Sentencia CL-516-23 — Registro 20041
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo, ilegal, injusto e injustificado de una relación laboral que por su naturaleza adquirió la continuidad y permanencia de la misma, convirtiéndose el contrato por tiempo indefinido, más el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Luego de analizados los motivos de casación que anteceden y, considerando que ambos son bastante similares en los defectos contenidos, se procede a resolver para ambos de la siguiente manera: los motivos de casación estudiados son inadmisibles debido a que no contienen ninguna estructura formal respecto de las solemnidades exigidas para este tipo de recursos, en los que se exprese una proposición jurídica, un motivo de casación y una explicación de cómo la sentencia del ad-quem ha violentado normas sustantivas laborales que afecten ya sea la valoración probatoria o bien, el fondo del asunto. Adicional a lo anterior, cada motivo de casación debe ir fundamentado en un precepto autorizante correspondiente a la normativa laboral vigente, específicamente los autorizados por el Artículo 765 del Código del Trabajo. Sin embargo, el primer motivo de casación carece de todos estos elementos y el segundo motivo de casación si bien menciona un precepto autorizante, no es el contemplado por la ley laboral primaria. Dicha falencia, es de carácter insubsanable y no puede ser suplido por esta Sala debido a las solemnidades exigidas para este tipo de proceso. V. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y segundo motivo interpuesto por el Recurrente."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintinueve (29) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 19 de abril del 2024, por el abogado JOSHUA GABRIEL MENOCAL HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora FLORENCIA PALMA CARIAS, representada en juicio por la abogada MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo, ilegal, injusto e injustificado de una relación laboral que por su naturaleza adquirió la continuidad y permanencia de la misma, convirtiéndose el contrato por tiempo indefinido, más el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pago de vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes proporcional y demás derechos, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de marzo del 2015, por la señora FLORENCIA PALMA CARIAS, mayor de edad, casada, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, adscrita al PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO), por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de abril del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 21 de enero del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesta por el Representante Procesal de la parte demandante. II.- Declarar CON LUGAR la Demanda Laboral para el Pago de prestaciones e Indemnizaciones laborales; que por su naturaleza adquirió la continuidad y permanencia de la misma, convirtiéndose el contrato por tiempo indefinido. Mas el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. Pago de vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes proporcional; vacaciones causadas; décimo tercer y décimo cuarto mes ambos de manera proporcional del año 2011; décimo tercer mes del año 2012; décimo tercer y décimo cuarto mes del año 2013 y décimo cuarto mes del año 2014; instaurada por la Señora FLORENCIA PALMA CARIAS; contra EL ESTADO DE HONDURAS; a través de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS; a través de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; pagar a la señora: a) FLORENCIA PALMA CARIAS la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 134,712.96) por los siguientes conceptos: Preaviso L. 23,333-33; Auxilio de Cesantía L. 35,000.00; Auxilio de Cesantía Proporcional L. 6,740.74; Vacaciones L.14,388.89; Vacaciones Proporcionales L. 4,083.33; décimo tercer mes proporcional del año 2011 L. 5,833.33; décimo cuarto mes proporcional del año 2011 L. 333.33; décimo tercer mes del año 2012 L. 10,000.00; décimo tercer mes del año 2013 L. 10,000.00; décimo cuarto mes del año 2013 L. 10,000.00; décimo cuarto mes del año 2014 L.10,000.00; décimo cuarto mes proporcional del año 2014 L. 5,000.00. Más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia. III.- Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por la Señora FLORENCIA PALMA CARIAS para el pago de demás derechos; contra EL ESTADO DE HONDURAS; a través de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; de dicha pretensión. IV.- SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación de trabajo con el Estado de Honduras, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, adscrita al Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), el 01 de junio del 2011, desempeñándose inicialmente el cargo de Transcriptora de Datos, y a partir del 02 de mayo del 2012 como Encargada de Archivos, laborando hasta el 31 de diciembre del 2014, mediante prórrogas de varios Contratos suscritos ininterrumpidamente y en forma continua bajo las órdenes y sin la oposición del mismo Patrono, notificándole mediante nota a través de la Abg. Jeny Eunice Maldonado R. en su carácter de Secretaria General por Ley de la Secretaria de Educación, que a partir del 31 de diciembre del 2014, no se le continuaría prorrogando el Contrato de Trabajo, sin especificarle la causa o motivo de su despido injustificado, ni mucho menos que se le haría efectivo el pago de sus prestaciones laborales y demás derechos adquiridos que conforme a derecho le corresponden, pese a haber laborado en forma continua y permanente durante 3 años, 07 meses; devengando un salario mensual de L. 10,000.00; y que la labor para la que fue contratada era de naturaleza permanente ὁ continua en la Secretaría de Educación y no de carácter temporal, ya que en el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), dependiente de esa Secretaría de Estado a la cual estaba asignada, se implementaban todas las estrategias necesarias para lograr una amplia participación como en la identificación de necesidades educativas locales así como los mecanismos de gestión y administración de los servicios, principalmente para atender la problemática de acceso educativo a los niños y niñas excluidos en las zonas rurales y en las comunidades indígenas del país; que los fines y objetivos de interés nacional en materia de educación son permanentes y no temporales, al tenor de lo dispuesto en el Art. 47 del Código del Trabajo, lo que vuelve la relación laboral entre ambos, de carácter indefinido. Argumentó que en ese sentido, lo estatuido en el Art. 20 del Código del Trabajo vigente es aplicable a la relación laboral que sostuve con mi Patrono el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Educación, en virtud de que con el análisis de los mal llamados Contratos de Servicios Profesionales que en forma ilegal suscribe esa Secretaría de Estado en clara y flagrante violación al Art. 3 del mismo Estamento Jurídico, se comprueba fehacientemente que se cumplieron los 3 elementos que manda la ley laboral se requieren para que exista contrato de trabajo, y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, pues la demandante realizaba la actividad personal para la que fuera contratada por sí misma, tenía una continuada subordinación o dependencia respecto a su patrono recibiendo órdenes, acatando las normas y reglamentos de la Secretaría, cumpliendo un horario de trabajo, y como retribución de su labor un salario. Además, gozaba de todos los beneficios y derechos propios de empleados permanentes tales como vacaciones, pago de décimo tercer en concepto de aguinaldo y décimo cuarto mes de salario entre otros; extremos apuntados en éste numeral del cual se colige el despido ilegal, directo e injustificado de que fue objeto amparado en las Disposiciones que señala el Código del Trabajo argüido y en el Principio de la Primacía de la realidad; todo lo cual será objeto de probanza en Juicio. Finalmente arguyó que buscando resolver su caso en la instancia conciliatoria, siendo imposible el mismo se agotó el Trámite Administrativo Gubernativo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones que persigue la parte actora; apoyando su defensa, en que no era suficiente la afirmación que haga la parte demandante en sus hechos de demanda, ya que debe de fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en juicio, pues en materia probatoria, es un principio universal que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, constituyendo la máxima ONUS PROBANDI ENCUMBIT ACTORI y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que la Honorable Juez pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana critica para formar libremente su criterio. En materia laboral la carga probatoria se invierte solamente en cuanto a que le corresponde a la parte demandada probar la justa causa en que fundamentó el despido (despido directo), hecho que no será controvertido en ese juicio debido a que las demandantes en ningún momento fueron objeto de despido directo, lo que se explica en el desarrollo de los subsiguientes hechos y fundamentos de derecho que se exponen a continuación. Rechazó el argumento de la demandante, en cuanto que inició a prestar sus servicios laborales con la parte demandada, mediante contratos "suscritos ininterrumpidamente y en forma continua bajo las órdenes y sin oposición al patrono" a través del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), adscrito a la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación, mediante Contratos Temporales de Trabajo, desde año 2011: del 01 de junio al 31 de diciembre del 2011 al año 2012: 05 de enero al 30 de abril 2012 en el cargo de transcriptora de datos; y a partir del 02 de mayo al 31 de diciembre 2012 en el cargo de encargada de archivos; año 2013: 4 contratos con fechas diferidas: 02 de enero al 31 de enero, 01 de febrero al 30 de junio, 01 de julio al 31 de agosto, 02 de septiembre al 31 de diciembre del año 2013; año 2014: dos contratos con fechas diferidas: del 2 al 26 de enero y del 27 de febrero al 31 de diciembre 2014; en el mismo cargo de Encargada de Archivo; notificándole mediante nota a través de la abogada Jeny Eunice Maldonado R., en su carácter de Secretaria General por ley, que a partir del 31 de diciembre del 2014, no continuarían prorrogando el contrato" lo que considera un despido sin motivo justificado; obviamente que no podría especificar causa o motivo de las establecidas en la legislación laboral específicamente las enunciadas en el artículo 112 del Código de Trabajo, puesto que la no renovación del contrato se debe simplemente a que se cumplió con la Cláusula Tercera de Plazo del Contrato No.066-2014, lo que no constituye ningún despido injustificado, sencillamente concluyó su contrato al llegar a la fecha de finalización el 31 de diciembre del 2014, sustentada en las condiciones de trabajo estipuladas en la Cláusula ya referida anteriormente que establecía la fecha de inicio y de terminación, y podría considerarse precisamente que esa es la causa, que al llegar al plazo determinado finalizo su prestación de servicio y por ende su contrato temporal de trabajo; y que además de ser erróneo el alegato de la parte actora, en cuanto que su labor era de naturaleza permanente con el demandado y no de carácter temporal; no obstante, que los programas en términos generales conforme a las nuevas estrategias que surjan no podrían ser fijos o estables ya que estos tienden a ser cambiantes y actualizantes, de acuerdo a las necesidades que emerjan de los educandos; en ese efecto el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) no podría conceptuarse como un programa permanente, especialmente si es de "implementar estrategias para lograr una participación en la identificación de necesidades locales y mecanismos de gestión y administración de los servicios para atender el acceso educativos a los niños excluidos en las zonas rurales y comunidades indígenas", estrategias que pueden estructurarse nuevamente induciendo nuevos u otros programas que podrían sustituirlo; por tal razón no puede constituirse la parte actora como una trabajadora permanente para obtener el derecho a un beneficio conforme a la normativa del artículo 47 del Código de Trabajo, y por ende aplicarse el concepto de continuidad: el mismo Juez, se vería vedado en reconocer retroactivamente un derecho subjetivo que no existe ni podría calificar como un despido injustificado la renovación de su contrato por razones presupuestarias, y tampoco podría declarar retroactivamente la relación laboral para convertirlo en un contrato indefinido y conceder el derecho a sus pretensiones de "pago de prestaciones e indemnizaciones laborales", en virtud de creer que la suscripción de varios contratos de temporales de trabajo instituyen continuidad; concluyó que en ningún momento se le notificó despido injustificado alguno, como lo manifestó equivocadamente la parte actora en el hecho primero de su libelo, simplemente concluyo su contrato y siendo que la nota no es un despido no se debe ceñir a lo establecido en el artículo 117 del Código de Trabajo. Igualmente rechazó en cuanto que la reclamante procura sustentar sus pretensiones en el artículo 20 del Código del Trabajo, y se circunscribe únicamente a particularizar los elementos esenciales para considerar la posible existencia de una relación de trabajo y a describir las actividades que desempeño durante el presunto tiempo que laboro en sus dos cargos, normativa que no se pueden aplicar de manera antojadiza por el simple hecho que le beneficia, ya que los contratos suscritos fueron por periodo transitorios, con fechas diferidas y en cargos distintos “Transcriptora de Datos y Encargada de Archivo” por lo que no puede aplicar normativas convenientes ni tampoco considerar que el puesto que desempeño es de carácter permanente, en vista que debe existir la anuencia de las partes para la firma de un nuevo Contrato Temporal de Trabajo, el mismo que podría ser aplicable en aquellos casos que por su naturaleza el o los contratos sean por tiempo indefinido, que no es el caso, en virtud de que la demandante consintió, aceptó y fue de su conocimiento desde su inicio la modalidad bajo la cual estaba regida su relación contractual, sin embargo la parte actora en ningún momento manifestó su oposición ante autoridad competente, ni presento nulidad del mismo contrario sensu aceptó y consintió la forma de contratación; de manera igual no puede la demandante calificar como una flagrante violación del artículo 3 del mismo estamento jurídico, pues el demandado en ningún momento se le ha disminuido o tergiversado algún derecho o condiciones que le ha sido otorgado en el contrato de trabajo. Manifestó que la parte actora suscribió con el demandado, Contratos de Servicios Profesionales, por periodos temporales y tiempo determinado, el que forzosamente terminaría al llegar a la fecha de vencimiento del contrato, no obstante su contratación por ser una Secretaría de Estado, se desprende de un Plan Operativo Anual (POA), sujeto a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Egresos e Ingresos de la República, en consecuencia esta modalidad se enmarca también dentro de las Leyes Administrativas aplicables, cuya estructura presupuestaria que se afecta para el pago del servicio prestado deviene de la normativa del artículo 117 párrafo primero de la estimación presupuestaria de Ingresos de la Administración Central para el Ejercicio Fiscal 2015, que literalmente dice: "La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) se debe de realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria, en estricta observancia del artículo 203 de la Ley de Servicio Civil,... Lo anterior es de aplicación para los recursos provenientes del Tesoro Nacional"; en estricta observancia del artículo 200 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil,...", que en su Segundo párrafo prescribe: "Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse para ningún efecto al personal contratado bajo esa modalidad como permanente...", y el artículo 201 del Reglamento de Servicio Civil que ordena: "Para la validez de estos contratos..., deberán observarse las normas presupuestarias; y no podrá suscribirse contrato alguno sino hubiere disponibilidad suficiente...", y por ende existe una obligatoriedad de contar con los fondos suficientes para contratar recurso humano; igualmente el actor debe sujetarse a lo establecido en la Cláusula Tercera Plazo del Contrato en la cual se señala el periodo determinado para prestar su servicio y la Cláusula Cuarta Pago de Honorarios, en la que se indica el Renglón Presupuestario que se afectara Objeto del Gasto de la 12100 para erogar el pago; en consecuencia no puede darse cumplimiento a sus pretensiones de una relación laboral con carácter de permanente ni acceder a sus reclamos económicos que exige, pues estos no se encuentra bajo una tutela jurídica del derecho administrativo, ya que al aceptar las condiciones y obligaciones que regía el contrato de servicios profesionales se sometió taxativamente a cada una de las cláusulas y condiciones del contrato suscrito que rigen y limitan a las partes en cuanto a sus derechos y obligaciones ni en el derecho administrativo de donde deviene su contrato. Continuó manifestando que atendiendo el Principio de legalidad o primacía de la ley como un principio fundamental, conforme al cual todo ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción y no a la voluntad de las personas, como procura hacerlo el actor de la demanda al solicitar un derecho subjetivo fuera del marco del procedimiento y las leyes establecidas para el caso, tratando con argumentos exiguos e insustanciales sorprender a este Tribunal para que se otorgue un derecho que es exclusivo de resoluciones dentro del marco del Derecho Administrativo y no mediante normativa laboral contemplada en el Código del Trabajo, en el cual apoya su reclamo carente del derecho objetivo administrativo que rige la Administración Pública y mediante el cual, el demandante no ejerció diligencia alguna para iniciar conforme a las leyes administrativas la aprobación de una plaza permanente para las funciones que desempeñaba mediante contrato temporal la demandante; modalidad ésta que también era respaldada por lo establecido en el Artículo 117 de las Disposiciones Generales del Presupuesto del 2015 en el párrafo primero: "Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente y su efectividad se contará desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo"; asimismo debió considerarse la no permanencia de esos contratos de conformidad a lo establecido en el Artículo 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; dicho lo anterior y atendiendo la naturaleza jurídica del demandado (gobierno central), y en consonancia a lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, no le son aplicables las disposiciones del Código del Trabajo; siendo las disposiciones legales aplicables al caso de mérito las que devienen del derecho administrativa y que normatizan la contratación del Recurso Humano como Ley de Servicio Civil, su Reglamento, y demás normas administrativas; es por ello que considerando las necesidades del demandado, se contrató a la demandante mediante un Contrato Administrativo de Servicios profesionales, de forma temporal y para cargos distintos, el que se realizó aplicando los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. No obstante que en el caso que hubiese surgido un conflicto entre las partes contratantes, el competente para dirimirlos era la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal como lo reza la cláusula décima cuarta del Contrato, y el artículo 3 numeral 1) parte final de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual la demandante no podía solicitar un derecho subjetivo que no le pertenecía y que no era competente para reconocer ese Juzgado del Trabajo. En este orden de ideas, y debido a que esos servicios eran prestados al Estado, los mismos se regulaban por leyes especiales y no por el Código del Trabajo como pretendió hacerlo ver la demandante; es por ello que el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso dispone "La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos... que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado: a) las cuestiones referentes al cumplimiento, y efectos de los contratos y todo lo relativo a los contratos de Servicios profesionales..."; vista la normativa anteriormente citada, es evidente que no era posible considerar que la relación existente entre la demandante y el demandado era laboral, debiendo en todo caso y solo de existir algún conflicto entre las partes contratantes, ser dirimido ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de conformidad a lo dispuesto en el artículo citado y en lo dispuesto en la cláusula decima séptima del contrato. Finalmente también rechazó el hecho donde la demandante hace mención de haber solicitado la intervención de las autoridades administrativas de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, ya que no ostenta el estado facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, ni mucho menos al tratarse de Contrato Administrativo de Servicios profesionales Temporal de Trabajo, para la prestación de un servicios por tiempo determinado, como era el caso que les ocupa el cual tenía fecha de inicio y terminación a satisfacción de las partes, por otra parte no era procedente que la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, conozca ese asunto, ya que la jurisdicción competente (en caso de controversias) era el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece la cláusula decima segunda del Contrato para la Prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado y el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, en audiencia primera de trámite interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción de la Acción. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de enero del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesta por el Representante Procesal de la parte demandante. II.- Declarar CON LUGAR la Demanda Laboral para el Pago de prestaciones e Indemnizaciones laborales; que por su naturaleza adquirió la continuidad y permanencia de la misma, convirtiéndose el contrato por tiempo indefinido. Mas el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios. Pago de vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes proporcional; vacaciones causadas; décimo tercer y décimo cuarto mes ambos de manera proporcional del año 2011; décimo tercer mes del año 2012; décimo tercer y décimo cuarto mes del año 2013 y décimo cuarto mes del año 2014; instaurada por la Señora FLORENCIA PALMA CARIAS; contra EL ESTADO DE HONDURAS; a través de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS; a través de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; pagar a la señora: a) FLORENCIA PALMA CARIAS la suma de CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 134,712.96) por los siguientes conceptos: Preaviso L. 23,333-33; Auxilio de Cesantía L. 35,000.00; Auxilio de Cesantía Proporcional L. 6,740.74; Vacaciones L.14,388.89; Vacaciones Proporcionales L. 4,083.33; décimo tercer mes proporcional del año 2011 L. 5,833.33; décimo cuarto mes proporcional del año 2011 L. 333.33; décimo tercer mes del año 2012 L. 10,000.00; décimo tercer mes del año 2013 L. 10,000.00; décimo cuarto mes del año 2013 L. 10,000.00; décimo cuarto mes del año 2014 L.10,000.00; décimo cuarto mes proporcional del año 2014 L. 5,000.00. Más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia. III.- Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por la Señora FLORENCIA PALMA CARIAS para el pago de demás derechos; contra EL ESTADO DE HONDURAS; a través de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Señora LIDIA ESTELA CARDONA; de dicha pretensión. IV.- SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, las excepciones perentorias son aquellas que atacan el fondo o el derecho sustancial de la acción y la declaran extinguida o ponen fin a la demanda cuando se demuestra su existencia. Que en relación a la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesta por el representante procesal de la parte demandada y después de haber realizado el respectivo análisis de los argumentos esgrimidos por ambos representante procesales de las partes y después de haber realizado el respectivo análisis del mismo se concluye: Que se ha acreditado en autos que en fecha 01 de diciembre del año 2014 se le notifica a la señora PALMA CARIAS que su contrato finaliza el 31 de diciembre de 2014 y que el mismo no será renovado; en fecha 14 de enero de 2015 se instauro el reclamo ante la vía administrativa; el 22 de enero de 2015 se da por agotado el trámite administrativo y comparece a este Tribunal presentando su demanda en fecha 20 de marzo del año 2015; por lo que únicamente a transcurrido un (1) mes con veintiocho (28) días; por lo que lo hizo dentro del término que señala el artículo 867 del Código del Trabajo; por lo que procede declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesta por el representante procesal de la parte demandada. Que los Contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia de trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. Que si bien es cierto la parte demandada invoca que se trata de Contrato por Tiempo Determinado, cuya terminación ya está establecida en su texto y aceptada por las partes; también es cierto que de conformidad con lo señalado en la Constitución de la República y Código del Trabajo, son nulos ipso jure todos los actos y estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el Código del Trabajo, sus Reglamentos o las demás Leyes de Trabajo y Previsión Social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. Que, si antes de transcurrido un año se celebra nuevo contrato de trabajo entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el periodo de prueba. Que, si bien es cierto la señora FLORENCIA PALMA CARIAS, desde su inicio de la relación laboral fue a través de Contratos de Servicios Profesionales; no menos cierto es que las labores que la misma realizaba son de naturaleza permanente en la Institución; asimismo la parte demandada no acredito en autos que el Patrono haya tenido justa causa para ejecutar la terminación de trabajo. Que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que la señora FLORENCIA PALMA CARIAS desde que inició su relación laboral con la Institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo indefinido por lo que se cumple con la condición para considerar un trabajador permanente; razón por la cual la Suscrita es del criterio que procede declarar CON LUGAR la solicitud de reconocimiento de permanencia de la relación laboral de la señora FLORENCIA PALMA CARIAS; con la institución demandada desde el Inicio de la relación laboral 01 de junio del año 2011. Que la parte demandante también solicita el pago de prestaciones e Indemnizaciones laborales y aunado a lo anteriormente relacionado la Institución demandada no le señala una causa justa al momento de la terminación de la relación laboral ya que no basta indicar el número de cláusula del contrato suscrito, sino que se debe especificar cuál es la causa o motivo para la ruptura de la relación establecidas en la Legislación Laboral para dar por terminada la relación laboral con justa causa, lo que vuelve ilegal e injusto el despido, ya que la persona que es despedida tiene derecho a saber cuál es el motivo de su despido, por lo que el patrono debe expresar con toda claridad la causa o motivo que lo mueve a tomar esa determinación, así mismo deberá Indicar la fecha en que ocurrió la supuesta falta, para poder establecer los términos legales, después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos razón por la cual la Suscrita es del criterio que procede declarar CON LUGAR la demanda de mérito; asistiéndole el derecho al pago de sus Prestaciones e Indemnizaciones Laborales así como al pago de los salarios dejados de percibir. Que para el cálculo de prestaciones laborales que corresponden a la señora: FLORENCIA PALMA CARIAS se tomara en cuenta los datos que constan en juicio así: Sueldo Ordinario mensual L. 10,000.00, fecha de Inicio 01 de junio de 2011 y fecha de finalización 31 de diciembre de 2014. Que la parte demandante también solicita: Pago de vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes proporcional y demás derechos; en cuanto al pago de vacaciones y décimo cuarto mes proporcional se declaran CON LUGAR ya que con los medios de prueba aportados no se acredito que la Institución demandada haya hecho efectivo estos conceptos a la demandante; en lo que se refiere a demás derechos se declara SIN LUGAR ya que no señala a qué tipo de derechos se refiere; Para los efectos legales pertinentes constituyen hechos probados: Que a la demandante únicamente gozo de sus vacaciones no así del pago; asimismo que en el año 2011 no se le hizo efectivo el décimo tercer y décimo cuarto mes ambos de manera proporcional; en el año 2012 no se le pago el décimo tercer mes; 2013 no se le pago el décimo tercer y décimo cuarto mes; 2014; no se le hizo efectivo el décimo cuarto mes; por lo que la Suscrita con el único ánimo de equilibrar la justicia social, con la facultad para ello, y con los hechos debidamente probados, es que determina que en el caso de autos, es necesaria la utilización de la figura de la ULTRA PETITA, pues de la probanza de los hechos ha relucido que a la demandante le corresponde el pago de los conceptos antes relacionados. Que la jurisdicción del Trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originan directa o indirectamente del contrato de trabajo. Que el Juez puede eximir del pago de costas a la persona que fuere vencido en juicio, cuando existan motivos racionales para litigar. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de abril del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, de autos se desprende que la finalización de la relación laboral fue el 31 de diciembre del año 2014, instaurándose el reclamo administrativo el 14 de enero de 2015, habiendo trascurrido 14 días, con lo que se interrumpe la prescripción, a partir de esa fecha corren nuevamente los dos meses que establece la Ley, dándose el cierre de las diligencias administrativas el 22 de enero de 2015, por lo que tenía hasta el 22 de marzo para presentar la demanda habiéndola presentado el 20 de marzo de 2015, por lo que la acción no se encuentra prescrita. Que de los autos se desprende que los contratos suscritos entre la parte demandante y la demandada, se les denominaron contratos de servicios profesionales, de la lectura de los mismos se desprenden los tres elementos del contrato de trabajo, que si bien fue contratada unas veces como transcriptora de datos y otras como encargada de archivos, las funciones que realizaba, no eran totalmente diferentes eran similares y para la misma institución demandada, ambas asignaciones de naturaleza permanente dentro de la institución, por lo que al haberse celebrado de manera continua, estos se prorrogaron en el tiempo, lo que le permitió a la demandante adquirir derechos a los cuales no puede renunciar, convirtiéndose de esta manera en una relación por tiempo indefinido, o que genera el reconocimiento de los derechos de que gozan los empleados permanentes. Que una vez que se ha determinado que la relación laboral era desde el inicio de forma indefinida y permanente, el demandado al finalizar la misma debió invocar y probar una de las causas justas que facultan al patrono a dar por terminado el vínculo laboral, las cuales están establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, porque de no hacerlo le acarrea responsabilidad, como la que ha quedado acreditada en autos. Que la Constitución de la Republica garantiza la estabilidad laboral, es decir, que la regla general del contrato de trabajo debe ser siempre por tiempo indefinido, siendo la temporalidad la excepción, la cual debe de ser acreditada por el patrono, en el caso de autos no se probó la naturaleza temporal del trabajo y si bien el Código del Trabajo regula contratos por tiempo limitado, ha establecido en qué casos se consideraran de esta manera, no contempla los contratos de servicios profesionales, que son propios del derecho Administrativo, y regulan otro tipo de relación contractual. Que al celebrase contratos denominados de servicios profesionales, pero que en su esencia es un verdadero contrato de trabajo porque reúne los requisitos exigidos por la Ley y al no considerarlos de esa manera por el demandado, restringe y disminuye los derechos que les concede un verdadero contrato de trabajo, a lo que la doctrina le llama simulación contractual. Que en cuanto a los derechos concedidos y ultra petita los mismos si bien no fueron peticionados, es una atribución del juzgador conceder aquellos derechos que se encuentre probados que no fueron otorgados, en el caso de autos en la audiencia segunda de trámite, en la práctica del medio de prueba exhibición de documentos de la parte que deba exhibirlos, se acredito que los derechos a los que condeno el A-quo no le habían sido pagados a la demandante. Que, al no haberse justificado la causa de terminación del contrato de trabajo, el despido se vuelve ilegal e injusto, lo que permite que el Juez imponga como sanción indemnizatoria la condena a los salarios dejados de percibir, desde el momento del despido hasta que la sentencia cause firmeza. Que el derecho del trabajo tiene carácter tuitivo o proteccionista, de manera tal que cuando en la relación de trabajo se suscite una controversia, el juzgador deberá resolverla de acuerdo a las normas que rigen la materia, pero tomando en cuenta los principios de inspiran el derecho del trabajo, en este caso, el Principio de Estabilidad Laboral, el Principio Protectorio el de Primacía de la Realidad y el Principio Pro Homini, tomando en cuenta que el trabajador es la parte más vulnerable de la relación. Que revisada la sentencia y las diligencias, así como el acervo probatorio, esta Alzada es del parecer que la sentencia que se recurre se encuentra dictada conforme a derecho y por lo tanto procede su confirmatoria. 5. Mediante auto de fecha 31 de enero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada MARIA JOSÉ SÁNCHEZ VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 19 de abril del 2024, compareció ante este Tribunal el abogado JOSHUA GABRIEL MENOCAL HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 29 de abril del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 11 de noviembre del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la abogada MARBETH IVETH VALLADARES SOLORZANO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son Supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II.- El abogado JOSHUA GABRIEL MENOCAL HERNÁNDEZ en su condición de Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD fundamentó su primer motivo de casación en lo siguiente: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. PARA ENMENDAR LAS INFRACCIONES E ILEGALIDADES COMETIDAS POR EL TRIBUNAL A-QUO COMO LA INADECUADA APLICACIÓN A-QUEM ES MERITORIO SEÑALAR LOS MOTIVOS DE LA CASACIÓN QUE SE COMETIERON EN EL FALLO RECURRIDO. PRIMER MOTIVO: SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA, el precepto legal sustantivo infringido está contenido en el artículo 864, del Código de Trabajo en relación al artículo No. 3, 5, 7, de Código Procesal Civil, estableciendo que las acciones para reclamar derechos se tendrá el término de dos meses, tal es el caso del presente motivo de casación, la norma procesal o norma objetiva a través del cual se infringió en forma indirecta la constituyen los artículos 868.1 del código de trabajo.” III.- En un segundo motivo de casación estableció lo siguiente: “SEGUNDO MOTIVO: SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY objetiva, el precepto legal sustantivo infringido está contenido en el artículo 765, del Código de Trabajo en relación al artículo No. 3, 5, 7, de Código Procesal Civil, PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 719 numeral 2 del Código Procesal Civil, el cual literalmente dice: "Causales del Recurso. - Se podrá impugnar la aplicación e interpretación de las normas de derecho empleadas para la solución de fondo del litigio." EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: Que el artículo 864 del Código de Trabajo establece que "los derechos de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificadas que se le hagan o contra las correcciones disciplinarias que se le apliquen, prescriben en el término de dos meses contados a partir de la terminación del contrato" a lo cual el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, no aplico de manera objetiva lo establecido en este acápite, interponiendo lo establecido en el artículo 868.1 estableciendo que ha operado una interrupción a la prescripción alegada”. IV. Luego de analizados los motivos de casación que anteceden y, considerando que ambos son bastante similares en los defectos contenidos, se procede a resolver para ambos de la siguiente manera: los motivos de casación estudiados son inadmisibles debido a que no contienen ninguna estructura formal respecto de las solemnidades exigidas para este tipo de recursos, en los que se exprese una proposición jurídica, un motivo de casación y una explicación de cómo la sentencia del ad-quem ha violentado normas sustantivas laborales que afecten ya sea la valoración probatoria o bien, el fondo del asunto. Adicional a lo anterior, cada motivo de casación debe ir fundamentado en un precepto autorizante correspondiente a la normativa laboral vigente, específicamente los autorizados por el Artículo 765 del Código del Trabajo. Sin embargo, el primer motivo de casación carece de todos estos elementos y el segundo motivo de casación si bien menciona un precepto autorizante, no es el contemplado por la ley laboral primaria. Dicha falencia, es de carácter insubsanable y no puede ser suplido por esta Sala debido a las solemnidades exigidas para este tipo de proceso. V. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y segundo motivo interpuesto por el Recurrente. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSHUA GABRIEL MENOCAL HERNÁNDEZ en su condición de Representante Procesal del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN en su primer y segundo motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. -NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de octubre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 516-23. FIRMA Y SELLO
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -