de Representante Procesal de los señores: 1. Luis Rolando Deras García, 2.- Hugo Danilo Sánchez Prado, 3.- Héctor Rafael Ortiz Artica, 4.- Carlos Humberto Amador Cambar, 5.- Nelson Edit Aguilar Posantes, 6.- Roger Arnulfo Matute Varela, 7.- Fermín Reyes Fúnez, 8.- Porfirio Sánchez Baquedano, 9.- Carlos Geovany Ordoñez Sánchez, 10.- Juan Ovidio Zavala Rodríguez, 11.- Cristiam Rigoberto Ayala Bonilla, 12.- Alfredo Pérez Chapas, 13.- Fausto Enrique Echeverria Villatoro, 14.- Alex David Hernández Moya, 15.- Lorgia Lizzette Zepeda Hernández, 16.- Vilma Gladys Castellanos Castillo, 17.- Nerlyn Olmeda Gálvez Acosta, 18.- Rosa María Alonzo Gálvez, 19.- Juan Miguel Morales Rodrígues, 20,- Delia Dinora Sierra Aceituno 21.- Ramón Alcides Rubi, 22.- Ramón Wilfredo Peralta, 23. -Lorenzo Antonio Martínez y 24.- Santos Berrios Cárcamo; contra del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) por medio de su Director Ejecutivo el Licenciado RAMON ANTONIO LARA BUEZO; III.- CONDENAR: Al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) por medio de su Director Ejecutivo el Licenciado RAMON ANTONIO LARA BUESO; pagar a los Señores 1. Luis Rolando Deras García, 2.- Hugo Danilo Sánchez Prado, 3.- Héctor Rafael Ortiz Artica, 4.- Carlos Humberto Amador Cambar, 5.- Nelson Edit Aguilar Posantes, 6.- Roger Arnulfo Matute Varela, 7.- Fermín Reyes Fúnez, 8.- Porfirio Sánchez Baquedano, 9.- Carlos Geovany Ordoñez Sánchez, 10.- Juan Ovidio Zavala Rodríguez, 11.- Cristiam Rigoberto Ayala Bonilla, 12.- Alfredo Pérez Chapas, 13.-Fausto Enrique Echeverria Villatoro, 14.- Alex David Hernández Moya, 15.-Lorgia Lizzette Zepeda Hernández, 16.- Vilma Gladys Castellanos Castillo, 17.- Nerlyn Olmeda Gálvez Acosta, 18.- Rosa María Alonzo Gálvez, 19.-Juan Miguel Morales Rodrígues, 20.- Delia Dinora Sierra Aceituno 21.- Ramón Alcides Rubi, 22.- Ramón Wilfredo Peralta, 23.- Lorenzo Antonio Martínez y 24.- Santos Berrios Cárcamo SIETE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS (L. 7,904,623.33), cantidad que consiste en la diferencia del 30% de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales de conformidad a la cláusula 51 párrafo 9 del Contrato Colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA, que el INA debió haber pagado a cada uno de los demandantes, misma que corresponde en el orden siguiente: 1.- Luis Rolando Deras García: L.169,273.87, 2.- Hugo Danilo Sánchez Prado: L.406,409.27, 3.- Héctor Rafael Ortiz Artica: L.686,509.92, 4. Carlos Humberto Amador Cambar: L.346,168.17, 5.- Nelson Edit Aguilar Posantes: L.318,287.22,6.- Roger Arnulfo Matute Varela. L.263,993.71, 7.- Fermín Reyes Funez: L.351,166.01, 8.- Porfirio Sánchez Baquedano: L.268,268.19, 9.- Carlos Geovany Ordoñez Sánchez: L.112,460.64, 10.- Juan Ovidio Zavala Rodríguez: L.249,936.18, 11.- Cristiam Rigoberto Ayala Bonilla: L.161,340.14, 12. Alfredo Pérez Chapas: L.374,556.56, 13.- Fausto Enrique Echeverria Villatoro. L. 358,355.53, 14.- Alex David Hernández Moya: L.73,774.21, 15.- Lorgia Lizzette Zepeda Hernández: L.221,320.00, 16.- Vilma Gladys Castellanos Castillo: L.499,538.21, 17.- Nerlyn Olmeda Gálvez Acosta: L.249,716.42, 18.- Rosa María Alonzo Gálvez: L.503-025.87, 19.- Juan Miguel Morales Rodríguez: L.899,382.47, 20.- Delia Dinora Sierra Aceituno: L.169,638.20, 21.- Ramón Alcides Rubí García: L.440,490.53, 22.- Ramón Wilfredo Peralta: L. 172,408.92, 23.- Lorenzo Antonio Martínez: L.343,724.75 y 24.- Santos Berrios Cárcamo: L.264,878.34. IV.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, las excepciones perentorias son aquellas que atacan el fondo o el derecho sustancial de la acción y la declaran extinguida o ponen fin a la demanda cuando se demuestra su existencia, que el representante procesal de la parte demandada opone el defecto procesal de prescripción consistente en que los demandantes agotaron el trámite administrativo ante la Secretaria del Trabajo con mucho más tiempo de lo que establece el artículo 863 y el 691 en cuanto al agotamiento del trámite administrativo del Código del Trabajo, que establecen claramente la prescripción de que antes de acudir a una instancia laboral debe agotar el tramite administrativos en el término de 60 días; es preciso aclarar que lo argumentado con lo fundamentado en el artículo 863 del Código del Trabajo, es improcedente al presente caso de autos, visto que dicha prescripción obedece a los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores, lo cual evidentemente no tiene nada que ver con el presente caso; por otra parte, lo alegado conforme al artículo 691 del Código del Trabajo, en cuanto a la prescripción del agotamiento del trámite administrativo, es igualmente improcedente, puesto que esta norma no establece ningún termino para el agotamiento de la vía administrativa, estrictamente establece el requisito previo para incoar acciones contra una entidad de derecho público, persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social, el agotamiento del procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente; y siendo que consta de autos cuatro actas de cierre de las diligencias administrativas gubernativas conciliatorias por decisión de las partes de los veinticuatro demandantes en consecuencia es del parecer de la suscrita juez, declarar sin lugar el defecto procesal de prescripción opuesto por el representante procesal de la parte demandada. La presente litis se contrae a pedir el Ajuste del 30% de las prestaciones e indemnizaciones laborales, de conformidad a la cláusul 51 párrafo 9 del Contrato Colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA que señala: Que la Institución reconocerá en calidad de prestaciones sociales a los trabajadores que hubieren sido despedidos por cualquier causa el preaviso, el auxilio de cesantía y demás derechos adquiridos en la forma siguiente: Preaviso: Cuando el trabajador haya superado el periodo de prueba, pero tenga menos de seis meses de trabajar, tendrá derecho en caso de despido a un preaviso de 22 días laborables consecutivos más los días no laborables correspondientes; el trabajador que tenga más de seis meses pero menos de un año tendrá derecho en caso de despido a un preaviso de 32 días laborables consecutivos, más los dos días no laborables correspondientes; el trabajador que tenga un trabajo continuo mayor de un año pero menos de dos años tendrá derecho a un preaviso equivalente a 60 días laborables consecutivos, más los días no laborables correspondientes; auxilio de cesantía: Aquellos trabajadores que tengan veinticinco años de servicio continuo o más, tendrán derecho a un auxilio de cesantía equivalente a 1375 días laborables, mas 25 días adicionales por cada año de servicio que exceda de los 25 días adicionales por cada año de servicio que exceda de los 25 años, más la parte proporcional por la fracción de año trabajado. Asimismo el INA se compromete a otorgar el 100% en un solo pago y en efectivo a trabajadores que fuesen cesanteados por cualquier causa tomando en cuenta el ingreso de los últimos 6 meses más el bono de vacaciones en haya recibido el trabajador durante el año; para lo cual se acredito en autos que a los demandantes al momento de la terminación laboral con la institución demandada por mutuo consentimiento; la parte demandada incumplió con lo señalado en la cláusula 51 párrafo 9 del Contrato colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA al haberles cancelado únicamente el 70% de las prestaciones laborales tal y como consta en las hojas de cálculos de indemnización y prestaciones laborales de cada uno de los demandantes que corren agregados a los autos; en vista de lo anterior y siendo que a los señores demandantes no se le ha pagado de forma correcta el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales la suscrita es del criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito; para el pago de ajuste del 30% de las prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad a la cláusula 51 párrafo 9 del contrato colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 22 de marzo del 2023, dicto sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: 1. DECLARANDO PARCIALMENTE CON LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el abogado CARLOS ROBERTO MEJÍA CHÁVEZ en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA). 2. REFORMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de fecha veintinueve (29) de enero de dos mil veintiuno (2021), REVOCANDO los numerales II y III de la misma. 3. Declarar SIN LUGAR la demanda promovida por el abogado JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ BONILLA en representación de los señores: 1) LUIS ROLANDO DERAS GARCÍA, 2) HUGO DANILO SÁNCHEZ PRADO, 3) HÉCTOR RAFAEL ORTIZ ARTICA, 4) CARLOS HUMBERTO AMADOR CAMBAR, 5) NELSON EDIT AGUILAR POSANTES, 6) ROGER ARNULFO MATUTE VARELA, 7) FERMÍN REYES FUNEZ, 8) PORFIRIO SÁNCHEZ BAQUEDANO, 9) CARLOS GEOVANY ORDOÑEZ SÁNCHEZ, 10) JUAN OVIDIO ZAVALA RODRÍGUEZ, 11) CRISTIAM RIGOBERTO AYALA BONILLA, 12) ALFREDO PEREZ CHAPAS, 13) FAUSTO ENRIQUE ECHEVERRIA VILLATORO, 14) ALEX DAVID HERNÁNDEZ MOYA, 15) LORGIA LIZZETTE ZEPEDA HERNÁNDEZ, 16) VILMA GLADYS CASTELLANOS CASTILLO, 17) NERLYN OLMEDA GALVEZ ACOSTA, 18) ROSA MARÍA ALONZO GALVEZ, 19) JUAN MIGUEL MORALES RODRIGUES, 20) DELIA DINORA SIERRA ACEITUNO 21) RAMON ALCIDES RUBI, 22) RAMON WILFREDO PERALTA, 23.-LORENZO ANTONIO MARTINEZ y 24) SANTOS BERRIOS CARCAMO contra el INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) por medio de su Director Ejecutivo el Licenciado RAMÓN ANTONIO LARA BUEZO, pago del ajuste del treinta por ciento (30%) de las prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad a la cláusula 51 párrafo 9 del contrato colectivo suscrito entre el INA y el SITRAINA. 4. Absolver al INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (INA) del pago del ajuste del treinta por ciento (30%) de las prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad a la cláusula 51 párrafo 9 del contrato colectivo suscrita entre el INA y el SITRAINA reclamado por los demandantes. 5. CONFIRMAR los numerales I y IV de la sentencia apelada. 6. SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, no hay duda que la terminación de los contratos de trabajo de los demandantes se produjo por mutuo consentimiento al haber comunicado el Instituto Nacional Agrario (INA) que estaría dispuesto a pagar el 70% de las indemnizaciones laborales a los trabajadores que soliciten su retiro; y por esta razón, los demandantes comunicaron su intención de retirarse de la citada institución con el pago del 70% de sus indemnizaciones laborales, aceptando el INA las solicitudes presentadas y pagando el 70% de las indemnizaciones laborales, lo que fue documentado a través de actas levantadas por inspectores del trabajo. Y se configuró la terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento, la demanda se funda en que los acuerdos a que llegaron el INA con los demandantes es nulo debido a que como trabajadores del INA, a los demandantes se les debe aplicar el contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre el INA y su sindicato y específicamente la cláusula 51 párrafo 9 del citado contrato colectivo que establece que el INA se compromete a otorgar el 100% en un solo pago y en efectivo a los trabajadores que fuesen cesanteados por cualquier causa, tomando en cuenta el ingreso de los últimos 6 meses más el bono de vacaciones que haya recibido el trabajador durante el año. La parte demandante con base a este párrafo señala que tiene derecho al ajuste de 30% de las prestaciones e indemnizaciones laborales, sosteniendo que es un derecho adquirido y que es irrenunciable, interpretando dicho párrafo en el sentido de que a consecuencia de la terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento, los demandantes fueron cesanteados por lo que les correspondía el 100% de las indemnizaciones laborales y no el 70% convenido y siendo que este es un derecho que contiene la contratación colectiva el mismo es irrenunciable por lo que el convenio es nulo conforme al artículo 3 del Código del Trabajo que señala que son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera, al contrario, la parte demandada señala que este párrafo solamente es aplicable en los casos de despido, no en los casos de terminación por mutuo consentimiento del contrato de trabajo. En ese orden de ideas se observa que el contrato colectivo utiliza la frase "los trabajadores que hubiesen sido cesanteados por cualquier causa", por lo que claramente se refiere a los trabajadores que el INA hubiese cesanteado; es decir, a los casos en que el INA hubiera despedido en un acto unilateral, no siendo aplicable a los casos en los que ambas partes han puesto fin al contrato de trabajo por mutuo consentimiento, por lo que si bien a través de la contratación colectiva los trabajadores del INA tienen derecho al pago del 100% de las indemnizaciones y prestaciones laborales sin importar si la causa que dio origen al despido esté o no en las causales del artículo 112 del Código del Trabajo, esta cláusula es aplicable a los casos de terminación del contrato de trabajo en los que el trabajador es cesanteado por el patrono, pero no se aplica a los casos en los que no hay despido. El artículo 111 del Código del Trabajo señala las diferentes formas de terminación del contrato de trabajo, entre las que se encuentra el mutuo consentimiento y el despido como dos formas diferentes de terminar el contrato de trabajo con diferentes consecuencias; la regulación del citado párrafo 9 de la cláusula 51 del contrato colectivo del INA se refiere únicamente a los casos en que el trabajador sea cesanteado, no en los casos de otras formas de terminación del contrato de trabajo que la contratación colectiva no ha incluido; que si bien el párrafo 9 de la cláusula 51 del contrato colectivo del INA mejora las condiciones de contratación de los empleados del INA, solo es aplicable en los casos en los que el patrono actúa unilateralmente cesanteando a un empleado, situación que no se presentó en el caso, pues, como se mencionó, la terminación del contrato de trabajo en el caso fue por mutuo consentimiento, por lo que las actas levantadas ante inspectores de trabajo donde se formalizaron las transacciones de pago del 70% de las indemnizaciones laborales y el 100% de los derechos adquiridos no incluyeron renuncia a los derechos de los trabajadores consignados en la citada cláusula; al contrario entre las partes acordaron un pago que no está previsto para los casos de terminación por mutuo consentimiento de acuerdo al artículo 111 del Código del Trabajo, por lo que no puede entenderse que sean nulas al tenor de lo dispuesto en los artículos 128 de la Constitución de la República y del código del Trabajo, esto no obsta para que en otros casos sí se pueda suscribir un acuerdo ante inspector del trabajo que no tenga validez por contener una renuncia a derechos fundamentales o a derechos adquiridos, pues la intención del inspector del trabajo no garantiza la inexistencia de estas renuncias ilegales de derechos de los trabajadores, que en sus alegatos en segunda instancia, la parte apelante no se refiere a la decisión que resuelve las excepciones de transacción y prescripción, por lo que conforme a lo señalado en el artículo 701.1 del Código Procesal Civil esos puntos no son objeto de decisión en esta instancia. Que por las razones antes expuestas procede reformar la sentencia que se conoce en apelación, declarando sin lugar la demanda para el ajuste del 30% de las indemnizaciones laborales de los demandantes y confirmando las demás partes de la sentencia. 5. Mediante auto de fecha 29 de febrero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de los señores LUIS ROLANDO DERAS GARCIA, HUGO DANILO SANCHEZ PRADO, HECTOR RAFAEL ORTIZ ARTICA y otros, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 10 de mayo del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su condición de representante procesal de los señores LUIS ROLANDO DERAS GARCIA, HUGO DANILO SANCHEZ PRADO, HECTOR RAFAEL ORTIZ ARTICA y otros, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 20 de mayo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de julio del 2024, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte del Abogado TEOBALDO CARDONA FIGUEROA en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código de Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado JOSE RAMON MARTINEZ BONILLA, en su primer y único motivo de casación alega: “ Acuso ser la sentencia de violación de ley sustantiva nacional, en infracción indirecta proveniente de APRECIACIÓN ERRÓNEA del medio de prueba documental publico propuesto y admitido a la parte demandante que consta a folios 83 al 100 de la primera pieza de autos, que hizo incurrir en un ERROR DE HECHO que aparece manifestó en los autos y que conllevo de forma indirecta a la violación de la norma sustantiva nacional contentiva del PARÁGRAFO PRIMERO DEL ARTICULO 60 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO y NUMERAL 1 DEL ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: En primer termino se singulariza que la prueba que ha sido apreciado erróneamente es la documental publica que obra del folio 83 al 100 de la primera pieza de autos, la cual consiste en el IX Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre el instituto nacional agrario "INA" y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional Agrario "SITRAINA"; y de manera más precisa y especifica a el párrafo 9no de la cláusula 51 que se encuentra en el vuelto del folio 96. Es a causa de la apreciación errónea del señalado medio de prueba; que se ha incurrido en un error de hecho manifiesto el cual es de tal trascendencia que trajo como consecuencia la violación a las normas sustantivas de índole nacional laboral consistente en el artículo 60 del Código del Trabajo que contiene la obligación que contraen los firmantes de un Contrato Colectivo y el numeral 1 del artículo 95 del Código del Trabajo, que establece que los patronos se encuentra en la obligación de pagar a sus empleados la remuneración en las condiciones, periodos y lugares convenidos en los Contratos Colectivos. Considero preciso agregar, para lo que concierne a la presente acción, que en efecto las normas señaladas, cumplen a cabalidad las exigencias para ser consideradas como normas sustantivas laborales de índole nacional, por ser normas del derecho laboral positivo de carácter nacional, que para el caso que nos ocupa consagran obligaciones, siendo la primera la obligación de los firmantes de un contrato colectivo y la obligación patronal de pagar las remuneraciones pactadas en estos documentos bipartitos. Por otro lado, es importante hacer ver que la apreciación errónea de la prueba singularmente citada, es decir párrafo 9no de la cláusula 51, por medio del error de hecho, es manifestó, pues pugna contra la evidencia demostrada y trajo como consecuencia inexorable la violación a la norma sustantiva, por los motivos que a continuación argumento. Observamos que el medio de prueba consistente en el párrafo 9no de la cláusula 51 del Contrato Colectivo, es contundente al señalar que el INA se compromete a otorgar el cien por ciento (100%) en un solo pago y en efectivo a los trabajadores que fuesen cesanteados por cualquier causa. Dicho esto, el tribunal de segunda instancia, en su Considerando 5to del fallo objeto de estudio, aprecia y es del parecer que la palabra cesantía es el equivalente a un despido; y es precisamente dicha apreciación la cual se acusa de ser completamente errónea; por no solamente contradecir el espíritu mismo de la figura jurídica dentro del mundo laboral como lo es la "Cesantía", sino que también por pugnar contra la propia etimología de dicho término, ya sea en su uso ordinario o jurídico; así como que contraría la hermenéutica del Derecho Laboral; siendo una evidencia de ello, que inclusive contradice a los mismos doctrinarios bajo los cuales basa su apreciación. Afirmación que se hace, puesto que el termino cesantía, o auxilio de cesantía, proviene o nace a la vida jurídica como una indemnización que se le otorga a la persona que ha cesado en la prestación de su fuerza de trabajo como fuente primigenia de sustento económico, como idea que ha cimentado el derecho del trabajo; por lo que el mismo (auxilio de cesantía) es este auxilio o ayuda que se le da al que ha cesado en prestar su fuerza de trabajo, sin distinguir el motivo o causa; si tomamos en cuenta que el mismo procede ya sea parcial o total, no solamente en caso de despido, sino que también en casos de renuncia, muerte, o enfermedad cuando se cumplen diversos requisitos, suspensiones de trabajo prologadas, asimismo en casos de cierres de negocios e incluso en caso de despido indirecto como decisión unilateral del empleado. Es en este orden de ideas que me permito citar las siguientes definiciones del término cesantía por parte de doctrinarios: “Cesantía. del latín cessare, pararse, de cederé, ceder, cesar es terminar, concluir algo; cesantía por su parte, se dice de la persona -trabajador o empleado que deja de trabajar, o mejor que se queda sin empleo. Cesantía puede significar, en consecuencia, de dos cosas: la primera, el estado en que se encuentra quien en un momento dado carece de ocupación; la segunda, el auxilio monetario que en determinadas circunstancias recibe la persona que se queda sin empleo, esto es, que se encuentra cesante. " (el subrayado es nuestro) "Cesantía: privación de un puesto o cargo público por resolución del gobierno u otra autoridad, fundada por lo que común en la oposición política del del puesto que pierde su carrera y demás beneficios económicos. / Como equivalente de despido (v.), se aplica a obreros y empleados particulares. / Paga que, por ley: disfruta cuartos empleados o funcionarios cesantes cuando concurren determinadas circunstancias. Suele concederse a los que han ostentado la jefatura del Estado en las Repúblicas o los cargos de ministros en los distintos regímenes. / Estado de cesante (v.), tan frecuente en épocas de caciquismo o dictaduras." (el subrayado es nuestro) "cesantía f. Estado de cesante. Sin.: desempleo, desocupación, paro2. 2. f. Paga que disfrutan ciertos empleados cesantes, de acuerdo con las leyes. Sin.: paro2. 3. f. Correctivo por el que se priva al empleado de su destino, sin que lo incapacite para volver a desempeñarlo. 4 f. Arg., Cuba, Nic., P. Rico, Ur. y Ven. Rescisión de un contrato laboral por parte del empleador. Sin.: rescisión, cese, destitución, suspensión, despido. (el subrayado es nuestro) Observamos de lo anterior que la cesantía no se circunscribe de manera tan llana, como lo que se ha hecho en la sentencia que se solicita sea casada; en un simple sinónimo de despido. Por otro lado, el termino despido es definido doctrinariamente como la decisión unilateral del patrono de dar por terminada una relación laboral, independientemente tenga esta un asidero legal o no; esto si analizamos las siguientes definiciones: "Despido. Del latín de, y de expediré: soltar, despedir es arrojar, lanzar, expulsar. Con la denominación genérica de despido se conoce en derecho laboral el acto por el cual el empleador prescinde de los servicios de su empelado o trabajador. Es tan gerencia la expresión, que se utiliza tanto en el sector público como en el sector privado, y se refiere siempre a la situación en la cual es el empleador quien toma la iniciativa de prescindir de los servicios de su trabajador. Generalmente estas determinaciones son motivadas en la conducta del trabajador, que el empleador encuentra inaceptable. Por ello, en todos estos casos suelde decirse: Fulano fue "despedido". (el subrayado es nuestro) "DESPIDO LABORAL. locución que se propone, por la caracterización precisa que el adjetivo laboral procura, para referirse a la extinción del contrato de trabajo por decisión del empresario. El desenvolvimiento de sus instituciones se realiza al tratar de la voz despido (v.), en los epígrafes 2 y ss." (el subrayado es nuestro) "Despido son << todos aquellos casos en los que el empresario, con apoyo o no en las previsiones legales, decide unilateralmente la extinción del contrato>>(STS de 26 de febrero de 1990). ” (el subrayado es nuestro)"despido 1. m. Acción V efecto de despedir o despedirse. 2. m. Decisión del empresario por la que pone término a la relación laboral que lo unía a un empleado. Sin.: cese, destitución, expulsión, suspensión, cesantía, exoneración. Ant.: contratación. 3. m. Indemnización o finiquito que recibe el trabajador despedido. Sin.: finiquito, indemnización. despido improcedente 1. m. despido que en un juicio se declara no ajustado a las causas legales. despido procedente 1. m. despido que se ajusta a las causas legales." (el subrayado es nuestro) Vemos del conglomerado de definiciones, y sin miedo a equivocarme en caso de buscar más; que el termino de despido y cesantía; si bien relacionados, son distintos ya que, por un lado; podemos entender el despido como la decisión unilateral de patrono de rescindir un contrato de trabajo y la cesantía como una pago o consecuencia de la cesación de la prestación de la fuerza de trabajo en respeto al Principio de Estabilidad Laboral así como que para proporcionarle a un empleado un sustento económicos mientras se encuentra cesante y se logra colocarse nuevamente en el mundo laboral, la cual aplica no solamente en casos de despido. En otro orden de ideas, la apreciación errónea dada a la prueba en mención se encuentra en discrepancia al Derecho del Laboral que se basa en tres reglas: la norma más favorable, condiciones más beneficiosa y el un dubio pro operario; pues las reglas de la hermenéutica prescriben en principio general que "en caso de duda" debe de resolverse en favor del trabajador ; la cual ciertamente se encuentra consonante una al PRINCIPIO PRO PERSONA "PRO HOMINE" que informa todo el derecho de los Derechos Humanos, que impone que los derechos humanos deber ser entendidos, regulados, y llegado el caso, resueltos en el sentido más favorable a la persona humana. Aseveración a la cual se arriba, en virtud de que el Ad Quem, al momento de apreciar dicha prueba así como los alcances de la misma, lo hace en el sentido más restringido en cuanto a los derechos de los demandantes; ya que al momento de definir el término "cesantear", este lo hace únicamente en referencia a un despido; cuando el haz probatorio que se alega ha sido apreciado erróneamente, es preciso al señalar que el pago que se reclama en el presente proceso, aplica cuando un empleado haya sido cesanteado por cualquier motivo, sin restringir dicho pago solo a despidos, como ha ocurrido en el caso de autos. Esto previo, ya que de la lectura del considerando Quinto del fallo en mención, utiliza las definiciones de cesantía únicamente en lo que se relaciona o se asemeja a un despido, cuando tal y como se ha desarrollado previamente; incluso por medio de las definiciones dadas por los mismos doctrinarios utilizados por el Ad Quem, por la definición dada por la RAE y por otros escritores del derecho laboral; cuando en efecto la cesantía es un término más amplio y no es un simple sinónimo de despido; es decir que la aprecio de la manera más básica y aún más grave, de la manera más perjudicial para el ser humano. Por lo tanto, y siendo que el termino cesantear proviene de la palabra cesantía la cual a su vez y etimológicamente proviene del latín cessare que significa cesar, terminar o concluir algo: es que debemos entender que cuando la contratación colectiva se ha referido a que se le pagarán las prestaciones por cualquier motivo que fuese cesanteado, en efecto se refiere a que por cualquier motivo que este haya en prestar su fuerza de trabajo estas se pagarán; a contrario sensu lo que hubiese ocurrido si al momento de negociar el contrato colectivo, el Sindicato y Patrono hubieran plasmado la palabra "despido" en lugar de "cesanteado"; ya que de ser así nos encontraríamos ante un escenario completamente distinto. Es a causa de todo lo argumentado anteriormente, que podemos concluir que la apreciación dada por la Corte de Apelaciones al párrafo 9no de la cláusula 51 del Contrato Colectivo, es sin lugar a dudas una errónea; lo que ha provocado como inexorable consecuencia que el INA se vea absuelto de dar cumplimiento a la norma sustantiva contentiva del articulo 60 párrafo primero y numeral 1 del artículo 95, ambos, del Código del Trabajo, que en síntesis prevé la obligación de pagar la remuneración pactada en los Contratos Colectivos así como de darle cumplimiento a los mismos; ya que derivado de este fallo el INA se encuentra exenta de pagar a los demandantes sus prestaciones e indemnizaciones laborales en apego a la contratación colectiva. Honorables magistrados, considero preciso hacer propios los argumentos plasmados por la propia Sala Laboral en cuando a la finalidad de la casación, que es en efecto la unificación de la jurisprudencia, tal y como se observa a continuación: "Que el caso en referencia es similar al que se revisa en este extraordinario recurso, siendo la jurisprudencia la interpretación que los jueces hacen de la ley para aplicada a los asuntos sometidos a su jurisdicción o juzgamiento, individualizando la regla general en cada caso concreto. Su finalidad es servir de instrumento de garantía de la igualdad de todos ante la Ley, de la seguridad y certidumbres jurídicas, ya que la unificación de la jurisprudencia nacional del trabajo es una de las finalidades principales del mismo, tal como lo enuncia el primer párrafo del artículo 764 del Código del Trabajo" Es de esta manera, que el presente motivo, adquiere una mayor trascendencia que la propia del mismo, ya que el Ad Quem ha apertura un verdadero debate jurídico en el cual se encuentra en discusión la figura jurídica de la "cesantía" la cual ha sido definida como un sinónimo de despido. Resulta por ello, de suma importancia que por medio de criterio jurisprudencial quede debidamente definido y aclarado para la comunidad en general, que el termino cesantía y despido no son lo mismo; caso contrario a la conclusión a la cual ha arribado el Ad Quem. Esto previo con la finalidad de brindar seguridad jurídica y que las nobles figuras propias del Derecho del trabajo no se tergiversen de sentido macabro y provoquen, como en el caso de autos, un retroceso a derechos y conquistas adquiridas. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: ; a) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea ; y, c) formula extensos alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “ No bastando el motivo de casación expuesto; existe la concurrencia de los presupuestos necesarios para que se decrete la nulidad a partir del sentencia definitiva proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintitrés, en el expediente 14208-21; por ser esta resolución una dictada prescindiendo de las esencialidades del procedimiento, debido proceso y ha causado indefensión; siendo tales circunstancias al tenor del artículo 212.4 del Código Procesal Civil de aplicación supletoria, válidas causas de nulidad. Claramente señala el artículo 3 del Código Procesal Civil, como norma esencial que regula el proceso, que las partes tienen el derecho de un debido proceso, en respeto a la Constitución de la Republica y las Leyes ordinarias en condiciones de igualdad y que el órgano jurisdiccional, competente, independiente e imparcial dicte una resolución de fondo justa y motivada; esto anterior ya que constituye un derecho humano inalienable el poder reclamar la tutela judicial efectiva de sus derechos, tal y como se observa en el articulo 8 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; artículo 8 la Convención Americana Sobre Derechos Humanos suscrita en la conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José", y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es por ello por lo que para la correcta tutela de estas garantías que el Estado está obligado de actuar legalmente es decir sin atentar directamente contra la Ley ni contra el espíritu de esta y su finalidad; y es en virtud esto previo que observamos que el fallo objeto de estudio atenta en contra del espíritu del derecho del trabajo y en contra del sentido mismo de lo que el termino cesantía significa. Esto ya que tal y como se desarrolló ampliamente en el motivo de casación, la cesantía o auxilio de cesantía es un pago indemnizatorio que tiene como objeto de Proporcionar una colchón económico para el trabajador que ha cesado en la explotación de su fuerza de trabajo; y que dicho pago, se ejecuta en distintas situaciones, como ser despido (art 112 Código del Trabajo), despido indirecto (art 114 Código del Trabajo), cierre de negocio (art 126 Código del Trabajo), muerte natural del trabajador (art 120 literal f Código del Trabajo), retiro voluntario (art 120 literal G Código del Trabajo), enfermedad que provoque una suspensión de labores por más de 6 meses (art 105 del Código del Trabajo) y otra gama de casos obtenidos mediante Contrataciones Colectivas, derivados de la propia naturaleza de estos documentos de superar los mínimos legales. Dicho en términos sencillos, el auxilio de cesantía no se paga solo en de despido. Vemos en este sentido que en la sentencia proferida es una que padece de tal vicio de nulidad por haber sido dictada en contra de la verdadera naturaleza del derecho del trabajo y sus principios, por considerar que la cesantía es sinónimo de despido. Por otro lado, aún más gravoso y en una directa y flagrante violación del Principio de Igualdad ante la Ley y no Discriminación, el fallo dictado es mutuamente excluyente a otro fallo dictado con una diferencia de 25 días, en condiciones similares, con la misma pretensión y mismo argumento legal; siendo por si mismo, dicho vicio uno el cual provoca nulidad, tal y como ya ha resuelto la Sala Laboral-Contencioso Administrativo; según se evidencia de la citación que a continuación se deja plasmada: "Que revisada la sentencia recurrida proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, de fecha 13 de diciembre de 2012, visible a folios 11 al 14 de la segunda pieza, donde revoca la de primera instancia que había declarado improcedente la acción promovida por JOSE RAUL PANAMEÑO PORTILLO contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, se puede establecer que existe una clara contradicción con fallos proferidos por ese mismo Tribunal en casos análogos o similares, ya que en unos ha aplicado la prescripción ordinaria para las acciones personales establecida en el Código Civil (sentencia dictada el 8 de agosto del 2013 en el recurso en apelación contenido en el expediente número 160-12 en la demanda promovida por Oscar J. Reyes y Gloria Reyes contra el Estado de Honduras) y en el asunto que nos ocupa se acobija su criterio de la imprescriptibilidad específicamente en el considerando (6) donde establece que se extrae del ambiente jurídico y legal, pero no especifica claramente la normativa nacional o intencional para sustentar su fundamento. Razón por la cual se considera que la variación de criterios contradictorios no está suficientemente motivada. - "Lo cierto es que Jueces y Magistrados se expresan a través de sus resoluciones y sentencias, pero no se le puede mandar un mensaje a la población de incertidumbre e inseguridad jurídica al no respetar los principios de la igualdad y auto precedente, es decir los juzgadores se encuentran obligados a resolver los casos similares con los mismos criterios, in distinción ni discriminación y basados en el derecho aplicable, formando jurisprudencia que si bien la pueden variar, tienen que motivar tal determinación estableciendo la evolución que ha sufrido la misma"(el resaltado es propio) Lo anterior ya que en fecha 15 de febrero de 2023, la Corte de Apelaciones del Trabajo en el expediente 14592 conocido en esta honorable Sala Laboral contencioso Administrativo bajo número SL-242-23, dictó una sentencia en la cual confirma la de primera instancia cuya condena es exactamente la pretendida en el presente proceso que fue declarado sin lugar el veintidós días del mes de marzo del año dos mil veintitrés. ES DECIR QUE EL 15 DE FEBRERO DE 2023 DECLARA CON LUGAR LA DEMANDA Y 25 DÍAS HÁBILES DESPUÉS, DOS DE LOS TRES MAGISTRADOS QUE CONOCIERON DEL PRESENTE CASO DECLARAN SIN LUGAR LA MISMA PRETENSIÓN; esto si observamos en Considerado 12 del fallo de fecha 15 de febrero de 2023 el cual dice lo siguiente: "CONSIDERADO (12); que también consta en la primera pieza de autos, que a los demandantes únicamente se le pagaron el 70% de los derechos que le reconoce el IX contrato colectivo suscrito entre el INA y el sindicato de trabajadores, por lo que procede el pago del 30% restante de dichos derechos tal y como lo pretenden los demandantes". Esto anterior, violenta sin lugar a dudas el debido proceso desarrollado en el artículo 3 del Código Procesal Civil, puesto que no solamente la Corte de Apelaciones dicta sentencias mutuamente excluyentes violentando el principio de legalidad, sino que también vulnera una constante ineludible de los Derechos Humanos, es decir el Principio de Igualdad ante la Ley y no Discriminación; ya que resulta completamente inaudito que un MISMO ENTE JURISDICCIONAL DICTE SENTENCIAS MUTUAMENTE EXCLUYENTES CON MENOS DE UN MES DE DIFERENCIA; tal y como ha ocurrido en el antecedente citado; tratando desigualmente distintas personas que han acudido a ella para tutelar sus derechos laborales. Cabe agregar, a esto anterior, que dicha Corte de Apelaciones ya anteriormente se había pronunciado de casos similares al que fue reclamado por medio del presente proceso; tal y como se observa en el fallo 11969 y que se encuentra agregado a los autos que obran a folios 257 al 260; fallo el cual igualmente fue sometido a conocimiento de la presente Sala Laboral Contencioso bajo el expediente número SL-539-2018 y se mantuvo incólume. Tal tratamiento desigual con menos de 25 días de diferencia por un mismo ente jurisdiccional colegiado e integrados por los mismos Magistrados, efectivamente violenta la siguiente normativa del Bloque de constitucionalidad, que incluye normas del IUS COGENS siguientes: artículos 1 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 2 del PIDESC y artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículos 1 y 24 del Pacto de San José y artículo 3 del Protocolo de San Salvador. Es así como procede, en el remoto caso que no prospere el motivo de casación, que se declare con lugar la nulidad alegada a partir de la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones, por violentar el Debido Proceso, Principio de Legalidad y el Principio de Igualdad ante la Ley y no Discriminación; siendo todas y cada una de estas garantías esenciales que deben de respetarse en todo proceso; y como consecuencia se proceda a dictar nuevo fallo atendiendo las exigencias de la ley”. V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto se estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimable las nulidad alegada de forma subsidiaria. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, MARIO ROLANDO DIAZ FLORES. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de junio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 583-2023. FIRMA Y SELLO.
RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY
RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.