Sentencia CL-508-23 — Registro 19629
Resumen
Primera instancia declara con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la causa o motivo de la terminación unilateral de un contrato de trabajo, condena a pagar; segunda instancia declara con lugar el recurso, se revoca la sentencia, sin lugar la demanda laboral, absuelve de la acción deducida.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea ; y, c) formula alegatos propios de instancia...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 691 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, el Impetrante en su explicación no logra demostrar el error de hecho alegado e incurre en formular extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso, por lo que el recurso que antecede no puede prosperar...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 12 de marzo del 2024, por el Abogado MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del señor JOSE ARTURO GALVEZ, como recurrente; además, es parte recurrida, la Sociedad Mercantil AGRICOLA TORNABE S.A. DE C.V., representado en juicio por el Abogado NICOLAS GARCIA ZORTO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono justifique la causa o motivo de la terminación unilateral de un contrato de trabajo caso contrario se ordene el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato hasta que con sujeción a las normas del Código de Trabajo quede firme la sentencia condenatoria respectiva, pago de derechos adquiridos, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha 11 de febrero del 2016 por el señor JOSE ARTURO GALVEZ, mayor de edad, casado, hondureño, Perito Mercantil y con domicilio en la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, contra la Sociedad Mercantil AGRICOLA TORNABE S.A. DE C.V., propietaria del centro de trabajo denominado SAN ALEJO AMERICAN SCHOOL por medio de su Gerente General el señor DANNY ALFREDO GABRIE SALES. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 12 de octubre del 2023, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha 24 de febrero del 2023, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado HECTOR HORACIO NAVARRO BARAHONA, en su condición de Apoderado legal de la sociedad mercantil AGRICOLA TORNABE S.A.- SEGUNDO: Se revoca la sentencia pronunciada en fecha 24 de febrero de 2023 por el Juzgado de Letras del Trabajo de Tela Atlántida.- TERCERO: Se declara sin lugar la demanda laboral promovida por el señor JOSE ARTURO GALVEZ, cuyas pretensiones obran en la suma del escrito de demanda.- CUARTO: Se absuelve a la sociedad mercantil AGRICOLA TORNABE S.A., de la acción deducida por el señor JOSE ARTURO GALVEZ.- QUINTO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante, expreso en el escrito de su acción que, en fecha 02 de noviembre del año 1992, fue contratado verbalmente por la empresa demandada para prestar labores de transporte a docentes, desde la ciudad de Tela hasta el centro de trabajo San Alejo American School, ubicado en el sector de San Alejo, con una jornada de trabajo de lunes a viernes de 6:30 a.m. hasta las 3:00 pm, desempeñándose en el cargo de Motorista y ocasionalmente movilizando a los maestros a lugares aledaños, para realizar actividades educativas en la fábrica de aceite, o aldeas aledañas, devengando un salario de Lps.14,000.00 que promediado en los últimos seis meses totaliza la cantidad de Lps.16,333.33, con una condición cumplida de continuidad superior a los 200 días al año, es decir de naturaleza continua o permanente. Durante la vigencia de la relación laboral el empleador nunca le hizo efectivo los pagos en concepto de derechos adquiridos, cuyo monto asciende a L. 69,444.40, por lo que reclama el monto durante los últimos dos años, desglosados así: vacaciones L.19,444.40; aguinaldo L.25,000.00; decimocuarto mes L.25,000.00. Al inicio del periodo escolar en fecha 13 de agosto 2015, unilateralmente el empleador decidió dar por terminado su contrato sin invocación de causa. Desde el inicio de la relación laboral en fecha 02 de noviembre de 1992 el demandante ha venido siendo sometido a un régimen laboral determinando que en esencia lo que existe es un contrato de trabajo permanente y continuo, de conformidad al artículo 20, 24, 25, 47 y 53 del Código del Trabajo concurriendo los elementos esenciales de la relación laboral por lo siguiente: a) ha realizado una actividad de personal como empleado, es decir realizada por sí mismo; b) ha estado sometido a un régimen de subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono, recibiendo órdenes en cuanto al modo, tiempo y cantidad de trabajo, por medio de los directores de la escuela San Alejo American School y últimamente de la directora la señora Angela Ham cumpliendo una jornada y horario de trabajo impuesto por la patronal. c) ha venido recibiendo remuneración en dinero mediante cheques librados del Banco Occidente por el ex patrono a su nombre como retribución al servicio. Y en busca de resolver conciliatoriamente el asunto, se citó a la Inspectoría Regional y posteriormente a la Coordinación Regional del Trabajo de La Ceiba a la Sociedad demandada, y no ofreció arreglo conciliatorio alguno razón por la cual acudió a la instancia judicial en procura de justicia. 2.- La parte demandada, la Sociedad Mercantil denominada AGRICOLA TORNABE S.A de C.V., contestó dicha demanda señalando que, desde el día 2 de noviembre del 1992 la Sociedad demandada inició una relación de carácter comercial con la Empresa de transporte denominada Transporte Privado de Pasajeros "TAP", cuyo titular es el señor José Arturo Gálvez, pues así se identificó comercialmente; motivó el origen de la relación comercial el hecho que la demandada requería que se transportara personal docente de sus domicilios en la ciudad de Tela a las instalaciones de un centro escolar que se encuentra ubicado en San Alejo de la misma jurisdicción; de igual manera el transporte de ese personal a sus domicilios. Se pactó un precio mensual por prestar el servicio de transporte y al tiempo en que terminó de brindar ese servicio era de L. 15,000.00. Como proveedor del servicio de transporte la Empresa TAP cuyo titular como comerciante individual el señor José Arturo Gálvez, utilizaba sus propios vehículos y todos los medios que se requieren como ser combustible y demás. Durante el tiempo que la empresa brindó el servicio de transporte, utilizó varios conductores, entre ellos se pueden mencionar a los señores Alex Salinas y Jorge Alberto Ordoñez Gonzales, personal a su servicio. De igual manera al tiempo que la empresa proveía el servicio de transporte al personal docente de la escuela, y le brindaba el mismo servicio a padres de familia que requerían del transporte para sus hijos y eran éstos quienes le pagaban dicha actividad. Por lo tanto, les extendía el recibo de pago correspondiente, primero en la forma tradicional con el sello de Transportes TAP, pero por la disposición de la que en su momento se conoció como Dirección Ejecutiva de Ingresos, de que toda factura por pago de servicio debía ser debidamente autorizado por ella y la empresa de transporte extendió de allí en adelante que para el pago del servicio la boleta de venta debería estar con las directrices de dicha institución. Hay una declaración de que quien brinda esos servicios, el cual lo hace en forma independiente ya que las boletas de venta solo la utilizan quienes prestan servicios no subordinados. Extraña por tanto a la demandada, que el señor José Arturo Gálvez, le emplace a efecto que le pruebe causa justa para despedirlo y que como consecuencia de no probarlo se le condene al pago de prestaciones laborales, finalizo señalando la demandada en forma expresa que no le ha unido vínculo alguno de carácter laboral con el demandante; lo que no puede negar la demandada es que ha tenido una relación comercial con la empresa de transportes TAP, cuyo titular como comerciante es el demandante y que por ello le hacía pago en contraprestación de servicios de transportes. 3.- El Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha 24 de febrero del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: A) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA CAUSA O MOTIVO DE LA TERMINACION UNILATERAL DE UN CONTRATO DE TRABAJO promovida por el señor JOSE ARTURO GALVEZ, contra La Sociedad Mercantil AGRICOLA TORNABE S. A. de C.V. a través de su representante legal señor DANNY ALFREDO GABRIE SALES ambas partes de generales señaladas en el preámbulo de la sentencia .- B) SE CONDENA a la parte demandada a pagar al señor JOSE ARTURO GALVEZ la cantidad de VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L.29,166.68) por concepto de preaviso.- TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTITRES LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (320,833.48) por concepto de auxilio de Cesantía.- ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON CINCUENTINUEVE CENTAVOS (L.11,423.59) por concepto de auxilio de cesantía proporcional.- DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA CENTAVOS L.19,444.40) por concepto de vacaciones.- SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (L.7,617.34) por concepto de vacaciones proporcionales.- VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 25,000.00) por concepto de aguinaldo proporcional.- SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L.7,741.73) por concepto de aguinaldo proporcional.- VEINTICINCO MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.25,000.00) por concepto de décimo cuarto mes.- MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS (L.1,491.68) por concepto de décimo cuarto mes proporcional.- Y a titulo de Daños y Perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato escrito de trabajo hasta que la presente sentencia tenga el carácter de firme.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, el artículo 21 del Código de Trabajo dispone que por presunción la relación de trabajo personal está regida por un contrato de trabajo la cual por disposición del artículo 30 del mismo cuerpo legal citado de no celebrarse el contrato de trabajo por escrito fuera de los casos enumerados en el artículo 39 de la misma legislación citada (refiere a los contratos verbales), tal omisión es imputable al patrono, o si además de ello, se omiten los requisitos esenciales del mismo, circunstancia que es el caso que nos ocupa, en vista de no haberse presentado por escrito por parte del patrono ahora demandado el contrato individual de trabajo celebrado con el señor Arturo Gálvez mismo que fue solicitado que se exhibiera al momento de realizarse el reconocimiento judicial solicitado por la parte demandante. Que el artículo 117 del Código de Trabajo expresa que toda terminación de contrato para que surta efectos deberá ser comunicada por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, exponiendo con claridad los motivos por los cuales termina la misma, no pudiendo alegar válidamente causales o motivos distintos, para evitar sorpresas y no vulnerar el derecho de defensa que le asiste a toda persona natural o jurídica aun en asuntos laborales como es el caso de examen. En el caso de mérito y bajo la fundamentación jurídica arriba descredita considera este juzgador que en la presente causa si se han acreditado los tres elementos esenciales para que pueda existir una relación de trabajo como ser: a) la actividad personal del trabajador es decir realizada por sí mismo, este elemento se acredito abundantemente con las diferentes pruebas: Prueba testifical del demandante como del demandado, los propios interrogatorios de parte y la prueba documental.- b) la continuada subordinación del trabajador respecto al patrono que faculta a este para exigir el cumplimiento de ordenes en cualquier momento modo tiempo o cantidad de trabajo. Este elemento se acredito con la prueba documental en la cual se puede observar que la directora de la Escuela Tela American San Alejo instruía al demandante para realizar la actividad el tiempo, los horarios con imposición de reglas refiriendo la persona que expedía dicho documento que era la jefa inmediata del trabajador y por ultimo.- c) el salario como retribución del servicio este elemento queda acreditado con los interrogatorios de parte especialmente donde el señor Danny Alfredo Gabrie Sales indico que la empresa en la cual es el gerente le pagaba al señor José Arturo Gálvez por la movilización o transporte de los maestros de la escuela, también quedó acreditado este elemento con la prueba documental de la parte demandada y el mismo reconocimiento judicial de este donde se encontraron elementos que acreditan que la empresa emitía cheques a favor del señor José Arturo Gálvez por la prestación del servicio de movilización de maestros. En ese sentido al haber encontrado este suscrito mediante toda la prueba en el presente proceso los elementos necesarios para que exista un contrato de trabajo se debe declarar que si existió una relación laboral entre el demandante y la empresa demandada y aunque no se haya exhibido algún contrato por escrito entre estos ya la norma laboral indica que esta es una imputación al patrono y que por lo tanto al haber un fraccionamiento de la relación laboral en la cual no se le haya restituido sus derechos que le corresponden este tenga la oportunidad de recurrir a los juzgados y tribunales para que sea mediante sentencia judicial que se declaren los mismos a su favor, de igual manera se acredito que fue mediante una declaración verbal de la que era directora en ese entonces de la Escuela Tela American San Alejo fue la que corto la relación entre esta y el trabajador. Con respecto a la solicitud de costas formuladas por la parte demandante, el suscrito considera lo siguiente: Que el principio de gratuidad de la justicia aplicado a la actuación en los casos de materia laboral, comprenderá el uso de papel común, no dará lugar a impuesto de timbre, ni derechos de secretaria, y los expedientes, despachos, exhortos y demás actuaciones cursaran libres de porte por los correos nacionales; cómo se puede apreciar este principio se refiere al adelantamiento del procedimiento sin erogaciones o gravámenes que serían contrarias a la naturaleza de este proceso y al fácil acceso a la justicia, sin embargo el artículo 219.1 del Código Procesal Civil, esta es aplicable en los procesos civiles separando los procesos laborales de su ámbito de aplicación, que como ya se dijo, priva la gratuidad de la justicia. En el presente caso no se observó que las parte demandante y demandada hayan actuado con notoria falta de derecho, temeridad o abuso procesal que dé lugar a la imposición de costas. En virtud de lo anteriormente expuesto no procede la condena en costas solicitada. Que con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes, formando libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente declarar Con Lugar la demanda de mérito. 4.- La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 12 de octubre del 2023, dicto sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar con lugar el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado HECTOR HORACIO NAVARRO BARAHONA, en su condición de Apoderado legal de la sociedad mercantil AGRICOLA TORNABE S.A.- SEGUNDO: Se revoca la sentencia pronunciada en fecha 24 de febrero de 2023 por el Juzgado de Letras del Trabajo de Tela Atlántida.- TERCERO: Se declara sin lugar la demanda laboral promovida por el señor JOSE ARTURO GALVEZ, cuyas pretensiones obran en la suma del escrito de demanda.- CUARTO: Se absuelve a la sociedad mercantil AGRICOLA TORNABE S.A., de la acción deducida por el señor JOSE ARTURO GALVEZ.- QUINTO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, de conformidad al Código del Trabajo en su artículo 116 se desprende la posibilidad de que el despido, en el caso de los contratos verbales pueda ser de carácter verbal, siempre y cuando se haga ante dos testigos, mencionando la causa o motivo que lo orilla a tomar esa determinación, ya que posteriormente no podrá alegar otra causa o motivo de forma válida. Es decir que lo idóneo es que el despido sea por escrito estableciendo en ella la causa o motivo que el empleador toma como sustento de la terminación del contrato de trabajo por la vía del despido sin responsabilidad a fin de que en un futuro proceso judicial acredite dicha causa o motivo, sin embargo a pesar de que es probable legalmente tomar dicha decisión de manera verbal en aquellos contratos celebrados de forma también verbal, debe el patrono sujetarse a una serie de requisitos que debido a lo intempestivo del momento no cumple como ser ante dos testigos y fijando de forma clara la causa o motivo a fin de aquellos en el futuro juicio por reclamo de despido ilegal o injusto puedan dar fe de que la causa ha sido dada en el momento del despido y que es la misma que se está discutiendo en dicho proceso. Por lo que no se descarta la posibilidad legal de que el despido pueda ser de forma verbal, siempre y cuando se cumplan los requisitos mencionados, claro que ya de por si ese tipo de despidos resulta casi siempre en una gran ventaja para el trabajador, pues casi siempre se incumple con aquellas exigencias. En ese sentido es importante mencionar que la lógica juega un papel preponderante en toda actividad humana, y nuestra actividad intelectual de aplicar la ley al caso concreto no escapa de esa premisa. Es así que en el presente caso en el cual el demandado en su contestación de demanda ha expuesto que la relación que el demandante tenía con la parte demandante no era de índole laboral sino que era una actividad de carácter mercantil, lo lógico es que primero en la sentencia se determine tal situación analizando cada uno de los elementos facticos que las partes a través de los medios de prueba han hecho llegar al Juzgador que le convenzan que la relación entre las partes era o de carácter laboral o de carácter mercantil, y solo una vez que la misma se ha establecido que la relación era de índole laboral determinar la existencia del despido verbal ocurrido en fecha 13 de agosto de 2015, al inicio del año escolar que aduce el demandante que fue realizado sin establecer causa alguna. En ese aspecto cuestiona la valoración de la prueba del juzgador al mencionar que hace una relación del medio de prueba de reconocimiento judicial al establecer: "... En definitiva, la empresa Agrotor, no tiene ningún documento que pueda eslabonar si efectivamente el señor José Arturo Gálvez, perteneció a la misma en condición de trabajador, en ningún documento reconocido se pudo constatar tales extremos, es decir si no aparece un expediente personal del trabajador lógicamente no se encontrara documentos accesorios como ser planillas de pago, o algún otro para poder determinar una relación laboral". Estableciendo el apelante que dicho razonamiento no le produjo al Juez el convencimiento que el señor Gálvez fuese un trabajador de su representada. En ese aspecto comparte este Tribunal que en efecto la valoración de dicho medio de prueba por parte del a-quo lo es en un sentido que el señor Gálvez, al no aparecer en la documentación objeto del Reconocimiento Judicial, pueda ser un trabajador de la empresa demandada, y que por tal hecho tampoco aparecía documentos accesorios como ser planillas de pago, o algún otro para poder determinar una relación laboral. Es decir que dicha valoración va encaminada a que el señor Gálvez no era un trabajador de la empresa demandada. Con ese razonamiento se puede colegir entonces que el a-quo ha resuelto el primer elemento que de forma lógica debió haber establecido, si el demandante era o no trabajador de la empresa demandada, y como ya se expresó con tal razonamiento ha dejado la impresión sin lugar a dudas de que no era un trabajador de la empresa demandada. En ese orden de ideas expuestas por el apelante con respecto a la subordinación como elemento esencial de la relación de trabajo, de los tres elementos que lo integran dos de ellas son comunes a todas las formas contractuales, tanto de índole civil, comercial e inclusive administrativo (prestar un servicio y recibir una remuneración), en cambio el elemento Subordinación tiene sus particularidades propias en cada materia que es importante referirse a ellas para conocer si estamos ante la presencia de una relación de índole laboral o en su defecto de otra materia, pues la misma no puede ni debe analizarse de forma automática con dar órdenes. Es así que para la materia laboral la subordinación, tal como así lo expresa el artículo 20 del Código del Trabajo debe ser continua y en todo momento facultando al patrono o empleador para imponerle al trabajador no solo ordenes, sino también reglamentos, y aplicándose sanciones de índole disciplinario, tanto de carácter económico (multas, suspensiones del contrato de trabajo), morales (llamados de atención, verbal o por escrito), como de índole sancionatorio disciplinario grave ( despidos), aspectos que son ajenos a otras materias, a excepción de las de carácter económico que por incumplimiento tardío o de forma y calidad se aplican multas en contratación civil, administrativo o mercantil. Como se podrá apreciar el Juez de instancia, no ha realizado una distinción o un análisis que determine que aquella subordinación que a su criterio surge de las instrucciones que se le dieron al demandante surge una subordinación propia de los contratos de trabajo, o de un contrato de prestación de servicios, en el presente caso como lo arguye la parte demandada de servicios de transporte. Siendo a criterio de este Tribunal una subordinación de ese tipo, especialmente de coordinación de actividades y horarios, como proceso necesario para desarrollar la actividad contratada (servicio de transporte), en el sentido que resulta ineludible que el contratante le indique el horario y lugar en que el personal a trasladar se encontraran, para que el contratista pueda cumplir con su obligación correlativa de traslado de dicho personal, al lugar y hora que el contratante lo requiera, sin que tal indicación haga presumir una subordinación de índole laboral, porque para que sea la subordinación de índole laboral se requiere que esas instrucciones sean de carácter continua no accidental. La coordinación de actividades y horarios no implica que necesariamente exista subordinación, pues es un proceso necesario para desarrollar la actividad contratada. En el contrato de prestación de servicios puede y debe existir coordinación entre el contratante y el contratista, sin que por ello se deba presumir subordinación, siempre que la coordinación no excede sus límites naturales para convertirse en imposición y subordinación, elementos que no se aprecian en autos. Es por ello que el contrato de prestación de servicios (en este caso el de transporte) se caracteriza por la independencia o autonomía que tiene el contratista para ejecutar la labor convenida con el contratante, lo que lo exime de recibir órdenes para el desarrollo de sus actividades; no obstante, este tipo de vinculación no está vedado de una adecuada coordinación en la que se puedan fijar horarios, solicitar informes e incluso establecer medidas de supervisión o vigilancia sobre esas mismas obligaciones. De otra parte, también es menester señalar que es cierto que en nuestro sistema legal respecto de las relaciones laborales del sector privado, sobresale la existencia de un horario de trabajo, así como el lugar donde se debe llevar a cabo el cumplimiento de la actividad ( prestación del servicio), es un elemento indicativo de la presencia de subordinación, pero no necesariamente unívoco, concluyente y determinante, ya que tanto la fijación del tiempo como el lugar donde se desarrollara la actividad de quien presta el servicio puede darse en otro tipo de relaciones jurídicas, sin que por ello se entiendan forzosamente signadas por la subordinación laboral. De lo anterior resulta que el análisis que ha hecho el a-quo respecto del elemento de la Subordinación se ha quedado corto, no recogiendo la totalidad de los elementos aquí expuestos, y que al realizarlos este Tribunal no cabe duda alguna que la relación que unía a las partes era de índole mercantil, y no laboral. 5.- Mediante auto de fecha 24 de enero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del señor JOSE ARTURO GALVEZ, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 12 de marzo del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del señor JOSE ARTURO GALVEZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 18 de marzo 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de julio del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado NICOLAS GARCÍA ZORTO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLAFRANCA, en su primer motivo de casación alega: “ Acuso ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, en infracción indirecta proveniente de la errónea apreciación de los medios de prueba que a continuación de singularizan, en relación con las demás pruebas en su conjunto que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que la llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 129 de La Constitución de la República, 110 y 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero literal a) del Código del Trabajo en relación con el artículo 21, 25, 30, 36 párrafos primero y segundo, 41 y 205 todos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el numeral 1°, párrafo Segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA: Esta clase de yerro debe estar vinculada a la existencia de determinadas pruebas en el proceso, y se presenta en los supuestos siguientes: a) Cuando el Juez da por demostrado un hecho sin existir en autos la prueba de él y B) CUANDO NO SE DA POR ACREDITADO UN HECHO A PESAR DE EXISTIR EN EL PROCESO LA PRUEBA IDÓNEA DE ÉL. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están comprendidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: 1) Medio de prueba número uno denominado Inspección Personal o Reconocimiento Judicial en el expediente personal, planillas, contrato individual de trabajo, literales A, B, b1, b2, b3, C, propuesto por la parte demandante a folios 28 vuelto admitido y evacuado a folios 74 frente de la pieza primera; 2) Medio de Prueba Reconocimiento Judicial literales a,) b), c) d) propuesto por la demandada a folios 30 frente y evacuado a folio 74 frente y vuelto pieza primera; 3) Medio de prueba número tres, denominado documental literal a), consistente en la nota escrita dirigida al trabajador demandante y suscrita par las directoras del centro de trabajo la Escuela San Alejo American School Ms Darla Costly y Ms Angela Ham de fechas 8 y 10 de junio de 2015, 17 de diciembre, 10 de noviembre, 9 de septiembre, 28 y 21 de agosto todas del año 2014, propuesto por el demandante a folios 29 frente y evacuados a folios 42, 43, 44, 45, 46, 47 y 48 pieza primera; 4) Medio de prueba denominado documentos privados, propuestos por la patronal a folios 29 vuelto, y evacuados a folios 49 y 50 todos de la primera pieza; 5) Medio de Prueba Interrogatorio de Parte del demandante JOSE ARTURO GALVEZ, propuesto por la empresa demandada a folios 29 vuelto y evacuada a folios 72 frente y vuelto de la pieza primera; 6) Medio de prueba número cuatro denominado Confesional o supletoriamente denominado Interrogatorio de Parte de DANNY GABRIE SALES, gerente general de la empresa demandada propuesto por la parte demandante a folios 29 frente y evacuado a folios 71 frente todos de la pieza primera. LA VIOLACION PASO EXPLICARLA ASI: La Corte sentenciadora al revocar el fallo pronunciado par el Juzgador de primera instancia, en forma manifiesta incurre en error de hecho al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente, admitidos a las partes y evacuados en su oportunidad en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto el juzgador no está sujeto a la tarifa legal probatoria, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal como está normado en el artículo 738 del Código del Trabajo, esta disposición no impide de manera alguna que el tribunal se coloque en una posición profunda de análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de la prueba en su conjunto en forma acertada y completa.- En el caso que nos ocupa, de haberse apreciado correctamente por parte del tribunal recurrido los medios de prueba señalados, sin duda alguna se hubiera dado por establecida la existencia de la relación laboral entre el demandante y la empresa demandada, en los términos indicados en el escrito de demanda, es decir desde el 02 de noviembre de 1992 por más de veinte años continuos en el puesto de Motorista, y su finalización el diecisiete de agosto de 2015, extremos acreditados con las medios de prueba señalados como erróneamente apreciados en relación en conjunto con el resto del material probatorio, que desdicen la existencia de una relación comercial, al operar en favor del demandante la presunción legal contenida en el artículo 21, 30, 36 y 41 del Código del Trabajo, relación de trabajo que debió reconocer la sentencia recurrida, sin embargo estos medio, de prueba fueron erróneamente apreciados por el Juzgador de segunda instancia cuando aduce “,…En ese aspecto comparte este Tribunal que en efecto la valoración de dicho medio de prueba por parte del a-quo lo es en un sentido que el señor GALVEZ, al no aparecer en la documentación objeto del reconocimiento judicial, pueda ser un trabajador de la empresa demandada, y que para tal hecho tampoco aparecía documentos accesorios como ser planillas de pago, algún otro para poder determinar una relación laboral.- Es decir que dicha valoración va encaminada a que el señor Gálvez no era un empleado de la empresa demandada.- Con ese razonamiento se puede colegir entonces que el a-quo ha resuelto el primer elemento que de forma lógica debió haber establecido, si el demandante era o no trabajador de la empresa demandada, y como ya se expresó con tal razonamiento ha dejado la impresión sin lugar a dudas de que no era un trabajador de la empresa demandada"(véase folio 47 frente parte media de la segunda pieza); asimismo la Corte recurrida, no da por demostrado un hecho (la relación laboral)a pesar de existir en el proceso la prueba idónea, cuando afirma que: "Al analizar en su contexto ambas preguntas formuladas par el apoderado de la parte demandante, así como las respuestas dadas a ellas por el demandante, se puede colegir muy claramente que al mencionar la supuesta existencia (no se acredito nunca) un supuesto contrato de trabajo par escrito, y al no tener copia de dicho contrato el trabajador, ni mucho menos el demandado es obvio entonces suponer que se trata de un posible contrato de manera verbal” (véase parte introductoria del folio 46 vuelto de pieza segunda) y de esa manera haciéndole decir a la prueba lo que la prueba no dice, pues la evidencia demostrada en juicio prueba la existencia desde el 02 de noviembre de 1992 entre el demandante motorista y la empresa demandada de una verdadera relación de trabajo personal, subordinada y remunerada, para la realización de actividades de transporte de pasajeros, en beneficio de la empresa demandada, en la que deben entenderse incluidos, por lo menos, los derechos y las garantías que otorguen a los trabajadores la Constitución de la República, el Código del Trabajo, reglamentos y las demás leyes de trabajo o de previsión social, existencia negada en la sentencia recurrida por el ostensible error de hecho que lo hace entrar en pugna con aquella, así resulta evidente la apreciación errónea de la prueba denunciada y el craso error judicial que llevo en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación de las normas sustantivas señaladas como violadas, al negar al demandante su condición de trabajador subordinado y como consecuencia de ello sus indemnizaciones laborales, por lo que demostrado el evidente error de hecho es procedente la prosperidad del cargo. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea ; y, c) formula alegatos propios de instancia. IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, en infracción indirecta proveniente de la errónea apreciación de los medios de prueba que a continuación de singularizan, en relación con las demás pruebas en su conjunto que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que la llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 129 de La Constitución de la República, 110 y 113 párrafo primero interpretado y párrafo tercero literal a) Código del Trabajo en relación con el artículo 4 interpretado, 20 párrafo primero literal a); b); y c) y su párrafo último todos del Código del Trabajo. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: 1) Medio de prueba número uno denominado Inspección Personal o Reconocimiento Judicial en el expediente personal, planillas, contrato individual de trabajo, literales A, B, b1, b2, b3, C, propuesto por la parte demandante a folios 28 vuelto admitido y evacuado a folios 74 frente de la pieza primera; 2) Medio de Prueba Reconocimiento Judicial literales a,) b), c) b) propuesto por la demandada a folios 30 frente y evacuado a folio 74 frente y vuelto pieza primera;3) Medio de prueba número tres, denominado documental literal a), consistente en la nota escrita dirigida al trabajador demandante y suscrita por las directoras del centro de trabajo la Escuela San Alejo American School Ms. Darla Costly y Ms Angela Ham de fechas 8 y 10 de junio de 2015, 17 de diciembre, 10 de noviembre, 9 de septiembre, 28 y 21 de agosto todas del año 2014, propuesto por el demandante a folios 29 frente y evacuados a folios 42,43,44,45,46,47 y 48 pieza primera; 4) Medio de prueba denominado documentos privados, propuestos por la patronal a folios 29 vuelto, y evacuados a folios 49 y 50 todos de la primera pieza; 5) Medio de Prueba Interrogatorio de Parte del demandante JOSE ARTURO GALVEZ, propuesto por la empresa demandada folios 29 vuelto y evacuada a folios 72 frente y vuelto de la pieza primera; 6) Medio de prueba número cuatro denominado Confesional o supletoriamente denominado Interrogatorio de Parte de DANNY GABRIE SALES, gerente general de la empresa demandada propuesto por la parte demandante a folios 29 frente y evacuado a folios 71 frente todos de la pieza primera PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el numeral 1°, párrafo Segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. DOCTRINA: Esta clase de yerro debe estar vinculada a la existencia de determinadas pruebas en el proceso, y se presenta en los supuestos siguientes: a) CUANDO EL JUEZ DA POR DEMOSTRADO UN HECHO SIN EXISTIR EN AUTOS LA PRUEBA DE ÉL y B) cuando no se da por acreditado un hecho a pesar de existir en el proceso la prueba idónea de él. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están comprendidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO EXPLICARLA ASI: La Corte sentenciadora al revocar el fallo pronunciado por el Juzgador de primera instancia, en forma manifiesta incurre en error de hecho al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente, admitidos a las partes y evacuados en su oportunidad en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto el juzgador no está sujeto a la tarifa legal probatoria, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal como está normado en el artículo 738 del Código del Trabajo, esta disposición no impide de manera alguna que el tribunal se coloque en una posición profunda de análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de la prueba en su conjunto en forma acertada y completa.- En el caso que nos ocupa, de haberse apreciado por parte del tribunal recurrido correctamente los medios de prueba señalados en conjunto con el resto del material probatorio, sin duda alguna se hubiera dado por establecida la existencia de la relación laboral en los términos indicados en el escrito de demanda desde el 02 de noviembre de 1992 en el puesto de Motorista, su finalización el diecisiete de agosto de 2015, y la condición de trabajador del demandante, definida en el artículo 4 interpretado, 20 párrafo primero literal a); b); y c) y su párrafo último todos del Código del Trabajo, es decir, personal, subordinada y remunerada entre el demandante y la empresa demandada, extremos acreditados con los medios de prueba señalados como erróneamente apreciados, que demuestran la existencia de una relación laboral que debió reconocer la sentencia recurrida, sin embargo estos medio de prueba fueron erróneamente apreciados por el Juzgador de segunda instancia cuando aduce “…con respecto a la subordinación como elemento esencial de la relación de trabajo, de los tres elementos que lo integran dos de ellas son comunes a todas las formas contractuales, tanto de índole civil, comercial e inclusive administrativo (prestar un servicio y recibir una remuneración), en cambio el elemento SUBORDINACIÓN tiene sus particulares propias de cada materia que es importante referirse a ellas para conocer si estamos ante la presencia de una relación de índole laboral o en su defecto de otra materia, pues la misma no puede ni debe analizarse de forma automática con DAR ÓRDENES……(véase inicio del folio 47 vuelto pieza segunda)……….En otras palabras, para entender a profundidad la subordinación que corresponde al área laboral y así distinguirla de las demás categorías, es preciso tener presente que la subordinación laboral implica la facultad que tiene el empleador de dar órdenes e instrucciones al trabajador y la facultad de imponer sanciones disciplinarias al trabajador que la incumple. (véase parte media del folio 47 vuelto pieza segunda)…………… a diferencia de la subordinación que también existe en los otros tipos de contrato, ya sea civiles, mercantiles y administrativos en los cuales la subordinación es mas de coordinación Vigilancia………(véase parte media del folio 47, vuelto pieza segunda)……Como se podrá apreciar el Juez de Instancia, no ha realizado una distinción o un análisis que determine que aquella subordinación que a su criterio surge de las instrucciones que se le dieron al demandante surge una subordinación propia de los contratos de trabajo, o de un contrato de servicios, en el presente caso como lo arguye la parte demandada de servicios de transporte…(véase parte final del folio 47 vuelto segunda pieza)… Siendo a criterio de este tribunal una subordinación de este tipo, especialmente de coordinación de actividades y horarios, como proceso necesario para desarrollar la actividad contratada (servicio de transporte) (véase folio 47 vuelto parte final y folio 48 frente parte inicial de la segunda pieza)…De lo anterior resulta que el análisis que ha hecho el a-quo respecto del elemento de la subordinación se ha quedado corto, no recogiendo la totalidad de los elementos aquí expuestos, y que al realizarlos este tribunal no cabe duda alguna que la relación que unía a las partes era de índole mercantil, y no laboral.”(véase folio 48 frente parte final de la pieza segunda) y de esa manera la Corte Sentenciadora, si bien concluye en la existencia de una subordinación, descarta el carácter de subordinación laboral de los servicios prestados, olvidando que para los fines de la protección de los trabajadores vinculados por una relación de trabajo, su existencia, debe de determinarse, de acuerdo con los hechos relativos a la ejecución del trabajo y la remuneración del trabajador, sin perjuicio de la manera en que se caracterice la relación en cualquier arreglo convenido por las partes, es decir analizando los hechos a la luz de los principios protectorio y de la primacía de la realidad, ya que en materia de reconocimiento de derechos se debe estar a la condición más favorable, todo en aplicación del principio pro-homine y protectorio, no obstante la Corte, al realizar una errada apreciación de la prueba denunciada aplica en su sentencia recurrida razonamientos restrictivos que limitan el derecho a determinar la existencia de la relación o contrato de trabajo, haciéndole decir a la prueba lo que la prueba no dice, pues, decir que para la existencia del contrato de trabajo de transporte es necesaria la subordinación, pero no la definida por el artículo 20 literal b) del Código del Trabajo, sino una muy especial que la Corte denomina Coordinación que no está contemplada en la definición legal, no es aclararla situación jurídica del trabajador demandante, sino complicar el litigio por la discusión de una subordinación que no corresponde al concepto del legislador, el cual ha dicho expresamente que, reunidos determinados requisitos, existe contrato de trabajo, sin que se haya referido el legislador en manera alguna a una definición complicada de subordinación laboral, conclusión a la que debió de arribar la Corte recurrida; así resulta evidente la apreciación errónea de la prueba denunciada y el craso error judicial que la llevo en forma indirecta a la violación de las normas sustantivas señaladas como violadas, al negarle al demandante su condición de trabajador subordinado y como consecuencia de ello sus indemnizaciones laborales, por lo que demostrado el evidente error de hecho es procedente la prosperidad del cargo. Es de hacer notar que la disposición Constitucional que se invoca como infringida en estos dos motivos de Casación, es porque el aspecto que regula la hace descender a la categoría de norma sustantiva por excepción, por cuanto en un principio general establecido que las normas Constitucionales son inviolables para los efectos de casación, a menos que como en el presente caso, ostenten las características anteriormente señaladas”. V.- Que el error de hecho, implica conclusiones ostensiblemente contrarias a lo establecido en el juicio, ya sea por falta de apreciación de la prueba o por defectuosa apreciación de la misma, es decir, en los casos en que el juzgador incurra en una manifiesta y evidente equivocación; es importante también señalar, que en los juicios del trabajo los juzgadores gozan de autonomía en la apreciación de las pruebas y que no puede acusarse válidamente en casación esa estimación sino por haberse incurrido con ella en un error de hecho que aparezca de modo evidente, manifiesto e incontrovertible de acuerdo con las constancias procesales, en forma que se dé por establecido un hecho que no lo está o, al contrario, se considere como existente uno que sí está suficientemente acreditado en el juicio. Analizado el caso que nos ocupa, el Impetrante en su explicación no logra demostrar el error de hecho alegado e incurre en formular extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso, por lo que el recurso que antecede no puede prosperar. VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del dos mil veinticinco. FIRMA Y SELLO.
RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO,
RECEPTORA ADSCRITA.