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Sentencia CL-559-23 — Registro 19938

Resumen

Primera instancia declara con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de derechos adquiridos, prestaciones e indemnizaciones laborales por despido verbal, ilegal e injustificado; y condena al pago de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones adeudadas, décimo tercer mes, reajuste del salario mínimo, indemnización en concepto daños y perjuicios, horas extras, segunda instancia confirma la sentencia; esta Sala de lo Laboral declara no ha lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) el señalamiento del artículo 7 del Código de Trabajo, como precepto autorizante resulta inapropiado, pues, la misma no contiene ninguna causal de casación; b) en la formulación se omite la norma sustantiva que se estime infringida c) la infracción directa es una modalidad de violación a la ley sustantiva que se alega al margen del material probatorio y en la explicación se insta a la valoración del mismo, siendo confuso el cargo; y, d) en lo expuesto se hace referencia a los artículos 7 del Código de Trabajo, que no fue señalado como infringido o relacionado en la formulación que dicho sea de paso contiene párrafos que se deben precisar, 67 y 73 de la Ley de lavado de Activos, que corresponden al orden nacional laboral, careciendo el cargo de claridad y precisión...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) el señalamiento del artículo 7 del Código de Trabajo, como precepto autorizante resulta inapropiado, pues, la misma no contiene ninguna causal de casación; b) en la formulación se omite la norma sustantiva que se estime infringida c) la infracción directa es una modalidad de violación a la ley sustantiva que se alega al margen del material probatorio y en la explicación se insta a la valoración del mismo, siendo confuso el cargo; y, d) en lo expuesto se hace referencia a los artículos 7 del Código de Trabajo, que no fue señalado como infringido o relacionado en la formulación que dicho sea de paso contiene párrafos que se deben precisar, 67 y 73 de la Ley de lavado de Activos, que corresponden al orden nacional laboral, careciendo el cargo de claridad y precisión...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se omite la norma sustantiva infringida requisito indispensable para la prosperidad del cargo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) letra a) del Código de Trabajo; b) los artículos 710 y 858 del Código del Trabajo, resultan inapropiados como sustento del motivo, pues, las mismos no contiene ninguna causal de casación, careciendo el motivo de claridad y precisión; y, c) la infracción directa es una modalidad de violación a la ley sustantiva que se alega al margen del material probatorio y en la explicación se insta a la valoración del mismo, siendo confuso el cargo...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 12 de junio del 2024, por la Abogada ANDREA ALVARADO ALEMÁN, en su condición de representante procesal de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), como recurrente; además es parte recurrida, el señor EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, representado en juicio por la Abogada ALEJANDRA PATRICIA SEVILLA MONTOYA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de derechos adquiridos, prestaciones e indemnizaciones laborales por despido verbal, ilegal e injustificado, pago de salarios adeudados, reajuste del salario mínimo y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 01 de diciembre del 2021, por las Abogadas ALEJANDRA PATRICIA SEVILLA MONTOYA y KERLYN IZAYANA SEVILLA GODOY, quienes actúan en representación del señor EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, soltero, Motorista, hondureño, y con domicilio en La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) por estar bajo su administración la Empresa MANGY'S STORE, a través de la Abogada ANDREA ALVARADO ALEMÁN, quien es la encargada Regional de Litoral Atlántico. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de octubre del 2023, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 20 de junio del 2023, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el Pago de Derechos Adquiridos, Prestaciones e Indemnizaciones Laborales por Despido Verbal, Ilegal e Injustificado, Pago de Salarios Adeudados, y Reajuste del Salario Mínimo y Salarios Dejados de Percibir a Título de Daños y Perjuicios, y Costas del presente juicio, promovida por la Abogada ALEJANDRA PATRICIA SEVILLA MONTOYA y la Abogada KERLYN IZAYANA SEVILLA GODOY, quienes actúan en representación del señor EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, quien es mayor de edad, soltero, hondureño con Documento Nacional de Identificación Número 0410-1998-01078, y de este domicilio; en contra del Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en su condición de Patrono y de manera solidaria contra la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) como institución a cargo de la administración, dirección, y representación del Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP S. deR.L. de C.V., a través de su Director Ejecutivo, el señor FRANCISCO RENÉ FLORES BONILLA, quien es mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y con domicilio residencial en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, quien para efectos de Citación y Emplazamiento puede ser localizado en las instalaciones de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), ubicadas en la Colonia América, Lote número 5, Comayagüela, Municipio de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán; actualmente representada por el Abogado HUGO ADALBERTO SUAZO ORTÍZ en su condición de Comisionado Presidente de la COMISIÓN INTERVENTORA DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), para el Pago de Preaviso, Auxilio de Cesantía, Derechos Adquiridos: Décimo Tercer Mes correspondiente al Año 2020, Décimo Cuarto Mes correspondiente al Año 2020, Pago de las Vacaciones Adeudadas correspondientes a los Años 2019 y 2020, Décimo Tercer Mes Proporcional correspondiente al Año 2020-2021, Décimo Cuarto Mes correspondiente al Año 2020-2021, Pago de las Vacaciones Proporcionales correspondientes al Año 2020-2021; Pago de Horas Extras, Pago en concepto Reajuste Salario Mínimo correspondiente a los Años 2019 y 2020; a favor Trabajador Demandante EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ. SEGUNDO: En consecuencia, CONDENA al Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP S. de R.L. de C.V., en su condición de Patrono y de manera solidaria contra la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) como institución a cargo de la administración, dirección, y representación del Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a través de su Director Ejecutivo JORGE ALBERTO GONZÁLES SALINAS, actualmente representada por el Abogado HUGO ADALBERTO SUAZO ORTIZ en su condición de Comisionado Presidente de la COMISIÓN INTERVENTORA DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), a pagar al Trabajador Demandante EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS (L 230,549.03) por los conceptos que se desglosan a continuación: A) Preaviso: 60 días, VEINTIOCHO MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 28,069.44).- B) Auxilio de Cesantía: 90 días, CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS (L 42,104.16). C) Auxilio de Cesantía Proporcional: 27 días, DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTISÉIS CENTAVOS (L 12,592.26). D) Vacaciones Adeudadas Año 2019: 12 días, CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTITRÉS CENTAVOS (L 4,191.23). E) Vacaciones Adeudadas Año 2020: 15 días, CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L 5,605.77). F) Décimo Tercer Mes Año 2020: 30 días, DOCE MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L 12,029.76). G) Décimo Cuarto Mes Año 2020: 30 días, DOCE MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L 12,029.76). H) Décimo Tercer Mes Proporcional Año 2020-2021: 21 días, OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (L 8,387.42). I) Décimo Cuarto Mes Proporcional Año 2020-2021: 6 días, DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 2,372.54). J) Vacaciones Proporcionales Año 2020-2021: 18 días, SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L 7,195.58). Κ) Reajuste del Salario Mínimo: Año 2019: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L 54,822.96). - L) Reajuste del Salario Mínimo: Año 2020: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (L 24,938.35). M) Indemnización en concepto Daños y Perjuicios por condena a Pago de Reajuste del Salario Mínimo: Año 2019: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (L 2,257.32). N) Indemnización en concepto Daños y Perjuicios por condena a Pago de Reajuste del Salario Mínimo: Año 2020: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (L 6,584.48). - O) Pago de Horas Extras: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L 7,368.00).- Más a título de daños y perjuicios los Salarios Dejados de Percibir, desde la fecha que se produjo el Despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas legales correspondientes quede firme la Sentencia respectiva.- TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia, por asistirle a las partes en juicio el Derecho de Acceso de peticionar ante los Juzgados y Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos...".ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, comenzó a laborar en fecha 18 de octubre del 2016, para la empresa "MANGY'S STORE", en la bodega de La Másica, Atlántida, de forma permanente desempeñándose en el cargo de Motorista; devengaba un salario de L. 11,054.00 mensuales, con un horario de 7:00 am a 8:00 pm de lunes a sábado; pero que el 11 de septiembre del 2020, fue despedido verbalmente por la situación que estaba pasando en el país, por el COVID-19 las instituciones estaban cerradas y no pudo abocarse ante el Ministerio de Trabajo, a solicitar los servicios de un Inspector del Trabajo para que constatara que había sido despedido verbalmente. Y fue hasta el 15 de enero del 2021, que ya estaban laborando nuevamente en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social y los plazos estaban habilitados, por lo que solicitó los servicios de un inspector de trabajo con el objeto de que se personara a las instalaciones físicas de MANGY'S STORE, ubicada en Barrio el Centro frente a Casa Merren de esta ciudad de La Ceiba, con la finalidad de que se constatara el despido verbal en fecha 11 de septiembre del 2020; adeudándole vacaciones pendientes del año 2019 у 2020, décimo cuarto pendiente y horas extras de los últimos dos meses. Manifestó que en vista de lo anterior en fecha 12 de noviembre del 2021 a las nueve horas con doce minutos de la mañana (09:12 am.), la inspectora de trabajo Martha Hicilia Fiallos Arita, se personó en el centro de trabajo referido donde procedió a realizar el levantamiento de la respectiva acta circunstanciada sobre el despido verbal ilegal e injustificado, siendo atendida por el señor Karlo Francisco Espinal, en su condición de Contador de dicha empresa, actuando como representante del patrono quien espontáneamente manifestó que el demandante fue despedido verbalmente en esa fecha, negando que se le debían horas extras y décimo cuarto mes; solicitando una espera para el 16 de noviembre del 2021, para poder entregar toda la documentación para acreditar lo que se le adeudaba al demandante; llegada la fecha entregó la documentación pero no logró acreditar que se le habían pagado horas extras y décimo cuarto mes, en dicha acta quedó constatado que el horario del demandante era de siete de la mañana a ocho de la noche (7:00 a.m. a 8:00 p.m.). alegó que una vez cumpliéndose con la constatación del despido verbal ilegal e injustificado, con el fin de llegar a un acuerdo conciliatorio sobre el reclamo laboral fueron citados Francisco Rene Flores Bonilla, o su representante para que compareciera ante las oficinas de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social con las cedulas de citaciones de fecha 15 de enero, 27 de octubre, 04 de noviembre y 12 de noviembre la cual la parte reclamada no se presentó; en vista de la falta de intención del patrono y de ser una práctica constante la no, asistencia a las audiencias en sede administrativa, solicitamos que se diera por cerrado el trámite administrativo razón por la que se levantó acta de comparecencia en presencia de la inspectora de trabajo, en donde se dejó en libertad como parte reclamante instara la acción correspondiente quedando expedita la vía judicial, extendiéndose certificación a los 18 días del mes de noviembre del 2021. 2.- La parte demandada, la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) por estar bajo su administración la Empresa MANGY'S STORE, a pesar de haber sido citada personalmente en legal y debida forma, a través de su representante legal la señora Diosara Michel Torres Hernandez, en fecha 16 de marzo del 2022, no contestó dicha demanda en el término concedido; por lo que, mediante resolución en comparecencia de fecha 09 de mayo del 2022, se declaró en CONTUMACIA, haciéndole saber que podrá comparecer en cualquier estado del juicio, sin que para ello se retrotraiga las actuaciones realizadas; ordenando que por medio de la Secretaría del Despacho se le notificaran los autos y demás resoluciones que recaigan en el juicio, mediante cédula de notificación fijada en la tabla de avisos del Despacho.. 3.- El Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 20 de junio del 2023, dictó sentencia definitiva, declarando con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia pidiendo el pago de derechos adquiridos, prestaciones e indemnizaciones laborales por despido verbal, ilegal e injustificado, pago de salarios adeudados, y reajuste del salario mínimo y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, y costas del presente juicio, promovida la Abogada ALEJANDRA PATRICIA SEVILLA MONTOYA y la Abogada KERLYN IZAYANA SEVILLA GODOY, quienes actúan en representación del señor EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ; contra la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) por estar bajo su administración la Empresa MANGY'S STORE, a través de la Abogada ANDREA ALVARADO ALEMÁN, quien es la encargada Regional de Litoral Atlántico, para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, derechos adquiridos: décimo tercer mes correspondiente al año 2020, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020, pago de las vacaciones adeudadas correspondientes a los años 2019 y 2020, décimo tercer mes proporcional correspondiente al año 2020-2021, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021, pago de las vacaciones proporcionales correspondientes al año 2020-2021; pago de horas extras, pago en concepto reajuste salario mínimo correspondiente a los años 2019 y 2020; a favor trabajador demandante; en consecuencia, condenó al establecimiento mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP S. de R.L. de C.V., en su condición de Patrono y de manera solidaria contra la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) como institución a cargo de la administración, dirección, y representación del Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a través de su Director Ejecutivo JORGE ALBERTO GONZÁLES SALINAS, actualmente representada por el Abogado HUGO ADALBERTO SUAZO ORTIZ en su condición de Comisionado Presidente de la COMISIÓN INTERVENTORA DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), a pagar al trabajador demandante, la cantidad de L. 230,549.03 por los conceptos de: Preaviso: 60 días, auxilio de cesantía: 90 días, auxilio de cesantía proporcional: 27 días, vacaciones adeudadas año 2019: 12 días, vacaciones adeudadas año 2020: 15 días, décimo tercer mes año 2020: 30 días, décimo cuarto mes año 2020: 30 días, décimo tercer mes proporcional año 2020-2021: 21 días, décimo cuarto mes proporcional año 2020-2021: 6 días, vacaciones proporcionales año 2020-2021: 18 días, reajuste del salario mínimo: año 2019: reajuste del salario mínimo: año 2020: indemnización en concepto daños y perjuicios por condena a pago de reajuste del salario mínimo: año 2019, indemnización en concepto daños y perjuicios por condena a pago de reajuste del salario mínimo: año 2020: pago de horas extras; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde la fecha que se produjo el despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas legales correspondientes quede firme la sentencia respectiva, sin costas; bajo el criterio que, en materia probatoria es principio universal que quien afirma un hecho está obligado a probarlo, ya que es a través de la prueba, el medio legal que sirve para demostrar la verdad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, y en su momento pueda esta darle el valor jurídico probatorio y en el presente juicio, el trabajador demandante alega que ocurrió un despido verbal por lo cual podría ser a él a quien le corresponda probarlo, sin embargo, tal circunstancia no fue negada por la patronal demandada, y aunque así hubiese sido, es pertinente señalar que esto no excluye a la patronal totalmente de la presentación de prueba al efecto de desvirtuarlo, pues en estos casos particulares, operan con mayor fuerza las presunciones legales y la inversión de la carga de la prueba, por tal razón, el onus probandi, termina siendo responsabilidad de la parte que se encuentre en mejores condiciones procesales: el empleador (debido al poder que ostenta dentro y fuera de la relación laboral), esto conforme al principio de solidaridad en materia de distribución de la carga de la prueba, es en este orden de ideas, que ante la prueba aportada (sumatoria de indicios) más las presunciones legales, se ha podido llegar por inferencia, de la existencia de un Despido Verbal. Que el Artículo 113 del Código del Trabajo, dispone que el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales del trabajo, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se funda el despido, si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios los salarios que este habría percibido, desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. Que el Artículo 129 de la Constitución de la República establece, que cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección a una remuneración en concepto de salario dejados de percibir a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas, o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, por lo que, en la presente causa, al no haber acreditado la parte patronal, la justa causa del despido directo, procede DECLARAR CON LUGAR la Demanda de mérito, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, derechos adquiridos, décimo tercer mes correspondiente al año 2020, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020, pago de las vacaciones adeudadas correspondientes a los años 2019 y 2020 décimo tercer mes proporcional correspondiente al año 2020-2021, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021, pago de las vacaciones proporcionales correspondientes al año 2020-2021, pago de horas extras, pago en concepto reajuste salario mínimo correspondiente a los años 2019 y 2020, a favor trabajador demandante EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, ya que no queda demostrado por la patronal demandada que los mismos han sido pagados, derechos que son irrenunciables, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la presente sentencia, por asistirle tal derecho al trabajador demandante. Que en el Artículo 18 del Código del Trabajo, se establece que los casos no previstos por este Código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver, en primer término, de acuerdo con los Principios del Derecho del Trabajo, en segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios; y por último, de acuerdo con las disposiciones contenidas en los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, y los principios del derecho común, jurisprudencia y doctrina; del artículo supra indicado, se puede establecer, como premisa básica o garantía mínima, que al no encontrarse disposición legal alguna en el Código del Trabajo, respecto al término de prescripción de los derechos adquiridos por los trabajadores, le es aplicable la norma que más le favorezca al trabajador, conforme al indubio pro operario, en consecuencia, conforme a lo establecido en el Artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo, en la cual se establece que las acciones derivadas del derecho al Salario, prescribirá en el término de dos años, disposición que se relaciona con el Artículo 12 numeral 2 del Convenio Número 95 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección del salario, en el que se establece que cuando se termine el Contrato de Trabajo, se deberá de efectuar un ajuste final de todos los salarios debidos, por lo tanto, tal y como se supra indicó, los derechos adquiridos prescriben como garantía mínima en el término de dos (2) años, sin embargo, es pertinente dejar establecido que al ser considerados los derechos laborales adquiridos, como derechos fundamentales específicos, los mismos son considerados como irrenunciables, inalienables e imprescriptibles; en consecuencia, quedando acreditada la relación laboral existente entre el trabajador demandante EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, conforme a derecho, siendo que la parte demandada no ha acreditado haber cancelado el pago total de los derechos reclamados por el demandante, procede el pago de derechos adquiridos, décimo tercer mes correspondiente al año 2020, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020, pago de las vacaciones adeudadas correspondientes a los años 2019 y 2020, décimo tercer mes proporcional correspondiente al año 2020-2021, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021, pago de las vacaciones proporcionales correspondientes al año 2020-2021; pago de horas extras, pago en concepto reajuste salario mínimo correspondiente a los años 2019 y 2020 a favor trabajador demandante EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, y que los mismos deben ser pagados conforme al Salario Mínimo correspondientes a los años laborados. Que el artículo 20 de la Ley del Salario Mínimo establece que los salarios mínimos se fijarán tomando en cuenta los propósitos y fines de esta ley deberán ser los más altos que razonablemente los patronos puedan pagar, tomando en consideración las condiciones económicas del país y de competencia. Si los salarios pagados por los patronos fuesen por jornada de trabajo u otra unidad de tiempo, por unidad de obra o por cualquiera otra modalidad de pago, la remuneración que se pague deberá ser suficiente para que un trabajador de mediano rendimiento obtenga, por lo menos el salario mínimo fijado para la actividad que se trate. Que el Artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo señala que la acción deriva del derecho que se reconoce en el Artículo 39 de esta Ley, prescribirá en dos (2) años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva un ejercicio. Asimismo, el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo dispone que todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos, y reciba salarios inferiores a los salarios mínimos a que tiene derecho, podrá recuperar las sumas que se le adeuden por la vía judicial en juicio que se substanciará sumariamente. El Trabajador podrá cobrar en concepto de Daños y Perjuicios, además de lo que se le adeudó, una suma igual. Por lo que habiendo la parte demandante planteado el reclamo para el pago de reajuste salario dentro del plazo establecido en la ley, y que se condena a la parte demandada al pago de reajuste salario mínimo correspondiente al año 2019 y año 2020, cabe resaltar que siendo que se adeudan al trabajador demandante el pago pendiente de salarios adeudados laborados correspondientes a año 2019 y 2020: se calcula conforme al salario mínimo que compete, únicamente procederá el pago en concepto reajuste salario mínimo correspondiente al año 2019 y del año 2020 siendo estos los meses ya pagados, y a su vez corresponde condenar al pago de indemnización en concepto de daños y perjuicios por un monto equivalente a lo correspondiente al año 2019 y año 2020. Que el décimo tercer mes y décimo cuarto mes constituyen salarios y que es un derecho de todos los empleados y trabajadores, los que se harán efectivos en el lugar y tiempo producidos, el décimo tercer mes que se pagará en concepto de aguinaldo y el décimo cuarto mes es que se pagará en concepto de compensación social, según decreto número 112 aprobado por el congreso nacional sobre la ley del séptimo día y décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y acuerdo número 02-95 en relación al reglamento del decimocuarto mes de salario en concepto de compensación social, aprobado mediante decreto número 135-94, de fecha doce (12) de octubre del año mil novecientos noventa y uno (1991), por el soberano congreso nacional, debe de condenarse a la demandada al pago de los derechos adquiridos décimo tercer mes correspondiente al año 2020, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020, pago de las vacaciones adeudadas correspondientes a los años 2019 y 2020, décimo tercer mes proporcional correspondiente al año 2020-2021, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021, pago de las vacaciones proporcionales correspondientes al año 2020-2021; pago de horas extras, pago en concepto reajuste salario mínimo correspondiente a los años 2019 y 2020; a favor trabajador demandante EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ. Que en relación a que se condene en costas del juicio a la parte demandada, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha sentados criterios extendiendo el alcance del Principio de Gratuidad que opera en materia Laboral en el sentido que por regla general no existe condena en costas, y en caso que el Juez decida condenar en costas debe hacerlo motivando suficientemente en observancia a que se ha litigado con temeridad, deslealtad o abuso procesal, en el caso particular que nos ocupa, no se observan tales conceptos y no se puede condenar en costas por el simple hecho que ha sido vencido en juicio, en tal sentido, a criterio de la Suscrita Jueza es procedente eximir a la patronal demandada al pago de costas del presente juicio; de igual forma las entidades del estado estarán exentas del pago de costas en los juicios de cualquier naturaleza, según lo dispone el Articulo 8 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Publicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Activación, por lo que, en la presente causa no procede condenar a la institución demandada al pago de costas del juicio. 4.- La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 19 de octubre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo; sin costas; bajo el criterio que, la parte recurrente esgrime como primer agravio (SIC) "el Demandante alega en su escrito de demanda que inicio sus labores el señor Edwin Noel Ramírez Rodríguez en fecha 18 de octubre del 2016, con el cargo de motorista, con un salario de L. 11,504.00 manifestando que la patronal incumplió con las obligaciones”, además manifestó que no se le pagaban los derechos de aguinaldo, catorceavos y vacaciones... la parte demandante tenía la obligación de probar tanto la relación laboral, el salario, así como constatar el despido verbal, así como la solidaridad que alega con respecto a la Oficina Administradora de Bienes Incautados, sin embargo, consta en el expediente de mérito que los demandantes, en ningún momento probo que la parte patronal haya incumplido sus obligaciones..."; ante lo cual, este Ad-quem, ha podido constatar que en obra a folio 5 de la pieza principal (pp en lo sucesivo), el acta circunstanciada de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual el Inspector del Trabajo se hizo presente a las oficinas de la empresa Mangy's Store ubicada en el Barrio el Centro de esta ciudad, avocándose con el señor Karlo Francisco Espinal Contreras, en su condición de Contador General de la misma, quien manifestó SI) "... el Señor Edwin Noel Ramírez fue despedido 11 septiembre del año 2020, tenía un salario L. 11,054.56, con un horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a sábado, se le pagaba horas extras con hora compensatoria, 16 de noviembre del año 2016, decimocuarto mes del año 2020 fue pagado y pido para día martes 16 de noviembre del presente año para dar todo lo adeudado o papelería solicitada..."., compartiéndose así el hecho probado segundo del fallo recurrido, en el cual la señora Juez, consigna que el trabajador mantenía una relación laboral permanente con la entidad demandada..."., en cuanto al despido verbal, el mismo quedo plenamente acreditado precisamente con el acta circunstanciada referida líneas arriba. Alega la Recurrente, que no fue acreditada la solidaridad respecto a la OABI, quien en ningún momento se beneficiaria de la administración que ostenta por orden judicial que se entiende que es una administración "ATÍPICA", señalando que el artículo 70 de la Ley de Privación de Dominio dispone que "Los bienes sobre los cuales recaiga medida cautelar o de aseguramiento serán puestos a disposición de la OABI, para su administración, guarda y custodia o destrucción cuando sea necesario...", se entiende así que efectivamente la OABI, es la entidad que por disposición de la ley se encarga de la Administración de los bienes incautados, y que por disposición de autoridad competente mediante la figura de la incautación paso a ostentar la administración de la sociedad mercantil Mangy's Store, figura mediante la cual adquiere derechos y obligaciones por intervención directa, siendo este un claro ejemplo de solidaridad. El principio de ajenidad de riesgos, propio de la materia laboral nos indica que los derechos de los trabajadores deben ser percibidos en la forma y lugar convenido, nunca podría depender del destino que tuviese el contrato una vez suscrito, pues la contingencia inherente a la vida comercial se cuenta entre los riesgos que debe soportar exclusivamente el empleador. La empresa Mangy's Store fue intervenida por el Estado de Honduras al amparo de la Ley de Privación de Dominio, delegándose la administración de dicha empresa a la OABI, por ende, debe entenderse que al pasar la administración de la empresa Mangy's Store a la OABI automáticamente opera la sustitución del patrono, acto este que no puede ir en perjuicio del trabajador. Conforme al Principio de Libre Formación del Convencimiento: El Juez Laboral dispone de una amplia libertad para apreciar las pruebas sin sujeción a la tarifa legal de las pruebas, especialmente a los principios científicos que informan la crítica de la prueba.", sin olvidar el "Principio de Verdad Procesal: Los Juzgados deben emitir sus fallos con base en las pruebas aportadas, independientemente de que pudiera darse el caso de que la parte a quien le asiste el derecho no hubiese aportado prueba". En materia laboral no se da condena en costas por el principio de gratuidad dispuesto en el artículo 717 del código del trabajo salvo en casos de litigar con notoria falta de derecho, con temeridad o abuso procesal, deslealtad, malicia, etc. (manual procesal laboral pág. 59) existiendo jurisprudencia al respecto (sentencias dictadas por la Sala de lo Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia). Por lo anteriormente estudiado y analizado este Ad-Quem con fundamento en lo establecido en el artículo 744 del Código del Trabajo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25, que dispone que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los Jueces o Tribunales competentes; estima que es procedente de acuerdo con las apreciaciones de hecho y de derecho suprarelacionadas, declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada legal de la parte demandada. 5.- Mediante auto de fecha 22 de febrero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ANDREA ALVARADO ALEMÁN, en su condición de representante procesal de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), por estar bajo su administración la Empresa MANGY'S STORE, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 12 de junio del 2024, compareció ante este Tribunal la Abogada ANDREA ALVARADO ALEMÁN, en su condición de representante procesal de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), por estar bajo su administración la Empresa MANGY'S STORE, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación; por lo que mediante providencia de fecha 05 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 17 de octubre del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la abogada ALEJANDRA PATRICIA SEVILLA MONTOYA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la abogada ANDREA ALVARADO ALEMÁN, en un primer motivo de casación, alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem no aplicó la norma pertinente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 7 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el artículo 7, es clara, de modo que su interpretación no ofrece duda, no obstante el tribunal Ad Quem, no la aplicó; ya que en el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a de manera solidaria al Estado de Honduras a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI); Su señoría, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) se somete únicamente a las facultades que la Ley Especial Contra el Lavado de Activos le confiere en su CAPÍTULO X DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INCAUTADOS O DECOMISADOS ARTÍCULO 73.- OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI). La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), es un Órgano adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, con personalidad jurídica propia, goza de autonomía técnica, administrativa y financiera para la gestión directa de los asuntos que por Ley se le encomienden; constituyéndose como un órgano técnico especializado para la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados, que la autoridad competente ponga a su disposición....lo cual no constituye desde ninguna interpretación distinta a lo que la Ley establece que es "conservar los activos en las mejores condiciones, inventariarlos, identificarlos, proveer las medidas adecuadas y conducentes e inmediatas para evitar que los bienes asegurados se destruyan, alteren, deterioren o desaparezcan entre otras, ya que no se sabe si los mismos serán privados definitivamente del dominio de la persona imputada o por el contrario le serán devueltos, en este sentido no está dentro de las obligaciones de esta oficina sustituir de ninguna manera al patrono en estos casos, puesto que es una institución de derecho público que no puede asumir las responsabilidades de una empresa mercantil que es de derecho privado y que no es por voluntad propia la decisión de custodiar los bienes sino que se hace en virtud de una orden judicial emanada por Juez competente para hacerlo, aunado a esto al momento de decretar Medidas Precautorias Cautelar de Aseguramiento de Bienes, ordenada por el Juzgado de Privación de Bienes de Origen, se ordenó el aseguramiento de la empresa denominada MANGYS STORE S. DE R. L., procediendo esa judicatura en aplicación al artículo 67 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos que establece de manera imperativa "DESTINO DE LOS BIENES CON MEDIDA PRECAUTORIA. Si fuera sea necesaria la incautación de bienes, productos o instrumentos sobre los cuales recaiga medida precautoria, cautelar o de aseguramiento, el órgano competente debe proceder inmediatamente a ponerlos a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para su administración, guarda, custodia o destrucción en su caso; Cabe señalar su Señoría que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), solo es un ente administrador, la facultad de incautar es facultativa del Ministerio Público. Siendo la OABI un órgano técnico especializado para la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados, aclarando que la misma "administra" empresas de índole privado, en tal sentido la pretensión de los demandantes de que el Estado de Honduras sea quien pueda proceder al pago de lo reclamado está completamente fuera de contexto, pues la Oficina Administradora de Bienes Incautados nada más es "administradora" de la empresa incautada denominada MANGYS STORE S. DE R. L., circunstancia que no la convierte en patrono, pues para que exista solidaridad según dispone el artículo 7 del Código de Trabajo, la solidaria debe ser beneficiada de los servicios prestados por trabajadores, que no es el caso que nos ocupa, pues de reconocérseles algún derecho deberá ser la empresa por la cual fueron contratados como empleados, quien está obligada a responder a las pretensiones del requirente, en virtud de que mi representado de ninguna forma se ha subrogado la responsabilidad de la MANGYS STORE S. DE R. L., por lo tanto no se puede considerar como un "sustituto patronal", ya que tampoco la OABI se encuentra comprendida en las causales del artículo 28 del Código del Trabajo. La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) únicamente es un Órgano desconcentrado que cuenta con Personalidad Jurídica propia, goza de autonomía técnica, administrativa y financiera para la gestión directa de los asuntos que por Ley se le encomienden, constituyéndose como un órgano técnico especializado para la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados o decomisados. - Se produce así la infracción directa de la ley sustantiva”. III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) el señalamiento del artículo 7 del Código de Trabajo, como precepto autorizante resulta inapropiado, pues, la misma no contiene ninguna causal de casación; b) en la formulación se omite la norma sustantiva que se estime infringida c) la infracción directa es una modalidad de violación a la ley sustantiva que se alega al margen del material probatorio y en la explicación se insta a la valoración del mismo, siendo confuso el cargo; y, d) en lo expuesto se hace referencia a los artículos 7 del Código de Trabajo, que no fue señalado como infringido o relacionado en la formulación que dicho sea de paso contiene párrafos que se deben precisar, 67 y 73 de la Ley de lavado de Activos, que corresponden al orden nacional laboral, careciendo el cargo de claridad y precisión. IV. Que en segundo motivo se aduce: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem no aplicó la norma pertinente. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en los artículos 710 y 858 del Código del Trabajo, en relación a los artículos 22, 64 numeral 1) 792 numeral 2 del Código Procesal Civil. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: la legitimación, la cual la encontramos regulada en el artículo 64 numeral 1) del Código Procesal Civil, norma supletoria en el proceso laboral, la cual a la letra dice: "1. Para efectos procesales son partes legitimas ordinarias las que comparezcan y actúen en juicio, en posición jurídica contrapuesta, afirmando ser titulares de la relación jurídica u objeto litigioso sea inter vivos, sea mortis causa". Para que una pretensión pueda ser estimada por un Tribunal es necesario, no solo que concurran los presupuestos procesales del órgano (jurisdicción y competencia) y los de las partes (capacidad para ser parte y procesal), sino que las partes se encuentren en una determinada relación jurídica material con esa pretensión: la legitimación o poder de conducción procesal. Visto lo anterior se colige que en virtud de que los demandantes y mi representado el Estado de Honduras a través de la Oficina, Administradora de Bienes Incautados (OABI) nunca han sostenido ningún tipo de relación contractual mucho menos laboral, por ende no se encuentran comprendidos como parte legitimas en este proceso, razón por la cual es ilógico e inoportuno interponer un acción judicial, solicitando y pretendiendo laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir en contra del Estado de Honduras a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, pues se reitera que nunca fue el empleador o patrono del hoy demandante, ya que los Demandados fueron empleados directos de la empresa MANGYS STORE S. DE R. L., en ese sentido su señoría, al no existir una relación jurídica contrapuesta entre el demandante y mi representado el Estado de Honduras, la presente acción judicial carece de legitimación del demandado (Estado de Honduras a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), pues no se encuentra comprendido como parte legitima en el presente proceso, debido a que como ya se ha supra indicado en ningún momento el demandante mantuvo una relación contractual y mucho menos relación laboral con mi representado, por tanto, el único responsable concerniente al pago de las prestaciones laborales y salarios dejados de percibir del demandante es la empresa MANGYS STORE S. DE R. L., pues tal defecto es insubsanable y ataca el fondo de la demanda de mérito, ya que a todas luces carece de legitimación pasiva de uno de los demandados (Estado de Honduras a través de la OABI), en consecuencia, nunca les perteneció este objeto litigioso o relación jurídica debido a que nunca fueron contratados como engañosamente pretendió hacerlo ver la parte actora demandando a su verdadero empleador la empresa MANGYS STORE S. DE R. L.; y no a mi representado el Estado de Honduras a través Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), cuando con este último nunca existió una relación jurídica contrapuesta”. V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se omite la norma sustantiva infringida requisito indispensable para la prosperidad del cargo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) letra a) del Código de Trabajo; b) los artículos 710 y 858 del Código del Trabajo, resultan inapropiados como sustento del motivo, pues, las mismos no contiene ninguna causal de casación, careciendo el motivo de claridad y precisión; y, c) la infracción directa es una modalidad de violación a la ley sustantiva que se alega al margen del material probatorio y en la explicación se insta a la valoración del mismo, siendo confuso el cargo. VI. Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALYEDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha diez días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL559-23.RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOYRECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO220662583820CERTIFICACIÓNEl Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez (10) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 12 de junio del 2024, por la Abogada ANDREA ALVARADO ALEMÁN, en su condición de representante procesal de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), como recurrente; además es parte recurrida, el señor EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, representado en juicio por la Abogada ALEJANDRA PATRICIA SEVILLA MONTOYA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de derechos adquiridos, prestaciones e indemnizaciones laborales por despido verbal, ilegal e injustificado, pago de salarios adeudados, reajuste del salario mínimo y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 01 de diciembre del 2021, por las Abogadas ALEJANDRA PATRICIA SEVILLA MONTOYA y KERLYN IZAYANA SEVILLA GODOY, quienes actúan en representación del señor EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, soltero, Motorista, hondureño, y con domicilio en La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) por estar bajo su administración la Empresa MANGY'S STORE, a través de la Abogada ANDREA ALVARADO ALEMÁN, quien es la encargada Regional de Litoral Atlántico. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de octubre del 2023, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 20 de junio del 2023, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el Pago de Derechos Adquiridos, Prestaciones e Indemnizaciones Laborales por Despido Verbal, Ilegal e Injustificado, Pago de Salarios Adeudados, y Reajuste del Salario Mínimo y Salarios Dejados de Percibir a Título de Daños y Perjuicios, y Costas del presente juicio, promovida por la Abogada ALEJANDRA PATRICIA SEVILLA MONTOYA y la Abogada KERLYN IZAYANA SEVILLA GODOY, quienes actúan en representación del señor EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, quien es mayor de edad, soltero, hondureño con Documento Nacional de Identificación Número 0410-1998-01078, y de este domicilio; en contra del Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en su condición de Patrono y de manera solidaria contra la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) como institución a cargo de la administración, dirección, y representación del Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP S. deR.L. de C.V., a través de su Director Ejecutivo, el señor FRANCISCO RENÉ FLORES BONILLA, quien es mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y con domicilio residencial en la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, quien para efectos de Citación y Emplazamiento puede ser localizado en las instalaciones de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), ubicadas en la Colonia América, Lote número 5, Comayagüela, Municipio de Tegucigalpa, M.D.C., Departamento de Francisco Morazán; actualmente representada por el Abogado HUGO ADALBERTO SUAZO ORTÍZ en su condición de Comisionado Presidente de la COMISIÓN INTERVENTORA DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), para el Pago de Preaviso, Auxilio de Cesantía, Derechos Adquiridos: Décimo Tercer Mes correspondiente al Año 2020, Décimo Cuarto Mes correspondiente al Año 2020, Pago de las Vacaciones Adeudadas correspondientes a los Años 2019 y 2020, Décimo Tercer Mes Proporcional correspondiente al Año 2020-2021, Décimo Cuarto Mes correspondiente al Año 2020-2021, Pago de las Vacaciones Proporcionales correspondientes al Año 2020-2021; Pago de Horas Extras, Pago en concepto Reajuste Salario Mínimo correspondiente a los Años 2019 y 2020; a favor Trabajador Demandante EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ. SEGUNDO: En consecuencia, CONDENA al Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP S. de R.L. de C.V., en su condición de Patrono y de manera solidaria contra la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) como institución a cargo de la administración, dirección, y representación del Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a través de su Director Ejecutivo JORGE ALBERTO GONZÁLES SALINAS, actualmente representada por el Abogado HUGO ADALBERTO SUAZO ORTIZ en su condición de Comisionado Presidente de la COMISIÓN INTERVENTORA DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), a pagar al Trabajador Demandante EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, la cantidad de DOSCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TRES CENTAVOS (L 230,549.03) por los conceptos que se desglosan a continuación: A) Preaviso: 60 días, VEINTIOCHO MIL SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 28,069.44).- B) Auxilio de Cesantía: 90 días, CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS (L 42,104.16). C) Auxilio de Cesantía Proporcional: 27 días, DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTISÉIS CENTAVOS (L 12,592.26). D) Vacaciones Adeudadas Año 2019: 12 días, CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON VEINTITRÉS CENTAVOS (L 4,191.23). E) Vacaciones Adeudadas Año 2020: 15 días, CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS (L 5,605.77). F) Décimo Tercer Mes Año 2020: 30 días, DOCE MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L 12,029.76). G) Décimo Cuarto Mes Año 2020: 30 días, DOCE MIL VEINTINUEVE LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (L 12,029.76). H) Décimo Tercer Mes Proporcional Año 2020-2021: 21 días, OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (L 8,387.42). I) Décimo Cuarto Mes Proporcional Año 2020-2021: 6 días, DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 2,372.54). J) Vacaciones Proporcionales Año 2020-2021: 18 días, SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS (L 7,195.58). Κ) Reajuste del Salario Mínimo: Año 2019: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L 54,822.96). - L) Reajuste del Salario Mínimo: Año 2020: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS (L 24,938.35). M) Indemnización en concepto Daños y Perjuicios por condena a Pago de Reajuste del Salario Mínimo: Año 2019: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (L 2,257.32). N) Indemnización en concepto Daños y Perjuicios por condena a Pago de Reajuste del Salario Mínimo: Año 2020: SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (L 6,584.48). - O) Pago de Horas Extras: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L 7,368.00).- Más a título de daños y perjuicios los Salarios Dejados de Percibir, desde la fecha que se produjo el Despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas legales correspondientes quede firme la Sentencia respectiva.- TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia, por asistirle a las partes en juicio el Derecho de Acceso de peticionar ante los Juzgados y Tribunales la tutela efectiva de sus derechos e intereses legítimos...".ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, comenzó a laborar en fecha 18 de octubre del 2016, para la empresa "MANGY'S STORE", en la bodega de La Másica, Atlántida, de forma permanente desempeñándose en el cargo de Motorista; devengaba un salario de L. 11,054.00 mensuales, con un horario de 7:00 am a 8:00 pm de lunes a sábado; pero que el 11 de septiembre del 2020, fue despedido verbalmente por la situación que estaba pasando en el país, por el COVID-19 las instituciones estaban cerradas y no pudo abocarse ante el Ministerio de Trabajo, a solicitar los servicios de un Inspector del Trabajo para que constatara que había sido despedido verbalmente. Y fue hasta el 15 de enero del 2021, que ya estaban laborando nuevamente en la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social y los plazos estaban habilitados, por lo que solicitó los servicios de un inspector de trabajo con el objeto de que se personara a las instalaciones físicas de MANGY'S STORE, ubicada en Barrio el Centro frente a Casa Merren de esta ciudad de La Ceiba, con la finalidad de que se constatara el despido verbal en fecha 11 de septiembre del 2020; adeudándole vacaciones pendientes del año 2019 у 2020, décimo cuarto pendiente y horas extras de los últimos dos meses. Manifestó que en vista de lo anterior en fecha 12 de noviembre del 2021 a las nueve horas con doce minutos de la mañana (09:12 am.), la inspectora de trabajo Martha Hicilia Fiallos Arita, se personó en el centro de trabajo referido donde procedió a realizar el levantamiento de la respectiva acta circunstanciada sobre el despido verbal ilegal e injustificado, siendo atendida por el señor Karlo Francisco Espinal, en su condición de Contador de dicha empresa, actuando como representante del patrono quien espontáneamente manifestó que el demandante fue despedido verbalmente en esa fecha, negando que se le debían horas extras y décimo cuarto mes; solicitando una espera para el 16 de noviembre del 2021, para poder entregar toda la documentación para acreditar lo que se le adeudaba al demandante; llegada la fecha entregó la documentación pero no logró acreditar que se le habían pagado horas extras y décimo cuarto mes, en dicha acta quedó constatado que el horario del demandante era de siete de la mañana a ocho de la noche (7:00 a.m. a 8:00 p.m.). alegó que una vez cumpliéndose con la constatación del despido verbal ilegal e injustificado, con el fin de llegar a un acuerdo conciliatorio sobre el reclamo laboral fueron citados Francisco Rene Flores Bonilla, o su representante para que compareciera ante las oficinas de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social con las cedulas de citaciones de fecha 15 de enero, 27 de octubre, 04 de noviembre y 12 de noviembre la cual la parte reclamada no se presentó; en vista de la falta de intención del patrono y de ser una práctica constante la no, asistencia a las audiencias en sede administrativa, solicitamos que se diera por cerrado el trámite administrativo razón por la que se levantó acta de comparecencia en presencia de la inspectora de trabajo, en donde se dejó en libertad como parte reclamante instara la acción correspondiente quedando expedita la vía judicial, extendiéndose certificación a los 18 días del mes de noviembre del 2021. 2.- La parte demandada, la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) por estar bajo su administración la Empresa MANGY'S STORE, a pesar de haber sido citada personalmente en legal y debida forma, a través de su representante legal la señora Diosara Michel Torres Hernandez, en fecha 16 de marzo del 2022, no contestó dicha demanda en el término concedido; por lo que, mediante resolución en comparecencia de fecha 09 de mayo del 2022, se declaró en CONTUMACIA, haciéndole saber que podrá comparecer en cualquier estado del juicio, sin que para ello se retrotraiga las actuaciones realizadas; ordenando que por medio de la Secretaría del Despacho se le notificaran los autos y demás resoluciones que recaigan en el juicio, mediante cédula de notificación fijada en la tabla de avisos del Despacho.. 3.- El Juzgado de Letras Seccional de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 20 de junio del 2023, dictó sentencia definitiva, declarando con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia pidiendo el pago de derechos adquiridos, prestaciones e indemnizaciones laborales por despido verbal, ilegal e injustificado, pago de salarios adeudados, y reajuste del salario mínimo y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, y costas del presente juicio, promovida la Abogada ALEJANDRA PATRICIA SEVILLA MONTOYA y la Abogada KERLYN IZAYANA SEVILLA GODOY, quienes actúan en representación del señor EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ; contra la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) por estar bajo su administración la Empresa MANGY'S STORE, a través de la Abogada ANDREA ALVARADO ALEMÁN, quien es la encargada Regional de Litoral Atlántico, para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, derechos adquiridos: décimo tercer mes correspondiente al año 2020, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020, pago de las vacaciones adeudadas correspondientes a los años 2019 y 2020, décimo tercer mes proporcional correspondiente al año 2020-2021, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021, pago de las vacaciones proporcionales correspondientes al año 2020-2021; pago de horas extras, pago en concepto reajuste salario mínimo correspondiente a los años 2019 y 2020; a favor trabajador demandante; en consecuencia, condenó al establecimiento mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP S. de R.L. de C.V., en su condición de Patrono y de manera solidaria contra la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI) como institución a cargo de la administración, dirección, y representación del Establecimiento Mercantil denominado MANGY'S STORE GROUP SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, a través de su Director Ejecutivo JORGE ALBERTO GONZÁLES SALINAS, actualmente representada por el Abogado HUGO ADALBERTO SUAZO ORTIZ en su condición de Comisionado Presidente de la COMISIÓN INTERVENTORA DE LA OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), a pagar al trabajador demandante, la cantidad de L. 230,549.03 por los conceptos de: Preaviso: 60 días, auxilio de cesantía: 90 días, auxilio de cesantía proporcional: 27 días, vacaciones adeudadas año 2019: 12 días, vacaciones adeudadas año 2020: 15 días, décimo tercer mes año 2020: 30 días, décimo cuarto mes año 2020: 30 días, décimo tercer mes proporcional año 2020-2021: 21 días, décimo cuarto mes proporcional año 2020-2021: 6 días, vacaciones proporcionales año 2020-2021: 18 días, reajuste del salario mínimo: año 2019: reajuste del salario mínimo: año 2020: indemnización en concepto daños y perjuicios por condena a pago de reajuste del salario mínimo: año 2019, indemnización en concepto daños y perjuicios por condena a pago de reajuste del salario mínimo: año 2020: pago de horas extras; más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, desde la fecha que se produjo el despido hasta la fecha en que con sujeción a las normas legales correspondientes quede firme la sentencia respectiva, sin costas; bajo el criterio que, en materia probatoria es principio universal que quien afirma un hecho está obligado a probarlo, ya que es a través de la prueba, el medio legal que sirve para demostrar la verdad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, y en su momento pueda esta darle el valor jurídico probatorio y en el presente juicio, el trabajador demandante alega que ocurrió un despido verbal por lo cual podría ser a él a quien le corresponda probarlo, sin embargo, tal circunstancia no fue negada por la patronal demandada, y aunque así hubiese sido, es pertinente señalar que esto no excluye a la patronal totalmente de la presentación de prueba al efecto de desvirtuarlo, pues en estos casos particulares, operan con mayor fuerza las presunciones legales y la inversión de la carga de la prueba, por tal razón, el onus probandi, termina siendo responsabilidad de la parte que se encuentre en mejores condiciones procesales: el empleador (debido al poder que ostenta dentro y fuera de la relación laboral), esto conforme al principio de solidaridad en materia de distribución de la carga de la prueba, es en este orden de ideas, que ante la prueba aportada (sumatoria de indicios) más las presunciones legales, se ha podido llegar por inferencia, de la existencia de un Despido Verbal. Que el Artículo 113 del Código del Trabajo, dispone que el trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los tribunales del trabajo, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se funda el despido, si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios los salarios que este habría percibido, desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. Que el Artículo 129 de la Constitución de la República establece, que cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección a una remuneración en concepto de salario dejados de percibir a título de daños y perjuicios y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas, o a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, por lo que, en la presente causa, al no haber acreditado la parte patronal, la justa causa del despido directo, procede DECLARAR CON LUGAR la Demanda de mérito, en cuanto al pago de preaviso, auxilio de cesantía, derechos adquiridos, décimo tercer mes correspondiente al año 2020, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020, pago de las vacaciones adeudadas correspondientes a los años 2019 y 2020 décimo tercer mes proporcional correspondiente al año 2020-2021, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021, pago de las vacaciones proporcionales correspondientes al año 2020-2021, pago de horas extras, pago en concepto reajuste salario mínimo correspondiente a los años 2019 y 2020, a favor trabajador demandante EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, ya que no queda demostrado por la patronal demandada que los mismos han sido pagados, derechos que son irrenunciables, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la presente sentencia, por asistirle tal derecho al trabajador demandante. Que en el Artículo 18 del Código del Trabajo, se establece que los casos no previstos por este Código, por sus reglamentos o por las demás leyes relativas al trabajo, se deben resolver, en primer término, de acuerdo con los Principios del Derecho del Trabajo, en segundo lugar, de acuerdo con la equidad, la costumbre o el uso locales, en armonía con dichos principios; y por último, de acuerdo con las disposiciones contenidas en los convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, y los principios del derecho común, jurisprudencia y doctrina; del artículo supra indicado, se puede establecer, como premisa básica o garantía mínima, que al no encontrarse disposición legal alguna en el Código del Trabajo, respecto al término de prescripción de los derechos adquiridos por los trabajadores, le es aplicable la norma que más le favorezca al trabajador, conforme al indubio pro operario, en consecuencia, conforme a lo establecido en el Artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo, en la cual se establece que las acciones derivadas del derecho al Salario, prescribirá en el término de dos años, disposición que se relaciona con el Artículo 12 numeral 2 del Convenio Número 95 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a la protección del salario, en el que se establece que cuando se termine el Contrato de Trabajo, se deberá de efectuar un ajuste final de todos los salarios debidos, por lo tanto, tal y como se supra indicó, los derechos adquiridos prescriben como garantía mínima en el término de dos (2) años, sin embargo, es pertinente dejar establecido que al ser considerados los derechos laborales adquiridos, como derechos fundamentales específicos, los mismos son considerados como irrenunciables, inalienables e imprescriptibles; en consecuencia, quedando acreditada la relación laboral existente entre el trabajador demandante EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, conforme a derecho, siendo que la parte demandada no ha acreditado haber cancelado el pago total de los derechos reclamados por el demandante, procede el pago de derechos adquiridos, décimo tercer mes correspondiente al año 2020, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020, pago de las vacaciones adeudadas correspondientes a los años 2019 y 2020, décimo tercer mes proporcional correspondiente al año 2020-2021, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021, pago de las vacaciones proporcionales correspondientes al año 2020-2021; pago de horas extras, pago en concepto reajuste salario mínimo correspondiente a los años 2019 y 2020 a favor trabajador demandante EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ, y que los mismos deben ser pagados conforme al Salario Mínimo correspondientes a los años laborados. Que el artículo 20 de la Ley del Salario Mínimo establece que los salarios mínimos se fijarán tomando en cuenta los propósitos y fines de esta ley deberán ser los más altos que razonablemente los patronos puedan pagar, tomando en consideración las condiciones económicas del país y de competencia. Si los salarios pagados por los patronos fuesen por jornada de trabajo u otra unidad de tiempo, por unidad de obra o por cualquiera otra modalidad de pago, la remuneración que se pague deberá ser suficiente para que un trabajador de mediano rendimiento obtenga, por lo menos el salario mínimo fijado para la actividad que se trate. Que el Artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo señala que la acción deriva del derecho que se reconoce en el Artículo 39 de esta Ley, prescribirá en dos (2) años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva un ejercicio. Asimismo, el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo dispone que todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos, y reciba salarios inferiores a los salarios mínimos a que tiene derecho, podrá recuperar las sumas que se le adeuden por la vía judicial en juicio que se substanciará sumariamente. El Trabajador podrá cobrar en concepto de Daños y Perjuicios, además de lo que se le adeudó, una suma igual. Por lo que habiendo la parte demandante planteado el reclamo para el pago de reajuste salario dentro del plazo establecido en la ley, y que se condena a la parte demandada al pago de reajuste salario mínimo correspondiente al año 2019 y año 2020, cabe resaltar que siendo que se adeudan al trabajador demandante el pago pendiente de salarios adeudados laborados correspondientes a año 2019 y 2020: se calcula conforme al salario mínimo que compete, únicamente procederá el pago en concepto reajuste salario mínimo correspondiente al año 2019 y del año 2020 siendo estos los meses ya pagados, y a su vez corresponde condenar al pago de indemnización en concepto de daños y perjuicios por un monto equivalente a lo correspondiente al año 2019 y año 2020. Que el décimo tercer mes y décimo cuarto mes constituyen salarios y que es un derecho de todos los empleados y trabajadores, los que se harán efectivos en el lugar y tiempo producidos, el décimo tercer mes que se pagará en concepto de aguinaldo y el décimo cuarto mes es que se pagará en concepto de compensación social, según decreto número 112 aprobado por el congreso nacional sobre la ley del séptimo día y décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y acuerdo número 02-95 en relación al reglamento del decimocuarto mes de salario en concepto de compensación social, aprobado mediante decreto número 135-94, de fecha doce (12) de octubre del año mil novecientos noventa y uno (1991), por el soberano congreso nacional, debe de condenarse a la demandada al pago de los derechos adquiridos décimo tercer mes correspondiente al año 2020, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020, pago de las vacaciones adeudadas correspondientes a los años 2019 y 2020, décimo tercer mes proporcional correspondiente al año 2020-2021, décimo cuarto mes correspondiente al año 2020-2021, pago de las vacaciones proporcionales correspondientes al año 2020-2021; pago de horas extras, pago en concepto reajuste salario mínimo correspondiente a los años 2019 y 2020; a favor trabajador demandante EDWIN NOEL RAMÍREZ RODRÍGUEZ. Que en relación a que se condene en costas del juicio a la parte demandada, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha sentados criterios extendiendo el alcance del Principio de Gratuidad que opera en materia Laboral en el sentido que por regla general no existe condena en costas, y en caso que el Juez decida condenar en costas debe hacerlo motivando suficientemente en observancia a que se ha litigado con temeridad, deslealtad o abuso procesal, en el caso particular que nos ocupa, no se observan tales conceptos y no se puede condenar en costas por el simple hecho que ha sido vencido en juicio, en tal sentido, a criterio de la Suscrita Jueza es procedente eximir a la patronal demandada al pago de costas del presente juicio; de igual forma las entidades del estado estarán exentas del pago de costas en los juicios de cualquier naturaleza, según lo dispone el Articulo 8 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Publicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Activación, por lo que, en la presente causa no procede condenar a la institución demandada al pago de costas del juicio. 4.- La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 19 de octubre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo; sin costas; bajo el criterio que, la parte recurrente esgrime como primer agravio (SIC) "el Demandante alega en su escrito de demanda que inicio sus labores el señor Edwin Noel Ramírez Rodríguez en fecha 18 de octubre del 2016, con el cargo de motorista, con un salario de L. 11,504.00 manifestando que la patronal incumplió con las obligaciones”, además manifestó que no se le pagaban los derechos de aguinaldo, catorceavos y vacaciones... la parte demandante tenía la obligación de probar tanto la relación laboral, el salario, así como constatar el despido verbal, así como la solidaridad que alega con respecto a la Oficina Administradora de Bienes Incautados, sin embargo, consta en el expediente de mérito que los demandantes, en ningún momento probo que la parte patronal haya incumplido sus obligaciones..."; ante lo cual, este Ad-quem, ha podido constatar que en obra a folio 5 de la pieza principal (pp en lo sucesivo), el acta circunstanciada de fecha doce de noviembre de dos mil veintiuno, mediante la cual el Inspector del Trabajo se hizo presente a las oficinas de la empresa Mangy's Store ubicada en el Barrio el Centro de esta ciudad, avocándose con el señor Karlo Francisco Espinal Contreras, en su condición de Contador General de la misma, quien manifestó SI) "... el Señor Edwin Noel Ramírez fue despedido 11 septiembre del año 2020, tenía un salario L. 11,054.56, con un horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a sábado, se le pagaba horas extras con hora compensatoria, 16 de noviembre del año 2016, decimocuarto mes del año 2020 fue pagado y pido para día martes 16 de noviembre del presente año para dar todo lo adeudado o papelería solicitada..."., compartiéndose así el hecho probado segundo del fallo recurrido, en el cual la señora Juez, consigna que el trabajador mantenía una relación laboral permanente con la entidad demandada..."., en cuanto al despido verbal, el mismo quedo plenamente acreditado precisamente con el acta circunstanciada referida líneas arriba. Alega la Recurrente, que no fue acreditada la solidaridad respecto a la OABI, quien en ningún momento se beneficiaria de la administración que ostenta por orden judicial que se entiende que es una administración "ATÍPICA", señalando que el artículo 70 de la Ley de Privación de Dominio dispone que "Los bienes sobre los cuales recaiga medida cautelar o de aseguramiento serán puestos a disposición de la OABI, para su administración, guarda y custodia o destrucción cuando sea necesario...", se entiende así que efectivamente la OABI, es la entidad que por disposición de la ley se encarga de la Administración de los bienes incautados, y que por disposición de autoridad competente mediante la figura de la incautación paso a ostentar la administración de la sociedad mercantil Mangy's Store, figura mediante la cual adquiere derechos y obligaciones por intervención directa, siendo este un claro ejemplo de solidaridad. El principio de ajenidad de riesgos, propio de la materia laboral nos indica que los derechos de los trabajadores deben ser percibidos en la forma y lugar convenido, nunca podría depender del destino que tuviese el contrato una vez suscrito, pues la contingencia inherente a la vida comercial se cuenta entre los riesgos que debe soportar exclusivamente el empleador. La empresa Mangy's Store fue intervenida por el Estado de Honduras al amparo de la Ley de Privación de Dominio, delegándose la administración de dicha empresa a la OABI, por ende, debe entenderse que al pasar la administración de la empresa Mangy's Store a la OABI automáticamente opera la sustitución del patrono, acto este que no puede ir en perjuicio del trabajador. Conforme al Principio de Libre Formación del Convencimiento: El Juez Laboral dispone de una amplia libertad para apreciar las pruebas sin sujeción a la tarifa legal de las pruebas, especialmente a los principios científicos que informan la crítica de la prueba.", sin olvidar el "Principio de Verdad Procesal: Los Juzgados deben emitir sus fallos con base en las pruebas aportadas, independientemente de que pudiera darse el caso de que la parte a quien le asiste el derecho no hubiese aportado prueba". En materia laboral no se da condena en costas por el principio de gratuidad dispuesto en el artículo 717 del código del trabajo salvo en casos de litigar con notoria falta de derecho, con temeridad o abuso procesal, deslealtad, malicia, etc. (manual procesal laboral pág. 59) existiendo jurisprudencia al respecto (sentencias dictadas por la Sala de lo Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia). Por lo anteriormente estudiado y analizado este Ad-Quem con fundamento en lo establecido en el artículo 744 del Código del Trabajo y la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 25, que dispone que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier recurso efectivo ante los Jueces o Tribunales competentes; estima que es procedente de acuerdo con las apreciaciones de hecho y de derecho suprarelacionadas, declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por la apoderada legal de la parte demandada. 5.- Mediante auto de fecha 22 de febrero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ANDREA ALVARADO ALEMÁN, en su condición de representante procesal de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), por estar bajo su administración la Empresa MANGY'S STORE, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 12 de junio del 2024, compareció ante este Tribunal la Abogada ANDREA ALVARADO ALEMÁN, en su condición de representante procesal de la OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI), por estar bajo su administración la Empresa MANGY'S STORE, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación; por lo que mediante providencia de fecha 05 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 17 de octubre del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la abogada ALEJANDRA PATRICIA SEVILLA MONTOYA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la abogada ANDREA ALVARADO ALEMÁN, en un primer motivo de casación, alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem no aplicó la norma pertinente. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 7 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el artículo 7, es clara, de modo que su interpretación no ofrece duda, no obstante el tribunal Ad Quem, no la aplicó; ya que en el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a de manera solidaria al Estado de Honduras a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI); Su señoría, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) se somete únicamente a las facultades que la Ley Especial Contra el Lavado de Activos le confiere en su CAPÍTULO X DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES INCAUTADOS O DECOMISADOS ARTÍCULO 73.- OFICINA ADMINISTRADORA DE BIENES INCAUTADOS (OABI). La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), es un Órgano adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia, con personalidad jurídica propia, goza de autonomía técnica, administrativa y financiera para la gestión directa de los asuntos que por Ley se le encomienden; constituyéndose como un órgano técnico especializado para la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados, que la autoridad competente ponga a su disposición....lo cual no constituye desde ninguna interpretación distinta a lo que la Ley establece que es "conservar los activos en las mejores condiciones, inventariarlos, identificarlos, proveer las medidas adecuadas y conducentes e inmediatas para evitar que los bienes asegurados se destruyan, alteren, deterioren o desaparezcan entre otras, ya que no se sabe si los mismos serán privados definitivamente del dominio de la persona imputada o por el contrario le serán devueltos, en este sentido no está dentro de las obligaciones de esta oficina sustituir de ninguna manera al patrono en estos casos, puesto que es una institución de derecho público que no puede asumir las responsabilidades de una empresa mercantil que es de derecho privado y que no es por voluntad propia la decisión de custodiar los bienes sino que se hace en virtud de una orden judicial emanada por Juez competente para hacerlo, aunado a esto al momento de decretar Medidas Precautorias Cautelar de Aseguramiento de Bienes, ordenada por el Juzgado de Privación de Bienes de Origen, se ordenó el aseguramiento de la empresa denominada MANGYS STORE S. DE R. L., procediendo esa judicatura en aplicación al artículo 67 de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos que establece de manera imperativa "DESTINO DE LOS BIENES CON MEDIDA PRECAUTORIA. Si fuera sea necesaria la incautación de bienes, productos o instrumentos sobre los cuales recaiga medida precautoria, cautelar o de aseguramiento, el órgano competente debe proceder inmediatamente a ponerlos a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), para su administración, guarda, custodia o destrucción en su caso; Cabe señalar su Señoría que la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), solo es un ente administrador, la facultad de incautar es facultativa del Ministerio Público. Siendo la OABI un órgano técnico especializado para la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados, decomisados o abandonados, aclarando que la misma "administra" empresas de índole privado, en tal sentido la pretensión de los demandantes de que el Estado de Honduras sea quien pueda proceder al pago de lo reclamado está completamente fuera de contexto, pues la Oficina Administradora de Bienes Incautados nada más es "administradora" de la empresa incautada denominada MANGYS STORE S. DE R. L., circunstancia que no la convierte en patrono, pues para que exista solidaridad según dispone el artículo 7 del Código de Trabajo, la solidaria debe ser beneficiada de los servicios prestados por trabajadores, que no es el caso que nos ocupa, pues de reconocérseles algún derecho deberá ser la empresa por la cual fueron contratados como empleados, quien está obligada a responder a las pretensiones del requirente, en virtud de que mi representado de ninguna forma se ha subrogado la responsabilidad de la MANGYS STORE S. DE R. L., por lo tanto no se puede considerar como un "sustituto patronal", ya que tampoco la OABI se encuentra comprendida en las causales del artículo 28 del Código del Trabajo. La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) únicamente es un Órgano desconcentrado que cuenta con Personalidad Jurídica propia, goza de autonomía técnica, administrativa y financiera para la gestión directa de los asuntos que por Ley se le encomienden, constituyéndose como un órgano técnico especializado para la adecuada guarda, custodia y administración de los bienes incautados o decomisados. - Se produce así la infracción directa de la ley sustantiva”. III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) el señalamiento del artículo 7 del Código de Trabajo, como precepto autorizante resulta inapropiado, pues, la misma no contiene ninguna causal de casación; b) en la formulación se omite la norma sustantiva que se estime infringida c) la infracción directa es una modalidad de violación a la ley sustantiva que se alega al margen del material probatorio y en la explicación se insta a la valoración del mismo, siendo confuso el cargo; y, d) en lo expuesto se hace referencia a los artículos 7 del Código de Trabajo, que no fue señalado como infringido o relacionado en la formulación que dicho sea de paso contiene párrafos que se deben precisar, 67 y 73 de la Ley de lavado de Activos, que corresponden al orden nacional laboral, careciendo el cargo de claridad y precisión. IV. Que en segundo motivo se aduce: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem no aplicó la norma pertinente. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en los artículos 710 y 858 del Código del Trabajo, en relación a los artículos 22, 64 numeral 1) 792 numeral 2 del Código Procesal Civil. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: la legitimación, la cual la encontramos regulada en el artículo 64 numeral 1) del Código Procesal Civil, norma supletoria en el proceso laboral, la cual a la letra dice: "1. Para efectos procesales son partes legitimas ordinarias las que comparezcan y actúen en juicio, en posición jurídica contrapuesta, afirmando ser titulares de la relación jurídica u objeto litigioso sea inter vivos, sea mortis causa". Para que una pretensión pueda ser estimada por un Tribunal es necesario, no solo que concurran los presupuestos procesales del órgano (jurisdicción y competencia) y los de las partes (capacidad para ser parte y procesal), sino que las partes se encuentren en una determinada relación jurídica material con esa pretensión: la legitimación o poder de conducción procesal. Visto lo anterior se colige que en virtud de que los demandantes y mi representado el Estado de Honduras a través de la Oficina, Administradora de Bienes Incautados (OABI) nunca han sostenido ningún tipo de relación contractual mucho menos laboral, por ende no se encuentran comprendidos como parte legitimas en este proceso, razón por la cual es ilógico e inoportuno interponer un acción judicial, solicitando y pretendiendo laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir en contra del Estado de Honduras a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados, pues se reitera que nunca fue el empleador o patrono del hoy demandante, ya que los Demandados fueron empleados directos de la empresa MANGYS STORE S. DE R. L., en ese sentido su señoría, al no existir una relación jurídica contrapuesta entre el demandante y mi representado el Estado de Honduras, la presente acción judicial carece de legitimación del demandado (Estado de Honduras a través de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), pues no se encuentra comprendido como parte legitima en el presente proceso, debido a que como ya se ha supra indicado en ningún momento el demandante mantuvo una relación contractual y mucho menos relación laboral con mi representado, por tanto, el único responsable concerniente al pago de las prestaciones laborales y salarios dejados de percibir del demandante es la empresa MANGYS STORE S. DE R. L., pues tal defecto es insubsanable y ataca el fondo de la demanda de mérito, ya que a todas luces carece de legitimación pasiva de uno de los demandados (Estado de Honduras a través de la OABI), en consecuencia, nunca les perteneció este objeto litigioso o relación jurídica debido a que nunca fueron contratados como engañosamente pretendió hacerlo ver la parte actora demandando a su verdadero empleador la empresa MANGYS STORE S. DE R. L.; y no a mi representado el Estado de Honduras a través Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), cuando con este último nunca existió una relación jurídica contrapuesta”. V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se omite la norma sustantiva infringida requisito indispensable para la prosperidad del cargo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) letra a) del Código de Trabajo; b) los artículos 710 y 858 del Código del Trabajo, resultan inapropiados como sustento del motivo, pues, las mismos no contiene ninguna causal de casación, careciendo el motivo de claridad y precisión; y, c) la infracción directa es una modalidad de violación a la ley sustantiva que se alega al margen del material probatorio y en la explicación se insta a la valoración del mismo, siendo confuso el cargo. VI. Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALYEDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha diez días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL559-23. FIRMA Y SELLA

RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.