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Sentencia CL-578-23 — Registro 19633

Resumen

En la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, primera instancia declara con lugar la demanda ordinaria laboral, reconoce la permanencia, concediéndole todos demás derechos, al pago, al reintegro a su puesto de trabajo, segunda instancia confirma la sentencia y esta Sala declaró sin lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 16 de mayo del 2024, por el Abogado ISAÍAS SALOMÓN NIETO MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la señora DANIELA ANAHÍ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, representada en juicio por la Abogada MARÍA DEL CARMEN BONILLA BANEGAS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo; en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, por ende pide el nombramiento por Acuerdo, asimismo, la reinstalación a su puesto de trabajo y restitución a sus funciones, por la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo sin causa justificada; pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causado y proporcional, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de febrero del 2019, por la señora DANIELA ANAHÍ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, mayor de edad, soltera, Ama de casa, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE), por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de septiembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 28 de octubre del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarando CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por DANIELA ANAHÍ SÁNCHEZ MARTÍNEZ mayor de edad, soltera, hondureña, y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a: 1) Reconocer que la relación laboral de la demandantes, es de carácter indefinido, por cuanto el ESTADO DE HONDURAS debe reconocer a la demandante LA PERMANENCIA en su puesto de trabajo como ASEADORA, concediéndole todos demás derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, a partir de la fecha de inicio de la relación laboral el tres (3) de agosto del año 2015; 2) Al reintegro a su puesto de trabajo, por lo menos en Igualdad de condiciones, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios que estos habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo en fecha treinta y uno (31) de diciembre del año 2018, hasta la fecha que sea reinstalada en su puestos de trabajo; 3) Al pago del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario del periodo 2016-2017; así como el pagó el bono por vacaciones causados y proporcionales desde el Inicio de la relación laboral hasta su finalización; conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno. II. CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a: 1) Reconocer que la relación laboral de la demandantes, es de carácter indefinido, por cuanto el ESTADO DE HONDURAS debe reconocer a la demandante LA PERMANENCIA en su puesto de trabajo como ASEADORA, concediéndole todos demás derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, a partir de la fecha de inicio de la relación laboral el tres (3) de agosto del año 2015; 2) Al reintegro a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios que estos habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo en fecha treinta y uno (31) de diciembre del año 2018, hasta la fecha que sea reinstalada en su puestos de trabajo; 3) Al pago del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario del periodo 2016-2017; así como el pagó el bono por vacaciones causados y proporcionales desde el inicio de la relación laboral hasta su finalización; conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno. III.- SIN COSTAS en esta instancia..." ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral para el demandado el 03 de agosto del 2015, en el puesto de Aseadora la Regional de la Serna en San Pedro Sula; devengando un salario de L. 10,317.00, y que se vencía el 31 de diciembre del 2018; que la contratación fue por medio de la suscripción de varios contratos de trabajo de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo que establece: Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuos en la empresa, se consideran como celebrados por tiempo indefinidos aun que en ellos se exprese términos de duración, si al vencimiento de dicho contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas, no importando el nombre que se les consigne a los contratos de trabajo en referencia; y como podía observarse en los contratos de trabajo, estos reúnen todos los elementos de un contrato de trabajo al tenor de lo preceptuado en el artículo 20 del Código de Trabajo, los cuales eran la actividad personal del trabajador, la continua subordinación o dependencia y un salario o retribución del servicio, así como el cumplimiento de un horario de trabajo y eran labores permanentes y no pueden desaparecer por la naturaleza de las mismas; dejando ver una simulación de contratos de trabajo por tiempos determinados, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, acto estimulatorio que tiene como finalidad evadir simulaciones estipuladas en la ley laboral (en fraude a la ley); en virtud de lo anterior consideró que le asistía el derecho a la permanencia en el puesto de trabajo que había venido desempeñando, con todos los derechos que tenían los empleados permanentes en la institución demandada, por ende su nombramiento mediante acuerdo. Manifestó que en su caso lo que sucedió fue que la institución demandada una vez vencido su último contrato de trabajo en fecha 31 de diciembre del 2018, sin causa justificada no renovó el mismo a pesar de estar consciente que le asistía el derecho al trabajo por la continuidad de dichos contratos; viéndose obligada por la vía judicial a solicitar tanto la permanencia en su puesto de trabajo, como la reinstalación al mismo y la restitución a sus funciones, en virtud de las labores continuas que había venido desempeñando por más de tres años con cuatro meses, a través de contratos individuales de trabajo por tiempo determinado y al tenor de lo preceptuado en los artículos 47 del Código del Trabajo y el 129 constitucional que le asistía al derecho reclamado. Asimismo, argumentó que, con el ánimo de buscar una solución a las diferencias suscitadas entre las partes, presentó reclamo administrativo ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social, dándose por agotado el mismo, por no haber voluntad de parte del empleador en conciliar sus diferencias. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones que persigue la demandante, apoyando su defensa, aduciendo que no es suficiente la afirmación que haga la parte demandante en sus hechos de demanda, ya que debe de fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en juicio, pues en materia probatoria, es un principio universal que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, constituyendo la máxima ONUS PROBANDI ENCUMBIT ACTORI y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que la Honorable Juez pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana crítica para formar libremente su criterio. Y que atendiendo la naturaleza jurídica del demandado (Gobierno Central) y aplicando lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, no le eran aplicables las disposiciones del Código del Trabajo, siendo aplicables al caso de mérito su reglamento de Régimen Especial y en lo no dispuesto el Reglamento de Ley de Servicio Civil y demás normas administrativas; razón por la que considerando las necesidades del demandado, fue que contrató a la demandante mediante un Contrato Temporal, en aplicación estricta de los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. En ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 1) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que caso como ese era de jurisdicción de lo Contencioso y no del Juzgado del Trabajo; y que el argumento en que se apoyó la parte actora para reclamar el derecho subjetivo que pretendía, en el texto legal de los artículos 20 y 47, del Código de Trabajo, los que desarrollan los elementos esenciales para considerar la posible existencia de una relación de trabajo y la continuidad en esas labores, mismos que no se podían aplicar de manera antojadiza por el simple hecho que le convenían. Argumentó que, al ser el demandado del gobierno central, las relaciones con sus servidores eran regulados por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento y nunca por el Código del Trabajo, por ende, no le serian aplicables esas normas del Código del Trabajo citadas. En ese orden de ideas, fundamentar sus pretensiones para exigir un reconocimiento de permanencia por la suscripción de los contratos sería en menos cabo del artículo 60 de la Constitución de la República, el que dispone que "todos somos iguales ante la ley"; no obstante, la actividad temporal se debió a que la plaza no existía y por ende no podía otorgársele un nombramiento de la Dirección de Servicio Civil. Recalcó que el demandado suscribió contratos a término con la demandante, los cuales tenían fecha de inicio y finalización, firmándose de esa manera en vista de que el demandado estaba sujeto a un Plan Operativo Anual (POA) y a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, por lo que no podía excederse, tal como lo determina la Constitución de la República en su artículo 364 "No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias". Asimismo, la parte actora desconocía que, al ser un órgano centralizado, sus empleados permanentes se debían regir por la Ley de Servicio Civil; consecuentemente si pretendía que se le reconociera tal permanencia debía dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 11 de la Ley de Servicio Civil que literalmente dispone: "Para ingresar al Servicio Civil se requiere.... 5. Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley"; asimismo el Artículo 7 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil establece: "El régimen del Servicio Civil se aplicará a los empleados del Poder Ejecutivo, cuyo ingreso se haya efectuado llenando los requisitos del artículo 11 de la Ley y los establecidos en este Reglamento, así como los aspirantes que estén tramitando su ingreso"; normativas que no fueron cumplimentadas por la demandante; por consiguiente el demandado no podía dejar de aplicarlas para otorgar un nombramiento (permanencia); de no hacerlo así, sería violentar las normas y procedimientos legales, pues se estaría en flagrante transgresión de las leyes administrativas atinentes al caso; por lo que concluyó, que esa no era la vía legal para alcanzar tal fin. Además de lo anteriormente manifestado, en el oficio de fecha 28 de diciembre del 2018, remitida por el Sub Gerente de Recursos Humanos el Licenciado Oscar Mejía, en donde se le manifestó a la parte actora, que su Contrato Administrativo de Servicios Personales se vencía el 31 de diciembre de 2018, en aplicación a lo que establece la "CLÁUSULA OCTAVA NUMERAL 12: RESCISIÓN DE CONTRATO: Este contrato podrá rescindirse por las siguientes causas y sin ninguna responsabilidad para "LA SECRETARIA""... 12) "Por decisión unilateral de las partes"; en su defecto hizo notar que la demandante en ningún momento fue objeto de despido, pues se dejó manifestado que lo acaecido fue la llegada de la fecha de finalización del Contrato Administrativo de Servicios Personales; en consecuencia al no acreditarse ni existir un despido este no se podía calificar como legal o ilegal, y al no poderse calificar como ilegal no procedería la imposición a la reinstalación al puesto de trabajo, restitución a las funciones, pago de salarios dejados de percibir, pues conforme a la normativa del artículo 113 del Código de Trabajo, ese fue un acto consecuencia del otro, pues el derecho al reintegro surte efecto en el caso en que el despido sea injustificado; no obstante la demandante aceptó y consintió el plazo establecido en el contrato, a ese efecto no podía obligar al demandado a reconocerle derecho alguno, tomando en cuenta que cada contratación debía hacerse según las disponibilidades presupuestarias del ejercicio fiscal de cada año y sería en el proceso del debate que oportunamente se demostraría que no tenía sustento para entablar su acción de demanda. Finalmente, arguyó, que era completamente improcedente la pretensión de la demandante, en cuanto a que esa judicatura del trabajo le otorgue un nombramiento de permanencia bajo el régimen de Servicio Civil, lo que fue claro extrapola la competencia del Juez del Trabajo, siendo competente única y exclusivamente para tal fin, la Dirección General de Servicio Civil; y otorgar tal nombramiento de parte de este Juzgado, sería fuera del ámbito de su competencia. Y que en cuanto a que la demandante solicitó la intervención de las autoridades administrativas de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, el demandado no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, mucho menos al tratarse de Contratos que son regidos por la Ley de Servicio Civil, ya que la jurisdicción competente (soluciones de controversia) es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece la cláusula décimo primera del Contrato Administrativo de Servicios Personales, suscrito entre la parte actora y el demandado, y el artículo 3 literal a), de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de octubre del 2022, dictó sentencia definitiva que, en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarando CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por DANIELA ANAHÍ SÁNCHEZ MARTÍNEZ mayor de edad, soltera, hondureña, y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a: 1) Reconocer que la relación laboral de la demandantes, es de carácter indefinido, por cuanto el ESTADO DE HONDURAS debe reconocer a la demandante LA PERMANENCIA en su puesto de trabajo como ASEADORA, concediéndole todos demás derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, a partir de la fecha de inicio de la relación laboral el tres (3) de agosto del año 2015; 2) Al reintegro a su puesto de trabajo, por lo menos en Igualdad de condiciones, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios que estos habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo en fecha treinta y uno (31) de diciembre del año 2018, hasta la fecha que sea reinstalada en su puestos de trabajo; 3) Al pago del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario del periodo 2016-2017; así como el pagó el bono por vacaciones causados y proporcionales desde el Inicio de la relación laboral hasta su finalización; conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno. II. CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a: 1) Reconocer que la relación laboral de la demandantes, es de carácter indefinido, por cuanto el ESTADO DE HONDURAS debe reconocer a la demandante LA PERMANENCIA en su puesto de trabajo como ASEADORA, concediéndole todos demás derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, a partir de la fecha de inicio de la relación laboral el tres (3) de agosto del año 2015; 2) Al reintegro a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios que estos habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo en fecha treinta y uno (31) de diciembre del año 2018, hasta la fecha que sea reinstalada en su puestos de trabajo; 3) Al pago del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario del periodo 2016-2017; así como el pagó el bono por vacaciones causados y proporcionales desde el inicio de la relación laboral hasta su finalización; conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno. III.- SIN COSTAS en esta instancia...". Bajo el criterio que, al hacer el análisis de los argumentos de las partes, así como los medios de prueba aportados por cada una de ellas y la fundamentación jurídica aplicada al caso concreto, se desprende, que si bien es cierto, la parte demandada acepta que tuvo una relación laboral con la demandante quien se desempeñó como Aseadora mediante la suscripción de contratos por tiempo determinado, denominados Contrato Administrativo de Servicios Personales, mismos que tuvieron inicio en fecha 03 de agosto del 2015, siendo prorrogados hasta la finalización de la relación laboral en fecha 31 de diciembre del 2018. Que en atención a lo antes expresado, se puede constatar mediante la prueba documental aportada al presente juicio, que la actora, desde el inicio de la relación fue contratada para realizar las labores de Aseo, y que sus funciones fueron descritas en la clausulas segunda de los referidos contratos funciones que fueron permanentes tanto en el tiempo como que duro la relación laboral como en su ejecución, que a dicha laboral correspondía una remuneración mensual por el servicio personal prestado y obligado a cumplir con un horario o jornada de trabajo, tal como se estableció en las cláusulas sexta de los referidos contratos. Que el artículo 47 del Código del Trabajo establece: "Que las labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebradas por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese tiempo de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo", en relación con lo que establece el artículo 52 último párrafo del mismo cuerpo legal, "Si transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el periodo de prueba"; ambas normas exponen la regla de indefinidad del contrato de trabajo, cuando este se encuentre frente a los presupuestos antes establecidos, otorgándole el carácter de regla general al contrato de trabajo por tiempo indefinido y el carácter de excepción a los contratos celebrados por tiempo fijo, cuya celebración debe de darse en casos excepcionalmente calificados y en el presente caso la parte demandada se limita a mencionar el carácter temporal, alegando que la suscripción del contrato con la demandante fueron contratos con fecha de Inicio y finalización; sin embargo, es notorio que a la demandante se les conservó en las mismas funciones por más de tres años consecutivos, siendo entonces aplicable al presente caso de autos, el principio de la Primacía de la Realidad el cual establece que siempre prevalecerán los aspectos factico-sustanciales por sobre los jurídicos-formales, relacionado con el artículo 48 párrafo 2 del Código de Trabajo, el cual establece que todo contrato por tiempo fijo/determinado será susceptible de prorroga expresa o tácita, por el hecho de que el trabajador continúe prestando sus servicios sin oposición del patrono, y es evidente que en la labor desempeñada por la demandante concurrieron todos estos presupuestos. Que del estudio realizado a los contratos firmados por la demandante y la Secretaria de Energía, Recursos naturales, Ambiente y Minas, específicamente en la cláusula primera y segunda de los mismos, se establecen la actividad a realizar y las funciones o actividades encomendadas, como ser: 1) Organizar y planificar su trabajo de común acuerdo con el Encargado de Mantenimiento y someterlo a aprobación de la Dirección, 2) Aseo y limpieza de la estructura física (piso-paredes-balones y puertas)..., 3) Limpieza de mobiliario..., 4) El trabajo de aseo y limpieza deberá hacerse de manera permanente las veces que sean necesarias en el día a fin de asegurar un excelente mantenimiento del edificio y sus enseres, 5) Otras no previstas y que le sean indicadas por el encargado de mantenimiento de la SERNA; probando con esto que las funciones o actividades realizadas, son permanentes y no temporales dentro de la demandada. Que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo que quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con el artículo 3 del Código del Trabajo, precepto legal que niega eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales; y, que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error Involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en un régimen especial de contratación, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios. Que este Tribunal ha logrado establecer criterios unificados en innumerables resoluciones judiciales, en la búsqueda de lograr una tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, así como una mejor impartición de justicia en el ámbito del derecho laboral, que es precisamente en estos casos en donde más uniformidad se ha llegado a establecer, declarando este tipo de relaciones de trabajo como una verdadera relación laboral por tiempo indefinido, teniendo en cuenta que en el derecho laboral rigen principios que informan y le dan vida a esta materia y que principalmente, tienen una clara vocación de tutela y protección del más débil, el trabajador, entre ellos el Principio Protectorio que básicamente consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador/a, para equilibrar desigualdades de carácter social, económicos y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador; acompañándole el principio de continuidad, entendiéndose que la relación de trabajo regulada por un contrato de trabajo tiene como característica que es de tracto sucesivo, por lo que día a día nace el derecho de los trabajadores de reclamar cualquier violación a las garantías o derechos establecido a su favor; por todo lo antes expuesto, es del parecer de la suscrita, porque se declare CON LUGAR la presente demanda, en cuanto considerar que la relación laboral de la demandante es de carácter Indefinido, por cuanto el Estado de Honduras, por Intermedio de la secretaria de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y Minas, debe reconocer a la demandante LA PERMANENCIA en el puesto de Aseadora, a partir del ingreso o fecha de inicio de la relación laboral que tuvo lugar en fecha 03 de agosto del 2015, por ende concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente. Que, la demandante solicita el nombramiento por Acuerdo, que en cuanto esta petición, será la demandada que seleccione la forma mediante el cual se proceda al reconocimiento del nombramiento de la permanencia de la demandante. Que, en el mismo orden de ideas, la demandante DANIELA ANAHÍ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, solicita el reintegro al puesto de trabajo, por considerar que su despido fue injustificado, siendo que consta de auto, conforme a la prueba práctica, que la terminación de la relación laboral, notificada a la demandante mediante nota de fecha 28 de noviembre del 2018, notificándole que el contrato administrativo de servicios personales, vencía el 31 de diciembre del 2018, emitida por el Licenciado Oscar Mejía, Sub-Gerente de Recursos Humanos, no siendo esta una causa justificada para dar por terminada la relación laboral, y siendo que el trabajador que es despedido injustamente goza del derecho de emplazar al patrono ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que fundo el despido. Si no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le pueden corresponder y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia. El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo por lo menos en igualdad de condiciones. Este derecho es alternativo para el trabajador, puede optar bien por el pago de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre a su puesto de trabajo, con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, que en el presente caso la demandante ha sido categórico al exigir el reintegro a su puesto de trabajo, en consecuencia, procede declarar CON LUGAR la demanda en cuanto al reintegro a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios que estos habrían percibido desde la terminación del contrato de trabajo, la cual acaeció el día 31 de diciembre del 2018, hasta la fecha que sea reinstalada en su puestos de trabajo. Que, visto y analizados los medios de prueba aportados al presente juicio, la demandante solicita el pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, causados y proporcionales, si bien la parte demandada manifiesta y aportó prueba documental que pagó el decimotercer mes y decimocuarto mes de salario del año 2018; sin embargo, no menos cierto es que, la demandada no aportó o constato el pago del decimotercer y decimocuarto mes de salario del periodo 2016-2017, de igual manera, la demandada fue expresa en informar que no se pagó el bono por vacaciones causados y proporcionales desde el inicio de la relación laboral hasta su finalización; en consecuencia procede declarar CON LUGAR estos conceptos, los cuales serán liquidados en el momento procesal oportuno. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de septiembre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo; sin costas; bajo el criterio que, existe abundante prueba documental con la que se acredita que la trabajadora suscribió varios contratos administrativos de servicios personales, contratos de trabajo que fueron renovados sucesivamente; desempeñando funciones propias de los trabajadores permanentes. Que con la prueba documental que obra en la primera pieza de autos, se logró acreditar la existencia de una verdadera relación de trabajo celebrado entre el Estado de Honduras y la demandante; y que las funciones por las cuales fue contratada siempre han sido la misma (aseadora) durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración. Además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas", por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado. Que al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo temporales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por la demandante como ser aseadora de la Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos, Humanos, Naturales, Ambiente y Minas, las funciones desempeñadas siempre han sido las mismas durante el período de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre el Estado de Honduras y la señora DANIELA ANAHÍ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, era por tiempo indeterminado y de índole laboral pues conforme a la primacía de la realidad y de cuyo principio la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia ha hecho acopio aplicando dicho principio en sus fallos haciendo referencia a su numerosa y relevante jurisprudencia y de la cual se desprende "Que en casos de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito, debe, entonces quedar claro la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos facticos- sustanciales por sobre los jurídicos formales", en la causa de mérito la demandante mantienen claramente con la demandada una relación de índole laboral de manera continua y por tiempo indeterminada pues se cumplen los elementos de la relación laboral por lo que los alegatos de la recurrente de que no se cumplen los elementos de la relación laboral y que son contratos administrativos de servicios profesionales y que la demandante acepto las cláusulas de dichos contratos por lo que está de acuerdo con los mismos y que no les son aplicables las disposiciones del Código del Trabajo sino y por ello fueron contratados mediante un contrato temporal en aplicación de los artículos 200, 201 y 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; carecen de respaldo jurídico pues los hechos y labor realizada nos establecen lo contrario; como también resulta inoportuno lo alegado en referencia que para gozar del derecho de permanencia y demás derechos así como los demás empleados de acuerdo se debe de cumplir varios requisitos como lo establece la ley de Servicio Civil en su artículo 11; alegato que no es acorde pues la normativa laboral tiene sus propios artículos bajo los cuales rige cuando un trabajador es permanente y los requisitos que se requieren y en referencia a lo alegado sobre el Decreto 266-2013 referente a la LEY PARA OPTIMIZAR LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA, MEJORAR LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA Y FORTALECIMIENTO DE LA TRANSPARENCIA DEL GOBIERNO de lo antes referido por la Sala Constitucional se desprende que la existencia o no de una relación de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios; aunado a lo anterior que si bien es cierto la normativa laboral permite la contratación de personal por tiempo limitado o a plazo fijo, en aquellos casos en que se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo; lo cierto es también que nuestra normativa dispone que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas consecuentemente, los contratos a plazo fijo para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidenta o temporal del servicio que se va prestar o de la obra que se va ejecutar; en la causa de mérito la labor que ejecutaba la demandante no pueden considerarse labores que permite la contratación de personal por tiempo limitado o a plazo fijo por consiguiente es procedente declarar no ha lugar el recurso de Apelación y Confirmar lo resuelto por el A-quo en virtud de estar apegada a derecho su resolución. Que este Ad-quem en frecuentes fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios personales o profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dicho trabajador solicite su permanencia, el pago de sus prestaciones laborales o el reintegro a su puesto de trabajo y se les considere como trabajador permanente, ya que se ha dejado suficientemente claro que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo. Que habiéndose acreditado en autos que la relación que sostenían la demandante con el Estado de Honduras, era de naturaleza permanente, y tratándose de verdaderos contratos de trabajo los suscritos por la demandante y demandada, precede el reconocimiento del estatus de permanente ya que en el ámbito laboral a los trabajadores se les reconoce el Status de permanente sin ir más allá de las atribuciones que como juzgadores tenemos; por lo que procede Confirmar la sentencia de mérito reconociéndole el estatus de empleado permanente de la señora DANIELA ANAHÍ SÁNCHEZ MARTÍNEZ desde el inicio de la relación laboral es decir desde el 03 de agosto del 2015 en el cargo que mantenía desde el inicio de la relación laboral por lo procede CONFIRMAR la sentencia y declarar Sin Lugar el recurso de apelación impetrado por la recurrente. 5.- Mediante auto de fecha 28 de febrero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 16 de mayo del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado ISAÍAS SALOMÓN NIETO MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación; por lo que mediante providencia de fecha 17 de junio del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 11 de noviembre del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada MARÍA DEL CARMEN BONILLA BANEGAS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para contestar el recurso de casación; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado ISAÍAS SALOMÓN NIETO MARTÍNEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba denominado documental consistente en los Contratos Administrativos de Servicios Personales, que hizo incurrir en la violación que aparece manifiesto en los autos, y que llevó de forma indirecta a la Corte Sentenciadora a incurrir en defectos y vicios del fallo recurrido, puesto que es violatorio de la Ley. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: El medio de prueba que fue apreciado erróneamente es el siguiente: a) Contratos Administrativos de Servicios Personales, suscritos entre el demandante y el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL ÚNICO MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente, los cuales fueron admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código del Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto. Si no se hubiesen apreciado erróneamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que la demandante no le asiste el derecho para solicitar el reintegro y la permanencia y demás derechos subjetivos que de manera infundada solicita en su improcedente demanda, ya que al suscribir Contratos Administrativos de Servicios Personales, evidentemente se trata de una relación de servicio, la cual no conlleva una continuidad en los servicios prestados por el demandante; en consecuencia, si la Corte Sentenciadora hubiese apreciado debidamente las pruebas señaladas y no como la apreciación errónea que efectuó, hubiese fallado declarando no ha lugar la precitada "Demanda Ordinaria Laboral", pues como se ha indicado, se trata de una relación de servicio y no de una relación de trabajo, ya que la normativa de los artículos 127 y 256 de la Constitución de la República de Honduras, establece una clara diferencia entre el "derecho del trabajo" y "la relación de servicio", razón por la cual el demandante no puede augurar que la relación contractual mediante Contratos Administrativos de Servicios Personales con mi representado es una relación de trabajo, pues dicha norma constitucional en su artículo 256 establece que es el Régimen de Servicio Civil el que regulará las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores, siendo el caso que nos ocupa, lo anterior en analogía con el artículo 257 del mismo estamento legal constitucional, donde remite a la regulación de la Ley de Servicio Civil y su reglamento y observando lo establecido en los artículos 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil, mi representado está facultado para ejercer legalmente la contratación de la demandante, por lo que en caso de tener alguna objeción sobre lo establecido en las cláusulas del contrato suscrito con mi representado el Estado de Honduras a través del Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), debió interponer la acción ante la jurisdicción de lo contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero nunca aseverar que lo presente es una relación de trabajo permanente; en consecuencia, es improcedente la pretensión del demandante en virtud de encontrarnos concretamente ante una relación de servicio, razón por la que la demanda interpuesta por la señora DANIELA ANAHÍ SÁNCHEZ MARTÍNEZ, debió ser declarada SIN LUGAR”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) omite señalar las normas sustantivas violadas en su formulación del cargo y en su explicación cita normativa no indicada como violada, tal es el caso de los artículos 739 del Código del Trabajo artículos 127, 256 y 257 de la Constitución de la República, artículos 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil, artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; b) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea ; y, d) formula alegatos propios de instancia. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. En relación a las vacaciones pendientes debe ejecutarse conforme al criterio de esta Corte, en base al artículo 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del dos mil veinticinco. FIRMA Y SELLO.

RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO,

RECEPTORA ADSCRITA.