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Sentencia CL-574-23 — Registro 19632

Resumen

Primera instancia declara con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare por tiempo indefinido relación laboral y concede todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de vacaciones, reconocimiento y pago del reajuste salarial, pago de daños y perjuicios; segunda instancia declara sin lugar el recurso reforma de oficio la sentencia definitiva, que se tenga la permanencia, pagarle reajuste al salario mínimo y esta Sala de lo Laboral declara nulidad de la sentencia definitiva.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, que si bien el Ad-Quem hace el razonamiento jurídico correcto al establecer la reforma del fallo pero si redacción no es claridad con referente a los salarios de percibir y los beneficios específicos que no fueron pagados, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta para materializar el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de claridad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código procesal Civil, ya que la Corte de Apelaciones al reformar el fallo recurrido no hace mayor pronunciamiento en cuanto a la condena o absolución de las partes basado en sus peticiones de manera indudable, volviendo ineficaz su ejecución al faltar claridad en la misma...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 956 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 113 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 956 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 113 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual con respecto al tema del presente conflicto, en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Con base a lo establecido en el artículo 726 del código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad - Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 726 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Con base a lo establecido en el artículo 726 del código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad - Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 726 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 214 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diecisiete días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 07 de junio del 2024, por el Abogado JOSÉ DANIEL HERRERA MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor AVILIO MIGUEL SUAREZ SANTOS, representado en juicio por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido su relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia, concederle todos los derechos que ostentaban los empleados con carácter permanente; pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados; por ende, otorgarle el Acuerdo de Nombramiento; además, pide el reconocimiento y pago del reajuste salarial; pago de daños y perjuicios de conformidad a los establecido en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo, retroactivo a los dos últimos años de la presentación del reclamo administrativo; costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de septiembre del 2018, por el señor AVILIO MIGUEL SUAREZ SANTOS, mayor de edad, soltero, hondureño, y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procuradora General de la República, de ese entonces Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de febrero del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO DE OFICIO la sentencia de fecha 27 de agosto del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo, Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado EMÉRITO MEJIA AVELAR; 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno y aclaración de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REVOCANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO, INCISOS A) Y C), el que deberá leerse de la siguiente manera: "II.- CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Que se tenga la relación laboral del Señor AVILIO MANUEL SUAREZ SANTOS con carácter de indefinida debiendo la Institución demandada tenerlo como empleado permanente desde el inicio de la relación laboral 02 de mayo de 2011; ...; c) Asimismo pagarle al Señor AVILIO MANUEL SUAREZ SANTOS reajuste al salario mínimo establecido por el Gobierno Central a partir del inicio de la relación laboral, retroactivo a los dos últimos años de la presentación del reclamo administrativo; más el pago de sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo; Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda; por lo que a la fecha de emisión de esta sentencia el salario a devengar por el demandante es la suma de L. J 2,755.92 salario mínimo establecido por el Gobierno Central.". 3) CONFIRMANDO LOS NUMERALES PRIMERO, SEGUNDO INCISO B), TERCERO Y CUARTO.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO UNA RELACIÓN LABORAL ORIGINADA POR LA SUSCRIPCIÓN DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS, EN APLICACIÓN ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, EN CONSECUENCIA CONCEDER TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON CARÁCTER PERMANENTE, PAGO DE VACACIONES, DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES CAUSADOS, POR ENDE OTORGAR EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, ADEMÁS SE PIDE EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL REAJUSTE SALARIAL, PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DEL SALARIO MÍNIMO RETROACTIVO A LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA PRESENTACIÓN DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO, COSTAS promovido por el señor AVILIO MIGUEL SUAREZ SANTOS contra el ESTADO DE HONDURAS, representada por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición de Procuradora General de la República. SIN COSTAS EN AMBAS INSTANCIAS...". ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral para el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, el 02 de mayo del 2011, desempeñándose en el puesto de Ayudante de Hospital en el Hospital San Felipe, devengaba un salario mensual de L. 7,300.00, valor que estaba por debajo del salario legalmente establecido y vigente el cual deberá reajustarse retroactivamente. Manifestó que desde que inició a laborar para la demandada se desempeñó en las mismas funciones de manera continua e ininterrumpida, bajo la subordinación de su empleador, así como consta en los contratos suscritos entre las partes, mismos que reunían los elementos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo y una vez reunidos los tres elementos de que trata la figura legal precitada, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, pues en el presente caso en los contratos suscritos por las partes, reúnen los elementos establecidos en la norma legal antes señalada; en virtud de lo anterior la relación laboral que les unía era de orden laboral, haciendo la observancia que sus funciones eran de carácter continuas y permanentes que venía desempeñando en la Institución demandada, entendiéndose entonces que estaban ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, regido por la jurisdicción del Trabajo; además argumentó que a pesar de que el empleador trató de encubrir una real y verdadera relación laboral, con contratos transitorios o temporales, no es menos cierto que la causa que originó el surgimiento de la relación laboral subsistió y subsistirá siempre, pues era y ha sido el mismo puesto y funciones que desempeñaba durante su relación laboral con la demandada, actividades que por la naturaleza de las mismas no podrían desaparecer pues forman parte de la operatividad de la demandada, dejando ver una simulación de contrato de trabajo por tiempo determinado, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, acto simulatorio que tiene como finalidad evadir obligaciones estipuladas en la Ley Laboral (en fraude a la Ley). Arguyó que por lo anteriormente relacionado y en virtud de la suscripción de varios contratos de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo que establece: Los contratos relativos que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas, por ello consideró que le asiste el derecho a la permanencia en el puesto que había venido desempeñando, razón por la cual recurrió ante ese Juzgado, con la finalidad que mediante sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos de trabajo continuos e ininterrumpidos al tenor de lo establecido en el artículos 47 del Código del Trabajo y que el empleador en fraude de ley se negó a reconocer, debiendo por ende otorgarme el acuerdo de nombramiento. Asimismo expresó que desde el inicio de su relación laboral devengaba un salario inferior al mínimo legal, por lo que pidió igualmente el reconocimiento y pago del reajuste al salario mínimo legal, que es un derecho que le asistía constitucionalmente, debiendo aplicarse lo que estable el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo que a la literalidad reza: "Todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos y reciba salarios inferiores a los salarios mínimo a que tiene derecho podrá recuperar las sumas que se le adeuden por la vía judicial....- El trabajador podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se les adeuda una suma igual"; además la aplicación de dicho reajuste debe ser ampliado al décimo tercero, décimo cuarto mes y vacaciones; los que deberán ser cancelados de manera retroactiva dos años atrás a la fecha de la presentación del reclamo administrativo. Pues ningún patrono podrá pagar salarios inferiores a los que se fijen de acuerdo a la Ley del Salario Mínimo, ni podrán ser disminuidos mediante contratación individual o colectiva u otro pacto cualquiera; pues esta ley prevalece por sobre todas las disposiciones legales que se le opusieren, salvo el caso de las leyes que establezcan mayores beneficios para los trabajadores, además que nadie puede estar por encima de la ley, por lo que deberá aplicarse en el caso que les ocupa lo establecido en los artículo 39, 43 y 44 de dicha Ley. Finalmente manifestó que, con el ánimo de buscar una solución en cuanto a la permanencia en su puesto de trabajo, presentó reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social y se dio por agotado el mismo, por no haber voluntad de parte del empleador en conciliar sus diferencias. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, apoyando su defensa en que, atendiendo la naturaleza jurídica del demandado (Gobierno Central) y aplicando lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, no le eran aplicables las disposiciones del Código del Trabajo, siendo aplicables al caso de mérito el Reglamento de personal de la Secretaría de Salud, la Ley de Servicio Civil, su Reglamento y demás normas administrativas, razón por la que considerando las necesidades del demandado, se contrató al demandante mediante un contrato de servicios profesionales y técnicos, en aplicación estricta de los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. En ese orden de ideas, el articulo 3 numeral 1) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que caso como el que les ocupaba sería conocida por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no por el Juzgado del Trabajo. Argumentó que la parte actora para reclamar el derecho subjetivo que pretende, se apoyó en el texto legal de los artículos 20 y 47 del Código de Trabajo, los que desarrollan los elementos esenciales para considerar la posible existencia de una relación de trabajo y la continuidad en esas labores, mismos que no se pueden aplicar de manera antojadiza por el simple hecho que le convienen. Es claro que, al ser la demandada parte del gobierno central, las relaciones con sus servidores eran regulados por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y nunca por el Código del Trabajo, por ende, no le serian aplicables esas normas del Código del Trabajo citadas. En ese orden de ideas fundamentar sus pretensiones para exigir un reconocimiento de permanencia por la suscripción de los contratos, sería en menos cabo del artículo 60 de la Constitución de la Republica, el que dispone que "todos somos iguales ante la ley", no obstante, la actividad temporal se debe a que la plaza no existe y por ende no puede otorgarse un nombramiento de la Dirección de Servicio Civil permanente, razón por la cual se rechaza tal pretensión. Recalcó que el demandado suscribió contratos a término con el demandante, los cuales tenían fecha de inicio y finalización, firmándose de esa manera, en vista de que estaba sujeto a un Plan Operativo Anual (POA) y a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, por lo que no podía excederse, tal como lo determina la Constitución de la Republica en su artículo 364 "No podrá hacerse ningún Compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias". Asimismo, la parte actora desconoció que, al ser el demandado un órgano centralizado, sus empleados permanentes se debían regir por la Ley de Servicio Civil, consecuentemente si pretendía que se le reconociera tal permanencia debía dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y Artículo 7 de su Reglamento, que literalmente dispone: "Para ingresar al Servicio Civil se requiere.... 5. Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley"; Artículo 7 del reglamento "El régimen del Servicio Civil se aplicará a los empleados del poder ejecutivo cuyo ingreso se haya efectuado llenando los requisitos del artículo 11 de la Ley y los establecidos en este Reglamento, así como los aspirantes que estén tramitando su ingreso"; normativas que no fueron cumplimentadas por el demandante, por consiguiente el demandado no podía dejar de aplicarlas para otorgar un nombramiento (permanencia); no hacerlo así, seria violentar las normas y procedimientos legales, pues se estaría en flagrante transgresión de las leyes administrativas atinentes al caso. De lo anterior se concluye que esta no era la vía legal para alcanzar tal fin. Aseveró que el Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, estableció entre sus cláusulas las siguientes: "CLAUSULA NOVENA: JURISDICCIÓN APLICABLE: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta Jurisdicción. CLAUSULA DÉCIMA: LEYES APLICABLES: Las partes contratantes manifiesta expresamente que dada la naturaleza de este contrato será únicamente regido por las disposiciones del Derecho Administrativo Vigente y en tal virtud en el goce de sus derechos están exclusivamente a lo que dispone esta ley y a lo expresamente pactado en el mismo. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Las partes manifiestan que aceptan los términos del presente contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo"; en su defecto el Juzgador de la causa no podía reconocer un acto subjetivo originado de contratos profesionales y técnicos temporales, simplemente porque el autor de la demanda estimó erróneamente que la "causa que originó el surgimiento de la relación laboral ha subsistido y subsistirá", cuando califica al demandado de tratar de encubrir una real y verdadera relación laboral y que en ese acto tiene como finalidad evadir obligaciones y ser un fraude a la ley, pretendiendo desconocer que sus prestaciones de servicio son temporales y transitorias de periodos cortos y con fechas determinadas en tiempo y que no constituyen ningún derecho de reconocimiento de una relación laboral de carácter permanente, no obstante que aceptó y consintió el plazo establecido en el contrato, a ese efecto no puede obligar al demandado a reconocerle derecho alguno, tomando en cuenta que cada contratación debía hacerse según las disponibilidades presupuestarias del ejercicio fiscal de cada año y sería en el proceso del debate que oportunamente se demostrara que no tenía sustento para entablar su acción de demanda. En cuanto al reconocimiento y pago del reajuste del salario mínimo legal, este no podía ser otorgado ya que el demandante no estaba sometido a una relación laboral, sino a un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, en el cual claramente estableció un monto total, específicamente en la cláusula cuarta, el cual durante su vigencia se le pagaba según los meses que prestaba sus servicios, razón por la cual igualmente se deberán desestimar tales pretensiones. Finalmente rechazó en su totalidad lo manifestado por el demandante, en relación a que presentó el reclamo administrativo ante las Oficinas Gubernativas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, buscando un arreglo conciliatorio con el demandado; en virtud que el referido contrato no era laboral, consecuentemente no puede ser competente de conocer tal solicitud la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, pues en caso de conflicto los competentes son los Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y no la Jurisdicción laboral. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de agosto del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para que se declare por tiempo indefinido relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos desde el inicio de la relación laboral en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo. Conceder todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente. Pago de vacaciones. Reconocimiento y pago del reajuste salarial. Pago de daños y perjuicios de conformidad a los establecido en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo. Retroactivo a los dos últimos años de la presentación del reclamo administrativo; instaurada por el señor AVILIO MANUEL SUAREZ SANTOS; contra EL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. II. CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Que se tenga la relación laboral del Señor AVILIO MANUEL SUAREZ SANTOS con carácter de indefinida debiendo la Institución demandada nombrarlo como empleado permanente desde el inicio de la relación laboral 02 de mayo de 2011; b) Pagarle al Señor AVILIO MANUEL SUAREZ SANTOS vacaciones; conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda; c) Asimismo pagarle al Señor AVILIO MANUEL SUAREZ SANTOS reajuste al salario mínimo; así como que se le reajuste su salario a la suma de L. 12,755.92 salario mínimo establecido por el Gobierno Central; dejando establecido que la demandante deberá devengar el salario mínimo acordado por el Gobierno Central; más el pago de sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo; conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda. III.- Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por el Señor AVILIO MANUEL SUAREZ SANTOS para el pago décimo tercer, décimo cuarto mes causados; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar al Señor AVILIO MANUEL SUAREZ SANTOS dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS en esta instancia…” Asimismo, mediante auto resolutivo de fecha 21 de septiembre del 2021 dicha sentencia definitiva fue ACLARADA, mismo que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para que se declare por tiempo indefinido relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos desde el inicio de la relación laboral en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo. Conceder todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente. Pago de vacaciones. Reconocimiento y pago del reajuste salarial. Pago de daños y perjuicios de conformidad a los establecido en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo. Retroactivo a los dos últimos años de la presentación del reclamo administrativo; instaurada por el señor AVILIO MANUEL SUAREZ SANTOS; contra EL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Que se tenga la relación laboral del Señor AVILIO MANUEL SUAREZ SANTOS con carácter de indefinida debiendo la Institución demandada nombrarlo como empleado permanente desde el inicio de la relación laboral 02 de mayo de 2011; b) Pagarle al Señor AVILIO MANUEL SUAREZ SANTOS vacaciones correspondientes a los periodos 2016- 2017 y 2017-2018; conceptos que serán liquidados en su momento procesal oportuno; c) Asimismo pagarle al Señor AVILIO MANUEL SUAREZ SANTOS reajuste al salario mínimo establecido por el Gobierno Central a partir del inicio de la relación laboral, más el pago de sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo; Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda; por lo que a la fecha de emisión de esta sentencia el salario a devengar por el demandante es la suma de L. 12,755.92 salario mínimo establecido por el Gobierno Central; III.- Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por el Señor AVILIO MANUEL SUAREZ SANTOS para el pago décimo tercer, décimo cuarto mes causados; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar al Señor AVILIO MANUEL SUAREZ SANTOS dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS en esta instancia…”; bajo el criterio que, al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que el Señor AVILIO MIGUEL SUAREZ SANTOS antes de haber transcurrido un año celebro Contratos de Trabajo con la misma Institución demandada y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de contratos se entiende por tiempo indefinido y asimismo ese puesto es en el que se desempeñaba al momento de ejecutar los trámites administrativos, razón por la cual la Suscrita es del firme criterio que procede declarar CON LUGAR la demanda de mérito en relación a tener la relación laboral del Señor AVILIO MIGUEL SUAREZ SANTOS por tiempo indefinido, y asimismo que se le debe reconocer todos los derechos que como empleado permanente le corresponde a partir del 02 de mayo de 2011 fecha de inicio de la relación laboral, hasta la fecha en que la sentencia quede firme y sea ejecutoriada la misma; conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda. Que la parte demandante asimismo solicita en el Escrito de su Demanda; pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados; reajuste salarial; pago de daños y perjuicios de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo, retroactivo a los dos últimos años de la presentación del reclamo administrativo; en lo que concierne al pago de vacaciones se declara CON LUGAR en vista que con el medio de prueba exhibición de documentos se acredito que el señor SUAREZ SANTOS gozaba de sus vacaciones no así el pago; en cuanto al pago de decimotercer y decimocuarto mes se declara SIN LUGAR ya que de igual forma con el medio de prueba exhibición de documentos se constató que la Institución demandada le hizo efectivos estos conceptos al demandante; en lo que respecta al reajuste salarial y pago de sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo, procede declarar CON LUGAR dichas peticiones en vista que el señor SUAREZ SANTOS devengaba la suma de L. 7,300.00 tal y como consta en el folio 115 vuelto de los autos y debiendo devengar la cantidad de L. 12,755.92 salario mínimo establecido por el Gobierno Central para el año 2021; de lo anterior de igual forma se deja establecido que la demandante deberá devengar el salario mínimo acordado por el Gobierno Central; asimismo el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo señala: “...El trabajador podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se le adeuda una suma igual conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda”. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 14 de febrero del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado EMÉRITO MEJIA AVELAR; 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva de fecha veintisiete de agosto del año dos mil veintiuno y aclaración de fecha veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REVOCANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO, INCISOS A) Y C), el que deberá leerse de la siguiente manera: "II.- CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Que se tenga la relación laboral del Señor AVILIO MANUEL SUAREZ SANTOS con carácter de indefinida debiendo la Institución demandada tenerlo como empleado permanente desde el inicio de la relación laboral 02 de mayo de 2011; ...; c) Asimismo pagarle al Señor AVILIO MANUEL SUAREZ SANTOS reajuste al salario mínimo establecido por el Gobierno Central a partir del inicio de la relación laboral, retroactivo a los dos últimos años de la presentación del reclamo administrativo; más el pago de sanción indemnizatoria por el no pago del salario mínimo; Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda; por lo que a la fecha de emisión de esta sentencia el salario a devengar por el demandante es la suma de L. J 2,755.92 salario mínimo establecido por el Gobierno Central.". 3) CONFIRMANDO LOS NUMERALES PRIMERO, SEGUNDO INCISO B), TERCERO Y CUARTO.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO UNA RELACIÓN LABORAL ORIGINADA POR LA SUSCRIPCIÓN DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS, EN APLICACIÓN ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, EN CONSECUENCIA CONCEDER TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON CARÁCTER PERMANENTE, PAGO DE VACACIONES, DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES CAUSADOS, POR ENDE OTORGAR EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, ADEMÁS SE PIDE EL RECONOCIMIENTO Y PAGO DEL REAJUSTE SALARIAL, PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 39 DE LA LEY DEL SALARIO MÍNIMO RETROACTIVO A LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS DE LA PRESENTACIÓN DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO, COSTAS promovido por el señor AVILIO MIGUEL SUAREZ SANTOS contra el ESTADO DE HONDURAS, representada por la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en su condición de Procuradora General de la República. SIN COSTAS EN AMBAS INSTANCIAS...". Bajo el criterio que, existe abundante prueba documental con la que se acredita que el trabajador suscribió varios contratos de prestación de servicios profesionales; contratos de trabajo que fueron renovados sucesivamente; desempeñando funciones propias de los trabajadores permanentes. Que con la prueba documental que obra en la primera pieza de autos, se logró acreditar la existencia de una verdadera relación de trabajo celebrado entre el Estado de Honduras y la demandante; y que las funciones por las cuales fue contratada siempre han sido las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración. Además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas.", por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado. Que la doctrina jurisprudencial es la que establece por medio de criterios reiterados en sus sentencias, complementando el ordenamiento jurídico al interpretar y aplicar la ley, las costumbres y los principios generales del derecho; es decir, que la jurisprudencia no vincula, pero crea unos hábitos interpretativos que tienden a procurar la unificación en la interpretación judicial, y permite servir de fundamento jurídico al medio de impugnación, ya sea de apelación o casación. En ese sentido, la Jurisprudencia cumple el cometido de fuente jurídica adicional que garantiza la uniforme aplicación del derecho, conforme al principio de igualdad; y esta función de fuente adicional solo se predica en las materias en que es posible el recurso de casación por infracción de jurisprudencia, como en el derecho civil y en el derecho laboral. Que esta Corte de Apelaciones en reiterados fallos ha dejado establecido que el Estado de Honduras al contratar a sus trabajadores, lo hace en base a contratos de servicios profesionales, nombrándolos en plazas vacantes cuya naturaleza es de carácter permanente; lo que ha llevado a que dicho trabajador solicite su permanencia y se les considere como trabajador permanente; ya que se ha dejado suficientemente claro, que dichos contratos de trabajo reúnen los requisitos señalados en los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo. Que habiéndose acreditado en autos que la relación que sostenía el demandante con el Estado de Honduras era de naturaleza permanente, y tratándose de verdaderos contratos de trabajo, no procede el otorgamiento de un acuerdo de nombramiento, ya que la Juez al otorgar la permanencia, lo hace con todas las facultades que la ley le da como juzgadora, y a la parte demandada no le queda más que dar cumplimiento a la sentencia condenatoria. Por lo que en este sentido procede reformar de oficio la sentencia apelada. Que, vistas las consideraciones anteriores, es procedente REFORMAR DE OFICIO la sentencia y aclaración apelada, por no encontrarse dictada conforme a derecho. 5.- Mediante auto de fecha 28 de febrero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSÉ DANIEL HERRERA MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 07 de junio del 2024,, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSÉ DANIEL HERRERA MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación; por lo que mediante providencia de fecha 05 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 09 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JUAN ÁNGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, que si bien el Ad-Quem hace el razonamiento jurídico correcto al establecer la reforma del fallo pero si redacción no es claridad con referente a los salarios de percibir y los beneficios específicos que no fueron pagados, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta para materializar el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de claridad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código procesal Civil, ya que la Corte de Apelaciones al reformar el fallo recurrido no hace mayor pronunciamiento en cuanto a la condena o absolución de las partes basado en sus peticiones de manera indudable, volviendo ineficaz su ejecución al faltar claridad en la misma. VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII.- Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. X.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual con respecto al tema del presente conflicto, en el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. XI.- Con base a lo establecido en el artículo 726 del código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad - Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. XII.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XIII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-Quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 666 letra c) 726, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 y 701.3 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 14 de febrero del 2023, visible a folios 18 al 25 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del dos mil veinticinco. FIRMA Y SELLO.

RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO,

RECEPTORA ADSCRITA.