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Sentencia CL-495-23 — Registro 19908

Resumen

Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que fundo el despido directo, caso contrario se condene al demandado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido injusto y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, pago de reajuste de salario mínimo e indemnización por falta de pago de salario mínimo conforme al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los siguientes defectos técnicos: a) en la formulación se indica como infringido el artículo “…113 párrafo primero del Código del Trabajo…” pero, el caso es que, el ad quem al confirmar y revocar parcialmente el fallo de primera instancia da por acreditados los hechos expuestos (salvo en el caso del trabajador Israel Diaz Reyes, excepción de pago), por la parte actora, declarando con lugar las pretensiones de los demandantes por el despido injusto e ilegal de que fueron objeto conforme a la libre formación de su convencimiento; en consecuencia la disposición señalada como infringida resulta inadecuada, ya que no se ha demostrado la incidencia de la misma en un resultado diferente al fallo impugnado; b) se alega el concepto de infracción indirecta, pero en la explicación, se alude a que el juzgador de instancia “…no aplicar la norma que corresponde lo que se dejó acreditado con las probanzas ya singularizadas…” expresión que obedece a otra modalidad de violación la ley sustantiva que es la infracción directa, lo cual vuelve el cargo carente de claridad y precisión; c) se omite el precepto autorizante; d) en el desarrollo se alude al Artículo 8 y 114 del Código del Trabajo, que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación volviendo el cargo confuso; e) se menciona que en “…el caso de autos, el tribunal recurrido en una clara apreciación errónea de las pruebas ya singularizadas que tuvo por estimada en la Excepción Perentoria de Pago opuesta por la Demandada y que es totalmente improcedente quedando claramente evidenciada LA INFRACCIÓN INDIRECTA…”, haciendo alusión a la prescripción sin haber señalado en la formulación la violación de una norma que regula esta institución jurídica, lo que vuelve el cargo igualmente carente de claridad y precisión; y, f) se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario a razón de lo establecido en el artículo 770 del Código artículo de Trabajo. IV.- Por lo expuesto, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez (10) dias del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 14 de marzo del 2024, por la Abogada MARIANN ANDREA MACHADO PINEL, en su condición de representante procesal de representante procesal de los señores ADELA AMAYA SANTOS, CORITZA CRUZ, HILDA WALESKA CUEVA VILLALOBOS, ISRRAEL DIAZ REYES, JUAN PADILLA GARCIA, SUANI IBETH MALDONADO HERNANDEZ y WENDY YAMILETH FIGUEROA CEVEDA, como recurrente; además, es parte recurrida, la ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE, representada en juicio por el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que fundo el despido directo, caso contrario se condene al demandado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido injusto y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, pago de reajuste de salario mínimo e indemnización por falta de pago de salario mínimo conforme al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, en fecha 03 de mayo del 2022, por el Abogado ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS, como representante procesal de los señores ADELA AMAYA SANTOS, soltera, Bachiller Técnico; CORITZA CRUZ, casada, Ama de Casa; HILDA WALESKA CUEVA VILLALOBOS, soltera, Licenciada en Español; ISRRAEL DIAZ REYES, casado, Comerciante; JOLMHAN LAZO CALDERON, soltero, Albañil; JUAN PADILLA GARCIA, casado, Labrador; MARTHA LIDIA GONZALES LOPEZ, soltera, Oficios Domésticos; MARVIN OMAR SANTOS HERNANDEZ, soltero, Jornalero; SUANI IBETH MALDONADO HERNANDEZ, soltera, Maestra de Educación Primaria y WENDY YAMILETH FIGUEROA CEVEDA, casada, Ama de Casa, todos mayores de edad, hondureños, y con domicilio en el Municipio de Aramecina, Departamento de Valle, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE, por medio de su Alcalde Municipal el señor RONY NICOLAS FUNEZ CRUZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 25 de julio del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, misma que en su parte conducente dice: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la parte demandada, contra la SENTENCIA DEFINITIVA, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, departamento de Valle y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha tres (3) de Marzo del año dos mil veintitrés (2023), en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE FUNDO EL DESPIDO DIRECTO, CASO CONTRARIO SE CONDENE AL DEMANDADO AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO INJUSTO Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES QUEDE FIRME LA RESPECTIVA SENTENCIA CONDENATORIA. PAGO DE REAJUSTE DE SALARIO MÍNIMO E INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE SALARIO MÍNIMO, COSTAS DEL JUICIO. SE ACREDITA REPRESENTACIÓN PROCESAL. ANEXOS., promovida por el Abogado ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS, en su condición de representante procesal de: 1) ADELA AMAYA SANTOS, 2) CORITZA CRUZ, 3) HILDA WALESKA CUEVA VILLALOBOS; 4) ISRRAEL DIAZ REYES; 5) JOLMHAN LAZO CALDERÓN, 6) JUAN PADILLA GARCIA, 7) MARTHA LIDIA GONZALES LOPEZ, 8) MARVIN OMAR SANTOS HERNANDEZ, 9) SUANI IBETH MALDONADO HERNANDEZ, 10) WENDY YAMILETH FIGUEROA CEVEDA, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE, a través de su representante legal, el señor Alcalde Municipal RONY NICOLAS FUNEZ CRUZ. SEGUNDO: SE REVOCA PARCIALMENTE, la sentencia definitiva recurrida, en el sentido de que se ESTIMA la excepción perentoria de pago, opuesto contra ISRRAEL DIAZ REYES, por haber sido satisfecho el pago de sus derechos ante autoridad competente. TERCERO: En consecuencia, SE EXCLUYE DE LA CONDENA, al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales del señor ISRRAEL DIAZ REYES. CUARTO: En lo demás se CONFIRMAR LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA.- QUINTO: SIN COSTAS, en esta instancia”.ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que fueron empleados de la Alcaldía Municipal de Aramecina, Valle, de la manera siguiente: Adela Amaya Santos inició en fecha 01 de febrero del año 2021, desempeñándose en el Departamento de Unidad de Medio Ambiente (UMA) Catastro Municipal, con un salario mensual de L. 7,000.00 desde la fecha en que inició a laborar para la demandada; Coritza Cruz inició en fecha 01 de febrero del año 2020, desempeñándose en el cargo de Aseadora, con un salario mensual de L. 5,000.00, desde la fecha en que inició a trabajar para la demandada; Hilda Waleska Cueva Villalobos inició en fecha 19 de febrero del 2018, desempeñándose en el cargo de Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, con un salario mensual de L. 6,000.00, durante sus últimos dos años de trabajo para la demandada; Isrrael Diaz Reyes inició en fecha 01 de febrero del año 2021, desempeñándose en el cargo de Guardia, con una jornada laboral de 6:00 p.m. – 6:00 a.m. de lunes a domingos, es decir sin gozar de un día de descanso y con una jornada laboral que excedía la jornada máxima legal establecida en el Código de Trabajo y con un salario mensual de L. 5,000.00 desde la fecha en que inició a laborar para la demandada; Jolmhan Lazo Calderón inició en fecha 01 de enero del año 2020, desempeñándose en el cargo de Aseador, con una jornada establecida de 5:30 a.m. – 12:00 del mediodía, de lunes a domingo es decir sin contar con su respectivo día de descanso y con un salario mensual de L. 2,500.00, desde la fecha en que ingreso a trabajar para la demandada; Juan Padilla García inició en fecha 01 de noviembre del año 2020, desempeñándose en el cargo de Aseador del Cementerio, con un salario mensual de L. 4,000.00 desde la fecha en que inició a trabajar para la demandada; Martha Lidia Gonzales López inició en fecha 26 de enero del 2018, desempeñándose en el cargo de Aseadora del Parque, con un salario mensual de L. 5,000.00 durante sus últimos dos años de trabajo; Marvin Omar Santos Hernandez inició en fecha 01 de febrero del 2018, desempeñándose en el cargo de Mantenimiento de Aseo en la Alcaldía, con un salario mensual de L. 6,000.00 durante sus últimos dos años de trabajo al servicio de la demandada; Suani Ibeth Maldonado Hernandez, inició en fecha 04 de febrero del 2020, desempeñándose en el cargo de Promotora del Programa Educatodo, con un salario mensual de L. 5,000.00 desde la fecha de inicio de la relación de trabajo con la demandada; Wendy Yamileth Figueroa Ceveda: inició 01 de febrero del 2020, desempeñándose en el cargo de Conserje, con un salario mensual de L. 4,000.00 desde la fecha en que inició a trabajar para la demandada. Los empleados siempre se caracterizaron por cumplir a cabalidad con sus deberes y obligaciones, denotando en todo momento la diligencia y capacidad requerida para el desempeño de sus labores habituales, pese al buen desempeño, el señor Alcalde Municipal tomó la determinación unilateral de dar por terminada la relación de trabajo, notificando tal acción en fecha 1 de febrero del 2022; la notificación de termino laboral como la denominó la parte patronal, claramente es un acto alejado del principio de buena fe, que debe imperar tanto en la celebración, ejecución y terminación de la relación de trabajo. Lo dicho, puesto que la parte patronal comunica lo siguiente, “notificación por Termino Laboral por mutuo acuerdo. Por este medio se le notifica que a partir de la fecha, 01 de febrero del año 2022, se aсерtа de común acuerdo dar por terminada la relación laboral existente entre su persona y esta institución; con el reconocimiento de sus derechos laborales”, de la causa invocada por el patrono dentro de la nota de despidos es importante traer a colación los siguientes hechos, el patrono comunica de modo unilateral el término de la relación de trabajo, lo cual constituye materialmente un despido unilateral; es falso que se trate de una terminación por Mutuo Acuerdo, cuando la redacción de la propia nota, exhibe la simulación pretendida por el patrono; ya que en esencia nos encontramos ante un despido sin justa causa; el patrono reconoce expresamente el derecho que tienen mis representados respecto a percibir sus derechos laborales, los cuales nos hemos visto obligados a reclamar por esta vía judicial; la nota de despido carece de Causa Justa de Despido al tenor de las establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo. En base a los hechos antes detallados, la demandada ha incurrido en una clara violación al derecho Constitucional a la estabilidad laboral consagrado en el artículo 129 de la Constitución de la República, ya que al momento en que el patrono ha comunicado la ruptura de la relación de trabajo, en ningún momento invocó las causas justas contenidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, en consecuencia el despido del cual han sido objeto es ilegal e injusto. Con la intención de alcanzar un arreglo conciliatorio entre ambas partes, presentaron el respectivo reclamo ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social para que se les hiciera efectivo el pago de sus derechos laborales, sin embargo, en fecha 2 de mayo del 2022, se procedió a declarar agotado el trámite administrativo, en vista que no se logró la conciliación con la contraparte, quedando expedita la vía judicial. 2. La parte demandada, la ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE, contestó dicha demanda argumentando que en reunión sostenida con los demandantes llegaron al Acuerdo de dar por terminada la relación laboral que los unía con la Alcaldía Municipal de Aramecina, Valle, con el pago del 100% de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, las cuales iban a ser pagadas conforme llegaran las transferencias municipales que El Estado de Honduras hace a la Municipalidades, incluso, en esa misma reunión, propuso que dicho acuerdo fuera homologado ante las Autoridades del Trabajo respectivo. También se llegó al acuerdo que ambas partes fueran a sacar su cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales al Ministerio de Trabajo para que no hubiera desacuerdo al momento de homologar el acuerdo de pago entre ambas partes. Al comparar ambos cálculos se determinó que las diferencias entre ambos cálculos eras mínimas y se procedió a acudir ante la Secretaría de Trabajo para homologar dicho acuerdo. Al momento de acudir a la cita para homologar el Acuerdo de pago con los trabajadores, los demandantes habían contratado los servicios profesionales de un Bufete de Abogados de Choluteca para que los represente en la homologación del acuerdo, presentado para ello un nuevo cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales, que incluye a título de daños y perjuicios una cantidad igual al reajuste solicitado de acuerdo al artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, lo cual consideramos totalmente ilegal, pues solo los Tribunales o Juzgados de Justicia pueden mediante una Sentencia Definitiva otorgar dicho pago a título de daños y perjuicios, intentar que en sede Administrativa sea otorgado dicho pago es totalmente ilegal, es un acto de mala fe por parte de los demandantes, pues intentó sorprender a la Autoridades del Trabajo; al ver dicha ilegalidad plasmada en el cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales, pidió que se respetara el cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales, en que los trabajadores habían llegado a un acuerdo, a lo cual el Apoderado Legal de los trabajadores se negó, a sabiendas de que su accionar es totalmente ilegal, lógicamente se negó a homologar el cálculo de prestaciones presentado los demandantes, pues de hacerlo incurriría en Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal, pues los fondos que administrativa no son de su propiedad. En ningún momento ha negado el pago de las prestaciones e indemnizaciones, intentó homologar el acuerdo llegado con los trabajadores ante las autoridades del trabajo correspondiente, no se llevó a cabo por un acto de mala fe de parte del apoderado legal de los trabajadores, pues presentó un nuevo cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales, pretendiendo cobrar una cantidad ilegal en sede administrativa, siendo totalmente ilegal, pues pretendía sorprender a las Autoridades del Trabajo con el cálculo presentado para su homologación y que solo los Tribunales o Juzgado, mediante una Sentencia Definitiva pueden otorgar. En cuanto al pago de Costa Personales, Procesales y pago de Honorarios, el artículo 717 del Código del Trabajo tiene su propia normativa en ese sentido, que se refiere al principio de Gratuidad en las actuaciones laborales, además de acuerdo con el artículo 8 del Decreto Legislativo 266-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 23 de enero del 2014, el cual contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, El Estado y sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativamente, civil penalmente. Las Alcaldías Municipales forman parte de la Administración Pública de Honduras, sujetas al derecho administrativo, tal como lo estipula el Artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La cédula de emplazamiento efectuada adolece de lo siguientes defectos procesales, la Cédula de emplazamiento va a dirigida al Juez de Paz de Aramecina, Valle, consecuentemente quien debe firmar dicha Cédula es el Juez de Paz de Aramecina, Valle y no la Secretaría del Juzgado Seccional de Nacaome, Valle, dicha firma hace que la Cédula de Emplazamiento adolezca de defectos procesales insubsanable, por lo tanto se debe proceder a su anulación; la Cédula de Citación va dirigida al Juzgado de Paz de Aramecina, Valle, consecuentemente su competencia territorial es el Municipio de Aramecina, Valle, pero aparece en dicha Cédula que el Acto Jurídico de Emplazamiento ocurrió en el Municipio de Nacaome, Valle, lo cual la hace totalmente contrario a derecho, por lo cual procede que se declare Con Lugar la nulidad solicitada; además de lo anteriormente expuesto la Cédula de Emplazamiento nunca fue entregada personalmente al Representante legal de la Alcaldía Municipal de Aramecina, Valle, pues no aparece ninguna firma que la haya recibido o su negativa a recibirla a lo que el funcionario competente del Juzgado de Paz de Aramecina, tenía la obligación de consignar ese hecho. Lo anteriormente viola flagrantemente el artículo 719 numeral 1), del Código del Trabajo violando de esa manera el debido proceso y el derecho de defensa consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República. Haciendo constar que dicha Cédula de Citación calza la fecha del 03 de junio del 2022, pero misteriosamente la dejan en las oficinas de la Alcaldía Municipal con una persona que no es el representante legal de la Alcaldía Municipal, hasta el día miércoles, 08 de junio del 2022, dicha acta nunca fue entregada personalmente al Alcalde Municipal como representante legal de la Alcaldía Municipal de Aramecina, Valle. La Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional aprobó el Reglamento para la Tramitación de las Citaciones y/o Emplazamientos, Notificaciones, Requerimientos y otras diligencias Judiciales que en su título Cuarto de las notificaciones, textualmente indica lo siguiente, artículo 9, deber de notificar las resoluciones judiciales. Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales se notificarán de oficio personalmente, a todos los intervinientes a más tardar al día siguiente al de su fecha. También se les notificará a terceros cuando les cause perjuicio, según criterio debidamente fundamentado del órgano jurisdiccional, plasmado en la resolución correspondiente; artículo 10 Cédula de Notificación, la cédula de notificación contendrá el nombre del órgano jurisdiccional que ordena la notificación, el nombre y apellidos de la persona natural o representante legal de la persona jurídica a quien debe hacerse la notificación, el objeto del proceso y los nombres y apellidos de las partes, copia literal de la parte resolutiva de la decisión judicial que se notifica, el lugar, fecha y hora de la notificación, la firma del notificante con indicación de su cargo, los demás requisitos que establezcan las legislaciones procesales que rigen cada materia. Sin dejar la menor duda al respecto, la Cédula de notificación del cual se enuncia la Nulidad adolece de defectos procesales insubsanable, por lo tanto, solicita que se declare con lugar la nulidad solicitada conforme a derecho. Por lo expuesto, es evidente que la demanda de mérito es improcedente desde todo punto de vista y debe ser declarada sin lugar, así como la nulidad de la cédula de emplazamiento debe ser declarada con lugar. 3. El Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, en fecha 3 de marzo del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DESESTIMAR la excepción perentoria de pago en correlación al señor ISRRAEL DIAZ REYES interpuesta por el abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA en representación de la ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA VALLE, por los motivos antes expuestos.- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE FUNDO EL DESPIDO DIRECTO, CASO CONTRARIO SE CONDENE AL DEMANDADO AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO INJUSTO Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECION A LAS NORMAS PROCESALES QUEDE FIRME LA RESPECTIVA SENTENCIA CONDENATORIA. - PAGO DE REAJUSTE DE SALARIO MINIMO E INDEMNIZACION POR FALTA DE PAGO DE SALARIO MINIMO CONFORME AL ARTICULO 39 DE LA LEY DE SALARIO MINIMO VIGENTE.- COSTAS DEL JUICIO.- SE ACREDITA REPRESENTACION PROCESAL.- ANEXOS. - promovida por los señores ADELA AMAYA SANTOS, CORITZA CRUZ, HILDA WALESKA CUEVA VILLALOBOS, ISRRAEL DIAZ REYES, JUAN PADILLA GARCIA, SUANI IBETH MALDONADO HERNANDEZ y WENDY YAMILETH FIGUEROA CEVEDA, en contra de la ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA por intermedio de su representante legal el Alcalde Municipal, señor RONY NICOLAS FUNEZ CRUZ, todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia.- TERCERO: SE CONDENA a la ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE a través de su representante legal el señor RONY NICOLAS FUNEZ CRUZ al pago de la cantidad TOTAL DE UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (LPS.1,712,515.94) que se desglosan de la siguiente manera: 1) ADELA AMAYA SANTOS Preaviso Lps.11,494.20; Auxilio de Cesantía: Lps.11,494.20; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.31.93; Vacaciones Proporcionales: Lps.12.77; Aguinaldo Proporcional Lps.848.39; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps.5,774.54; Reajuste de Salario Mínimo Lps.31,026.00; Aguinaldo Pendiente: Lps.9,031.26; Indemnización de conformidad al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo (OTROS PAGOS) Lps.31,026.00 TOTAL Lps.100,739.29; 2) CORITZA CRUZ: Preaviso Lps. 22,988.40; Auxilio de Cesantía Lps.22,988.40; Auxilio de Cesantía Proporcional: Lps.31.93; Vacaciones Proporcionales: Lps.15.96; Aguinaldo Proporcional Lps.848.39; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps.5,774.54; Reajuste de Salario Mínimo Lps. 109,996.20; Vacaciones Pendientes Lps.8,429.08; Aguinaldo Adeudado Lps.8,524.72; Décimo Cuarto Adeudado Lps.8,944.88; Indemnización de conformidad al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo (OTROS PAGOS) Lps.109,996.20; TOTAL Lps.298,538.70; 3) HILDA WALESKA CUEVA VILLALOBOS; Preaviso Lps.22,988.40; Auxilio de Cesantía Lps.34,482.60; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.10,951.42; Vacaciones Proporcionales Lps.7,300.95; Aguinaldo Proporcional Lps.828.39; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps.5,774.54; Reajuste de Salario Mínimo Lps.91,612.80; Vacaciones Pendientes Lps.10,344.78; Aguinaldo Adeudado Lps.7,324.72; Décimo Cuarto Adeudado Lps.6,994.88 Indemnización de conformidad al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo (OTROS PAGOS) Lps.91,612.80; TOTAL Lps.290,236.28; 4) ISRRAEL DIAZ REYES Preaviso Lps.11,494.20; Auxilio de Cesantía Lps.11,494.20; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.31.93; Vacaciones Proporcionales Lps.12.77; Aguinaldo Proporcional Lps.848.39; Décimo Cuarto Mes Proporcional: Lps.5,774.54; Reajuste de Salario Mínimo Lps.63,079.63; Vacaciones Pendientes Lps.3,831.40; Aguinaldo Adeudado Lps.4,852.28; Décimo Cuarto Mes Adeudado Lps.4,852.28 Indemnización de conformidad al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo (OTROS PAGOS) Lps.63,079.63; TOTAL Lps.169,351.25; 5) JUAN PADILLA GARCIA Preaviso Lps.11,494.20; Auxilio de Cesantía Lps.11,494.20; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.2,905.48; Vacaciones Proporcionales Lps.1,162.19; Aguinaldo Proporcional Lps.848.39; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps.5,774.54; Reajuste de Salario Mínimo Lps.84,942.68; Vacaciones Pendientes Lps.3,831.40; Aguinaldo Adeudado Lps.5,852.28; Décimo Cuarto Pendiente Lps.6.568.19; Indemnización de conformidad al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo (OTROS PAGOS) Lps.84,942.68; TOTAL Lps.219,816.23; 6) SUANI IBETH MALDONADO HERNANDEZ: Preaviso: Lps.11,494.20; Auxilio de Cesantía: Lps.11,949.20; Auxilio de Cesantía Proporcional: Lps.11,430.34; Vacaciones Proporcionales: Lps.4,572.14; Aguinaldo Proporcional: Lps.848.39; Décimo Cuarto Mes Proporcional: Lps.5,774.54; Reajuste de Salario Mínimo: Lps.121,468.73; Vacaciones Pendientes: Lps.3,831.40; Aguinaldo Pendiente: Lps.19,677.19; Décimo Cuarto Pendiente: Lps.19,677.19; Indemnización de conformidad al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo: Lps.121,468.73; TOTAL: Lps.331,737.05; 7) WENDY YAMILETH FIGUEROA CEVEDA Preaviso Lps.22,988.40; Auxilio de Cesantía Lps.22,988.40; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.31.93; Vacaciones Proporcionales Lps.15.96; Aguinaldo Proporcional Lps.848.39; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps.5,774.54; Reajuste de Salario Mínimo Lps.109,996.20; Vacaciones Pendientes Lps.8,429.08; Aguinaldo Adeudado Lps.8,524.72; Décimo Cuarto Adeudado Lps.8,944.88; Bono Educativo Lps.3,558.44; Indemnización de conformidad al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo Lps. 109,996.20; TOTAL Lps.302,097.14, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el trabajador desde su fecha de despido indirecto, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales vigentes quede firme la sentencia respectiva.- CUARTO (4): SIN COSTAS”. Bajo el criterio que los demandantes formaban parte de la fuerza laboral de la Alcaldía Municipal de Aramecina, y no habiendo acreditado la parte patronal el respectivo Contrato de Trabajo, se tiene como hecho probado las estipulaciones de trabajo alegadas por los demandantes, y por tanto da como hecho probado que la señora Adela Amaya Santos inicio en fecha 1 de febrero del año 2021, ocupando el puesto de trabajo de Departamento de Unidad de Media Ambiente (UMA) Catastro Municipal; con un salario mensual de L. 7,000.00 desde la fecha en que inició a laborar para la demandada; la señora Coritza Cruz inició en fecha 1 de febrero del año 2020, ocupando cargo de Aseadora y con un salario mensual de L. 5,000.00, desde la fecha en que inició a trabajar para la demandada; la señora Hilda Waleska Cueva Villalobos inició en fecha 19 de febrero del año dos mil 2018, ocupando el cargo de Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, con un salario mensual de L6,000.00 durante sus últimos dos años de trabajo para la demandada; el señor Isrrael Diaz Reyes inició en fecha 01 de febrero del año 2021, ocupando el cargo de Guardia, con una jornada laboral de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. de lunes a domingos, sin gozar de un día de descanso y con una jornada laboral que excedía la jornada máxima legal establecida en el código de trabajo y con un salario mensual de L. 5,000.00 desde la fecha en que inició a laborar para la demandada; el señor Juan Padilla García inicio en fecha 1 de noviembre del año 2020, ocupando el cargo de Aseador del Cementerio, con un salario mensual de L. 4,000.00 desde la fecha en que inició a trabajar para la demandada; la señora Suani Ibeth Maldonado Hernandez inició en fecha 4 de febrero del año 2020 ocupando el cargo de Promotora del Programa Educatodo, con un salario mensual de L. 5,000.00 desde la fecha de inicio de la relación de trabajo con la demandada; y la señora Wendy Yamileth Figueroa Ceveda inició el 1 de febrero del 2020, ocupando el cargo de Conserje, con un salario mensual de L. 4,000.00 desde la fecha en que inició a trabajar para la demandada. En consecuencia, da como hecho probado que los demandantes fueron despedidos unilateralmente por parte del patrono en fechas 01 de febrero del 2022; respecto al trabajador Isrrael Diaz Reyes interpuso la excepción perentoria de pago y para acreditar la misma aporto a juicio el documento consistente cheque número 81444236 de fecha 1 de septiembre del 2022 librado a favor de Isrrael Diaz Reyes por la Alcaldía de Aramecina Valle contra Banco Occidente S.A. y Orden de pago Numero 004987 de la Alcaldía de Aramecina Valle de fecha 1 de septiembre del 2022 a favor del señor Isrrael Diaz Reyes, por un valor de L. 107,612.61 por concepto de valor que corresponde a pago por cancelación de prestaciones e indemnizaciones laborales, los montos antes descritos, ser confrontados con la cuantía de la demanda en el acápite que corresponde al trabajador Isrrael Diaz Reyez se logra concluir que no satisfacen los valores reclamados en la presente demanda, por tanto, no se puede entender cumplida a cabalidad la obligación del demandado, siendo que el pago es posterior y no previo a la fecha en que se entablo la demanda, esta judicatura concluye que debieron seguirse los procedimientos establecidos en el Código Procesal Civil, en caso de haber existido un arreglo extrajudicial o en su caso satisfacción extraprocesal del objeto litigioso, situación que no fue puesta en conocimiento del juzgado. Sin embargo y siendo que los montos antes referidos por parte del excepcionante no satisfacen los valores reclamados por el trabajador y con fundamento en el principio protectorio, es del criterio que no procede en derecho la excepción de pago, por los motivos expuestos. Por otra parte, y si bien constituye unas alegaciones de juicio hecha por la patronal, que lo ocurrido obedece a un supuesto arreglo o conciliación, al cual arribó con los ahora demandantes, es meritorio citar el artículo 379 del Código del Trabajo el cual reza “todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono, para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondientes”; en consecuencia, la carga de probar el supuesto acuerdo, recae sobre el patrono, siendo que no consta que hayan arribado a un acuerdo conciliatorio ante las autoridades del trabajo, la suscrita juez no puede dar valor a sus afirmaciones, por lo que según el artículo 238 numeral 2) del Código Procesal Civil en aplicación supletoria incumbe al demandado la carga de probar los hechos que conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o excluyan la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el numeral anterior, es decir a los hechos constitutivos de la demanda. Por lo que no habiendo quedado acreditadas tales situaciones respecto a cada demandante en particular, procede en derecho desestimar las afirmaciones del demandado. Por su parte y en virtud de haber quedado acreditado que los demandantes fueron despedidos de forma unilateral y por escrito por la parte patronal, según se desprende de la Notificación hecha en fecha 1 de febrero del 2022 de cuya redacción se infiere que la misma se trata de una determinación unilateral, procede en derecho conforme al artículo 113 del Código de Trabajo, examinar si dentro de estas, el patrono invocó causales justificadas de las establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, por lo que al confrontar dichas notificaciones las cuales comúnmente establecen como argumento notificación por termino laboral por mutuo acuerdo. Por este medio se le notifica que, a partir de la fecha, 01 de febrero del 20222, se acepta de común acuerdo dar por terminada la relación laboral existente entre su persona y esta institución; con el reconocimiento de sus derechos laborales, a lo anterior conforme al principio de primacía de la realidad, se entiende que la simulación pretendida por la patronal es nula de pleno derecho porque tergiversa los derechos de los trabajadores, asimismo se encuentra firmada únicamente por la patronal, por consistir según la misma una notificación por lo cual no se puede entender que dicho documento se trate de una terminación por mutuo acuerdo, la cual según el artículo 379 del Código de Trabajo debe hacerse ante autoridad competente, lo que si constituye dicha notificación es un despido directo, puesto que produce la interrupción abrupta e injustificada del principio de continuidad laboral, por lo que según lo establecido en el artículo 112 y 117 del Código de Trabajo, la que juzga arriba a la convicción que se encuentra frente a despidos sin justa causa, puesto que el patrono no comunicó a los trabajadores causal alguna; por lo tanto procede en derecho otorgar los derechos, prestaciones e indemnizaciones laborales solicitadas por la parte actora. 4. La Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha 25 de julio del 2023, dictó sentencia que, en su parte resolutiva dice: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la parte demandada, contra la SENTENCIA DEFINITIVA, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, departamento de Valle y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha tres (3) de Marzo del año dos mil veintitrés (2023), en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE FUNDO EL DESPIDO DIRECTO, CASO CONTRARIO SE CONDENE AL DEMANDADO AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO INJUSTO Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES QUEDE FIRME LA RESPECTIVA SENTENCIA CONDENATORIA. PAGO DE REAJUSTE DE SALARIO MÍNIMO E INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE SALARIO MÍNIMO, COSTAS DEL JUICIO. SE ACREDITA REPRESENTACIÓN PROCESAL. ANEXOS., promovida por el Abogado ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS, en su condición de representante procesal de: 1) ADELA AMAYA SANTOS, 2) CORITZA CRUZ, 3) HILDA WALESKA CUEVA VILLALOBOS; 4) ISRRAEL DIAZ REYES; 5) JOLMHAN LAZO CALDERÓN, 6) JUAN PADILLA GARCIA, 7) MARTHA LIDIA GONZALES LOPEZ, 8) MARVIN OMAR SANTOS HERNANDEZ, 9) SUANI IBETH MALDONADO HERNANDEZ, 10) WENDY YAMILETH FIGUEROA CEVEDA, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE, a través de su representante legal, el señor Alcalde Municipal RONY NICOLAS FUNEZ CRUZ. SEGUNDO: SE REVOCA PARCIALMENTE, la sentencia definitiva recurrida, en el sentido de que se ESTIMA la excepción perentoria de pago, opuesto contra ISRRAEL DIAZ REYES, por haber sido satisfecho el pago de sus derechos ante autoridad competente. TERCERO: En consecuencia, SE EXCLUYE DE LA CONDENA, al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales del señor ISRRAEL DIAZ REYES. CUARTO: En lo demás se CONFIRMAR LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA. - QUINTO: SIN COSTAS, en esta instancia”. Bajo el criterio que al efectuar un estudio minucioso, aprecia claramente que las prestaciones e indemnizaciones laborales derivadas de la relación de trabajo sostenida entre los actores y la parte demandada fueron debidamente calculadas por la Secretaría del Trabajo y según las Hojas de Cálculo que aparecen incorporadas, incluyéndose en las mismas el reajuste al salario mínimo de los demandantes que no lo devengaban y que de conformidad con la Ley del Salario Mínimo constituye un derecho irrenunciable, y por lo tanto, no pueden ni podrán pagarse salarios inferiores a los establecidos en la referida Ley, es decir, que ni el mismo trabajador puede prescindir de él; no teniendo vedado su derecho de acción de recuperarlo acumulándolo a su demanda principal, se dice esto en razón que el demandado expone que si los demandantes tenían alguna pretensión en cuanto al reajuste del salario mínimo, debieron ejercer su derecho establecido en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo, que imperativamente manda cual es el trámite a seguir para recuperar los valores por ese concepto; cabe decir que este Tribunal de Alzada ya se ha pronunciado en casos similares, tal es caso en la Demanda incoada contra la Alcaldía de Alianza, Departamento de Valle, diligencias que se registraron con el número 25-2019, siendo confirmado dicho fallo según expediente número SL429-19 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral Contencioso Administrativo, que en su parte conducente estableció que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente, olvida el impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la ley; y si señala que dirige su ataque por vía directa por aplicación indebida, pero incluye un acápite titulado normas procesales que sirvieron de medios, los artículos 381, 758 del Código del Trabajo, 39 de la Ley del Salario Mínimo y Manual Procesal Laboral numeral 16), son las normas procesales que sirvieron de medio de prueba para la violación de las normas sustantivas antes señaladas, lo cual es incongruente con este tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la pretensión probatoria; falta a la claridad y precisión requerida, ya que su explicación alude a disposiciones no indicadas como infringidas o relacionadas en su formulación; tal es el caso de los artículo 381, 718 y 858 del Código del Trabajo y 39 de la Ley del Salario Mínimo; y formula extensos alegatos de instancia. Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho merito en su único motivación de casación. A pesar de que la demanda es de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de despido, las partes demandantes probaron fehacientemente dos aspectos fundamentales sus despidos directos e injustificados efectuados por la parte patronal; el impago de todas sus prestaciones e indemnizaciones laborales que les correspondían de conformidad con la ley. La parte patronal no efectuó ante el tribunal conocedor del presente juicio el pago por consignación de las cantidades adeudadas a los empleados por concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, es decir, las cuantías establecidas en las Hojas de Cálculo de las Prestaciones Laborales efectuadas por la Secretaría Regional del Trabajo. Tal consignación para que tenga validez y surta plenos efectos jurídicos debe efectuarse con los requisitos que señala el Manual Procesal Laboral estructurado por la Sala Laboral- Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, específicamente en su página 39, capítulo 9, que son la proporcionalidad de la consignación, entendiéndose esta como el hecho de que la cantidad consignada deberá ser lo más cercana o aproximada a la condena impuesta por el juzgador, la oportunidad del momento en que se hace que puede verificarse en la contestación de la demanda o en la audiencia primera de trámite y la buena fe. La parte demandada argumenta que no procede la condena de salarios caídos en virtud de que el patrono ofreció a sus trabajadores el pago total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales y que el despido fue de común acuerdo; tal como se plasmó en las notas de despido, además ofreció el pago en abonos, ya que la Alcaldía no cuenta con los recursos para pagar de un solo monto las prestaciones e indemnizaciones laborales y que la propuesta era pagarles en tres pagos de acuerdo a las transferencias que el gobierno central realiza a las Alcaldías, ante tales circunstancias, no se producen en este proceso laboral efectos liberatorios con respecto a los salarios dejados de percibir, los cuales corren desde la fecha en que se produjo el despido directo hasta el momento en que la sentencia condenatoria adquiera firmeza. Asimismo esta Corte de Apelaciones ya se ha pronunciado en casos similares, de la misma Alcaldía Municipal de Aramecina Valle, expediente identificado en este Tribunal con el numero 31-2019, siendo confirmado el fallo de este Tribunal de Alzada, por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral- Contencioso Administrativo, según expediente de recurso de casación número LS-413-19, que señaló “si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe hacerse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este tribunal deba enmendar”. En cuanto a la excepción perentoria de pago peticionada por el señor Isrrael Diaz Reyes, y habiendo oposición a dicha excepción por el representante procesal de las partes demandadas, por no ser completo el pago ya que el cálculo presentado por el trabajador, con el cálculo que oferto la parte demandante, hay diferencia de valor, al respecto es preciso mencionar que se aportó al proceso cheque de caja No. 81444236 por valor de L. 107,612.61 con su respectiva orden de pago, un Acta Circunstanciada del expediente de mérito, del empleado en referencia, donde él mismo acepta el ofrecimiento conciliatorio opuesto y da por cumplida la obligación, y libera a la Alcaldía Municipal de Aramecina Valle, de toda y cualquier responsabilidad, sea pasada, presente y futura, derivado de la terminación de la relación de trabajo, que le unió con la Municipalidad, y la autoridad competente, resolvió, tener por conciliada la presente Acta circunstanciada. Firmando las partes y el Inspector del Trabajo, por lo que en cuanto a este empleado es procedente la excepción perentoria de pago, en razón de haber sido satisfecho sus derechos laborales, ya que el mismo empleado lo reconoció, motivo por el cual procede declarar con lugar el recurso de apelación planteado en cuanto a este aspecto, revocándose del fallo la condena impuesta del empleado Isrrael Diaz Reyes. El Tribunal de Alzada, considera que la parte demandada no desvirtuó ninguno de los hechos alegados y controvertidos de la demanda promovida, aceptando de manera enfática que los demandantes fueron despedidos de sus puestos de trabajo; siendo estos despidos, además de directos e ilegales, injustificados puesto que no han incurrido en ninguna de las causales que establece el artículo 112 del Código del Trabajo, de lo anterior se colige que la situación planteada ha sido resuelta en el momento procesal oportuno, teniendo congruencia entre la petición formulada, el plan de la demanda, los hechos debatidos, los medios probatorios propuestos y evacuados en el proceso, además se observa que la parte patronal omitió el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 117 del Código Laboral que dice “la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”, y en el presente caso las notas de despido no se consigna causal de despido, solo se hace mención que de común acuerdo los empleados aceptan dar por terminada la relación laboral existente entre ambos, sin constar la firma y huella de los empleados en dichas notas; además de la manifestación expresa del reconocimiento de los derechos laborales, no existiendo ningún arreglo de pago en todo el proceso; por tal razón la Sentencia definitiva dictada por la Jueza A-quo se encuentra ajustada a derecho ya que la juzgadora al impartir justicia le concedió a los demandantes Adela Amaya Santos, Coritza Ruiz, Hilda Waleska Cueva Villalobos, Juan Padilla García, Suani Ibeth Maldonado Hernandez y Wendy Yamileth Figueroa Ceveda, lo que efectivamente les correspondía, el pago total de sus prestaciones laborales y el de los salarios dejados de percibir, con la indemnización que corresponde al artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, razón por el cual este Tribunal de Alzada declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada, en cuanto al empleado Isrrael Diaz Reyes; y en lo demás procede confirmar lo resuelto a favor de los restantes siete empleados. 5. Mediante auto de fecha 29 de enero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIANN ANDREA MACHADO PINEL, en su condición de representante procesal de los señores ADELA AMAYA SANTOS, CORITZA CRUZ, HILDA WALESKA CUEVA VILLALOBOS, ISRRAEL DIAZ REYES, JOLMHAN LAZO CALDERON, JUAN PADILLA GARCIA, MARTHA LIDIA GONZALES LOPEZ, MARVIN OMAR SANTOS HERNANDEZ, SUANI IBETH MALDONADO HERNANDEZ, y WENDY YAMILETH FIGUEROA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 14 de marzo del 2024, compareció ante este Tribunal la Abogada MARIANN ANDREA MACHADO PINEL, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 18 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 13 de noviembre del 2024, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la abogada MARIANN ANDREA MACHADO PINEL, en un primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesto por la parte demandante, que adelante se singulariza en relación a la demás prueba en su conjunto, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEANENTE. La documental que se refiere a: a) Orden de Pago por la suma de L107,612.61 visible a folios 76; b) Cheque No.81444236 contra Banco Occidente por la suma de L107,812.61 a favor de Isrrael Diaz Reyes visible a folios 77 y c) ACTA Circunstanciada levantada por la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social en fecha 01 de septiembre del 2022 visible a olios 87 al 88; todos de la primera pieza de autos EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La Corte Sentenciadora al reformar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente incurrió en Error de Hechor al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados (singularizados) anteriormente y admitidos a la parte demandada y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgado no está sujeto a tarifa legal de prueba, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículos 739 del Código de Trabajo, esta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa, que haga prevalecer la realidad y con apego los principios del derecho del trabajo y aquellos que rigen el proceso laboral, particularmente. el protectorio.(Artículo 8 del Código del Trabajo); en el caso de autos, el tribunal recurrido en una clara apreciación errónea de las pruebas ya singularizadas que tuvo por estimada en la Excepción Perentoria de Pago opuesta por la Demandada y que es totalmente improcedente quedando claramente evidenciada LA INFRACCIÓN INDIRECTA a los artículos, 114 párrafo primero del código de trabajo, al considerar conforme se desprende de lo consignado por la misma Corte recurrida en el acápite FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA numeral DECIMO PRIMERO entre otros hechos "que se aportó al proceso cheque de caja No. 81444236 por valor de L. 107, 612.61 con su respectiva orden de pago (folio 76), un ACTA CIRCUNSTANCIADA (folio 87 y 88) del expediente de mérito, del empleado en referencia, donde él mismo acepta el ofrecimiento conciliatorio opuesto y da por cumplida la obligación, y libera a la Alcaldía Municipal de Aramecina Valle, de toda y cualquier responsabilidad, sea pasada, presente y futura, derivado de la terminación de la relación de trabajo, que le unió con la Municipalidad, y la AUTORIDAD COMPETENTE, resolvió, tener por conciliada la presente Acta circunstanciada. Firmando el representante procesal legal de la Municipalidad Rony Nicolás Fúnez Cruz, el trabajador Israel Díaz Reyes, y el inspector del trabajo Claudio Cesar Fúnez Cárcamo, por lo que, en cuanto a este empleado es procedente la excepción perentoria de pago, en razón de haber sido satisfecho sus derechos laborales, ya que el mismo empleado lo reconoció, motivo por el cual procede declarar con lugar el recurso de apelación planteado en cuanto a este aspecto, revocándose del fallo la condena impuesta del empleado ISRAEL DIAZ REYES." es evidente que si la Corte hubiese apreciado debidamente los medios de prueba singularizados habrían arribado a la convicción de que; el pago alegado por la parte demandada se realizó en fecha 01 de septiembre del 2022 y que la demanda se presentó en fecha 03 de mayo del año 2022, es decir, cuando ya se había establecido el objeto del juicio y las pretensiones de cada demandante, por tanto la Sentencia debe ajustarse a las pretensiones que fueron comunicadas al juez en la demanda de fecha 03 de mayo del 2022. Aunado a esto el juez de primera instancia sentenció que el pago invocado por la demandada no satisface la cantidad fijada en la cuantía de la demanda con respecto al trabajador Israel Diaz Reyes, por lo que el pago invocado por el demandado no tiene efectos liberatorios, puesto que no satisface completamente las pretensiones del demandante. DEBIDO A LA APRECIACION ERRONEA DE LAS PRUEBAS MENCIONADAS; Honorables Magistrados es evidente, que la Sentencia recurrida no ha sido dictada conforme a derecho al no observar el Tribunal de Segunda Instancia las pruebas que se singularizan y que llevó al mismo, a violar en forma Indirecta el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, al no aplicar la norma que corresponde lo que se dejó acreditado con las probanzas ya singularizadas y que fueron presentadas y oportunamente desahogadas por el Tribunal de la primera Instancia, lo cual la hizo incurrir en error de hecho manifiestamente ostensible al Tribunal de Segunda Instancia y que de haberlas apreciado el resultado sería diferente, arribando al convencimiento de la improcedencia de la Excepción perentoria de pago y la procedencia de la demanda y juzgando el caso con óptica laboral con fundamento en los principios que rigen dicha materia, particularmente el principio protectorio y de primacía de la realidad, razón que hace procedente se admita este motivo, se CASE la sentencia que ha sido recurrida”. III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los siguientes defectos técnicos: a) en la formulación se indica como infringido el artículo “…113 párrafo primero del Código del Trabajo…” pero, el caso es que, el ad quem al confirmar y revocar parcialmente el fallo de primera instancia da por acreditados los hechos expuestos (salvo en el caso del trabajador Israel Diaz Reyes, excepción de pago), por la parte actora, declarando con lugar las pretensiones de los demandantes por el despido injusto e ilegal de que fueron objeto conforme a la libre formación de su convencimiento; en consecuencia la disposición señalada como infringida resulta inadecuada, ya que no se ha demostrado la incidencia de la misma en un resultado diferente al fallo impugnado; b) se alega el concepto de infracción indirecta, pero en la explicación, se alude a que el juzgador de instancia “…no aplicar la norma que corresponde lo que se dejó acreditado con las probanzas ya singularizadas…” expresión que obedece a otra modalidad de violación la ley sustantiva que es la infracción directa, lo cual vuelve el cargo carente de claridad y precisión; c) se omite el precepto autorizante; d) en el desarrollo se alude al Artículo 8 y 114 del Código del Trabajo, que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación volviendo el cargo confuso; e) se menciona que en “…el caso de autos, el tribunal recurrido en una clara apreciación errónea de las pruebas ya singularizadas que tuvo por estimada en la Excepción Perentoria de Pago opuesta por la Demandada y que es totalmente improcedente quedando claramente evidenciada LA INFRACCIÓN INDIRECTA…”, haciendo alusión a la prescripción sin haber señalado en la formulación la violación de una norma que regula esta institución jurídica, lo que vuelve el cargo igualmente carente de claridad y precisión; y, f) se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario a razón de lo establecido en el artículo 770 del Código artículo de Trabajo. IV.- Por lo expuesto, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en un primer y único motivo de casación; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO ODALIS ALYEDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CA495-23.RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOYRECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO2080260292735CERTIFICACIÓNEl Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los diez (10) dias del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 14 de marzo del 2024, por la Abogada MARIANN ANDREA MACHADO PINEL, en su condición de representante procesal de representante procesal de los señores ADELA AMAYA SANTOS, CORITZA CRUZ, HILDA WALESKA CUEVA VILLALOBOS, ISRRAEL DIAZ REYES, JUAN PADILLA GARCIA, SUANI IBETH MALDONADO HERNANDEZ y WENDY YAMILETH FIGUEROA CEVEDA, como recurrente; además, es parte recurrida, la ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE, representada en juicio por el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que fundo el despido directo, caso contrario se condene al demandado al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido injusto y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, pago de reajuste de salario mínimo e indemnización por falta de pago de salario mínimo conforme al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, en fecha 03 de mayo del 2022, por el Abogado ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS, como representante procesal de los señores ADELA AMAYA SANTOS, soltera, Bachiller Técnico; CORITZA CRUZ, casada, Ama de Casa; HILDA WALESKA CUEVA VILLALOBOS, soltera, Licenciada en Español; ISRRAEL DIAZ REYES, casado, Comerciante; JOLMHAN LAZO CALDERON, soltero, Albañil; JUAN PADILLA GARCIA, casado, Labrador; MARTHA LIDIA GONZALES LOPEZ, soltera, Oficios Domésticos; MARVIN OMAR SANTOS HERNANDEZ, soltero, Jornalero; SUANI IBETH MALDONADO HERNANDEZ, soltera, Maestra de Educación Primaria y WENDY YAMILETH FIGUEROA CEVEDA, casada, Ama de Casa, todos mayores de edad, hondureños, y con domicilio en el Municipio de Aramecina, Departamento de Valle, contra la ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE, por medio de su Alcalde Municipal el señor RONY NICOLAS FUNEZ CRUZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 25 de julio del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, misma que en su parte conducente dice: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la parte demandada, contra la SENTENCIA DEFINITIVA, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, departamento de Valle y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha tres (3) de Marzo del año dos mil veintitrés (2023), en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE FUNDO EL DESPIDO DIRECTO, CASO CONTRARIO SE CONDENE AL DEMANDADO AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO INJUSTO Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES QUEDE FIRME LA RESPECTIVA SENTENCIA CONDENATORIA. PAGO DE REAJUSTE DE SALARIO MÍNIMO E INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE SALARIO MÍNIMO, COSTAS DEL JUICIO. SE ACREDITA REPRESENTACIÓN PROCESAL. ANEXOS., promovida por el Abogado ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS, en su condición de representante procesal de: 1) ADELA AMAYA SANTOS, 2) CORITZA CRUZ, 3) HILDA WALESKA CUEVA VILLALOBOS; 4) ISRRAEL DIAZ REYES; 5) JOLMHAN LAZO CALDERÓN, 6) JUAN PADILLA GARCIA, 7) MARTHA LIDIA GONZALES LOPEZ, 8) MARVIN OMAR SANTOS HERNANDEZ, 9) SUANI IBETH MALDONADO HERNANDEZ, 10) WENDY YAMILETH FIGUEROA CEVEDA, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE, a través de su representante legal, el señor Alcalde Municipal RONY NICOLAS FUNEZ CRUZ. SEGUNDO: SE REVOCA PARCIALMENTE, la sentencia definitiva recurrida, en el sentido de que se ESTIMA la excepción perentoria de pago, opuesto contra ISRRAEL DIAZ REYES, por haber sido satisfecho el pago de sus derechos ante autoridad competente. TERCERO: En consecuencia, SE EXCLUYE DE LA CONDENA, al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales del señor ISRRAEL DIAZ REYES. CUARTO: En lo demás se CONFIRMAR LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA.- QUINTO: SIN COSTAS, en esta instancia”.ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que fueron empleados de la Alcaldía Municipal de Aramecina, Valle, de la manera siguiente: Adela Amaya Santos inició en fecha 01 de febrero del año 2021, desempeñándose en el Departamento de Unidad de Medio Ambiente (UMA) Catastro Municipal, con un salario mensual de L. 7,000.00 desde la fecha en que inició a laborar para la demandada; Coritza Cruz inició en fecha 01 de febrero del año 2020, desempeñándose en el cargo de Aseadora, con un salario mensual de L. 5,000.00, desde la fecha en que inició a trabajar para la demandada; Hilda Waleska Cueva Villalobos inició en fecha 19 de febrero del 2018, desempeñándose en el cargo de Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, con un salario mensual de L. 6,000.00, durante sus últimos dos años de trabajo para la demandada; Isrrael Diaz Reyes inició en fecha 01 de febrero del año 2021, desempeñándose en el cargo de Guardia, con una jornada laboral de 6:00 p.m. – 6:00 a.m. de lunes a domingos, es decir sin gozar de un día de descanso y con una jornada laboral que excedía la jornada máxima legal establecida en el Código de Trabajo y con un salario mensual de L. 5,000.00 desde la fecha en que inició a laborar para la demandada; Jolmhan Lazo Calderón inició en fecha 01 de enero del año 2020, desempeñándose en el cargo de Aseador, con una jornada establecida de 5:30 a.m. – 12:00 del mediodía, de lunes a domingo es decir sin contar con su respectivo día de descanso y con un salario mensual de L. 2,500.00, desde la fecha en que ingreso a trabajar para la demandada; Juan Padilla García inició en fecha 01 de noviembre del año 2020, desempeñándose en el cargo de Aseador del Cementerio, con un salario mensual de L. 4,000.00 desde la fecha en que inició a trabajar para la demandada; Martha Lidia Gonzales López inició en fecha 26 de enero del 2018, desempeñándose en el cargo de Aseadora del Parque, con un salario mensual de L. 5,000.00 durante sus últimos dos años de trabajo; Marvin Omar Santos Hernandez inició en fecha 01 de febrero del 2018, desempeñándose en el cargo de Mantenimiento de Aseo en la Alcaldía, con un salario mensual de L. 6,000.00 durante sus últimos dos años de trabajo al servicio de la demandada; Suani Ibeth Maldonado Hernandez, inició en fecha 04 de febrero del 2020, desempeñándose en el cargo de Promotora del Programa Educatodo, con un salario mensual de L. 5,000.00 desde la fecha de inicio de la relación de trabajo con la demandada; Wendy Yamileth Figueroa Ceveda: inició 01 de febrero del 2020, desempeñándose en el cargo de Conserje, con un salario mensual de L. 4,000.00 desde la fecha en que inició a trabajar para la demandada. Los empleados siempre se caracterizaron por cumplir a cabalidad con sus deberes y obligaciones, denotando en todo momento la diligencia y capacidad requerida para el desempeño de sus labores habituales, pese al buen desempeño, el señor Alcalde Municipal tomó la determinación unilateral de dar por terminada la relación de trabajo, notificando tal acción en fecha 1 de febrero del 2022; la notificación de termino laboral como la denominó la parte patronal, claramente es un acto alejado del principio de buena fe, que debe imperar tanto en la celebración, ejecución y terminación de la relación de trabajo. Lo dicho, puesto que la parte patronal comunica lo siguiente, “notificación por Termino Laboral por mutuo acuerdo. Por este medio se le notifica que a partir de la fecha, 01 de febrero del año 2022, se aсерtа de común acuerdo dar por terminada la relación laboral existente entre su persona y esta institución; con el reconocimiento de sus derechos laborales”, de la causa invocada por el patrono dentro de la nota de despidos es importante traer a colación los siguientes hechos, el patrono comunica de modo unilateral el término de la relación de trabajo, lo cual constituye materialmente un despido unilateral; es falso que se trate de una terminación por Mutuo Acuerdo, cuando la redacción de la propia nota, exhibe la simulación pretendida por el patrono; ya que en esencia nos encontramos ante un despido sin justa causa; el patrono reconoce expresamente el derecho que tienen mis representados respecto a percibir sus derechos laborales, los cuales nos hemos visto obligados a reclamar por esta vía judicial; la nota de despido carece de Causa Justa de Despido al tenor de las establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo. En base a los hechos antes detallados, la demandada ha incurrido en una clara violación al derecho Constitucional a la estabilidad laboral consagrado en el artículo 129 de la Constitución de la República, ya que al momento en que el patrono ha comunicado la ruptura de la relación de trabajo, en ningún momento invocó las causas justas contenidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, en consecuencia el despido del cual han sido objeto es ilegal e injusto. Con la intención de alcanzar un arreglo conciliatorio entre ambas partes, presentaron el respectivo reclamo ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social para que se les hiciera efectivo el pago de sus derechos laborales, sin embargo, en fecha 2 de mayo del 2022, se procedió a declarar agotado el trámite administrativo, en vista que no se logró la conciliación con la contraparte, quedando expedita la vía judicial. 2. La parte demandada, la ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE, contestó dicha demanda argumentando que en reunión sostenida con los demandantes llegaron al Acuerdo de dar por terminada la relación laboral que los unía con la Alcaldía Municipal de Aramecina, Valle, con el pago del 100% de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, las cuales iban a ser pagadas conforme llegaran las transferencias municipales que El Estado de Honduras hace a la Municipalidades, incluso, en esa misma reunión, propuso que dicho acuerdo fuera homologado ante las Autoridades del Trabajo respectivo. También se llegó al acuerdo que ambas partes fueran a sacar su cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales al Ministerio de Trabajo para que no hubiera desacuerdo al momento de homologar el acuerdo de pago entre ambas partes. Al comparar ambos cálculos se determinó que las diferencias entre ambos cálculos eras mínimas y se procedió a acudir ante la Secretaría de Trabajo para homologar dicho acuerdo. Al momento de acudir a la cita para homologar el Acuerdo de pago con los trabajadores, los demandantes habían contratado los servicios profesionales de un Bufete de Abogados de Choluteca para que los represente en la homologación del acuerdo, presentado para ello un nuevo cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales, que incluye a título de daños y perjuicios una cantidad igual al reajuste solicitado de acuerdo al artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, lo cual consideramos totalmente ilegal, pues solo los Tribunales o Juzgados de Justicia pueden mediante una Sentencia Definitiva otorgar dicho pago a título de daños y perjuicios, intentar que en sede Administrativa sea otorgado dicho pago es totalmente ilegal, es un acto de mala fe por parte de los demandantes, pues intentó sorprender a la Autoridades del Trabajo; al ver dicha ilegalidad plasmada en el cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales, pidió que se respetara el cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales, en que los trabajadores habían llegado a un acuerdo, a lo cual el Apoderado Legal de los trabajadores se negó, a sabiendas de que su accionar es totalmente ilegal, lógicamente se negó a homologar el cálculo de prestaciones presentado los demandantes, pues de hacerlo incurriría en Responsabilidad Administrativa, Civil y Penal, pues los fondos que administrativa no son de su propiedad. En ningún momento ha negado el pago de las prestaciones e indemnizaciones, intentó homologar el acuerdo llegado con los trabajadores ante las autoridades del trabajo correspondiente, no se llevó a cabo por un acto de mala fe de parte del apoderado legal de los trabajadores, pues presentó un nuevo cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales, pretendiendo cobrar una cantidad ilegal en sede administrativa, siendo totalmente ilegal, pues pretendía sorprender a las Autoridades del Trabajo con el cálculo presentado para su homologación y que solo los Tribunales o Juzgado, mediante una Sentencia Definitiva pueden otorgar. En cuanto al pago de Costa Personales, Procesales y pago de Honorarios, el artículo 717 del Código del Trabajo tiene su propia normativa en ese sentido, que se refiere al principio de Gratuidad en las actuaciones laborales, además de acuerdo con el artículo 8 del Decreto Legislativo 266-2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta en fecha 23 de enero del 2014, el cual contiene la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, El Estado y sus entidades, en juicio de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativamente, civil penalmente. Las Alcaldías Municipales forman parte de la Administración Pública de Honduras, sujetas al derecho administrativo, tal como lo estipula el Artículo 2 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La cédula de emplazamiento efectuada adolece de lo siguientes defectos procesales, la Cédula de emplazamiento va a dirigida al Juez de Paz de Aramecina, Valle, consecuentemente quien debe firmar dicha Cédula es el Juez de Paz de Aramecina, Valle y no la Secretaría del Juzgado Seccional de Nacaome, Valle, dicha firma hace que la Cédula de Emplazamiento adolezca de defectos procesales insubsanable, por lo tanto se debe proceder a su anulación; la Cédula de Citación va dirigida al Juzgado de Paz de Aramecina, Valle, consecuentemente su competencia territorial es el Municipio de Aramecina, Valle, pero aparece en dicha Cédula que el Acto Jurídico de Emplazamiento ocurrió en el Municipio de Nacaome, Valle, lo cual la hace totalmente contrario a derecho, por lo cual procede que se declare Con Lugar la nulidad solicitada; además de lo anteriormente expuesto la Cédula de Emplazamiento nunca fue entregada personalmente al Representante legal de la Alcaldía Municipal de Aramecina, Valle, pues no aparece ninguna firma que la haya recibido o su negativa a recibirla a lo que el funcionario competente del Juzgado de Paz de Aramecina, tenía la obligación de consignar ese hecho. Lo anteriormente viola flagrantemente el artículo 719 numeral 1), del Código del Trabajo violando de esa manera el debido proceso y el derecho de defensa consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República. Haciendo constar que dicha Cédula de Citación calza la fecha del 03 de junio del 2022, pero misteriosamente la dejan en las oficinas de la Alcaldía Municipal con una persona que no es el representante legal de la Alcaldía Municipal, hasta el día miércoles, 08 de junio del 2022, dicha acta nunca fue entregada personalmente al Alcalde Municipal como representante legal de la Alcaldía Municipal de Aramecina, Valle. La Honorable Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Constitucional aprobó el Reglamento para la Tramitación de las Citaciones y/o Emplazamientos, Notificaciones, Requerimientos y otras diligencias Judiciales que en su título Cuarto de las notificaciones, textualmente indica lo siguiente, artículo 9, deber de notificar las resoluciones judiciales. Las resoluciones de los órganos jurisdiccionales se notificarán de oficio personalmente, a todos los intervinientes a más tardar al día siguiente al de su fecha. También se les notificará a terceros cuando les cause perjuicio, según criterio debidamente fundamentado del órgano jurisdiccional, plasmado en la resolución correspondiente; artículo 10 Cédula de Notificación, la cédula de notificación contendrá el nombre del órgano jurisdiccional que ordena la notificación, el nombre y apellidos de la persona natural o representante legal de la persona jurídica a quien debe hacerse la notificación, el objeto del proceso y los nombres y apellidos de las partes, copia literal de la parte resolutiva de la decisión judicial que se notifica, el lugar, fecha y hora de la notificación, la firma del notificante con indicación de su cargo, los demás requisitos que establezcan las legislaciones procesales que rigen cada materia. Sin dejar la menor duda al respecto, la Cédula de notificación del cual se enuncia la Nulidad adolece de defectos procesales insubsanable, por lo tanto, solicita que se declare con lugar la nulidad solicitada conforme a derecho. Por lo expuesto, es evidente que la demanda de mérito es improcedente desde todo punto de vista y debe ser declarada sin lugar, así como la nulidad de la cédula de emplazamiento debe ser declarada con lugar. 3. El Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Departamento de Valle, en fecha 3 de marzo del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DESESTIMAR la excepción perentoria de pago en correlación al señor ISRRAEL DIAZ REYES interpuesta por el abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA en representación de la ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA VALLE, por los motivos antes expuestos.- SEGUNDO: DECLARAR CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE FUNDO EL DESPIDO DIRECTO, CASO CONTRARIO SE CONDENE AL DEMANDADO AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO INJUSTO Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECION A LAS NORMAS PROCESALES QUEDE FIRME LA RESPECTIVA SENTENCIA CONDENATORIA. - PAGO DE REAJUSTE DE SALARIO MINIMO E INDEMNIZACION POR FALTA DE PAGO DE SALARIO MINIMO CONFORME AL ARTICULO 39 DE LA LEY DE SALARIO MINIMO VIGENTE.- COSTAS DEL JUICIO.- SE ACREDITA REPRESENTACION PROCESAL.- ANEXOS. - promovida por los señores ADELA AMAYA SANTOS, CORITZA CRUZ, HILDA WALESKA CUEVA VILLALOBOS, ISRRAEL DIAZ REYES, JUAN PADILLA GARCIA, SUANI IBETH MALDONADO HERNANDEZ y WENDY YAMILETH FIGUEROA CEVEDA, en contra de la ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA por intermedio de su representante legal el Alcalde Municipal, señor RONY NICOLAS FUNEZ CRUZ, todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia.- TERCERO: SE CONDENA a la ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE a través de su representante legal el señor RONY NICOLAS FUNEZ CRUZ al pago de la cantidad TOTAL DE UN MILLON SETECIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS (LPS.1,712,515.94) que se desglosan de la siguiente manera: 1) ADELA AMAYA SANTOS Preaviso Lps.11,494.20; Auxilio de Cesantía: Lps.11,494.20; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.31.93; Vacaciones Proporcionales: Lps.12.77; Aguinaldo Proporcional Lps.848.39; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps.5,774.54; Reajuste de Salario Mínimo Lps.31,026.00; Aguinaldo Pendiente: Lps.9,031.26; Indemnización de conformidad al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo (OTROS PAGOS) Lps.31,026.00 TOTAL Lps.100,739.29; 2) CORITZA CRUZ: Preaviso Lps. 22,988.40; Auxilio de Cesantía Lps.22,988.40; Auxilio de Cesantía Proporcional: Lps.31.93; Vacaciones Proporcionales: Lps.15.96; Aguinaldo Proporcional Lps.848.39; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps.5,774.54; Reajuste de Salario Mínimo Lps. 109,996.20; Vacaciones Pendientes Lps.8,429.08; Aguinaldo Adeudado Lps.8,524.72; Décimo Cuarto Adeudado Lps.8,944.88; Indemnización de conformidad al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo (OTROS PAGOS) Lps.109,996.20; TOTAL Lps.298,538.70; 3) HILDA WALESKA CUEVA VILLALOBOS; Preaviso Lps.22,988.40; Auxilio de Cesantía Lps.34,482.60; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.10,951.42; Vacaciones Proporcionales Lps.7,300.95; Aguinaldo Proporcional Lps.828.39; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps.5,774.54; Reajuste de Salario Mínimo Lps.91,612.80; Vacaciones Pendientes Lps.10,344.78; Aguinaldo Adeudado Lps.7,324.72; Décimo Cuarto Adeudado Lps.6,994.88 Indemnización de conformidad al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo (OTROS PAGOS) Lps.91,612.80; TOTAL Lps.290,236.28; 4) ISRRAEL DIAZ REYES Preaviso Lps.11,494.20; Auxilio de Cesantía Lps.11,494.20; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.31.93; Vacaciones Proporcionales Lps.12.77; Aguinaldo Proporcional Lps.848.39; Décimo Cuarto Mes Proporcional: Lps.5,774.54; Reajuste de Salario Mínimo Lps.63,079.63; Vacaciones Pendientes Lps.3,831.40; Aguinaldo Adeudado Lps.4,852.28; Décimo Cuarto Mes Adeudado Lps.4,852.28 Indemnización de conformidad al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo (OTROS PAGOS) Lps.63,079.63; TOTAL Lps.169,351.25; 5) JUAN PADILLA GARCIA Preaviso Lps.11,494.20; Auxilio de Cesantía Lps.11,494.20; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.2,905.48; Vacaciones Proporcionales Lps.1,162.19; Aguinaldo Proporcional Lps.848.39; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps.5,774.54; Reajuste de Salario Mínimo Lps.84,942.68; Vacaciones Pendientes Lps.3,831.40; Aguinaldo Adeudado Lps.5,852.28; Décimo Cuarto Pendiente Lps.6.568.19; Indemnización de conformidad al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo (OTROS PAGOS) Lps.84,942.68; TOTAL Lps.219,816.23; 6) SUANI IBETH MALDONADO HERNANDEZ: Preaviso: Lps.11,494.20; Auxilio de Cesantía: Lps.11,949.20; Auxilio de Cesantía Proporcional: Lps.11,430.34; Vacaciones Proporcionales: Lps.4,572.14; Aguinaldo Proporcional: Lps.848.39; Décimo Cuarto Mes Proporcional: Lps.5,774.54; Reajuste de Salario Mínimo: Lps.121,468.73; Vacaciones Pendientes: Lps.3,831.40; Aguinaldo Pendiente: Lps.19,677.19; Décimo Cuarto Pendiente: Lps.19,677.19; Indemnización de conformidad al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo: Lps.121,468.73; TOTAL: Lps.331,737.05; 7) WENDY YAMILETH FIGUEROA CEVEDA Preaviso Lps.22,988.40; Auxilio de Cesantía Lps.22,988.40; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps.31.93; Vacaciones Proporcionales Lps.15.96; Aguinaldo Proporcional Lps.848.39; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps.5,774.54; Reajuste de Salario Mínimo Lps.109,996.20; Vacaciones Pendientes Lps.8,429.08; Aguinaldo Adeudado Lps.8,524.72; Décimo Cuarto Adeudado Lps.8,944.88; Bono Educativo Lps.3,558.44; Indemnización de conformidad al artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo Lps. 109,996.20; TOTAL Lps.302,097.14, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el trabajador desde su fecha de despido indirecto, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales vigentes quede firme la sentencia respectiva.- CUARTO (4): SIN COSTAS”. Bajo el criterio que los demandantes formaban parte de la fuerza laboral de la Alcaldía Municipal de Aramecina, y no habiendo acreditado la parte patronal el respectivo Contrato de Trabajo, se tiene como hecho probado las estipulaciones de trabajo alegadas por los demandantes, y por tanto da como hecho probado que la señora Adela Amaya Santos inicio en fecha 1 de febrero del año 2021, ocupando el puesto de trabajo de Departamento de Unidad de Media Ambiente (UMA) Catastro Municipal; con un salario mensual de L. 7,000.00 desde la fecha en que inició a laborar para la demandada; la señora Coritza Cruz inició en fecha 1 de febrero del año 2020, ocupando cargo de Aseadora y con un salario mensual de L. 5,000.00, desde la fecha en que inició a trabajar para la demandada; la señora Hilda Waleska Cueva Villalobos inició en fecha 19 de febrero del año dos mil 2018, ocupando el cargo de Coordinadora de la Oficina Municipal de la Mujer, con un salario mensual de L6,000.00 durante sus últimos dos años de trabajo para la demandada; el señor Isrrael Diaz Reyes inició en fecha 01 de febrero del año 2021, ocupando el cargo de Guardia, con una jornada laboral de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. de lunes a domingos, sin gozar de un día de descanso y con una jornada laboral que excedía la jornada máxima legal establecida en el código de trabajo y con un salario mensual de L. 5,000.00 desde la fecha en que inició a laborar para la demandada; el señor Juan Padilla García inicio en fecha 1 de noviembre del año 2020, ocupando el cargo de Aseador del Cementerio, con un salario mensual de L. 4,000.00 desde la fecha en que inició a trabajar para la demandada; la señora Suani Ibeth Maldonado Hernandez inició en fecha 4 de febrero del año 2020 ocupando el cargo de Promotora del Programa Educatodo, con un salario mensual de L. 5,000.00 desde la fecha de inicio de la relación de trabajo con la demandada; y la señora Wendy Yamileth Figueroa Ceveda inició el 1 de febrero del 2020, ocupando el cargo de Conserje, con un salario mensual de L. 4,000.00 desde la fecha en que inició a trabajar para la demandada. En consecuencia, da como hecho probado que los demandantes fueron despedidos unilateralmente por parte del patrono en fechas 01 de febrero del 2022; respecto al trabajador Isrrael Diaz Reyes interpuso la excepción perentoria de pago y para acreditar la misma aporto a juicio el documento consistente cheque número 81444236 de fecha 1 de septiembre del 2022 librado a favor de Isrrael Diaz Reyes por la Alcaldía de Aramecina Valle contra Banco Occidente S.A. y Orden de pago Numero 004987 de la Alcaldía de Aramecina Valle de fecha 1 de septiembre del 2022 a favor del señor Isrrael Diaz Reyes, por un valor de L. 107,612.61 por concepto de valor que corresponde a pago por cancelación de prestaciones e indemnizaciones laborales, los montos antes descritos, ser confrontados con la cuantía de la demanda en el acápite que corresponde al trabajador Isrrael Diaz Reyez se logra concluir que no satisfacen los valores reclamados en la presente demanda, por tanto, no se puede entender cumplida a cabalidad la obligación del demandado, siendo que el pago es posterior y no previo a la fecha en que se entablo la demanda, esta judicatura concluye que debieron seguirse los procedimientos establecidos en el Código Procesal Civil, en caso de haber existido un arreglo extrajudicial o en su caso satisfacción extraprocesal del objeto litigioso, situación que no fue puesta en conocimiento del juzgado. Sin embargo y siendo que los montos antes referidos por parte del excepcionante no satisfacen los valores reclamados por el trabajador y con fundamento en el principio protectorio, es del criterio que no procede en derecho la excepción de pago, por los motivos expuestos. Por otra parte, y si bien constituye unas alegaciones de juicio hecha por la patronal, que lo ocurrido obedece a un supuesto arreglo o conciliación, al cual arribó con los ahora demandantes, es meritorio citar el artículo 379 del Código del Trabajo el cual reza “todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio celebrado entre el obrero y el patrono, para que tenga validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondientes”; en consecuencia, la carga de probar el supuesto acuerdo, recae sobre el patrono, siendo que no consta que hayan arribado a un acuerdo conciliatorio ante las autoridades del trabajo, la suscrita juez no puede dar valor a sus afirmaciones, por lo que según el artículo 238 numeral 2) del Código Procesal Civil en aplicación supletoria incumbe al demandado la carga de probar los hechos que conforme a las normas que les sean aplicables, impidan, extingan o excluyan la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el numeral anterior, es decir a los hechos constitutivos de la demanda. Por lo que no habiendo quedado acreditadas tales situaciones respecto a cada demandante en particular, procede en derecho desestimar las afirmaciones del demandado. Por su parte y en virtud de haber quedado acreditado que los demandantes fueron despedidos de forma unilateral y por escrito por la parte patronal, según se desprende de la Notificación hecha en fecha 1 de febrero del 2022 de cuya redacción se infiere que la misma se trata de una determinación unilateral, procede en derecho conforme al artículo 113 del Código de Trabajo, examinar si dentro de estas, el patrono invocó causales justificadas de las establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, por lo que al confrontar dichas notificaciones las cuales comúnmente establecen como argumento notificación por termino laboral por mutuo acuerdo. Por este medio se le notifica que, a partir de la fecha, 01 de febrero del 20222, se acepta de común acuerdo dar por terminada la relación laboral existente entre su persona y esta institución; con el reconocimiento de sus derechos laborales, a lo anterior conforme al principio de primacía de la realidad, se entiende que la simulación pretendida por la patronal es nula de pleno derecho porque tergiversa los derechos de los trabajadores, asimismo se encuentra firmada únicamente por la patronal, por consistir según la misma una notificación por lo cual no se puede entender que dicho documento se trate de una terminación por mutuo acuerdo, la cual según el artículo 379 del Código de Trabajo debe hacerse ante autoridad competente, lo que si constituye dicha notificación es un despido directo, puesto que produce la interrupción abrupta e injustificada del principio de continuidad laboral, por lo que según lo establecido en el artículo 112 y 117 del Código de Trabajo, la que juzga arriba a la convicción que se encuentra frente a despidos sin justa causa, puesto que el patrono no comunicó a los trabajadores causal alguna; por lo tanto procede en derecho otorgar los derechos, prestaciones e indemnizaciones laborales solicitadas por la parte actora. 4. La Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha 25 de julio del 2023, dictó sentencia que, en su parte resolutiva dice: “RESUELVE: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR PARCIALMENTE, el recurso de apelación interpuesto por el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la parte demandada, contra la SENTENCIA DEFINITIVA, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, departamento de Valle y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha tres (3) de Marzo del año dos mil veintitrés (2023), en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA JUSTA CAUSA EN QUE FUNDO EL DESPIDO DIRECTO, CASO CONTRARIO SE CONDENE AL DEMANDADO AL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO INJUSTO Y A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA EN QUE CON SUJECIÓN A LAS NORMAS PROCESALES QUEDE FIRME LA RESPECTIVA SENTENCIA CONDENATORIA. PAGO DE REAJUSTE DE SALARIO MÍNIMO E INDEMNIZACIÓN POR FALTA DE SALARIO MÍNIMO, COSTAS DEL JUICIO. SE ACREDITA REPRESENTACIÓN PROCESAL. ANEXOS., promovida por el Abogado ERNESTO ANTONIO ARNODO LAGOS, en su condición de representante procesal de: 1) ADELA AMAYA SANTOS, 2) CORITZA CRUZ, 3) HILDA WALESKA CUEVA VILLALOBOS; 4) ISRRAEL DIAZ REYES; 5) JOLMHAN LAZO CALDERÓN, 6) JUAN PADILLA GARCIA, 7) MARTHA LIDIA GONZALES LOPEZ, 8) MARVIN OMAR SANTOS HERNANDEZ, 9) SUANI IBETH MALDONADO HERNANDEZ, 10) WENDY YAMILETH FIGUEROA CEVEDA, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARAMECINA, DEPARTAMENTO DE VALLE, a través de su representante legal, el señor Alcalde Municipal RONY NICOLAS FUNEZ CRUZ. SEGUNDO: SE REVOCA PARCIALMENTE, la sentencia definitiva recurrida, en el sentido de que se ESTIMA la excepción perentoria de pago, opuesto contra ISRRAEL DIAZ REYES, por haber sido satisfecho el pago de sus derechos ante autoridad competente. TERCERO: En consecuencia, SE EXCLUYE DE LA CONDENA, al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales del señor ISRRAEL DIAZ REYES. CUARTO: En lo demás se CONFIRMAR LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA. - QUINTO: SIN COSTAS, en esta instancia”. Bajo el criterio que al efectuar un estudio minucioso, aprecia claramente que las prestaciones e indemnizaciones laborales derivadas de la relación de trabajo sostenida entre los actores y la parte demandada fueron debidamente calculadas por la Secretaría del Trabajo y según las Hojas de Cálculo que aparecen incorporadas, incluyéndose en las mismas el reajuste al salario mínimo de los demandantes que no lo devengaban y que de conformidad con la Ley del Salario Mínimo constituye un derecho irrenunciable, y por lo tanto, no pueden ni podrán pagarse salarios inferiores a los establecidos en la referida Ley, es decir, que ni el mismo trabajador puede prescindir de él; no teniendo vedado su derecho de acción de recuperarlo acumulándolo a su demanda principal, se dice esto en razón que el demandado expone que si los demandantes tenían alguna pretensión en cuanto al reajuste del salario mínimo, debieron ejercer su derecho establecido en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo, que imperativamente manda cual es el trámite a seguir para recuperar los valores por ese concepto; cabe decir que este Tribunal de Alzada ya se ha pronunciado en casos similares, tal es caso en la Demanda incoada contra la Alcaldía de Alianza, Departamento de Valle, diligencias que se registraron con el número 25-2019, siendo confirmado dicho fallo según expediente número SL429-19 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral Contencioso Administrativo, que en su parte conducente estableció que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente, olvida el impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba, ya que se trata de confrontar la sentencia con la ley; y si señala que dirige su ataque por vía directa por aplicación indebida, pero incluye un acápite titulado normas procesales que sirvieron de medios, los artículos 381, 758 del Código del Trabajo, 39 de la Ley del Salario Mínimo y Manual Procesal Laboral numeral 16), son las normas procesales que sirvieron de medio de prueba para la violación de las normas sustantivas antes señaladas, lo cual es incongruente con este tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propio de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la pretensión probatoria; falta a la claridad y precisión requerida, ya que su explicación alude a disposiciones no indicadas como infringidas o relacionadas en su formulación; tal es el caso de los artículo 381, 718 y 858 del Código del Trabajo y 39 de la Ley del Salario Mínimo; y formula extensos alegatos de instancia. Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho merito en su único motivación de casación. A pesar de que la demanda es de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de despido, las partes demandantes probaron fehacientemente dos aspectos fundamentales sus despidos directos e injustificados efectuados por la parte patronal; el impago de todas sus prestaciones e indemnizaciones laborales que les correspondían de conformidad con la ley. La parte patronal no efectuó ante el tribunal conocedor del presente juicio el pago por consignación de las cantidades adeudadas a los empleados por concepto de prestaciones e indemnizaciones laborales, es decir, las cuantías establecidas en las Hojas de Cálculo de las Prestaciones Laborales efectuadas por la Secretaría Regional del Trabajo. Tal consignación para que tenga validez y surta plenos efectos jurídicos debe efectuarse con los requisitos que señala el Manual Procesal Laboral estructurado por la Sala Laboral- Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, específicamente en su página 39, capítulo 9, que son la proporcionalidad de la consignación, entendiéndose esta como el hecho de que la cantidad consignada deberá ser lo más cercana o aproximada a la condena impuesta por el juzgador, la oportunidad del momento en que se hace que puede verificarse en la contestación de la demanda o en la audiencia primera de trámite y la buena fe. La parte demandada argumenta que no procede la condena de salarios caídos en virtud de que el patrono ofreció a sus trabajadores el pago total de sus prestaciones e indemnizaciones laborales y que el despido fue de común acuerdo; tal como se plasmó en las notas de despido, además ofreció el pago en abonos, ya que la Alcaldía no cuenta con los recursos para pagar de un solo monto las prestaciones e indemnizaciones laborales y que la propuesta era pagarles en tres pagos de acuerdo a las transferencias que el gobierno central realiza a las Alcaldías, ante tales circunstancias, no se producen en este proceso laboral efectos liberatorios con respecto a los salarios dejados de percibir, los cuales corren desde la fecha en que se produjo el despido directo hasta el momento en que la sentencia condenatoria adquiera firmeza. Asimismo esta Corte de Apelaciones ya se ha pronunciado en casos similares, de la misma Alcaldía Municipal de Aramecina Valle, expediente identificado en este Tribunal con el numero 31-2019, siendo confirmado el fallo de este Tribunal de Alzada, por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral- Contencioso Administrativo, según expediente de recurso de casación número LS-413-19, que señaló “si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe hacerse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este tribunal deba enmendar”. En cuanto a la excepción perentoria de pago peticionada por el señor Isrrael Diaz Reyes, y habiendo oposición a dicha excepción por el representante procesal de las partes demandadas, por no ser completo el pago ya que el cálculo presentado por el trabajador, con el cálculo que oferto la parte demandante, hay diferencia de valor, al respecto es preciso mencionar que se aportó al proceso cheque de caja No. 81444236 por valor de L. 107,612.61 con su respectiva orden de pago, un Acta Circunstanciada del expediente de mérito, del empleado en referencia, donde él mismo acepta el ofrecimiento conciliatorio opuesto y da por cumplida la obligación, y libera a la Alcaldía Municipal de Aramecina Valle, de toda y cualquier responsabilidad, sea pasada, presente y futura, derivado de la terminación de la relación de trabajo, que le unió con la Municipalidad, y la autoridad competente, resolvió, tener por conciliada la presente Acta circunstanciada. Firmando las partes y el Inspector del Trabajo, por lo que en cuanto a este empleado es procedente la excepción perentoria de pago, en razón de haber sido satisfecho sus derechos laborales, ya que el mismo empleado lo reconoció, motivo por el cual procede declarar con lugar el recurso de apelación planteado en cuanto a este aspecto, revocándose del fallo la condena impuesta del empleado Isrrael Diaz Reyes. El Tribunal de Alzada, considera que la parte demandada no desvirtuó ninguno de los hechos alegados y controvertidos de la demanda promovida, aceptando de manera enfática que los demandantes fueron despedidos de sus puestos de trabajo; siendo estos despidos, además de directos e ilegales, injustificados puesto que no han incurrido en ninguna de las causales que establece el artículo 112 del Código del Trabajo, de lo anterior se colige que la situación planteada ha sido resuelta en el momento procesal oportuno, teniendo congruencia entre la petición formulada, el plan de la demanda, los hechos debatidos, los medios probatorios propuestos y evacuados en el proceso, además se observa que la parte patronal omitió el cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 117 del Código Laboral que dice “la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”, y en el presente caso las notas de despido no se consigna causal de despido, solo se hace mención que de común acuerdo los empleados aceptan dar por terminada la relación laboral existente entre ambos, sin constar la firma y huella de los empleados en dichas notas; además de la manifestación expresa del reconocimiento de los derechos laborales, no existiendo ningún arreglo de pago en todo el proceso; por tal razón la Sentencia definitiva dictada por la Jueza A-quo se encuentra ajustada a derecho ya que la juzgadora al impartir justicia le concedió a los demandantes Adela Amaya Santos, Coritza Ruiz, Hilda Waleska Cueva Villalobos, Juan Padilla García, Suani Ibeth Maldonado Hernandez y Wendy Yamileth Figueroa Ceveda, lo que efectivamente les correspondía, el pago total de sus prestaciones laborales y el de los salarios dejados de percibir, con la indemnización que corresponde al artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, razón por el cual este Tribunal de Alzada declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal de la parte demandada, en cuanto al empleado Isrrael Diaz Reyes; y en lo demás procede confirmar lo resuelto a favor de los restantes siete empleados. 5. Mediante auto de fecha 29 de enero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIANN ANDREA MACHADO PINEL, en su condición de representante procesal de los señores ADELA AMAYA SANTOS, CORITZA CRUZ, HILDA WALESKA CUEVA VILLALOBOS, ISRRAEL DIAZ REYES, JOLMHAN LAZO CALDERON, JUAN PADILLA GARCIA, MARTHA LIDIA GONZALES LOPEZ, MARVIN OMAR SANTOS HERNANDEZ, SUANI IBETH MALDONADO HERNANDEZ, y WENDY YAMILETH FIGUEROA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 14 de marzo del 2024, compareció ante este Tribunal la Abogada MARIANN ANDREA MACHADO PINEL, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 18 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 13 de noviembre del 2024, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Abogado RICARDO ENRIQUE BUESO ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la abogada MARIANN ANDREA MACHADO PINEL, en un primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental propuesto por la parte demandante, que adelante se singulariza en relación a la demás prueba en su conjunto, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEANENTE. La documental que se refiere a: a) Orden de Pago por la suma de L107,612.61 visible a folios 76; b) Cheque No.81444236 contra Banco Occidente por la suma de L107,812.61 a favor de Isrrael Diaz Reyes visible a folios 77 y c) ACTA Circunstanciada levantada por la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social en fecha 01 de septiembre del 2022 visible a olios 87 al 88; todos de la primera pieza de autos EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La Corte Sentenciadora al reformar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente incurrió en Error de Hechor al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados (singularizados) anteriormente y admitidos a la parte demandada y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgado no está sujeto a tarifa legal de prueba, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículos 739 del Código de Trabajo, esta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa, que haga prevalecer la realidad y con apego los principios del derecho del trabajo y aquellos que rigen el proceso laboral, particularmente. el protectorio.(Artículo 8 del Código del Trabajo); en el caso de autos, el tribunal recurrido en una clara apreciación errónea de las pruebas ya singularizadas que tuvo por estimada en la Excepción Perentoria de Pago opuesta por la Demandada y que es totalmente improcedente quedando claramente evidenciada LA INFRACCIÓN INDIRECTA a los artículos, 114 párrafo primero del código de trabajo, al considerar conforme se desprende de lo consignado por la misma Corte recurrida en el acápite FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN JURÍDICA numeral DECIMO PRIMERO entre otros hechos "que se aportó al proceso cheque de caja No. 81444236 por valor de L. 107, 612.61 con su respectiva orden de pago (folio 76), un ACTA CIRCUNSTANCIADA (folio 87 y 88) del expediente de mérito, del empleado en referencia, donde él mismo acepta el ofrecimiento conciliatorio opuesto y da por cumplida la obligación, y libera a la Alcaldía Municipal de Aramecina Valle, de toda y cualquier responsabilidad, sea pasada, presente y futura, derivado de la terminación de la relación de trabajo, que le unió con la Municipalidad, y la AUTORIDAD COMPETENTE, resolvió, tener por conciliada la presente Acta circunstanciada. Firmando el representante procesal legal de la Municipalidad Rony Nicolás Fúnez Cruz, el trabajador Israel Díaz Reyes, y el inspector del trabajo Claudio Cesar Fúnez Cárcamo, por lo que, en cuanto a este empleado es procedente la excepción perentoria de pago, en razón de haber sido satisfecho sus derechos laborales, ya que el mismo empleado lo reconoció, motivo por el cual procede declarar con lugar el recurso de apelación planteado en cuanto a este aspecto, revocándose del fallo la condena impuesta del empleado ISRAEL DIAZ REYES." es evidente que si la Corte hubiese apreciado debidamente los medios de prueba singularizados habrían arribado a la convicción de que; el pago alegado por la parte demandada se realizó en fecha 01 de septiembre del 2022 y que la demanda se presentó en fecha 03 de mayo del año 2022, es decir, cuando ya se había establecido el objeto del juicio y las pretensiones de cada demandante, por tanto la Sentencia debe ajustarse a las pretensiones que fueron comunicadas al juez en la demanda de fecha 03 de mayo del 2022. Aunado a esto el juez de primera instancia sentenció que el pago invocado por la demandada no satisface la cantidad fijada en la cuantía de la demanda con respecto al trabajador Israel Diaz Reyes, por lo que el pago invocado por el demandado no tiene efectos liberatorios, puesto que no satisface completamente las pretensiones del demandante. DEBIDO A LA APRECIACION ERRONEA DE LAS PRUEBAS MENCIONADAS; Honorables Magistrados es evidente, que la Sentencia recurrida no ha sido dictada conforme a derecho al no observar el Tribunal de Segunda Instancia las pruebas que se singularizan y que llevó al mismo, a violar en forma Indirecta el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, al no aplicar la norma que corresponde lo que se dejó acreditado con las probanzas ya singularizadas y que fueron presentadas y oportunamente desahogadas por el Tribunal de la primera Instancia, lo cual la hizo incurrir en error de hecho manifiestamente ostensible al Tribunal de Segunda Instancia y que de haberlas apreciado el resultado sería diferente, arribando al convencimiento de la improcedencia de la Excepción perentoria de pago y la procedencia de la demanda y juzgando el caso con óptica laboral con fundamento en los principios que rigen dicha materia, particularmente el principio protectorio y de primacía de la realidad, razón que hace procedente se admita este motivo, se CASE la sentencia que ha sido recurrida”. III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los siguientes defectos técnicos: a) en la formulación se indica como infringido el artículo “…113 párrafo primero del Código del Trabajo…” pero, el caso es que, el ad quem al confirmar y revocar parcialmente el fallo de primera instancia da por acreditados los hechos expuestos (salvo en el caso del trabajador Israel Diaz Reyes, excepción de pago), por la parte actora, declarando con lugar las pretensiones de los demandantes por el despido injusto e ilegal de que fueron objeto conforme a la libre formación de su convencimiento; en consecuencia la disposición señalada como infringida resulta inadecuada, ya que no se ha demostrado la incidencia de la misma en un resultado diferente al fallo impugnado; b) se alega el concepto de infracción indirecta, pero en la explicación, se alude a que el juzgador de instancia “…no aplicar la norma que corresponde lo que se dejó acreditado con las probanzas ya singularizadas…” expresión que obedece a otra modalidad de violación la ley sustantiva que es la infracción directa, lo cual vuelve el cargo carente de claridad y precisión; c) se omite el precepto autorizante; d) en el desarrollo se alude al Artículo 8 y 114 del Código del Trabajo, que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación volviendo el cargo confuso; e) se menciona que en “…el caso de autos, el tribunal recurrido en una clara apreciación errónea de las pruebas ya singularizadas que tuvo por estimada en la Excepción Perentoria de Pago opuesta por la Demandada y que es totalmente improcedente quedando claramente evidenciada LA INFRACCIÓN INDIRECTA…”, haciendo alusión a la prescripción sin haber señalado en la formulación la violación de una norma que regula esta institución jurídica, lo que vuelve el cargo igualmente carente de claridad y precisión; y, f) se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario a razón de lo establecido en el artículo 770 del Código artículo de Trabajo. IV.- Por lo expuesto, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en un primer y único motivo de casación; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO ODALIS ALYEDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CA495-23. FIRMA Y SELLO

RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.