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Sentencia CL-458-23 — Registro 19933

Resumen

En la demanda ordinaria laboral, para que se lleve a cabo reintegro a un puesto de trabajo primera instancia declara no ha lugar la demanda, a los salarios dejados de percibir por indemnización de daños y perjuicios, ya que el patrono consigno prestaciones laborales; ordena se entregue el cheque consignado en la secretaria del despacho de pago de prestaciones, segunda instancia declara parcialmente ha lugar el recurso revoca la sentencia definitiva, condenando a reintegrar inmediatamente a su puesto de trabajo, eximiendo del pago de daños y perjuicios en concepto de indemnización; esta Sala de lo Laboral declara nulidad de la sentencia definitiva ya que al hacer el reintegro, por ello, procede el pago de los salarios dejados de percibir desde el despido.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que revisado el fallo recurrido de fecha 18 de septiembre del 2023, emitido por la Corte de Apelaciones de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, mediante el cual se revoca parcialmente la sentencia de fecha 16 de junio del 2022, dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara; el mismo incumple con del deber congruencia y razonamiento lógico, ya que, en su ordinal quinto resuelve de la siguiente forma: “Se exime del pago de daños y perjuicios en concepto de indemnización a la EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A., por haber consignado ante el Juzgado respectivo el cheque en concepto de pago de prestaciones, antes de su emplazamiento en la presente demande de acuerdo a la motivación relizado en el número octavo de la fundamentación y valoración antes descrita”. El caso es que, el Ad-quem, al declarar con lugar la demanda de reintegro, como es la pretensión básica del demandante, no el pago de prestaciones, significa la nulidad del despido lo que determina restituir la cosas al estado en que estaban desde el momento de la terminación injusta e ilegal de la relación de trabajo y; por ende, a restablecer el derecho pleno de la estabilidad laboral. En armonía con lo antes señalado el artículo 113 literal b) establece que: “Si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado; pero si a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquél, hasta que se cumpla con la reinstalación…” es decir, que el empleador se libera del pago de la indemnización que da lugar pago de salarios caídos (Ficción Jurídica de Indemnización) cuando se ha consignado oportunamente y con la cantidad que correspondes cuando se refiere al pago de prestaciones, pero no al pago de los salarios dejados de percibir en caso de reintegro, eliminándose el concepto de indemnización, pues, evidentemente no se puede anticipar la misma, previo a que se haga efectivo la reinstalación del demandante, por ello, procede el pago de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la reincorporación del trabajador en la Empresa demandada, no encajando la figura de la consignación del orden civil para efectos de la pretensión de reintegro de conformidad a lo dispuesto en disposición, antes relacionada. La falencia antes señalada determina la carencia de un razonamiento lógico y fundamentado del fallo impugnado, dando como resultado la incongruencia del mismo por lo que procede decretar su nulidad. VII. Que las sentencias judiciales deben ser claras, precisas y exhaustivas, a efectos de ser congruente con las demandas y con las demás pretensiones de la parte, deducidas oportunamente en el pleito Art. 206 numeral 1 y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1587 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 956 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 113 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos...´´

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

´´...Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 276 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen...´´

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los três (3) días del mês de noviembre del dos mil veinticicno (2025). VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 26 de febrero del 2024, por el abogado HÉCTOR RAMÓN TROCHEZ VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal del señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ; y en fecha 22 de mayo del 2024, por el Abogado YUVINY PINEDA PAZ, en su condición de representante procesal de la empresa AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V. (AMPAC), como partes recurrentes/recurridas, respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro del trabajador a sus labores en el centro de trabajo, pagar al trabajador las indemnizaciones que según el Código del Trabajo le puedan corresponder y a título de daños y perjuicios los salarios que este habría percibido desde la cancelación del contrato por causa injustificada, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, promovida ante el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha 24 de noviembre del 2021, por el Abogado HÉCTOR RAMON TROCHEZ VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal del señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, mayor de edad, casado, Mecánico, hondureño y con domicilio en el Municipio de Las Vegas, Departamento de Santa Bárbara, contra la empresa AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V. (AMPAC), por medio de su representante legal el señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 18 de septiembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, que en su parte conducente dice: “FALLA PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de Apelación, interpuesto por el Abogado HÉCTOR RAMON TROCHEZ VASQUEZ, en su condición de parte procesal demandante del señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, en contra de la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras Unificado de esta Sección Judicial de Santa Bárbara, de fecha dieciséis de Junio del año dos mil veintidós. SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia Definitiva objeto del recurso de apelación. TERCERO: Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR, la Demanda ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO DEL TRABAJADO A SUS LABORES EN EL CENTRO DE TRABAJO; promovida por el señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, de generales conocidas, en contra de la EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S. A., representada por el señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA, en su condición de representante legal de dicha empresa. CUARTO: CONDENAR a la demandada EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S. A., representada por el señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA, a reintegrar inmediatamente a su puesto de Trabajo al señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, con todas las prebendas y aumentos que el mismo haya dejado de percibir desde el momento de cancelación. QUINTO: Se exime del pago de daños y perjuicios en concepto de indemnización a la EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S. A., por haber consignado ante el Juzgado respectivo el cheque en concepto de pago de prestaciones, antes de su emplazamiento en la presente demanda, de acuerdo a la motivación realizado en el número octavo de la fundamentación y valoración antes descrita. SEXTO: Sin costa en primera y segunda instancia, por haberse declarado parcialmente con lugar su pretensión…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, comenzó a laborar para la demandada el 21 de marzo del 2011, con ficha número 1734 en el departamento MOLINO, teniendo como salario promedio mensual de L. 35,000.00 según los últimos cuatro baucheres. Que en fecha 11 de enero del 2017 fue electo como delegado del departamento MOLINO, representación esta que no tenía vencimiento, tal como lo acredita con la credencial de delegados y con la certificación donde consta su inscripción en ese cargo extendida por el Sindicato de Trabajadores de AMERICAN PACIFIC, Honduras, S.A. (SITRAPACIH), acreditado con ficha número 1734. También demostró, que era un líder sindical con derechos suficientes, los que no podían ser vulnerados por el patrono; ya que, fue electo el día 28 de noviembre del 2020 como Secretario de Actas y Acuerdo de la nueva Junta Directiva en proceso de Inscripción. Manifestó que cumpliendo con los compromisos sindicales, compareció en compañía de JUAN CARLOS ERAZO PALACIOS, RUBÉN JOSUÉ MÉNDEZ, DARWIN ROXEL HERNANDEZ CORTES, JULIO CESAR SARMIENTO, JOSÉ HUMBERTO DÍAZ, LESBIN OMAR JUÁREZ, NELSON CASTELLANOS, GUSTAVO PONCE y otros, ante la Inspectoría de Trabajo de esa ciudad, en el expediente ILN-210506-1601-73445 en fecha 6 de mayo del presente año en virtud de los constantes hostigamientos de la empresa y de tenerlos en lista negra de trabajadores que tenían que ser despedidos por parte de la empresa, por lo que se presentaron a solicitar los servicios de un Inspector, para revisión del cumplimiento de la cláusula número 2 y 5 del contrato colectivo, en vista que el mismo estaba violentando e interpretando a su manera por la administración de la empresa Minera AMPAC, por el Gerente General NEIL RINGDALH, y un grupo de trabajadores que estaban siendo manejados por la misma empresa. Que la Inspectoría del Trabajo de esa ciudad cumpliendo con sus obligaciones, en vista de la denuncia formulada por los trabajadores, en fecha 13 de mayo del 2021 siendo la 1:00 p.m. el Inspector de Trabajo se constituyó junto con los reclamantes en el centro de trabajo denominado AMERICAN PACIFIC, HONDURAS, S.A. (AMPAC) ubicada en el Mochito, municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, con el objeto de realizar Inspección Extraordinaria, el Inspector de Trabajo se avocó a los señores, Licenciada SUYAPA YOLANDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su condición de superintendente de Recursos Humanos de AMPAC, el señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA, Representante Legal de dicha empresa, quienes manifestaron tener suficientes facultades para celebrar ese acto y constatar los extremos derivados de la inspección que se iba a realizar, exponiéndoseles los motivos de la visita. Al cedérsele la palabra a la Licenciada SUYAPA YOLANDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, manifestó: en relación a lo que exponen los solicitantes aquí presentes, en reunión del mes de febrero se acordó en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. ante el Secretario de Trabajo que por mientras salía la resolución de esa Secretaria se acordó, quedará como representante una comisión liderada por ERICK YOHNNY ACOSTA, por lo que la Empresa está acatando dichas instrucciones y está cumpliendo con la cláusula número 2 del Contrato Colectivo, ya que estamos tratando con SITRAPACIH (Junta Directiva Patronal) y que el tema de los delegados dependería de la resolución mencionada y que ese documento del acuerdo de la representación de los empleados que mencionó ese no lo tengo a mano en ese momento y que lo haría llegar a la Oficina del Trabajo de Santa Bárbara, el día lunes 17 de mayo del 2021, por eso dio lugar a que los reclamantes expusieran que desconocen la existencia de dicho documento y pidieron copia la que no se les extendió. Por lo que la respuesta que dio la Licenciada SUYAPA YOLANDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ al señor Inspector de Trabajo fueron maquinaciones, de mala fe y de querer sorprender a dicho funcionario, por lo que afirmaron que ese documento no existe, hasta la fecha de hoy ella no cumplió con el compromiso de mandar ese documento a las Oficinas del Trabajo. Expresó además, que el Inspector de Trabajo de las Oficinas de Santa Bárbara, una vez que comprobó la veracidad de lo manifestado por los reclamantes, y que lo expresado por la Licenciada SUYAPA YOLANDA MARTÍNEZ, no era más que mentiras y tácticas dilatorias producto de eso, esa misma Institución del Estado dictó el Acta de Emplazamiento en el expediente ILN-2010506-1601-73445 de fecha 22 de junio del 2021, en su relación de hechos a la infracción: Incumplimiento del patrono al contrato colectivo y normativa laboral vigente, manifiesta que la empresa AMERICAN PACIFIC, HONDURAS, S.A. (AMPAC) está cometiendo infracción tal como señala los Convenios número 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Estado de Honduras, Código de Trabajo, Ley de Inspección del Trabajo, Reglamento Interno Del Trabajo y Contrato Colectivo celebrado entre AMPAC Y SITRAPACIH al incumplir lo señalado en la cláusula número 2 del contrato colectivo que dice: la empresa AMERICAN PACIFIC HONDURAS S,A DE C.V., reconoce al sindicato de trabajadores de la empresa AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A DE C.V (SITRAPACIH) su calidad de legitimo representante del interés profesional de los trabajadores afiliados y se compromete a tratar con los representantes de la Junta Directiva o sus delegados debidamente acreditados por el Sindicato, los problemas, conflictos y derechos laborales ya sea de carácter individual o colectivo y se obliga a acatar y cumplir fielmente todas las disposiciones que le sean aplicables de la Constitución de la República, Tratados Internacionales ratificados por Honduras, del Código de Trabajo, y de más Leyes de la República de Honduras, por su parte el Sindicato, reconoce a la empresa la libre administración y dirección de las operaciones financieras, técnicas y comerciales, sin interferencias de ninguna clase, sin más limitaciones y obligaciones, que las que estipulan las leyes de la República de Honduras, Tratados Internacionales ratificados por Honduras y las disposiciones contenidas en el presente contrato colectivo. Disposición laboral esta que la empresa le da una mala interpretación es por eso que se ordenó el emplazamiento a la empresa AMERICAN PACIFIC, HONDURAS, S.A. para que en el plazo de 3 días hábiles procedieran a corregir las infracciones indicadas, emplazamiento que se ordenó hacérsele al señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA, en su condición de Representante Legal, y que al momento de realizarse tal diligencia esta persona no se encontraba en su oficina, notificándosele a la Licenciada SUYAPA YOLANDA MARTÍNEZ MARTINEZ, hasta la fecha no corrigieron tal infracción. Alegó que como consecuencia de lo anterior se dio la persecución sindical contra el trabajador demandante, por parte de NIEL RINGDALH, quien le dijo al trabajador JUAN CARLOS ERAZO PALACIOS, que si los miembros directivos y delegados no renunciaban a su cargo iban a hacer despedidos, el que ejecuto por medio del señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA, Representante Legal, para que en fecha 15 de octubre del 2021, lo despidieron injustificadamente, decidiendo unilateralmente dar por terminada la relación de trabajo, utilizando como fundamento la cláusula número 2 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, el cual no era aplicable a ese caso; y que el trabajador al verse agraviado por el despido que violenta el artículo 62 del Reglamento Interno y la cláusula 5 del contrato colectivo, tuvo que recurrir a la Inspectoría de Trabajo de esa ciudad para hacer el reclamo de ese despido y además para que el patrono le justificara la causa del mismo; y por todo lo antes expuesto y de acuerdo a los estamentos laborales se pronunciaron en que la empresa actuó unilateralmente sin comunicarle al sindicato, y que no existió ninguna causa de justificación que legitimara tal despido. Continuó manifestando que fue cierto que la empresa tenía autonomía en su patrimonio pero menos en tomar decisiones al margen del derecho, el artículo 112 del Código del Trabajo, que enumera las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, si así fuese como lo dice la Empresa esa interpretación de la cláusula dos del contrato colectivo se estaría contraponiendo al artículo 60 párrafo 8 del Código de Trabajo que dice: las disposiciones de las leyes prevalecerán siempre sobre los contratos colectivos y las de ese sobre los contratos individuales de trabajo salvo a lo dispuesto en los párrafos anteriores, además son nulos ipso jure todos los actos y estipulaciones que implique renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código del Trabajo, su reglamento y las demás Leyes de trabajo o previsión Social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera, artículo 3 del Código del trabajo (C.T) y ese despido injustificado le da el derecho para interponer la demanda. Finalmente arguyó que en el devenir del tiempo en su trabajo, se venía quejando de que tenía plomo en la sangre por causa de la contaminación en su área de trabajo, en departamento de MOLINOS, se usan productos químicos como ser: cianuro, sulfato de cobre, metavisufitee, entre otros, los que sirven para extraer y separar los minerales, el resultado de eso ha dado lugar a que buscar asistencia médica de acuerdo a las posibilidades del trabajador en vista de que el Hospital de la Empresa no era confiable, análisis clínicos que serían presentados en su oportunidad para acreditar esos extremos. Además se encuentra lesionada de la columna vertebral en los discos L4 y L5 según caso 303536 expediente 12293, aperturado el 04 de junio del año 2019, interconsulta que fue realizada por el doctor OLMAN AVILA (DIRECTOR DEL HOSPITAL) Santa Bárbara que pertenece a la empresa AMPAC, remitiéndolo al Hospital Lima Medical Center, tal como lo compruebo con cuadro clínico que se anexó, debido al trabajo pesado que él había realizado, y que en igual forma se presentaran los exámenes para los efectos legales. 2.- La parte demandada, la empresa AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V. (AMPAC), contestó dicha demanda, rechazando los hechos de la demanda, alegando en su defensa que, la controversia principal consiste en el reintegro del trabajador a sus labores en el centro de trabajo, pago de indemnizaciones laborales a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría de percibir desde su cancelación del contrato por causas injustificadas, lo cual constituye una falacia por parte del demandante puesto que la causal de despido se encuentra debidamente justificada de acuerdo al Código de Trabajo, y que el artículo número dos (2) del Contrato Colectivo de condiciones de trabajo, y dándole cumplimiento a lo expresado en el artículo 379 del Código del Trabajo; manifestó que si, se analiza la controversial demanda resulta que la misma fue una demanda ordinaria laboral para reintegro del demandante, como persona individual consideramos, es decir litigando en causa propia; pero los hechos, la prueba ofrecida y los anexos incorporados están referidos totalmente a una situación sindical que está siendo conocida por la Secretaría de Estado en los despachos del trabajo y seguridad Social, asunto que ya fue resuelto por dicha secretaria. Continuó expresando que, además debe considerarse que la propia Dirección General de la Inspectoría del trabajo, Inspección local de Santa Bárbara en aplicación de los artículos 87, 88, 89, 90, 91, 92, de la Ley de Inspección del Trabajo ha dado inicio y tiene en trámite el Procedimiento Administrativo Sancionador; en consecuencia, y en consideración a las disposiciones del capítulo IV de la misma Ley deberá dictar Resolución en dicho Procedimiento al no hacerlo como es el caso que involucra al demandante junto con otras personas, y que la demanda que contestaron era extemporánea y debe declararse inadmisible, es más la Secretaria de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C emitió resolución número 200-2021 según folio 121 del tomo XXII del libro de juntas directivas y donde dice literalmente SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA AMERICAN PACIFIC DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 3.- El Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha 16 de junio del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “Falla: PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR la demanda Ordinaria Laboral de REINTEGRO DEL TRABAJADOR A SUS LABORES EN EL CENTRO DEL TRABAJO, presentada por el señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, en contra de la EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V., (AMPAC) representada por el señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA; de generales también conocidas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: Se declara no ha lugar los salarios dejados de percibir por indemnización de daños y perjuicios, ya el patrono consigno las prestaciones laborales. TERCERO: Se ordena a la secretaria que una vez firme la presente sentencia se parte demandante, entregue el cheque consignado a la parte demandante, en concepto de prestaciones laborales, previa firma de los recibos. CUARTO: Sin condena en costas a la parte demandante por el carácter social del trabajador…”; bajo el criterio que, el hecho primero declarado probado se acredita con: nota de despido de fecha 15 de octubre del año 2021, dirigida al trabajador ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, donde se le notifica por parte del patrono que a partir de esa fecha se ha decidido dar por terminada la relación de trabajo, en la cual se determina que no es por ninguna de las causas enumeradas en el artículo 112 del Código del Trabajo, por lo que no se puede aplicar lo establecido en el artículo 113 del Código del Trabajo, como refiere la Sala de lo Laboral, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL.105-06, que la terminación de contrato de trabajo debe ser justa causa o no, siempre que no sean contrarios a derecho, de igual manera el contrato colectivo le da la potestad a la empresa o patrono a la libre administración y direcciones financieras, técnicas y comerciales sin interferencia de ninguna clase, en el caso que nos ocupa el patrono consigno el cheque de pago de prestaciones y derechos laborales, por lo que no se puede condenar a salarios dejados de percibir, consignación según registro que se lleva en este Juzgado bajo el número 28-2021-6, la cual se realizado el cálculo aritmético y es conforme a derecho, de la misma consignación se desprende lo percibido como salario promedio mensual, no tomando en cuenta los baucheres de pago por ser inferior al salario promedio mensual. El hecho segundo declarado probado se acredita con: el acta de comparecencia del ex empleado, su apoderado legal, ex patrono y su apoderado legal, ante las oficinas de la inspección del Trabajo, en el cual no llegaron a acuerdo conciliatorio, dándose por agotada la vía administrativa, con la copia fotostática de la credencial de delegado del sindicato se acredito que fue miembro de esa organización no así al momento del despido como se probó con la certificación extendida por la Secretaria Administrativa, de la Dirección General de Trabajo, donde reconoce al Sindicato legalmente inscrito, de igual marera el demandante no está incluido en la lista de delegados, firmada por el Presidente del LBA-PRINCIPAL, paciente ESCOBAR RODRÍGUEZ ALLAN MOYCES, prueba de laboratorio de fecha 07/02/2022, Cant1 1199-plomo, constancia emitida por el doctor OLMAN RENAN AVILA del expediente clínico del señor ALLAN MOISES ESCOBAR RODRÍGUEZ pruebas realizadas de control de plomo, no se les da valor probatorio ya que no son útiles para esclarecer los hechos ya que la presente demanda no es objeto del debate la responsabilidad de riesgos profesionales o de incapacidad total o parcial, a la nulidad de emplazamiento y recurso de apelación interpuestos en la Secretaria Administrativa, de la Secretaria de Trabajo, de la ciudad de San Pedro Sula departamento de Cortes, no un medio de prueba útil, ya que no contiene ninguna resolución, en a cuanto la sanción disciplinaria que fue objeto el señor Escobar Rodríguez, es una prueba inútil ya que esta prescrita, como lo establece el artículo 863 del Código del Trabajo. Que se toman en cuenta ciertos aspectos para la valoración de la prueba como ser: que el despido es una declaración de voluntad unilateral, por la cual el patrono expresa su propósito de extinguir el vínculo laboral y jurídico que le une al trabajador a su servicio, por lo que cuando la declaración de voluntad está justificada en hechos imputables al trabajador significa que el despido es justo, y no lo es cuando se funda en la simple voluntad del patrono sin motivo legal ni imputable al trabajador, esto es siempre que el empleador obre sin derechos, que cuando un trabajador presente reclamo por separación injustificada de su trabajo es suficiente que acredite la existencia del contrato de trabajo y las circunstancias de que no se encuentra presentando sus servicios para que se estime fundada la base de su acción, quedando a cargo del empleador para que pueda eximírsele de responsabilidad de probar en tales casos, bien que el trabajador se separó voluntariamente de su trabajo o bien que en el caso que se le hubiere despedido y que la separación fue justificada, en todo caso corresponde a la parte que afirma la disolución del vínculo contractual probar que la otra parte a puesto termino a la relación laboral. Que el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de la prueba y, por lo tanto, formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana critica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada a las partes. Que a juicio de este Juzgado y en base a la motivación y valoración de prueba, antes indicado, es procedente declarar NO HA LUGAR la demanda que se ha hecho mérito; y en consecuencia se entregue el cheque consignado en la secretaria del despacho de pago de prestaciones, conformidad con la Ley. 4.- La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha 18 de septiembre del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de Apelación, interpuesto por el Abogado HÉCTOR RAMON TROCHEZ VASQUEZ, en su condición de parte procesal demandante del señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, en contra de la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras Unificado de esta Sección Judicial de Santa Bárbara, de fecha dieciséis de Junio del año dos mil veintidós. SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia Definitiva objeto del recurso de apelación. TERCERO: Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR, la Demanda ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO DEL TRABAJADO A SUS LABORES EN EL CENTRO DE TRABAJO; promovida por el señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, de generales conocidas, en contra de la EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S. A., representada por el señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA, en su condición de representante legal de dicha empresa. CUARTO: CONDENAR a la demandada EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S. A., representada por el señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA, a reintegrar inmediatamente a su puesto de Trabajo al señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, con todas las prebendas y aumentos que el mismo haya dejado de percibir desde el momento de cancelación. QUINTO: Se exime del pago de daños y perjuicios en concepto de indemnización a la EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S. A., por haber consignado ante el Juzgado respectivo el cheque en concepto de pago de prestaciones, antes de su emplazamiento en la presente demanda, de acuerdo a la motivación realizado en el número octavo de la fundamentación y valoración antes descrita. SEXTO: Sin costa en primera y segunda instancia, por haberse declarado parcialmente con lugar su pretensión…”. Bajo el criterio que, este tribunal de Alzada, ha dejado establecido en los hechos probados y valoración de prueba, que el señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, es trabajador de dicha empresa, y que el mismo fue despedido por lo que establece el Contrato colectivo en su artículo segundo, si bien es cierto la empresa uso esta causal, no es menos cierto que la misma se puede considerar como causal justa y perfecta para dar por terminado un contrato, por lo que a criterio de este Tribunal, después de revisar los medios de prueba, es del parecer que la misma no es causa legitima; si bien es cierto dentro de las conclusiones la parte demandante establecido que dichos despidos surtieron en base a la estructuración por COVID-19 que había sido autorizada por la secretaria del despacho, por lo cual estos juzgadores en primer momento buscaron dicha autorización para verificar si dicho patrono había sido autorizado para dar por terminada relaciones de trabajo y bajo que circunstancia en la fecha establecida en la demanda, misma que no se encontró, de igual forma no se encontró ningún medio de prueba que den pie de la que se realizó dicho despido bajo las causales del COVID, siendo claramente la nota de despido donde establece que la misma se realiza unilateralmente en base al artículo 2 del Contrato colectivo del trabajo, por lo que a criterio de estos juzgadores dicha interpretación es errónea, finalmente el Impetrante a referido que la sentencia también establece Nulidad, por no haberse incorporado todos los medios de prueba que fueron propuesto y evacuados en las audiencias respectivas, estos Juzgadores de Alzada, analizando el mismo no es de recibo, puesto que la sentencia el Juez analizas los medios de prueba que considera oportuno, asimismo describe los medios de prueba en los demás apartados, sin que estos violenten la forma y el fondo de la sentencia, por lo que dicha circunstancia no es de recibo. En cuanto a la indemnización de salarios dejados de percibir, este tribunal hace el siguiente esbozo: En primer lugar las partes procesales (demandante y demandado) reconocen que efectivamente la EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S. A.: Consigno ante los Juzgados de Letras de la sección de Santa Bárbara Cheque a favor del señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, “por la cantidad de doscientos veinticuatro mil lempiras L 509,089.36, en la creencia que el procedimiento realizado por el patrono estaba bien hecho por restructuración”, por lo que de acuerdo a las sentencias laborales dictadas por la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, especialmente en la sentencia 106-12, asimismo lo establece el Manual Laboral, que habla precisamente sobre el pago por consignación y sus efectos en su página 39 la que establece que la misma debe de ser completa y oportuna, como se establece en el presente caso, por lo que es claro que cuando se consignan Cheques antes de ser emplazado (demanda judicial laboral) en concepto de pago de prestaciones, la misma exime al patrono de pago de indemnización de daños y perjuicio siempre que la cantidad sea igual o mayor a los derechos adquiridos, en este caso, la cantidad depositada por el patrono es mayor, por lo que se debe de eximir del pago de dicha circunstancia. Esta Tribunal de alzada, después de revisar todos los documentos propuestos, aportados y evacuado en cuando a que era directivo sindicalista, no podemos concluir que el señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, optaba a un cargo sindical, de igual forma si bien es cierto se presentó prueba que era delegado o fue delegado, estos cargos no forman parte de un fuero especial según la norma Laboral, por lo que dicho agravio no es de recibo por parte de este Tribunal de Alzada. En cuanto al agravio de que tiene una enfermedad profesional, esto no fue objeto de pretensión en la demanda, sino un hecho más de la misma, si bien es cierto manifiesta que tiene sangre en plomo, no es menos cierto que la constancia presentada establece que la cantidad no se considera importante y es menor al valor establecido para considerarlo como tal, y en cuanto a la lesión de la columna en unos de los medios de prueba aportados, el mismo (demandante) manifestó que fue en un accidente con un automotor (accidente de moto), por lo que no fue en el trabajo, por lo que dichas circunstancias no son de recibo para esta Tribunal de alzada. Por las razones de hecho y de derecho expuestas anteriormente, este Tribunal de Alzada estima procedente, declarar Ha Lugar parcialmente el recurso de apelación planteado; revocar la sentencia definitiva objeto de dicho recurso; declarar con lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral, eximiendo de costas e indemnización a la parte demandada, en esta instancia. 5.- Mediante auto de fecha 08 de diciembre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por el Abogado HÉCTOR RAMÓN TROCHEZ VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal del señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ; y por el Abogado YUVINY PINEDA PAZ, en su condición de representante procesal de la empresa AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V. (AMPAC), como partes recurrentes/recurridas, respectivamente, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada una de los Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) Al apoderado demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) Al representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6.- En fecha 26 de febrero del 2024, compareció ante este tribunal el Abogado HÉCTOR RAMÓN TROCHEZ VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal del señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 18 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación; y en fecha 22 de mayo del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado YUVINY PINEDA PAZ, en su condición de representante procesal de la empresa AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V. (AMPAC), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación; por lo que mediante providencia de fecha 05 de junio del 2024, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación; omitiéndose el traslado, ordenando dar copia a las partes para la contestación en forma común, por el término de diez días, el cual surtirá efecto en esta Secretaría, donde se mantendrán los autos a su disposición; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 31 de julio del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado YUVINY PINEDA PAZ, en su condición de representante procesal de la empresa AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V. (AMPAC), parte demandada, recurrida/recurrente; y mediante providencia de fecha 26 de noviembre del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado HÉCTOR RAMÓN TROCHEZ VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal del señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ parte demandante, recurrente/recurrida, para contestar el recurso de casación; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Que revisado el fallo recurrido de fecha 18 de septiembre del 2023, emitido por la Corte de Apelaciones de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, mediante el cual se revoca parcialmente la sentencia de fecha 16 de junio del 2022, dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara; el mismo incumple con del deber congruencia y razonamiento lógico, ya que, en su ordinal quinto resuelve de la siguiente forma: “Se exime del pago de daños y perjuicios en concepto de indemnización a la EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A., por haber consignado ante el Juzgado respectivo el cheque en concepto de pago de prestaciones, antes de su emplazamiento en la presente demande de acuerdo a la motivación relizado en el número octavo de la fundamentación y valoración antes descrita”. El caso es que, el Ad-quem, al declarar con lugar la demanda de reintegro, como es la pretensión básica del demandante, no el pago de prestaciones, significa la nulidad del despido lo que determina restituir la cosas al estado en que estaban desde el momento de la terminación injusta e ilegal de la relación de trabajo y; por ende, a restablecer el derecho pleno de la estabilidad laboral. En armonía con lo antes señalado el artículo 113 literal b) establece que: “Si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado; pero si a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquél, hasta que se cumpla con la reinstalación…” es decir, que el empleador se libera del pago de la indemnización que da lugar pago de salarios caídos (Ficción Jurídica de Indemnización) cuando se ha consignado oportunamente y con la cantidad que correspondes cuando se refiere al pago de prestaciones, pero no al pago de los salarios dejados de percibir en caso de reintegro, eliminándose el concepto de indemnización, pues, evidentemente no se puede anticipar la misma, previo a que se haga efectivo la reinstalación del demandante, por ello, procede el pago de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la reincorporación del trabajador en la Empresa demandada, no encajando la figura de la consignación del orden civil para efectos de la pretensión de reintegro de conformidad a lo dispuesto en disposición, antes relacionada. La falencia antes señalada determina la carencia de un razonamiento lógico y fundamentado del fallo impugnado, dando como resultado la incongruencia del mismo por lo que procede decretar su nulidad. VII. Que las sentencias judiciales deben ser claras, precisas y exhaustivas, a efectos de ser congruente con las demandas y con las demás pretensiones de la parte, deducidas oportunamente en el pleito Art. 206 numeral 1 y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil. VIII. Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos. IX. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. X. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen. XI. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciende aplicación de los artículos 82, 90 párrafo primero, 303 reformado 304 reformado 313 numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 113 literal b) y 858 del Código del Trabajo; 22, 193, 197, 199, 206, 207, 211, 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 1589 del Código Civil; 1 y 30 ml 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 16, 18 y 23 numeral c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia de fecha 18 de septiembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, visible a folios 15 al 20 de la segunda pieza de autos. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, MAGISTRADA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO MAGISTRADO y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO MAGISTRADA FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL458-23.RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOYRECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOcenter203CERTIFICACIÓNEl Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los três (3) días del mês de noviembre del dos mil veinticicno (2025). VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 26 de febrero del 2024, por el abogado HÉCTOR RAMÓN TROCHEZ VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal del señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ; y en fecha 22 de mayo del 2024, por el Abogado YUVINY PINEDA PAZ, en su condición de representante procesal de la empresa AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V. (AMPAC), como partes recurrentes/recurridas, respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro del trabajador a sus labores en el centro de trabajo, pagar al trabajador las indemnizaciones que según el Código del Trabajo le puedan corresponder y a título de daños y perjuicios los salarios que este habría percibido desde la cancelación del contrato por causa injustificada, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva, promovida ante el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha 24 de noviembre del 2021, por el Abogado HÉCTOR RAMON TROCHEZ VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal del señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, mayor de edad, casado, Mecánico, hondureño y con domicilio en el Municipio de Las Vegas, Departamento de Santa Bárbara, contra la empresa AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V. (AMPAC), por medio de su representante legal el señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 18 de septiembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, que en su parte conducente dice: “FALLA PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de Apelación, interpuesto por el Abogado HÉCTOR RAMON TROCHEZ VASQUEZ, en su condición de parte procesal demandante del señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, en contra de la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras Unificado de esta Sección Judicial de Santa Bárbara, de fecha dieciséis de Junio del año dos mil veintidós. SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia Definitiva objeto del recurso de apelación. TERCERO: Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR, la Demanda ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO DEL TRABAJADO A SUS LABORES EN EL CENTRO DE TRABAJO; promovida por el señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, de generales conocidas, en contra de la EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S. A., representada por el señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA, en su condición de representante legal de dicha empresa. CUARTO: CONDENAR a la demandada EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S. A., representada por el señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA, a reintegrar inmediatamente a su puesto de Trabajo al señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, con todas las prebendas y aumentos que el mismo haya dejado de percibir desde el momento de cancelación. QUINTO: Se exime del pago de daños y perjuicios en concepto de indemnización a la EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S. A., por haber consignado ante el Juzgado respectivo el cheque en concepto de pago de prestaciones, antes de su emplazamiento en la presente demanda, de acuerdo a la motivación realizado en el número octavo de la fundamentación y valoración antes descrita. SEXTO: Sin costa en primera y segunda instancia, por haberse declarado parcialmente con lugar su pretensión…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, comenzó a laborar para la demandada el 21 de marzo del 2011, con ficha número 1734 en el departamento MOLINO, teniendo como salario promedio mensual de L. 35,000.00 según los últimos cuatro baucheres. Que en fecha 11 de enero del 2017 fue electo como delegado del departamento MOLINO, representación esta que no tenía vencimiento, tal como lo acredita con la credencial de delegados y con la certificación donde consta su inscripción en ese cargo extendida por el Sindicato de Trabajadores de AMERICAN PACIFIC, Honduras, S.A. (SITRAPACIH), acreditado con ficha número 1734. También demostró, que era un líder sindical con derechos suficientes, los que no podían ser vulnerados por el patrono; ya que, fue electo el día 28 de noviembre del 2020 como Secretario de Actas y Acuerdo de la nueva Junta Directiva en proceso de Inscripción. Manifestó que cumpliendo con los compromisos sindicales, compareció en compañía de JUAN CARLOS ERAZO PALACIOS, RUBÉN JOSUÉ MÉNDEZ, DARWIN ROXEL HERNANDEZ CORTES, JULIO CESAR SARMIENTO, JOSÉ HUMBERTO DÍAZ, LESBIN OMAR JUÁREZ, NELSON CASTELLANOS, GUSTAVO PONCE y otros, ante la Inspectoría de Trabajo de esa ciudad, en el expediente ILN-210506-1601-73445 en fecha 6 de mayo del presente año en virtud de los constantes hostigamientos de la empresa y de tenerlos en lista negra de trabajadores que tenían que ser despedidos por parte de la empresa, por lo que se presentaron a solicitar los servicios de un Inspector, para revisión del cumplimiento de la cláusula número 2 y 5 del contrato colectivo, en vista que el mismo estaba violentando e interpretando a su manera por la administración de la empresa Minera AMPAC, por el Gerente General NEIL RINGDALH, y un grupo de trabajadores que estaban siendo manejados por la misma empresa. Que la Inspectoría del Trabajo de esa ciudad cumpliendo con sus obligaciones, en vista de la denuncia formulada por los trabajadores, en fecha 13 de mayo del 2021 siendo la 1:00 p.m. el Inspector de Trabajo se constituyó junto con los reclamantes en el centro de trabajo denominado AMERICAN PACIFIC, HONDURAS, S.A. (AMPAC) ubicada en el Mochito, municipio de Las Vegas, Santa Bárbara, con el objeto de realizar Inspección Extraordinaria, el Inspector de Trabajo se avocó a los señores, Licenciada SUYAPA YOLANDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, en su condición de superintendente de Recursos Humanos de AMPAC, el señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA, Representante Legal de dicha empresa, quienes manifestaron tener suficientes facultades para celebrar ese acto y constatar los extremos derivados de la inspección que se iba a realizar, exponiéndoseles los motivos de la visita. Al cedérsele la palabra a la Licenciada SUYAPA YOLANDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ, manifestó: en relación a lo que exponen los solicitantes aquí presentes, en reunión del mes de febrero se acordó en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. ante el Secretario de Trabajo que por mientras salía la resolución de esa Secretaria se acordó, quedará como representante una comisión liderada por ERICK YOHNNY ACOSTA, por lo que la Empresa está acatando dichas instrucciones y está cumpliendo con la cláusula número 2 del Contrato Colectivo, ya que estamos tratando con SITRAPACIH (Junta Directiva Patronal) y que el tema de los delegados dependería de la resolución mencionada y que ese documento del acuerdo de la representación de los empleados que mencionó ese no lo tengo a mano en ese momento y que lo haría llegar a la Oficina del Trabajo de Santa Bárbara, el día lunes 17 de mayo del 2021, por eso dio lugar a que los reclamantes expusieran que desconocen la existencia de dicho documento y pidieron copia la que no se les extendió. Por lo que la respuesta que dio la Licenciada SUYAPA YOLANDA MARTÍNEZ MARTÍNEZ al señor Inspector de Trabajo fueron maquinaciones, de mala fe y de querer sorprender a dicho funcionario, por lo que afirmaron que ese documento no existe, hasta la fecha de hoy ella no cumplió con el compromiso de mandar ese documento a las Oficinas del Trabajo. Expresó además, que el Inspector de Trabajo de las Oficinas de Santa Bárbara, una vez que comprobó la veracidad de lo manifestado por los reclamantes, y que lo expresado por la Licenciada SUYAPA YOLANDA MARTÍNEZ, no era más que mentiras y tácticas dilatorias producto de eso, esa misma Institución del Estado dictó el Acta de Emplazamiento en el expediente ILN-2010506-1601-73445 de fecha 22 de junio del 2021, en su relación de hechos a la infracción: Incumplimiento del patrono al contrato colectivo y normativa laboral vigente, manifiesta que la empresa AMERICAN PACIFIC, HONDURAS, S.A. (AMPAC) está cometiendo infracción tal como señala los Convenios número 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por el Estado de Honduras, Código de Trabajo, Ley de Inspección del Trabajo, Reglamento Interno Del Trabajo y Contrato Colectivo celebrado entre AMPAC Y SITRAPACIH al incumplir lo señalado en la cláusula número 2 del contrato colectivo que dice: la empresa AMERICAN PACIFIC HONDURAS S,A DE C.V., reconoce al sindicato de trabajadores de la empresa AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A DE C.V (SITRAPACIH) su calidad de legitimo representante del interés profesional de los trabajadores afiliados y se compromete a tratar con los representantes de la Junta Directiva o sus delegados debidamente acreditados por el Sindicato, los problemas, conflictos y derechos laborales ya sea de carácter individual o colectivo y se obliga a acatar y cumplir fielmente todas las disposiciones que le sean aplicables de la Constitución de la República, Tratados Internacionales ratificados por Honduras, del Código de Trabajo, y de más Leyes de la República de Honduras, por su parte el Sindicato, reconoce a la empresa la libre administración y dirección de las operaciones financieras, técnicas y comerciales, sin interferencias de ninguna clase, sin más limitaciones y obligaciones, que las que estipulan las leyes de la República de Honduras, Tratados Internacionales ratificados por Honduras y las disposiciones contenidas en el presente contrato colectivo. Disposición laboral esta que la empresa le da una mala interpretación es por eso que se ordenó el emplazamiento a la empresa AMERICAN PACIFIC, HONDURAS, S.A. para que en el plazo de 3 días hábiles procedieran a corregir las infracciones indicadas, emplazamiento que se ordenó hacérsele al señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA, en su condición de Representante Legal, y que al momento de realizarse tal diligencia esta persona no se encontraba en su oficina, notificándosele a la Licenciada SUYAPA YOLANDA MARTÍNEZ MARTINEZ, hasta la fecha no corrigieron tal infracción. Alegó que como consecuencia de lo anterior se dio la persecución sindical contra el trabajador demandante, por parte de NIEL RINGDALH, quien le dijo al trabajador JUAN CARLOS ERAZO PALACIOS, que si los miembros directivos y delegados no renunciaban a su cargo iban a hacer despedidos, el que ejecuto por medio del señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA, Representante Legal, para que en fecha 15 de octubre del 2021, lo despidieron injustificadamente, decidiendo unilateralmente dar por terminada la relación de trabajo, utilizando como fundamento la cláusula número 2 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, el cual no era aplicable a ese caso; y que el trabajador al verse agraviado por el despido que violenta el artículo 62 del Reglamento Interno y la cláusula 5 del contrato colectivo, tuvo que recurrir a la Inspectoría de Trabajo de esa ciudad para hacer el reclamo de ese despido y además para que el patrono le justificara la causa del mismo; y por todo lo antes expuesto y de acuerdo a los estamentos laborales se pronunciaron en que la empresa actuó unilateralmente sin comunicarle al sindicato, y que no existió ninguna causa de justificación que legitimara tal despido. Continuó manifestando que fue cierto que la empresa tenía autonomía en su patrimonio pero menos en tomar decisiones al margen del derecho, el artículo 112 del Código del Trabajo, que enumera las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, si así fuese como lo dice la Empresa esa interpretación de la cláusula dos del contrato colectivo se estaría contraponiendo al artículo 60 párrafo 8 del Código de Trabajo que dice: las disposiciones de las leyes prevalecerán siempre sobre los contratos colectivos y las de ese sobre los contratos individuales de trabajo salvo a lo dispuesto en los párrafos anteriores, además son nulos ipso jure todos los actos y estipulaciones que implique renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código del Trabajo, su reglamento y las demás Leyes de trabajo o previsión Social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera, artículo 3 del Código del trabajo (C.T) y ese despido injustificado le da el derecho para interponer la demanda. Finalmente arguyó que en el devenir del tiempo en su trabajo, se venía quejando de que tenía plomo en la sangre por causa de la contaminación en su área de trabajo, en departamento de MOLINOS, se usan productos químicos como ser: cianuro, sulfato de cobre, metavisufitee, entre otros, los que sirven para extraer y separar los minerales, el resultado de eso ha dado lugar a que buscar asistencia médica de acuerdo a las posibilidades del trabajador en vista de que el Hospital de la Empresa no era confiable, análisis clínicos que serían presentados en su oportunidad para acreditar esos extremos. Además se encuentra lesionada de la columna vertebral en los discos L4 y L5 según caso 303536 expediente 12293, aperturado el 04 de junio del año 2019, interconsulta que fue realizada por el doctor OLMAN AVILA (DIRECTOR DEL HOSPITAL) Santa Bárbara que pertenece a la empresa AMPAC, remitiéndolo al Hospital Lima Medical Center, tal como lo compruebo con cuadro clínico que se anexó, debido al trabajo pesado que él había realizado, y que en igual forma se presentaran los exámenes para los efectos legales. 2.- La parte demandada, la empresa AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V. (AMPAC), contestó dicha demanda, rechazando los hechos de la demanda, alegando en su defensa que, la controversia principal consiste en el reintegro del trabajador a sus labores en el centro de trabajo, pago de indemnizaciones laborales a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría de percibir desde su cancelación del contrato por causas injustificadas, lo cual constituye una falacia por parte del demandante puesto que la causal de despido se encuentra debidamente justificada de acuerdo al Código de Trabajo, y que el artículo número dos (2) del Contrato Colectivo de condiciones de trabajo, y dándole cumplimiento a lo expresado en el artículo 379 del Código del Trabajo; manifestó que si, se analiza la controversial demanda resulta que la misma fue una demanda ordinaria laboral para reintegro del demandante, como persona individual consideramos, es decir litigando en causa propia; pero los hechos, la prueba ofrecida y los anexos incorporados están referidos totalmente a una situación sindical que está siendo conocida por la Secretaría de Estado en los despachos del trabajo y seguridad Social, asunto que ya fue resuelto por dicha secretaria. Continuó expresando que, además debe considerarse que la propia Dirección General de la Inspectoría del trabajo, Inspección local de Santa Bárbara en aplicación de los artículos 87, 88, 89, 90, 91, 92, de la Ley de Inspección del Trabajo ha dado inicio y tiene en trámite el Procedimiento Administrativo Sancionador; en consecuencia, y en consideración a las disposiciones del capítulo IV de la misma Ley deberá dictar Resolución en dicho Procedimiento al no hacerlo como es el caso que involucra al demandante junto con otras personas, y que la demanda que contestaron era extemporánea y debe declararse inadmisible, es más la Secretaria de Estado en los Despachos del Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Tegucigalpa M.D.C emitió resolución número 200-2021 según folio 121 del tomo XXII del libro de juntas directivas y donde dice literalmente SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA MINERA AMERICAN PACIFIC DE FECHA 30 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021. 3.- El Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha 16 de junio del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “Falla: PRIMERO: DECLARAR NO HA LUGAR la demanda Ordinaria Laboral de REINTEGRO DEL TRABAJADOR A SUS LABORES EN EL CENTRO DEL TRABAJO, presentada por el señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, en contra de la EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V., (AMPAC) representada por el señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA; de generales también conocidas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: Se declara no ha lugar los salarios dejados de percibir por indemnización de daños y perjuicios, ya el patrono consigno las prestaciones laborales. TERCERO: Se ordena a la secretaria que una vez firme la presente sentencia se parte demandante, entregue el cheque consignado a la parte demandante, en concepto de prestaciones laborales, previa firma de los recibos. CUARTO: Sin condena en costas a la parte demandante por el carácter social del trabajador…”; bajo el criterio que, el hecho primero declarado probado se acredita con: nota de despido de fecha 15 de octubre del año 2021, dirigida al trabajador ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, donde se le notifica por parte del patrono que a partir de esa fecha se ha decidido dar por terminada la relación de trabajo, en la cual se determina que no es por ninguna de las causas enumeradas en el artículo 112 del Código del Trabajo, por lo que no se puede aplicar lo establecido en el artículo 113 del Código del Trabajo, como refiere la Sala de lo Laboral, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, en la sentencia SL.105-06, que la terminación de contrato de trabajo debe ser justa causa o no, siempre que no sean contrarios a derecho, de igual manera el contrato colectivo le da la potestad a la empresa o patrono a la libre administración y direcciones financieras, técnicas y comerciales sin interferencia de ninguna clase, en el caso que nos ocupa el patrono consigno el cheque de pago de prestaciones y derechos laborales, por lo que no se puede condenar a salarios dejados de percibir, consignación según registro que se lleva en este Juzgado bajo el número 28-2021-6, la cual se realizado el cálculo aritmético y es conforme a derecho, de la misma consignación se desprende lo percibido como salario promedio mensual, no tomando en cuenta los baucheres de pago por ser inferior al salario promedio mensual. El hecho segundo declarado probado se acredita con: el acta de comparecencia del ex empleado, su apoderado legal, ex patrono y su apoderado legal, ante las oficinas de la inspección del Trabajo, en el cual no llegaron a acuerdo conciliatorio, dándose por agotada la vía administrativa, con la copia fotostática de la credencial de delegado del sindicato se acredito que fue miembro de esa organización no así al momento del despido como se probó con la certificación extendida por la Secretaria Administrativa, de la Dirección General de Trabajo, donde reconoce al Sindicato legalmente inscrito, de igual marera el demandante no está incluido en la lista de delegados, firmada por el Presidente del LBA-PRINCIPAL, paciente ESCOBAR RODRÍGUEZ ALLAN MOYCES, prueba de laboratorio de fecha 07/02/2022, Cant1 1199-plomo, constancia emitida por el doctor OLMAN RENAN AVILA del expediente clínico del señor ALLAN MOISES ESCOBAR RODRÍGUEZ pruebas realizadas de control de plomo, no se les da valor probatorio ya que no son útiles para esclarecer los hechos ya que la presente demanda no es objeto del debate la responsabilidad de riesgos profesionales o de incapacidad total o parcial, a la nulidad de emplazamiento y recurso de apelación interpuestos en la Secretaria Administrativa, de la Secretaria de Trabajo, de la ciudad de San Pedro Sula departamento de Cortes, no un medio de prueba útil, ya que no contiene ninguna resolución, en a cuanto la sanción disciplinaria que fue objeto el señor Escobar Rodríguez, es una prueba inútil ya que esta prescrita, como lo establece el artículo 863 del Código del Trabajo. Que se toman en cuenta ciertos aspectos para la valoración de la prueba como ser: que el despido es una declaración de voluntad unilateral, por la cual el patrono expresa su propósito de extinguir el vínculo laboral y jurídico que le une al trabajador a su servicio, por lo que cuando la declaración de voluntad está justificada en hechos imputables al trabajador significa que el despido es justo, y no lo es cuando se funda en la simple voluntad del patrono sin motivo legal ni imputable al trabajador, esto es siempre que el empleador obre sin derechos, que cuando un trabajador presente reclamo por separación injustificada de su trabajo es suficiente que acredite la existencia del contrato de trabajo y las circunstancias de que no se encuentra presentando sus servicios para que se estime fundada la base de su acción, quedando a cargo del empleador para que pueda eximírsele de responsabilidad de probar en tales casos, bien que el trabajador se separó voluntariamente de su trabajo o bien que en el caso que se le hubiere despedido y que la separación fue justificada, en todo caso corresponde a la parte que afirma la disolución del vínculo contractual probar que la otra parte a puesto termino a la relación laboral. Que el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de la prueba y, por lo tanto, formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana critica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada a las partes. Que a juicio de este Juzgado y en base a la motivación y valoración de prueba, antes indicado, es procedente declarar NO HA LUGAR la demanda que se ha hecho mérito; y en consecuencia se entregue el cheque consignado en la secretaria del despacho de pago de prestaciones, conformidad con la Ley. 4.- La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, en fecha 18 de septiembre del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de Apelación, interpuesto por el Abogado HÉCTOR RAMON TROCHEZ VASQUEZ, en su condición de parte procesal demandante del señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, en contra de la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras Unificado de esta Sección Judicial de Santa Bárbara, de fecha dieciséis de Junio del año dos mil veintidós. SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia Definitiva objeto del recurso de apelación. TERCERO: Declarar PARCIALMENTE HA LUGAR, la Demanda ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO DEL TRABAJADO A SUS LABORES EN EL CENTRO DE TRABAJO; promovida por el señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, de generales conocidas, en contra de la EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S. A., representada por el señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA, en su condición de representante legal de dicha empresa. CUARTO: CONDENAR a la demandada EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S. A., representada por el señor JOSÉ RICARDO SIERRA MEDINA, a reintegrar inmediatamente a su puesto de Trabajo al señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, con todas las prebendas y aumentos que el mismo haya dejado de percibir desde el momento de cancelación. QUINTO: Se exime del pago de daños y perjuicios en concepto de indemnización a la EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S. A., por haber consignado ante el Juzgado respectivo el cheque en concepto de pago de prestaciones, antes de su emplazamiento en la presente demanda, de acuerdo a la motivación realizado en el número octavo de la fundamentación y valoración antes descrita. SEXTO: Sin costa en primera y segunda instancia, por haberse declarado parcialmente con lugar su pretensión…”. Bajo el criterio que, este tribunal de Alzada, ha dejado establecido en los hechos probados y valoración de prueba, que el señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, es trabajador de dicha empresa, y que el mismo fue despedido por lo que establece el Contrato colectivo en su artículo segundo, si bien es cierto la empresa uso esta causal, no es menos cierto que la misma se puede considerar como causal justa y perfecta para dar por terminado un contrato, por lo que a criterio de este Tribunal, después de revisar los medios de prueba, es del parecer que la misma no es causa legitima; si bien es cierto dentro de las conclusiones la parte demandante establecido que dichos despidos surtieron en base a la estructuración por COVID-19 que había sido autorizada por la secretaria del despacho, por lo cual estos juzgadores en primer momento buscaron dicha autorización para verificar si dicho patrono había sido autorizado para dar por terminada relaciones de trabajo y bajo que circunstancia en la fecha establecida en la demanda, misma que no se encontró, de igual forma no se encontró ningún medio de prueba que den pie de la que se realizó dicho despido bajo las causales del COVID, siendo claramente la nota de despido donde establece que la misma se realiza unilateralmente en base al artículo 2 del Contrato colectivo del trabajo, por lo que a criterio de estos juzgadores dicha interpretación es errónea, finalmente el Impetrante a referido que la sentencia también establece Nulidad, por no haberse incorporado todos los medios de prueba que fueron propuesto y evacuados en las audiencias respectivas, estos Juzgadores de Alzada, analizando el mismo no es de recibo, puesto que la sentencia el Juez analizas los medios de prueba que considera oportuno, asimismo describe los medios de prueba en los demás apartados, sin que estos violenten la forma y el fondo de la sentencia, por lo que dicha circunstancia no es de recibo. En cuanto a la indemnización de salarios dejados de percibir, este tribunal hace el siguiente esbozo: En primer lugar las partes procesales (demandante y demandado) reconocen que efectivamente la EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S. A.: Consigno ante los Juzgados de Letras de la sección de Santa Bárbara Cheque a favor del señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, “por la cantidad de doscientos veinticuatro mil lempiras L 509,089.36, en la creencia que el procedimiento realizado por el patrono estaba bien hecho por restructuración”, por lo que de acuerdo a las sentencias laborales dictadas por la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, especialmente en la sentencia 106-12, asimismo lo establece el Manual Laboral, que habla precisamente sobre el pago por consignación y sus efectos en su página 39 la que establece que la misma debe de ser completa y oportuna, como se establece en el presente caso, por lo que es claro que cuando se consignan Cheques antes de ser emplazado (demanda judicial laboral) en concepto de pago de prestaciones, la misma exime al patrono de pago de indemnización de daños y perjuicio siempre que la cantidad sea igual o mayor a los derechos adquiridos, en este caso, la cantidad depositada por el patrono es mayor, por lo que se debe de eximir del pago de dicha circunstancia. Esta Tribunal de alzada, después de revisar todos los documentos propuestos, aportados y evacuado en cuando a que era directivo sindicalista, no podemos concluir que el señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, optaba a un cargo sindical, de igual forma si bien es cierto se presentó prueba que era delegado o fue delegado, estos cargos no forman parte de un fuero especial según la norma Laboral, por lo que dicho agravio no es de recibo por parte de este Tribunal de Alzada. En cuanto al agravio de que tiene una enfermedad profesional, esto no fue objeto de pretensión en la demanda, sino un hecho más de la misma, si bien es cierto manifiesta que tiene sangre en plomo, no es menos cierto que la constancia presentada establece que la cantidad no se considera importante y es menor al valor establecido para considerarlo como tal, y en cuanto a la lesión de la columna en unos de los medios de prueba aportados, el mismo (demandante) manifestó que fue en un accidente con un automotor (accidente de moto), por lo que no fue en el trabajo, por lo que dichas circunstancias no son de recibo para esta Tribunal de alzada. Por las razones de hecho y de derecho expuestas anteriormente, este Tribunal de Alzada estima procedente, declarar Ha Lugar parcialmente el recurso de apelación planteado; revocar la sentencia definitiva objeto de dicho recurso; declarar con lugar parcialmente la demanda ordinaria laboral, eximiendo de costas e indemnización a la parte demandada, en esta instancia. 5.- Mediante auto de fecha 08 de diciembre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por el Abogado HÉCTOR RAMÓN TROCHEZ VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal del señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ; y por el Abogado YUVINY PINEDA PAZ, en su condición de representante procesal de la empresa AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V. (AMPAC), como partes recurrentes/recurridas, respectivamente, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Bárbara, Departamento de Santa Bárbara, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada una de los Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) Al apoderado demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) Al representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6.- En fecha 26 de febrero del 2024, compareció ante este tribunal el Abogado HÉCTOR RAMÓN TROCHEZ VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal del señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 18 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación; y en fecha 22 de mayo del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado YUVINY PINEDA PAZ, en su condición de representante procesal de la empresa AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V. (AMPAC), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación; por lo que mediante providencia de fecha 05 de junio del 2024, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación; omitiéndose el traslado, ordenando dar copia a las partes para la contestación en forma común, por el término de diez días, el cual surtirá efecto en esta Secretaría, donde se mantendrán los autos a su disposición; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 31 de julio del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado YUVINY PINEDA PAZ, en su condición de representante procesal de la empresa AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A. DE C.V. (AMPAC), parte demandada, recurrida/recurrente; y mediante providencia de fecha 26 de noviembre del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado HÉCTOR RAMÓN TROCHEZ VELÁSQUEZ, en su condición de representante procesal del señor ALLAN MOYCES ESCOBAR RODRÍGUEZ parte demandante, recurrente/recurrida, para contestar el recurso de casación; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Que revisado el fallo recurrido de fecha 18 de septiembre del 2023, emitido por la Corte de Apelaciones de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, mediante el cual se revoca parcialmente la sentencia de fecha 16 de junio del 2022, dictada por el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara; el mismo incumple con del deber congruencia y razonamiento lógico, ya que, en su ordinal quinto resuelve de la siguiente forma: “Se exime del pago de daños y perjuicios en concepto de indemnización a la EMPRESA AMERICAN PACIFIC HONDURAS S.A., por haber consignado ante el Juzgado respectivo el cheque en concepto de pago de prestaciones, antes de su emplazamiento en la presente demande de acuerdo a la motivación relizado en el número octavo de la fundamentación y valoración antes descrita”. El caso es que, el Ad-quem, al declarar con lugar la demanda de reintegro, como es la pretensión básica del demandante, no el pago de prestaciones, significa la nulidad del despido lo que determina restituir la cosas al estado en que estaban desde el momento de la terminación injusta e ilegal de la relación de trabajo y; por ende, a restablecer el derecho pleno de la estabilidad laboral. En armonía con lo antes señalado el artículo 113 literal b) establece que: “Si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado; pero si a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquél, hasta que se cumpla con la reinstalación…” es decir, que el empleador se libera del pago de la indemnización que da lugar pago de salarios caídos (Ficción Jurídica de Indemnización) cuando se ha consignado oportunamente y con la cantidad que correspondes cuando se refiere al pago de prestaciones, pero no al pago de los salarios dejados de percibir en caso de reintegro, eliminándose el concepto de indemnización, pues, evidentemente no se puede anticipar la misma, previo a que se haga efectivo la reinstalación del demandante, por ello, procede el pago de los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la reincorporación del trabajador en la Empresa demandada, no encajando la figura de la consignación del orden civil para efectos de la pretensión de reintegro de conformidad a lo dispuesto en disposición, antes relacionada. La falencia antes señalada determina la carencia de un razonamiento lógico y fundamentado del fallo impugnado, dando como resultado la incongruencia del mismo por lo que procede decretar su nulidad. VII. Que las sentencias judiciales deben ser claras, precisas y exhaustivas, a efectos de ser congruente con las demandas y con las demás pretensiones de la parte, deducidas oportunamente en el pleito Art. 206 numeral 1 y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil. VIII. Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos. IX. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. X. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen. XI. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciende aplicación de los artículos 82, 90 párrafo primero, 303 reformado 304 reformado 313 numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 113 literal b) y 858 del Código del Trabajo; 22, 193, 197, 199, 206, 207, 211, 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 1589 del Código Civil; 1 y 30 ml 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 16, 18 y 23 numeral c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia de fecha 18 de septiembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, visible a folios 15 al 20 de la segunda pieza de autos. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, MAGISTRADA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO MAGISTRADO y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO MAGISTRADA FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de diciembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL458-23. FIRMA Y SELLO

RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.