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Sentencia CL-531-23 — Registro 19631

Resumen

Primera instancia declara sin lugar, la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, derechos adquiridos proporcionales, décimo tercer mes adeudado, décimo cuarto mes adeudado, reajuste al salario, absuelve de toda responsabilidad, con lugar la excepción perentoria de prescripción con relación al reclamo de reajuste de salario, sin lugar la excepción perentoria de cosa juzgada; segunda instancia confirma la sentencia y esta Sala de lo Laboral declara sin lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´....- Que el anterior cargo no resulta ser una proposición jurídica completa, dado que la Recurrente no lo encuadra en ninguna de las causales contenidas en el artículo 765 del Código del Trabajo, carece de concepto de la infracción, omite señalar normas procesales, omite señalar precepto autorizante, normas sustantivas de orden laboral violadas y su exposición es propia de un extenso alegato de instancia impropio en este extraordinario recurso...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´....- Que el anterior cargo no resulta ser una proposición jurídica completa, dado que la Recurrente no lo encuadra en ninguna de las causales contenidas en el artículo 765 del Código del Trabajo, carece de concepto de la infracción, omite señalar normas procesales, omite señalar precepto autorizante, normas sustantivas de orden laboral violadas y su exposición es propia de un extenso alegato de instancia impropio en este extraordinario recurso...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 21 de marzo del 2024, por la Abogada ALBA ADRIANA VASQUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora MIRSA DESIREE RIVERA MARTÍNEZ, representada en juicio por los Abogados FRANCIS LEONEL ENAMORADO AQUINO y MARTHA GUADALUPE TORRES. OBJETO DEL PROCESO: demanda laboral ordinaria de primera instancia para el pago de prestaciones sociales, vacaciones y décimo tercer mes, décimo cuarto mes, reajuste de salario, salarios caídos y costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 05 de marzo del 2021, por la señora MIRSA DESIREE RIVERA MARTÍNEZ, mayor de edad, casada, Doctora en Microbiología, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO SALUD, por medio de la Procuraduría General de la República; asimismo contra la FUNDACIÓN DEL HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, como administradora del HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, a través de su representante legal el doctor JOSÉ ZAMARA KATTAN. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 27 de octubre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 08 de agosto del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, derechos adquiridos proporcionales, décimo tercer mes adeudado, décimo cuarto mes adeudado, reajuste al salario conforme al ESTATUTO DEL MICROBIÓLOGO Y QUÍMICO CLÍNICO EN HONDURAS; y más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la finalización de la relación laboral, hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva condenatoria, promovida por la señora MIRSA DESIREE RIVERA MARTÍNEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA a través de la Procurador General de la República la Abogado MANUEL ANTONIO GALEAS, EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA a través de la Procurador General de la República la Abogado MANUEL ANTONIO GALEAS, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; en consecuencia CONDENA: EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procurador General de la República la Abogado MANUEL ANTONIO GALEAS, a pagar a la demandante MIRSA DESIREE RIVERA MARTÍNEZ, la cantidad CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (L.441,396.38), distribuida así: preaviso L. 47,004.42, cesantía L. 211,519.88, cesantía proporcional L. 3,786.47, vacaciones proporcionales L.2,163.70, décimo tercer mes proporcional L. 10,072.38, décimo cuarto mes proporcional L.20,144.75; vacaciones pendientes 40 días L.31,336.40, reajuste de salario mínimo 2 años L. 115,368.40; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- 2) FALLA: DECLARA SIN LUGAR, la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, derechos adquiridos proporcionales, décimo tercer mes adeudado, décimo cuarto mes adeudado, reajuste al salario conforme al ESTATUTO DEL MICROBIÓLOGO Y QUÍMICO CLÍNICO EN HONDURAS; y más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la finalización de la relación laboral, hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva condenatoria, promovida por la señora MIRSA DESIREE RIVERA MARTÍNEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra FUNDACIÓN DEL HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, a través del señor OSMIN ELIGIO BAUTISTA UCLES, en consecuencia lo FUNDACIÓN DEL HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, a través del señor OSMIN ELIGIO BAUTISTA UCLES, ABSUELVE: de toda responsabilidad proveniente del presente juicio.- 3) DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN con relación al reclamo de reajuste de salario conforme al ESTATUTO DEL MICROBIÓLOGO Y QUÍMICO CLÍNICO EN HONDURAS, por todo el tiempo laborado; y DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN, referente al derecho para demandar prestaciones e indemnizaciones legales, interpuesta por la parte demandada principal; 4) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE COSA JUZGADA, interpuesta por la parte demandada principal.- 5) SIN COSTAS: …”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, ingresó a trabajar para la Secretaría de Estado en el Despacho Salud Publica, el 02 de mayo del 2006, de manera continua y sin interrupción asignada al Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, ahora fundación del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, bajo la modalidad de contrato de servicios profesionales desempeñándose como microbióloga, devengaba un salario de L.16,024.42, que es inferior al salario que por derecho le correspondía según el Estatuto del Microbiólogo y Químico Clínico, como doctora en Microbiología que estaba debidamente colegiada bajo el número 99-430, en el Colegio de Microbiólogos de Honduras, desempeñándose en el área de laboratorio. Que en fecha 30 de junio del 2015, fue comunicada por escrito que su contrato por servicios profesionales y técnicos no sería prorrogado a partir del 01 de julio del 2015; por lo que a raíz de ese despido acudió a demandar ante el Juzgado de lo Contenticos Administrativo de esa ciudad de San pedro Sula, decisión tomada por incertidumbre y en base al criterio jurídico utilizado en ese momento en sus fallos por la honorable Corte de Apelaciones de Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en estos casos similares especialmente el emitido bajo expediente número 0501-2015-220.-IIRB, y como era de esperar la demandada promovió defensas previas arguyendo que dicha demanda fuera inadmitida porque la nota de fecha 30 de junio del 2015, no entra en la categoría de un acto administrativo; quedando en el aire la demandante, siendo apelado dicho fallo ante la honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, quien anuló el fallo proferido (exp. 0801-2016-209) y dejó a salvo el derecho para que las partes acudan al Juzgado del trabajo competente. Por esa razón acudió a demandar en esa fecha. Argumentó que trabajó de manera continua, ininterrumpida para la demandada, sin embargo, la demandada le hacía firmar contratos denominados por servicios profesionales, disfrazando de esa forma la relación laboral y por esa razón el patrono le tenía con un status de "CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES", pero que le otorgaban todos los derechos laborales que le eran reconocidos en el Código de Trabajo a un empleado de carácter permanente, como ser días libres, feriados, vacaciones, décimo tercero y décimo cuarto mes de salario, y estaba inscrita en la Planilla del Seguro Social (IHSS); por lo que con el otorgamiento de esos derechos, la demandada le estaba reconociendo la permanencia en el trabajo porque eran beneficios que sólo los gozaban los empleados que eran permanentes, además, que de conformidad con el artículo 47 del Código del Trabajo esos contratos que firmaba cada cierto tiempo se consideraban por tiempo indefinido porque las labores que realizaba eran de carácter permanente y el 30 de junio del 2015 cuando la despidieron aún subsistía la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de sus servicios. Siendo el proceder de la demandada absolutamente contrario al texto constitucional en lo referente a la garantía individual de la estabilidad en el trabajo, y desatendiendo el principio de la primacía de la realidad en la relación de trabajo (como principio del Derecho Laboral), una realidad creada en la relación de trabajo por la sucesión sin interrupción de contratos de trabajo para labores de naturaleza continua que han generado los contratos permanentes. Esta continuación ininterrumpida de contratos ha dado lugar a valiosos precedentes laborales, que reconocen en los estamentos jurisdiccionales aquel principio (primacía de la realidad). Así, se han pronunciado un sinnúmero de sentencias definitivas. Continuó manifestando, que ha "Trabajo igual debe corresponder salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto y la jornada sean también iguales", El Estatuto del Microbiólogo y Químico Clínico en el artículo 1 establece: Que dicha ley regula las labores y servicios de trabajo entre los Microbiólogos y Químico Clínicos y en las personas naturales o jurídicas de derecho público o privado que contrate sus servicios profesionales considerando las peculiaridades propias de su profesión, dijo eso porque en el tiempo que laboró para la demandada no se le pago el salario mínimo vigente que establece el Estatuto del Microbiólogo Químico Clínicos de Honduras, resulta que al momento del despido devengaba la suma de L. 16,024.42 y según la escala de aumentos que había tenido la base del Microbiólogo desde su aprobación Decreto N. 178-97 al primer semestre del año 2015 debía haber estado devengando un salario de L. 31,889.77, por lo que, las partes demandadas estaban en la obligación de hacerle los reajuste desde la fecha de ingreso hasta la fecha de despido; asimismo décimo tercer mes, décimo cuarto mes y vacaciones. 2.- Las partes demandadas, la FUNDACIÓN DEL HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, contestó dicha demanda, limitándose únicamente a señalar que rechaza totalmente la demanda y por ende las pretensiones que persigue la demandante; y el ESTADO DE HONDURAS, también contestó la demanda, señalando que la demandante fue contratada para laborar en el Hospital Leonardo Martínez Valenzuela; a través de contratos de servicios técnicos por tiempo definido; y que no se le renovó el contrato por servicios técnicos, por lo tanto, no fue despedida ni cancelada en ningún momento. Y como ella misma lo acepta en el planteamiento de la demanda cuando dice que se presentó en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, sin embargo aduce que la demandada presentó Defensas Previas, las que fueron aceptadas y declaradas, con lugar por adolecer de defectos formales que impedían verter pronunciamiento sobre el fondo del asunto, por el juzgado de primera instancia, el juzgado de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula en fecha 09 de junio del 2016, fallo que ratificó la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional de Tegucigalpa, en fecha 09 de febrero del 2018, el que se registra bajo el número 0801-2016-209; por lo tanto argumentar este hecho con lo sucedido en el juicio número 0501-2015-00031, y el juicio Nº 0501-2015-00032, pieza separada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de ese Término, era totalmente improcedente querer hacer creer que la Corte emitió fallo favorable en su caso; alejado de la verdad, ya que en el fallo tanto de primera instancia como el de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción Nacional, falló declarando por unanimidad de votos. 1.- "Declarar con Lugar las Defensas Previas, presentadas por la parte Demandada 2.- Declarar INADMISIBLE la demanda presentada por la Señora Mirza Desiré Rivera Martínez. Por lo que no es procedente ni ético querer sorprender a la autoridad valiéndose de argumentos fuera de la realidad. Manifestó que aunque parezca repetitivo pero ese contrato era por servicios profesionales y técnicos, por lo tanto tenía un inicio y un fin no era cierto, ya que simplemente no se le renovó el contrato de Servicios, como lo especifica en el mismo escrito la demandante, ya que sabía que era por tiempo definido, por lo que una vez terminado el mismo no existiría responsabilidad jurídica ni contractual, lo que a su vez fue aceptado por el contratado, quien firmó consiente de lo que estaba firmando, así mismo en el artículo 1547 del Código Civil establece los contratantes pueden establecer pactos, clausulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sea contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público; en virtud que ese supuesto derecho subjetivo más los beneficios que reclamaba, no le corresponde a la demandante, por cuanto la relación ha sido bajo la modalidad de Contratos de Servicios, por lo tanto sus pretensiones no eran correctas en vista que alteran las condiciones del contrato suscrito entre las partes, argumento que plasma en el contexto de los hechos para sostener y exigir un derecho subjetivo que no existía, omitiendo las condiciones del contrato suscrito entre las partes, así mismo es importante relacionar que resulta improcedente acceder a sus pretensiones y por ende dar cumplimiento a sus reclamos económicos, por considerar que los hechos que exigía no estaban basados en la realidad de lo pactado por el demandado través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, tomando en cuenta que lo hizo de buena fe, asumiendo que la contratada estaba consciente de lo que todas esas condiciones significaban, en vista que no se puede conceder en esos contratos más derechos que los consignados en ellos. Expresó además que a la demandante no se le violento el derecho ya que firmó un contrato de servicios profesionales y técnicos elevado el mismo a su acuerdo respectivo tal como lo establece la norma planteada para esa clase de contratos, en el decreto legislativo de ingresos de la Administración Pública número 360-2013 de fecha 24 de enero del 2014, para el ejercicio fiscal 2014 y que tiene que ver con la estructura presupuestaria OBJETO 12100, según el artículo 111 de ese decreto; o sea que se cuente con los fondos suficientes de esa partida, para cancelar esos contratos, los que a la vez tienen una fecha de inicio y una fecha de terminación, esos contratos cuentan con todas las formalidades y requisitos que se plantean en los artículos 1539,1540,1547, y 1552 del Código Civil, que le daba legitimidad, como también a lo relativo concerniente al Derecho Administrativo vigente. Por lo que una vez terminado o finalizada la relación contractual en la fecha ya establecida en el contrato se le comunico mediante oficio a la señora demandante que ya no se renovaría el Contrato por Servicios Técnicos y Profesionales y el que ella firmó voluntaria y conscientemente, pudiéndose apreciar que dicho contrato era de los que estaban enmarcados en el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo por lo que una vez terminado o finalizado el periodo se termina la relación; mencionó que esa demanda ya fue ventilada en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, de San Pedro Sula, Cortes, mismo que el 09 de julio del 2016, fue declarada inadmisible y además se anuló, el proceso a partir del auto de fecha 30 de julio del 2015, también la Corte de Apelaciones Laboral, de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional, con sede en Tegucigalpa, el 09 de febrero del 2018, ratificó dicho fallo. Argumento que el demandado nunca fue convocado a través de ningún representante, para asistir a ninguna audiencia, llama la atención que ya el 05 de marzo del 2021, había sido presentada la demanda en el Juzgado Laboral de San Pedro Sula, y en la misma fecha estaba convocando a una Audiencia de Conciliación a la Señora Alba Consuelo Flores, en su condición de Ministra de la Secretaria de Salud, del Hospital Leonardo Martínez Valenzuela, a fin de que compareciera ante esa dependencia, el día martes 08 de junio del 2021, permitiéndole observar que era improcedente e imposible que se siguiera el debido proceso, ya que nunca llego la cita por ende no fue que se pretendiera ignorar la misma, con el auto de fecha 11 de marzo del 2021 y que obra en el expediente de mérito #0501-2021-00 212-LTO. a folio 20 y en su parte DISPOSITIVA dice: 1.- Que previo a la admisión de la demanda se devuelva, para que, en el término de CINCO DÍAS HÁBILES, subsane los defectos de demanda 2.-3.-4.-5.-6. Asimismo, en audiencia primera de tramite interpuso las excepciones perentorias de prescripción y de cosa juzgada. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 08 de agosto del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, derechos adquiridos proporcionales, décimo tercer mes adeudado, décimo cuarto mes adeudado, reajuste al salario conforme al ESTATUTO DEL MICROBIÓLOGO Y QUÍMICO CLÍNICO EN HONDURAS; y más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la finalización de la relación laboral, hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva condenatoria, promovida por la señora MIRSA DESIREE RIVERA MARTÍNEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA a través de la Procurador General de la República la Abogado MANUEL ANTONIO GALEAS, EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA a través de la Procurador General de la República la Abogado MANUEL ANTONIO GALEAS, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; en consecuencia CONDENA: EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procurador General de la República la Abogado MANUEL ANTONIO GALEAS, a pagar a la demandante MIRSA DESIREE RIVERA MARTÍNEZ, la cantidad CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (L.441,396.38), distribuida así: preaviso L. 47,004.42, cesantía L. 211,519.88, cesantía proporcional L. 3,786.47, vacaciones proporcionales L.2,163.70, décimo tercer mes proporcional L. 10,072.38, décimo cuarto mes proporcional L.20,144.75; vacaciones pendientes 40 días L.31,336.40, reajuste de salario mínimo 2 años L. 115,368.40; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- 2) FALLA: DECLARA SIN LUGAR, la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, derechos adquiridos proporcionales, décimo tercer mes adeudado, décimo cuarto mes adeudado, reajuste al salario conforme al ESTATUTO DEL MICROBIÓLOGO Y QUÍMICO CLÍNICO EN HONDURAS; y más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la finalización de la relación laboral, hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva condenatoria, promovida por la señora MIRSA DESIREE RIVERA MARTÍNEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra FUNDACIÓN DEL HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, a través del señor OSMIN ELIGIO BAUTISTA UCLES, en consecuencia lo FUNDACIÓN DEL HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, a través del señor OSMIN ELIGIO BAUTISTA UCLES, ABSUELVE: de toda responsabilidad proveniente del presente juicio.- 3) DECLARA CON LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN con relación al reclamo de reajuste de salario conforme al ESTATUTO DEL MICROBIÓLOGO Y QUÍMICO CLÍNICO EN HONDURAS, por todo el tiempo laborado; y DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN, referente al derecho para demandar prestaciones e indemnizaciones legales, interpuesta por la parte demandada principal; 4) DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE COSA JUZGADA, interpuesta por la parte demandada principal.- 5) SIN COSTAS: …”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso este tribunal es del criterio que procede DECLARAR CON LUGAR la demanda de mérito por las circunstancias siguientes: Uno: Que el artículo 47 del Código del Trabajo, establece que los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sea permanentes o continuas en la empresa, se consideraran celebrada por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dicho contrato subsiste la causa o motivo que le dio origen. En el caso de autos con la abundante prueba documental se encuentra acreditado que la demandante señora MIRSA DESIREE RIVERA MARTÍNEZ, desde el 02 de mayo del 2006, que inicio a laborar con la demandada ESTADO DE HONDURAS, han venido celebrando contratos de trabajo bajo la denominación CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS; independientemente de la denominación que se les dio eran contratos de trabajo, porque en la relación existente entre las partes concurrían los tres elementos necesarios para considerar la existencia de este según dispone el artículo 20 del Código de Trabajo; la relación no fue interrumpida prueba de ello es que, desde que inicio la relación no fue interrumpida hasta que le fue notificada la decisión por parte de la demandada de no prorrogar su contrato a partir del 01 de julio del 2016, la demandada le otorgaba vacaciones anuales a la demandante derechos que solo pueden gozar a quienes se les considera empleados tal como consta con los documentos que corren a folios 194 y 195 de los autos; siempre realizó las mismas funciones las cuales son continuas en la institución demandada, es decir y subsiste la actividad que le dio origen después de finalizada la relación; Por tal razón procede declarar con lugar la demanda de mérito. Dos: El despido es un acto por el cual el patrono hace saber al trabajador ya sea directamente o por medio de sus representantes, que rescinde la relación de trabajo, y que en consecuencia debe retirarse del servicio, mismo que corresponde demostrarlo al trabajador, y su justificación al patrono; o es el aviso que el trabajador da al patrono que cancela la relación de trabajo por una causa imputable a éste y exige la indemnización correspondiente; en el caso de autos la demandante acredito la que demandada puso fin a la relación de trabajo mediante nota de fecha 30 de junio del 2015, en la cual le notificaban que el contrato de servicios profesionales y técnicos no será prorrogables documento que corre a folios 9 de los autos; terminación que se torna injusta en vista que venir alegar por parte de la demandada la no prorroga de contrato después de venir sosteniendo una relación laboral sin interrumpir de más de nueve años resulta ilegal e injusta y sin alegar justa causa más que la no prórroga del contrato que a criterio de este Tribunal no faculta para poner fin a la relación laboral; Por lo que el despido llevado a cabo bajo esas condiciones resulta injusto e ilegal por lo que procede condenar a la demandada al resarcimiento de daños y perjuicios. En el presente caso la parte demandada ESTADO DE HONDURAS, interpuso excepción perentoria de prescripción de la acción referente al derecho de demandar reajuste de salario y el derecho para demandar; con relación a la excepción de prescripción de la acción referente al reajuste de salario este tribunal considera procedente: 1) declarar con lugar la excepción de prescripción con relación al pago de reajuste conforme Estatuto del microbiólogo químico clínico de Honduras, por todo el tiempo laborado; en el presente Juicio la demandante reclama reajuste de salario conforme al Estatuto del microbiólogo químico clínico de Honduras, que según dispone el artículo 39 de la Ley del salario mínimo se puede reclamar reajuste de salario mínimo, que dicho derecho prescribe en el término de dos años según dispone el artículo 43 de la Ley antes citadas; que en aplicación de manera analógica al presente juicio a la demandante le prescribió el derecho para reclamar reajuste de salario de todo el tiempo laborado a excepción de los dos últimos años por lo que este Tribunal considera procedente condenar al pago de reajuste de salario tomando en consideración que la demandante devengaba un salario de L. 16,024.42, salario que es inferior al salario vigente para microbiólogos en los 2013, 2014 y 2015 era de L. 20,114.71, tal como consta en el cuadro de aumentos que ha tenido la base del microbiólogo; por lo que procede condenar a la demandada al pago de reajuste de salario de los año junio 2013 a junio 2014 hasta junio 2015; así: En el mes de junio del año 2013 a junio del año 2014, la demandante devengaba un salario de L. 16,024.42, y el salario según estatuto Microbiólogo L. 20,144.72, existe una diferencia de L. 4,120.30, que multiplicado por 24 meses que equivale a dos años, más reajuste de décimo tercer mes y décimo cuarto mes de dos años resulta un total de reajuste de L. 115,368.40; cantidad que procede condenar a la demandada principal. 2) referente a la prescripción de la acción para interponer la demanda este Tribunal considera procedente declarar sin lugar dicha excepción en vista que en la forma que ha sido alegada así: la demandada principal dice que el derecho de la demandante a demandar le prescribió desde la fecha en que interpuso de su demanda en el juzgado de letras contencioso administrativo dice entre otras cosas que El 2 de julio 2015, la Demandante se presentó a la Secretaria del Trabajo donde le hacen el cálculo de prestaciones. Sin embargo, no se continuó con el procedimiento a fin de dar por concluido el trámite administrativo, con el cual le quedaba agotada la vía administrativa para continuar en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. El 3 de julio del año 2015, la señora MIRSA DESIREE RIVERA MARTINEZ, presenta demanda en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, es evidente que no se cumplió con el requisito indispensable de agotar la vía administrativa; por lo tanto, al presentar la demanda directamente al Juzgado de Lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula se violentó lo prescrito en el artículo 42, y 51 de la de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Con relación a dicho alegato este tribunal no pude analizar actuaciones que fueron realizadas en otro Tribunal, ni establecer si las mismas fueron prescrita; 3) lo que consta en autos es que a la parte demandante le fue notificado por parte del secretario del Juzgado de letras de lo Contencioso administrativo en fecha 19 de febrero del año 2021, el auto de fecha 21 de noviembre del año 2020; en la cual le concedían el plazo de 10 días hábiles para que las parte demandante comparezca ante la Jurisdicción del trabajo tal como consta a folios 10 al 15 y 395, del expediente de mérito; la presente demanda fue presentada en fecha 05 de marzo del año 2021; de la simple operación aritmética se deduce que la misma fue presentada dentro del término de 10 días establecido por el Juzgado de letras de lo contencioso administrativo; interrumpiendo de esa forma el termino de prescripción. Y el hecho que dicha resolución le fue notificado hasta en fecha 19 de febrero del año 2021, en el Juzgado de letras de lo Contencioso Administrativo, nada tiene que ver con el presente juicio; Este Tribunal previo a admitir la demanda solicito que la parte actora acreditara el agotamiento del procedimiento administrativo, y el hecho que lo hiciera después de presentada la demanda nada tiene que ver con el derecho de accionar porque se encuentra acreditado en autos que la demandante interrumpió el termino de prescripción ante tribunal. En el presente juicio la parte demandada principal interpuso la excepción perentoria de cosa juzgada; con relación a la misma este Tribunal considera procedente declarar sin lugar la excepción planteada por las circunstancias siguientes: a) Que la institución de la cosa juzgada procura evitar la repetición de litigios por la misma causa y entre las mismas partes. b) Que hay cosa juzgada cuando la nueva demanda pretende un nuevo pronunciamiento sobre una cuestión decidida anteriormente en otro litigio, la cosa juzgada supone un proceso finiquitado. Que en el caso de autos si bien es cierto la demandante interpuso inicialmente su demanda contra el Estado en el Juzgado de letras de lo Contencioso administrativo, el mismo se declaró incompetente para conocer de dicha acción, se declaró la nulidad absoluta de todo lo actuado; lo que significa que ese Tribunal no hubo sentencia definitiva por lo tanto no procede la excepción perentoria de Cosa Juzgada. En el presente juicio es un hecho controvertido determinar si existe responsabilidad de la demandada solidaria FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, con relación a tal hecho se encuentra acreditado en autos que la demandada principal y la fundación suscribieron convenio a partir del año 2016, por lo que a la fecha en que la demandante laboro para el Estado de Honduras en el HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA, como microbióloga, por lo que no tiene ninguna responsabilidad en el presente juicio. Que a la terminación del contrato de trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales; el derecho a vacaciones, el derecho a décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el derecho a décimo cuarto mes de salarios de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no. En el caso de los autos la parte demandada no probo haber pagado a la demandante esos derechos por lo que procede condenar los derechos en forma proporcionales; en el caso de autos la demandante reclama pago de vacaciones causadas y siendo que la demandada principal no acredito haber otorgado vacaciones de los dos últimos años procede condenar a la demandada a dicho pago. Que la ley laboral establece que cuando el patrono no prueba la justificación en que funda el despido debe pagarle al trabajador las indemnizaciones que según el Código de Trabajo le pueden corresponder y a título de daños y perjuicios, los salarios que ha este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procésales del cuerpo de la ley citado debe quedar firme la sentencia condenatoria. En el presente juicio la parte actora reclama pago de costas con relación a este reclamo este Tribunal considerando que el artículo 8 de dicha ley establece: DISPOSICIÓN GENERAL "EL ESTADO O SUS AUTORIDADES, EN JUICIO DE CUALQUIER NATURALEZA ESTARÁ EXENTO DEL PAGO DE COSTAS, SALVO QUE SE HAYA ACTUADO CON DOLO..." y en vista de que en el caso que nos ocupa en ningún momento El Estado o sus representantes al ejercitar su derecho de defensa que señala nuestra Constitución de la República ha actuado con dolo (debiéndose en todo caso- ser demostrado por la contraparte), y considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, no es procedente una condena en costas en caso de estimarse la presente demanda, ya que conforme a la norma citada, El Estado de Honduras, se encuentra exento del pago de las mismas. Asimismo, valorando los antecedentes, cabe mencionar que también existe jurisprudencia fijada por la Sala de lo Constitucional en los Recursos de Amparo números: AL85-2017, AC0459-2016. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 27 de octubre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, las excepciones perentorias no son defensas sobre el proceso sino sobre el derecho. No procuran la depuración de elementos formales de juicio, sino que constituyen la defensa de fondo sobre el derecho cuestionado; a diferencia de las dilatorias, las excepciones perentorias no se deciden in limine litis, ni suspenden la marcha del procedimiento, ya que su resolución se posterga en todo caso para la sentencia definitiva. En el presente caso, aun y cuando la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se declaró incompetente para conocer de las presentes diligencias, se le otorgó a la parte accionante el plazo de 10 días para acudir a esta vía, lo que así hizo, de manera que no procede la excepción perentoria de prescripción invocada, menos aún la cosa juzgada, pues ese órgano jurisdiccional no conoció del fondo del asunto sino únicamente del factor objetivo; de manera que la cosa juzgada es eficaz, tan solo, con relación al juicio concreto en que se ha producido o con relación al estado de cosas (personas, objeto, causa) tenido en cuenta al decidir; nada impide que, subsanadas las circunstancias que provocaron el rechazo de una demanda anterior, la cuestión pueda renovarse en un nuevo juicio. La autonomía de la voluntad de las partes en la celebración de los contratos de trabajo se encuentra limitada por las normas laborales contenidas tanto en la Constitución como en su desarrollo legislativo, las cuales, por ser de orden público, no son disponibles por las partes, como lo prevén expresamente los artículos 128 párrafo primero de la Constitución de la República, 2 y 3 del Código del Trabajo. Al respecto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el expediente: CL-345-16 sostuvo: "Que por el carácter de orden público del derecho del trabajo, como por la aplicación de los principios protectorio y de primacía de la realidad, los términos del contrato no son la base de sustento en la calificación de la relación laboral, sino que prevalece lo que ocurra en la real prestación del servicio y la naturaleza permanente o continua de las labores, conforme la presunción legal establecida en el artículo 47 del Código del Trabajo". Las relaciones de trabajo por tiempo y obra determinada, que son la excepciones a la regla general de la relación de trabajo por tiempo indeterminado, para que surjan, se requiere, por una parte, que exista una causa extraordinaria y transitoria que no amerite permanentemente los servicios del trabajador y, por otra, que el patrón y trabajador reconozcan expresamente el motivo y la temporalidad de la relación (Libro: Derecho del Trabajo, Roberto Muñoz Ramon, página 382); en el presente caso, no existe ninguna justificación para contratar a término fijo, motivo por el cual, la relación de trabajo debe considerarse por tiempo indefinido al tenor de los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo; de manera que su finalización sólo puede darse si concurre causa justa o legal para ello, lo que no ocurre en el caso de mérito, pues únicamente se adujo que el contrato no sería prorrogado; razón por la cual, los derechos económicos solicitados resultan procedentes, incluido el ajuste salarial conforme los documentos visibles a folios: del 215 al 218 de la primera pieza. Por las razones antes expuestas, la sentencia venida en apelación debe ser CONFIRMADA por estar ajustada a derecho y en completa observancia de los principios laborales. 5.- Mediante auto de fecha 12 de febrero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ALBA ADRIANA VASQUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 21 de marzo del 2024, compareció ante este Tribunal la Abogada ALBA ADRIANA VASQUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 10 de abril del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 27 de noviembre del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de los Abogados FRANCIS LEONEL ENAMORADO AQUINO y MARTHA GUADALUPE TORRES, en su condición de representantes procesales de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada ALBA ADRIANA VASQUE, en su primer y único motivo de casación alega: “Si bien es cierto se acepta que mi representado y la demandante su relación de trabajo fue a través de Contratos de Servicios, asignado al hospital Leonardo Martínez Valenzuela de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, desempeñándose en el puesto en el cargo de Microbióloga. Se rechazan las pretensiones que persigue la demandante, en virtud que este supuesto derecho y beneficios que reclama no le corresponden, por cuanto la relación contractual que ha sostenido con mi Representado ha sido bajo la modalidad de Contratos de Servicios por tiempo definido, no obstante su pretensión es errónea porque trata de alterar las condiciones de los distintos contratos suscritos entre las partes, argumento que plasma en el contexto de los hechos para sostener y exigir un derecho, omitiendo las condiciones de los contratos y dada la naturaleza de este Contrato De Trabajo Por Tiempo Definido y siendo que los Servicios que esta Servidora Prestaba, la buena fe al momento de contratar a la hoy demandante a través de Contratos por tiempo determinado, contratos que están establecidos en la Ley de Contratación del Estado, por tratarse de la Administración Pública así mismo es importante relacionar que resulta improcedente acceder a sus pretensiones y por ende dar cumplimiento a sus reclamos económicos por considerar que las obligaciones derivadas de la suscripción de estos contratos con una vigencia determinada, con todas las condiciones estipuladas, sin conceder a los mismos más derechos que los consignados en las leyes laborales vigentes, en vista que son contratos que se derivan de una prestación de servicio por periodos determinados, los cuales son temporales, estableciéndose en los mismos las condiciones a que están sujetas las partes, cumpliendo mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el despacho de Salud todas esas condiciones principalmente, lo relacionado al salario se le ha cancelado cada mes de acuerdo a lo aprobado por el gobierno durante el tiempo laborado en esta institución no obstante, la demandante pretende desconocer que la Secretaria De Salud, le ha pagado cada derecho del cual es beneficiaria, comenzando por el salario que siempre se le pago de acuerdo a lo decretado por el Gobierno también las vacaciones, permisos, incapacidades cada vez que lo solicitaba mismos que están agregados en el expediente de mérito, con todo lo relacionado la demandante estuvo de acuerdo, pues no existe ninguna evidencia que haya estado inconforme con las condiciones, ni con el salario Estuvo de acuerdo en lo establecido en todas las cláusulas en cada contrato de Servicios que voluntaria y conscientemente firmo, constituyendo ley lo pactado entre las partes, lo cual mi representado lo hizo de buena fe Es importante y oportuno mencionar que el artículo 1,547 del Código Civil establece: Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. Teniendo mi representado el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud, la buena fe al momento de contratar a la hoy demandante a través de Contratos de Servicios, nada fuera de la ley. Así mismo mi representado, el Estado de Honduras a través de la secretaria de Salud Pública no ha despedido a la empleada demandante, lo que paso que se decidió no renovarle su contrato. PIDO: Que se dicte sentencia declarando (SIN LUGAR Acuso a la sentencia en fecha ocho de agosto del dos mil veintitrés 08-08-2023) del dos mil veintidós emitida en primera Instancia, ratificada en sentencia de fecha el día viernes Dos De Diciembre del dos mil Veintitrés, (02-12-2023) por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en las leyes y artículos siguientes 1547 del Código Civil establece: Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a las leyes, a la moral, ni al orden público. Artículos del 28, 29, 30,32, 33 y 34, 35, 36 y 37 del reglamento de Personal de la Secretaria De Salud, que están incluidos en Acuerdo N° 209, y sus reformas registradas en el (Acuerdo N° 5299) del Reglamento De Personal De La Secretaria De Salud En La Sección Quinta en sus artículos Que dicen: Artículo 28.-Se entiende por Contratos De Servicios Profesionales, Técnicos o de Servicio de apoyo los que tienen por objeto prestaciones diferentes a las previstas para los contratos de consultoría, según la ley De Contratación Del Estado. Artículo 29. La adjudicación de estos Contratos procederá cuando se hubiere cumplido con lo siguiente: a. Cuando se acredite que las funciones a ejecutar por el contratista no pueden ser realizadas por quienes hayan ingresado mediante NOMBRAMIENTO; o no haya recursos suficientes. b.- Cuando se comprobare que existen fondos suficientes para el financiamiento del contrato durante toda su vigencia. Artículo 30.- Estos Contratos solo podrán adjudicarse a quienes tengan Capacidad Legal para Contratar e idoneidad para ejecutar el contrato. Artículo 32.- Los Contratos serán elaborados con las cláusulas o estipulaciones que permita su efectiva ejecución. Igualmente deberán contener los mecanismos de control necesarios para que su ejecución pueda ser controlada por los órganos respectivos. Art 33.- La vigencia del contrato no podrá exceder la del ejercicio fiscal al amparo del cual se originen. Cada contrato que se suscriba será independiente de cualquier otro celebrado anteriormente, los derechos a reclamar y las obligaciones a exigir solamente serán lo que contiene en el contrato suscrito únicamente durante su vigencia. En ningún caso se considerará permanente al personal contratado. Art. 34.- estos contratos podrán revocarse por cualquiera de las siguientes causas A, b, c (d). - Cuando se cancele la partida presupuestaria de donde provengan los fondos para financiar el contrato. Y es eso precisamente lo que sucedió en este caso. Como decimos antes este contrato de servicios profesionales y técnicos elevado el mismo a su acuerdo respectivo. Articulo 35.-el proyecto de contrato deberá ser dictaminado por la Dirección General De Servicio Civil En los términos indicados en los artículos 297 y 298 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Articulo 36.- La suscripción de los contratos que adjudiquen los órganos desconcentrados, corresponderá al respectivo titular. Articulo 37.- el contrato de Servicios Profesionales técnicos o de apoyo tendrá efectos a partir de la fecha de la toma de posesión. Artículo 2289. Las acciones prescriben por el mero lapso del tiempo fijado por la ley. Artículo 2295. Del código civil Por el transcurso de dos (2) años, prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1.- 2- La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos más breves. Artículo 2297. El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse. Articulo 124-c párrafo segundo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, vigente desde el 23 de enero del 2014, que establece "En caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes", siendo por lo tanto inaplicables tales pretensiones.- esto se explica por qué no le renovaron el contrato a la Servidora ahora demandante. Artículo 43 de la ley del Salario Mínimo "La acción derivada del derecho que se reconoce en el Artículo 39 de esta Ley, prescribirá en dos (2) años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva su ejercicio", por lo que con base en lo antes señalado, queda plenamente demostrado que la pretensión en el sentido de REAJUSTE SALARIAL Y COLATERALES consideramos son inoportunas e improcedentes estas pretensiones salariales (La Ley del Salario Mínimo, establece un término de prescripción de dos años, solicitando ilusoriamente dichos beneficios económicos, cuando la normativa precitada regula que en todo caso solo pueden otorgarse los dos últimos años a la presentación de la acción judicial y en ningún momento enuncia que los mismos podrán ser otorgados por todo el tiempo de duración de una relación contractual, por lo tanto, esta honorable Corte Suprema De Justicia de La Sala Laboral, debe declarar sin lugar tales pretensiones referentes a los incrementos y reajustes salariales pretendidos por la demandante, ya que se encuentran fuera del marco legal establecido, tal como lo expresa el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece: "Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo", 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que establece "en relación con el artículo 2 del mismo cuerpo legal que estatuye "para los efectos del artículo anterior, se entenderá por Administración Pública: a) El Poder Ejecutivo...." y el artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública que establece "Los actos de los órganos de la Administración Pública la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias" LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: Como se puede observar, que en la Secretaria De Salud como responsable de las políticas de salud, según la constitución de La República. Es por eso que también se toman previsiones sin desconocer que existen también las leyes administrativas e instancias administrativas que regulan las relaciones laborales entre los servidores Públicos y las distintas instituciones del sistema administrativo del Estado. es oportuno y valido mencionar que esta demanda ya fue ventilada En el Juzgado De Lo Contencioso Administrativo, de SPS. Por lo que este juicio ha durado tanto Para ilustrar mejor su Señoría lo explico aplicando una cronografía del caso ventilado en el juzgado antes mencionado, Mismo que el 9 de Julio del 2016, fue declarada INADMISIBLE. y además se ANULO, el proceso a partir del auto de fecha 30 de Julio del año 2015, también la Corte De Apelaciones Laboral, De Lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional, con sede en Tegucigalpa, el 9 de febrero del 2018 ratifico dicho FALLO. Cabe mencionar que en esa ocasión no siguieron el debido proceso en vista que no se agotó la vía administrativa lo que detallo de la manera siguiente: Adicional al extremo anteriormente expuesto, es de suma importancia mencionar que, el término para presentar la demanda se encontraba prescrito, es el caso su Señoría. El 2 de julio 2015, La Demandante se presentó a la Secretaría del trabajo donde le hacen el cálculo de prestaciones. Sin embargo, no se continuó con el procedimiento a fin de dar por concluido el trámite administrativo, con el cual le quedaba agotada la vía administrativa para continuar en el Juzgado De Lo Contencioso Administrativo bueno mejor dicho el Juzgado del trabajo por la condición de estar por contrato esta servidora. Pero erróneamente el representante de la demandante opto por el contencioso hecho que alargo este proceso en detrimento del Estado en una Área tan sensible como es la salud Publica, donde cada centavo cuenta para dar respuesta al pueblo que acude en busca de restaurar su salud. El 3 de julio del año 2015 la señora Mirsa presenta demanda en el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo, y es oportuno mencionar que esta demanda ya fue ventilada En el Juzgado De Lo Contencioso Administrativo, de SPS. Para ilustrar mejor su Señoría lo explico aplicando una cronografía del caso ventilado en el juzgado antes mencionado Mismo que el 9 de Julio del 2016, fue declarada INADMISIBLE y además se ANULO, el proceso a partir del auto de fecha 30 de Julio del año 2015, también la Corte De Apelaciones Laboral, De Lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción Nacional, con sede en Tegucigalpa, el 9 de febrero del 2018 ratifico dicho FALLO. Cabe mencionar que en esa ocasión no siguieron el debido proceso en vista que no se agotó la vía administrativa lo que detallo, de la manera siguiente. Adicional al extremo anteriormente expuesto, es de suma importancia mencionar que, el término para presentar la demanda se encontraba prescrito. es evidente que no se cumplió con el requisito indispensable de agotar la vía administrativa, pues esta diligencia la realiza dos días después de recibir la nota en la que le comunicaban que su contrato por Servicios Profesionales y Técnicos no sería renovado, Por lo tanto, al presentar la demanda directamente al Juzgado de Lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula se violentó lo prescrito en la ley de Jurisdicción De Lo Contencioso Administrativo. Los artículos 42, inciso 5. Que dice: para admitir la demanda contencioso Administrativo será requisito indispensable agotar la vía administrativa. Se entenderá agotada la vía administrativa: a). cuando se hubiere interpuesto en tiempo y forma los recursos administrativos previstos para el caso de que se trata, y, b). Cuando la ley lo disponga expresamente. articulo 51 en su inciso Ch, de la Ley De Lo Contencioso. Administrativo dice el juzgado podrá declarar Inadmisible la demanda, cuando conste cualquiera de la siguiente causa. A, b, c, ch. d), que no esté agotada la vía administrativa. Esto se comprueba en los expedientes que obran en el expediente de mérito con los folios 286 hasta el 411 y que los proporciono el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Expediente 0031-15 y 0032-15, donde se puede comprobar lo antes dicho. Si se revisan las pruebas aportadas por la parte demandante no hay ningún requerimiento ni notificación con acuse de recibo, que acredite que nuestra institución haya sido citada en algún momento por lo que consideramos que no podíamos estar en indefensión como Estado en esa instancia.; Su señoría la demandante interpone la demanda en los Juzgados de Letras de lo Contencioso Administrativo, y el abogado representante del Estado interpuso defensas previas alegando que ese juzgado no podía conocer el caso en vista que la carta de despido que presentaba no era un acto administrativo susceptible de impugnación, dicho Juez declaro CON LUGAR las defensa previas el abogado de la parte actora interpone un recurso de apelación y la Corte de Apelaciones De lo Contencioso Administrativo Ratifica este FALLO ANULANDO EL JUCIO dejando a salvo el derecho de las partes a ejecutar sus pretensiones en la jurisdicción del trabajo, así consta en la certificación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que corre agregado como prueba de folio 8 al 14, sin embargo antes de llegar a este punto se dan una serie de irregularidades en vista de ignorar una serie de artículos tanto de las leyes administrativas como laborales con lo que se violentó desde un inicio el debido proceso, Esto se comprueba en los expedientes que obran en el expediente de mérito con los folios 286 hasta el 411 y que los proporciono el Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Expediente 0031-15 y 0032-15, donde se puede comprobar lo antes dicho. Si se revisan las pruebas aportadas por la parte demandante no hay ningún requerimiento ni notificación con acuse de recibo, como tampoco existe alguna acta que de por cerrado el trámite administrativo nada que acredite que nuestra institución haya sido citada en algún momento por lo que consideramos que lo actuado fue de una manera unilateral, que mi representado no podía quedar indefenso, con lo que se violentó lo prescrito en el artículo articulo 119-inciso 1 y 4, del CPC; que literalmente dice: TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES 1. Las actuaciones judiciales se practicarán puntualmente en la fecha, día y hora hábil señalados, sin admitirse dilación. 4. Plazo es el periodo de tiempo entre dos fechas en que se puede realizar válidamente una actuación procesal. Término es la fecha, el día, y en su caso hora, dentro del plazo fijado en que se debe realizar el acto procesal ordenado. Basados en esto se observa que el tiempo entre una fecha y la otra en muy grande del 2018 al 2021 más de dos años para ser precisos. Que estuvo este caso después de haber una resolución sin que se le diera seguimiento, propiciando de esa manera que mi representado saliera perjudicado al decretar una sentencia de primera instancia donde se condena al Estado a pagar salarios dejados de percibir, más los derechos adquiridos décimo tercer y décimo cuarto mes, además vacaciones, que según la juez nunca por nuestra parte se probó haberle cancelado estos derechos no obstante no vimos la necesidad de hacerlo en vista que la Señora demandante acepta que durante en el planteamiento de la demanda en el hecho TERCERO acepta que durante todo el tiempo que trabajo, siempre se le reconocieron estos derechos incluso el del IHSS presentando pruebas que corren agregadas en el expediente de mérito sin embargo en la improcedente sentencia se aceptan justificaciones situaciones carentes de ser reales, como que la pandemia del covid 19 y sus consecuentes estados de emergencia decretados por el Gobierno son la razón de dicha tardanza cuando al revisar los hechos y las fechas se ve claramente que en todo ese proceso si la resolución de la Corte De Lo Contencioso Administrativo, emitió una sentencia el 10 de febrero del 2018, donde además le dejaba abierta la vía de los Juzgado Laborales otorgándole un plazo de diez días, no más de dos años después de la emisión de la misma, es evidente que lo que hicieron fue valerse de acomodar las fecha de las notificaciones para luego pretender valerse de la Pandemia, sin tomar en cuenta que la justicia tardía no es justicia, la Jueza Ad quo no se detuvo en ningún momento del proceso a revisar la génesis de este caso argumentando que no se podía pronunciar por lo resuelto en otro Juzgado, la defensa del Estado en ningún momento pide eso, pero sí que se revisen las violaciones al debido proceso ya que venían dándose desde esa instancia en dicho proceso, así que al relatar lo que se dio en el proceso anterior se pretende evidenciar las falencias de esta resolución emitida en el Juzgado Laboral de este Término. En especial la PRESCRIPCION, extremo que la Juez y los magistrados de la corte de apelaciones no consideraron, de acuerdo al Código de Trabajo, artículo 862 determina "Prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente Código, mediante el transcurso de cierto tiempo. ..", de igual manera en relación a la prescripción, el artículo 2289 del Código Civil en su capítulo III de la prescripción de las acciones establece "Las acciones prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la ley", agregando además lo que dispone el Artículo 867 del Código del Trabajo: "Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores. Para continuar con la cronología de los hechos me permito narrarle su Señoría, como se desarrolló en el Juzgado Laboral. ya en el juzgado laboral vuelve a pasar lo mismo en vista que el 5 de marzo del 2021 se convoca a una audiencia Para Conciliar en el Servicio de Resolución Alterna de Conflictos Laborales de la Dirección General del Trabajo, nota que corre agregada al expediente en el folio 17, se cita a la señora Ministra Alba Consuelo Flores, para que comparezca a esa dependencia el día Martes 8 de Junio del año 2021; sin embargo esa convocatoria no se hizo llegar al hospital Leonardo Martínez Valenzuela, ni a la Secretaria de Salud, hecho este que no fue probado en ningún momento por la parte demandante por lo tanto hay evidencia suficiente que prueba que el trámite no se realizó tal como lo establece la ley laboral quedando de esa manera mi representado nuevamente en total indefensión en esa instancia. A manera de ilustrar su Señoría es paradójico e improcedente, que ese mismo día 5 de marzo ya había incoado la demanda en el Juzgado Laboral. Desconociendo lo que se establece en el artículo, 148.1 del código Procesal Civil. -Nulidad y Subsanación de los actos de Comunicación 1. Serán nulos los actos de comunicación que no se practicaren con arreglo dispuesto en este Código y pudieren causar indefensión. El 11 de agosto del 2021, se da por cerrado el trámite administrativo, según copia de acta que corre agregada en el folio 17, designado en el expediente N° 00365-21, de fecha 5 de marzo del 2021 No obstante ya en el 08 de febrero del 2018, habla una sentencia de la Corte de Apelaciones con Jurisdicción Nacional, en la que le daban el derecho de acudir a la instancia Laboral con un término de diez días, la pregunta obligada es ¿si ya habla presentado reclamo en fecha 2 de julio del 2015, se deduce entonces ya se habla personado a esta instancia por el mismo caso, adicional a eso no existe ninguna evidencia que la parte demandante haya acreditado a fin de demostrar que se haya agotado el trámite administrativo ya que no se notificó o cito a la parte demandada, desconociendo así lo prescrito en el artículo 119-inciso 1 y 4, del CPC, que literalmente dice TIEMPO DE REALIZACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES. 1. Las actuaciones judiciales se practicarán puntualmente en la fecha, día y hora hábil señalados, sin admitirse dilación. 4. Plazo es el periodo de tiempo entre dos fechas en que se puede realizar válidamente una actuación procesal. Término es la fecha, el día, y en su caso hora dentro del plazo fijado en que se debe realizar el acto procesal ordenado. Luego el abogado presenta la subsanación el 17 de agosto del 2021, cuando le hablan dado cinco días para subsanar lo que consta en autos, desde el 11 de marzo al 17 de agosto pasaron cinco meses con 3 días, por lo que sostenemos que no es procedente ni ético acomodar las fechas de notificaciones para darle vida a un caso que a todas luces estaba con muchas falencias desde su inicio. Constituyendo esto en detrimento de los interesases de mi representado el Estado De Honduras en la Secretaria De Salud, cuando este retardo e improcedente juicio significa que se pagan las consecuencias de una resolución arbitraria e injusta del juzgado de primera instancia. Para entender mejor y que justificar por qué se hace referencia al juicio llevado a cabo en las instancias de lo Contencioso administrativo se detalla así; En vista que la Corte confirmo el fallo del juez de fecha nueve de junio del 2016 con la sentencia de fecha el 09 de febrero de abril del 2018, y Certificada el 30 de abril del 2018, corre agregado de folio 8 al 14 del expediente de mérito los autos, dejándole a salvo para que dentro del término DIEZ DÍAS compareciera al Juzgado de Letras del Trabajo de esta Ciudad a presentar la demanda. Su Señoría dicha Corte de Apelaciones remitió al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, los autos de fecha 28 de agosto del dos mil diecinueve, Corre agregada a folio 188 la sentencia, según el Abogado de la Demandante debe comprenderse que la tardanza se podía justificar, sin embargo esto significo desde la emisión de la Sentencia que corrieran 09 de febrero al 31 de diciembre del 2018 10 meses, 12 meses del 2019, 11 meses 20 días del año 2020, enero y 19 días del mes de febrero 2021, dos años nueve meses y 18 días para ser precisos en nuestra legislación el C.P.C. articulo 119. Párrafo 1 y 4 Plazo es el periodo de tiempo entre dos fechas en que se puede realizar válidamente una actuación procesal. Termino es la fecha, el día y en su caso la hora, dentro del plazo fijado en que se debe realizar el acto procesal ordenado., en este caso es muy grande del 2018 al 2021 Por lo que se deduce que el término estaba PRESCRITO El abogado demandante aduce que se debió a que se vino la pandemia, donde el gobierno de Honduras decreto estado de emergencia, sin embargo en el 2018, el 2019, y los primeros dos meses del 2020 aún no se habla decretado la emergencia es hasta marzo 2020 que se decreta además, se Observa que (le notifican después de pasar 88 días de haberse recibido en ese juzgado) no cumpliendo con lo prescrito. en el artículo 87 de la Ley De Procedimiento Administrativo dice Las resoluciones se notificarán personalmente en el plazo máximo de cinco días, a partir de su fecha las providencias, cuando perjudiquen a los interesados, en el plazo de dos días. Artículo 88. La notificación personal se practicará mediante entrega de copia Íntegra del acto de que se trate. No habiéndose podido notificar personalmente el acto dentro de los plazos establecidos en el Artículo 87, la notificación se hará fijando en la tabla de avisos del despacho, la providencia o parte dispositiva de la resolución. Artículo 89. En la notificación se expresará si el acto no pusiere fin a la vía administrativa, los recursos que contra el mismo procedan, el órgano competente para resolver y el plazo para interponerlos Está claro que si en el oficio N° 1361-SCSJ-2019, de fecha 28 de agosto del 2019, y recibido según constancia de fecha 23 de noviembre del año 2020 en la que la Jueza Titular del Juzgado De Lo Contencioso de este término, hace constar que recibió el oficio antes mencionado y la nota de remisión N° 427-2020, lo que no queda claro es cuando se recibió en el Juzgado, cabe preguntarse que impidió al Juzgado hacerle la notificación a los abogados antes que la Pandemia y sus consecuencias se dieran, ya que en este oficio la corte le ordena a dicho despacho conceder 10 días, al demandante para que comparezca ante la Jurisdicción juzgados del Trabajo.- siendo que consta que el abogado demandante fue notificado el 19 de Febrero del año 2021 vía llamada telefónica, fácilmente se determina que ya se le había vencido el termino, en vista que el oficio fue emitido el 28 de agosto del año 2019 y la sentencia de fecha 09 de febrero del 2018, certificada el 30 de abril del 2018 que fue emitida la resolución y la emisión de ese oficio hay un lapso de 16 meses con 12 días, nos parece extraño que se enviara quince meses con 20 días entre 28 agosto y el 20 de noviembre Además si bien es cierto existió en ese lapso de tiempo las restricciones derivadas de los PCM por la Pandemia fue mucho antes que se habían dictado esta resolución sin embargo, ya el día 8 de diciembre del año 2020, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema aprobó la Habilitación de Plazos y Términos Judiciales a partir del Lunes 11 de Enero del 2021; y siendo que en el oficio N° 1361-SCSJ-2019, de fecha 28 de agosto del 2019, y recibido según lo acreditado por la Jueza el 20 de noviembre la notificación vía teléfono hecha al abogado de la demandante y abogado de la Demandada, es totalmente extemporánea e improcedente ya que se violentó el debido proceso, según lo estipulado en los artículos 136, C.P.C. numeral 4: todas las resoluciones judiciales se notificaran en el mismo día o al día siguiente de su fecha o publicación en el artículo 137 párrafo 1, incisos b y c del C.P.C FORMA DE LA COMUNICACIÓN. 1. Los actos de comunicación se realizarán bajo la dirección del secretario, que será el responsable de la adecuada organización del servicio. Tales actos se efectuarán en alguna de las formas siguientes, según disponga este Código: b) Remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo electrónico, postal, telegrama, fax, o cualquier otro medio técnico que permita dejar en el expediente constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado. c) Entrega al destinatario de copia literal de la resolución que se le haya de notificar, del requerimiento que el tribunal le dirija o de la cédula de citación o emplazamiento. De la resolución en la que debió quedar constancia que se entregó copia de la misma no existió en vista que no hay ninguna evidencia en el expediente pese a que la corte mediante el acuerdo No CSJ-032020-3(1) de fecha 8 de diciembre del 2020. En el que se habilita a partir del 11-01-2021, se llevara a cabo la habilitación de plazos y términos legales, sin embargo, la notificación se la hacen a los abogados el 19 de febrero 2021 vía teléfono, si se hizo vía teléfono y ya desde el 8 de diciembre 2020, ya sabían que la corte a través de acuerdo, sin embargo, esperan exactamente los diez días que le daban para acudir al juzgado Laboral. Del 19 de febrero cuando fueron notificados al 5 de marzo 2021, se cuentan exactamente los diez días, por lo que el mismo cinco de marzo que incoaron la demanda en el juzgado Laboral, ese mismo día también acuden a la secretaría del trabajo, es extraño tomando en cuenta que la comunicación de la corte de los oficios donde les informaban de la sentencia, la tenían desde el 20 de noviembre del 2020 Por lo que consideramos la notificación fue realizada sin tomar en cuenta la norma. el abogado presenta la subsanación el 17 de agosto del 2021, cuando le habían dado cinco días para subsanar lo que consta en autos desde el 11 de marzo al 17 de agosto pasaron cinco meses con 3 días por lo que sostenemos que no es procedente ni ético acomodar las fechas de notificaciones para darle vida a un caso que a todas luces estaba con muchas falencias desde su inicio. Constituyendo esto en detrimento de los interesases de mi representado el Estado De Honduras en la Secretaria De Salud, cuando este retardo e improcedente juicio significa que se pagan las consecuencias de una resolución arbitraria e injusta del juzgado de primera instancia. Si consta que en fecha 23 de noviembre del año 2020 recibieron la nota de remisión, el Secretario del Juzgado De Lo Contencioso de San Pedro Sula, les notifica hasta el 19 de febrero del 2021, violentando así el artículo 88 de la ley de lo contencioso Administrativo el que estipula: se declarara la caducidad de la instancia. cuando por cualquier causa imputable al actor, haya paralizado el proceso durante seis meses. En este caso, el tribunal dictara auto en los términos previstos en el párrafo segundo del artículo 85. en este caso fue el tribunal quien paralizo por más de dos años y medio este caso; Así mismo es aplicable el articulo 48 y 49 de la ley de Procedimiento Administrativo los que se leen: Artículo 48. Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para una actuación administrativa, éste será de diez días este plazo ya se lo habla otorgado la Corte De Apelaciones con jurisdicción Nacional e. Artículo 49. Transcurrido un plazo o la prórroga otorgada en tiempo, quedará caducado de derecho y perdido irrevocablemente el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio, haciéndose constar de oficio el transcurso del término y continuándose el procedimiento respectivo. Sin embargo, se admitirá el escrito o recurso que proceda y producirá efectos, cuando se presente antes o dentro del día en que se notifique el acto que se tenga por transcurrido el plazo, también tomando en cuenta el articulo Articulo 87. De la Ley De Procedimiento Administrativo que dice: Las resoluciones se notificarán personalmente en el plazo máximo de cinco días, a partir de su fecha; las providencias, cuando perjudiquen a los interesados, en el plazo de dos días, está claro que tratándose de una resolución no se debió esperar tanto para notificar a las partes Artículo 88. De la Ley De Procedimiento Administrativo, dice: La notificación personal se practicará mediante entrega de copia íntegra del acto de que se trate. No habiéndose podido notificar personalmente el acto dentro de los plazos establecidos en el Articulo 87, la notificación se hará fijando en la tabla de avisos del despacho, la providencia o parte dispositiva de la resolución., en los expedientes que proporciono el juzgado de lo contencioso y que corren con lo folios 286 al 411, no existe ninguna evidencia, que los abogados tanto demandante como demandado, hayan firmado la notificación, ni el retiro de la resolución, emitida por la Corte Laboral de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción nacional.- Al interpretar todos esto fundamentos nos podemos dar cuenta que la notificación no se realizó en tiempo y forma, ya que pasaron 52 días desde que la Corte según Acuerdo N° C.S.J.03-2020. En el cual habilitaba a todos los Juzgados los plazos y términos Judiciales a partir del 11 de enero del 2021. Ese extremo se puede comprobar en el expediente de Merito donde obra el expediente N° 00032-2015, proporcionado por el Juzgado De lo Contencioso administrativo, en los folios 64, 65, 66, 67,68, y 69. Por lo que consideramos que mi representado no puede ni debe asumir las consecuencias de un retardo en la aplicación de la justicia, como tampoco debe responsabilizarse de actuaciones y reclamos fuera de los plazos y términos ya previstos en las leyes laborales. Según del C.P.C. Articulo 143, párrafo y 4- REMISIÓN DE LAS COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO, FAX, MENSAJERO PRIVADO O CORREO ORDINARIO. 1. Cuando proceda la remisión de la copia de la resolución o de la cédula por correo electrónico, fax, mensajero privado, correo ordinario o certificado, incluso por telegrama con acuse de recibo, o por cualquier otro medio de comunicación que permita dejar en el expediente constancia fehaciente de haberse recibido la notificación, de la fecha de la recepción, y de su contenido, el secretario dará fe en el expediente de la remisión y del contenido de lo remitido, y unirá a aquéllos, en su caso, el acuse de recibo o el medio a través del cual quede constancia de la recepción. 4. Cuando el destinatario tuviere su domicilio en el departamento o circunscripción en donde radique la sede del tribunal, y no se trate de comunicaciones de las que dependa el personamiento o la realización o intervención personal en las actuaciones, podrá remitirse, por cualquiera de los medios a que se refiere el numeral 1, cédula de emplazamiento para que el destinatario comparezca en dicha sede a efectos de ser notificado o requerido o de entregársele copia de algún escrito, Articulo 144 el C.P.C. párrafo 1-COMUNICACIÓN SUBSIDIARIA POR MEDIO DE ENTREGA DE COPIA DE LA RESOLUCIÓN O DE CÉDULA. 1. La entrega al destinatario de la copia de la resolución o de la cédula se efectuará en la sede del tribunal o en el domicilio de la persona que deba ser notificada, requerida, citada o emplazada, sólo en caso de que los medios de notificación previstos en los artículos anteriores hubieran resultado fallidos Del análisis y revisión de las fechas antes mencionadas podemos deducir que este caso estaba ya prescrito, por lo tanto debe su Señoría tomar en cuenta todos estos hechos y declarar CON LUGAR esta CASACION, Presentada por esta defensa del Estado De Honduras. Es necesario su Señoría, que se tome en cuenta este otro hecho importante, tal como se presentó en audiencia, la excepción de COSA JUZGADA, en vista de ya haberse ventilado este mismo caso en el Juzgado De Lo Contenciosos Administrativo, llegando hasta la Corte Laboral de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción Nacional, en el que ya se dictó una sentencia, desfavorable para la Señora Demandante. Constituyéndose en COSA JUZGADA, ya que según el artículo 210 del C.P.C. en su inciso 5. Lo resuelto con fuerza de cosa juzgada en la sentencia firme que haya puesto fin a un proceso, vinculará al tribunal de un proceso posterior, cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto, siempre que los litigantes de ambos procesos sean los mismos o la cosa juzgada se extienda a ellos por disposición legal. Si bien es cierto la corte dejo abierta la opción que acudiera al juzgado Laboral, existen suficiente evidencia de lo deliberado de la tardanza en resolver en especial con la notificación de este caso, dañando de esa manera a mi representado, es por eso que se describe cronológicamente las fecha y plazos en que se dieron las actuaciones tanto en el juzgado de lo Contencioso Administrativo , como también en el juzgado Laboral, es preocupante que siendo Salud Publica una área muy sensible, donde los servicios son vitales para los pacientes que acuden diariamente en busca de Salud. 3. No integra la cosa juzgada y se consideran hechos nuevos y distintos, en relación con el fundamento de las referidas pretensiones, los posteriores a la completa preclusión de los actos de alegación en el proceso en que aquéllas se formularen. 7. A los efectos de litispendencia y de cosa juzgada, los hechos y los fundamentos jurídicos aducidos en un litigio se considerarán los mismos que los alegados en otro juicio anterior si hubiesen podido alegarse en éste”. III.- Que el anterior cargo no resulta ser una proposición jurídica completa, dado que la Recurrente no lo encuadra en ninguna de las causales contenidas en el artículo 765 del Código del Trabajo, carece de concepto de la infracción, omite señalar normas procesales, omite señalar precepto autorizante, normas sustantivas de orden laboral violadas y su exposición es propia de un extenso alegato de instancia impropio en este extraordinario recurso. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO Y FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. - Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del dos mil veinticinco. FIRMA Y SELLO.

RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO,

RECEPTORA ADSCRITA.