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Sentencia CL-47-23 — Registro 19624

Resumen

Se declara sin lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia, pidiendo el emplazamiento del patrono para que pruebe la justa causa de despido, al no probarlo, se declare injustificado el despido y se condene al patrono demandado al reintegro. absuelve de reintegrar al demandante en el cargo ocupado e indemnizarlo con el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios; segunda instancia confirma la sentencia definitiva, esta Sala de lo Laboral declara no ha lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea ; y, c) formula extensos alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinaria recurso...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 761 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 691 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que el cargo expuesto resulta inadmisible puesto que el error de hecho solo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos; sin embargo, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración apropiada de todo el material probatorio allegado al juicio, llegándose a la conclusión de la procedencia de la demanda de mérito. En adición, en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso y en el caso sub-judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio.- En adición, el Recurrente incurre en los defectos técnicos, formular alegatos de instancia y en la explicación, alude a las dos modalidades del error de hecho, ya que invoca la falta de apreciación de unos medios probatorios y la apreciación errónea de otros, lo cual debió haber expuesto de forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintitrés días del mes de junio del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha catorce de agosto del dos mil veintitrés, por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CARRATO, en su condición de representante procesal del señor JESUS ALBERTO FIALLOS MONTALVAN, como recurrente; además, es parte recurrida: la sociedad mercantil denominada CLÍNICAS MEDICENTRO S.A DE C.V., representada en juicio por la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de primera instancia solicitando el emplazamiento del patrono para que pruebe la justa causa del despido, al no probarlo, se condene al reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones y a título de daños y perjuicios, al pago de los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria respectiva, al pago de los derechos adquiridos, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 12 de enero del 2021 por el señor JESUS ALBERTO FIALLOS MONTALVAN, mayor de edad, soltero, Doctor en Medicina y Cirugía, hondureño y con domicilio en la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, contra la sociedad mercantil denominada CLINICAS MEDICENTRO S.A DE C.V., por medio del Presidente del Consejo de Administración, el señor GABRIEL ENRIQUE MONTOYA MOLINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de noviembre del 2022, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 31 de agosto del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando SIN LUGAR la TACHA contra los testigos EMERSON ALERSAID LOPEZ GONZALEZ, JOSE FRANCISCO MARTINEZ PAGOADA y CECILIA MARIA MAYEN ZAPATA, ofrecidos por la Parte Demandada e interpuesta por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, en su condición de Representante Procesal de la Parte Demandante en razón de los argumentos y fundamentos expuestos en el Ordinal Primero de los Hechos Probados de la presente sentencia. SEGUNDO (2): Declarando SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el emplazamiento del Patrono para que pruebe la justa causa de despido, al no probarlo, se declare injustificado el despido y se condene al patrono demandado al reintegro del trabajador en iguales o mejores condiciones al puesto y cargo de trabajo ocupado al momento del despido injustificado y a título de daños y perjuicios, al pago de los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria respectiva, pago de derechos adquiridos como ser vacaciones adeudadas, decimocuarto mes adeudados, indemnizaciones, bonificaciones y costas; promovida por el Señor JESUS ALBERTO FIALLOS MONTALVAN; contra la Sociedad Mercantil CLINICAS MEDICENTRO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada legalmente por el Presidente de su Consejo de Administración, Señor GABRIEL ENRIQUE MONTOYA MOLINA; todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia, por las razones expuestas en los Hechos Probados y Motivación Jurídica de la presente sentencia. TERCERO (3): En consecuencia SE ABSUELVE a la Sociedad Mercantil CLINICAS MEDICENTRO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada legalmente por el Presidente de su Consejo de Administración, Señor GABRIEL ENRIQUE MONTOYA MOLINA, de Reintegrar al Demandante en el cargo ocupado e indemnizarlo con el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, así como los demás conceptos reclamados en la presente demanda, incluidos los derechos adquiridos dado que tales conceptos nacen únicamente del contrato de trabajo, cuya existencia no se acreditó por el actor. CUARTO (4): SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA.” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que fue contratado verbalmente por la Clínica en fecha 01 de julio del 2010, por el término de un año, para que prestara sus servicios médicos profesionales y además ejerciera el cargo de Director Médico de Urgencias con el pago de la remuneración mensual correspondiente por los servicios prestados, desde ese momento del inicio de la actividad laboral, quedo protegido por la Ley del Estatuto del Medico Empleado, su Reglamento y las disposiciones del Código del trabajo, en fecha 11 de agosto del 2010, a raíz de una conversación con la Gerente General de Medicentro quien vio la posibilidad para que pudiera ofrecer servicios médicos y surtir materiales quirúrgicos a la Clínica Medicentro o a otra institución, se constituyó como comerciante individual dedicado a ofrecer servicios médicos, compra y venta de materiales quirúrgicos y otras actividades relacionadas con el fin anterior, con un establecimiento comercial denominado “EMPRESA DE SERVICIOS MEDICOS FIALLOS MONTALVAN”, una vez inscrita hizo entrega de una copia de la escritura de Declaración de comerciante individual a la Gerente General de Medicentro por si salía la oportunidad de una actividad comercial. En fecha 01 de noviembre del 2011, ya superado los dos meses de prueba que establece la Ley y transcurridos quince (15) meses de la relación laboral, fue citado y compareció ante la oficina de la Dra. Cecilia Mayen de Almendarez, Gerente General de Medicentro quien le expuso que la relación de trabajo seguiría igual pero que a raíz de unas demandas laborales presentadas por otros médicos, era necesario celebrar el contrato de trabajo por escrito, por una remuneración de cincuenta mil lempiras mensuales, lo cual le pareció correcto, seguidamente le presentó un anexo que como patrono tenia previamente elaborado para firma, denominado Contrato Individual de Trabajo, de fecha 01 de noviembre del 2011, el cual firmo de buena fe. Con el contrato escrito no se afectó la antigüedad laboral ni el desempeño de los cargos establecidos. En fecha 13 de enero del 2020, se le notifico la terminación del contrato de trabajo, efectiva el 30 de enero del 2020, en la cual no se objetó, cuestionó o sancionó sus servicios médicos prestados durante diez años en el cargo de Director Medico de Urgencias, en consecuencia, no es objeto de ningún procedimiento previo que justifique la decisión unilateral de despido como lo requiere la Ley especial del Estatuto del Medico Empleado y su Reglamento. Para el 30 de enero del 2020 se le pagaba como remuneración mensual la cantidad de L. 78,000.00, de los cuales efectuaba mes a mes, la retención legal del 12.5% por concepto de impuesto sobre la renta, no obstante que el contrato individual de trabajo, celebrado desde el 01 de julio del 2010, era por un año el mismo fue prorrogado automáticamente por casi diez (10) años, ya que los servicios médicos prestados son para el patrono de naturaleza permanente en su empresa, y la Ley considera el contrato como por tiempo indefinido. Previo a la determinación unilateral, en ningún momento en los 30 días previos, ni durante lo diez años de la relación laboral, fue llamado a una audiencia de descargo, mucho menos sancionado verbal o por escrito por falta alguna, tampoco se le permitió defenderse de la supuesta causa en que se fundamentó el arbitrario despido, violentándose con ello el debido proceso y con ello contraviniendo los principios de Legalidad y Estabilidad Laboral, consignado en los Artículos 70, 90, 94, 128 y 129 Constitucional, y en el Convenio 158 de la OIT que reglan la terminación del contrato de trabajo. Con lo cual la terminación del contrato sin procedimiento y sin causa legal, únicamente en base a la alegada terminación de un simulado contrato mercantil de suministro de servicios médicos, lo convierte en un despido injustificado. 2.- La parte demandada, la Sociedad Mercantil CLINICAS MEDICENTRO S.A. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que no está obligada al reintegro y pago de indemnizaciones laborales en virtud de no tener derecho el demandante, por no haber existido relación laboral con él, pues el señor Jesús Alberto Fiallos Montalván, no ha sido nunca empleado de Medicentro, ya que no es cierto que el señor haya celebrado contrato verbal con la demandada, pues dicha posición laboral no existe en el engranaje empresarial de quien la apodera. El demandante se hace ver como que fue llevado de la mano a constituirse como comerciante individual para simular una relación laboral, cabe mencionar que no ha constituido una si no varias empresas en el ramo de los servicios médicos, lo cual lo ha llevado a desarrollar actividades quirúrgicas llegando a alquilar por cuenta propia el quirófano de Medicentro, brindando servicios de apoyo quirúrgico a médicos independientes, emitiendo para ello su propia facturación. En cuanto cualquier tipo de contratación laboral con el demandante, mencionar de igual forma que el señor Jesús Fiallos alquila desde el año 2014, una clínica donde atiende consulta externa en el segundo piso del edificio de Medicentro. No existe ningún contrato individual de trabajo, lo que existe es un contrato de Suministro de Servicios Médicos, de esa fecha, que por un error material (Lapsus Calami), se consignó con la frase CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO, en el título, pero en la comparecencia del mismo líneas abajo, antes de establecer el clausulado, claramente dice: CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS MEDICOS y en el objeto y contenido del mismo así se concluye, el mismo fue celebrado entre la señora Cecilia Mayen y el señor Jesús Fiallos. En dicho contrato no se establece ninguna actividad personal del demandante, si no una tercerización de servicios, al decir que SERVICIOS MEDICOS FIALLOS MONTALVAN, se dedica a la prestación de servicios médicos, mediante una lista de médicos debidamente autorizados para ejercer actividad profesional, por un precio pactado de cincuenta mil lempiras (L.50,000.00), de igual forma no podía ser contratado el señor Jesús Fiallos sin antes haberse sometido a concurso, como lo establece el artículo 7 de la Ley del Estatuto del Medico Empleado y el Artículo 5 del Reglamento. Aparte del autoproclamado cargo de Director Médico de Urgencias no ilustra el demandante que labor realizaba, ni los horarios ni bajo de la subordinación de quien estaba, sin embargo, el mismo ha dejado claro que no es más que un contratista, que no desempeña actividad alguna sometida a Medicentro si no que solamente se rige bajo el contrato de suministro de servicios médicos a la misma, queriendo hacerse pasar por empleado. En fecha 02 de junio del 2014, la Junta Directiva de Medicentro, aprobó un aumento de L.10,000.00 por los servicios médicos que brinda la empresa Fiallos Montalván por lo que el valor del contrato subió a L. 60.000.00, siendo ese el valor de los recibos que entregaba el demandante a Medicentro, mientras se mantuvo dicho incremento. En fecha 11 de octubre del 2015, el demandante dirige y firma nota, acompañada de otra nota de soporte que “dijo", le remitieron los médicos a su servicio, solicitándole a la Dra. Cecilia Mayen de Almendarez, Gerente General de Medicentro, y al Dr. Gabriel Montoya, Presidente de la Junta Directiva de Medicentro aumento del presupuesto asignado para la contratación de “mi empresa" que subroga servicios médicos para Urgencia Medicentro, el demandante, reconoce que actualmente se le paga por el servicio la cantidad de sesenta mil lempiras, (L. 60,000.00), (L. 50,000.00 que originalmente se pactó, más L. 10,000.00 del incremento señalado) y solicitó un nuevo presupuesto de L. 90,000.00, de lo cual, cobraría él en su condición autoproclamada de Coordinador Médico, la cantidad de L. 12,000.00, dicha propuesta, solo fue aprobada por valor de L. 78,000.00, que ahora viene a decir era su salario mensual, todo ello se demuestra con la información contable en poder de la parte demandada, donde aparecen los cheques por los valores netos, luego de hacerse las deducciones del 12% del Impuesto sobre la Renta y los recibos extendidos por el demandante a nombre de SERVIMED-FM, cada vez que operaban dichos aumentos. Con esta prueba resulta ser falaz la afirmación del actor, de existir contrato de trabajo, pues no hay ni prestación personal de ninguna actividad de su persona bajo la subordinación de Clínicas Mediocentro y los valores recibidos, no son salario, sino el pago por el suministro de servicios médicos contratados por la empresa del actor que distribuye a discreción con los médicos que él contrata, de esta forma se comprueba, que el único que quiere simular un contrato laboral, es el señor Jesús Fiallos. Para mayor ilustración, se realiza la siguiente explicación: Del 1 de noviembre de 2011 hasta junio de 2014 (nota de fecha 02 de junio 2014) se pagaba el monto originalmente pactado en el contrato de Suministro, de L. 50,000.00, así se desprende de los recibos emitidos por SERVIMED-FM, y los cheques por valor de L. 43,750.00 (neto después de deducido el 12.5% del ISR). Del 30 de junio de 2014, hasta el mes de enero de 2016, se pagaba L. 60,000.00, por lo que los recibos emitidos por EMPRESA DE SERVICIOS MEDICOS FIALLOS MONTALVAN eran por esa cantidad y los cheques emitidos por la sociedad Clínicas Medicentro S. A. de C.V. era por valor de L. 52,500.00 (neto después de deducido el 12.5% del ISR). De enero de 2016 a enero de 2020, en virtud de aprobación por parte de Medicentro, por la nota enviada en noviembre del año 2015, de aumento de presupuesto asignado por la contratación de médicos para servicio de urgencias, no de L. 90,000.00, sino de L. 78,000.00, cantidad que quedó aceptada por ambos contratantes, emitiendo la suministradora, recibos por dicha cantidad y los cheques emitidos por Medicentro eran por valor de L. 68,250.00 (neto después de deducido el 12.5% del ISR) Existen meses en que no se hizo la retención y se emitió el cheque por la cantidad completa esto sucedió de enero a mayo de 2016. Por otro lado, se puede notar que no hubo subordinación del supuesto empleado hacia Medicentro. Dadas las evidencias anteriores, lo cierto es que lo que prevalece es la existencia de un Contrato de Suministro de Servicios Médicos que se ha venido prorrogando, pues no existe como ya se ha dejado dicho, prestación personal de ningún servicio por parte del demandante, ni subordinación alguna a la Clínica, en concepto de patrono. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 31 de agosto del 2022, dictó Sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO (1): Declarando SIN LUGAR la TACHA contra los testigos EMERSON ALERSAID LOPEZ GONZALEZ, JOSE FRANCISCO MARTINEZ PAGOADA y CECILIA MARIA MAYEN ZAPATA, ofrecidos por la Parte Demandada e interpuesta por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, en su condición de Representante Procesal de la Parte Demandante en razón de los argumentos y fundamentos expuestos en el Ordinal Primero de los Hechos Probados de la presente sentencia. SEGUNDO (2): Declarando SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral de Primera Instancia pidiendo el emplazamiento del Patrono para que pruebe la justa causa de despido, al no probarlo, se declare injustificado el despido y se condene al patrono demandado al reintegro del trabajador en iguales o mejores condiciones al puesto y cargo de trabajo ocupado al momento del despido injustificado y a título de daños y perjuicios, al pago de los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria respectiva, pago de derechos adquiridos como ser vacaciones adeudadas, decimocuarto mes adeudados, indemnizaciones, bonificaciones y costas; promovida por el Señor JESUS ALBERTO FIALLOS MONTALVAN; contra la Sociedad Mercantil CLINICAS MEDICENTRO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada legalmente por el Presidente de su Consejo de Administración, Señor GABRIEL ENRIQUE MONTOYA MOLINA; todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia, por las razones expuestas en los Hechos Probados y Motivación Jurídica de la presente sentencia. TERCERO (3): En consecuencia SE ABSUELVE a la Sociedad Mercantil CLINICAS MEDICENTRO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada legalmente por el Presidente de su Consejo de Administración, Señor GABRIEL ENRIQUE MONTOYA MOLINA, de Reintegrar al Demandante en el cargo ocupado e indemnizarlo con el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, así como los demás conceptos reclamados en la presente demanda, incluidos los derechos adquiridos dado que tales conceptos nacen únicamente del contrato de trabajo, cuya existencia no se acreditó por el actor. CUARTO (4): SIN COSTAS EN ESTA INSTANCIA”. Bajo el criterio que en el caso de los autos, quedo evidenciado que el demandante no era trabajador de Clínicas Medicentro si no que tenían una relación contractual contraída en el establecimiento mercantil de la parte demandada y que a su vez tenia profesionales de la medicina que daban el servicio contratado a la empresa demandada, de lo cual el demandante estaba perfectamente consciente según la nota de respuesta a la finalización del contrato de suministro de servicios médicos, sin que se haya acreditado la concurrencia de los 3 elementos que se requieren para la existencia de un contrato de trabajo, quedando demostrado que el actor es un médico que realiza actos de comercio a través de diferentes empresas que constituye y dirige, sin que el título de Contrato Individual de Trabajo en el contrato suscrito vuelva laboral el vínculo contractual si no se demuestra la concurrencia de los elementos requeridos para ello. Que según señala la pagina 6 de la Circular 1-2014 de la Sesión de fecha 13 de mayo del 2014, de la Sala Laboral Contencioso Administrativo que el Juez del Trabajo es el único facultado para establecer si en un determinado caso se da o no la concurrencia de los tres elementos esenciales del contrato de trabajo y declarar o no la existencia de una relación laboral y sus consecuencias, a lo que la Juez no pudo arribar dado que el demandante no acredito la concurrencia de los tres elementos requeridos para la existencia de la relación laboral. Que por todo lo antes expuesto, se estima procedente desestimar la tacha opuesta por la parte demandante, así como la presente demanda y absolver a la parte demandada del cumplimiento de las obligaciones reclamadas por el actor. 4.- La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 30 de noviembre del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el aquo, sin costas; bajo el criterio que los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su contenido y no puede depender de la denominación que le den las partes, consecuentemente el hecho que el contrato suscrito por la empresa Medicentro con la empresa SERVIMED-FM se le haya denominado en su parte superior CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO, no significa que este lo sea, pues del mismo contenido se entiende que lo que se pactó en el mismo fue una tercerización por lo cual independientemente de la denominación CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO o CONTRATO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS MÉDICOS, lo cierto es que lo que se dio es que Medicentro contrato empleados para atender el departamento de emergencia de dicho centro médico a través de la empresa SERVIMED-FM, siendo la tercerización una práctica empresarial sustentada en Ley. Que existe jurisprudencia reiterada tanto de la Sala Constitucional como de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la que ha establecido que debe hacerse prevalecer el principio de Primacía de la Realidad para la dilucidación de la naturaleza del contrato suscrito entre las partes con base a criterios sustanciales, es decir que deben prevalecer los hechos reales sobre los formales y que cuando exista discrepancia entre la práctica y lo escrito en documentos debe prevalecer lo primero, es decir, prevalece lo factico sustancial por sobre los jurídicos formales, en el caso de autos no resulta acreditado la existencia de dos elementos esenciales del contrato de trabajo, la primera que es la actividad personal directa del demandante cuya carga de probanza la tenía este y la subordinación del demandante para con la empresa demandada, pues el hecho que exista una nota donde la gerente de Medicentro le pide al demandante que no se deje manipular por las peticiones de incapacidad medica que le solicitan empleados de clínicas Medicentro no puede tomarse como un elemento de subordinación de los que hace referencia el Código del Trabajo. Que analizada y sometida a estudio la sentencia este Tribunal de Alzada observa que el fallo impugnado garantiza el debido proceso, derecho de defensa, tutela judicial efectiva y es coherente con aspectos sustantivos del debido proceso relacionados con los criterios de proporcionalidad pertinencias, utilidad y confiabilidad objetiva en la valoración de los medios de prueba aportados por las partes, contiene la motivación suficiente y la claridad fáctica y jurídica del por qué se asumió tal decisión. Que esta Alzada con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes al proceso, con base a la libre formación del convencimiento tomando en cuenta los criterios y principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes se concluye y estima procedente confirmar la Sentencia venida en Apelación, Sin Costas dado el principio de Gratuidad que rige en la materia laboral. Que por las razones y consideraciones legales referidas por esta Corte es procedente desestimar el recurso impetrado. 5.- Mediante auto de fecha 27 de febrero del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, en su condición de representante procesal del señor JESUS ALBERTO FIALLOS MONTALVAN, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 14 de agosto del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO, en su condición de representante procesal del señor JESUS ALBERTO FIALLOS MONTALVAN, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 26 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 06 de noviembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada KARLA YADIRA PAREDES ORTEGA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANAO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado GUILLERMO EDUARDO MATUTE CERRATO , en su primer motivo de casación alega: “ Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción indirecta proveniente de la errónea apreciación de los medios de prueba que a continuación se singularizan, en relación con la demás prueba en su conjunto que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que la llevó en forma indirecta a la violación del artículo 113 párrafos primero interpretado, segundo y tercero literal b) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República; 19, 20, 24, 25 y 47 primero y segundo párrafo del Código del Trabajo; 8 reformado en su preámbulo y numerales 2) y 5), y 57 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado; 8 en su preámbulo y numerales 2) párrafo primero y 7) del Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están comprendidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están comprendidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: La documental admitida y practicada siguiente: 1) Constancia extendida por la gerente general de la sociedad mercantil CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V. de fecha 19 de marzo de 2013, que corre en la primera pieza a folio 281. 2) Carta suscrita por el Dr. César Alejandro Dávila Bonilla dirigida a la gerencia general de la sociedad mercantil CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V., el 29 de septiembre de 2011, con copia al Dr. Jesús Fiallos, que corre en la primera pieza a folio 213. 3) Constancia del Contador General de la Sociedad Mercantil CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V. extendida en fecha 4 de julio de 2012, que corre en la primera pieza a folio 280. 4) Carta de la Gerente General de la Sociedad Mercantil CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V. dirigida al Dr. JESÚS ALBERTO FIALLOS MONTALVÁN, emitida el 26 de junio de 2015, que corre en la primera pieza a folio 282. 5) Contrato Individual de Trabajo de fecha 1 de noviembre de 2011, que corre en la primera pieza a folios 17 al 22. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA ASÍ: La Corte sentenciadora al confirmar el fallo pronunciado por el Juzgado de Primera Instancia, en forma manifiesta incurre en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba singularizados anteriormente, admitidos a las partes y evacuados en su oportunidad, con relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el juzgador no está sujeto a la tarifa legal probatoria, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal como está reglado en el artículo 739 del Código del Trabajo, esta disposición no impide que el tribunal realice un profundo análisis del material probatorio para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la ley, encontrándose obligado a efectuar la apreciación de la prueba en su conjunto en forma acertada y completa. En el caso que nos ocupa, de haberse apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, sin duda alguna se hubiera dado por establecido que la relación contractual sostenida entre las partes fue de naturaleza laboral y no mercantil, pues ya es reiterada jurisprudencia de este máximo Tribunal que: “VIII.- En adición a lo anterior y con fines meramente jurisprudenciales, es preciso recordar que no es la voluntad de las partes la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que, si esta relación cumple o no los requisitos establecidos por la ley para que se configure como tal, conforme el principio de primacía de la realidad. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. En tal sentido, si se cumplen a cabalidad los elementos esenciales del precepto citado, existirá relación o contrato de trabajo a pesar de cualquier acto, estipulación o convención entre las partes. IX. Por otra parte, se debe recordar que, en la materia laboral, se informa y se nutre de principios generales que obligan tutelar las relaciones y contratos de trabajo, conforme lo previenen los artículos 128 numeral 15) y 135 de la Constitución de la República, en armonía al carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo, así como su irrenunciabilidad, tal como lo estipulan los artículos 128 primer párrafo de la referida Constitución y 3 del Código del Trabajo. Además, el juzgador en esta materia está facultado para tomar en consideración el actuar de las partes, ya que las mismas se encuentran obligadas a comportarse con lealtad y probidad durante el proceso, lo cual envuelve estimar su buena fe y conducta, por situaciones que configuren algún abuso de derecho o lo que comúnmente se denomina como simulación o fraude laboral”. En similar sentido, esta honorable Sala Laboral - Contencioso Administrativo ha dispuesto lo siguiente: “Que también se debe recordad que en el ámbito laboral existe limitación de la autonomía de la voluntad, ya que las normas de trabajo y seguridad social son de orden público y, por ello, aunque en la práctica las partes pueden pactar lo que quieran, lo cierto es que dicho pacto será válido solamente si es respetuoso de la normativa laboral, esto en consonancia con los artículos 128 de la Constitución de la República (preámbulo) y 3 del Código del Trabajo, preceptos que le niegan eficacia a os actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos laborales que tiene el trabajador; y que, en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe, entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales". Así las cosas, el tribunal recurrido yerra al apreciar erróneamente que con la prueba aportada no se ha logrado acreditar la existencia de una relación laboral. La apreciación errónea de los medios de prueba antes señalados, conduce al iudex ad quem a concluir en el apartado FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA numeral QUINTO: "[...] en el caso de autos no resulta acreditado la existencia de dos elementos esenciales del contrato de trabajo, la primera que es la actividad personal directa del demandante cuya carga de probanza la tenía este y la subordinación del demandante para con la empresa demandada [...]”. El razonamiento anterior, resume la ratio decidendi de la Corte sentenciador, manteniendo que no fueron acreditados dos (2) de los elementos del contrato de trabajo; conclusión que incide de forma determinante en el sentido de la resolución impugnada, habida cuenta de que, la desestimación de la demanda precisamente se fundamenta en la falta de estos elementos, contenidos en el artículo 20 del Código del Trabajo. La conclusión sobre la que se ha hecho cumplida referencia tiene su base en la valoración que el tribunal de segunda instancia realizó sobre algunos medios de prueba que fueron erróneamente valorados, como se pasa a explicar: En cuanto a la Constancia extendida por la Gerente General de la Sociedad Mercantil CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V. de fecha 19 de marzo de 2013, que corre en la primera pieza a folio 281, en el apartado FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA numeral TERCERO, Sobre VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y HECHOS PROBADOS, Respecto a la prueba documental, el iudex ad quem señala: "[...]Referente a la constancia emitida por la Gerente General de MEDICENTRO en la que se hace constar que la empresa Servicios Médicos Fiallos Montalván (SERVIMED) propiedad del Doctor Jesús Alberto Fiallos Montalván brinda sus servicios en la emergencia de la clínica medicentro en esta ciudad de La Ceiba y que corre a folio 281 de la primera pieza debe valorarse en su contexto general en relación con otros medios de prueba y de los cuales se desprende que lo que hubo en la relación contractual de las partes fue una tercerización mediante la cual medicentro contrato servicios médicos a través de la empresa SERVIMED propiedad del demandante, extremo que queda más que acreditado con el contrato de suministros de servicios médicos que obra a folio 17 de la primera pieza donde se acordó que la empresa SERVIMED por tal servicio recibiría un pago de cincuenta mil lempiras (L. 50,000.00) prestación de servicios médicos que se ratifican con el documento que obra a folio 59 de la primera pieza donde el demandante en su condición de Gerente General de la empresa SERVIMED-FM solicita a la Gerente de Medicentro un aumento del presupuesto asignado que para el año 2015, ya no era de cincuenta mil sino de sesenta mil [...]"(lo resaltado es propio). Al contrastar el razonamiento del Tribunal de alzada antes citado con el contenido de la referida Constancia extendida por la gerente general de la sociedad mercantil CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V. de fecha 19 de marzo de 2013, se aprecia de forma manifiesta el error de hecho en la valoración de dicho medio de prueba, por una parte, debido a que, curiosamente, la Corte omite referirse al contenido del resto del documento, en particular, en la parte que reza: "[...] la empresa SERVICIOS MÉDICOS FIALLOS MONTALVÁN (SERVIMED F.M.) propiedad del Doctor JESÚS ALBERTO FIALLOS MONTALVÁN brinda sus servicios en la emergencia de la Clínicas Medicentro, de La Ciudad de La Ceiba, Atlántida, desde el primero (01) de Julio del año dos mil diez (2010), hasta la fecha, quien a su vez el Director Médico de Urgencias Medicentro, y a quien se le hace efectivo la cantidad de CINCUENTA MIL LEMPIRAS (Lps. 50,000.00) mensuales, menos deducción del doce punto cinco (12.5%) de retención de impuesto por salario, haciendo un total de CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS (L. 43,750.00)" (lo resaltado y subrayado es propio). Con la constancia emitida en fecha 19 de marzo de 2013 por la Dra. Cecilia María Mayén de Almendarez en su condición de gerente general de CLÍNICAS MEDICENTRO, queda plenamente acreditada tanto la actividad personal como la subordinación del señor JESÚS ALBERTO FIALLOS MONTALVÁN. Del medio de prueba, se extrae, primero, que el doctor JESÚS ALBERTO FIALLOS MONTALVÁN brindaba no solo los servicios en la emergencia de la Clínica Medicentro, sino que acredita además que el demandante era también el Director Médico de Urgencias Medicentro; y segundo, que dicha Constancia también acredita que los pagos recibidos por tales servicios eran en concepto de salario. La función de director médico no puede ser ejercido de otra manera que no sea personalmente, es decir, no hay forma que una empresa mercantil pueda realizar esta función; puesto laboral que guarda subordinación con CLÍNICAS MEDICENTRO. Una recta apreciación del medio de prueba acredita de forma clara la actividad personal y la subordinación entre el demandante y la demandada. Respecto al punto expresado por la Corte en cuanto a la tercerización, insiste la alzada en el apartado FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA numeral QUINTO, al indicar: “[..] el hecho que exista una nota donde la gerente de Medicentro le pide al demandante que no se deje manipular por las peticiones de incapacidad medica que le solicitan empleados de clínicas Medicentro no puede tomarse como un elemento de subordinación de los que hace referencia el Código del Trabajo". La Carta a la que hace referencia la Corte de Apelaciones emitida el 26 de junio de 2015,que corre en la primera pieza a folio 282, in fine, señala: "...] por lo que le solicito que cuando el empleado llegue a consulta le solicitamos lo evalué y no se deje manipular por las peticiones que les hagan, en caso de duda favor les pido se contacten con mi persona [...]” (lo resaltado es propio). El error de la Corte sentenciador deviene ostensible, no solo porque en su encabezado alude que la oficina del demandante es la propia CLÍNICA MEDICENTRO, sino, además, porque en el contenido de la misma gira instrucciones precisas al doctor JESÚS ALBERTO FIALLOS MONTALVÁN en el sentido que debía evaluar a los empleados de la demandada cuando soliciten incapacidades médicas, y evitar manipulaciones de parte de estos, elemento que fue totalmente ignorado por la alzada. La conclusión de la Corte respecto a este medio de prueba omite la instrucción del gerente de CLÍNICAS MEDICENTRO, y tampoco ofrece razón alguna del porqué este medio de prueba no concita subordinación de la demandada al actor. Una correcta apreciación del medio de prueba acredita de forma clara la actividad personal y la subordinación entre el demandante y la demandada. En este mismo orden de ideas, en el apartado FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA numeral TERCERO, Sobre VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y HECHOS PROBADOS, Respecto a la prueba documental, la alzada justifica: “...] hubo en la relación contractual de las partes fue una tercerización mediante la cual medicentro contrato servicios médicos a través de la empresa SERVIMED propiedad del demandante, extremo que queda más que acreditado con el contrato de suministros de servicios médicos que obra a folio 17 de la primera pieza donde se acordó que la empresa SERVIMED por tal servicio recibiría un pago de cincuenta mil lempiras (L. 50,000.00) [...]” (lo resaltado y subrayado es propio). El documento al que se refiere la Corte de Apelaciones se denomina precisamente Contrato Individual de Trabajo, el que fue suscrito en fecha 1 de noviembre de 2011 que corre en la primera pieza a folios 17 al 22, en su cláusula sexta, literal h), dispuso que es obligación del Dr. JESÚS ALBERTO FIALLOS MONTALVÁN "h) Aceptar y aplicar todo cambio o nuevo procedimiento que CLÍNICAS MEDICENTRO S.A. de C.V.”, previsión contractual, que, además de no haberse abordado por la alzada, acredita, en todo caso, la subordinación de la parte demandante respecto a la demandada, pues esta ordenaba la manera en que aquel debía prestar sus servicios, tal como fue acreditado con la Carta emitida en fecha 26 de junio de 2015, que corre en la primera pieza a folio 282 antes mencionada. En ese sentido, honorable Sala Laboral-Contencioso Administrativo, es evidente que el presente caso se trata de una simulación o fraude laboral, pues la parte demandada se ha valido de un supuesto contrato de suministro de servicios médicos para aparentar una relación mercantil cuando en realidad se trata de una laboral, confirmándose esto de la misma prueba documental consistente en la constancia que obra a folio 281 en la cual la gerente general de la parte demandada hace constar que el Dr. JESÚS ALBERTO FIALLOS MONTALVÁN brindó sus servicios desde fecha 1 de julio de 2010, es decir, un (1) año y tres (3) meses antes de suscribir el Contrato Individual de Trabajo de fecha 1de noviembre de 2011 que obra a folios 17 al 22; así como la constancia de fecha 4 de julio de 2012 emitida por el contador general de la parte demandada (obra a folio 280) en la que hace constar que el Dr. JESÚS ALBERTO FIALLOS MONTALVÁN le fueron retenidas cantidades por concepto de impuesto sobre la renta por los servicios médicos prestados desde el mes de julio del 2011 a junio de 2012. La misma conclusión se extrae de la Carta suscrita por el Dr. César Alejandro Dávila Bonilla dirigida a la gerencia general de la sociedad mercantil CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V., el 29 de septiembre de 2011, con copia al Dr. Jesús Fiallos, que corre en la primera pieza a folio 213, es decir, que ya antes de la suscripción del referido Contrato Individual de Trabajo se le hacían retenciones por las labores realizadas y recibía copia de comunicaciones internas de CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V. Adicionalmente, realizando un análisis de la prueba en su conjunto, esta simulación o fraude laboral se torna evidente cuando se colige que la sociedad demandada CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V. según el testimonio de escritura pública que obra a folios 194 al 206 su finalidad y actividad principal es la prestación de servicios médicos, por lo que conforme al artículo 47 del Código del Trabajo las labores realizadas a su favor por parte del Dr. JESÚS ALBERTO FIALLOS MONTALVÁN son de naturaleza permanente, debiéndose contar el tiempo de servicio desde fecha 1 de julio de 2010 que fue cuando comenzó a laborar para la demandada, según fue acreditado mediante la constancia que obra a folio 281. Esta situación ha sido considerada por el tribunal recurrido como una tercerización, sin discernir que la misma ha sido utilizada como simulación o fraude laboral, pues esta Sala Laboral-Contencioso Administrativo ha sentado jurisprudencia en el siguiente sentido: "Que las condiciones y elementos esenciales para que haya relación laboral o contrato de trabajo, tal como lo establece el artículo 20del Código del Trabajo, son: a) la actividad personal realizada por el trabajador; b) la continua subordinación o dependencia; y, c) un salario como retribución del servicio; reunidos estos tres elementos, se entiende de que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Toda forma de evasión o incumplimiento de la normativa laboral sea mediante fraude, simulación o cualquier otro medio que se produzca como consecuencia de las modalidades de subcontratación, tercerización, en tareas propias y permanentes, cuyo objetivo sea disfrazar las relaciones o pagar un menor monto por concepto de remuneración y de beneficios laborales para los trabajadores resulta fraudulenta, dado que es usada en su mayoría con la finalidad de evadir responsabilidades. El derecho laboral busca que esta figura contractual no sea utilizada de forma tal que restrinja los derechos del trabajador, ni permita que el empresario o patrono se aproveche ilícitamente de lo que le correspondería al trabajador, dado el carácter protector, tutelador o tuitivo del mismo". Todo lo anterior, demuestra nítidamente el error de hecho en la apreciación de los medios de prueba singularizados por parte de la Corte de Apelaciones, dictando una resolución no conforme a derecho, infringiendo indirectamente el artículo 113 párrafos primero interpretado, segundo y tercero literal b) del Código del Trabajo en cuanto el Tribunal recurrido priva al demandante de obtener la reinstalación en su puesto de trabajo y a recibir las indemnizaciones correspondientes tras sufrir un despido directo, ilegal e injustificado, disposición relacionada así con los artículos 129 de la Constitución de la República; 19, 20, 24, 25, 47 primero y segundo párrafo del Código del Trabajo; 8reformado en su preámbulo y numerales 2) y 5), y 57 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado; 8 en su preámbulo y numerales 2) párrafo primero y 7) del Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado; todos ellos infringidos, pues el iudex ad quem aprecia erróneamente la existencia de una relación mercantil cuando lo evidente es que se ha tratado de una relación laboral por verificarse la concurrencia de todos sus elementos, violentando a la parte demandante su derecho a la estabilidad laboral y demás protecciones sociales que le asisten como médico empleado. Como se ha explicado, una adecuada apreciación de los medios de prueba conduce a estimar todos los elementos del contrato de trabajo, al realizarse por parte del Dr. JESÚS ALBERTO FIALLOS MONTALVÁN una actividad propia y permanente en CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V., mediando subordinación, por una remuneración que la misma demandada reconoció tratarse de salarios. Por lo que resulta procedente estimar el cargo, casar la sentencia dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida el treinta (30) de noviembre del dos mil veintidós (2022), y en sede de instancia, estimar la acción promovida. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; b) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea ; y, c) formula extensos alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinaria recurso. IV.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional y de índole laboral en infracción indirecta proveniente de la errónea apreciación de los medios de prueba que a continuación se singularizan, en relación con la demás prueba en su conjunto que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que la llevó en forma indirecta a la violación del artículo 113 párrafos primero interpretado, segundo y tercero literal b) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República; 7, 19, 20, 24, 25 y 47 primero y segundo párrafo del Código del Trabajo; 8 reformado en su preámbulo y numerales 2) y 5), y 57 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado; 8 en su preámbulo y numerales 2) párrafo primero y 7) del Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado; y 4 numerales 24 y 37 del Reglamento del Régimen de Facturación, otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprenta. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están comprendidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: La documental admitida y practicada siguiente: 1) Contrato Individual de Trabajo de fecha 1 de noviembre de 2011 que corre en la primera pieza a folios 17 al 22. 2) Constancia extendida por la gerente general de la sociedad mercantil CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V. de fecha 19 de marzo de 2013 que corre en la primera pieza a folio 281. 3) Carta suscrita por el Dr. César Alejandro Dávila Bonilla dirigida a la gerencia general de la sociedad mercantil CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V., el 29 de septiembre de 2011, con copia al Dr. Jesús Fiallos, que corre en la primera pieza a folio 213. 4) Constancia del contador general de la sociedad mercantil CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V. extendida en fecha 4 de julio de 2012, que corre en la primera pieza a folio 280. 5) Carta de la gerente general de la sociedad mercantil CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V. dirigida al Dr. JESÚS ALBERTO FIALLOS MONTALVÁN, emitida el 26 de junio de 2015, que corre en la primera pieza a folio 282. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA ASÍ: La Corte sentenciadora al confirmar el fallo pronunciado por el Juzgado de primera instancia, en forma manifiesta incurre en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba singularizados anteriormente, admitidos a las partes y evacuados en su oportunidad, con relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el juzgador no está sujeto a la tarifa legal probatoria, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal como está reglado en el artículo 739 del Código del Trabajo, esta disposición no impide que el tribunal realice un profundo análisis del material probatorio para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la ley, encontrándose obligado a efectuar la apreciación de la prueba en su conjunto en forma acertada y completa. En el presente caso, en el apartado FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA numeral CUARTO, la alzada expresa: "[...] CUARTO: Que los contratos tienen la naturaleza que se deriva de su contenido y no puede depender de la denominación que le den las partes, consecuentemente el hecho que el contrato suscrito por la empresa Medicentro con la empresa SERVIMED-FM se le haya denominado en su parte superior CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO, no significa que este lo sea, pues del mismo contenido se entiende que lo que se pactó en el mismo fue una tercerización por lo cual independientemente de la denominación CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO o CONTRATO DE SUMINISTROS DE SERVICIOS MÉDICOS, lo cierto es que lo que se dio es que Medicentro contrato empleados para atender el departamento de emergencia de dicho centro médico a través de la empresa SERVIMED-FM, siendo la tercerización una práctica empresarial sustentada en el artículo 7 del Código del Trabajo". De este modo, la alzada entiende que, en el presente caso, no existe una verdadera relación laboral, sino un contrato de suministros de servicios médicos, por lo que nos encontramos ante una tercerización de servicios legalmente válida. Para arribar a dicha conclusión, en el apartado FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA numeral TERCERO, Sobre VALORACIÓN DE LA PRUEBA Y HECHOS PROBADOS, Respecto a la prueba documental, la alzada expresa: "[...] al demandante se le hacía una retención de impuestos sobre la renta del 12.5% como titular del establecimiento mercantil SERVIMED-FM retención que no corresponde a relaciones laborales invocando los artículos 50 de la Ley de Impuestos Sobre la Renta y el artículo 135 del Reglamento de la Ley de Impuestos Sobre la Renta, extremos estos que son compartidos por esta Alzada pues el hecho de que se le hicieran retenciones al pago que realizaba medicentro a la empresa SERVIMED representada por el demandante tales retenciones no se hacían como si el demandante fuera un empleado directo de medicentro pues de ser así su salario hubiese estado sujeto a la retención de la fuente de la que hace referencia el reglamento de la Ley de Impuestos Sobre la Renta en su artículo 135, obviamente aplicándose la tabla referida en el artículo 22 reformado de la Ley de Impuestos Sobre la Renta que lógicamente no estaríamos hablando del 12.5% de retención de la que hace referencia el contador de la empresa demandada". Frente a las retenciones que menciona el tribunal de segunda instancia, se encuentra la prueba documental practicada en el proceso que acredita una situación fáctica distinta. En ese sentido, al revisar la carta enviada por la Dra. Cecilia María Mayén de Almendarez en su condición de gerente general de la sociedad mercantil CLÍNICAS MEDICENTRO,S.A. DE C.V. de fecha 26 de junio de 2015 que corre a folio 282 de la primera pieza de autos, se colige que el Dr. JESÚS ALBERTO FIALLOS MONTALVÁN estaba supeditado o subordinado a las directrices de aquella, acreditándose además que la oficina del demandante era la propia Clínicas Medicentro y a quien en su condición de Director Médico se le solicitaba que al momento de evaluar a los demás empleados de Medicentro no se dejara manipular en el sentido de permitir incapacidades médicas injustificadas. Asimismo, y como se ha desarrollado en el motivo de casación que antecede, con la constancia emitida en fecha 19 de marzo de 2013 por la Dra. Cecilia María Mayén de Almendarez en su condición de gerente general de CLÍNICAS MEDICENTRO, quedó plenamente acreditada tanto la actividad personal como la subordinación del señor JESÚS ALBERTO FIALLOS MONTALVÁN, al extraerse, primero, que el demandante brindaba no solo los servicios en la emergencia de la Clínica Medicentro, sino que además era el Director Médico de Urgencias Medicentro; y segundo, que dicha Constancia también acredita que los pagos recibidos por tales servicios eran en concepto de salario. El iudex ad quem al apreciar erróneamente estos documentos le ha llevado a considerar que la relación sostenida entre las partes fue de naturaleza mercantil y no laboral, concretamente, una tercerización, apreciación totalmente equivocada, pues en manera alguna es posible inferir que el cargo de Director Médico pueda ser tercerizado o que no sea una función ejercida personalmente por el demandante. De haberse realizado una correcta apreciación de la prueba, el iudex ad quem habría concluido que, siendo que el Dr. JESÚS ALBERTO FIALLOS MONTALVÁN inició sus labores a favor de la sociedad mercantil CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V. antes de suscribir el Contrato Individual de Trabajo en fecha 1 de noviembre de 2011, situación que se acredita con las Constancias emitidas por la parte demandada que corren a folios 280 y 281, así como con la Carta suscrita por el Dr. César Alejandro Dávila Bonilla dirigida a la gerencia general de la sociedad mercantil CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V., el 29 de septiembre de 2011, con copia al Dr. Jesús Fiallos, que corre en la primera pieza a folio 213, dicho Contrato Individual de Trabajo fue suscrito en simulación o fraude laboral, pues, como es de conocimiento de esta honorable Alzada, es una práctica común que los patronos intenten disimular o tergiversar las relaciones con sus trabajadores en aras de disminuir o sustraerse de sus obligaciones laborales. Lo mismo puede predicarse respecto a las retenciones que se hicieron por servicios profesionales, al margen de que concurrían todos los elementos del contrato de trabajo. Ello, por cuanto el argumento de la Corte de Apelaciones respecto a las retenciones, resulta incoherente en sí mismo, por cuanto, de haberse considerado que se trataba de una relación comercial o mercantil realizado por parte del Dr. JESÚS ALBERTO FIALLOS MONTALVÁN a través de su empresa, tampoco resultaría válido que se hiciera la retención en concepto de honorarios profesionales, sino la retención del impuesto sobre la venta; la retención del 12.5% corresponde exclusivamente por honorarios profesionales realizados por personas naturales que ejercen la profesión de forma independiente, no por actividades comerciales realizadas por empresas, sean por comerciantes sociales o individuales, conforme al artículo 4 numerales 24 y 37 del Reglamento del Régimen de Facturación, otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprenta. En observancia del principio de primacía de la realidad, se revela el fraude que concita el referido Contrato Individual de Trabajo. Este fraude se vuelve aún más evidente puesto que se trataría de una supuesta tercerización de servicios médicos a favor de una clínica médica, lo cual resulta inverosímil, pues son tareas propias y permanentes por su naturaleza, concurriendo los criterios externados por esta honorable Sala Laboral -Contencioso Administrativo en su sentencia de fecha de fecha 6 de febrero de 2020recaído en el expediente número CL-546-1 citada en el motivo que antecede. Es precisamente a través de las acciones antes descritas que la Corte, al margen del principio de primacía de la realidad, otorga valor a cuestiones formales, como es la retención que se hacía por servicios profesionales, por encima de los demás elementos que derivan de la propia prueba documental, y que acreditan que se trataba de una relación laboral y no mercantil, aunque se haya retenido el salario en otro concepto. Es por ello que el Código del Trabajo, en sus artículos 3 y 20 declara la nulidad de todos los actos o estipulaciones que implique renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código del Trabajo y demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera, pues una vez reunidos los tres elementos de que trata el artículo 20, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Todo lo anterior, demuestra nítidamente el error de hecho en la apreciación de los medios de prueba singularizados por parte de la Corte de Apelaciones, dictando una resolución no conforme a derecho, infringiendo indirectamente el artículo 113 párrafos primero interpretado, segundo y tercero literal b) del Código del Trabajo en cuanto el Tribunal recurrido priva al demandante de obtener la reinstalación en su puesto de trabajo y a recibir las indemnizaciones correspondientes tras sufrir un despido directo, ilegal e injustificado, disposición relacionada así con los artículos 129 de la Constitución de la República; 7, 19, 20, 24, 25, 47 primero y segundo párrafo del Código del Trabajo; 8 reformado en su preámbulo y numerales 2) y 5), y 57 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado; 8 en su preámbulo y numerales 2) párrafo primero y 7) del Reglamento de la Ley del Estatuto del Médico Empleado; y 4 numerales 24 y 37 del Reglamento del Régimen de Facturación, otros Documentos Fiscales y Registro Fiscal de Imprenta; todos ellos infringidos, pues el iudex ad quem aprecia erróneamente la existencia de una relación mercantil cuando lo evidente es que se ha tratado de una relación laboral por verificarse la concurrencia de todos sus elementos, violentando a la parte demandante su derecho a la estabilidad laboral y demás protecciones sociales que le asisten como médico empleado. Como se ha explicado, una adecuada apreciación de los medios de prueba conduce a estimar todos los elementos del contrato de trabajo, al realizarse por parte del Dr. JESÚS ALBERTO FIALLOS MONTALVÁN una actividad propia y permanente en CLÍNICAS MEDICENTRO, S.A. DE C.V., mediando subordinación, por una remuneración que la misma demandada reconoció tratarse de salarios. Por lo que resulta procedente estimar el cargo, casar la sentencia dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida el treinta (30) de noviembre del dos mil veintidós (2022), y en sede de instancia, estimar la acción promovida”. V. - Que el cargo expuesto resulta inadmisible puesto que el error de hecho solo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos; sin embargo, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración apropiada de todo el material probatorio allegado al juicio, llegándose a la conclusión de la procedencia de la demanda de mérito. En adición, en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso y en el caso sub-judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio.- En adición, el Recurrente incurre en los defectos técnicos, formular alegatos de instancia y en la explicación, alude a las dos modalidades del error de hecho, ya que invoca la falta de apreciación de unos medios probatorios y la apreciación errónea de otros, lo cual debió haber expuesto de forma separada, por la independencia de los cargos en este extraordinario recurso. VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO.-. NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO Y MARIO ROLANDO DIAZ FLORES. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del dos mil veinticinco.

RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO.

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