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Sentencia CL-421-23 — Registro 19517

Resumen

En la demanda ordinaria laboral para el reintegro en igualdad o mejores condiciones por despido directo, ilegal e injustificado segunda instancia confirma la resolución de primera instancia, falla: declarando con lugar la demanda, condena al reintegro, ya que no se levantó audiencia de descargo y el trabajador debe tener la posibilidad de defenderse esta Sala declara no ha lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible´´...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) No indica la norma sustantiva infringida; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, e) Formula alegatos propios de instancia...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de mayo del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 12 de enero del 2024, por el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, como recurrente; además es parte recurrida, la señora MARIA DE LOS ÁNGELES SANTOS CÁRDENAS, representada en juicio por el Abogado ELVIS RENE HERNANDEZ REYES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el reintegro en igualdad o mejores condiciones por despido directo, ilegal e injustificado, pago de derechos colaterales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 30 de septiembre del 2022, por la señora MARIA DE LOS ÁNGELES SANTOS CÁRDENAS, mayor de edad, Abogada, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su Alcalde Municipal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 05 de septiembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 14 de junio del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral, promovida por la señora MARÍA DE LOS ÁNGELES SANTOS CÁRDENAS, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; Contra LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante el Señor Alcalde ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; en consecuencia CONDENA: A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante el Señor Alcalde ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, a reintegrar a la demandante MARÍA DE LOS ÁNGELES SANTOS CÁRDENAS, a sus puestos de trabajo en las mismas condiciones; más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde que ocurrió el despido hasta que se cumpla con la reinstalación.-2) SIN COSTAS: Por tratarse de una institución descentralizada la cual no puede ser condenada en costas…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, empezó a trabajar para la Municipalidad en fecha 26 de enero del 2006, en el puesto Asistente de Gerencia General, y luego como Procurador de corporación municipal, bajo las órdenes del Regidor Municipal José Antonio "Toñito" Rivera Matute como jefe inmediato, quién le asignaba las funciones directamente, con un salario mensual de L. 30,000.00, cumpliendo fielmente las órdenes del patrono. Manifestó que la Municipalidad en forma antojadiza por cuestiones de carácter político la despidió en el 2010 y fue reintegrada por el Juzgado de Letras del Trabajo; quien estaba desempeñándose en las oficinas que había rentado el Regidor Toñito Rivera, a 2 cuadras de la Municipalidad, Barrio Guamilito, 5 avenida, 2 y 5 calle; porque dicho Regidor no tenía asignada oficinas, incluso algunos compañeros de otros regidores estaban en las oficinas de la Mujer, amontonados, con altos índices de contagio de Covid-19, y sin equipo suficiente para todos los regidores. Agregó, que el regidor Toñito Rivera su jefe, había comunicado a la municipalidad por escrito el 14 de junio del 2022 (entregado en fecha 16 de junio de 2022) cuál era su ubicación incluyendo las personas que trabajaban para él. expresó que el 17 de junio del 2022; la Municipalidad, sin levantarle acta de descargo, sin asegurarse de entregarle una cita o respetar su derecho de defensa la Municipalidad de SPS; la despidió en forma directa, ilegal e injustificada, alegando la inasistencia de su parte durante dos días consecutivos; y que su mismo jefe, el señor Antonio Rivera les manifestó a las autoridades Municipales que no se le había dado el derecho de defensa; y que la demandada; para asegurarse de la indefensión ni siquiera mencionó que días fueron los que faltó, a mero capricho; mencionó que muchos de los empleados dejamos de marcar desde el Primer Gobierno de Calidonio, pero se podía demostrar que ejercía su trabajo fielmente. Finalmente argumentó que a la fecha no se le ha justificado dicho despido o mucho menos pretendido pagar sus prestaciones sociales o reintegrarse; por lo que considera que el despido es ilegal e injustificado, por lo cual solicitó que se emplace al patrón para que le reintegre, y le pague sus derechos colaterales. 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda, rechazando y oponiéndose a las pretensiones de la demandante, alegando en su defensa que, es cierto que la demandante entró a prestar sus servicios en la fecha y en el puesto que indica, puesto que, si bien la demandante laboró para la demandada, no es cierto que el despido se haya dado en forma antojadiza y por cuestiones de carácter político, como lo pretende hacer creer la demandante, cuyo relato es contrario a la verdad, lo que será acreditado en el momento procesal oportuno de evacuación de pruebas; y que la parte actora pruebe su contenido. Argumentó que la actora, dejó de presentarse a sus labores sin permiso y sin causa justificada y que la municipalidad es una entidad respetuosa de las leyes y garante de los derechos de cada uno de los trabajadores. Alegó además que la demandante, narró los hechos de forma antojadiza y alejada de la verdad. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 14 de junio del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral, promovida por la señora MARÍA DE LOS ÁNGELES SANTOS CÁRDENAS, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; Contra LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante el Señor Alcalde ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; en consecuencia CONDENA: A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante el Señor Alcalde ROBERTO CONTRERAS MENDOZA, a reintegrar a la demandante MARÍA DE LOS ÁNGELES SANTOS CÁRDENAS, a sus puestos de trabajo en las mismas condiciones; más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde que ocurrió el despido hasta que se cumpla con la reinstalación.-2) SIN COSTAS: Por tratarse de una institución descentralizada la cual no puede ser condenada en costas…”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis realizado a la prueba en su conjunto este Tribunal considera que la parte demandada no probo en juicio la justa causa que tuvo para poner fin a la relación de trabajo, por lo que considera procedente declarar con lugar la demanda por las circunstancias siguientes: Uno; La demandada no probo que la demandante hubiera abandonado su puesto de trabajo, si bien es cierto el gerente de desarrollo Humano de la demandada en fecha 16 de junio del 2022, se constituyó en las instalaciones de las oficina de regidores ubicada de manera provisional en la oficina de la mujer, dejando constancia del abandono de la empleada Maria De Los Ángeles Santos Cárdenas, también lo es que la demandante estaba bajo las órdenes del abogado José Antonio Rivera, quien tenía sus oficinas de personal en el barrio Guamilito 5ta avenida entre 3 y 4 calle N.O. N°25 de esta ciudad; lugar distinto al lugar donde se levantó el acta de constatación del abandono que corre agregada a folio 82 al 83 de los autos; sumado a eso la demandada no acredito en autos que le hubiera notificado a la demandante que tenía que presentarse a las oficinas ubicadas provisionalmente en la oficina de la mujer; por el contrario el Abogado José Antonio Rivera, si informó donde tenía sus oficinas junto al personal bajo su cargo.- Dos: la parte actora alega que el patrono no le menciona que días fueron los que falto; revisando la nota de terminación de la relación laboral se observa que la demandada omitió indicar con precisión y claridad los días que falto la demandante, se limitó a señalar según informe del oficial de personal de fecha 15 de junio del 2022, y acta de abandono de fecha 16 de junio del 2022, de la gerencia de desarrollo Humano; tal como se puede apreciar con el documento que corre a folio 60 de los autos; lo que significa que el despido realizado a la demandante en las circunstancias como la del presente caso se aparta del principio de terminación motivada importante conquista del derecho laboral en materia de terminación del contrato de trabajo; que consiste en obligar a las partes y particularmente al patrono a motivar la terminación del contrato de trabajo, es decir dar en el momento de la ruptura una explicación clara de la causa o motivo que lo impulsa a tomar esa decisión, causa o motivo que desde luego no puede ser distinto ni contrario a lo establecido en la ley en forma expresa como suficiente para justificar la terminación de la relación de trabajo. Tres. La parte actora también alega que no se le dio el derecho de defensa, no le levantaron acta de descargos, ni fue citada o respetar su derecho de defensa; con relación a tal hecho la demandada no probo en juicio haberle dado la oportunidad a la trabajadora demandante de defenderse de la falta que le imputa es decir no siguió el procedimiento reglamentario ni convencional; sobre el DEBIDO PROCESO, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha establecido el criterio de que "...una acción sancionatoria y cualquier acto sancionatorio requiere de la formulación previa de un debido proceso que, al tenor de lo que dispone el artículo 90 de la Constitución de la República y desarrollado como garantías mínimas en el artículo 8 de la convención americana sobre derechos humanos, se entiende, como la posibilidad efectiva de ocurrir ante el órgano competente y preestablecido, y el derecho de las partes de realizar ante el mismo todos los actos encaminados a la defensa de sus derechos, así como también la observancia por parte del tribunal o instancia administrativa de todas las normas relativas a la tramitación de aquél.- En ese sentido, en todo proceso debe entenderse como formalidades procesales esenciales las de otorgar oportunidad de defensa a todas las partes, esto evidentemente incluye, el que las mismas puedan manifestar sus pretensiones, defenderse, presentar y evacuar pruebas, oponerse así como también poder conciliar; por lo que, las formalidades que exige el debido proceso, no son más que las establecidas en la ley procesal para cada acto concreto del procedimiento. En el presente caso ha quedado acreditado en autos, la imposición de una sanción administrativa, sin haberse evacuado procedimiento legal alguno y carente de basamento legal, pues es vulneratorio de los derechos fundamentales señalados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del mismo tema ha proferido el siguiente criterio: La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos. el debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución… Este tema se encuentra vinculado con la legalidad del despido, primer filtro de examen de tal determinación, por ello no solo se debe respetar el procedimiento establecido en el Reglamento, sino que a falta de este o disposiciones que lo regulen, se debe garantizar los derechos de defensa, audiencia y debido proceso de la persona a quien se pretende sancionar. Como este procedimiento se debe regular en los Reglamentos Internos de Trabajo, es notorio que en muchos de ellos existe la influencia del procedimiento disciplinario que se sigue para los servidores públicos, regidos por la Ley y Reglamento del Servicio Civil, por ello es común que se utilicen términos como "autoridad nominadora" o disposiciones relacionadas con la situación de la no comparecencia, sin causa justificada, del trabajador a la audiencia de descargos, donde se señala que eso se estimará como aceptación de los cargos, cuestión que es inconstitucional e inaplicable, debido que violenta la presunción de inocencia de que goza toda persona conforme lo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República Estos son algunos criterios jurisprudenciales que se han emitido por la Sala de lo Laboral sobre el tema: “a) Que sin embargo el análisis de la legalidad o no de la terminación del contrato de trabajo también versa sobre otros aspectos relacionados con el tema de la prescripción, el procedimiento disciplinario, la proporcionalidad de la sanción, entre otros; con base a lo anterior, previo a cualquier otro análisis del caso, es importante considerar que reglas y bases deben observarse en lo referente al procedimiento disciplinario, el cual debe contar con lo siguiente: a) Investigación y comprobación de la supuesta falta cometida por el trabajador; b) notificación que se debe realizar con antelación al trabajador para asistir a una audiencia de descargo, con el señalamiento del lugar, fecha y hora de su celebración y la indicación del cargo o de los cargos imputados; c) en el desarrollo de la audiencia de descargo, como en el proceso disciplinario, se debe cumplir con lo que establezca el Reglamento Interno de Trabajo, especialmente sobre la intervención del delegado sindical o de testigos que participen en dicha actuación; y, d) después de que el trabajador sea escuchado, el empleador dentro del término de prescripción, podrá tomar la decisión de sancionarlo imponiendo medidas disciplinarias y en un extremo máximo, dada la gravedad de la falta imputada, dar por terminado su contrato de trabajo bajo la premisa de que existe causa justificada de tal determinación, caso contrario archivará las diligencias. Que la no comparecencia, sin causa justificada, del trabajador a la audiencia de descargos, deja en libertad al empleador de imponer o no las medidas disciplinarias que estime procedentes, sin que por ello se presuma la aceptación de las faltas imputadas, debido a que violentaría la presunción de inocencia de que goza toda persona conforme lo previsto en el artículo 89 de la Constitución de la República. Cabe reiterar que el derecho de defensa que goza el trabajador no solo debe ser materializado en la audiencia de descargos, la cual se celebra con el objeto de que el trabajador tenga la oportunidad de explicar o defenderse frente a la presunta falta, sino que tal derecho debe garantizarse desde que se notifique la convocatoria y el señalamiento de la referida audiencia, donde se debe poner en su conocimiento los motivos por los que se le estaría realizando la misma, con la suficiente antelación para que el trabajador tenga tiempo para reunir las pruebas y preparar su defensa". Sentencia SL del 24 de julio del 2015, expediente CL86-13. En el presente juicio la parte actora reclama pago de costas con relación a este reclamo este Tribunal considerando que el artículo 8 de dicha ley establece: DISPOSICIÓN GENERAL "EL ESTADO O SUS AUTORIDADES, EN JUICIO DE CUALQUIER NATURALEZA ESTARÁ EXENTO DEL PAGO DE COSTAS, SALVO QUE SE HAYA ACTUADO CON DOLO..."; y en vista de que en el caso que nos ocupa en ningún momento el Estado o sus representantes al ejercitar su derecho de defensa que señala la Constitución de la República ha actuado con dolo y considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, no es procedente una condena en costas en caso de estimarse la presente demanda. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 05 de septiembre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, de la revisión de las pruebas aportadas al juicio se observa lo siguiente: 1) la trabajadora demandante realizaba sus funciones en un espacio alquilado por su jefe inmediato, razón por la cual, no es posible estimar el contenido del acta de abandono en la que únicamente participaron los representantes del empleador; 2) en el hecho tercero de la demanda se sostiene que la accionada no le levantó audiencia de descargo; extremo que no fue revertido por la patronal y es que, antes de darse por terminada la relación de trabajo, el trabajador o trabajadora debe tener la posibilidad de defenderse de los cargos formulados en su contra, los que deben expresarse y ponerse en conocimiento para que tenga la oportunidad de defenderse de los hechos que se le atribuyen; de ahí que el empleador demandado debía aplicar el trámite reglamentario; procedimiento que está cimentado precisamente en los postulados máximos del debido proceso, principio de contradicción y el derecho de defensa y que tiene su fundamento en el artículo 82 y 90 de la Constitución de la República; 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el numeral 9 del artículo 92 del Código del Trabajo; 3) la carta de despido incumple el deber de motivación contenido en el artículo 117 del Código del Trabajo, pues únicamente se indica que el cese laboral se efectúa en base a cláusulas del contrato de trabajo, artículos del Código del Trabajo y Reglamento Interno de Trabajo, según informe del oficial de personal de fecha 15 de junio del 2022 y acta de abandono de fecha 16 de junio del 2022 de Desarrollo Humano sin detallar la falta que se le atribuye. Por las razones antes expuestas, se estima procedente confirmar el fallo apelado por estar ajustado a derecho. 5.- Mediante auto de fecha 14 de noviembre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SITA ISABEL CRUZ RODRÍGUEZ, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 12 de enero del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 04 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de junio del 2024, se tuvo precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado ELVIS RENE HERNANDEZ REYES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional al haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho en la FALTA DE APRECIACIÓN DE LA PRUEBA DENOMINADA ACTA DE ABANDONO que corre agregada a folio 82-83 de los autos. El Ad-Quem, no tomó en consideración ni valoró la citada prueba. Al no haber sido apreciado en su totalidad, el medio de prueba relacionado en el presente apartado, se causó a mi Representada, una infracción directa. Razón por la que consideramos que la sentencia recurrida, contiene un error de hecho, ya que, de haberse valorado la citada prueba, hubiese producido efectos distintos al momento de dictar el fallo que ahora se recurre. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: El acta de abandono no es la única prueba aportada en el juicio venido en grado, no es la declaración de parte la única prueba aportada en el juicio venido en grado, por lo que no la única prueba que tuvo a consideración el Juez de instancia para dictar la sentencia impugnada. Las presunciones legales y humanas derivadas de lo actuado en el juicio de primer grado y de lo derivado de las pruebas ofrecidas, propuestas y diligenciadas, fueron dejadas de lado, según se infiere de lo argumentado por el Ad-Quem, al dejar establecido en la sentencia impugnada: "La Demandada no probó que la Demandante hubiera abandonado su puesto de trabajo, si bien es cierto, que el Gerente de Desarrollo Humano de la Demandada, en fecha 16 de junio del año 2022, se constituyó en las instalaciones de la oficina de regidores ubicada de manera provisional en la oficina de la Mujer, por el contrario, el abogado José Antonio Rivera si informó donde tenía sus oficinas, junto al personal de su cargo". A este respecto, debemos recordar que los principios del derecho laboral son todos aquellos criterios que deben tomarse en consideración por las normas laborales, con las cuales se conforma un vínculo entre las relaciones obrero patronales y que usualmente también se les conoce como garantías laborales o derechos fundamentales en materia laboral, por tener rango constitucional y por lo general tienen dos funciones fundamentales: 1) La fuente supletoria, que implica que, ante algún vacío de la ley laboral o ausencia de jurisprudencia, deben tomarse en consideración los principios del derecho laboral para subsanar esa ausencia de la norma jurídica y 2) La fuente interpretadora, que implica la interpretación de la normativa vigente cuando esta sea confusa o haya diversas interpretaciones posibles, atendiendo a dichos principios. Así, el Derecho Laboral se rige por principios propios que le otorgan características singulares, justificación y una definición correcta, sin dejar de tomar en cuenta la fuente supletoria y la fuente interpretadora. Cabe destacar que estos principios han sido recogidos por la Organización Internacional del Trabajo en su Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. «Los principios del Derecho Laboral tienen la función de suplir las deficiencias y otorgar criterios para la interpretación de la ley» Entre estos principios tenemos el Principio de primacía de la realidad. En este principio de primacía de la realidad se indica que no importa tanto la autonomía de la voluntad de las partes en relación laboral, sino la demostración de la realidad en la relación entre trabajador y empleador. Para el caso, si mi Representado estableció como lugar para el ejercicio de su trabajo la Oficina de la Mujer, y la Demandante realizaba su labor en otro lado que mi Representado desconocía ya que, aunque el Abogado José Antonio Rivera argumentó que él informo del cambio del lugar de trabajo, no lo acreditó, por lo que mi Representada no estaba obligada a saber que la Demandante había sido desplazada del lugar donde se le había ordenado ejercer su trabajo y por ende, al buscársele en su lugar asignado y no encontrársele, se procedió a la declaratoria de abandono, pues para todos los efectos, ella no se encontraba en el lugar asignado. En el caso de marras la Demandada estaba en la obligación de informar a la Gerencia de Desarrollo Humano su traslado, hecho que no hizo y por tanto, no lo acreditó, y al faltar en ello, vulneró el principio de verticalidad, que debe regir en toda relación laboral. Lo indicado anteriormente, es el fundamento que da lugar al error de hecho en la apreciación de la prueba, al haberse omitido la apreciación por parte del Ad- Quem, dejando por un lado el importante elemento de convicción. DE LAS PRESUNCIONES LEGALES Y HUMANAS: Con fecha dieciséis de octubre del año dos mil nueve se propuso como medio de prueba las presunciones legales y humanas (de las cuales] logra inferirse claramente de modo directo, preciso y lógico, que mis pretensiones son válidas al pretender demostrar la nulidad del supuesto negocio jurídico. Al no haber sido apreciados en su totalidad los medios de prueba relacionados en el presente apartado, la sentencia recurrida contiene error de hecho, ya que la apreciación de los mismos en un modo integral hubiese producido efectos distintos al momento de dictar el fallo que ahora se recurre». El error de hecho en la apreciación de la prueba ha sido conceptualizado como el yerro en que incurre el juzgador, en el proceso intelectivo de establecer con certeza, los hechos que influirán en su criterio para resolver la controversia. Este vicio in iudicando, puede configurarse por varias razones: por omisión en la apreciación de una prueba incorporada legalmente al proceso; al tener por acreditado un hecho con prueba que no fue aportada al juicio; por desvirtuar el contenido de la prueba, es decir, por asegurar algo que la prueba no contiene o por negar lo que la prueba si demuestra. Esto último fue lo que ocurrió en el caso de autos.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) No indica la norma sustantiva infringida; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, e) Formula alegatos propios de instancia. IV. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha cinco (5) de septiembre del año 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés, señalando los errores procesales siguiente:”. V. Que, si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A-quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha doce de mayo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 421-2023. FIRMA Y SELLO.

RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY

RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.