Sentencia CL-513-23 — Registro 20024
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo; en consecuencia, concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella"...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
...."Que conforme el requisito de exhaustividad y el principio de congruencia procesal, los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, en virtud que en el presente caso el Ad Quem, le falta claridad a la resolución emitida, ya que al reformar el fallo no es congruente en virtud que el A-quo no ordena el nombramiento por acuerdo, si no que tenga una relación de carácter permanente, estableciendo que se le aplican todos los derechos así como instituir la condena de su treceavo y catorceavo mes que por ley le corresponde con el reajuste salarial, debiendo ser clara y precisa al momento de determinar los derechos que condena al Patrono para que se hagan efectivos al momento de la ejecución de la sentencia. Que conforme el requisito de exhaustividad y el principio de congruencia procesal, los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, en virtud que en el presente caso el Ad Quem, le falta claridad a la resolución emitida, ya que al reformar el fallo no es congruente en virtud que el A-quo no ordena el nombramiento por acuerdo, si no que tenga una relación de carácter permanente, estableciendo que se le aplican todos los derechos así como instituir la condena de su treceavo y catorceavo mes que por ley le corresponde con el reajuste salarial, debiendo ser clara y precisa al momento de determinar los derechos que condena al Patrono para que se hagan efectivos al momento de la ejecución de la sentencia. VII. Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintinueve (29) de octubre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 18 de marzo del 2024, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora SAYDA DAMARIS ALONZO GARCÍA; y en fecha 27 de mayo del 2024, por la Abogada DORYS ZENAYDA NÚÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como partes recurrentes/recurridos, respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código de Trabajo; en consecuencia, concederle todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados, por ende otorgarle el acuerdo de nombramiento, además se pide el reconocimiento y pago del reajuste salarial de conformidad con lo establecido en el acuerdo número SCFF-001-401-2015, retroactivo a los dos últimos años de la presentación del reclamo administrativo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de mayo del 2018, por la señora SAYDA DAMARIS ALONZO GARCÍA, mayor de edad, soltera, Técnico en Radiología, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO SALUD, por medio de la Procuraduría General de la República. Los recursos de casación se interpusieron en contra de la sentencia de fecha 22 de junio del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: UNO: REFORMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de febrero del año dos mil veintiuno, que corre agregada a folios 141, 142, 143, 144 y 145 frente y vuelto de la primera pieza, en la forma siguiente: a) CONFIRMAR los numerales I, III, IV y parcialmente el numeral II en el inciso a) y CONFIRMAR los incisos b) y d) del numeral II de la parte resolutiva de la sentencia que declara CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral instaurada por la señora SAYDA DAMARIS ALONZO GARCÍA, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora LIDIA ESTELA CARDONA, Procuradora General de la República, el que CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS y el que lo declara SIN COSTAS- b) REVOCAR PARCIALMENTE el numeral II en la parte final del inciso a) de la parte resolutiva de la sentencia específicamente en la parte que dice: "...debiendo la institución demandada nombrarla como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral 03 de octubre de 2012.- SIN COSTAS, en esta instancia por las razones anteriormente expuestas…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició su relación laboral para el demandado, el 03 de octubre del 2012, desempeñándose en el puesto de Técnico en Radioterapia, devengando un salario mensual de L. 7,300.00, valor que estaba por debajo del salario legalmente establecido y vigente el cual debería reajustarse retroactivamente a la cantidad de L. 14,000.00 sin perjuicio de los aumentos que se otorguen durante la secuela del juicio, con fundamento en el acuerdo NUMERO SCFF-001-401-2015, publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 27 de enero del 2016. Manifestó que desde que inició a laborar para la demandada se desempeñó en las mismas funciones de manera continua e ininterrumpida, bajo la subordinación de su empleador, así como consta en los contratos suscritos entre las partes, mismos que reunían los elementos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo los cuales son: a) la actividad personal del trabajador; b) la continua subordinación o dependencia del trabajo respecto del patrono, que faculta a este para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto al modo, el tiempo o cantidad de trabajo; y c) Un salario como retribución del servicio, aunado a ello sujeto a un horario de trabajo. Una vez reunidos los tres elementos de que trata la figura legal precitada, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serio por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen; en virtud de lo anterior la relación laboral que les unía era de orden laboral, haciendo la observancia que sus funciones fueron de carácter continuas y permanentes que venía desempeñando en la Institución demandada, entendiéndose entonces que estaban ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, regido por la jurisdicción del Trabajo; asimismo continuó expresando que también a la relación de trabajo caracterizaba la continuidad en el desempeño de las mismas funciones, o sea desde que inicie a laborar para el demandado, y que a pesar de que el empleador haya tratado de encubrir una real y verdadera relación laboral, con contratos transitorios o temporales, no es menos cierto que la causa que ha originado el surgimiento de la relación laboral ha subsistido y subsistirá siempre, pues era y ha sido el mismo puesto y funciones que había venido desempeñando durante su relación laboral con la demandada, actividades que por la naturaleza de las mismas no podían desaparecer, pues formaban parte de la operatividad de la demandada, dejando ver una simulación de contrato de trabajo por tiempo determinado, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, acto simulatorio que tiene como finalidad evadir obligaciones estipuladas en la Ley Laboral (en fraude a la Ley). Arguyó que en virtud de la suscripción de varios contratos de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, consideró que le asistía el derecho a la permanencia en el puesto que había desempeñado, razón por la cual recurrió ante ese Juzgado. Asimismo, con el ánimo de buscar una solución en cuanto a la permanencia en su puesto de trabajo, presentó reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, siendo imposible llegar a un acuerdo conciliatorio se dio por agotado el trámite administrativo, por no haber voluntad de parte del empleador en conciliar sus diferencias. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda, señalando que la demandante presta sus servicios como personal de servicios de apoyo, de acuerdo a lo que preceptúa el Artículo 28 del Reglamento de Personal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en el Hospital San Felipe como "Técnico en Radioterapia", bajo la modalidad de contratos y servicios profesionales y/o técnicos, por un periodo limitado y determinado, con fecha de inicio y finalización con el demandado, cuya remuneración mensual, y que en cuanto a lo manifestado como la fecha de inicio de su prestación de su servicio y la modalidad trimestralmente o semestralmente que determinan bajo la figura del contrato del 03 de octubre del 2012, la demandante debería acreditarlo en el momento oportuno del debate, en cuanto al reajuste a que hizo alusión la demandante no ha existido reajuste alguno como resultado de ser contratos de trabajo continuos como pretende hacer creer la actora de la demanda al Juzgador del proceso, sino que su aumento se debió a que mediante el Diario Oficial "La Gaceta" 33,944 la Presidencia de la República mediante Acuerdo No. SCGG-001-401-2015, suscrito el 19 de noviembre del 2015, acordó actualizar a partir del 01 de enero del 2016 las Bases de la Estructura Salarial del Régimen del Servicio Civil, aplicando los ajustes salariales que correspondían, de acuerdo al nivel en que se encontraba nombrado y siendo que la demandante, había suscrito contrato, y en aras de obrar con justicia se decidió equiparar su remuneración por la prestación de sus servicios dentro de la escala básica otorgada por el Poder Ejecutivo a los empleados permanentes del Grupo de Apoyo, Técnico o Administrativo, razón por la cual se le incrementó su estipendio contractual y no por el argumento que hizo que fue el resultado de un reajuste hecho por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social por contratos de trabajos continuos ya que para ser considerado como empleado permanente el Artículo 5 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil es claro cuando establece: "Para los fines de la Ley y su Reglamento, entiéndase por empleado o servidor público la persona natural que ha sido nombrado para un cargo sujeto al Régimen del Servicio Civil, que haya cumplido con los requisitos de ingreso previstos en la Ley, su Reglamento y que presta sus servicios en relación de subordinación o dependencia a una Secretaría de Estado o a otro organismo del Poder Ejecutivo". Asimismo, el Artículo 11 numeral 6 manda: "Para ingresar al Servicio Civil se requiere.... 1...2...6. Haber obtenido el nombramiento respectivo"; requisito este con el cual no contaba el demandante y que en ningún momento inició diligencia alguna ante las autoridades correspondientes, para obtener el mismo; lo que hace improcedente lo expuesto por la parte actora, debiendo acreditar su argumentación fehaciente en el momento oportuno del proceso. Siguió expresando que de forma equivoca la parte actora pretendía utilizar como fundamento el artículo 20 del referido Código, reúne los elementos del contrato que se refiere: "a) la actividad personal del Trabajador, b) la continua subordinación o dependencia del trabajador y c) Un salario como retribución del servicio", para calificar su contrato de prestación de servicio profesional como un contrato individual de trabajo, definido por la normativa del Código de Trabajo; y que el argumento de calificar su contrato, como una simulación de contrato individual de trabajo, con la finalidad de evadir obligaciones estipuladas en la ley laboral o fraude de ley, lo rechazó; ya que no obstante que el artículo 26 del mismo estamento legal, estipula: "El contrato de trabajo obliga expresamente a lo pactado y a las consecuencias que de él se derivan según la ley, la equidad y la costumbre..."; razón por la cual no debe encaminar su reclamo en normas de principios generales pues cualquier actividad o prestación de servicios conllevan esos elementos del artículo 20 del Código de Trabajo, por lo que no se podía valorar como contratos simulados que conlleven un fraude, pues si fuera "simulación" estaríamos frente a una falsedad de un contrato si ese fuera el caso, el que no tendría ninguna validez ni efecto jurídico, y por ende el contrato no tendría ninguna existencia, en su defecto estaría negando que su prestación de servicio fue cierta y verdadera y no podría ostentar el derecho subjetivo que exige, pero en el caso que nos ocupa no se trató de un contrato de trabajo, sino de una prestación de servicios profesionales, y será en el momento procesal oportuno que probaría que sus argumentos carecen de toda sustentación jurídica y por ende no le asiste el derecho. Aclaró que la modalidad bajo la cual fue contratada la demandante obedece al Principio de la Libre Contratación o libertad de contratación como derecho que tienen las personas para decidir celebrar contratos y con quién hacerlo, así como la libertad para determinar el contenido de los mismos. Por consiguiente es de libre albedrio del demandado celebrar con las personas que él considere y por el tiempo que estima según el presupuesto que se le otorgue por la Secretaria de Finanzas para el personal de apoyo, el cual no era considerado permanente, pues estaba regido bajo contratos determinados y que de considerarse afectada la demandante por la particularidad en que se regía la prestación de sus servicios en primera instancia hubiera agotado la vía interna o administrativa a efecto de que ésta procediera a hacer las diligencias pertinentes ante las autoridades respectiva para la creación de plaza a su puesto de trabajo a efecto de que el demandado pudiera cumplimentar lo que establece el Artículo 17 del Reglamento de Personal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud que dispone: "Seleccionado el candidato a un cargo por nombramiento, la Autoridad Nominadora remitirá la Acción de Personal a la Dirección General de Servicio Civil; en concordancia a lo que instituye el Artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y el Articulo 6 de su del Reglamento que literalmente disponen en su orden: "Para ingresar al Servicio Civil se requiere: ...5. Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta ley..." y el Artículo 6 del reglamento manda: "El régimen del Servicio Civil se aplicará a los empleados del Poder Ejecutivo cuyo ingreso al servicio se haya efectuado llenando los requisitos del Artículo 11 de la Ley y los establecidos en este Reglamento, así como los aspirantes que estén tramitando su ingreso"; disposiciones esas que no fueron cumplimentadas por la demandante y que el demandado por consiguiente no pudo excluir para realizar un nombramiento fuera de las normas legales a cumplir, ya que estaría faltando a los deberes de los funcionarios. En otro orden de ideas, y dado que la demandante argumenta que el contrato es simulado, vale la pena citar al efecto la Locución Latina, que los pactos deben mantenerse de conformidad a lo estipulado por las partes, cualquiera que sea la forma de la estipulación, debe ser fielmente cumplido en apego a lo que conocemos como la "Pacta Sunt Servanda". Considerando a la vez, que lo único que existió fue voluntad de las partes para celebrar contratos a término, con cláusulas establecidas en las cuales estaban ceñidas las obligaciones contraídas por las partes, las que deberían finalizar en el término estipulado contractualmente. Vigencia que la demandante pretendía obviar y sorprender a ese Tribunal para que se le reconozca un derecho que hubiera podido solicitar conforme a ley ante las autoridades administrativas respectivas de la Institución para la cual prestaba sus servicios y no de forma contraproducente ante ese Tribunal el que a la vez era incompetente para dirimir la causa, la que en todo caso debió interponerla ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo a efecto de que se analice y se juzgue lo improcedente de la misma. Argumentó que la demandante pretendiendo que su reclamo obtener un fallo a su favor, omitiendo completamente lo que concertó previo a la suscripción del contrato con el demandado, estableciéndose en el contrato fecha de inicio y terminación de la obligación contraída y que una vez llegada la fecha de la vigencia del mismo no prevalecía obligación alguna entre las partes como lo pretendía hacer creer la parte actora al Juzgador de la causa con el propósito de crearle una confusión en el momento del análisis del proceso; pues la demandante citó el Artículo 47 del Código de Trabajo, artículo que era improcedente al caso por cuanto claramente establecía que eran contratos por su naturaleza permanentes o continuos en la empresa; manifestando que no corresponde a la Administración Pública sino a empresas o instituciones particulares entre particulares donde para dirimir todo tipo de controversias laborales se aplica la normativa del Código del Trabajo. No así en la Administración Pública donde Articulo 8 de la Ley General de la Administración Pública en numeral 3 dispone: "Los órganos y entidades de la Administración Pública, no podrán: 1…, 2…3. Reconocer, declarar o emitir derechos de los particulares, si no tienen atribuidas por Ley tales potestades"; lo que hacía improcedente el derecho subjetivo citado por la parte actora comprendida en los artículo 47 del Código de Trabajo, quien equivocó el camino al venir ante ese Juzgado incompetente para conocer de la causa a solicitar un derecho que debió en primera instancia realizar las diligencias respectivas ante las autoridades correspondientes de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud y ante la Dirección General de Servicio Civil a efecto de que se hiciera el análisis necesario de su petición y de ser factible promover ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas el presupuesto permanente para la creación de la plaza a las funciones que desempeña la demandante. Acción que la parte actora no había ejercido en ningún momento, pues en la Administración Púbica hay requisitos previos que cumplir para nombrar de forma permanente a un empleado, ya no se trata de que la autoridad correspondiente de la Institución para la cual presta sus servicios quiera o no contratar sus servicios temporales o permanentes sino que depende la disponibilidad presupuestaria que la misma tenga para la considerar la posibilidad de contratar personal auxiliar o de apoyo, en cumplimiento a lo que establece el Artículo 135 de la Constitución de la República que establece: "Las Leyes laborales estarán inspiradas en la armonía entre el capital y el trabajo como factores de producción…” Asimismo, el Artículo 364 de la Constitución de la República que instituye: "No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias. En concordancia a lo que estable el Artículo 33 del Reglamento de Personal de la Secretaría de Salud que dispone: "...Cada contrato que se suscriba será independiente de cualquier otro celebrado anteriormente. Los derechos a reclamar y las obligaciones a exigir solamente será que contiene en el contrato suscrito únicamente durante su vigencia. En ningún caso se considerará permanente al personal contratado". Siendo requisitos para la adjudicación del tipo de contratación como la que cuenta la demandante: "que éstos hayan cumplido con lo siguiente a) Cuando se acredite que las funciones a ejecutar por el contratista no pueden ser realizadas por quienes hayan ingresado mediante nombramiento o no haya recursos suficientes, b) Cuando se comprobare que existen fondos suficientes para el financiamiento del contrato durante toda su vigencia". De todo lo cual, lo demostraría en el momento oportuno del juicio. Expresó a demás que esos supuestos derechos subjetivos y beneficios que reclamó no le correspondían por cuanto la relación contractual que sostuvo con la Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, fue bajo la modalidad de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, por tiempo definido y/o periodo determinado, con fecha de inicio y de finalización, contratación que fue aceptada y consentida por la parte. En virtud de que la demandante en el presente caso no había acreditado ante esta Judicatura ser titulares de un derecho subjetivo, al no constar en los archivos respectivos del demandado que promovieron diligencias administrativas alguna sobre lo solicitado ante este Tribunal ni ante las autoridades correspondientes de la Secretaria de Salud a efecto de poder dilucidar el término que le asistía para poder solicitar tal derecho, pretendido, ya que su reclamo es ambiguo e impreciso en la fecha desde cuando están solicitando dicho reajuste salarial, ya que en su demanda únicamente señaló la fecha desde cuando según ella comenzó a trabajar, lo que nos inclina a argumentar que el supuesto derecho que reclamar ha prescrito irremediablemente, de conformidad a lo establecido en el Artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo del Código de Trabajo que dispone: "La acción derivada del derecho que se reconoce en el Artículo 39 de esta Ley, prescribirá en dos (2) años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa.."; dice "en que ocurrió la causa", "no señala que es dos años atrás a la fecha del reclamo administrativo" como lo aduce la demandante en su libelo de demanda, pretendiendo con ello confundir al examinador del proceso en su análisis. Donde la demandante debe ser precisa al manifestar a cuál aumento de salario mínimo se refiere ya que según el Artículo 35 de la citada Ley, los Salarios Mínimos deberá ser revisado por lo menos una vez (1) al año. Por tanto, es de basto conocimiento que el Salario Mínimo legalmente es cambiante anualmente según la Ley; razón más que suficiente para que la demandante fuera clara y puntual en su petición indicando la fecha exacta al aumento salarial en el cual encauzan su improcedente petición. en atención a lo que establecen las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el año fiscal del 2016, en relación a lo señalado en el artículo 117 párrafo primero de la estimación presupuestaria de Ingresos de la Administración Central para el Ejercicio Fiscal 2016, vigente que literalmente dice: "La contratación de personal con cargo al Objeto Específico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal No Permanente) financiado con Recursos del Tesoro Nacional (fuente 11) se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del titular de cada institución, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA) y que exista la disponibilidad presupuestaria, en estricta observancia del Artículo 200 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil.- Por lo tanto la demanda presentada fue improcedente por corresponder los beneficios solicitados por la demandante únicamente a empleados que gozan de un estatus permanente nombrados mediante Acuerdos Ministeriales provenientes del procedimiento que manda la Ley de Servicio Civil señalado en su Artículo 2, que no corresponde al presente caso al haber estado la demandante bajo la modalidad de Contrato a Término y no de forma permanente, por lo tanto la demandante se encuentra laborando mediante contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, los cuales contaban con fecha de inicio y terminación tratando de aplicar erróneamente la normativa de los artículos 39, 43 y 44 de la Ley del Salario Mínimo, que no es el caso que de la demanda, asimismo el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; el artículo 202 párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Servicio Civil que a su letra dice: "Tendrán un plazo determinado y no podrán renovarse, si no cuando conste acreditada su necesidad; al vencimiento del plazo cesara la relación sin responsabilidad para ninguna de las partes"; siendo importante señalar que los Contratos de Servicios Profesionales se suscribieron por un tiempo determinado, en virtud que están sujetos a la disponibilidad presupuestaria, caso contrario sin una estructura presupuestaria se estaría violentando lo establecido en el artículo 35 párrafo primero de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti-evasión que a su letra dice: "Prohibición de Legalizar Deudas por Gastos Extrapresupuestarios: Queda estrictamente prohibido a las instituciones del sector público adquirir compromisos extrapresupuestarios. Los mismos no serán reconocidos como deuda pública ni registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera que no tramitaría ninguna solicitud de modificación presupuestaria por ese concepto y quedó autorizada para establecer las regulaciones pertinentes de rechazo automático en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)"; Finalmente arguyó que la demandante presentó reclamo administrativo ante las Oficinas de la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, pretendiendo un arreglo conciliatorio; pero no está facultado para aceptar imposiciones de derechos subjetivo inexistentes ni beneficios que no le corresponden a la demandante, en virtud de que el Artículo 691 del Código de Trabajo a que hace alusión la demandante solamente es aplicable en aquellos casos que la persona haya sido objeto de un despido y que procure realizar una conciliación previa ante la Secretaría supra-indicada, que por supuesto no es el caso; razón por la cual, las pretensiones exigidas en ese juzgado deberían ser declaradas sin lugar porque no les asistía el derecho y sería en el proceso del debate que se acreditaría que la parte actora de la demanda no tenía sustentación jurídica para poder litigar en la presente causa, en consecuencia, se le condene especialmente en costas. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 08 de febrero del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para que en Sentencia Definitiva se declare por tiempo indefinida relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado del artículo 47 del Código del Trabajo, conceder todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente. Pago de vacaciones, décimo tercer causados, por ende, otorgar el Acuerdo de Nombramiento. Reconocimiento y pago de Reajuste Salarial de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Numero SCFF-001-401-2015, retroactivo a los dos últimos años de la presentación del reclamo administrativo; Instaurada por la Señora SAYDA DAMARIS ALONZO GARCÍA; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora LIDIA ESTELA CARDONA Procuradora General de la República. II. CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA a lo siguiente: a) Que se tenga la relación laboral de la Señora SAYDA DAMARIS ALONZO GARCÍA con carácter de indefinida debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral 03 de octubre de 2012; b) Que a la Señora SAYDA DAMARIS ALONZO GARCÍA se le reajuste su salario a la suma de L. 14,000.00; y en adelante cualquier otro derecho que pudiera corresponderle; c) Que a la Señora SAYDA DAMARIS ALONZO GARCÍA se le ajuste su salario y demás derechos que como empleada permanente le corresponde desde la fecha de inicio de la relación laboral, hasta que quede firme la sentencia y para los siguientes años que dure la presente demanda y cualquier otro valor por disposición que implique un incremento salarial; d) Pago de vacaciones y décimo tercer mes de los periodos 2016-2017 y 2017-2018. III. Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por la Señora: SAYDA DAMARIS ALONZO GARCÍA para el pago de décimo cuarto mes; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA; ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA de pagar a la Señora: SAYDA DAMARIS ALONZO GARCÍA dicho concepto. IV.-SIN COSTAS en esta instancia…”; bajo el criterio que, si bien es cierto la parte demandada invoca que se trata de contrato por tiempo determinado, cuya terminación ya está establecida en su texto y aceptada por las partes; también es cierto que de conformidad con lo señalado en la Constitución de la República y Código de Trabajo, son nulos ipso jure todos los actos y estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el Código de Trabajo, sus Reglamentos o las demás Leyes de Trabajo y Previsión Social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. Que los Contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia de trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. Que, en vista de lo relacionado anteriormente, se deduce que dicho derecho consignado en esa norma corresponde a la solicitud de la demandante; por lo que habrá que definirse qué tipo de contratación existía entre las partes. El RECONOCIMIENTO DEL DERECHO DE PERMANENCIA LABORAL, mismo que para hacerlo valer, bastará que los solicitantes del derecho hayan suscrito contratos de trabajo por tiempo fijo, que estos contratos se hayan renovado varias veces y que la causa que le dio origen al trabajo o la materia del trabajo aún subsista. Además, como complemento a este precepto legal, y así reforzar aún más el derecho de la Permanencia Laboral, el Código de Trabajo aclara en el artículo 47, que estos contratos deberán de celebrarse antes de transcurrido un (1) año, entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo. Y en el caso de autos, se acreditó que la señora ALONZO GARCIA labora para la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud específicamente en el Hospital General San Felipe a través de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, que éstos fueron renovados varias veces, en un tiempo mayor a un año, que se celebraba entre las mismas partes y para la misma clase de trabajo; solo faltaría valorar si la naturaleza del trabajo es permanente y si procede o no lo que establece la Ley del Estatuto del Medico Empleado que alega la parte demandada. Que la doctrina relaciona al trabajador permanente o continuo al que se ocupa en trabajos que sean propios de la empresa y no ocasionales para ella; de la misma forma establece la doctrina que como la excepción la constituye el contrato por tiempo determinado, corresponde al patrono demostrar en juicio que la trabajadora fue contratada para tareas ocasionales; dicho lo anterior es sabido que la Secretaria de Salud (Hospital General San Felipe) presta los servicios de Seguridad Social, misma que tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la salud, a la asistencia médica, a la protección de los medios de subsistencia y a los servicios sociales necesarios para el logro del bienestar individual y colectivo, por lo que la naturaleza de la labor de la demandante es eminentemente permanente, ya que es una necesidad prioritaria para la Secretaria de Salud las tareas asignadas a la demandante, consistentes en los servicios asistenciales de la salud. La parte demandada no aportó al proceso ningún elemento probatorio, que diera pauta a la Suscrita para catalogar que el contrato de trabajo de la demandante era por tiempo determinado u ocasionales o mejor dicho, como lo alega el demandado, y no se le concedió la plaza por no haber cumplido lo señalado en el Reglamento y la Ley de Servicio Civil. Que lo que aduce la apoderada de la parte demandada, en el sentido de que la demandante para obtener la plaza debió haber cumplido lo señalado en el Reglamento y la Ley de Servicio Civil relacionado en el Considerando que antecede, ES INACEPTABLE, ya que un Reglamento no puede estar por encima de lo establecido en el Código del Trabajo, siendo la norma que lo rige por el tipo de contratación. Además, lo solicitado por la demandante, consiste en la aplicación de los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo, es decir, está solicitando la aplicación de la norma que les es más favorable. En diferente situación estuviera la Secretaria de Salud (Hospital General San Felipe) si se hubiera acreditado en autos lo ocasional o excepcional de los contratos de trabajo temporales de la Señora ALONZO GARCÍA, además si es imperioso el requisito establecido en Reglamento y la Ley de Servicio Civil, previo a ser contratada por la Secretaria de Salud, tanto por tiempo determinado o indeterminado, surge la interrogante: ¿Por qué la Secretaria de Salud contrato a la demandante sin que hubiera cumplido con los requisitos. Entonces quiere decir que ese requisito para poder nombrar a la demandante en la Secretaria de Salud no es tan formal como se alega; en vista de las consideraciones legales anteriores la Suscrita es del firme criterio que procede declarar CON LUGAR la demanda de mérito en relación a tener la relación laboral de la señora SAYDA DAMARIS ALONZO GARCÍA por tiempo indefinido, y asimismo que se le debe reconocer todos los derechos que como empleada permanente le corresponde a partir del 03 de octubre de 2012 fecha de inicio de la relación laboral, hasta que quede firme la sentencia y para los siguientes años que dure la presente demanda y cualquier otro valor por disposición que implique un incremento salarial. conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda. Que la parte demandante asimismo solicita en el escrito de su demanda; pago de vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes causados; reconocimiento y pago de reajuste salarial de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Numero SCFF-001-401-2015, retroactivo a los dos últimos años de la presentación del reclamo administrativo; en cuanto al pago de vacaciones se declara CON LUGAR en vista de que con el medio de prueba EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS se acredito que la demandante únicamente gozo de sus vacaciones y no fueron pagadas; en lo que corresponde al pago de décimo tercer de salario causado se declara CON LUGAR ya que la parte demandada con el medio de prueba EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS no acredito que se le haya efectuado este pago a la señora ALONZO GARCÍA; conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda; en lo que respecta al pago de décimo cuarto mes causado se declara SIN LUGAR ya que de igual forma con el medio de prueba EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS se acredito que la Institución demandada le hizo efectivos estos reclamos a la demandante; en lo que concierne al Reconocimiento y pago de Reajuste Salarial de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Numero SCFF-001-401-2015, retroactivo a los dos últimos años de la presentación del reclamo administrativo se declara CON LUGAR ya que se acredito en autos que la demandante devengaba la suma de L. 7,300.00 y con el medio de prueba DOCUMENTAL consistente en Acuerdo N° SCGG-001-101-2015 mediante el cual se ACUERDA: Actualizar a partir del primero de enero del año dos mil dieciséis, las bases de la Estructura Salarial del Régimen de Servicio Civil, aplicando los ajustes salariales que corresponden de conformidad a los niveles siguientes: Directivo...; Ejecutivo...; Técnico IX L. 16,800.00; Técnico X L. 15,400.00; L. 14,000.00; Técnico IX L. 16,800.00; VIII L: 15,400.00; VII L. 14,000.00; Técnico VI L. 12,600.00; Técnico V L. 11,200.00; Apoyo Técnico Administrativo...; la Estructura Salarial del Régimen del Servicio Civil, será aplicable al personal de la Administración Pública Central que a esta fecha desempeñe estrictamente las funciones del cargo para el cual fue nombrado; y en vista del acuerdo antes relacionado y siendo que existe duda del nivel que ostentaba la demandante y en aplicación al Indubio Pro Operario el salario que deberá devengar la demandante es la suma de L. 14,000.00. Que el Juez puede eximir del pago de costas a la persona que fuere vencido en juicio, cuando existan motivos racionales para litigar. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 22 de junio del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: UNO: REFORMANDO la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de febrero del año dos mil veintiuno, que corre agregada a folios 141, 142, 143, 144 y 145 frente y vuelto de la primera pieza, en la forma siguiente: a) CONFIRMAR los numerales I, III, IV y parcialmente el numeral II en el inciso a) y CONFIRMAR los incisos b) y d) del numeral II de la parte resolutiva de la sentencia que declara CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral instaurada por la señora SAYDA DAMARIS ALONZO GARCÍA, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal la Señora LIDIA ESTELA CARDONA, Procuradora General de la República, el que CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS y el que lo declara SIN COSTAS- b) REVOCAR PARCIALMENTE el numeral II en la parte final del inciso a) de la parte resolutiva de la sentencia específicamente en la parte que dice: "...debiendo la institución demandada nombrarla como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral 03 de octubre de 2012.- SIN COSTAS, en esta instancia por las razones anteriormente expuestas…”. Bajo el criterio que, al ejercer su derecho de acción la demandante determinó con su pretensión el objeto del proceso a fin de que se declare por tiempo indefinido su relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación del artículo 47 del Código del Trabajo y por su parte el demandado determinó el objeto del debate, al afirmar que la parte actora no puede exigir que se le nombre como empleado permanente, puesto que la parte actora al suscribir su contrato y firmarlo tuvo conocimiento sobre la duración del contrato y habiéndose hecho un detenido estudio de las actuaciones que conforman el proceso este Tribunal de Alzada es del firme criterio que la sentencia definitiva que se conoce por vía de apelación NO se encuentra parcialmente ajustada a derecho, convencimiento que se apoya en los argumentos y disposiciones legales siguientes: 1) Que la Juzgadora de Primera instancia consideró que a la pretensión de la demandante es la aplicación de los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo y no le es aplicable los argumentos expuestos por la parte demandada que la trabajadora debió haber cumplido con lo señalado en el Reglamento y la Ley de Servicio Civil, por lo que se aplica la norma más favorable motivo por el cual declaró CON LUGAR la demanda y declaró que se tenga la relación laboral de la demandante SAYDA DAMARIS ALONZO GARCÍA con carácter de indefinida. 2) Que asimismo en esa parte resolutiva del fallo la Juez A-quo agrega lo siguiente: "....debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral 03 de octubre de 2012...", al respecto este Tribunal de Alzada ha sostenido el criterio que habiéndose reconocido como permanente la relación laboral de la trabajadora del cargo que desempeñaba, consecuentemente si esa relación por decisión del Tribunal se convirtió en permanente, en consecuencia la institución se verá en la obligación de realizar todos los trámites administrativos necesarios para garantizarle todos los derechos a la trabajadora en cumplimiento de una resolución judicial, por lo que esa parte de la sentencia es la que debe ser reformada. Que la sentencia es el acto por el cual el juez cumple la obligación jurisdiccional derivada de la acción y del derecho de contradicción, al resolver sobre las pretensiones del demandante y la defensa del demandado, ya que el fin que se busca con ellas es la certeza jurídica, por cuanto deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente el pleito, en entendiéndose por congruencia el principio normativo que delimita el contenido de las resoluciones judiciales que deben proferirse de acuerdo con el sentido y alcance de las peticiones formuladas por las partes, a fin de que exista identidad jurídica entre lo resuelto por el Juzgador, lo que no acontece en el presente caso. Que, en vista de las consideraciones y argumentos legales precedentes, este Tribunal de Alzada es de la firme convicción de que la sentencia que se conoce en el recurso de apelación NO se encuentra dictada conforme a los principios y fundamentos legales sobre la materia, por lo que en estricto derecho procede su reformatoria, únicamente en lo que se refiere al agregado anteriormente analizado. Que si bien la Constitución de la República no se refiere expresamente al principio de gratuidad en el acceso a la administración de justicia, pero se podría inferir que al establecer en el artículo 304 de la carta magna, "Corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado..." se encuentran incorporados los objetivos mismos de la Corte Suprema de Justicia, que persigue la labor de impartir justicia y de la realización del derecho a la igualdad contenida en el artículo 80 de la misma Constitución, en que toda persona tiene el derecho de presentar peticiones a las autoridades ya sea por motivos de interés particular o general y de obtener pronta respuesta en el plazo legal, como uno de los pilares esenciales del Estado Social de Derecho en la prestación responsable y eficiente de la justicia, a través de la cual es posible la materialización de un orden justo, caracterizado por la armonía y la paz, y sobre todo cuando se trata de una materia social, como lo es la laboral, donde quedan sometidas todas las controversias jurídicas que se originen en las relaciones entre patronos y trabajadores, a que se refiere el artículo 134 de la Constitución de la República, no es procedente una condena en costas. Que en vista de las consideraciones legales que anteceden, este Tribunal de Alzada es de la firme convicción que la sentencia definitiva que se conoce en vía de apelación no se encuentra dictada conforme a los lineamientos que franquean las leyes sobre la materia, por lo que en estricto derecho procede su reformatoria. 5. Mediante auto de fecha 29 de enero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora SAYDA DAMARIS ALONZO GARCÍA; y por la Abogada DORYS ZENAYDA NÚÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada una de las Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) A la apoderada demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) A la representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6. En fecha 18 de marzo del 2024, compareció ante este tribunal, la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora SAYDA DAMARIS ALONZO GARCÍA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria; en fecha 27 de mayo del 2024, la Abogada DORYS ZENAYDA NÚÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación; por lo que mediante providencias de fechas 18 de marzo y 15 de agosto del 2024, se tuvo por formalizados en tiempo los recursos de casación; omitiéndose el traslado, ordenando dar copia a la parte contraria para la contestación en forma común, por el término de diez días, el cual surtirá efecto en esta Secretaría, donde se mantendrán los autos a su disposición; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 19 de marzo del 2025, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de representante procesal de la señora SAYDA DAMARIS ALONZO GARCÍA; y por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada DORYS ZENAYDA NÚÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.Que conforme el requisito de exhaustividad y el principio de congruencia procesal, los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, en virtud que en el presente caso el Ad Quem, le falta claridad a la resolución emitida, ya que al reformar el fallo no es congruente en virtud que el A-quo no ordena el nombramiento por acuerdo, si no que tenga una relación de carácter permanente, estableciendo que se le aplican todos los derechos así como instituir la condena de su treceavo y catorceavo mes que por ley le corresponde con el reajuste salarial, debiendo ser clara y precisa al momento de determinar los derechos que condena al Patrono para que se hagan efectivos al momento de la ejecución de la sentencia. Que conforme el requisito de exhaustividad y el principio de congruencia procesal, los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, en virtud que en el presente caso el Ad Quem, le falta claridad a la resolución emitida, ya que al reformar el fallo no es congruente en virtud que el A-quo no ordena el nombramiento por acuerdo, si no que tenga una relación de carácter permanente, estableciendo que se le aplican todos los derechos así como instituir la condena de su treceavo y catorceavo mes que por ley le corresponde con el reajuste salarial, debiendo ser clara y precisa al momento de determinar los derechos que condena al Patrono para que se hagan efectivos al momento de la ejecución de la sentencia. VII. Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” IX. Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. X. Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual Con respecto al tema del presente conflicto, En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. - Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. XI. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XII. Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. XIII. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad, en el plazo de quince (15) días, por ser un juicio que ya ha sido de su conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;3, 8, 666 letra c) 726, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 y 701.3 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha 22 de junio del año 2023. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veintinueve de octubre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL513-23. FIRMA Y SELLO
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -