Sentencia CL-552-22 — Registro 20042
Resumen
Segunda instancia declaró parcialmente a lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de despido, en caso de no hacerlo que se le condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta que de conformidad con las normas procesales del Código del Trabajo, quede firme la sentencia condenatoria y al reconocimiento de los derechos adquiridos en su ausencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de despido, en caso de no hacerlo que se le condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta que de conformidad con las normas procesales del Código del Trabajo, quede firme la sentencia condenatoria y al reconocimiento de los derechos adquiridos en su ausencia"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) Dentro de las normas que indica como violadas como ser el artículo 738 del Código de Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Se expone que el error de hecho proviene de apreciación errónea de la prueba, entre ellas la testifical, cuando se ha venido indicando que no cabe el ataque contra ese medio probatorio en este extraordinario recurso, ya que el mismo no es reglado y queda sujeto a la libre formación del convencimiento del juzgador de instancia; c) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro (24) de noviembre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 13 de junio del 2023, por la Abogada YELINA NINOSKA REYES MOYA, en su condición de representante procesal de los señores MAYRA YAMILET ROSALES ESTRADA; ELVA MARINA VELÁSQUEZ PUERTO; LIVIA IDALIA GUIFARRO ROSALES; CARLOS ROBERTO ROSALES, como recurrentes; además es parte recurrida, la MUNICIPALIDAD DE SABA, DEPARTAMENTO DE COLON, representada en juicio por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de despido, en caso de no hacerlo que se le condene al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido hasta que de conformidad con las normas procesales del Código del Trabajo, quede firme la sentencia condenatoria y al reconocimiento de los derechos adquiridos en su ausencia, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, en fecha 06 de junio del 2018, por los señores MAYRA YAMILET ROSALES ESTRADA, Ama de casa, ELVA MARINA VELÁSQUEZ PUERTO, Ama de casa, LIVIA IDALIA GUIFARRO ROSALES, Bachiller en Ciencias y Letras; y Auxiliar de Enfermería, TREISY FABIOLA CERRATO ROSALES, Bachiller en Administración de Empresas; y CARLOS ROBERTO ROSALES, Labrador; todos mayores de edad, solteros, hondureños y con domicilio en el Municipio de Saba, Departamento de Colon, contra la MUNICIPALIDAD DE SABA, DEPARTAMENTO DE COLON, por medio del Alcalde Municipal señor ELIN OVED ACUÑA MENCIAS. Asimismo, mediante resolución de fecha 14 de agosto del 2019, el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, declaró con lugar el desistimiento presentado por la señora TREISY FABIOLA CERRATO ROSALES, de la acción promovida, decretando sobreseimiento de la causa de mérito, en cuanto y únicamente a la señora TREISY FABIOLA CERRATO ROSALES. Quedando expedito el derecho de la parte demandante a impetrar la acción sobre la misma pretensión. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 31 de agosto del 2022, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 25 de mayo del 2022, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando Parcialmente ha lugar el recurso de apelación incoado; 2) Reformando la sentencia definitiva de que se ha hecho merito en este recurso en el sentido de: a) Revocar la declaratoria ha lugar de la sentencia de mérito, y en su defecto solo se declara parcialmente ha lugar y en el sentido de no corresponde la condena de los siguientes conceptos: preavisos, auxilios de cesantía, y cesantía proporcional, reajustes salariales, bono educativo, días feriados y condena de salarios dejados de percibir. y b) Confirmar (modificando el valor del aguinaldo y décimo cuarto adeudados) los derechos adquiridos que se desglosan a continuación 1. A la trabajadora MAYRA YAMILETH ROSALES ESTRADA, consistentes en: 1.1 Vacaciones Proporcionales Lps 6,951.41; 1.2. Treceavo mes Proporcional Lps 761.73; 1.3. Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps 5,332.08. 1.4. Vacaciones Pendientes Lps 2,488.29; 1.5. Aguinaldo Adeudado Lps 9,140.65; 1.6. Décimo Cuarto Adeudado Lps 9,140.65; 1.7 Pago de Sueldo Adeudado Lps 9,555.79. 2. Se obliga a LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON a pagar los derechos adquiridos a la trabajadora, ELVA MARINA VELÁSQUEZ PUERTO, consistentes en: 2.1 Vacaciones Proporcionales Lps 2,255.43; 2.2. Aguinaldo Proporcional Lps 915.72; 2.3. Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps 5,494.32; 2.4 Vacaciones Pendientes Lps 7,854.64; 2.5. Aguinaldo Adeudado Lps 9,157.25 2.6. Décimo cuarto Adeudado los 9,157.25. 2.7. Pago Salario Adeudado Lps 11, 466.97. 3. A la trabajadora LIVIA IDALIA GUIFARRO ROSALES consistentes en: 3.1 Vacaciones Proporcionales Lps 6, 793.43; 3.2 Aguinaldo Proporcional Lps 761.73; 3.3 Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps 5,332.08; 3.4; Vacaciones Pendientes Lps 2,488.29; 3.5 Décimo Cuarto Adeudado Lps 9,140.65; 3.6 Décimo Cuarto Pendiente Lps 9,140.65. 4) Se obliga a LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON a pagar los derechos adquiridos al trabajador CARLOS ROBERTO ROSALES, consistentes en: 4.1. Vacaciones Proporcionales Lps 3,860.24; 4.2. Aguinaldo Proporcional Lps 967.20; 4.3. Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps 5,548.65; 4.4; Vacaciones Pendientes Lps 3,563.30; 4.5 Aguinaldo Adeudado Lps 9,162.79; 4.6. Décimo Cuarto Adeudado Lps 9,162.79. 3) No hay condena en costas…”. ANTECEDENTES HECHO 1. Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción, que comenzaron su relación laboral con la demandada, así: Mayra Yamilet Rosales Estrada, el 09 de febrero del 2014, desempeñándose inicialmente como Aseadora en el Centro de Salud, (CESAMO) Saba, pagada por la Municipalidad de Saba, ejecutando trabajos en beneficio de la municipalidad mediante una ayuda que consistía en su salario mensual por prestar sus servicios al Centro de Salud, pero la demandada era su patrón, puesto que desempeñó eficientemente durante el tiempo que prestó sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, para ejercer dicho cargo el Alcalde Municipal anterior, en representación de la Corporación Municipal la contrató verbalmente, con un salario base mensual en los últimos seis meses de L. 9,140.65; Elva Marina Velásquez Puerto, el 05 de septiembre del 2015, desempeñándose inicialmente como Aseadora en el Centro de Salud de Elixir, pagada por la demandada, ejecutando trabajos en beneficio de la municipalidad, mediante una ayuda que consistía en un salario mensual por prestar sus servicios al Centro de Salud, pero su patrón era la demandada, puesto que desempeñó eficientemente durante el tiempo que preste sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, para ejercer dicho cargo el Alcalde Municipal anterior, en representación de la Corporación Municipal la contrató verbalmente, con un salario base mensual en los últimos seis meses de L. 9,157.25; Livia Idalia Guifarro Rosales, el 17 de febrero del 2014, desempeñándose inicialmente como Encargada de Preclínica en el Centro de Salud de Saba, (Cesamo) Saba, pagada por la demandada, ejecutando trabajos en beneficio de la municipalidad, mediante una ayuda que consistía en su salario mensual por prestar sus servicios al Centro de Salud, pero su patrón era la Municipalidad de Saba, puesto que desempeñó eficientemente durante el tiempo que prestó sus servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros para ejercer dicho cargo, el Alcalde Municipal anterior, en representación de la Corporación Municipal la contrató verbalmente, con un salario base mensual en los últimos seis meses de L. 9,140.65; Treisy Fabiola Cerrato Rosales, el 01 de enero del 2015, desempeñándose inicialmente como Estadígrafa en el Centro de Salud de Saba, (CESAMO) SABA, pagada por la Municipalidad de Saba, ejecutando trabajos en beneficio de la municipalidad, mediante una ayuda que consistía en su salario mensual por prestar sus servicios al Centro de Salud, pero su patrón era la demandada, puesto que desempeñó eficientemente durante el tiempo que prestó sus servicio, intelectuales o de ambos géneros, para ejercer dicho cargo el Alcalde Municipal anterior, en representación de la Corporación Municipal la contrató verbalmente, con un salario base mensual en los últimos seis meses de L. 9,140.65; y Carlos Roberto Rosales, 14 de marzo del 2016, desempeñándose inicialmente como Guardia en la Escuela Primero de Abril de Saba, pagada por la Municipalidad de Saba, ejecutando a trabajos en beneficio de la municipalidad, mediante una ayuda que consistía en mi salario mensual por prestar mis servicios al centro de salud, pero mi patrón era la Municipalidad de Saba, puesto que desempeñe eficientemente durante el tiempo que preste mis servicios materiales, intelectuales o de ambos géneros, para ejercer dicho cargo el Alcalde Municipal anterior, en representación de la Corporación Municipal le contrató verbalmente, con un salario base mensual en los últimos seis meses de L. 9,162.79. siguieron manifestando que Mayra Yamilet Rosales Estrada, en fecha 31 de enero del 2018, como intermediario del Alcalde Municipal de Saba, el Doctor Pablo Banegas, Director Municipal de Salud de Saba, le manifestó "QUE YA NO IBA A TRABAJAR PORQUE YA IVA A LLEGAR A SUSTITUIRLA OTRA PERSONA QUE MANDA EL ALCALDE MUNICIPAL, POR LO TANTO, ESTA DESPEDIDA". Elva Marina Velásquez Puerto, en fecha 06 de Febrero del 2018, como intermediario del Alcalde Municipal de Saba, el Doctor Jael Funez, como Médico Residente del Centro de Salud de el Elixir y el jefe inmediato le envió un mensaje de texto en donde le manifestaba que "YA ME NOTIFICARON QUE A PARTIR DE MAÑANA LLEGA LA NUEVA ASEADORA AL CENTRO, POR LO QUE ESTA DESPEDIDA", también le escribió "mañana no llegue, yo les diré que le hagan su pago hasta el día de hoy 06 de febrero del 2018", también le escribió "Que le paguen estos cinco días que usted los trabajo". Livia Idalia Guifarro Rosales, en fecha 31 de enero del 2018, como Intermediario del Alcalde Municipal de Saba, el Doctor Pablo Banegas, Director Municipal de Salud de Saba, le manifestó "QUE YA NO PODÍA SEGUIR TRABAJANDO PORQUE YA LE VENIA SU SUPLENTE, POR LO QUE ESTA DESPEDIDA". Treisy Fabiola Cerrato Rosales, en fecha 01 de febrero del 2018, como intermediario del Alcalde Municipal de Saba, el Doctor Pablo Banegas, Director Municipal de Salud de Saba, le manifestó "QUE YA NO TRABAJABA COMO ESTADÍGRAFA A PARTIR DE HOY, PORQUE MAÑANA VIENE SU REEMPLAZO, POR LO QUE ESTA DESPEDIDA". Carlos Roberto Rosales en fecha 06 de febrero del 2018, como intermediario del Alcalde Municipal de Saba, la directora de la Escuela Primero de Abril, le manifestó "QUE YA NO TRABAJABA COMO GUARDA, PORQUE MAÑANA VIENE EL NUEVO GUARDA ENVIADO POR LA MUNICIPALIDAD, O SEA QUE ESTA DESPEDIDO"; por lo que, manifestaron que se les despidió injustificadamente sin ninguna causal de despido, razón por la cual demandaron para que el patrono pruebe esa supuesta causa que no es causal de despido. Finalmente, con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio acudieron ante la autoridad administrativa del trabajo en donde lamentablemente, no lograron un arreglo conciliatorio en virtud de que el patrono no concilio en dicha audiencia conciliatoria y se dio por agotado la vía gubernativa o administrativa respectiva. 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SABA, DEPARTAMENTO DE COLON, contestó dicha demanda limitándose únicamente en manifestar que rechaza en su totalidad los hechos de la demanda. 3. El Juzgado de Letras Seccional de Tocoa, Departamento de Colón, en fecha 25 de mayo del 2022, dictó sentencia definitiva, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando con lugar la "DEMANDA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA SUPUESTA CAUSA DE DESPIDO EN CASO DE NO HACERLO QUE SE LE CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES.- SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DESDE LA FECHA DE DESPIDO HASTA QUE DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS PROCESALES DEL CÓDIGO DEL TRABAJO QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA Y AL RECONOCIMIENTO DE LOS DEMAS DERECHOS ADQUIRIDOS.- Promovida por los señores MAYRA YAMILETH ROSALES ESTRADA, ELVA MARINA VELÁSQUEZ PUERTO, LIVIA IDALIA GUIFARRO ROSALES Y CARLOS ROBERTO ROSALES. SEGUNDO: Se obliga a LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON a pagar los derechos adquiridos de la manera siguiente: 1.- A la trabajadora, MAYRA YAMILETH ROSALES ESTRADA, consistentes en: 1.1.- Preaviso Lps 21,328.20. 1.2.- Cesantía Lps. 31,992.30.- 1.3.- Cesantía Proporcional Lps. 10,427.12.- 1.4.- Vacaciones Proporcionales Lps. 6,951.41.- 1.5.- Treceavo mes Proporcional Lps. 761.73.- 1.6.- Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps. 5,332.08.- 1.7.- Reajuste de Salario Mínimo Lps. 123,080.85.- 1.8.-Vacaciones Pendientes Lps. 2,488.29. 1.9. Aguinaldo Adeudado Lps. 17,683.93.- 1.10.- Décimo Cuarto Adeudado Lps. 17, 205.02.- 1.11.- Pago de Sueldo Adeudado Lps. 9,555.79. Para hacer un total de DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SEIS PUNTO SETENTA Y DOS CENTAVOS (Lps. 246,806.72). 2.- Se obliga a LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON a pagar los derechos adquiridos a la trabajadora, ELVA MARINA VELÁSQUEZ PUERTO, consistentes en: 2.1.- Preaviso Lps. 21,367.20.- 2.2.- Cesantía Lps. 21,367.20.- 2.3.-Cesantía Proporcional Lps. 4,510.85.- 2.4.-Vacaciones Proporcionales Lps. 2,255.43.- 2.5.- Aguinaldo Proporcional Lps. 915.72.- 2.6.- Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps. 5,494.32.-7.- 2.7 Reajuste de Salario Mínimo Lps. 122,055.42.- 2.8.-Vacaciones Pendientes Lps. 7,854.64.- 2.9.- Aguinaldo Adeudado Lps. 17,633.93.- 2.10.- Décimo cuarto Adeudado Lps. 17, 205.02.- 2.11.- Pago Salario Adeudado Lps. 11, 466.97.- Para hacer un total de DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS 68 PUNTO SETENTA (Lps. 232,156.70).- TERCERO: Se Obliga a LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON a pagar los derechos adquiridos a la trabajadora LIVIA IDALIA GUIFARRO ROSALES, consistentes en: 3.1 Preaviso Lps. 21, 328.20.- 3.2.- Cesantía Lps. 31, 992.30. 3.3. Cesantía Proporcional Lps. 10,190.14. 3.4.-Vacaciones Proporcionales Lps. 6,793.43. 3.5. Aguinaldo Proporcional Lps. 761.73.- 3.6.- Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps. 5, 332.08.- 3.7.- Reajuste de Salario Mínimo Lps. 100,080.85. - 3.8. Vacaciones Pendientes Lps. 2, 488.29.- 3.9.-Décimo Cuarto Adeudado Lps. 17,683.93.- 3.10.- Décimo Cuarto Pendiente Lps. 17, 205.02.- 3.11 Horas Extras Adeudadas Lps. 9, 555.79.- 3.11.- Bono Educativo Lps. 3,492.66.- Para hacer un total de DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS CUATRO PUNTO CUARENTA Y DOS (Lps. 226,904.42).- CUARTO: Se Obliga LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON a pagar los derechos adquiridos al trabajador, CARLOS ROBERTO ROSALES, consistentes en: 4.1.- Preaviso Lps.10,689.90.- 4.2. Cesantía L.10,689.90.-4.3.- Cesantía Proporcional Lps. 9, 650.60.- 4.4.- Vacaciones Proporcionales Lps. 3,860.24. 4.5.- Aguinaldo Proporcional L.967.20. 4.6. Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps. 5,548.65.- 4.7.- Reajuste de Salario Mínimo Lps. 141, 698.44.-4.8.-Pagos días feriados Lps: 356.33.-4.9.- Vacaciones Pendientes Lps. 3,563.30.- 4.10.-Aguinaldo Adeudado Lps. 17, 683.93.- 4.11.- Décimo Cuarto Adeudado Lps. 17,205.02.-4.12.- Horas Extras Adeudadas Lps. 30, 219.27.- 4.13.- Otros Pagos Lps. 2,498.41. Para Hacer un total de DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO PUNTO DIECINUEVE (Lps. 254, 631.41).- QUINTO: Se condena además a LA MUNICIPALIDAD DE SABÁ, COLON, a pagar los salarios dejados de percibir, desde la fecha del despido, hasta que la sentencia sea firme.-SEXTO: No hay condena en costas…”; bajo el criterio que, se logró establecer, que comenzaron a laborar, para LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON: 1.1 La señora MAYRA YAMILETH ROSALES ESTRADA en fecha 09/02/2014, y que fue despedida en fecha 31/01/2018, desempeñándose en el puesto de ASEADORA, en El Centro de Salud de Saba, Departamento, de Colon, Devengando un salario de Nueve Mil Ciento Cuarenta punto Sesenta y Cinco Lempiras (L. 9,140.65). 1.2.- La señora ELVA MARINA VELÁSQUEZ PUERTO, en fecha 05/09/2015, y que fue despedida en fecha 06/02/2018, desempeñándose en el puesto de ASEADORA, en El Centro de Salud de la Aldea de Elixir, Municipio de Saba, Departamento de Colon, devengando un salario de Nueve Mil Ciento Cincuenta y Siete punto Veinticinco Lempiras (L. 9,157.25). 1.3.- La señora LIVIA IDALIA GUIFARRO ROSALES, en fecha 17/02/2014, y que fue despedida en fecha 31/01/2018, desempeñándose en el puesto ENCARGADA DE PRECLÍNICA, en El Centro de Salud del Municipio de Saba, Departamento de Colon, devengando un salario de Nueve mil Ciento cuarenta punto sesenta y cinco Lempiras (L. 9,140. 65).- 1.4.- El señor CARLOS ROBERTO ROSALES, en fecha 14/03/2016, y que fue despedido en fecha, 06/02/2018, desempeñándose en el puesto de GUARDIA DE SEGURIDAD, en la Escuela Primero de Abril del Municipio de Saba, Departamento de Colon, devengando un salario de Nueve mil Ciento sesenta y dos punto setenta y nueve Lempiras (L. 9,162.79), salario que era pagado por la Corporación Municipal de Saba, Colon, sobre los extremos anteriormente mencionados es preciso decir, que de cualquier forma que se le llame, el pago que se les realizaba era en concepto de Salario a los demandantes y provenía de la MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON. 2. Para esta Suscrita queda plenamente acreditado, la relación laboral que existió entre los demandantes con la parte patronal que actúa como demandada. 3. En el Hecho segundo de la demanda manifiestan los señores demandantes que fueron despedidos cada uno en sus respectivas fechas: La señora Mayra Yamilet Rosales fue despedida en fecha 31/01/2018 de manera verbal por el señor PABLO BANEGAS, Director Municipal del Centro de Salud de Saba, Colon, en fecha 06/02/2018; 3.1 la señora Elva Marina Velásquez fue despedida en fecha 06/02/2018 por un mensaje de texto, realizado por el señor JAEL FUNEZ, Médico Residente del Centro de Salud de Elixir, Colon, en fecha 31/01/2018; 3.3 La señora Livia Idalia Guifarro fue despedida en fecha 31/01/2018 de manera Verbal por el Doctor PABLO BANEGAS, Director Municipal de Salud de Saba, Colon; 3.4 y el señor Carlos Roberto Rosales fue despedido en fecha 06/02/2018, por medio de la Directora de la Escuela Primero de Abril de igual forma de una manera verbal. En el Hecho Tercero manifiestan los demandantes que buscaron el arreglo conciliatorio acudiendo ante la autoridad Administrativa del Trabajo, donde no se llevó a cabo ninguna conciliación. Que el Trabajador goza del derecho de emplazar al patrono ante los Tribunales del Trabajo, (en el presente caso por ministerio de Ley), con el objeto de que le pruebe la justa causa de despido; del estudio de la demanda, y de la práctica probatoria, entiende esta suscrita que en el caso que nos ocupa, este no se encuentra comprendido dentro de lo que dispone el Código del Trabajo en su artículo 112 referente å las causas justificadas para despedir a un empleado en virtud de que no expone el motivo por el cual fueron despedidos. En materia laboral, se puede eximir el pago de costas a la parte que fuere vencida en juicio, si existieren motivos racionales para litigar, tal como ocurre en la presente causa. 4. La Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 31 de agosto del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando Parcialmente ha lugar el recurso de apelación incoado; 2) Reformando la sentencia definitiva de que se ha hecho merito en este recurso en el sentido de: a) Revocar la declaratoria ha lugar de la sentencia de mérito, y en su defecto solo se declara parcialmente ha lugar y en el sentido de no corresponde la condena de los siguientes conceptos: preavisos, auxilios de cesantía, y cesantía proporcional, reajustes salariales, bono educativo, días feriados y condena de salarios dejados de percibir. y b) Confirmar (modificando el valor del aguinaldo y décimo cuarto adeudados) los derechos adquiridos que se desglosan a continuación 1. A la trabajadora MAYRA YAMILETH ROSALES ESTRADA, consistentes en: 1.1 Vacaciones Proporcionales Lps 6,951.41; 1.2. Treceavo mes Proporcional Lps 761.73; 1.3. Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps 5,332.08. 1.4. Vacaciones Pendientes Lps 2,488.29; 1.5. Aguinaldo Adeudado Lps 9,140.65; 1.6. Décimo Cuarto Adeudado Lps 9,140.65; 1.7 Pago de Sueldo Adeudado Lps 9,555.79. 2. Se obliga a LA MUNICIPALIDAD DE SABA COLON a pagar los derechos adquiridos a la trabajadora, ELVA MARINA VELÁSQUEZ PUERTO, consistentes en: 2.1 Vacaciones Proporcionales Lps 2,255.43; 2.2. Aguinaldo Proporcional Lps 915.72; 2.3. Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps 5,494.32; 2.4 Vacaciones Pendientes Lps 7,854.64; 2.5. Aguinaldo Adeudado Lps 9,157.25 2.6. Décimo cuarto Adeudado los 9,157.25. 2.7. Pago Salario Adeudado Lps 11, 466.97. 3. A la trabajadora LIVIA IDALIA GUIFARRO ROSALES consistentes en: 3.1 Vacaciones Proporcionales Lps 6, 793.43; 3.2 Aguinaldo Proporcional Lps 761.73; 3.3 Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps 5,332.08; 3.4; Vacaciones Pendientes Lps 2,488.29; 3.5 Décimo Cuarto Adeudado Lps 9,140.65; 3.6 Décimo Cuarto Pendiente Lps 9,140.65. 4) Se obliga a LA MUNICIPALIDAD DE SABA, COLON a pagar los derechos adquiridos al trabajador CARLOS ROBERTO ROSALES, consistentes en: 4.1. Vacaciones Proporcionales Lps 3,860.24; 4.2. Aguinaldo Proporcional Lps 967.20; 4.3. Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps 5,548.65; 4.4; Vacaciones Pendientes Lps 3,563.30; 4.5 Aguinaldo Adeudado Lps 9,162.79; 4.6. Décimo Cuarto Adeudado Lps 9,162.79. 3) No hay condena en costas…”. Bajo el criterio que, refiriéndonos al recurso de apelación, es el medio establecido por la normatividad procesal para impugnar una resolución que ha sido emitida por un juzgado de primera instancia, con el objeto de obtener del tribunal superior respectivo, una mejor aplicación de la ley, siendo así que, si la misma no fue dictada de acuerdo a derecho lo procedente es resolver, como en este caso, reformándola. Es menester respetar el principio: Quantum Apellatum, tantum devolutum (tanto se apela, tanto se devuelve). Por ello, en cuanto a los agravios que atacan los vicios de la sentencia, efectivamente, los señalados son ciertos como ya se expusieron los de los hechos probados. Asimismo, hay falencias en la motivación, pues como dice el apelante, la sentencia solo está cargada de doctrina y no hay motivación sobre la prueba del despido verbal que la juez tuvo por acreditado y de cómo se establecieron cada uno de los valores a los que la juez condena. De tal manera que: "Para ilustración exponemos que motivación es: según el Código Iberoamericano de Ética Judicial por su parte, en el Capítulo III de la Parte I, señala que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del Juez/a, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los/las jueces/zas son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales; Señala que motivar es expresar, de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas, aptas para justificar la decisión: Indica que una decisión carente de motivación es una decisión arbitraria. El Código Iberoamericano de Ética Judicial además establece, que el deber de motivar adquiere una intensidad máxima en relación con decisiones privativas o restrictivas de derechos, o cuando el Juez la ejerza un poder discrecional; recalca que el juez/a debe motivar sus decisiones tanto en materia de hechos como de Derecho: En Materia de Hechos: debe proceder con rigor analítico en el tratamiento del cuadro probatorio, debe mostrar en concreto lo que aporta cada medio de prueba, para luego efectuar una apreciación en su conjunto; En materia de Derecho: no puede limitarse a invocar las normas aplicables, especialmente en las resoluciones sobre el fondo de los asuntos, sino que debe de señalar por qué una norma legal debe de regir un caso concreto. Añade además que la motivación debe extenderse a todas las alegaciones de las partes, o a las razones producidas por los Jueces/zas que hayan conocido antes del asunto, siempre que sean relevantes para la decisión a tomar. En todos los casos, señala el Código referido, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. En resumen, la motivación debe de observar las siguientes características: EXPRESA, CLARA, COMPLETA, LEGITIMA Y RESPETUOSA DE LA SANA CRITICA, en consecuencia, la falta de una motivación COMPLETA se traduce en una insuficiente motivación; la falta de una motivación EXPRESA, se traduce en carencia de Motivación. Es importante recordar que las resoluciones judiciales son la forma de comunicación entre el Juez la y la sociedad, en donde el primero rinde cuentas al segundo de la autoridad que se le ha confiado, también las resoluciones judiciales es la forma como el Juez(a) defiende la validez y vigencia del derecho, aplicando éste al caso concreto. Con lo expresado es posible derivar cuando existe insuficiencia de motivación fáctica o jurídica y cuando tales motivaciones son totalmente carentes. Carencia de Motivación Fáctica o Jurídica: Acontece cuando la resolución no posea ninguna motivación fáctica o ninguna motivación jurídica, es decir, es la total omisión del fundamento probatorio o jurídico y con ello se produce el desconocimiento de las partes y del público en general, del por qué el Juzgado o Tribunal tomo la decisión, convirtiendo el pronunciamiento en arbitrario; y Motivación Fáctica o Jurídica Insuficiente: se presenta en los casos en que el Juzgado o Tribunal hace un esfuerzo limitado en razonar su decisión y por ende no es posible, con la lectura de la resolución, retomar los pasos seguidos por el Órgano Jurisdiccional, es decir develar los razonamientos y análisis que desembocaron en lo resuelto. Son ejemplos de este vicio, cuando se hace una mención de los medios de prueba, mas no se consigna razonamiento intelectivo (en el caso sub examine ni siquiera se mencionó, quizás porque se resolvió la petición ya resuelta y firme). Cuando dicha valoración se limita a manifestar que tal o cual prueba merece crédito o no merece crédito, sin expresar las razones de dicha conclusión o cuando en la fundamentación jurídica solo se hace la cita de las normas legales o se transcriben las mismas, sin ninguna explicación del por qué éstas están vinculadas al caso concreto y del por qué, en su caso, las normas invocadas por las partes no son aplicables". No obstante, lo anterior no procederemos a la nulidad de la sentencia apelada: puesto que el impetrante también impugnó la misma en cuanto a valoración de la prueba y por tales razones, nos pronunciaremos al respecto. Que el vocablo juez viene de las voces latinas de jus y dex que reflejan que el juez es el vindicador del derecho, el que declara o aplica el derecho o pronuncia lo que es recto o justo. Es pues, la persona constituida con autoridad pública para administrar con justicia, o la que ejerce jurisdicción con arreglo a las leyes conociendo y dirigiendo el procedimiento de las causas y dictando en ellas las resoluciones que crea justas. En los juicios declarativos no tendrían razón de ser los jueces, sino estuviéramos regidos a normas procesales de orden público. Es así vemos que, en este proceso, en cuanto a la institución procesal de la carga de la prueba, corresponde a los y las trabajadores(as) probar la relación de trabajo, salario y el despido verbal; en virtud que la pare demandada alego no ser el patrono y se opuso totalmente a todas las pretensiones. Para ilustración enunciamos la siguiente doctrina: "La proposición de prueba es el acto de parte por el que se solicita al órgano judicial la práctica de determinados medios de prueba que aquella estima que son necesarias y suficientes para poder probar la verdad de los hechos y de los actos que fundamentan la acción o, en su caso la excepción." Lo anterior está plasmado en nuestra legislación en los artículos 11, 239, 249, 242, 245, 558, 590 y demás aplicables del Código Procesal Civil, pero ese derecho a probar debe ser respetando el principio al debido proceso. En palabras de RAFAEL DE PINA, CARGA DE LA PRUEBA. Es necesidad que las partes tienen de probar en el proceso los hechos o actos en que fundan sus derechos para eludir el riesgo de una sentencia desfavorable, en el caso de que no lo hagan. Señala como criterio general, que el demandante y el demandado han de probar, respectivamente, los hechos constitutivos de su acción y de su excepción; más exactamente, que la prueba de los hechos corresponde, prescindiendo del carácter que tengan, a la parte que los alegue. Es decir, que cada una de las partes está en el caso de probar los hechos que alegue y que la falta de la actividad adecuada a esta carga procesal supone el riesgo de ver desestimada la pretensión que hayan formado en la demanda o en la contestación. b) El entramado precedente recalca en una noción basilar: las reglas atinentes a la carga de la prueba están dirigidas al juez, quien deberá tenerlas en cuenta al sentenciar en los supuestos de insuficiencia probatoria, y a los litigantes, que deben conocer su distribución antes de que se haya constituido el proceso, sea en función de la índole del asunto a someter a decisión del órgano jurisdiccional: condiciones del contrato, su propia conducta anterior, la normativa aplicable, entre otros aspectos que se invoquen como fundamento de su pretensión, sea, en nuestra opinión, y ya dentro de los desarrollos del litigio, en consideración de la objetiva condición favorable en suministrar la práctica de la prueba". Por lo anterior, efectivamente en estos juicios cabe totalmente la aplicación del artículo 10 del Código Procesal Civil como norma supletoria. Es así que la carga de la prueba en los juicios laborales va a depender de lo que se demande v se conteste oportunamente. Enunciaremos algunas consideraciones y valoraciones de prueba comunes a todos los y las demandantes: 1) que en el caso que nos ocupa no hay contrato por escrito, por ello, cabe la aplicación del artículo 30 del Código del Trabajo, y además de presumir la relación laboral. En virtud de los reconocimientos judiciales que corren agregados a los folios 181, 182, 186, en los cuales se constatan primero una serie de cheques, pero no se indica a nombre de que personas corrían los mismos. Como era el sistema de transferencias económicas que se realizaban en la Municipalidad de Saba para esas ayudas de asistencia social y atendidos que fueron en el centro de salud Cesamo solo se constató que no encontraban las planillas correspondientes al año 2016. Sin embargo, con las declaraciones testificales de los señores: Claudia Yamileth Antúnez Rosales, Elvin Orlando Rosales, Sonia Aidé Bueso se acredito la relación laboral triangular y que efectivamente los actores si laboraron entre las fechas indicadas en los hechos probados para los diferentes centros asistenciales; pero siendo ordenada su contratación y pago por el alcalde del municipio de Saba.( Por ser unas relaciones de trabajo triangulares, que se refieren a aquellas en que comparecen en una misma situación jurídica tres partes: dos empresas, personas jurídicas, entes estatales o patronos que se vinculan para la prestación de servicios comerciales entre ambas; y el o la trabajadora que en la presentación de servicios subordinados queda posicionado entre ambas). No obstante, lo anterior dichos testigos no fueron precisos en que día, lugar, hora, y por quien supuestamente fueron despedidos verbalmente las y el actor de esta demanda. Por lo antes dicho sobre la carga de la prueba, era a ellos a quienes correspondía probar a cabalidad tal hecho y no solo decir en términos generales que al llegar otro alcalde lo despiden a uno. Dentro de la libertad probatoria pudieron realizarse actas del inspector del trabajo para acreditar los supuestos despidos verbales, solicitar interrogatorio de parte de quien supuestamente los despidió, eventuales videos, mensajes de texto Etc. o simplemente un exhaustivo y claro interrogatorio, pero no fue así o los testigos no sabían en si esos datos. Es así que no podemos afirmar que hubo un despido verbal en los términos que indica la a-quo, pero como si se dio una relación laboral es procedente el pago de derechos adquiridos. Debiéndose computar los mismos hasta determinado día para lo cual tomaremos el que las y el demandante refieren que dejaron de trabajar. Lo que no sabemos es la razón del término de la misma y que refieren fue en diferentes fechas. (La relación de trabajo puede terminar por: dejar de ir a labores, enfermedad, encontrar otro trabajo, cambiar de domicilio, despido verbal, por renuncia etc. pero debe quedar probado en el proceso). En vista de lo anterior, haremos la siguiente distinción: "Que el salario no es una prestación social. El salario es la remuneración del servicio que presta el trabajador al patrono; es la contraprestación correspondiente a la prestación trabajo. Las prestaciones sociales que emanan también del trabajo, pero que no tienen como finalidad retribuirlo directamente, tal como el preaviso, el de cesantía, las vacaciones remuneradas, son cosa diversa que la Ley ha creado con el propósito de otorgar un beneficio al trabajador, en su afán de atender a la debida protección que al Estado le atañe. En rigor, debe entenderse como salario solamente aquella porción que el trabajador recibe como remuneración inmediata a su servicio. Que la Ley del séptimo día y décimo tercer mes en concepto de aguinaldo al integrar el concepto de salario para todos los efectos legales esto se refiere a la protección que el salario tiene para ser embargados o como crédito privilegiado en caso de quiebra o embargo y no para cálculo de prestaciones sociales en caso de despido o terminación del contrato de trabajo por causa no imputable al trabajador, pues su cálculo se encuentra establecido en lo preceptuado en el artículo 123 literal b) del Código del Trabajo y debe ser calculado tomando como base el promedio de los salarios devengados por el trabajador en los días efectivamente trabajados durante los últimos seis meses de vigencia del contrato, o fracción de tiempo menor si no se hubiere ajustado dicho término. Se está infringiendo el principio de legalidad al que deben estar siempre sujetos todos los Jueces y Magistrados". Según lo expuesto en los hechos probados, esta Corte de Apelaciones es del criterio que él y las actoras tenían como salario las cantidades precisadas por ellos mismos en su demanda, siendo esa la cantidad que se refleja en las hojas de cálculos de prestaciones laborales, el cual era el salario mínimo en la época del trabajo, tal y como ellos mismos lo refieren en los últimos seis meses. En los hechos de la demanda no se alega que dicho salario era inferior y por cuanto tiempo lo tuvieron supuestamente de esa manera, por ende, bajo ningún punto de acuerdo a la prueba aportada al proceso es procedente pagar reajuste al salario mínimo. La parte demandada se opuso totalmente a la cuantía reclamada y no porque se describan grandes cantidades de dinero por esos conceptos los operadores de justicia los debemos conceder, pues aparte de la razón del objeto del proceso antes señalada, también daremos los siguientes motivos: 1) que de acuerdo al artículo 739 del Código del Trabajo la valoración de los medios de prueba se hará bajo el sistema de libre formación del convencimiento, entre otros inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas. Uno de ellos es la ciencia, entre las cuales se encuentran las matemáticas que consisten en: una ciencia formal deductiva, la cual se encarga del estudio de las propiedades de los entes abstractos como números y signos, así como de las conexiones y relaciones que existen en ellos. Por lo que no corresponde a dicha ciencia que sí, cuatro trabajadores afirman que ganaban el salario mínimo se anote en la hoja de cálculo de prestaciones laborales y peor aún se condene al reajuste salarial sin que del análisis del proceso se desprenda en base a que datos numéricos resulta esa cantidad como ser: que se haya alegado y probado que ganaban una cantidad inferior al salario mínimo y por cuanto tiempo. 2) que el mismo análisis ocurre con los pagos de aguinaldo adeudado, décimo cuarto adeudado, pues aplicando las reglas de las matemáticas dichos valores se ven aumentados en los folios 12, 13, 14 y 16 pues si tomamos en cuenta el salario que ellos (demandantes) dicen que ganaban y no hay ningún hecho que diga cuantos años de tales derechos se les debían. Así se sumarán y se tomaran en cuenta que fueran dos años, no hacen la cantidad indicada en dichos cálculos por los que los mismos deben realizarse con el ajuste de acuerdo a las matemáticas en cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de la señora MAIRA YAMILETH ROSALES no se menciona de cuantos años correspondería el aguinaldo pendiente y el aguinaldo adeudado y aun sumándolos por dos años no equivale a la cantidad señalada para dichos renglones aritméticos. Por lo que es procedente rebajarlos a un año según el salario que ellos mismos indicaban que tenían en su demanda. Misma situación ocurre con las hojas de cálculos de prestaciones de los señores ELVA MARINA VELÁSQUEZ, LIVIA IDALIA GUIFARRO ROSALES y CARLOS ROBERTO ROSALES. 3) De manera tal que, similar razonamiento opera en cuanto al reclamo de pago de bono educativo solicitado por la señora Guifarro Rosales, en el sentido de no haber sido alegado y probado en juicio porque tiene derecho a ello. E igual decisión y arribo de motivación es la situación del señor Carlos Rosales en cuanto al pago de días feriados. (ver plan de demanda). 4) sobre la hoja de cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales la misma no constituye un medio de prueba de carácter irrefutable, pues se realiza con datos proporcionados por una sola de las partes solo es un enunciado y en este caso por si mismas no se puede extraer que los datos sean concordantes al plan de demanda y pruebas aportadas; también la supuesta firma no se aprecia original y se confirmó de otra manera. Por ejemplo, los señores Livia y Carlos Rosales no pidieron, y por ende no probaron el pago de horas extras, y la juez condenó a las cantidades de horas extras que están en el fallo que se recurre. Por lo que corresponde al órgano jurisdiccional de acuerdo a todo lo señalado corroborar los cálculos acompañados al libelo y si va a resultar una condena que sea de acuerdo a todo lo antes manifestado. Que, en cuanto al procedimiento probatorio, expondremos aquí dos advertencias previas: "1. La prueba no siempre es necesaria: No es normal que se de en la práctica un proceso sin prueba, pero la posibilidad existe y atiende cuando las partes están conformes respecto de los hechos, o no existiendo hechos controvertidos. 2. La actividad probatoria es siempre actividad regulada legalmente. Pues nunca se admitirá como prueba cualquier actividad prohibida por la ley, ya que los medios de prueba, que son actividad procesal, han de realizarse siempre de la forma prevista en la ley. No hay actividad probatoria sin previsión legal. (Ver libro Derecho Jurisdiccional II, Proceso Civil, 14° Edición, folio 274, Jurisconsulto Juan Montero Aroca y otros)”. Que no es controvertido que se realizó el procedimiento administrativo para que prosperara la demanda, por ello no procedemos a realizar tal prueba. En vista de todo lo antes dicho, no se acredito el despido verbal ilegal y por ello no procede la condena al patrono en la forma que lo determino la juez. Por tales razones este tribunal comparte solo parcialmente la decisión a la que arribo la juzgadora. 5. Mediante auto de fecha 28 de noviembre del 2022, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por la Abogada YELINA NINOSKA REYES MOYA, en su condición de representante procesal de los señores MAYRA YAMILET ROSALES ESTRADA; ELVA MARINA VELÁSQUEZ PUERTO; LIVIA IDALIA GUIFARRO ROSALES; CARLOS ROBERTO ROSALES; y el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SABA, DEPARTAMENTO DE COLON, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada uno de los recurrentes por el término de veinte días para que formularan por escrito la demanda de casación; término que empezara a correr de la forma siguiente: para la apoderada demandante a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y para el apoderado demandado, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6. En fecha 13 de junio del 2023, compareció ante este tribunal la Abogada YELINA NINOSKA REYES MOYA, en su condición de representante procesal de los señores MAYRA YAMILET ROSALES ESTRADA; ELVA MARINA VELÁSQUEZ PUERTO; LIVIA IDALIA GUIFARRO ROSALES; CARLOS ROBERTO ROSALES, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 04 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la parte demandante/Recurrente, y por formalizado en tiempo el recurso de casación; no así la parte recurrente/demandada, ya que en fecha 28 de noviembre del 2024, se tuvo por desierto el recurso de casación interpuesto ante este Tribunal por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SABA, DEPARTAMENTO DE COLON; ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 03 de marzo del 2025, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada/recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada YELINA NINOSKA REYES MOYA, en su primer motivo de casación expreso: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral por infracción indirecta, por error de hecho, en la apreciación errónea de los medios de prueba admitidos, que aparecen de manifiesto en los autos, en los medios de prueba DOCUMENTALES, que obran a folios del 17 y 18, 50 al 108 de la pieza de primera instancia, en el Tomo 1: el medio de prueba TESTIFICAL practicado en la audiencia segunda de trámite de fecha 27 de octubre del año 2020, acta de audiencia que obra a folios del 126 al 128 de la pieza de primera instancia, en su Tomo I; y, por último, el medio de prueba de RECONOCIMIENTOS JUDICIALES practicados en fecha dieciséis de febrero del año 2022, dos de marzo del año 2022 y diecisiete de marzo del año 2022, que obran a folios 181, 182 y 186 de la pieza de primera instancia en su respectivo Tomo I. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La norma sustantiva de orden nacional violada y de índole laboral, por infracción indirecta es la contenida en el artículo 113 primera parte del párrafo primero y párrafo tercero literal a), interpretado en lo pertinente, por el Decreto Número 89 emitido por el Congreso Nacional, publicado en La Gaceta número 19.956 del 23 de diciembre de 1969, por intermedio del artículo 738, relacionada con los artículos 3, 20, 21, 25, 27 y 30, todos del Código de Trabajo; y, el artículo 129 de la Constitución de la República, por Error de Hecho en la apreciación errónea de la prueba en que incurrió la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, prueba que a continuación singularizó y aparece de manifiesto en los autos. PRUEBAS APRECIADAS ERRONEAMENTE: Los medios de prueba que singularizo y se apreciaron erróneamente por la Corte Sentenciadora, son: DOCUMENTAL, consistente en: 1) Certificación levantada por la Inspectoría de la oficina local de Trabajo de la ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, la que certifica el acta de comparecencia del 05 de abril del 2018, visible a folios 17 y 18 del Tomo I, de la pieza de primera instancia; 2) Solicitud dirigida al señor Carlos Valle en su condición de Alcalde Municipal, en el período 2014 al 2018; 3) orden de pago de fecha 03 de marzo del año 2014 emitida por la señora Fany Torres en su condición de tesorera municipal; 4) Orden de pago número 06888 emitida por la señora Fanny Torres en su condición de tesorera municipal de Saba, Colón de fecha 18 de octubre del año 2016; 5) Cheque número 06888 de fecha 18 de octubre del año 2016 por la cantidad de L 59,700.00 a favor del señor Pablo Roberto Banegas; 6) Planillas de susidio Sésamo, Saba; 7) Plan de aseo Sésamo, Saba sobre la jornada que desempeñaba Mayra Yamileth Estrada; 8) Constancia emitida por la profesora Ligia Cruz en su condición de Directora de la Escuela primero de abril de la ciudad de Saba, Colón, la que acredita que el señor Carlos Roberto Rosales, trabajó en el periodo comprendido del 14 de marzo del 2016, hasta febrero del 2018, 9) Planillas del año 2017 del Centro de Salud Sésamo de Saba con copias de cheques 04910, transferencia de subsidio del sector salud número 07434 y cheques 05131, 05350, 05555, 05854, 06023, 06282 у 06754 todos correspondientes al año dos mil dieciséis para el sector salud sésamo a través de la municipalidad, para que sean entregadas al doctor Pablo Banegas y 9) Planillas del año 2017 del sector de salud de Saba, Colón y coplas de cheques número 07208, 08021, 08294, 08548, 09019, 08987, 09079 y 09327, todos a nombre del doctor Pablo Roberto Banegas, los anteriores medios de prueba documentales se encuentran visibles del folio 50 al 108 del Tomo I, de la pieza de primera instancia; así mismo, el medio de prueba de RECONOCIMIENTOS JUDICIALES practicados en fecha dieciséis de febrero del año 2022, dos de marzo del año 2022 y diecisiete de marzo del año 2022, que obran a folios 181, 182 y 186 del Tomo I de la pieza de primera instancia; y, por último, el medio de prueba TESTIFICAL practicado en la audiencia segunda de trámite de fecha 27 de octubre del año 2020, acta de audiencia que obra a folios del 126 al 128 del Tomo I de la pieza de primera instancia. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739, ambos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. DOCTRINA: Esta clase de error debe de estar vinculado a la existencia de determinadas pruebas en el proceso y para que la violación se configure son necesarios los requisitos siguientes: 1°) debe de existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba; 2°) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate; 3°) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; 4°) el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada en la prueba de que se trate. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte Sentenciadora apreció erróneamente la prueba ya singularizada, cometiendo error de hecho, al considerar equivocadamente valorándola en su conjunto concluyendo que no hay prueba que acredité el despido verbal ilegal y por ello no procede la condena al patrono en la forma que lo determino la juez, puesto que si bien con toda la prueba documental se concluyó la existencia de la relación laboral triangular y que efectivamente los actores si laboraron entre las fechas indicadas en los hechos probados para los diferentes centros asistenciales, siendo ordenada su contratación y pago por el alcalde del municipio de Saba. Con respecto al despido, equivocadamente la corte sentenciadora considera que de la prueba documental y prueba testifical de los señores Claudia Yamilet Antúnez Rosales, Elvin Orlando Rosales y Sonia Aidé Bueso no existe prueba del despido verbal, y que los testigos no fueron precisos en que día, lugar, hora y por quien supuestamente fueron despedidos verbalmente las y el actor de la demanda. El error es ostensible, es decir notorio, por cuanto la Corte recurrida comete el error de apreciación errónea de la prueba documental, relacionada con la prueba testifical y reconocimiento judicial, en virtud que siendo verificado en este proceso laboral que los demandantes si sostuvieron una relación de trabajo, siendo contratados verbalmente por el anterior Alcalde Municipal el señor Carlos Alberto Valle para desempeñar las labores donde fueron cada uno de ellos designados, y pagándoles el salario por medio de la Municipalidad de Saba por medio de los subsidios para salud y educación, evidenciándose que fueron contratados por el Alcalde de turno y por ende trabajadores de la Municipalidad. Entonces, es evidente que no resultaría lógico entender que los demandantes dejaron de trabajar y asistir a sus labores por cuenta propia como forzadamente lo quiere hacer creer la Corte Sentenciado en los hechos probados de su sentencia; erróneamente la corte entiende que si bien está acreditado que al llegar un nuevo alcalde los demandantes fueron despedidos, ya que los testigos así lo verificaron considera que dichas afirmaciones son insuficientes, tildándolas de genéricas, y, señalando con mal criterio que no hay prueba suficiente de los despidos verbales, recomendando la corte recurrida con que prueba se pudo haber demostrado los despidos verbales, cuando realiza una mala apreciación de la prueba en su conjunto ya que con la prueba testifical que se relaciona con la prueba documental y reconocimientos judiciales se debe considerar suficiente la acreditación de las terminaciones ilegales de las relaciones de trabajo de los demandantes, bajo las órdenes del nuevo alcalde municipal, y efectivamente comunicados por el Doctor Pablo Banegas director municipal de Salud de Saba; doctor Jael Funez médico residente del Centro de Salud de El Elixir; y, a través de la directora de la escuela primero de abril, comunicados los despidos a los demandantes respectivamente, ya que los testigos todos fueron contestes en identificar los jefes inmediatos de los demandantes y que al tomar posesión el nuevo alcalde Obed Acuña instruyó los despidos, ya que es lógico pensar que cuando hay cambio de gobierno se les despiden a los que no trabajaron por Obed Acuña, ya que estos contrataron su gente, también la corte cometió apreciación errónea de la Certificación de acta de comparecencia visible a folio 17 y 18, puesto que entiende que sólo sirve para probar el agotamiento de la vía administrativa y que no es un hecho controvertido, cuando con dicha prueba se evidencia que los demandantes plantearon su reclamación desde la fecha 19 de febrero del año 2018, lo que evidencia prontitud en su reclamación, así como la posición infundada de la Municipalidad de que los demandantes no eran empleados de la Municipalidad, de modo que, al probarse en juicio que si lo eran, aún y cuando la demandada rechazo el despido verbal, existe suficiente prueba en su conjunto para determinar que la terminación de las relaciones de trabajo de los demandantes si se efectuó en la forma que lo afirman en su demanda, así permite concluirlo el artículo 21 y 30 del Código de Trabajo. En virtud de lo anteriormente expuesto, el presente motivo debe ser estimado. III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) En la explicación no se demuestra el error evidente y manifiesto al alegar el error de hecho ya que solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso resolviendo el juzgador de instancia conforme a la libre formación de su convencimiento; b) Dentro de las normas que indica como violadas como ser el artículo 738 del Código de Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) Se expone que el error de hecho proviene de apreciación errónea de la prueba, entre ellas la testifical, cuando se ha venido indicando que no cabe el ataque contra ese medio probatorio en este extraordinario recurso, ya que el mismo no es reglado y queda sujeto a la libre formación del convencimiento del juzgador de instancia; d) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. Que la Abogada YELINA NINOSKA REYES MOYA, en su segundo motivo de casación expreso: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por infracción indirecta, por error de hecho, en la falta de apreciación de los medios de prueba admitidos, que aparecen de manifiesto en los autos, ya que se dejaron de apreciar los medios de prueba DOCUMENTALES, que obran a folios del 17 y 18, y 50 del tomo I, de la pieza de primera instancia y el medio de prueba testifical visible a folios del 126 al 128 del Tomo I de la pieza de primera instancia. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La norma sustantiva de orden nacional violada y de índole laboral, por infracción indirecta es la contenida en el artículo 113 primera parte del párrafo primero y párrafo tercero literal a), interpretado en lo pertinente, por el Decreto Número 89 emitido por el Congreso Nacional, publicado en La Gaceta número 19.956 del 23 de diciembre de 1969, por intermedio del artículo 738, relacionada con los artículos 3, 20, 21, 25, 27 y 30, todos del Código de Trabajo; y, el artículo 129 de la Constitución de la República, por Error de Hecho en la falta de apreciación de la prueba en que incurrió la Corte Segunda de Apelaciones de la Ceiba, Departamento de Atlántida, prueba que a continuación singularizó y aparece de manifiesto en los autos. PRUEBAS DEJADAS DE APRECIAR: Los medios de prueba que singularizo y se dejaron de apreciar por la Corte Sentenciadora, son: DOCUMENTAL, consistente en: 1) Certificación levantada por la Inspectoría de la oficina local de Trabajo de la ciudad de Olanchito, Departamento de Yoro, la que certifica el acta de comparecencia del 05 de abril del 2018, visible a folios 17 y 18 del Tomo I, de la pieza de primera instancia; y 2) Constancia de Trabajo firmada por la Profesora Ligia Cruz, en la que se hace constar que el señor Carlos Roberto Rosales trabajó para el Centro Educativo en el periodo comprendido del 14 de marzo del 2016, hasta febrero del 2018 como vigilante pagado por subsidio de la Municipalidad de Saba, Departamento de Colón, visible a folio 50 del Tomo I de la pieza de la primera instancia; y, el medio de prueba TESTIFICAL practicado en la audiencia segunda de trámite de fecha 27 de octubre del año 2020, acta de audiencia que obra a folios del 126 al 128 del Tomo I de la pieza de primera instancia. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada, están contenidas en los artículos 738 y 739, ambos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. DOCTRINA: Esta clase de error debe de estar vinculado a l existencia de determinadas pruebas en el proceso y para que la violación s configure son necesarios los requisitos siguientes: 1°) debe de existir un mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba; 2°) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate; 3°) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; 4°) el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada en la prueba de que se trate. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al revocar el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, en lo que respecta al pago de prestaciones sociales y salarios dejados de percibir, manifiestamente incurrió en error de hecho, al dejar de apreciar los medios de prueba señalados anteriormente y admitidos a la parte demandante y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto debidamente valorados con los que se concluyó la existencia de relación de trabajo, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, esta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable. En el caso particular está plenamente acreditado en el proceso que el patrono ordeno los despidos verbales de los demandantes, puesto que, afirmo la demandada que estos no eran empleados de la Municipalidad, cuando fue debidamente comprobado que sí lo eran, por tanto, es lógico concluir valorando la prueba en su conjunto, apreciando la prueba singularizada, que la patronal configuro una terminación ilegal e injusto, puesto que no tuvo justa causa de despido infringiendo el precepto Constitucional enmarcado en el artículo 129 que nos garantiza la estabilidad laboral. Si se hubiesen apreciado por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que los demandantes aparte de sostener las relaciones de trabajo de carácter permanente, sufrieron los despidos ilegales e injustificados, ya que concluir que el nuevo alcalde municipal los ordeno a través de los intermediarios que los demandantes señalan en su demanda es lo más acertado, lo anterior, de conformidad a la aplicación del principio indubio pro operario, ya que en los casos donde hay duda se debe concluir a favor de la narración de hechos de los demandantes, no obstante, la corte sentenciadora con su falta de apreciación y criterio errado llevó en forma indirecta a la violación de los artículos 113 párrafo primero y tercero literal a), interpretado del Código del Trabajo, en relación con el artículo 129 de la Constitución de la República, al negarle a mis representadas y representado los derechos que le corresponden al violentarse la estabilidad laboral bajo un despido que no resulta legal, mucho menos justo, al no estar enmarcado en derecho, siendo importante señalar que, la inexistencia del despido laboral por escrito es imputable al Patrono, y en este caso, la patronal se limitó a negar que no eran empleados, en consecuencia al no comprobarlo, y más bien estar verificada la existencia de las relaciones de trabajo, se debe concluir con total razonabilidad que las terminaciones ilegales e injustas afirmadas por los actores se produjeron en las fechas y por la forma señaladas. En virtud de lo anteriormente expuesto, el presente motivo debe ser estimado. Por tal razón siendo que el fin de la Casación Laboral es la defensa de la norma sustantiva y la unificación de la jurisprudencia nacional, consideró que los motivos de casación anteriores deben ser atendibles en Casación. Con el respeto de siempre a vos Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo”. V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) Dentro de las normas que indica como violadas como ser el artículo 738 del Código de Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Se expone que el error de hecho proviene de apreciación errónea de la prueba, entre ellas la testifical, cuando se ha venido indicando que no cabe el ataque contra ese medio probatorio en este extraordinario recurso, ya que el mismo no es reglado y queda sujeto a la libre formación del convencimiento del juzgador de instancia; c) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto en sus dos motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 10 numeral 1), 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado por la Abogada YELINA NINOSKA REYES MOYA, en su condición de representante procesal de los señores MAYRA YAMILET ROSALES ESTRADA; ELVA MARINA VELÁSQUEZ PUERTO; LIVIA IDALIA GUIFARRO ROSALES; CARLOS ROBERTO ROSALES en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE.. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 552-22. FIRMA Y SELLO
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -