Sentencia CL-577-23 — Registro 19568
Resumen
Segunda instancia declaró con lugar el recurso de apelación en referencia ala demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare la nulidad de la simulación de unos contratos de servicios profesionales que el empleador pretendió dar a verdaderos contratos de trabajo por ende se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente; asimismo, la reinstalación a su puesto de trabajo y restitución a sus funciones, que fueron suspendidos y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, el Impetrante en su explicación no logra demostrar el error de hecho alegado e incurre en los defectos invocar el artículo 60 párrafo 7 como normativa violada lo cual no reviste el carácter de norma sustantiva, dicha normativa tiene párrafos de los cuales deben de invocarse como sustantivas párrafos primero y tercero, como realizar extensos alegatos propios de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto se estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés (23) de junio del dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 12 de junio del 2024, por el Abogado RUDDY JOEL SUAZO COELLO, en su condición de representante procesal del señor CARLOS OMAR CRUZ SÁNCHEZ, como recurrente; además es parte recurrida, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), representada en juicio por el Abogado NOREN GUSTAVO ARGUETA MARIN. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare la nulidad de la simulación de unos contratos de servicios profesionales que el empleador pretendió dar a verdaderos contratos de trabajo por ende se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo en consecuencia concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente; asimismo, la reinstalación a su puesto de trabajo y restitución a sus funciones, que fueron suspendidos y ante la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes causados y proporcionales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de mayo del 2018, por el señor CARLOS OMAR CRUZ SÁNCHEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, contra el CENTRO DE ARTE Y CULTURA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su representante legal el señor FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de abril del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JORGE LUIS PÉREZ BURGOS.- II.- REFORMAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha quince de febrero del año dos mil veintidós, en el sentido de REVOCAR el numeral I) de la sentencia y como consecuencia los demás numerales, en razón de que una vez que se ha determinado que la acción esta prescrita no cabe pronunciarse sobre los demás extremos resueltos. CONFIRMANDO solo el pronunciamiento sobre las costas. - III.- SIN COSTAS en esta instancia...". ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó su relación laboral en el Centro de Arte y Cultura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a partir del mes de marzo 2015; desempeñándose en el cargo de Auxiliar de Call Center con un salario de L. 10,500.00; que el 08 de enero del 2018, la parte demandada, por medio de la Administradora Rebeca Maldonado le notificaron de manera verbal que había decidido prescindir de sus servicios; manifestando que fue un empleado responsable, desempeñando su cargo con la diligencia necesaria y siempre apegándose a las políticas de la Institución; por tales razones es que emplazó al patrono para que le pague sus prestaciones e indemnizaciones laborales en vista de que no existió causal para que el patrono haya tomado la decisión de terminar la relación laboral. Con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio con el patrono, el demandante acudió a la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, siendo imposible el mismo se dio por agotado el procedimiento gubernativo correspondiente. 2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, apoyando su defensa en que efectivamente el demandante se desempeñó como "Auxiliar de Call Center" para la demandada, y por dicha actividad este devengaba un salario de L. 9,718.52 y no de L. 10,500.00 como maliciosamente afirmó en su escrito de demanda. Que la relación que unió a las partes se configuró siempre bajo la modalidad de contrato por tiempo determinado, pues las actividades realizadas por este no pueden considerarse bajo ninguna circunstancia como permanentes dentro de la institución, ya que el giro de la misma es la educación superior, investigación y vinculación; y, tal como se probará en juicio, las actividades realizadas por el demandante, ni siquiera tenían como fin el funcionamiento de la institución. Arguyó que el demandante manifestó haber sido despedido, siendo, tal extremo falso, ya que la naturaleza del contrato que unía a las pates siempre fue de carácter temporal, por lo tanto, una vez que el contrato del demandante llegó a su fin, y las actividades no fueron más requeridas, no existía razón para que persistiera la relación laboral, por lo tanto, al no haber un despido que pudiera considerarse injustificado, resulta improcedente el pago de las prestaciones y demás conceptos solicitados por el demandante. En razón de lo anterior se solicita que la demanda ordinaria laboral que nos ocupa sea declarada sin lugar por improcedente. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de febrero del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarando SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción interpuesta por el representante procesal de la parte demandada. II. Declarando CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por CARLOS OMAR CRUZ SÁNCHEZ, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su Representante Legal el señor FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO, en cuanto a: 1) Reconocer que la relación laboral del demandante, es de carácter indefinido, por cuanto la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) debe reconocer LA PERMANENCIA en el puesto de "Auxiliar de Centro de llamadas o Call Center", a partir del ingreso en fecha 2 de marzo del año 2015, concediéndole todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente dentro de la institución; 2) Al reintegro a su puesto de trabajo como "Auxiliar de Centro de llamadas o Call Center", por lo menos en igualdad de condiciones, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios que estos habrían percibido desde la terminación del contrato de trabajo en fecha ocho (8) de enero del año 2018, hasta la fecha que sea reinstalado en su puesto de trabajo, así como a los aumentos salarios que se apliquen durante su ausencia. III. CONDENAR: A la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su Representante Legal el señor FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO, en cuanto a: 1) Reconocer que la relación laboral del demandante, es de carácter indefinido, por cuanto la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) debe reconocer LA PERMANENCIA en el puesto de "Auxiliar de Centro de llamadas o Call Center", a partir del ingreso en fecha 2 de marzo del año 2015, concediéndole todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente dentro de la institución; 2) Al reintegro a su puesto de trabajo como "Auxiliar de Centro de llamadas o Call Center", por lo menos en igualdad de condiciones, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios que estos habrían percibido desde la terminación del contrato de trabajo en fecha ocho (8) de enero del año 2018, hasta la fecha que sea reinstalado en su puesto de trabajo, así como a los aumentos salarios que se apliquen durante su ausencia. IV. Declarando SIN LUGAR la nulidad de la simulación de los contratos, solicitado por la parte demandante. V. Declarar SIN LUGAR en cuanto al pago de vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario causado y proporcionales, solicitados por el demandante. VI. ABSOLVER: A la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su Representante Legal el señor FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO, en cuanto a: 1) a la nulidad de la simulación de los contratos, solicitado por la parte demandante; 2) al pago de vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario causado y proporcionales, solicitados por el demandante. VII.- SIN COSTAS en esta instancia…”; bajo el criterio que, conforme al análisis realizado en los autos, en relación a la Excepción Perentoria de Prescripción, si bien es cierto el demandado alega que, conforme el artículo 867 del Código del Trabajo establece que el derecho de acción de los trabajadores en relación a las pretensiones de reintegro o pago de prestaciones prescribe en dos meses contados desde la fecha que hubiera dado lugar a su acción, en este caso contados a partir del 8 de enero, terminando dicho termino el 8 de marzo del 2018, siendo que el demandante acudió a la Secretaria de Trabajo con el fin de agotar las diligencias administrativas, hasta el día 20 de marzo del 2018, que entre el 8 de enero y el 20 de marzo obran dos meses y doce días; solicitando se declare con lugar la prescripción puesto que el derecho de acción del trabajador ya estaba prescrito cuando se interpuso la presente demanda; sin embargo, no menos cierto es que, el artículo 691 del Código de Trabajo establece que: "Las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social, podrán iniciarse sólo cuando el actor, a su elección, haya agotado el procedimiento gubernativo o bien el procedimiento reglamentario correspondiente.", y siendo que consta de autos, que el demandante en primer lugar hizo uso de las facultades establecidas en la norma antes precitada, agotando a su elección inicialmente el "procedimiento reglamentario estipulado en la cláusula 7 del contrato Colectivo suscrito entre la UNAH y SITRAUNAH", puesto que en fecha 9 de febrero del año 2018, presento ante el SITRAUNAH solicitud de gestión de las instancias administrativas solicitando el reintegro a su puesto de trabajo, agotando las tres instancias en fecha 28 de febrero del año 2018, tal como lo estipula dicha normativa interna; en ese sentido, haciendo una simple operación aritmética del precitado término de dos (2) meses que alega la parte demandada fundamentándose en el artículo 867 del Código de Trabajo, finalizando el "procedimiento reglamentario estipulado en la cláusula 7 del contrato Colectivo suscrito entre la UNAH Y SITRAUNAH", el día 28 de febrero del año 2018, instaurando posteriormente las diligencias administrativas gubernativas conciliatorias, ante la secretaria del Trabajo y Seguridad Social, en fecha 20 de marzo del año 2018 y agotando dichas Instancias en fecha 5 de abril del año 2018, por consiguiente a partir de esa fecha el demandante tenía dos meses para entablar la acción ante la instancia judicial, venciendo dicho termino en fecha 5 de junio del 2018; sin embargo, el actor Interpuso su demanda ante este Juzgado en fecha 14 de mayo del año 2018, por consiguiente no opera en el caso de autos, tal prescripción, es por eso que la suscrita, considera procedente declarar SIN LUGAR la excepción de prescripción interpuesta por la representación procesal de la parte demandada. Que el punto controvertido entre las partes radica en que la parte actora solicita se lé declare la permanencia y reintegro a sus funciones, así como al pago de salarios dejados de percibir, décimo tercer mes, décimo cuarto mes de salario y vacaciones, causados y proporcionales; y la demandada por su parte alega, que la relación que unió a su representada y al demandante fue bajo la modalidad de contrato por tiempo determinado. Que al hacer el análisis de los argumentos de las partes, así como los medios de prueba aportados por cada una de ellas y la fundamentación jurídica aplicada al caso concreto, se desprende, si bien es cierto la parte demandada alega que las actividades realizadas por el demandante se configuraban bajo la modalidad de contrato por tiempo determinado, puesto que dichas actividades no pueden configurarse bajo ningún termino como permanentes; sin embargo, contradictoriamente acepta, que la relación laboral se dio en forma continua e ininterrumpida desde el día 2 de marzo del año 2015, finalizando por decisión unilateral de la demandada en fecha 8 de enero del año 2018, que el actor se desempeñaba en el puesto o cargo de "Auxiliar de Centro de llamadas o Call Center", que devengaba un salario mensual por la cantidad de L. 10,498.68. Que, conforme a la prueba practicada en el presente caso de autos, se constató mediante el Manual de Puestos y Salarios del Personal Administrativo y de Servicio de la UNAH, publicado en Diario Oficial La Gaceta de fecha martes 18 de marzo del año 2014, que entre las siete categorías de puestos dentro de la estructura administrativa de la demandada, se encuentra la categoría de "Técnicos Operativos", describiendo a esta clase de puesto de la siguiente manera: "Consiguen resultados por sí mismos. Actúan en un plano operativo y a nivel de objetivos, programas, normas o estándares. Son los puestos que se caracterizan por actividades manuales o tareas de simple ejecución dentro de la organización", entre los que se figura el puesto de "Auxiliar de Call Center", probando con esto que las funciones o actividades realizadas, por el demandante, son permanentes y no temporales como lo alega la demandada. Que el artículo 47 del Código del Trabajo establece: "Que las labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebradas por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese tiempo de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo", en relación con lo que establece el artículo 52 último párrafo del mismo cuerpo legal: "Si transcurrido un (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el periodo de prueba"; ambas normas exponen la regla de indefinidad del contrato de trabajo, cuando este se encuentre frente a los presupuestos antes establecidos, otorgándole el carácter de regla general al contrato de trabajo por tiempo indefinido y el carácter de excepción a los contratos celebrados por tiempo fijo, cuya celebración debe de darse en casos excepcionalmente calificados y en el presente caso la parte demandada se limita a mencionar el carácter temporal de las actividades realizadas por el demandante; sin embargo, es notorio que al demandante se les conservó en las mismas funciones por más de dos (2) años consecutivos, siendo entonces aplicable al presente caso de autos, el principio de la Primacía de la Realidad el cual establece que siempre prevalecerán los aspectos factico-sustanciales por sobre los jurídicos-formales, relacionado con el artículo 48 párrafo 2 del Código de Trabajo, el cual establece que todo contrato por tiempo fijo/determinado será susceptible de prorroga expresa o tácita, por el hecho de que el trabajador continúe prestando sus servicios sin oposición del patrono, y es evidente que en la labor desempeñada por el demandante concurrieron todos estos presupuestos. Que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo que quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con el artículo 3 del Código del Trabajo, precepto legal que niega eficacia a los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales; y, que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en un régimen especial de contratación, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios. Que este Tribunal ha logrado establecer criterios unificados en innumerables resoluciones judiciales, en la búsqueda de lograr una tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, así como una mejor impartición de justicia en el ámbito del derecho laboral, que es precisamente en estos casos en donde más uniformidad se ha llegado a establecer, declarando este tipo de relaciones de trabajo como una verdadera relación laboral por tiempo Indefinido, teniendo en cuenta que en el derecho laboral rigen principios que informan y le dan vida a esta materia y que principalmente, tienen una clara vocación de tutela y protección del más débil, el trabajador, entre ellos el Principio Protectorio que básicamente consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador/a, para equilibrar desigualdades de carácter social, económicos y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador; acompañándole el principio de continuidad, entendiéndose que la relación de trabajo regulada por un contrato de trabajo tiene como característica que es de tracto sucesivo, por lo que día a día nace el derecho de los trabajadores de reclamar cualquier violación a las garantías o derechos establecidos a su favor; por todo lo antes expuesto, es del parecer de la suscrita, porque se declare CON LUGAR la presente demanda, por considerar que la relación laboral del señor Carlos Omar Cruz Sánchez, es de carácter indefinido, por cuanto la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), debe reconocer al demandante la permanencia en el puesto de "Auxiliar de Centro de llamadas o Call Center", a partir del ingreso en fecha 2 de marzo del año 2015, concediéndole todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente dentro de la institución, que en cuanto lo solicitado por el demandante relacionado a que se declare la nulidad de la simulación de unos contratos de servicios profesionales que el empleador pretendió dar a verdaderos contratos de trabajo, es procedente declarar SIN LUGAR lo solicitado, puesto que de estos contratos suscritos por las partes se derivó una verdadera relación laboral, conforme lo establece el artículo 20 del Código de Trabajo. Que, en el mismo orden de ideas, el demandante solicita el reintegro a su puesto de trabajo y restitución de sus funciones, que fueron suspendidas por la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato, siendo que consta de autos, según oficio No. 48-2018 CAC-UNAH de fecha 14 de febrero del año 2018, en la que la Dra. Olga Joya en su condición de directora del Centro de Arte y Cultura de la UNAH, contesta al SITRAUNAH, sobre el motivo de la terminación de la relación laboral con el demandante explicando que "se debió a una reestructuración del organigrama del CAC-UNAH y de los perfiles de puestos del mismo, por falta de presupuesto. Este cambio permitió redistribuir las funciones de manera equitativa y funcional, en algunos empleados en el CAC-UNAH, uniendo puestos como el del Call Center y Servicios Generales."; y no siendo esta una causa de despido justificada volviendo el despido en ilegal e injusto, puesto que, si bien es cierto, conforme lo establece el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, los patronos o empleadores están obligados a "Llevar a cabo reajustes" de personal; no menos cierto es que, esta no es una causal de despido, tomando en cuenta que deberá realizar el procedimiento que manda dicha norma y condicionándolo a no afectar "el derecho constitucional de la estabilidad laboral de los trabajadores"; en vista que cuando el empleador hace uso de su obligación patronal de reajustar al personal, la ley manda a reacomodar al personal conforme a lo establecido en el contrato colectivo, y en caso de no existir éste a preferir a los trabajadores de mayor antigüedad y a los trabajadores sindicalizados para que sigan trabajando, entendiendo que las medidas a tomar son reacomodar al personal y/o la suspensión del contrato de trabajo, nunca un despido directo, porque la reestructuración o reingeniería administrativa establecida en el artículo 95 numeral 19 del Código del Trabajo, no es causa de despido. Que sobre el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo, es criterio reiterado de la Sala Laboral, que cuando el empleador decide terminar la relación laboral por el hecho de tener que efectuar ajustes de personal derivados de la reestructuración administrativa de la empresa, entendiendo que la estabilidad en el trabajo es un derecho constitucional del trabajador, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar, no sólo la real existencia de esos cambios, sino también que se ha cumplido con el procedimiento establecido en la norma jurídica antes Indicada y, en este caso particular, se deben atender las disposiciones del contrato colectivo y en el caso de no existir, atender la antigüedad de los trabajadores. Que en materia laboral rigen principios que se diferencian de otras materias, ya que los mismos buscan proteger al más débil económicamente, como lo es el caso del trabajador y esta protección se materializa cuando las leyes nacionales se aplican correctamente a cada caso, en consecuencia al amparo del Principio Laboral de Ajenidad de los Riesgos, el trabajador permanece ajeno a todas las consecuencias negativas que le sobrevengan al empleador, pues la contingencia Inherente a la vida comercial se cuenta entre los riesgos que debe soportar exclusivamente el empleador; relacionado con el PRINCIPIO PROTECTORIO el cual consiste básicamente en la tutela preferencial a favor del trabajador/a, para equilibrar desigualdades de carácter social, económicos y culturales, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador, y por último, el PRINCIPIO DE ESTABILIDAD LABORAL que impone que el "Contrato de Trabajo" debe ser de duración continua e Interrumpida, exigiendo, asegurar al trabajador una adecuada protección contra el despido Injustificado, de tal modo que este tiene derecho a conservar el empleo mientras no se verifiquen circunstancias Imputables a él, que justifiquen su exclusión. Que después del análisis anterior, se concluye que el empleador tiene el deber de buscar las condiciones de no vulnerar los derechos a los trabajadores y reacomodar o reasignar en todo caso, al demandante, en virtud que la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), no es una Institución transitoria, es más es una Institución que sigue prestando sus servicios relacionados a la naturaleza de su creación, existiendo con ello un despido ilegal e injustificado por no estar contentivo en ninguna de las causales del artículo 112 del Código del Trabajo, de igual forma el demandante amparada en los artículos 129 de la Constitución de la República y 113 del Código del Trabajo, tiene la facultad de solicitar de forma alternativa las prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro a sus labores junto con los salarios dejados de percibir, y siendo que en el caso que nos ocupa el demandante a elegido su pretensión en el reintegro a sus laborales, en consecuencia procede declarar CON LUGAR la demanda laboral de reintegro a su puesto de trabajo o en otro de igual categoría, o por lo menos en igualdad de condiciones, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios que esta habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo en fecha 8 de enero del año 2018, hasta la fecha que sea reinstalado en su puesto de trabajo, así como a los aumentos salarios que se apliquen durante su ausencia. Que, en cuanto al pago de vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario causado y proporcionales, solicitados por el demandante, es procedente declarar SIN LUGAR estos conceptos, en vista de constar en autos que la parte demandada durante la relación laboral pago estos conceptos. Que los Juzgados del Trabajo han sido creados para resolver los conflictos que se derivan de las relaciones laborales entre empleado y empleador bajo una base de justicia social, la Constitución de la República garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las Industrias y Profesiones y las justas causas de separación. Que el Juez puede eximir del pago de costas a la persona que fuere vencida en juicio, cuando concurran motivos justificados para litigar, en consecuencia, se declaran SIN LUGAR las costas en esta instancia. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de abril del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JORGE LUIS PÉREZ BURGOS.- II.- REFORMAR PARCIALMENTE la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha quince de febrero del año dos mil veintidós, en el sentido de REVOCAR el numeral I) de la sentencia y como consecuencia los demás numerales, en razón de que una vez que se ha determinado que la acción esta prescrita no cabe pronunciarse sobre los demás extremos resueltos. CONFIRMANDO solo el pronunciamiento sobre las costas. - III.- SIN COSTAS en esta instancia...". Bajo el criterio que, de los alegatos de la parte apelante ante esta instancia, el recurrente expresa que recurre parcialmente la sentencia solo en cuanto a la declaratoria de permanencia y reintegro del demandante ya que la relación existente no era permanente, sino que, por tiempo determinado, lo cual a su criterio fue acreditado, ya que las actividades realizadas por el mismo no se configuran como permanentes en la esfera o giro mediante el cual se desarrollan las actividades en la UNAH. El demandante poseía un contrato por tiempo determinado o temporal dentro de la Unidad del Centro de Arte y Cultura, lo cual quedó evidenciado cuando se le pregunto a la Administradora del Centro de Arte y Cultura sobre dichas funciones, esta manifestó que no existe otra persona fungiendo en el cargo de auxiliar de Call Center, ni mucho menos las que el demandante ejecutaba, ya que esas funciones son de carácter temporal, por lo que cuando terminaron las actividades por las cuales fue contratado, dejo de existir la razón para la continuación de la relación laboral, aunado a ello la acción del demandante se encuentra prescrita, por haberla ejecutado fuera de los plazos establecidos por el Código del Trabajo, contenida en el artículo 867, en relación con el artículo 691 que establece que las acciones contra una entidad de derecho público o persona administrativa autónoma podrán iniciarse solo cuando el actor a su elección haya agotado el Procedimiento Gubernativo bien el Procedimiento Reglamentario; considera que el demandante debió ampararse en el Reglamento Interno de Trabajo de la UNAH, esto en relación al Agotamiento de la vía Administrativa y ante la alta Regulación específica del procedimiento para el pago de prestaciones o reintegro, debió acudir ante la dependencia competente como lo es la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, concluye que el agotamiento ante la Secretaria de Trabajo lo hizo de forma extemporánea. Que, para la parte apelada, rechaza los alegatos del recurrente, expresando que la parte demandada no siguió el procedimiento establecido para el despido, es por ello que se pretende el reintegro, aduciendo como motivo de la relación laboral la reestructuración del Organigrama del CAC-UNAH y de los perfiles de puestos del mismo, lo que le permitía redistribuir las funciones de manera equitativa, por la falta de presupuesto, lo cual no constituye una causa de despido lo vuelve ilegal e injusto, en ese aspecto la Sala Laboral Contencioso Administrativo en relación al artículo 95 numeral 19, del Código del Trabajo, ha establecido el criterio, que cuando el empleador decide terminar la relación laboral por el hecho de tener que efectuar ajustes de personal derivados de la reestructuración, debe de cumplir el procedimiento establecido en la norma jurídica antes indicada. El contrato de trabajo de sus representado fue renovado de forma consecutiva desde que inició su relación laboral en fecha 2 de marzo del año 2015 mediante contrato por tiempo limitado y el mismo fue renovado de forma consecutiva e ininterrumpida suscribiendo el último contrato con duración del 9 de enero del año 2017 al 15 de diciembre del año 2017 tratando de aparentar un negocio distinto al que en realidad acaeció, ocultando un contrato de trabajo por tiempo indefinido, no habiéndole probado ni invocado ninguna de las causas contempladas en el artículo 112 del Código de Trabajo, violentando los Principios de Estabilidad y Continuidad Laboral. Que en cuanto a la Excepción de Prescripción la Juzgadora es del criterio que al demandante no le ha prescrito la acción para demandarlo en razón de que primero opto por agotar la Vía Reglamentaria la cual finalizo el 28 de febrero de 2018, para luego proceder a agotar la Vía Administrativa ante la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, utiliza como fundamento el artículo 691 del Código de Trabajo el cual expresa "Las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de Derecho Social, podrán iniciarse solo cuando el actor, a su elección, haya agotado bien el procedimiento Gubernativo o bien el procedimiento Reglamentario correspondiente", en ese sentido se desprende que dicha normativa plantea al actor la posibilidad de dar por agotada en este caso o bien el procedimiento Gubernativo, que es el que se realiza ante las autoridades de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social o bien el procedimiento Reglamentario correspondiente, ante la entidad a la que se pretende demandar en este caso, es decir, la elección del demandante solo puede ser una, no las dos, porque la norma utiliza la conjunción disyuntiva "O", que indica alternativa o una o la otra, no son las dos, como lo asume la juzgadora, cuando, dice que el demandante en primer lugar hizo uso de las facultades establecidas en la norma precitada (artículo 691) agotando a su elección inicialmente el procedimiento Reglamentario estipulado en la cláusula 7 del contrato colectivo suscrito entre la UNAH y el SITRAUNAH, puesto que en fecha 9 de febrero de 2018, presento ante el SITRAUNAH solicitud de gestión de las instancias administrativas solicitando el reintegro a su puesto de trabajo agotando las tres instancias en fecha 28 de febrero del año 2018, con lo cual se agotó ese procedimiento cumpliéndose con los dos meses que establece el artículo 867 del Código de Trabajo, instaurando posteriormente las diligencias Administrativa Gubernativas conciliatorias ante la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, en fecha 20 de marzo de 2018 y agotando dicha instancia en fecha 5 de abril del año 2018, por consiguiente el demandante tenía dos meses a partir de esa fecha para entablar la acción ante la instancia judicial, venciendo dicho termino en fecha 5 de junio de 2018, sin embargo la acción se interpuso el 14 de mayo de 2018, por lo tanto no opera la prescripción. Que de la lectura de lo que establece el artículo 691 del Código de Trabajo, como se apuntó anteriormente no se desprende lo que interpreta la juzgadora, lo que establece es que el actor puede escoger entre esas dos vías alternas, es decir la Vía Administrativa Gubernativa o la Vía Reglamentaria, si el actor se decantó por la Vía Reglamentaria la misma se agotó el 28 de febrero de 2018, no tenía entonces que acudir a la Vía Gubernativa como lo dice la juzgadora, que agoto las dos vías, y que luego de agotarse la Gubernativa todavía contaba con dos meses, lo cual es un criterio que ninguna de las normas expresa de esa manera, esas son acciones alternas, no tiene por qué agotar las dos vías, porque no es lo que dice el Precepto Legal, es alterno, como lo es por ejemplo, la escogencia del derecho alterno sea reintegro o prestaciones, no se pueden peticionar los dos, por eso incluyen la disyunción "O", en ese sentido con una simple operación aritmética se puede llegar a la conclusión que a la fecha de la presentación de la acción de reintegro esta se encontraba prescrita conforme el artículo 867 del Código de Trabajo, así como a la luz de lo estipulado en el artículo 691 del mismo cuerpo legal. Que a consideración de este Tribunal de Alzada la acción presentada se encuentra prescrita por las razones antes expuestas, por lo que es procedente REFORMAR la sentencia de mérito, en el sentido de REVOCAR el numeral I) de la sentencia y como consecuencia los demás numerales, en razón de que una vez que se ha determinado que la acción esta prescrita no cabe pronunciarse sobre los demás extremos resueltos, confirmando solo el pronunciamiento sobre las costas. 5. Mediante auto de fecha 28 de febrero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RUDDY JOEL SUAZO COELLO, en su condición de representante procesal del señor CARLOS OMAR CRUZ SÁNCHEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 12 de junio del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado RUDDY JOEL SUAZO COELLO, en su condición de representante procesal del señor CARLOS OMAR CRUZ SÁNCHEZ, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, y nulidad subsidiaria; por lo que mediante providencia de fecha 01 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 27 de septiembre del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado NOREN GUSTAVO ARGUETA MARIN, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrado ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código de Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado RUDDY JOEL SUAZO COELLO, en su primer y único motivo de casación alega: “ Ser la sentencia censurada violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículo 60 párrafo 7 del Código del Trabajo en relación a los artículos 3 del Código de Trabajo, 60 y 127 de la Constitución de la República; (Convenio n.º 111, 1958), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por error de hecho derivado de la apreciación errónea de la prueba documental visible a folios cuarenta y ocho, cuarenta y nueve (49) y del folio cien (100) al ciento veinte (120) del expediente de primera instancia, que adelante singularizo. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA: La prueba erróneamente apreciada es la documental visible a folios cuarenta y ocho y cuarenta y nueve (49) consistentes en la cláusula número 1 y 7 del contrato colectivo de condiciones de trabajo en UNAH Y SITRAUNAH y del folio cien (100) al ciento veinte (120) que consiste en el documental vía oficio dirigido al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA: Para que se configure el error de hecho es necesario: 1) Que exista una mala apreciación de la prueba producida; 2) que esa mala apreciación sea originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate; 3) que el error de hecho genere como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y, 4) que el error de hecho sea manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: El ad-Quem, al declarar con LUGAR el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia en los extremos de fondo, incurrió en infracción indirecta por apreciación errónea de los medios de prueba con llevando a la violación de la norma señalada puesto que la cláusula 7 del contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre UNAH Y SITRAUNAH establece que ambas partes se comprometen a seguir el procedimiento de orden jerárquico de la autoridad existente dentro de la UNAH en aras de esa atribución mí representado insto dicho procedimiento interno que culmino con el acta de cierres de diligencias administrativas que obra a folio 06 del expediente de la primera de autos en el cual comparece el Fiscal del Sindicato de Trabajadores de la UNAH comparece en representación del demandante finalizando así el cumplimiento de la cláusula 7 del contrato colectivo vigente, sumado a lo anterior es importante relacionar la cláusula 1 del contrato colectivo el cual contempla que el contrato colectivo es aplicable a todos los trabajadores sin importar la forma de contratación. Lo anterior surge a raíz de que el tribunal de segunda instancia entiende que mi representado incumplió en el artículo 691 del Código de Trabajo al realizar "doble agotamiento" situación que no es correcta en vista que el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS en cumplimiento de las cláusulas 1, 2,7,14 Y 16 del contrato colectivo vigente en el cual el presidente del Sindicato de Trabajadores solicita seguir el trámite en tercera instancia administrativa al fiscal Joel López Castillo en fecha 27 de febrero del año 2018 lo que denota la falta de apreciación por parte del Tribunal Ad Quem en virtud que era un solo un procedimiento amparado en la cláusula 7 de la contratación colectiva supra indicada.” III. Que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, el Impetrante en su explicación no logra demostrar el error de hecho alegado e incurre en los defectos invocar el artículo 60 párrafo 7 como normativa violada lo cual no reviste el carácter de norma sustantiva, dicha normativa tiene párrafos de los cuales deben de invocarse como sustantivas párrafos primero y tercero, como realizar extensos alegatos propios de instancia. IV. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “ En el remoto caso de no prosperar los motivos aquí bien explicados, o la nulidad anterior solicito subsidiariamente se declare la NULIDAD de la sentencia impugnada, la que baso en los términos siguientes: Conforme al principio del debido proceso que regula el artículo 3 del Código Procesal Civil, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones, y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal y formas (artículo 7 CPC), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la decisión que se revisa el principio de congruencia, que marca al Juzgador el camino para su decisión y fijan un límite a su poder discrecional. La sentencia del ad- quem violenta el debido proceso ya que la pretensión de mi representado es algo sumamente legal solamente están pidiendo los derechos consagrados en la Constitución de la República y en los convenios internacionales ratificados por Honduras, tal como la estabilidad en su puesto de trabajo mediante la permanencia y su reintegro tal como quedó probado en el motivo anterior, el Ad quem interpreta de forma errónea la norma específicamente el artículo 60 párrafo tercero y relacionado con las cláusulas 1, y 7 de la norma colectiva por lo que pretende basar que las acciones de mi poderdante a través del Sindicato es ilegal, cuando en realidad se amparó en el debido proceso y principio de legalidad relacionado con el artículo 128 Numeral 15, es importante atraer acotación la ilustración la sala constitucional en el Amparo laboral 1062-2015: "El debido proceso envuelve el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal, como un conjunto de garantías de los medios tendientes a asegurar la vigencia y eficacia del proceso, de lo que cabe asegurar que el derecho a una resolución fundada en derecho es un elemento esencial del debido proceso. Una sentencia de fondo, es decir razonable, congruente y justa, que resuelva las pretensiones controvertidas y que se encuentre jurídicamente fundada, es una exigencia que deriva de la legitimación democrática del poder judicial y de la oposición a la indefensión y a la irracionalidad. Cuando este derecho es infringido por parte del juzgador, se produce la violación al debido proceso y al mismo tiempo desencadena la afectación al derecho de defensa invocado por el amparista. En tal sentido en aplicación conjunta de las disposiciones constitucionales y al control de convencionalidad referente a la violación al debido proceso y al principio de legalidad señaladas como supremacía constitucional; es jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 8 de la Convención Americana contiene "las reglas del debido proceso legal” o que consagra los lineamientos del llamado "debido proceso legal" establecidos por el artículo 8.1 que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial, en este sentido contempla los requisitos que sirven para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho, tal como se ha establecido y como garante del debido proceso añade por primera vez el Caso Mohamed Vs. Argentina, que lo anterior contempla un sistema de garantías que condicionan el ejercicio del iuspuniendi del Estado y que buscan asegurar que el inculpado o imputado no sea sometido a decisiones arbitrarias..." o en el Amparo Laboral 1112-2015: "Que debido proceso el adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Asi, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existe una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona..." y tal como podemos observar en este caso mi representado ha sido víctima de decisiones arbitrarias, totalmente contrarias a derecho, ilegales y abusivas por parte de la Corte de Apelaciones, enunciando principios del derecho privado en un derecho que es público. Sumado a lo anterior también se violentó el artículo 738 del Código del Trabajo y 206 del Código Procesal Civil, que establecen que el Juez al proferir su decisión, analizará todas las pruebas allegadas en tiempo y que las sentencias deben ser dictadas con: CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Como podéis apreciar, el Ad quem, no observó las normas procesales laborales que conlleven a una sana decisión del asunto, pues no observó estas normas procedimentales al no valorar ni razonar las pruebas aportadas.- Finalmente, este fallo contradice lo resuelto por esta Sala en casos similares de demandas de la misma naturaleza que se han ventilado ante los Tribunales del Trabajo de esta sección judicial, donde se han desestimado los recursos de casación laboral contra las sentencias condenatorias proferidas. Siendo notorio que el fallo recurrido afecta el derecho de defensa de mi representado, como el debido proceso, se debe anular el mismo, a efecto de que las partes sean restituidas al estado en que se encontraban antes de esa resolución, para que además, ese Tribunal proceda de conformidad a derecho, observando los deberes de congruencia y motivación, profiriendo la sentencia que corresponda conforme los extremos del debate, ya que se violentó su deber de resolver conforme los hechos debatidos, asi como de las pretensiones y extremos del debate, causando indefensión a mis representados. Por todo lo expuesto, procede se declare la NULIDAD SUBSIDIARIA de la sentencia recurrida”. V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto se estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, MARIO ROLANDO DIAZ FLORES. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de junio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 577-2023. FIRMA Y SELLO.
RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY,
RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.