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Sentencia CL-556-23 — Registro 19509

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la causa del despido directo, ilegal e injusto y/o caso contrario sea condenado al reintegro del puesto de trabajo o por lo menos en igualdad de condiciones; a título de daños y perjuicios los salarios que se dejados de percibir hasta la fecha que se cumpla con el reintegro, costas del juicio.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) El error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades; ii) El cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, ni la finalidad del recurso de casación, faltando un elemento esencial como ser el señalar la norma sustantiva de índole laboral que considera violada en la formulación del cargo; iii) Cita el artículo 112 de forma imprecisa como precepto autorizante, y sin indicar correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, iv) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) El error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades; ii) El cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, ni la finalidad del recurso de casación, faltando un elemento esencial como ser el señalar la norma sustantiva de índole laboral que considera violada en la formulación del cargo; iii) Cita el artículo 112 de forma imprecisa como precepto autorizante, y sin indicar correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, iv) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez (10) de septiembre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 08 de abril del 2024, por el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, como recurrente; además es parte recurrida, el señor ORBIN MISAEL AMAYA DIAZ, representado en juicio por el Abogado JOSÉ ERNESTO CUBERO GUTIÉRREZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la causa del despido directo, ilegal e injusto y/o caso contrario sea condenado al reintegro del puesto de trabajo o por lo menos en igualdad de condiciones; a título de daños y perjuicios los salarios que se dejados de percibir hasta la fecha que se cumpla con el reintegro, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 19 de septiembre del 2022, por el Abogado JOSÉ ERNESTO CUBERO GUTIÉRREZ, en su condición de representante procesal del señor ORBIN MISAEL AMAYA DIAZ, mayor de edad, unión libre, Promotor de Gestión de Riesgos, hondureño, con domicilio en el Municipio de Cofradía, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su Alcalde Municipal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de octubre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 01 de septiembre del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral promovida para que se ordene el reintegro a su puesto de trabajo con igual o mejores condiciones a las ya establecidas, promovida por el abogado JOSÉ ERNESTO CUBERO, en su condición de apoderada legal del señor ORBIN MISAEL AMAYA DIAZ, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su representante legal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A La MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su representante legal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, a reintegrar al trabajador ORBIN MISAEL AMAYA DIAZ, a su puesto de trabajo o por lo menos en igualdad de condiciones a las que tenía en la fecha del despido; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo.- 3) SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, fue contratado por la Municipalidad de San Pedro Sula, para desempeñarse en el puesto de Promotor de Gestión de Riesgo, desde el 26 de junio del 2015, teniendo como jefe inmediato al señor Fredy Padilla, teniendo asignadas las funciones de promover comités de emergencia en cada colonia del sector de Cofradía y parte del Merendón para poder atender calamidades como incendios, caídas de árboles, huracanes y terremotos, prestar apoyo en la gestión de reparación de infraestructuras dañadas; devengaba un salario mensual de L.13,400.00. Resulta que la demandada en fecha 07 de julio del 2022, tomó la decisión de dar por terminado el Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido que les vinculaba, mediante nota por escrito cuyo texto se lee así: "SAN PEDRO SULA, Ciudad de Emprendedores, 7 de julio del 2022.- Señor (a) ORBIN MISAEL AMAYA DIAZ Presente.- Estimado Señor (a)Amaya Diaz: Por medio de la presente le NOTIFICAMOS la finalización de su contrato de trabajo por tiempo indefinido con fecha de terminación el día jueves 07 de julio del 2022, bajo modalidad de contrato por tiempo indefinido, tomando en cuenta la cláusula Tercera: vigencia del contrato, además de las condiciones pactadas en la "cláusula séptima"; rescisión del contrato este contrato podrá rescindirse sin ninguna responsabilidad para el patrono. 6) Cuando el TRABAJADOR pierda la confianza del "PATRONO" en la prestación de servicios; La inhabilidad, negligencia o ineficiencia manifiesta de "EL TRABAJADOR" que haga imposible el cumplimiento del contrato; 10) Por decisión unilateral de cualquiera de las partes. Agradecemos por sus servicios prestados a esta Municipalidad.- Atentamente Abg. Julio Fredy Pacón Umaña Gerente de Desarrollo Humano."; que del análisis de la carta de despido es de hacer notar que la misma fue notificada al demandante sin haber sido sometido previamente a audiencia de descargos alguna, violentando su derecho de defensa constitucional, esto es, sin haberse previamente comprobado la causa de la pérdida de la confianza por parte del patrono ni tampoco haber comprobado en que se fundamentaron para alegar la supuesta "inhabilidad, negligencia o ineficiencia" en el desempeño del demandante máxime luego de haber laborado continuamente para la Municipalidad de San Pedro Sula desde el año 2015, por lo que dicho despido es a todas luces injusto e ilegal y no constituye más que un despido totalmente arbitrario, por cuanto la causa que la motivó a tomar tal determinación fue totalmente falsa y en el caso de la supuesta "ineficiencia" es por demás que extemporánea habida cuenta que el periodo de prueba de dos meses concluyó el año 2015, por lo que se presume que el patrono consideró en su momento que el trabajador reunía las condiciones de capacidad e idoneidad para el desempeño del cargo; y que al verse ilegalmente despedido el demandante acudió ante la Secretaria Regional del Trabajo la cual en fecha 19 de agosto del 2022, se decretó el cierre de las diligencias administrativas gubernativas conciliatorias por decisión de las partes al ser negativa la respuesta de la representación legal de la Municipalidad de San Pedro Sula a la solicitud de reintegro formulado, tal y como se demuestra con el acta de cierre de diligencias administrativas levantada en esa misma fecha por la referida dependencia. 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda señalando que es totalmente falso y además temerario manifestar que la Municipalidad de San Pedro Sula contrató al demandante en la fecha que estipuló, el cual se probara en su oportunidad, ya que se violentaron los artículos 97, 98, 112 y 113 del Código del Trabajo, con la documentación que obra en su poder, se desprende del expediente personalísimo del trabajador, reafirmando que si realizó los procedimientos establecidos en el Código del Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo, con la causal legal apegada a derecho; que los argumentos del demandante no estaban basados en la verdad. Que el demandante manifestó que le pusieron en conocimiento en forma escrita el 07 julio del 2022, que no continuaría laborando para la demandada, y que sería en el momento procesal oportuno que probaría con prueba documental las causas que tuvo, para dar por terminado el presente contrato, asimismo expresó que probaría en el transcurso del juicio, la inhabilidad, negligencia o ineficiencia del trabajador en el desempeño de sus funciones, asimismo la pérdida de confianza por parte del patrono en el trabajador. Arguyó además que, en cuanto a la pretensión de conciliación, la demandada acepta y reconoce la autoridad de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social como ente mediador y conciliador cuando las partes así lo requieran, y que la audiencia de cierre administrativas tiene vicios de nulidad, ya que la inspectora de trabajo Abog. Nidia Andrade Morales, no leyó el reclamo del trabajador y tampoco cedió la palabra a la parte requerida para que contestara de forma verbal o se manifestara sobre el reclamo del requirente, por lo que se probará en su oportunidad dicho hecho, porque la Alcaldía Municipal tiene suficientes elementos probatorios con los cuales acreditará ante el Juzgado de Letras del Trabajo. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 01 de septiembre del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral promovida para que se ordene el reintegro a su puesto de trabajo con igual o mejores condiciones a las ya establecidas, promovida por el abogado JOSÉ ERNESTO CUBERO, en su condición de apoderada legal del señor ORBIN MISAEL AMAYA DIAZ, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su representante legal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A La MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA a través de su representante legal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, a reintegrar al trabajador ORBIN MISAEL AMAYA DIAZ, a su puesto de trabajo o por lo menos en igualdad de condiciones a las que tenía en la fecha del despido; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo.- 3) SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis a las pruebas practicadas este tribunal llega al convencimiento que el despido del que fue objeto el demandante es injusto, llevan al convencimiento las circunstancias siguientes: 1) El patrono podrá rescindir la relación de trabajo si existe un motivo razonable de perdida, aun cuando no coincida con las causas justificadas de rescisión. El motivo razonable de pérdida de confianza no entraña necesariamente una lesión patrimonial por parte del patrono; 2) Que la demandada fundamenta su despido en las causales siguientes: "cuando el trabajador pierda la confianza del patrono, en la prestación de sus servicios" con relación a esta causal el Código de Trabajo establece: "que para que pueda invocarse como causal de terminación de la relación de trabajo la pérdida de confianza, es necesaria previamente su comprobación ante autoridad administrativa”; que en el caso de autos la demandada no hizo ese procedimiento previo al despido; razón por la cual, el despido invocado esa causal se traduce en ilegal, según lo establece articulo 111 numeral 7 del Código de Trabajo Vigente. En cuanto a la causal "la inhabilidad, negligencia o ineficiencia manifiesta del Trabajador que haga imposible el cumplimiento del Contrato", con relación a esta causal la demandada no aportó prueba alguna encaminada a acreditar la misma; en cuanto a la causal "Por decisión unilateral de cualquiera de las Partes" con relación a la misma; 1) El Articulo 129 de la Constitución de la Republica "la estabilidad en su puesto de trabajo con fundamento en el artículo 129 de la Constitución de la República de Honduras que contiene el principio de estabilidad laboral y continuidad, estableciendo que el contrato es de tracto sucesivo, por lo que la concertación del contrato de trabajo por tiempo limitado no puede basarse en las simple decisión de las partes y debe observarse siempre la verdad de los hechos sobre la apariencia o por encima de los acuerdos formales; debiendo computársele a mi representado como su antigüedad desde la fecha de suscripción del contrato de trabajo". 2) Que de igual forma la Corte Suprema de Justicia ha establecido como criterio jurisprudencial "Que en la celebración, ejecución y terminación de todo contrato de trabajo debe observarse el principio de buena fe y que evidentemente pugna contra ese principio, el hecho de que al ponérsele fin unilateralmente por alguna de las partes no se comunique a la otra, de manera concreta y clara, la causa o motivo de tal determinación, única forma de evitar sorpresas ante la jurisdicción, cuando el que se supone agraviado ocurra ante ella demandando sus derechos.- 4).- Que el despido realizado en circunstancias como la del presente caso, se aparta del principio de terminación motivada imperante del contrato de trabajo, que obliga a las partes a motivar la terminación de la relación laboral, es decir, a dar en el momento de la ruptura una explicación clara de la causa o motivo que lo impulsa a tomar esa decisión, misma que desde luego no puede ser distinta ni contraria a las establecidas en la Ley, en forma expresa suficiente para justificar la terminación del vínculo contractual.". Que en el presente caso el demandante alega que: "no haber sido sometido previamente a audiencia de descargo alguna, violentado su derecho de defensa constitucional", con relación a eso la demandada no acreditó en autos haberle dado la oportunidad al trabajador de formular sus descargos, es decir, no le dio el derecho de defenderse por la falta que le imputaba, al respecto sobre el DEBIDO PROCESO, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido el criterio de que: "...una acción sancionatoria y cualquier acto sancionatorio requiere de la formulación previa de un debido proceso que, al tenor de lo que dispone el artículo 90 de la Constitución de la República y desarrollado como garantías mínimas en el artículo 8 de la convención americana sobre derechos humanos, se entiende, como la posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano competente y preestablecido, y el derecho de las partes de realizar ante el mismo todos los actos encaminados a la defensa de sus derechos, así como también la observancia por parte del tribunal o instancia administrativa de todas las normas relativas a la tramitación de aquél.- En ese sentido, en todo proceso debe entenderse como formalidades procesales esenciales las de otorgar oportunidad de defensa a todas las partes, esto evidentemente incluye, el que las mismas puedan manifestar sus pretensiones, defenderse, presentar y evacuar pruebas, oponerse así como también poder conciliar; por lo que, las formalidades que exige el debido proceso, no son más que las establecidas en la ley procesal para cada acto concreto del procedimiento". En el presente caso ha quedado acreditado en autos, la imposición de una sanción administrativa, sin haberse evacuado procedimiento legal alguno y carente de basamento legal, pues vulnera los derechos fundamentales señalados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del mismo tema ha proferido el siguiente criterio: "La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: 1) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, II) el desarrollo de un juicio justo, y III) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución". Este tema se encuentra vinculado con la legalidad del despido, primer filtro de examen de tal determinación, por ello no solo se debe respetar el procedimiento establecido en el Reglamento, sino que a falta de este o disposiciones que lo regulen, se debe garantizar los derechos de defensa, audiencia y debido proceso de la persona a quien se pretende sancionar. Como este procedimiento se debe regular en los Reglamentos Internos de Trabajo, es notorio que en muchos de ellos existe la influencia del procedimiento disciplinario que se sigue para los servidores públicos, regidos por la Ley y Reglamento del Servicio Civil, por ello es común que se utilicen términos como "autoridad nominadora" o disposiciones relacionadas con la situación de la no comparecencia, sin causa justificada, del trabajador a la audiencia de descargos, donde se señala que eso se estimará como aceptación de los cargos, cuestión que es inconstitucional e inaplicable, debido que violenta la presunción de inocencia de que goza toda persona conforme lo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República, estos son algunos criterios jurisprudenciales que se han emitido por la Sala de lo Laboral sobre el tema: a) "Que sin embargo el análisis de la legalidad o no de la terminación del contrato de trabajo también versa sobre otros aspectos relacionados con el tema de la prescripción, el procedimiento disciplinario, la proporcionalidad de la sanción, entre otros; con base a lo anterior, previo a cualquier otro análisis del caso, es importante considerar que reglas y bases deben observarse en lo referente al procedimiento disciplinario, el cual debe contar con lo siguiente: a) Investigación y comprobación de la supuesta falta cometida por el trabajador; b) notificación que se debe realizar con antelación al trabajador para asistir a una audiencia de descargo, con el señalamiento del lugar, fecha y hora de su celebración y la indicación del cargo o de los cargos imputados; c) en el desarrollo de la audiencia de descargo, como en el proceso disciplinario, se debe cumplir con lo que establezca el Reglamento Interno de Trabajo, especialmente sobre la intervención del delegado sindical o de testigos que participen en dicha actuación; y, d) después de que el trabajador sea escuchado, el empleador dentro del término de prescripción, podrá tomar la decisión de sancionarlo imponiendo medidas disciplinarias y en un extremo máximo, dada la gravedad de la falta imputada, dar por terminado su contrato de trabajo bajo la premisa de que existe causa justificada de tal determinación, caso contrario archivará las diligencias. Que la no comparecencia, sin causa justificada, del trabajador a la audiencia de descargos, deja en libertad al empleador de imponer o no las medidas disciplinarias que estime procedentes, sin que por ello se presuma la aceptación de las faltas imputadas, debido a que violentaría la presunción de inocencia de que goza toda persona conforme lo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República. Cabe reiterar que el derecho de defensa que goza el trabajador no solo debe ser materializado en la audiencia de descargos, la cual se celebra con el objeto de que el trabajador tenga la oportunidad de explicar o defenderse frente a la presunta falta, sino que tal derecho debe garantizarse desde que se notifique la convocatoria y el señalamiento de la referida audiencia, donde se debe poner en su conocimiento los motivos por los que se le estaría realizando la misma, con la suficiente antelación para que el trabajador tenga tiempo para reunir las pruebas y preparar su defensa." Sentencia SL del 24 de julio del 2015, expediente CL86-13. Por lo que el despido llevado a cabo en esas condiciones resulta injusto e ilegal, en consecuencia, es procedente el resarcimiento de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación hasta que sea reintegrado el demandante. En el presente juicio, la parte actora reclama pago de costas, con relación a este reclamo, este Tribunal considerando que el artículo 8 de la Ley de Optimización de la Administración Pública, establece: “DISPOSICIÓN GENERAL "EL ESTADO O SUS AUTORIDADES, EN JUICIO DE CUALQUIER NATURALEZA ESTARÁ EXENTO DEL PAGO DE COSTAS, SALVO QUE SE HAYA ACTUADO CON DOLO..." y en vista de que en el caso que nos ocupa en ningún momento el Estado o sus representantes al ejercitar su derecho de defensa que señala nuestra Constitución de la República ha actuado con dolo (debiéndose en todo caso ser demostrado por la contraparte), y considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, no es procedente una condena en costas en caso de estimarse la presente demanda, ya que conforme a la norma citada, el Estado de Honduras, se encuentra exento del pago de las mismas. Las Municipalidades son órganos descentralizados del Estado. Asimismo, valorando los antecedentes, cabe mencionar que también existe jurisprudencia fijada por la Sala de lo Constitucional en los Recursos de Amparo números: AL85-2017, AC0459-2016. Que, si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitado por el trabajador, éste tiene derecho a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquél, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 30 de octubre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, antes de darse por terminada la relación de trabajo, el trabajador o trabajadora debe tener la posibilidad de defenderse de los cargos formulados en su contra, los que deben expresarse y ponerse en conocimiento para que tenga la oportunidad de defenderse de los hechos que se le atribuyen; de ahí que el empleador demandado debía aplicar el trámite contemplado en el Reglamento Interno de Trabajo; procedimiento que está cimentado precisamente en los postulados máximos del debido proceso, principio de contradicción y el derecho de defensa y que tiene su fundamento en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el numeral 9 del artículo 92 del Código del Trabajo; en el caso que nos ocupa, en el hecho tercero de la demanda se afirmó que se prescindió de ese procedimiento al no haber sido sometido previamente a la respectiva audiencia de descargo, de allí que, al no haber sido revertido este extremo en la secuela del juicio por la accionada, se estima que el despido es ilegal, resultando innecesario analizar y valorar las pruebas que la patronal haya presentado para pretender acreditar que existieron justas causas para terminar la relación de trabajo; de manera que el reintegro y el pago de salarios dejados de percibir resultan procedentes tal y como el estimó la Juzgadora. El artículo 129 de la Constitución de la República, garantiza la estabilidad laboral, mediante el reconocimiento de la permanencia en el trabajo y los derechos económicos laborales que de ello se deriven, tanto en las contrataciones por tiempo indeterminado como por tiempo definido, considerándose en éste última modalidad, la temporalidad que implica el plazo que dure la prestación de servicios y la expectativa que el trabajador tiene de permanecer en el trabajo durante ese periodo de tiempo así como la naturaleza de la labor. A fin de efectivizar la disposición precitada, los artículos 46, 47 y 52 del Código del Trabajo establecen supuestos a considerar para determinar la condición o modalidad del trabajador en el desempeño de sus labores, es decir si es por tiempo indefinido o si se trata de contratación a término, a los que se suman el 128 Constitucional y 3 del Código en referencia que sancionan con nulidad todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales reconocidos por nuestra legislación, todo en concordancia con los principios sustantivos laborales, primacía de la realidad e irrenunciabilidad; criterio que ha sido sustentado en las ejecutorias de la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia entre otras las identificadas bajo los números 02-11, 09-11, 232-12 y 468-12; en cuanto a lo anterior, esta estabilidad tan solo genera a favor del trabajador el derecho a una indemnización cuando es retirado o despedido por causa imputable a su empleador y por otro lado, para que cese la estabilidad laboral, la patronal debe seguir el procedimiento disciplinario correspondiente y basar el despido en una causa justa y legal; caso contrario la desvinculación laboral se torna injusta e ilegal. Por las razones antes expuestas, se estima inatendible los agravios esbozados por la agraviada, siendo procedente declarar sin lugar el recurso de apelación impetrado contra el fallo definitivo, consecuentemente se debe CONFIRMAR el mismo con base a lo que dispone el art. 705 del CPC, norma legal aplicada supletoriamente. 5. Mediante auto de fecha 16 de febrero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada XIOMARA ARGENTINA RÁPALO BENITEZ, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 08 de abril del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 29 de abril del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 11 de noviembre del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado JOSÉ ERNESTO CUBERO GUTIÉRREZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, en su primer y único motivo de casación alega: “. Acuso a la sentencia de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden nacional por Falta de apreciación de determinada prueba habiendo incurrido el juzgador en un error de derecho ya que el Juez ad quem no aprecio ni le dio valor probatorio al medio probatorio denominado Documental, consistente en la copia de contrato de Individual de Trabajo suscrito por el demandante con mi representada, la cual nos dice qué este contrato podrá rescindirse sin ninguna responsabilidad para el patrono, cuando el trabajador pierda la confianza del patrono en la prestación de servicios, la inhabilidad, negligencia o ineficiencia manifiesta del trabajador que haga imposible el cumplimiento del contrato. por decisión unilateral de cualquiera de las partes, por lo cual el patrono La Municipalidad de San Pedro Sula, decidió la finalización de la Relación de Trabajo con la ahora demandante fundándose en la inhabilidad e ineficiencia laboral que mostró en su trabajo, por lo que del mismo si se aprecia la veracidad de los hechos que puso fin a la relación laboral de mi representada con el ahora demandante. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: En el fallo o parte dispositiva de la Sentencia Recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a La Municipalidad de San Pedro Sula al Reintegro y demás indemnizaciones laborales solicitadas, a excepción de las costas del presente juicio a la parte demandante, pero el tribunal Ad Quem ante una Falta de apreciación de determinada prueba, como ser el Contrato Individual de Trabajo suscrito entre mi representada y el ahora demandante, habiendo incurrido el juzgador en un error de derecho ya que no aprecio una prueba Documental que era fundamental para la aclaración de los hechos que motivaron el despido del ahora demandante, pudiéndose apreciar mediante el medio de prueba antes señalado que la terminación de la relación de trabajo de mi representada con la ahora demandante si fue apegado a derecho. Es importante señalar Honorable Corte Suprema de Justicia lo que el demandante pretende con su demanda indemnizaciones es totalmente improcedente, ya que despido del señor ORBIN MISAEL AMAYA DIAZ por la causales arriba señaladas fue totalmente justificado y conforme a derecho por lo establecido en el artículo 112 del código de trabajo en su literal j) que establece "que la inhabilidad o la ineficiencia manifiesta del trabajador que haga imposible el cumplimiento de contrato", es una justa causa que faculta al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte. Conforme a la forma o prelación: de aplicación de sanciones disciplinarias: El reglamento Interno de trabajo establece que las sanciones serán impuestas teniendo en cuenta los criterios siguientes: a) Naturaleza de la falta, b) Antecedentes del Trabajador, c) Reincidencia, d) Circunstancias en las que se cometió la falta, e) Grado de responsabilidad del trabajador en la "La Alcaldía". f) El perjuicio causado. Así mismo establece que el orden de enumeración de las sanciones no significa que deben aplicarse prelativa o sucesivamente, por lo que la sanción disciplinaria aplicada corresponde a lo legalmente establecido en el reglamento interno de trabajo por ende es legal en todas sus formas y a el demandante se le aplico un despido justo, legal y proporcional a las faltas cometidas, Es importante manifestar Honorable Corte de Apelaciones que la finalización de la Relación de Trabajo con la ahora demandante se origina en la inhabilidad e ineficiencia laboral que mostró en su trabajo, ya que empezó a presentar una baja productividad en el área donde trabajaba, dejando de cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia, llegando a existir por parte de mi representada una pérdida de confianza con respecto al demandante a consecuencia de su constante incumplimiento grave en el desempeño de sus labores asignadas, situación está que impide que el vínculo laboral continúe por un cauce normal, situación está que se plasmó desde el inicio de la relación laboral cuando se firmó el contrato individual de trabajo con el demandante donde en el mismo se consignaba y se le dejaba claro al mismo, que de presentarse dichas causas estas serían causal de terminación de la relación de trabajo Como al efecto ocurrió. - SEGUNDO: Por otra parte, de acuerdo al principio de la norma Pacta sunt servanda, establecido en el artículo 26 del Código de Trabajo "El contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se derivan y de acuerdo a la ley, la costumbre, al uso o la equidad..." la Municipalidad de San Pedro Sula, siendo una entidad respetuosa de las leyes y garante de los derechos de cada uno de sus trabajadores, es incapaz de irrespetar un contrato, los contratos firmados con el ahora Demandante, razón por la que, tomando en cuenta el Contrato Suscrito con el ahora demandante el señor ORBIN MISAEL AMAYA DIAZ bajo modalidad de contrato indefinido tomando como referencia la cláusula tercera que nos habla sobre la vigencia del contrato además de las condiciones pactadas en la cláusula séptima del contrato, la cual nos dice qué este contrato podrá rescindirse sin ninguna responsabilidad para el patrono.- cuando el trabajador pierda la confianza del patrono en la prestación de servicios, la inhabilidad, negligencia o ineficiencia manifiesta del trabajador que haga imposible el cumplimiento del contrato .- por decisión unilateral de cualquiera de las partes, por lo cual el patrono La Municipalidad de San Pedro Sula, decidió la finalización de la Relación de Trabajo con la ahora demandante fundándose en la inhabilidad e ineficiencia laboral que mostró en su trabajo, ya que empezó a presentar una baja productividad en el área donde trabajaba, dejando de cumplir con las obligaciones concretas de su puesto de trabajo, de conformidad a las reglas de la buena fe y diligencia, llegando a existir por parte de mi representada una pérdida de confianza con respecto a la demandante a consecuencia de su constante incumplimiento grave en el desempeño de sus labores asignadas, situación está que impide que el vínculo laboral continúe por un cauce normal, situación está que se plasmó desde el inicio de la relación laboral cuando se firmó el contrato individual de trabajo con la demandante donde en el mismo se consignaba y se le dejaba claro a la misma que de presentarse dichas causas estas serían causal de terminación de la relación de trabajo. como al efecto ocurrió.- es Importante Honorable Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral - Contencioso Administrativo señalar que la ineficiencia laboral como el que nos ocupa y que fue la causa de terminación de la relación laboral con la ahora demandante, en el sector público genera un desperdicio de recursos económicos producidos por la ciudadanía y entregados a la gestión Municipal mediante impuestos.- Cabe mencionarse también, Honorable Corte Suprema de Justicia- Sala Laboral - Contencioso Administrativo, que en el transcurso del presente juicio, la parte actora no aportó ningún medio de Prueba para desvirtuar los hechos que alegan en su infundado libelo, y que motivaron la situación que ahora nos ocupa, todo lo cual, debe llevar al de la legalidad para poder terminar la Relación laboral con la parte actora. Esta falta de apreciación por parte de la Corte Sentenciadora, de la prueba constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, no fue valorada ya que el tribunal ad quem no valoro nada de dichos medios probatorios por el hecho de haber dado valor a un medio de prueba, olvidándose de todos los medios probatorios aportados al juicio por mi representada y con lo que se logró probar la legalidad en la finalización de la relación de trabajo con el ahora demandante y que era parte del objeto del debate en el presente juicio”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) El error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades; ii) El cargo debe ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, puesto que de no hacerse de esa manera no alcanzan a producir los resultados que persiguen, ni la finalidad del recurso de casación, faltando un elemento esencial como ser el señalar la norma sustantiva de índole laboral que considera violada en la formulación del cargo; iii) Cita el artículo 112 de forma imprecisa como precepto autorizante, y sin indicar correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, iv) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. Por lo anteriormente expresado, procede declarar NO HABER LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por UNANIMIDAD de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, en su primer y único motivo, 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los 30 días del mes de octubre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 556-2023. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

SECRETARIO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.