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Sentencia CL-482-23 — Registro 19600

Resumen

Segunda instancia declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare la existencia de una relación de trabajo de índole permanente regida por contratos de servicios profesionales concurriendo los tres elementos esenciales del contrato de trabajo establecidos en el artículo 20 y relacionado con el artículo 24 del Código de Trabajo, se declare como una verdadera relación laboral de carácter permanente por la suscripción de contratos continuos e ininterrumpidos en estricto cumplimiento del artículo 47 y 52 del Código de Trabajo y se declare la antigüedad desde el inicio de la relación laboral y que se condene al pago de los beneficios que reciben los empleados permanentes como ser bonificación de vacaciones, aumentos salariales aprobados por el gobierno central, quinquenios y cualquier otro beneficio desde el inicio de la relación laboral y que deberán ampliarse a sus colaterales de ley como ser décimo tercer mes y décimo cuarto mes y así mismo se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en virtud de despido ilegal e injusto y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria por la violación a los principios de estabilidad laboral y derecho a la defensa.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la formulación del cargo, omite señalar la norma sustantiva violada; b) cita normativa no indicada como violada en la explicación del cargo, tal es el caso de los artículos 739 del Código del Trabajo, 127, 256 y 257 de la Constitución de la República, 17 y 200 del Reglamento de la ley de Servicio Civil, artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; c) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea ; y, e) formula alegatos propios de instancia. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés (23) de junio del dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 01 de abril del 2024, por el Abogado ISAIAS SALOMÓN NIETO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor HOLJER ISRAEL CORTES MORENO, representado en juicio por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se declare la existencia de una relación de trabajo de índole permanente regida por contratos de servicios profesionales concurriendo los tres elementos esenciales del contrato de trabajo establecidos en el artículo 20 y relacionado con el artículo 24 del Código de Trabajo, se declare como una verdadera relación laboral de carácter permanente por la suscripción de contratos continuos e ininterrumpidos en estricto cumplimiento del artículo 47 y 52 del Código de Trabajo y se declare la antigüedad desde el inicio de la relación laboral y que se condene al pago de los beneficios que reciben los empleados permanentes como ser bonificación de vacaciones, aumentos salariales aprobados por el gobierno central, quinquenios y cualquier otro beneficio desde el inicio de la relación laboral y que deberán ampliarse a sus colaterales de ley como ser décimo tercer mes y décimo cuarto mes y así mismo se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, en virtud de despido ilegal e injusto y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria por la violación a los principios de estabilidad laboral y derecho a la defensa, pago de vacaciones, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 08 de febrero del 2021 por el señor HOLJER ISRAEL CORTES MORENO, mayor de edad, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS (MIAMBIENTE), por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de marzo del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 21 de enero del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ en su condición de representante procesal del trabajador HOLJER ISRAEL CORTES MORENO en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE) por medio de la Procuradora General de la República y representante legal la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. 2) SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE) al pago de la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ( L 153,065.68), desglosada de la forma siguiente: PREAVISO L 33,133.20, AUXILIO DE CESANTIA L 49,699.80, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L 9,479.78, VACACIONES PROPORCIONALES L 6,319.85, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L 14,199.90, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L 7,099.95, VACACIONES L 8,283.30, BONIFICACION POR VACACIONES L 24,849.50, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme la sentencia. 3) SIN LUGAR la Excepción de Prescripción opuesta por el representante procesal demandado abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA. SIN COSTAS en esta instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante, expreso en el escrito de su acción que, inicio la relación laboral con el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente, en fecha 5 de junio del 2017, en el cargo de Analista Presupuestario mediante un contrato temporal, devengando un salario mensual durante los últimos 6 meses de L.12,000.00 exactos, no obstante, su salario debió ser de L.14,200.00 si el patrono le hubiera otorgado los aumentos salariales aprobados por el Gobierno para los años 2019 y 2020, mismos que fueron negados bajo el argumento de la no existencia de una relación laboral. Desde que el demandante inicio el vínculo jurídico ha venido suscribiendo contratos de servicios profesionales pretendiendo la patronal hacerle creer que su vínculo se regía bajo las normas del Derecho Administrativo, por lo tanto, la existencia de una relación de trabajo no depende explícitamente del nombre que se le dé al contrato suscrito, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre o se encontró mientras presto su fuerza de trabajo, es decir que la existencia de la relación laboral es totalmente independiente del acto que condicionó su nacimiento, ya que las estipulaciones consignadas en los contratos de servicios profesionales que suscribió no correspondía a la realidad del trabajo efectuado; que los contratos que celebró con la parte patronal son llamados “Prestaciones de servicios profesionales”, mismos que son contrarios al derecho del trabajo lo que en la realidad era un trabajador permanente en dicha institución en virtud de que se cumplían los elementos esenciales para que exista contrato de trabajo, según lo dispone el artículo 20 del Código de Trabajo, siendo el contrato que celebró una simulación del mismo, es decir que a través de la suscripción de estos contratos la institución demandada disfrazaba la relación laboral que mantenía con el demandante, pretendiendo hacer ver que estaba cumpliendo con la ley a través de una contratación dudosa y defraudadora. Y qué como empleado no tenía dependencia técnica o administrativa en el puesto que desempeñaba, en consecuencia, se relaciona su situación con el artículo 24 del mismo código laboral. Un principio elemental en el Derecho Laboral es el principio de la primacía de la realidad sobre lo formal, derivado del Principio Protectorio del Trabajo y se perfecciona como consecuencia de la buena fe, para evitar el fraude, la simulación de ilícitos promoviendo de esta forma la buena fe entre las partes; y en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, lo que sucede en el terreno de los hechos; como consecuencia, una vez comprobada la inadecuación contractual a la realidad de la relación laboral de que se trate, son de directa aplicación las normas imperativas que se rigen por el derecho laboral; y esto se debe a que la simulación trae como consecuencia el hecho de que el negocio simulado sea declarado nulo, debiendo prevalecer el contrato oculto (artículo 3 del Código de Trabajo). En virtud de dicha simulación contractual se le negó el derecho a gozar la permanencia y el reconocimiento a la antigüedad, siendo discriminado en el trato igualitario para gozar de los beneficios de un trabajador de categoría permanente, de conformidad a los artículos 47 párrafo primero y segundo y 52 párrafo relacionado con el artículo 347 del Código de Trabajo, por lo tanto se está ante un contrato del trabajo por tiempo indefinido, regido por la jurisdicción laboral ya que las labores que el demandante desempeño dentro de la institución son permanentes y continuas, la causa del contrato subsiste y el puesto está vigente, adquiriendo estabilidad en el puesto de trabajo, con fundamento en el artículo 129 de la Constitución de la Republica, que contiene el principio de estabilidad laboral y continuidad. La Corte Suprema de Justicia a través de la Sala Laboral ha vertido fallos sobre la permanencia en puestos de trabajo dejando claro lo siguiente: “LA PERMANENCIA DEBE SER REGLA Y NO LA EXCEPCIÓN, COMO ASÍ LO TIENE ESTABLECIDO EL ARTÍCULO 47 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, DE TAL MANERA QUE SI UN TRABAJADOR HA PRESTADO SUS SERVICIOS YA SEA A TRAVÉS DE CONTRATOS DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO, JORNALES, RESOLUCIONES MINISTERIALES ETC., PARA LA MISMA CLASE DE TRABAJO EN FORMA CONTINUA, SI BIEN NO SE REQUIERE QUE EXISTA DECLARATORIA JUDICIAL PARA QUE LA RELACIÓN LABORAL SEA CONSIDERADA COMO PERMANENTE Y CONSECUENTEMENTE GOCE DE TODOS LOS DERECHOS QUE CORRESPONDE A LOS TRABAJADORES PERMANENTES CUANDO EXISTEN RECLAMOS O ACCIONES PARA QUE ASÍ SE DETERMINE, PARA RESOLVERLOS SE DEBE TOMAR EN CUENTA EL PRINCIPIO PROTECTORIO, EN SU REGLA DE APLICACIÓN DE LA NORMA MAS FAVORABLE DEL TRABAJADOR COMO LOS DE IRRENUNCIABILIDAD Y ORDEN PUBLICO POR LO QUE NO CABE CRITERIOS RESTRICTIVOS NI LIMITAR ESOS DERECHOS QUE EL PATRONO DEBIÓ CONCEDER SIN NECESIDAD QUE FUESE DEMANDADO PARA ELLO”, por lo anterior se considera que le asiste el derecho para que se le otorgue el status de empleado permanente y goce de los beneficios como ser aumentos salariales, quinquenios, bonificación de vacaciones y cualquier otro concepto que reciba el personal permanente desde el inicio de la relación laboral. Después de laborar por más de tres años para la institución de forma continua e ininterrumpida, se le notifico en fecha 29 de diciembre del 2020 una nota donde se da por finalizada la relación laboral. La empresa demandada ha actuado de mala fe al terminar la relación laboral sin ninguna justa causa establecida en el artículo 112 del Código de Trabajo. Por otro lado en materia laboral existe el Principio de Ajenidad de los Riesgos el cual consiste en que los derechos de los trabajadores deberán ser percibidos en forma y lugar convenido, no podría depender del destino, la contingencia inherente a la vida comercial se cuenta entre los riesgos que debe soportar el empleador, el artículo 23 del Código de Trabajo de forma imperativa atribuye que el trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su patrono, pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas en consecuencia es improcedente fundamentar su despido bajo argumentos económicos. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, atendiendo la naturaleza jurídica de la parte demandada (Gobierno Central) y aplicando lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, no le son aplicables las disposiciones del Código de Trabajo, siendo aplicables al caso de mérito su reglamento de Régimen Especial y en lo no dispuesto la Ley de Servicio Civil, su Reglamento y demás normas administrativas, razón por la que considerando las necesidades de la demandada, se contrató al demandante mediante un Contrato Administrativo de Servicios Personales, en aplicación estricta de los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. En ese orden de ideas, el artículo 3 numeral 1) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que casos como el que nos ocupa es jurisdicción de lo Contencioso y no del Juzgado del Trabajo. Cabe mencionar que en fecha 29 de diciembre del 2020, al demandante nada más se le recordó que su contrato finalizaba el 31 de diciembre del año 2020, acción que bajo ninguna circunstancia se debe configurar como despido, en virtud de que la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente, actuó conforme a lo estipulado en la Cláusula Octava numeral 12 del referido contrato, suscrito entre el demandante y la demandada; en consecuencia, al no existir despido alguno, el Juez se ve vedado en calificarlo como justificado o injustificado y por ende no podría condenar al pago de prestaciones laborales, pues una cosa es consecuencia de la otra, ya que el derecho a pagos de indemnizaciones legales surte efecto en el caso en que la parte actora haya sido objeto de despido de manera injustificada, no pudiendo ser impuesta esa sanción por ser inexistente dicho acto; de igual manera es importante resaltar que el contrato entre las partes era por tiempo determinado, el cual tenía fecha de inicio y fecha de finalización, situación que era de pleno conocimiento del demandante; en efecto, el mismo llegó a su final sin responsabilidad alguna para la parte demandada. En cuanto al argumento de la parte actora para reclamar el derecho subjetivo que pretende, consistente en que se declare como una relación laboral permanente para que se le conceda el pago de indemnizaciones legales y demás derechos que ostentan los empleados de carácter permanente, la misma se apoya en los artículos 47 y 52 párrafo tercero del Código de Trabajo, los que desarrollan los elementos esenciales para considerar la posible continuidad en esas labores, con el único objetivo de utilizarlos para el reconocimiento de un derecho que no le corresponde, ni tiene sustento jurídico, ya que la normativa de los artículos del Código de Trabajo al que hace referencia la parte actora no es aplicable, por lo que no puede aplicarse irresponsablemente la normativa laboral, por muy conveniente que sea para una de las partes, pues induciría a que la otra parte quedara en desventaja porque se sujetaría a la rigidez de la normativa de los artículos precitados, ya que de pleno conocimiento el demandante sabe la modalidad bajo la cual está regida su relación de servicio (Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos), con fecha de inicio y finalización; en el escrito de contestación se interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de enero del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ en su condición de representante procesal del trabajador HOLJER ISRAEL CORTES MORENO en contra del ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE) por medio de la Procuradora General de la República y representante legal la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA. 2) SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (MI AMBIENTE) al pago de la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ( L 153,065.68), desglosada de la forma siguiente: PREAVISO L 33,133.20, AUXILIO DE CESANTIA L 49,699.80, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L 9,479.78, VACACIONES PROPORCIONALES L 6,319.85, DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L 14,199.90, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L 7,099.95, VACACIONES L 8,283.30, BONIFICACION POR VACACIONES L 24,849.50, más a título de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme la sentencia. 3) SIN LUGAR la Excepción de Prescripción opuesta por el representante procesal demandado abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA. SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que, el contrato por tiempo determinado durará hasta cuándo se ha previsto la fecha pactada de la terminación del contrato; en cuanto a la Excepción de Prescripción de la acción del trabajador para reclamar el reajuste salarial, es improcedente en vista que era obligación del patrono año con año ajustar el salario porque las obligaciones en el contrato de trabajo son de tracto sucesivo, lo cual quiere decir que al no pagar cada año el ajuste salarial la supuesta prescripción alegada se fue interrumpiendo año con año, en consecuencia, se declara Sin Lugar la Excepción de Prescripción. Que el contrato por tiempo indeterminado se encuentra más favorecido por las disposiciones legales protectoras basadas en la permanencia de la relación de trabajo, por lo que existe una firme corriente favorable a constituir esta regla en el imperativo legal del cual sólo se reconocen excepciones en casos determinados, de allí que existe una marcada tendencia a declarar existente un contrato por tiempo indeterminado en casos de prórrogas sucesivas a los que se refiere el artículo 47 del Código de Trabajo y, en general, en todos aquellos donde la fijación del término, con la intención de hacer fraude a la ley, pueda considerarse simulada. En el presente caso, de la documentación aportada al proceso resulta evidente de la sucesiva contratación del demandante para ocupar un mismo puesto de trabajo en la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente), las labores que desempeñaba eran de naturaleza permanente por lo cual el contrato celebrado se considera por tiempo indefinido desde la fecha en que ingreso a laborar el 17 del mes de febrero del año 2014, de conformidad con los artículos 47 y 52 párrafo último del Código de Trabajo que establece el principio de continuidad del derecho del trabajo y que parte de la presunción de que todo contrato de trabajo debe suscribirse por tiempo indefinido y excepcionalmente por tiempo determinado. Que si bien es cierto, la relación de trabajo termino por causa alegada por el patrono como lo es la Pandemia del Covid, sin embargo, el Estado, ha mal utilizado esta situación ya que no acredito en los autos que la falta de fondo le impedía contratar al demandante ocasionado por el Covid, por lo tanto, la relación de trabajo habiendo sido declarada por tiempo indefinido, debió haber terminado por una de las causales estipuladas en el artículo 112 del Código de Trabajo para romper una relación de trabajo iniciada el 5 de junio del 2017, y que fue continua ya que se desempeñó para realizar la mismas labores, bajo contratos continuos, y aunque fueron denominados contratos de servicios profesionales, los mismos en si eran contratos de trabajo, según lo estipula el artículo 20 del Código del Trabajo, en consecuencia, se concluye que la relación de trabajo fue por tiempo indefinido hasta su conclusión la cual no fue motivada por el trabajador, para que la misma concluyera por lo que la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (Mi Ambiente) para terminar la relación de trabajo debió hacerlo bajo alguna de las causales contempladas en el artículo 112 del Código de Trabajo, no siendo así, se produjo un despido que además de ilegal fue injusto, por lo cual es procedente declarar Con Lugar la presente demanda. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 30 de marzo del 2023, dicto sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, como principio general corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de los preceptos que causaron los derechos impetrados. Así, el demandante debe acreditar idóneamente los hechos en que apoya sus pretensiones y el demandado aquellos en que fundamenta su defensa. Que obra en la primera pieza de autos, la existencia de varios contratos por tiempo determinado (32 al 37, 50 al 57) celebrados entre el Estado de Honduras y el demandante; y que las funciones por las cuales fue contratado, siempre han sido las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración. Además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas", por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes en contienda, era por tiempo indeterminado. Que la doctrina jurisprudencial es la que establece por medio de criterios reiterados en sus sentencias, complementando el ordenamiento jurídico al interpretar y aplicar la ley, las costumbres y los principios generales del derecho; es decir, que la jurisprudencia no vincula, pero crea unos hábitos interpretativos que tienden a procurar la unificación en la interpretación judicial, y permite servir de fundamento jurídico al medio de impugnación, ya sea de apelación o casación. En ese sentido, la jurisprudencia cumple el cometido de fuente jurídica adicional que garantiza la uniforme aplicación del derecho, conforme al principio de igualdad; y esta función de fuente adicional solo se predica en las materias en que es posible el recurso de casación por infracción de jurisprudencia, como en el derecho civil y en el derecho laboral. Que la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia (Exp. 11016 de segunda instancia) señala "Que consecuentemente la existencia de una relación de trabajo no depende de lo que las partes hubieren pactado, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre colocado, de modo que la aplicación del derecho del trabajo depende cada vez menos de una relación jurídica subjetiva, cuya existencia es independiente del acto que condiciona su nacimiento; por ello resulta erróneo pretender juzgar la naturaleza de esta relación, de acuerdo a lo que las partes hubieren pactado, ya que si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho". Que, habiéndose ya pronunciado la Sala de lo Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, que "... si las estipulaciones consignadas en el contrato no corresponden a la realidad, y además implican renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución y el Código del Trabajo le otorgan al trabajador, son nulas de pleno derecho"; esta Corte de Apelaciones reafirma aún más su criterio de que la relación existente entre el demandante con el ESTADO DE HONDURAS, es de carácter permanente y que es procedente confirmar la sentencia definitiva apelada. 5. Mediante auto de fecha 22 de enero del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado GABRIEL ALEJANDRO SORTO MENDOZA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 01 de abril del 2024, compareció ante este Tribunal, el Abogado ISAIAS SALOMON NIETO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 10 de abril del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 24 de mayo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II. Que el Abogado ISAIAS SALOMON NIETO MARTINEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por error de hecho por apreciación errónea del medio de prueba denominado documental consistente en los Contratos Administrativos de Servicios Personales, que hizo incurrir en la violación que aparece manifiesto en los autos, y que llevó de forma indirecta a la Corte Sentenciadora a incurrir en defectos y vicios del fallo recurrido, puesto que es violatorio de la Ley. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: El medio de prueba que fue apreciado erróneamente es el siguiente: a) Contratos Administrativos de Servicios Personales, suscritos entre el demandante y el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL ÚNICO MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente, los cuales fueron admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código del Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto. Si no se hubiesen apreciado erróneamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que el demandante no le asiste el derecho para solicitar el reintegro y la permanencia y demás derechos subjetivos que de manera infundada solicita en su improcedente demanda, ya que al suscribir Contratos Administrativos de Servicios Personales, evidentemente se trata de una relación de servicio, la cual no conlleva una continuidad en los servicios prestados por el demandante; en consecuencia, si la Corte Sentenciadora hubiese apreciado debidamente las pruebas señaladas y no como la apreciación errónea que efectuó, hubiese fallado declarando no ha lugar la precitada "Demanda Ordinaria Laboral" , pues como se ha indicado, se trata de una relación de servicio y no de una relación de trabajo, ya que la normativa de los artículos 127 y 256 de la Constitución de la República de Honduras, establece una clara diferencia entre el "derecho del trabajo" y "la relación de servicio", razón por la cual el demandante no puede augurar que la relación contractual mediante Contratos Administrativos de Servicios Personales con mi representado es una relación de trabajo, pues dicha norma constitucional en su artículo 256 establece que es el Régimen de Servicio Civil el que regulará las relaciones de empleo y función pública que se establecen entre el Estado y sus servidores, siendo el caso que nos ocupa, lo anterior en analogía con el artículo 257 del mismo estamento legal constitucional, donde remite a la regulación de la Ley de Servicio Civil y su reglamento y observando lo establecido en los artículos 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil, mi representado está facultado para ejercer legalmente la contratación del demandante, por lo que en caso de tener alguna objeción sobre lo establecido en las cláusulas del contrato suscrito con mi representado el Estado de Honduras a través del Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), debió interponer la acción ante la jurisdicción de lo contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pero nunca aseverar que lo presente es una relación de trabajo permanente; en consecuencia, es improcedente la pretensión del demandante en virtud de encontrarnos concretamente ante una relación de servicio, razón por la que la demanda interpuesta por el señor HOLJER ISRAEL CORTES MORENO, debió ser declarada SIN LUGAR”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la formulación del cargo, omite señalar la norma sustantiva violada; b) cita normativa no indicada como violada en la explicación del cargo, tal es el caso de los artículos 739 del Código del Trabajo, 127, 256 y 257 de la Constitución de la República, 17 y 200 del Reglamento de la ley de Servicio Civil, artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; c) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea ; y, e) formula alegatos propios de instancia. IV. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, MARIO ROLANDO DIAZ FLORES. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de junio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL482-2023.FIRMA Y SELLO.

RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY,

RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.”