Sentencia CL-465-23 — Registro 19623
Resumen
Primera instancia declara con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que fundo el despido, en caso contrario sea condenado al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y condena a pagar; también a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir; segunda instancia reforma, en que deberá sumárseles el pago reclamado en concepto de vacaciones pendientes; esta Sala de lo Laboral declara no ha lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 7 párrafo segundo, segunda oración del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismos regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c) formula alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 7 párrafo segundo, segunda oración del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismos regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c) formula alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los tres días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 14 de marzo del 2024, por el Abogado ALEJANDRO JOSÉ PINEDA RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil AGRÍCOLA TORNABÉ, S.A. DE C.V. (AGROTOR) como recurrente; además, es parte recurrida, los señores JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ REYES, WALTER EDIBERTO PINEDA CARIAS, HÉCTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ MÉNDEZ, JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, WALTER ALEXANDER URQUÍA, representado en juicio por la Abogada DORIS MAGDALENA VALLE PEÑA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que fundo el despido, en caso contrario sea condenado al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo en forma verbal, ilegal e injusto, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas; promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha 09 de mayo del 2019, por los Abogados DANIEL FLORES VELÁSQUEZ y DORIS MAGDALENA VALLE PEÑA, en su condición de representantes procesales de los señores: 1) JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ REYES, casado, con domicilio en la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida; 2) WALTER EDIBERTO PINEDA CARIAS, soltero, con domicilio en la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida; 3) HÉCTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ MÉNDEZ, soltero, con domicilio en la Aldea Azacualpa, Municipio de La Esperanza, Departamento de Intibucá; 4) JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, casado, con domicilio en la Aldea Planes Tierra Colorada del Municipio de Yarula, Departamento de La Paz, y 5) WALTER ALEXANDER URQUÍA, soltero, con domicilio en la Aldea de Fátima, Municipio de Marcala, Departamento de La Paz; todos mayores de edad y hondureños; contra la sociedad mercantil SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L., conocida con las siglas SEPROSE, S. DE R.L., representada por el Gerente General el señor WALTER FLORES MENCIA, y de manera solidaria contra la sociedad mercantil AGRÍCOLA TORNABÉ, SA. DE C.V. (AGROTOR), representada por el Gerente General el señor DANNY ALFREDO GABRIEL SALES. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de septiembre del 2023, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 12 de mayo del 2023, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR el recurso de apelación Interpuesto por la Abogada DORIS MAGDALENA VALLE PEÑA en su condición del representante procesal de los señores JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, WALTER ANTONIO URBINA Y OTROS. SEGUNDO: Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación Interpuesto por el abogado ALEJANDRO JOSÉ PINEDA en su condición del representante procesal de la sociedad mercantil AGRÍCOLA TORNABÉ SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (AGROTOR) a través de su representante el señor DANNY ALFREDO GABRIE SALES.- TERCERO: Se REFORMA la Sentencia Definitiva de fecha DOCE (12) DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES (2023), dictada por el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, reforma que se hace en la parte dispositiva inciso B respecto a la condena a la parte demandada principal y solidaria en relación a los Señores JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ, WALTER ANTOΝΙΟ URBINA, a quienes deberá sumárseles el pago reclamado en concepto de vacaciones pendientes. Ante lo cual quedaría de la siguiente forma JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ valor reconocido en la sentencia 104,165.20 Lps, mas 15,614.80 en concepto de vacaciones pendientes haciendo un total de 119,780.00, WALTER ALEXANDER URBINA, valor reconocido en la sentencia 103,578.26 Lps más 16,053.20 Lps, en concepto de vacaciones pendientes haciendo un total de 119,631.46. Y se reforma en la parte que se condena en costas debiéndose entender SIN COSTAS. En lo demás queda confirmada la misma…- Sin Costas en esta instancia” ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron la relación de Trabajo con la Sociedad Mercantil "SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA conocida con las siglas SEPROSE S. DE R.L.", desempeñándose como Guardias de Seguridad al servicio de la Sociedad Mercantil "AGRÍCOLA TORNABÉ SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (AGROTOR)"; teniendo como lugar de trabajo tanto la finca de palma africana ubicada en San Alejo, en el municipio de Tela, departamento de Atlántida, como en el plantel de la fábrica procesadora de aceite de Palma africana propiedad de AGROTOR, con un horario de trabajo de lunes a domingo, asignado en cualquiera de los tres turnos rotativos turno A: entrando a las 6:00 a.m. y saliendo a las 2:00 p.m., turno B: entrando a las 2:00 p.m. y saliendo a las 9:00 p.m., turno C: entrando a las 9:00 p.m. y saliendo a las 6:00 a.m. para lo cual firmaron un contrato de trabajo por escrito permanente; iniciaron su relación de trabajo así: así: José Andrés López Reyes, el 28 de octubre del 2013 y al momento del despido devengaba un salario base diario L. 343.33, que promediados resultan en un salario diario de L. 400.56), todo esto representa un salario base mensual de L. 10,300.00, que promediados resulta en un Salario Base Promedio Mensual de L. 12,016.80. Walter Ediberto Pineda Carias, inicio su relación de trabajo el 09 de marzo del 2017, y al momento del despido devengaba un salario base diario de L. 340.00, que promediados resultan en un salario diario de L. 396.67, todo esto representa un salario base mensual de L. 10,200.00, que promediados resulta en un Salario Base Promedio Mensual de L. 11,900.10. Héctor Enrique Rodríguez Méndez, inicio su relación de trabajo, el 25 de mayo del 2016, y al momento del despido devengaba un salario base diario de L. 340.00, que promediados resultan en un salario diario de L. 396.67, todo esto representa un salario base mensual de L. 10,200.00, que promediados resulta en un Salario Base Promedio Mensual de L. 11,900.10. José Antonio Sánchez Martínez, inicio su relación de trabajo el 14 de junio del 2013, y al momento del despido devengaba un salario base diario de L. 334.60, que promediados resultan en un salario diario de L. 390.37, todo esto representa un salario base mensual de L. 10,038.00, que promediados resulta en un Salario Base Promedio Mensual de L. 11,711.10; asimismo la Sociedad Mercantil SEPROSE S. DE R.L.", no le concedió las vacaciones correspondientes al cuarto y quinto año (2017 y 2018), por lo que mediante la presente demanda se pretende el pago de dichas vacaciones pendientes. Walter Alexander Urquía, inicio su relación de trabajo, el 17 de agosto del 2013, y al momento del despido devengaba con un salario base diario de L.344.00, que promediados resultan en un salario diario de L 401.33), todo esto representa un salario base mensual de L. 10,320.00, que promediados resulta en un Salario Base Promedio Mensual de L. 12,039.90; y que además la Sociedad Mercantil SEPROSE S. DE R.L.", no le concedió las vacaciones correspondientes al cuarto y quinto año (2017 y 2018), por lo que mediante la presente demanda se pretende el pago de dichas vacaciones pendientes. Manifestó además que el 28 de febrero del 2019, el señor ALLAN ARGEVIZ SANTOS ÁVILA, quien era el jefe inmediato de los demandantes, les notificó de forma verbal, la decisión de dar por terminada de manera unilateral la relación de trabajo, efectiva a partir de ese mismo día, argumentando que dicho despido verbal lo hacía por órdenes expresas del Gerente General señor ALVIN LAÍNEZ; y que ante el despido verbal e injustificado del que fueron objeto por parte del patrono, se presentaron ante la Inspectoría del Trabajo de la ciudad de Tela, Atlántida, procediendo en fecha 26 de marzo del 2019, la Inspectora del Trabajo Licenciada SARA ISABEL PÉREZ, a constituirse en las instalaciones la Sociedad Mercantil "AGRÍCOLA TORNABÉ SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (AGROTOR)", a efecto de constatar el despido verbal del cual fueron objeto los demandantes, siendo atendida por el señor ALLAN ARGEVIZ SANTOS ÁVILA, en su condición de jefe inmediato y representante del patrono, mismo que en forma libre y voluntaria manifestó que los señores solicitantes de esta inspección les notificó que hasta el día 28 de febrero iban a laborar porque su jefe inmediato ALVIN LAÍNEZ se lo dijo vía teléfono y luego envió una supervisión de trabajo, indicándoles que hasta el día 28 de febrero del 2019 los empleados solicitantes iban a laboral. Que el despido verbal, violenta el artículo en el 117 del Código del Trabajo, que establece: "La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos"; argumentaron que conforme a lo que establece el artículo 7 del Código del Trabajo, la Sociedad Mercantil "AGRÍCOLA TORNABÉ SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (AGROTOR)", era solidariamente responsable con la Sociedad Mercantil "SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA conocida con las siglas SEPROSE S. DE R.L." a quien contrató (tercero) para que este adelante la actividad empleando trabajadores dependientes por el contratados (tercerizó los servicios de seguridad), ya que la contratación de personal de seguridad pudo haber sido realizado directamente por AGROTOR, y esa empresa mercantil como beneficiaria de los servicios prestados por los trabajadores debe hacerse responsable de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho los trabajadores por la vía de la solidaridad laboral, pues en ultima resulta beneficiándose del trabajo desarrollado por los demandantes, que prestaron sus servicios en una labor que no era extraña a lo que constituye lo primordial de sus actividades empresariales, ya que los servicios de seguridad es parte inherente al desarrollo de sus actividades, pues sin seguridad no podrían producir el fruto de la palma africana, y sin seguridad tampoco podrían hacer la transformación de la materia prima al producto final (aceite de palma africana). Que una vez constatado el despido verbal al cual fueron objeto, procedieron por medio de la Inspectoría del trabajo de esta ciudad de Tela, Atlántida, a citar a la parte patronal, para que compareciera ante la autoridad del trabajo el día jueves 11 de abril del 2019 y el patrono no se presentó, razón por la cual la Inspectora del Trabajo, levantó el acta respectiva, agotando de esa manera el procedimiento administrativo. 2.- La parte demandada, la sociedad mercantil AGRÍCOLA TORNABÉ, SA. DE C.V. (AGROTOR), contestó dicha demanda, rechazando las pretensiones de los demandantes, alegando en su defensa que; la parte demandante reclama en forma solidaria que le pague las prestaciones e indemnizaciones laborales por despido injusto a trabajadores contratados por la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA IDENTIFICADA POR LAS SIGLAS "SERPROSE, extremo que rechazó por cuanto no existió ningún vínculo de solidaridad entre la demandada y la empresa contratada, ya que cada sociedad tiene vida jurídica propia con sus derechos y obligaciones totalmente definidas en sus respectivas constituciones de sociedad por lo que no le aplica lo que regula el artículo 7 del Código del Trabajo; que por ser un hecho real debidamente comprobado que con los demandantes no tiene ninguna relación laboral. Según el Código de Trabajo en su artículo 19, establece: "Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta mediante una remuneración". Por dependencia continua se entiende la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros, en todo lo que se refiera al trabajo". Siguiendo la norma antes citada, tal como se ha dejado establecido en la contestación de los hechos, la Sociedad Mercantil AGRÍCOLA TORNABÉ, S.A. DE C.V. (AGROTOR), suscribió un contrato de PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA con la Sociedad Mercantil denominada SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. IDENTIFICADA CON LAS SIGLAS (SEPROSE), como persona jurídica, siendo esta última compañía bajo un precio determinado y condiciones claramente establecidas se obligó a prestarle el servicio de seguridad a AGROTOR, tal como lo establece entre otros las cláusulas, Segunda, tercera, cuarta, sexta y Decima Primera del contrato suscrito entre las partes de fecha 15 de enero del 2018, así: "CLAUSULA SEGUNDO DE LOS SERVICIOS REQUERIDOS POR EL CONTRATANTE AL CONTRATISTA: El Contratante requiere la prestación de servicios de seguridad privada en las plantaciones de palma africana e instalaciones físicas ubicadas en los departamentos de Atlántida. Yoro, Cortes y Colon CLAUSULA TERCERO: DEBERES, OBLIGACIONES QUE DEBERÁ CUMPLIR EL CONTRATISTA: a) El Contratista se compromete a servir y salvaguardar los recursos humanos y bienes materiales, muebles e inmuebles del Contratante, informando en su oportunidad de cualquier anomalía o situación de riesgo que represente una amenaza para los intereses de la empresa, para lo cual contratara a personal con título de educación secundaria y capacitado en el área de seguridad o carrera militar a fin, lo que deberá acreditar al contratante, requerimiento que deberá cubrir desde el oficial de seguridad hasta cargos intermedios. b) ... c) El Contratista deberá cumplir como principio a nuestra política el respeto a los derechos humanos, a los derechos que emana de la Constitución de la República y demás leyes, cumpliendo a cabalidad con sus obligaciones y prohibiciones como patrono y dando a conocer a sus trabajadores las obligaciones y prohibiciones conforme los artículos 95, 96, 97 y 98 del Código del Trabajo vigente. d) El Contratista deberá tener su reglamento interno de trabajo, cumplir con las afiliaciones a las instituciones que resguardan y protegen al trabajador y obligan al patrono a afiliarse como ser Seguro Social, Régimen de Aportaciones Privadas para lo cual deberá presentar mensualmente las plantillas de pagos presentadas al RAP Y SEGURO SOCIAL y copia de las planillas mensuales que acrediten el pago del salario mínimo al oficial de seguridad. e) El contratista deberá cumplir con su Licencia de Operaciones extendida por la Secretaria de Seguridad y con el canon correspondiente por cada guardia a la misma. f) ...g) ...h) ...i) ...j) ...k). El personal del contratista estará bajo su dependencia y responsabilidad laboral directa, y deberá proporcionar a sus empleados los uniformes completos y equipo adecuado a cada uno de sus empleados para la realización eficiente de sus tareas de vigilancia, la información del puesto y asignación de arma de fuego con su respectiva munición permitidas por las leyes hondureñas. CLAUSULA CUARTA: PENALIDADES: Queda establecido que el contratante no asumirá ningún reclamo administrativo, laboral, penal, civil, mercantil por la irresponsabilidad y falta de cumplimiento en sus obligaciones que como patrono le corresponden al contratista y que de ser requerido, demandado por cualquier circunstancia derivada de las estipulaciones antes descritas en las cláusulas que anteceden, procederá a deducir de forma inmediata todos los daños y perjuicios causados, asimismo notificara de inmediato a el contratista para que asuma su responsabilidad para con sus empleados en forma inmediata, y que de no cumplir nos dará derecho a rescindir inmediatamente el presente contrato sin perjuicio de nuestra parte, ni penalidad ya que falta de cumplimiento a lo aquí establecido va en contra de nuestros principios como una empresa socialmente responsable. CLAUSULA SEXTA: DEL NUMERO DE AGENTES CONTRATADOS. El contratante por este acto manifiesta que necesita los servicios del contratista, de veintidós (22) Oficiales de Seguridad para que presten servicios de vigilancia, distribuidos de acuerdo a lo mencionado en la segunda y tercera cláusula, los que se pueden adicionar o disminuir de acuerdo a las necesidades del Contratante y sin responsabilidad alguna de su parte. CLAUSULA DECIMA PRIMERA: DEL PRECIO, SU FORMA, LUGAR DE PAGO Y PLAZO: Para los efectos propios del precio del servicio, las partes de común acuerdo convenimos en: a). PRECIO: El costo unitario por cada Oficial de Seguridad en turnos de ocho (8) horas en los siguientes horarios 06:00-14 hrs y 14:00-21:00 hrs será la cantidad mensual de L. 17,691.40 y en horarios nocturnos de 21.00 a 06 hrs será de L. 26,225.97, el turno de doce horas diurno por la cantidad mensual de L. 25,621.56, El turno nocturno de doce horas por valor de L.37,092.21, y se pagara por concepto de depreciación L. 6,683.82 por motocicleta y L. 20,873.87 por vehículo, más el 15% de Impuesto Sobre Ventas o el vigente, de acuerdo al número de agentes y motocicletas contratadas, cantidad que será cancelada en pagos quincenales. Los días feriados serán pagados en la fecha que corresponda y de acuerdo al personal que se encuentre en turno. b) DEL VALOR TOTAL DEL SERVICIO. El costo mensual por el servicio será de acuerdo a lo anterior descrito, correspondientes al número de agentes, motocicletas y vehículos contratados. c) DE LA FORMA DE PAGO. El contratante se compromete a efectuar el pago que corresponda en su caso de la cantidad descrita en la cláusula que antecede, en pagos quincenales, en moneda de curso legal en el país (Lempiras), a más tardar los días 15 y 30 de cada mes, previa presentación de la factura correspondiente en forma anticipada, sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, pagos que serán acreditados a la cuenta número 730092081, que el contratista mantiene en el banco BAC-HONDURAS, queda entendido y convenido que el contratante podrá disminuir o aumentar el número de Oficiales de Seguridad, lo que comunicara de inmediato al contratista el cual para este tipo de casos deberá tener prevenido estas situaciones para cumplir a cabalidad con sus deberes como patrono, del caso y por consiguiente, los montos de las cantidades antes señaladas se modificaran o ajustaran en su caso sin ninguna responsabilidad para el contratante. d)...". Alegó que la finalidad de la Sociedad Mercantil AGRÍCOLA TORNABÉ, S.A. de C.V. (AGROTOR) es el cultivo de palmas oleaginosas y demás plantas industrializables; la importación, exportación, extracción, procesamiento, comercialización y distribución de los productos o derivados de las mismas; la prestación de asesoramiento técnico y de mecanización y el ejercicio de cualquier actividad agrícola, agroindustrial, agropecuaria y en general desarrollar cualquier actividad lícita. Como puede apreciarse con toda claridad mi representada no tiene como finalidad la de brindar o prestar servicios de seguridad, para ello contrata empresas especializadas en la materia. Argumentó que la finalidad primordial de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SEPROSE), era la prestación de servicios privados de seguridad en su más amplia acepción, mismos que comprenden los siguientes: seguridad personal, seguridad física de instalaciones (edificios, casas de habitación, etc.); custodia y trasporte de valores, capacitación, instrucción, adiestramiento en defensa personal y practica de tiro al blanco; instalación y monitoreo de sistema de alarmas en general, en edificios y vehículos, venta de equipo, instalación, venta de servicios, reparación, importación de equipos, alarmas y municiones para el servicio de seguridad, fabricación de uniformes, calzado y accesorios para equipo de seguridad, servicio de investigación privada, instalación y operación de polígonos de tiro, evaluación y estudio de proyectos de seguridad y prevención de riesgos así como la importación de materiales y equipos que sean necesarios para el desarrollo de la actividad principal y su exportación, representación de casas nacionales y extranjeras, pudiendo realizar cuantos más actos sean de licito comercio dentro y fuera de la República de Honduras. Finalmente manifestó que la relación contractual entre las sociedades Sociedad Mercantil AGRÍCOLA TORNABÉ S.A. DE C.V. (AGROTOR) y Sociedad Mercantil SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA. IDENTIFICADA CON LAS SIGLAS (SEPROSE), se prueba mediante el pago de cantidades de dinero mediante cheques y transferencias bancarias pagados durante la vigencia del contrato suscrito entre las Sociedades AGRÍCOLA TORNABÉ S.A. DE C.V. (AGROTOR) y SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (SEPROSE), pagos realizados en concepto del servicio de seguridad prestado por la referida sociedad. Asimismo, la sociedad mercantil SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL, S. DE R.L., conocida con las siglas SEPROSE, S. DE R.L., contestó dicha demanda, a través del CURADOR AD-LITEM; señalando y limitándose a expresar que rechaza cada uno de los hechos de la demanda. 3.- El Juzgado de Letras Seccional de Tela, Departamento de Atlántida, en fecha 12 de mayo del 2023, dictó sentencia misma que en su parte conducente dice: “FALLA: A) DECLARANDO CON LUGAR LA DEMANDA ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa en que fundo el despido, en caso contrario sea condenado al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo en forma verbal ilegal e injusto., salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, promovida por los señores JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ REYES, WALTER EDIBERTO PINEDA CARIAS, HÉCTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ MÉNDEZ, JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ Y WALTER ALEXANDER URQUÍA contra la Sociedad mercantil Servicios de Protección y Seguridad BET-EL S. de R. L. conocida por las siglas SEPROSE S. de R. L. Representada por el señor WALTER FLORES MENCIA y Solidariamente contra la Sociedad Mercantil AGRÍCOLA TORNABE S. A de C. V. (AGROTOR) representada por DANNY GABRIE SALES ambas partes de generales señaladas en el preámbulo de la sentencia. - B) SE CONDENA a la parte demandada principal y demandada solidaria a pagar al señor JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ REYES la cantidad de VEINTICUATRO MIL TREINTITRES LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L.24,033.60) por concepto de preaviso. SESENTA MIL OCHENTICUATRO LEMPIRAS (L.60,084.00) por concepto de Cesantía.- CUATRO MIL CIENTO CINCO LEMPIRAS CON SETENTICUATRO CENTAVOS (L.4,105.74) por concepto de cesantía proporcional.- DOS MIL SETECIENTOS TREINTISIETE LEMPIRAS CON DIECISEIS CENTAVOS L.2,737.16) por concepto de vacaciones proporcionales.- MIL SEISCIENTOS CINCUENTINUEVE LEMPIRAS CON CUARENTITRES CENTAVOS (L.1,659.43) por concepto de aguinaldo proporcional.- SEIS MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON TREINTIOCHO CENTAVOS (L.6,809.38) por concepto de décimo cuarto mes proporcional.- Haciendo un total de NOVENTINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CONTREINTIUN CENTAVOS (L.99,429.31). Al señor WALTER EDIBERTO PINEDA CARIAS la cantidad de ONCE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (L.11,900.10) por concepto de preaviso. ONCE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (L.11,900.10) por concepto de Cesantía. ONCE MIL SEISCIENTOS TREINTICINCO LEMPIRAS CON SESENTICINCO CENTAVOS (L.11,635.65) por concepto de cesantía proporcional.- CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTICUATRO LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS (L.4,654.26) por concepto de vacaciones proporcionales .- MIL SEISCIENTOS CUARENTITRES LEMPIRAS CON TREINTITRES CENTAVOS (L.1,643.33) por concepto de aguinaldo proporcional.- SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTITRES LEMPIRAS CON TREINTITRES CENTAVOS (L.6,743.33) por concepto de décimo cuarto mes proporcional.- haciendo un total de CUARENTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTISEIS LEMPIRAS CON SETENTISIETE CENTAVOS (L.48,476.77). Al señor HECTOR ENRRIQUE RODRÍGUEZ la cantidad de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L.23,800.20) por concepto de preaviso. - VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L.23,800.20) por concepto de Cesantía. NUEVE MIL CIENTO VEINTITRES LEMPIRAS CON CUARENTIUN CENTAVOS (L.9,123.41) por concepto de cesantía proporcional. CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTIUN LEMPIRAS CON SETENTIUN CENTAVOS (L.4,561.71) por concepto de vacaciones proporcionales CUARENTITRES LEMPIRAS MIL SEISCIENTOS, TREINTITRES CON CENTAVOS (L.1,643.33) por concepto de aguinaldo proporcional.- SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTITRES LEMPIRAS CON TREINTITRES CENTAVOS (L.6,743.33) por concepto de décimo cuarto mes proporcional.- Haciendo un total de SESENTINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTIDOS LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS (L.69,672.18).- Al señor JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ la cantidad de VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L.23,422.20) por concepto de preaviso. CINCUENTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTICINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.58,555.50) por concepto de Cesantía. - OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON CUARENTIDOS CENTAVOS (L.8,360.42) por concepto de cesantía proporcional. - CINCO MIL QUINIENTOS SETENTITRES LEMPIRAS CON SESENTIDOS CENTAVOS (L.5,573.62) por concepto de vacaciones proporcionales. - MIL SEISCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS (L.1,617.23) por concepto de aguinaldo proporcional. SEIS MIL SETECIENTOS TREINTISEIS LEMPIRAS CON VEINTITRES CENTAVOS (L.6,636.23) por concepto de décimo cuarto mes proporcional. - Haciendo un total de CIENTO CUATRO MIL CIENTO SESENTICINCO LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L.104,165.20). Al señor WALTER ALEXANDER URBINA, la cantidad de VEINTICUATRO MIL SETENTINUEVE LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L.24,079.80) por concepto de preaviso. SESENTA MIL CIENTO NOVENTINUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (L.60,199.50) por concepto de Cesantía. - SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTIOCHO LEMPIRAS CON DIECISIETE CENTAVOS (L.6,488.17) por concepto de cesantía proporcional. CUATRO MILTRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON CUARENTICINCO CENTAVOS (L.4,325.45) por concepto de vacaciones proporcionales.- MIL SEISCIENTOS SESENTIDOS LEMPIRAS CON SESENTISIETE CENTAVOS (L.1,662.67) por concepto de aguinaldo proporcional.- SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON SESENTIDOS CENTAVOS (L.6,822.67) por concepto de décimo cuarto mes proporcional.- Haciendo un total de CIENTO TRES MIL QUINIENTOS SETENTIOCHO LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS (L.103,578.26).- Se condena también a título de Daños y Perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato escrito de trabajo hasta que la presente sentencia tenga el carácter de firme para cada uno de los demandantes….- CON COSTAS…”; bajo el criterio que, en toda la evacuación de la prueba los TRES elementos quedaron acreditados que existieron entre los demandantes y los demandados, uno de manera directa y el otro de manera solidaria ya que para que este último figura exista debe de existir. Un contrato no laboral, entre el contratista independiente y el beneficiario en este caso entre AGROTOR y SEPROSE, situación que queda acreditada con el contrato de servicio que se presentó como medio de prueba tanto de la parte demandada como de la demandada solidariamente. Debe de existir una relación entre la obra y servicio contratado con las actividades normales del beneficiario, en este punto cabe señalar que si bien el giro de la empresa no es esencialmente de brindar servicio de seguridad sin embargo las labores de esta, de seguridad, son definidas y bien especificas según en el propio contrato de manera que, de buen servicio de vigilancia y seguridad depende del funcionamiento del todo el engranaje de AGROTOR por lo que podemos concluir que no existe una actividad extraña entre contratista y contratante. Debe de existir un contrato de trabajo en este caso entre SEPROSE y los demandantes que si bien no se presentó de manera visual en ninguna de las audiencias no es menos cierto que la falta de contrato como lo establece el artículo 30 del código de trabajo es imputable al trabajador y en caso de controversia se presumirán ciertas las estipulaciones alegadas por este, en ese sentido bajo la presunción antes indicadas si existió contrato de trabajo entre los demandantes y SEPROSE. Que el contratista no haya cancelado las obligaciones de carácter laboral respecto a sus empleados, consta en autos que este concepto no se ha cumplido en relación a SEPROSE para con los demandantes, todo lo que conlleva a estimar que sin lugar a dudas existe solidaridad de AGROTOR con relación a las obligaciones no cumplidas por SEPROSE para con los demandados. Que en ninguno de todos los elementos de prueba ha quedado acreditado que la parte demandada pudo justificar una terminación de contrato entre los demandados y esta, al contrario quedó demostrado que el despido verbal que fueron objeto JOSÉ ANDRÉS LÓPEZ REYES, WALTER EDIBERTO PINEDA CARIAS, HÉCTOR RODRÍGUEZ MÉNDEZ, JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Y WALTER ALEXANDER URQUÍA, fue realizado de manera injusta por cuanto el artículo 113 del código de trabajo indica que si no se probó la causa el patrono debe de pagar al trabajador la indemnizaciones que establece la normativa de trabajo y que le puedan corresponder, además de ello en concepto de títulos de daños y perjuicio los salarios que este habría percibir desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción de las normas procesales quede firma la sentencia condenatoria en el caso concreto toda la disposición del referido artículo le es atribuible a los demandados. En relación a las costas solicitadas por el demandante, los Principios de Derecho de Trabajo establece el Principio de Gratuidad que desarrollado por el Manuel de Procedimiento Laboral Judicial autorizado por la Corte Suprema de Justicia dice lo siguiente: en materia laboral por regla general no existe condena el costas esto debido al principio de gratuidad dispuesto en el artículo 717 del Código de Trabajo; y en caso de el Juez considere ordenar la condena en costas, deberá de motivar suficientemente su decisión, como en los casos de litigar con notoria falta de derecho, con temeridad o abuso de procesal, deslealtad, malicia, etc." dicho lo anterior, no significa que el Juez no puede condenar en costas, significa que se debe de razonar sesudamente y así plasmarlo en el fallo. En el caso de marras ninguna de las razones para condenar en costas es atribuible al demandado, no litigó con notoria falta de derecho, tampoco con temeridad, abuso procesal, malicia, por lo que no procede la condena en costas. 4.- La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha 21 de septiembre del 2023, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, en el sentido de que reformar la parte dispositiva inciso B respecto a la condena a la parte demandada principal y solidaria en relación a los Señores JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ, WALTER ANTOΝΙΟ URBINA, a quienes deberá sumárseles el pago reclamado en concepto de vacaciones pendientes. Ante lo cual quedaría de la siguiente forma JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ MARTÍNEZ valor reconocido en la sentencia L. 104,165.20, más L. 15,614.80 en concepto de vacaciones pendientes haciendo un total de L. 119,780.00, WALTER ALEXANDER URBINA, valor reconocido en la sentencia L. 103,578.26, más L. 16,053.20, en concepto de vacaciones pendientes haciendo un total de L. 119,631.46. reformó en la parte que se condena en costas debiéndose entender sin costas; confirmó lo demás de la misma, sin costas; bajo el criterio que, en vista que las dos partes (demandante y la demandada de forma solidaria) interpusieron recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Tela en fecha 12 de mayo del año 2023, corresponde dar repuesta a ambas impugnaciones, RESPECTO AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE LA PARTE DEMANDANTE: La parte demandante cuestiona la sentencia por haber omitido pronunciarse sobre la pretensión de pago de vacaciones pendientes de los trabajadores José Antonio Sánchez Martínez y Walter Alexander Urbina, omisión que para la recurrente vuelve la sentencia incongruente por no haberse decidido sobre todos los puntos objeto de debate ni se dio repuesta a una pretensión de la parte demandante. En repuesta a tal impugnación esta alzada estima lo siguiente: a) Que en los hechos y omisiones de la demanda, numerales cuarto y quinto respectivamente, último párrafo de dichos numerales se puede apreciar que los trabajadores demandantes José Antonio Sánchez Martínez y Walter Alexander Urbina, establecen como pretensión el pago de las vacaciones pendientes de los años 2017 y 2018, en virtud de que la patronal no les concedió vacaciones en esos; b) Sobre esta pretensiones el abogado Josué Isac Urbina Mejía Curador Ad- Litem de la sociedad mercantil Servicios de Protección y Seguridad BET-EL Sociedad de Responsabilidad Limitada conocida con las siglas SEPROSE S. de R. L. al contestar la demanda se limitó a rechazar en su totalidad los hechos y omisiones del plan de la demanda incluyendo los numerales cuarto y quinto de dichos hechos, rechazo este que es evasivo en virtud que el representante procesal de la demandada no indica ni explica las razones por las cuales rechaza las pretensiones de los demandantes, en todo caso si se rechaza el reclamos de vacaciones pendientes el patrono directo de los trabajadores debe de justificar el porqué de ese rechazo, si es que no tenían derechos a las mismas o en su caso que estas si se habían concedido, puesto que no resulta ser un hecho controvertido que los trabajadores José Antonio Sánchez Martínez y Walter Alexander Urbina, fueron contratados por SEPROSE S. de R.L.; c) La representación procesal de la Sociedad Mercantil Agrícola Tornabé S.A de C. V (AGROTOR) demandada de forma solidaria al contestar la demanda rechazo los hechos de la demanda y al pronunciarse específicamente sobre los numerales cuatro y cinco que contiene las pretensiones de los trabajadores José Antonio Sánchez Martínez y Walter Alexander Urbina, indico que estos demandantes fueron contratados por la Sociedad Mercantil Servicios de Protección y Seguridad BET-EL Sociedad de Responsabilidad Limitada conocida con las siglas SEPROSE S. de R. L. por lo tanto era esta la que tenía conocimiento de cuando contrató y despidió a sus trabajadores sin pronunciarse sobre los reclamos de pago de estos; d) Que la parte demandada de forma directa fue requerida en su momento oportuno para que presentara el contrato individual de trabajo de los señores José Antonio Sánchez Martínez y Walter Alexander Urbina, sin embargo el representante procesal de SEPROSE evadió tal requerimiento, por cuanto se presume la existencia de un contrato verbal, acto este que conforme al artículo 30 del Código del Trabajo se considera que las alegaciones vertidas por el trabajador son ciertas, incluyendo el reclamo de pago de vacaciones pendientes en virtud que no existe prueba contraria que desvirtué tal reclamo. e) Que por las razones anteriormente indicadas se considera que los agravios de la parte demandante son razonables por cuanto el Juez omitió pronunciarse sobre las pretensiones del pago de vacaciones pendientes de los trabajadores José Antonio Sánchez Martínez y Walter Alexander Urbina, pero que a la luz de las consideraciones anteriores deben concederse tales reclamos que deben ser sumados a los conceptos reconocidos en la sentencia a dichos trabajadores. RESPECTO AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR LA REPRESENTACIÓN PROCESAL DE LA SOCIEDAD MERCANTIL AGRÍCOLA TORNABÉ S.A de C.V (AGROTOR): A) Primer agravio señala el recurrente que el Juzgado de primera Instancia realizo una interpretación errónea del artículo 7 párrafo segundo del Código del Trabajo condenado a su representada de forma solidaria imponiéndole obligaciones laborales. A.1. Sobre este agravio es importante resaltar que la parte demandada de forma solidaria pretende sorprender a esta alzada con un argumento que ya había sido introducido en la audiencia primera de tramite como una EXCEPCIÓN DILATORIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN AD CAUSAM pero sustentada en la falta de solidaridad, excepción está a la cual el Juez de Primera Instancia le dio el trámite legal correspondiente para finalmente rechazarla mediante auto interlocutorio de fecha 15 de octubre del año 2021 tal cual se relaciona en los antecedentes de hecho tercero y cuarto de la presente sentencia, decisión que fue consentida por la parte demandada solidaria al no haber interpuesto recurso alguno contra dicha decisión, de lo anterior resulta extemporáneo el alegato de la parte demandada y de paso improcedente por cuanto esta Corte comparte la interpretación del artículo 7 párrafo segundo del Código de trabajo que hace el Juez de Primera Instancia en la sentencia para establecer la solidaridad de la empresa mercantil SOCIEDAD MERCANTIL AGRÍCOLA TORNABÉ S.A de C.V (AGROTOR) con relación a las obligaciones no cumplidas por la SOCIEDAD MERCANTIL SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONOCIDA CON LAS SIGLAS SEPROSE S. DE R. L.. A.2. Se le recuerda a la SOCIEDAD MERCANTIL AGRÍCOLA TORNABÉ S.A de CV (AGROTOR), que ya existe un antecedente en esta Corte de Apelaciones registrado bajo el número 0107-2020-01100, cuando conociendo en recurso de apelación sobre el expediente laboral tramitado en el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tela bajo el número 0107-2019-00665 contentivo de la demanda promovida por los Señores TEODORO MEJIA PINEDA, ISMAEL LÓPEZ SÁNCHEZ Y OTROS contra las mismas empresas SOCIEDAD MERCANTIL SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET- EL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONOCIDA CON LAS SIGLAS SEPROSE S. DE R. L, y de forma solidaria SOCIEDAD MERCANTIL AGRÍCOLA TORNABÉ S.A de C.V (AGROTOR), donde esta alzada en la resolución de fecha 03 de diciembre del año 2020, en la fundamentación jurídica dejo establecido en los numerales quinto y sexto el criterio siguiente: "El artículo 7 párrafo segundo del Código del Trabajo, establece que los contratistas son verdaderos patronos y no representantes ni simples intermediarios, cuando contraten la ejecución de una o varias obras o labores en beneficio ajeno y por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad o autonomía técnica y directiva.- Pero el beneficiario del trabajo -a menos que se trate de labores extrañas a la actividad normal de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso y para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. Que el Máximo Tribunal de Justicia a través de la sala Laboral en la Sentencia de fecha 07 de diciembre del año 2015 con la nomenclatura CL310-15 señalo lo siguiente "...al tema de la interpretación del artículo 7 párrafo segundo reformado del Código del Trabajo, el cual establece la solidaridad en la tercerización de obras o labores, por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, toda vez que las mismas no se trate de labores extrañas a la actividad normal de la empresa o negocio y que en el caso de autos los tribunales de grado han apreciado que las mismas han podido ser efectuadas por la empresa demandada o en la forma que ha contratado a un tercero, quiere ello decir que si el empresario ha podido adelantar la actividad directamente y utilizando sus propios trabajadores, pero decide hacerlo contratando un tercero para que este adelante la actividad, empleando trabajadores dependientes por el contratados, el beneficiario o dueño de la obra debe hacerse responsable de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho los trabajadores, por la vía de la solidaridad laboral, pues, en últimas, resulta beneficiándose del trabajo desarrollado por personas que prestaron sus servicios en una labor que no es extraña a lo que constituye lo primordial de sus actividades empresariales...." de lo anterior se colige que ya existe jurisprudencia sobre la solidaridad en la tercerización de obras o labores, pues lo que se pretende con ello es proteger al trabajador en aquellos casos que grandes empresas utilizan pequeños contratistas independientes que carecen de solvencia o responsabilidad necesaria para responder por las obligaciones contraídas con los trabajadores, sin desconocer obviamente el principio de que el beneficiario de la obra o actividad no es en caso alguno el sujeto patronal." "Que el hecho de que la vinculación de carácter laboral de forma directa (Legitimación Ordinaria) es entre los trabajadores demandantes y la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL S. DE R.L. (SEPROSE) no obstante a la luz de la interpretación del artículo 7 del Código del Trabajo realizado por el Máximo Tribunal de Justicia la Sociedad Mercantil AGRÍCOLA TORNABÉ SA. DE C.V. (AGROTOR) no es más que un garante para el pago de las obligaciones de índole laboral contraídas por el contratista ante el incumplimiento o insolvencia de este (Legitimación Extraordinaria). En tal sentido se considera que la Sociedad Mercantil AGROTOR tiene legitimación pasiva extraordinaria para ser parte en el proceso laboral incoado". Decisión esta que en su momento histórico fue recurrida vía acción de amparo ante el Máximo Tribunal de Justicia a través de la Honorable Sala de lo Constitucional por el Abogado NICOLAS J. GARCÍA PINEDA a favor de la Sociedad Mercantil AGRÍCOLA TORNABÉ S.A. DE C.V. (AGROTOR) y que fue sobreseída tal acción por el alto Tribunal de Justicia mediante la sentencia de fecha 18 de marzo del año 2021, recaída en el Amparo Laboral A.L. 0049-2021. A.-3. De lo anteriormente relacionado puede advertirse que la interpretación del artículo 7 párrafo segundo del Código de Trabajo no deviene de un criterio erróneo del Juez de Primera Instancia o de esta Corte de Apelaciones, sino de sendas sentencias que ha dictado la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de lo Laboral de lo Contencioso Administrativo referente al tema de la solidaridad en casos similares al que hoy nos ocupa, por lo cual no se advierte arbitrariedad o desafuero del Juzgador de Primera Instancia al condenar de forma solidaria a la empresa Sociedad Mercantil AGRÍCOLA TORNABÉ S.A. DE C.V. (AGROTOR), al contrario se considera una necedad e insistencia de esta al pretender incluir un agravio, con un argumento que ya había sido resuelto por el Juzgado de Primera Instancia en la audiencia primera de tramite.- B) Segundo agravio: Infracción al principio de gratuidad, refiere el recurrente que aun cuando en el desarrollo de los fundamentos el A-quo pondero que no concurría ningún de las causales que podrían desembocar en una condena, tales como "litigar con notaria falta de derecho, con temeridad y abuso procesal, deslealtad, malicia etc.", condeno en costas - B.- 1. Revisando la sentencia impugnada efectivamente existe incongruencia entre el fundamento de derecho número nueve (9) con la disposición final en la que se condena en costas, por cuanto debe entenderse que el Juzgador fue del criterio que no existe ninguna de las razones de "litigar con notaria falta de derecho, con temeridad y abuso procesal, deslealtad, malicia etc.", para condenar en costas al demandado, sin embargo, en la parte dispositiva lo condeno, circunstancia esta que hace que el agravio sobre este punto sea aceptado por esta alzada, aun cuando se considere que por los antecedentes relacionados si existió abuso procesal de la demandada, pues aun sabiendo y conociendo que su alegato de falta de solidaridad no tiene cabida persisten en alegarlo cada vez que pueden pretendiendo sorprender al Juzgador, no obstante bajo la prohibición de la reforma peyorativa (No Reformatio In Peius) no podemos afectar al recurrente por un desafuero e incongruencia del Juez de Primera Instancia que considero que no habían razones para imposición de costas y las impuso, lo que ha traído como consecuencia que la apelación del recurrente sea parcial por tener cabida el segundo agravio, ante lo cual deviene exonerársele de costas también en esta instancia. Que por las razones y consideraciones legales referidas por esta Corte es procedente estimar el recurso impetrado por la parte demandante y estimar parcialmente el recurso interpuesto por la parte demandada consecuentemente procede la reforma de la sentencia. 5.- Mediante auto de fecha 08 de diciembre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ALEJANDRO JOSÉ PINEDA RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil AGRÍCOLA TORNABÉ, S.A. DE C.V. (AGROTOR), contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 14 de marzo del 2024, compareció ante este tribunal el Abogado ALEJANDRO JOSÉ PINEDA RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil AGRÍCOLA TORNABÉ, S.A. DE C.V. (AGROTOR), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación; por lo que mediante providencia de fecha 18 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho; por lo que mediante proveído de fecha 17 de mayo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada DORIS MAGDALENA VALLE PEÑA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que acorde a lo dispuesto en los artículos 764, 765 y 769 del Código del Trabajo, la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado ALEJANDRO JOSÉ PINEDA RODRÍGUEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por interpretación errónea del párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, párrafo primero del Código del Trabajo. DISPOSICIÓN SUSTANTIVA INFRINGIDA: La disposición sustantiva infringida la constituye el párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Desarrollo el concepto de la infracción de la siguiente manera: La norma acusada de haber sido erróneamente interpretada, es decir, el párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo establece lo que esta honorable Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo denomina tercerización o triangulación, el cual es del tenor literal siguiente: "Articulo 7. Intermediario: es (...). Son contratistas y, por tanto, verdaderos patronos de sus trabajadores y no representantes ni simples intermediarios, las personas que contraten la ejecución de una o varias obras o labores en beneficio ajeno, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlas con sus propios medios y con la libertad técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo, dueño de la obra o base industrial, a menos que se trate de labores extrañas a la actividad normal de su empresa o negocio, será solidariamente con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso y para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores, los mismos salarios, prestaciones e indemnizaciones que para el beneficio del trabajo, a sus trabajadores en sus labores, obras o negocios (lo resaltado es nuestro). Conforme a la jurisprudencia de este alto tribunal de justicia, para que concurra la solidaridad en la tercerización de obras o labores, por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, se requiere que 1) se haya contratado a terceros para que adelanten una actividad y, 2) que dicha actividad implique una labor que no sea extraña a lo que constituya lo primordial de las actividades empresariales. No obstante, la honorable Corte de Apelaciones ha errado en la interpretación de esta norma, lo cual se pone de manifiesto en el fundamento de derecho tercero de la sentencia recurrida, cuando señala: "A. 1 [...] esta Corte comparte la interpretación del artículo 7 párrafo segundo del Código de trabajo que hace el Juez de Primera Instancia en la sentencia para establecer la solidaridad de la empresa mercantil SOCIEDAD MERCANTIL AGRÍCOLA TORNABÉ S.A de C.V (AGROTOR) con relación a las obligaciones no cumplidas por la SOCIEDAD MERCANTIL SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONOCIDA CON LAS SIGLAS SEPROSE S. DE R. L. A.2. Se le recuerda a la SOCIEDAD MERCANTIL AGRÍCOLA TORNABÉ S.A de C.V (AGROTOR), que ya existe un antecedente en esta Corte de Apelaciones registrado bajo el número 0107-2020-01100, cuando conociendo en recurso de apelación sobre el expediente laboral tramitado en el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tela bajo el número 0107-2019-0066 contentivo de la demanda promovida por los Señores TEODORO MEJIA PINEDA, ISMAEL LÓPEZ SÁNCHEZ Y OTROS contra las mismas empresas SOCIEDAD MERCANTIL SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BETEL SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CONOCIDA CON LAS SIGLAS SEPROSE S. DE R. L, y de forma solidaria SOCIEDAD MERCANTIL AGRÍCOLA TORNABÉ S.A de C.V (AGROTOR), donde esta alzada en la resolución de fecha 03 de diciembre del año 2020, en la fundamentación jurídica dejo establecido en los numerales quinto y sexto el criterio siguiente: "El artículo 7 párrafo segundo del Código del Trabajo, establece que los contratistas son verdaderos patronos y no representantes ni simples intermediarios, cuando contraten la ejecución de una o varias obras o labores en beneficio ajeno y por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos para realizarlos con sus propios medios y con libertad o autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo -a menos que se trate de labores extrañas a la actividad normal de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso y para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores. Que el Máximo Tribunal de Justicia a través de la sala Laboral en la Sentencia de fecha 07 de diciembre del año 2015 con la nomenclatura CL310-15 señalo lo siguiente” .... tema de la interpretación del artículo 7 párrafo segundo reformado del Código del Trabajo, el cual establece la solidaridad en la tercerización de obras o labores, por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, toda vez que las mismas no se trate de labores extrañas a la actividad normal de la empresa o negocio y que en el caso de autos los tribunales de grado han apreciado que las mismas han podido ser efectuadas por la empresa demandada o en la forma que ha contratado a un tercero, quiere ello decir que si el empresario ha podido adelantar la actividad directamente y utilizando sus propios trabajadores, pero decide hacerlo contratando un tercero para que este adelante la actividad, empleando trabajadores dependientes por el contratados, el beneficiario o dueño de la obra debe hacerse responsable de los salarios, prestaciones e indemnizaciones a que tienen derecho los trabajadores, por la vía de la solidaridad laboral, pues, en últimas, resulta beneficiándose del trabajo desarrollado por personas que prestaron sus servicios en una labor que no es extraña a lo que constituye lo primordial de sus actividades empresariales...." de lo anterior se colige que ya existe jurisprudencia sobre la solidaridad en la tercerización de obras o labores, pues lo que se pretende con ello es proteger al trabajador en aquellos casos que grandes empresas utilizan pequeños contratistas independientes que carecen de solvencia o responsabilidad necesaria para responder por las obligaciones contraídas con los trabajadores, sin desconocer obviamente el principio de que el beneficiario de la obra o actividad no es en caso alguno el sujeto patronal." "Que el hecho de que la vinculación de carácter laboral de forma directa (Legitimación Ordinaria) es entre los trabajadores demandantes y la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD BET-EL S. DE R.L. (SEPROSE) no obstante a la luz de la interpretación del artículo 7 del Código del Trabajo realizado por el Máximo Tribunal de Justicia la Sociedad Mercantil AGRÍCOLA TORNABE S.A. DE C.V. (AGROTOR) no es más que un garante para el pago de las obligaciones de índole laboral contraídas por el contratista ante el incumplimiento o insolvencia de este (Legitimación Extraordinaria). En tal sentido se considera que la Sociedad Mercantil AGROTOR tiene legitimación pasiva extraordinaria para ser parte en el proceso laboral incoado". Decisión esta que en su momento histórico fue recurrida vía acción de amparo ante el Máximo Tribunal de Justicia a través de la Honorable Sala de lo Constitucional por el Abogado NICOLAS J. GARCÍA PINEDA a favor de la Sociedad Mercantil AGRÍCOLA TORNABE S.A. DE C.V. (AGROTOR) y que fue sobreseída tal acción por el alto Tribunal de Justicia mediante la sentencia de fecha 18 de marzo del año 2021, recaída en el Amparo Laboral A.L. 0049-2021.- A-3. De lo anteriormente relacionado puede advertirse que la interpretación del artículo 7 párrafo segundo del Código de Trabajo no deviene de un criterio erróneo del Juez de Primera Instancia o de esta Corte de Apelaciones, sino de sendas sentencias que ha dictado la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de lo Laboral de lo Contencioso Administrativo referente al tema de la solidaridad en casos similares al que hoy nos ocupa, por lo cual no se advierte arbitrariedad o desafuero del Juzgador de Primera Instancia al condenar de forma solidaria a la empresa Sociedad Mercantil AGRÍCOLA TORNABE S.A. DE C.V. (AGROTOR), al contrario se considera una necedad e insistencia de esta al pretender incluir un agravio, con un argumento que ya había sido resuelto por el Juzgado de Primera Instancia en la audiencia primera de trámite". Como lo señala el iudex ad quem, hace suyo la interpretación de la norma ahora acusada de infringida externada por el iudex a quo, la cual en su sentencia de fecha 12 de mayo de 2023 en su fundamento de derecho 4 literal B) dispuso lo siguiente: "Debe de existir una relación entre la obra y servicio contratado con las actividades normales del beneficiario, en este punto cabe señalar que si bien el giro de la empresa no es esencialmente de brindar servicio de seguridad sin embargo las labores de esta, de seguridad, son definidas y bien especificas según en el propio contrato de manera que, de buen servicio de vigilancia y seguridad depende del funcionamiento del todo el engranaje de AGROTOR por lo que podemos concluir que no existe una actividad extraña entre contratista y contratante". Así, podemos observar que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida yerra evidentemente en la interpretación del párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo, pues le ha dado un alcance que no tiene la norma, por un lado, desconociendo palmariamente la excepción que contempla en cuanto a la solidaridad entre contratista y beneficiario cuando las labores resultan extrañas a la actividad normal de la empresa o negocio, aun cuando reconoce que el giro mercantil de AGROTOR no es el de brindar servicios de seguridad; y por otro lado, interpreta erróneamente la misma norma en cuanto a que estima que la solidaridad en la tercerización de obras o labores, lo que se pretende con ello es proteger al trabajador en aquellos casos que grandes empresas utilizan pequeños contratistas independientes que carecen de solvencia o responsabilidad necesaria para responder por las obligaciones contraídas con los trabajadores, sin desconocer obviamente el principio de que el beneficiario de la obra o actividad no es en caso alguno el sujeto patronal", pues con esto arriba a conclusiones que desbordan el contenido y espíritu de la norma. Así, la correcta interpretación del párrafo segundo, segunda oración del artículo 7 reformado del Código del Trabajo, tiene como resultado apreciar que, por tratarse la actividad de los empleados de SEPROSE de labores extrañas a la actividad normal de AGROTOR, no corresponde imponer la obligación solidaria del pago de los salarios y demás derechos laborales reclamados por los demandantes respecto a la sociedad mercantil AGRÍCOLA TORNABÉ S.A DE C.V. (AGROTOR), ya que dicha solidaridad solamente concurre cuando el beneficiario del trabajo ejecuta labores similares a las que recibe por parte del contratista, supuesto de hecho no recogido en el factum de la sentencia impugnada. En relación, se aclara que, si bien el precepto designado como infringido se encuentra dentro de Título 1, Disposiciones Generales, Capítulo Único, Disposiciones Generales, lo que sugiere que se trata de una norma general, inviolable en casación, no es menos cierto que el contenido específico de la norma en su párrafo segundo, segunda oración, determina obligaciones de carácter sustantivo, habilitando su censura directa en casación. El carácter sustantivo de la norma, deriva de su contenido, no de su ubicación sistemáticamente en el Código del Trabajo. Por tal razón, este motivo es procedente y debe ser estimado, ya que la interpretación errónea del precepto infringido es evidente y determinante en el sentido del fallo, casar parcialmente la sentencia dictada por la Honorable Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida el veintiuno (21) de septiembre del dos mil veintitrés (2023), y en sede de instancia, estimar la acción únicamente respecto a la parte demandada principal, absolviendo a la parte demandada solidariamente”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 7 párrafo segundo, segunda oración del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismos regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c) formula alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de noviembre del dos mil veinticinco. - FIRMA Y SELLO.
RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO,
RECEPTORA ADSCRITA.