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Sentencia CL-572-23 — Registro 19510

Resumen

La Sala Laboral Contencioso Administrativo declaró la Nulidad de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial; Segunda instancia confirmó con lugar demanda ordinaria laboral de reintegro por despido injusto e ilegal, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella."...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el órgano jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el sub judice la sentencia recurrida carece de exhaustividad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Civil, ya que al confirmar la sentencia, hace suyo lo expresado por el A quo y el mismo declara con lugar la demanda de reintegro, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, sin apegarse a la acción derivada del derecho, que se reconoce en la reforma constitucional relacionada con el Registro Nacional de Las Personas (RNP) en relación con los decretos legislativos números 103-2018, 88-2019 y 200-2018 que contiene la reforma constitucional del artículo 43 A de la Ley del Registro Nacional de las Personas, y 26 del reglamento interno, el cual consiste en la atribución que se le otorga a la Junta Interventora de reestructurar administrativamente al Registro Nacional de las Personas, en este sentido de ideas se acordó la cancelación del cargo de Asistente Ejecutivo dependiente de la entonces Dirección, y a consecuencia de la eliminación de las figuras de Director y Sub Director Técnico y Subdirector Administrativo se procedió a la cancelación de las plazas de asistentes y por ende no existen en la estructura de puestos del Registro Nacional de las Personas."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...". Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. X. Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual con respecto al tema del presente conflicto. En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. XI. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad - Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. XII. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XIII. Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD DE OFICIO de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho"..

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de mayo del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 24 de abril del 2024, por la Abogada ANA ELIZABETH SANCHEZ REYES, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JORGE ALBERTO BARAHONA, representado en juicio por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de reintegro por despido injusto e ilegal, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de mayo del 2019 por el señor JORGE ALBERTO BARAHONA, mayor de edad, casado, Ingeniero en Informática, hondureño y de este domicilio, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), por medio del Coordinador de la Junta Interventora el señor ROLANDO ENRIQUE KATTAN BOJORQUEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 27 de julio del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 15 de agosto del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE REINTEGRO. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS DERECHOS LABORALES; instaurada por el señor JORGE ALBERTO BARAHONA; contra EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) por intermedio del Coordinador de la Junta Interventora el Señor ROLANDO ENRIQUE KATAN BOJORQUEZ; II.- CONDENAR: AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) por intermedio del Coordinador de la Junta Interventora el Señor ROLANDO ENRIQUE KATAN BOJORQUEZ a lo siguiente: 1.- REINTEGRAR: Al señor JORGE ALBERTO BARAHONA; a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; 2.- Más el pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia; III.- Declarar SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral para el Registro Nacional de las Personas (R.N.P.), en el cargo de Asistente Ejecutivo de la Dirección General, a partir del 02 de enero del 2008, según Acuerdo No. 069-2008 de fecha 25 de marzo del 2008, reconociéndole en dicho Acuerdo la antigüedad a partir del 06 de junio de 2006, devengando un salario mensual de L. 36,700.00. Y mediante Certificación del Acuerdo No. 025-2019 de fecha 22 de marzo del 2019 se destituye del cargo de Asistente Ejecutivo de Dirección I, siendo efectiva dicha cancelación a partir del 31 de marzo del 2019, sin invocar causal alguna de las enumeradas en el artículo 112 en relación con el 117 del Código de Trabajo, por lo que el despido es ilegal e injusto; produciéndose en franca violación a los artículos 127 y 129 de la Constitución de la Republica donde establece que toda persona tiene derecho al trabajo y a la protección contra el desempleo y que garantiza la estabilidad de los trabajadores en el cargo y el derecho a elegir por el reintegro o la aceptación del pago de prestaciones siendo potestativo del trabajador. Como se podrá observar la reincidencia por parte de la institución demandada, efectuándose un primer despido en fecha 10 de enero del 2017, según acuerdo 201-2016 de fecha 29 de diciembre del 2016 sin invocar en dicho despido causal o motivo alguno, siendo reintegrado al puesto de trabajo el 8 de octubre del año 2018; despidiéndolo por segunda vez de su puesto de trabajo sin causal o motivo alguno, por lo tanto la institución demandada debe ser condenada en costas por no existir motivos racionales para litigar. Con el ánimo de conciliar las diferencias, el demandante procedió a interponer el reclamo administrativo ante el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, dándose por agotado el trámite administrativo respectivo en fecha 23 de abril del 2019, por no llegar a un acuerdo conciliatorio entre las partes. 2.- La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), contestó dicha demanda señalando que, en virtud de estar facultado por Ley, la cancelación realizada en el cargo de Asistente Ejecutivo de la Dirección del señor Jorge Alberto Barahona, se realizó sin responsabilidad alguna para el R.N.P., en virtud que el cargo que ostentaba el demandante está en la categoría de Cargo de Confianza, por lo que no requiere que el patrono invocare ninguna causal de despido. Además, no le corresponde por su misma condición, acudir al órgano jurisdiccional a pedir el reintegro, como derecho alternativo, ya que hay reconocimiento pleno de sus prestaciones laborales al 100% y derechos adquiridos. Bajo la premisa que el cargo ostentado por el demandante está dentro de la categoría de “Cargo de Confianza”, y que en base a que el demandado tiene plena y libre administración como la dirección de todas sus actividades, procedió a dar por terminada la relación laboral que le unía con el demandante, lo que en ningún momento acarrea responsabilidad alguna para el patrono, por lo que la pretensión de reintegro es improcedente. Que si bien, es cierto, la Ley garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo a las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación, que ese derecho a la estabilidad laboral no es absoluto, ya que como trabajadores en general, que por la propia naturaleza del cargo, no gozan del derecho de acudir a la instancia jurisdiccional a solicitar su reintegro, aunque si al pago de sus prestaciones laborales, tratamiento diferenciado para el caso de trabajadores protegidos, no siendo potestad del empleador limitar tal derecho, situación esta última, que como ya se dijo, no aplica el régimen especial de trabajadores de confianza.3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de agosto del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE REINTEGRO. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS DERECHOS LABORALES; instaurada por el señor JORGE ALBERTO BARAHONA; contra EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) por intermedio del Coordinador de la Junta Interventora el Señor ROLANDO ENRIQUE KATAN BOJORQUEZ; II.- CONDENAR: AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) por intermedio del Coordinador de la Junta Interventora el Señor ROLANDO ENRIQUE KATAN BOJORQUEZ a lo siguiente: 1.- REINTEGRAR: Al señor JORGE ALBERTO BARAHONA; a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; 2.- Más el pago de los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato de trabajo hasta el momento de la reinstalación, y al reconocimiento de los demás derechos adquiridos en su ausencia; III.- Declarar SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, corresponde al trabajador la prueba del despido alegado y al patrono la justificación del mismo. A tal efecto el actor aportó como medio de prueba Documental consistente en el Acuerdo Número 025-2019 de fecha 22 de marzo del 2019, en el cual el Coordinador de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas, en cumplimiento a lo resuelto en la Sesión Ordinaria celebrada por la Junta Interventora de este Organismo, el 22 de marzo del 2019 y en aplicación a lo establecido en los artículos 16 numeral 7) y 17 numeral 2) de la Ley del Registro Nacional de las Personas por unanimidad de votos de los miembros de la Junta Interventora acordó cancelar el cargo de Asistente Ejecutivo de Dirección por cancelación de la plaza al demandante efectivo a partir del 31 de marzo de 2019, reconociéndosele el pago del 100% de las prestaciones y derechos laborales que le corresponden de conformidad a la Ley; y en virtud de reforma Constitucional ratificada el 25 de enero de 2019 por el Soberano Congreso Nacional de la República y publicada en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 28 de enero de 2019, en la que se eliminó la figura del Director y Sub Directores del R.N.P. por ende se procedió a la cancelación de las plazas de asistentes de dichos cargos eliminados de la Constitución de la República, además, se instruyó a los departamentos correspondientes para proceder con el pago de las prestaciones laborales, sujeto a la disponibilidad presupuestaria de la institución. Que la causal invocada por la demandada no constituye motivo legal para dar por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral, y al operarse en estas condiciones resulta ilegal e injustificado el mismo, acción que violenta el derecho al trabajo y la estabilidad laboral de los trabajadores establecidos en el Código de Trabajo y normas internas e internacionales. Que la Constitución de la República garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las Industrias y Profesiones y las justas causas de separación. Que por las razones anteriormente expuestas y las pruebas allegadas al juicio, se llega al firme convencimiento que el demandante ha acreditado el despido ilegal e injustificado de que fue objeto por su empleador, asistiéndole el derecho a ser reintegrado al puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo, y al pago de los salarios dejados de percibir, así como a los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia del actor, consecuentemente es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de julio de 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, en el caso bajo examen lo que tenía que acreditar el patrono es la causa o motivo por el cual tuvo que cancelar el contrato de trabajo del demandante, ya que en el acuerdo de cancelación no invocan que era un empleado de confianza, sino que la cancelación de los cargos del Director y Sub Director, conlleva a cancelar las plazas de sus asistentes, aduciendo ahora que son cargos de confianza, situación ésta que a la luz, del Código del Trabajo no es una causal de despido, ya que lo que este cuerpo legal regula en relación a la pérdida de confianza, en su artículo 111 numeral 7, es la pérdida de confianza del patrono hacia el trabajador que desempeñe un cargo de dirección, fiscalización o vigilancia; tales como mayordomos, capataces, debiendo justificarse a juicio de la Dirección del Trabajo, o sus representantes los motivos de tal desconfianza; más si había sido promovido de un puesto de escalafón en la empresa en que existe volverá a él, salvo que haya motivo justificado para su despido. Lo mismo se observará cuando el trabajador que desempeñe un puesto de confianza solicite volver a su antiguo empleo, situación está muy diferente a lo alegado por la parte demandada, y que necesariamente exige un procedimiento ante la Dirección General del Trabajo si hubiese sido el caso. Por tanto se considera, que en observancia al Principio de Estabilidad Laboral, debieron de respetarle al demandante, la continuidad en el trabajo, con un traslado, a otro departamento de la misma dependencia, si efectivamente se ha comprobado que cancelaron la plaza de asistente, porque si bien le han ofrecido el pago del 100% de sus prestaciones, la parte actora no está obligada a aceptar el pago de las mismas, pues constitucionalmente tiene el derecho alterno al reintegro, que es lo que ha solicitado en su demanda, en razón de que no existe una causal de despido enmarcada en el artículo 112 en relación con el 117 del Código de Trabajo, por lo tanto se ha configurado un despido ilegal e injusto, que le acarrea responsabilidad a la parte demandada. Se verificó que la sentencia cumplía con los requisitos de claridad y precisión, motivando y fundamentando adecuadamente la decisión final. La resolución fue congruente y exhaustiva, abordando todas las pretensiones de las partes conforme a las pruebas presentadas, por lo que se confirmó la sentencia. 5.- Mediante auto de fecha 28 de febrero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ANA ELIZABETH SANCHEZ REYES, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 24 de abril del 2024, compareció ante este Tribunal la Abogada ANA ELIZABETH SANCHEZ REYES, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 17 de mayo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de julio del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el órgano jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el sub judice la sentencia recurrida carece de exhaustividad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Civil, ya que al confirmar la sentencia, hace suyo lo expresado por el A quo y el mismo declara con lugar la demanda de reintegro, pago de salarios dejados de percibir y demás derechos laborales, sin apegarse a la acción derivada del derecho, que se reconoce en la reforma constitucional relacionada con el Registro Nacional de Las Personas (RNP) en relación con los decretos legislativos números 103-2018, 88-2019 y 200-2018 que contiene la reforma constitucional del artículo 43 A de la Ley del Registro Nacional de las Personas, y 26 del reglamento interno, el cual consiste en la atribución que se le otorga a la Junta Interventora de reestructurar administrativamente al Registro Nacional de las Personas, en este sentido de ideas se acordó la cancelación del cargo de Asistente Ejecutivo dependiente de la entonces Dirección, y a consecuencia de la eliminación de las figuras de Director y Sub Director Técnico y Subdirector Administrativo se procedió a la cancelación de las plazas de asistentes y por ende no existen en la estructura de puestos del Registro Nacional de las Personas. VII. Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” IX. Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. X. Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual con respecto al tema del presente conflicto. En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. XI. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad - Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. XII. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XIII. Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD DE OFICIO de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 666 letra c) 726, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 y 701.3 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 27 de julio del 2023, visible a folios 16 al 21 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha doce de mayo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 572-2023.

RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY

RECEPTOR ADSCRITOSALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO