Sentencia CL-42-24 — Registro 20019
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones sociales, pago de derechos laborales no reconocidos, ni pagados durante la relación de trabajo, entre estos: vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes en concepto de salario, reajustes de salario mínimo, indemnización de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha en que el patrono decidió terminar de forma unilateral e injusta la relación de trabajo hasta la fecha en que con sujeción a la norma procesal quede firme la sentencia condenatoria que se dicte en la presente causa laboral.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la explicación no se demuestra el error evidente y manifiesto; y, b) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. Además, el concepto de “norma incompleta” no procede en casación, en virtud que los elementos probatorios resultan ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al reformar únicamente cuantitativamente el fallo de primera instancia y confirmando la esencia del fallo, observándose que se realizó el análisis y valoración del material probatorio relacionado en su conjunto, resolviendo conforme a la libre formación de su convencimiento y a los principios que rigen esta materia social. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."..
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintisiete días de noviembre del año dos mil veinticinco VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 06 de junio del 2024, por el Abogado RAUL STEED HERNANDEZ MEJIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, los señores CINTHIA GEORGINA VILLALTA TERCERO, INDIRA ALEJANDRA VILLALTA TERCERO y DIEGO ALEJANDRO VILLALTA TERCERO, representados en juicio por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales e indemnizaciones sociales, pago de derechos laborales no reconocidos, ni pagados durante la relación de trabajo, entre estos: vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes en concepto de salario, reajustes de salario mínimo, indemnización de daños y perjuicios, los salarios dejados de percibir desde la fecha en que el patrono decidió terminar de forma unilateral e injusta la relación de trabajo hasta la fecha en que con sujeción a la norma procesal quede firme la sentencia condenatoria que se dicte en la presente causa laboral, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 15 de agosto del 2022, por los señores: 1) CINTHIA GEORGINA VILLALTA TERCERO; 2) INDIRA ALEJANDRA VILLALTA TERCERO, y 3) DIEGO ALEJANDRO VILLALTA TERCERO, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO), medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 29 de noviembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal demandado. SEGUNDO: Declarando CON LUGAR el recurso de apelación formulado por el Abogado Dennis Alejandro Orellana Reyes, contra la sentencia proferida el veintiocho de septiembre del dos mil veintitrés (28/09/2023) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en la demanda de la referencia; en consecuencia, se REFORMA la misma, en los siguientes términos: UNO. Establecer que el monto de prestaciones a favor del señor Diego Alejandro Villalta Tercero corresponde a los conceptos concedidos por la juez, pero en los valores siguientes: Preaviso: L.31,996.20; Auxilio de Cesantía: L.47,994.30; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.7,554.66; Vacaciones Proporcionales: L.5,036.44; Décimo Tercer mes proporcional: L.4,532.81; Décimo Cuarto mes Proporcional: L.11,389.16; Reajuste al Salario Mínimo: L.221,104.80; Vacaciones Pendientes: L.14,398.29; Décimo Tercer Mes pendiente: L. 27,425.40; Décimo Cuarto Mes pendiente: L.27,425.40. DOS: Fijar como monto total de condena la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (L.874,094.57). TERCERO: Se CONFIRMA la sentencia en todos sus demás extremos; es decir, en cuanto a la declaratoria sin lugar de las excepciones de prescripción y de falta de legitimación activa del demandante y la exoneración de costas. CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia...". ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que, iniciaron labores para la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), a través de un documento contractual titulado "MI COMPROMISO CON EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL EN HONDURAS DE COPECO", y en los últimos seis meses de la relación recibieron un salario mensual, así: Cinthia Georgina Villalta Tercero, el 23 de julio del 2018, con un salario de L. 15,000.00, Indira Alejandra Villalta Tercero, el 01 de julio del 2020, con un salario de L. 7,000.00, y Diego Alejandro Villalta Tercero, el 10 de noviembre del 2018, con un salario de L. 4,500.00; en fecha 29 de abril del 2022, la institución demandada terminó la relación que mantenía con los demandantes, utilizando como medio para la notificación de dicha decisión el envío de un mensaje mediante la aplicación de WhatsApp. Y que por lo informal de la diligencia de terminación, acudieron ante la Inspectoría del Trabajo en esa ciudad, solicitando el auxilio de dicha oficina institucional con el objeto de constatar la situación laboral, extremo que se verificó el 14 de junio del 2022, resolviéndose con el levantamiento de una acta de comparecencia, en la que el representante patronal se manifestó dejando establecido que ya no prestarían sus servicios de voluntariado debido a que el proyecto para el cual laboraban fue cerrado el 29 de abril del 2022, por falta de presupuesto. Por lo que, ante lo expuesto, en fecha 14 de julio del 2022, la autoridad administrativa del trabajo resolvió tener por no conciliado el reclamo, y dio por agotado el procedimiento gubernativo tal y como lo establece el Artículo 691 del Código de Trabajo vigente, quedando en libertad de poder ejercer el reclamo ante la instancia judicial correspondiente; argumentaron que la implementación que la demandada hizo del contrato titulado "MI COMPROMISO CON EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL EN HONDURAS DE COPECO" y los términos o conceptos manejados en dicho documento eran solo un disfraz de una relación laboral, con la cual llevan atención a la población hondureña a través de personas como los demandantes, quienes ejecutaban esa actividad de forma personal y eran recompensados a través de un sistema de reembolso de gastos. Todo eso les indicaba con claridad que estaban ante una evidente simulación de contrato y un evidente interés en evadir todo tipo de beneficio laboral, y que quedó claro que con el uso de ese documento contractual, que el patrono demandado les hizo aceptar, de una relación laboral con una calificación distinta, con la cual pretendió eludir los derechos, las obligaciones y los costos que estipula la legislación laboral ante la decisión unilateral de terminar la relación de trabajo sin contar con una causa legitima que le faculte hacerlo sin responsabilidad alguna de su parte. Por lo que, ante tal injusticia, hicieron como suyo lo definido por la legislación, de que "son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución, o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”. (Artículo 3 del Código del Trabajo). 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones que persiguen los demandantes, apoyando su defensa aduciendo que, no es suficiente la afirmación que hace la parte actora en sus hechos de la demanda, ya que debe de fundarse en hechos reales y concretos mismos que deben ser probados en juicio, pues en materia probatoria, es un principio universal que quien afirma una cosa es quien está obligada a probarla, constituyendo la máxima ONUS PROBANDI ENCUMBIT ACTORI y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que el Sr. Juez, pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana critica para formar libremente su criterio. Señaló que, era importante hacer de su conocimiento que los demandantes, aducen haber tenido una relación laboral con el demandado, mencionando que los demandantes en ningún momento sostuvieron una relación contractual, ni una relación de trabajo con el demandado, y que lo probaría en el momento procesal oportuno, que entre COPECO y los reclamantes, únicamente existió una prestación de servicio voluntario, término que la ley del voluntariado, creada mediante Decreto Legislativo No. 177-2011, en su artículo 2 numeral 2) define: "Voluntarios: toda persona natural que libre, ética y responsablemente ofrece su tiempo, talento y trabajo, para el desarrollo del bien común, en forma individual o colectiva en organizaciones públicas o privadas legalmente constituidas, sin recibir directamente compensación alguna", asimismo la precitada Ley, en el numeral 1) del mismo artículo 2 define: "VOLUNTARIADO: El conjunto de actividades de interés general, desarrolladas por personas naturales o jurídicas, siempre son las mismas no se desenvuelven en virtud de una relación lucrativa o retribuida y cuyo carácter sea altruista, solidario, libre y se ejecute conforme a programas a principios concretos", de igual manera, el artículo 3 de la referida Ley, define el voluntariado como aquella actividad que tiene las siguientes finalidades: “1) Contribuir al desarrollo integral de las personas y de las comunidades, con base en el reconocimiento de la dignidad de los seres humanos, el respeto y la realización de los principios esenciales de la convivencia en la sociedad, la vida, la libertad, la solidaridad, la justicia y la paz, 2) Fomentar a través de la prestación del servicio voluntario, una conciencia ciudadana cívica, generosa y participativa para el fortalecimiento de valores, sin discriminación, procurando el bienestar de toda la sociedad", por lo que al hacer una interpretación razonada y fundamentada en la Ley del Voluntariado quedó plenamente establecido que los demandantes simplemente ejercían una prestación de servicio de manera voluntaria con el Estado de Honduras, a través de COPECO. Manifestó que los demandantes erróneamente argumentaron que devengaron un salario; mencionando que en ningún momento los demandantes devengaron dicha cantidad en concepto de salario, sino que lo percibieron en concepto de reembolso tal como lo estipula la LEY DEL VOLUNTARIO en el CAPITULO II (DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS VOLUNTARIOS Y LAS VOLUNTARIAS) que en su artículo 5 estipula: "Son derechos de los voluntarios y las voluntarias: numeral 3) El reembolso de gastos emergentes, siempre que hayan sido previamente autorizados", en analogía con lo expuesto en el artículo 7 de la precitada Ley (Son principios de la actuación de los Voluntarios): 4) Gratuidad: "Consiste en que el servicio que se presta, no busca beneficio personal o retribución alguna", con lo cual queda plenamente demostrado que de acuerdo al artículo 5 numeral 3, la cantidad de dinero que los demandantes percibían, bajo ninguna circunstancia se podía configurar como un salario sino como reembolso, por gastos emergentes, los cuales eran previamente autorizados por COPECO. De igual manera, de acuerdo con el artículo 7 numeral 4, de la supra mencionada ley, la prestación de servicios voluntarios se realizaba de manera gratuita; por ende concluyó expresando que a los demandantes no les asistía el derecho para argumentar que en la prestación de servicio voluntario que ejercieron se cumplía los 3 elementos del artículo 20 del Código de Trabajo, ya que debido al principio de la gratuidad que estipula la Ley del Voluntariado, la prestación de servicio voluntario no era remunerada, por consiguiente, bajo ninguna circunstancia se podía configurar que los demandantes percibían un salario por la prestación de servicios voluntarios que realizaron con el Estado de Honduras a través de COPECO, pues haciendo un razonamiento lógico de las pretensiones del demandante, concluyó diciendo que las mismas eran inadmisibles, ya que era contradictorio esperar una remuneración económica por la prestación de servicio que se había efectuado de manera voluntaria y más cuando la norma que regula dicha prestación de servicio voluntario, claramente estipula y define el principio de gratuidad, el cual, lógica y automáticamente excluye toda posibilidad de recibir remuneración alguna en razón de los servicios prestados, en este sentido, el artículo 6 numeral 7 de la Ley del Voluntariado expresa: "Rechazar cualquier remuneración económica que le fuere ofrecida, sea del beneficiario o de las personas relacionadas con su acción", argumento con el cual quedó plenamente comprobado que los demandantes, de acuerdo a las características de los servicios prestados (de forma voluntaria), en ningún momento recibieron un salario por parte del demandado; y que la cantidad percibida fue por concepto de reembolso, por consiguiente, dicho reembolso, bajo ninguna circunstancia se podía configurar como remuneración económica; en ese orden de ideas, el demandado queda exento de cualquier responsabilidad con la parte demandante. Expresó además que en cuanto a lo manifestado por la parte actora que la terminación de la relación laboral se dio mediante mensaje de WhatsApp; mencionó que los demandantes en ningún momento fueron objeto de despido ya que nunca sostuvieron una relación contractual ni mucho menos una relación de trabajo con el demandado, sino que los demandantes únicamente realizaron una Prestación de Servicio Voluntario, la cual fue regida por las disposiciones de la LEY DEL VOLUNTARIADO, que en el párrafo segundo del artículo 8, y que: "El acuerdo de (inscripción) no constituye ningún tipo de relación laboral remunerada, ni estará sujeto a jurisdicción de institución estatal alguna", por lo que en analogía a esa normativa y en relación con la cláusula QUINTA del documento denominado "MI COMPROMISO CON EL VOLUNTARIADO DE PROTECCIÓN CIVIL EN HONDURAS DE COPECO", firmado entre las partes y claramente estipulaba que dicho documento no representa un contrato de trabajo por su condición de voluntario, por lo que se podía desistir del compromiso por decisión unilateral de COPECO; por lo que, en razón de lo antes expuesto, en el uso de las facultades legales antes mencionadas, decidió dar por terminada la prestación de servicio voluntario de los demandantes. Por lo que, al no existir una relación de Trabajo era imposible que se deduzca por la parte actora, que no se aplicó el debido proceso, ya que nunca existió una relación contractual y siendo que el PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL, finalizó en abril de 2022, por falta de fondos, es inaudito que la parte actora aduzca la continuación del voluntariado. Finalmente arguyó que no existió una simulación de contrato de trabajo, ya que el programa al cual los demandantes pertenecieron fue creado únicamente para dar apoyo en situaciones de emergencia, quedando plenamente demostrado que lo que realizaban los voluntarios no eran estrictas funciones sino más bien, prestaban un servicio de apoyo a las diferentes emergencias suscitadas durante se desarrolló el programa, y que con la valoración de los medios de prueba quedará plenamente demostrado. Asimismo, en audiencia primera de tramite interpuso la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN Y DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL DEMANDANTE. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 28 de septiembre del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, derechos adquiridos proporcionales, décimo tercer mes adeudado, décimo cuarto mes adeudado, reajuste al salario mínimo y sanción por incumplimiento al pago del salario mínimo, más pago a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la finalización de la relación laboral, hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva condenatoria, promovida por los señores CINTHIA GEORGINA VILLALTA TERCERO, INDIRA ALEJANDRA VILLALTA TERCERO, DIEGO ALEJANDRO VILLALTA TERCERO, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra el ESTADO DE HONDURAS por actos de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO), representado legalmente por el Procurador General de la República el señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS,, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia, 2) CONDENA: Al ESTADO DE HONDURAS por actos de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS NACIONALES (COPECO), representado legalmente por el procurador general de la república el señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, a pagar a los trabajadores demandantes la cantidad SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (L. 797,357.57), distribuida así: 1) CINTHIA GEORGINA VILLALTA TERCERO, la cantidad de DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (L. 206,416.55), desglosada así: por: Preaviso: L. 35,000.00; Cesantía: L. 52,500.00; Cesantía Proporcional: L. 13,416.67; Vacaciones Proporcional: L. 7,666.67; Aguinaldo Proporcional: L. 4,958.33; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L. 12,458.33; Vacaciones Adeudados: L. 20,416.55; Aguinaldo Adeudado: L. 30,000.00; Décimo Cuarto Adeudados: L. 30,000.00; 2) INDIRA ALEJANDRA VILLALTA TERCERO, la cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 268,820.56), desglosada así: por: Preaviso: L. 24,253.04; Cesantía: L. 24,253.04; Cesantía Proporcional: L. 2964.26; Vacaciones Proporcional: L. 1,270.40; Aguinaldo Proporcional: L. 3435.85; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L. 8,632.93; Reajuste De Salario Mínimo,: L. 76,770.78; Mas Indemnización Por No Pago De Salario Mínimo L. 76,770.78; Vacaciones Adeudado L. 8,892.84; Aguinaldo Adeudado: L. 20,788.32; Décimo Cuarto Adeudado: L. 20,788.32; DIEGO ALEJANDRO VILLALTA TERCERO, la cantidad de TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CIENTO VEINTE LEMPIRAS CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 322,120.46), desglosada así: por: Preaviso: L. 12,126.52; Cesantía: L. 12,126.52; Cesantía Proporcional: L. 5692.73; Vacaciones Proporcional: L. 1,951.79; Aguinaldo Proporcional: L. 3,435.85; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L. 8,632.93; Reajuste De Salario Mínimo L. 126,661.80, Mas Indemnización Por No Pago De Salario Mínimo: L. 126,661.80; Vacaciones Adeudado: L. 4,042.20; Aguinaldo Adeudado: L. 10,394.16; Décimo Cuarto Adeudado: L. 10,394.16; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria. - 4) Declara CON LUGAR, la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN, en cuanto al reajuste salarial de los últimos dos años, interpuesta por la parte demandada. 5) Declara SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN DEL DEMANDANTE, interpuesta por la parte demandada.- 6) SIN COSTAS: Por tratarse de una demanda contra el Estado de Honduras no procede condenar en costas…”; bajo el criterio que, del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso este tribunal es del criterio que procede DECLARAR CON LUGAR la demanda de mérito por las circunstancias siguientes: Uno: Que el artículo 47 del Código del Trabajo, establece que los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sea permanentes o continuas en la empresa, se consideraran celebrada por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dicho contrato subsiste la causa o motivo que le dio origen. En el caso de autos con la abundante prueba documental se encuentra acreditado que los demandantes iniciaron a laborar con la demandada así: CINTHIA GEORGINA VILLALTA TERCERO, 23 de julio del 2018, DIEGO ALEJANDRO VILLALTA TERCERO, 10 de noviembre del 2020 y la fecha de ingreso de la señora INDIRA ALEJANDRA VILLALTA TERCERO, 01 de febrero del año 2020, hecho aceptado por la parte demandada y tal como consta folios 80, 47, 243 de los autos, fechas en que han venían celebrando contratos de trabajo bajo la denominación COMPROMISO FORMAL DE VOLUNTARIADO PARA LA PROTECCIÓN CIVIL EN HONDURAS; tal como consta con la información brindada por la parte actora y demandada, que correa 80 al 132, 245 al 249 de los autos, independientemente de la denominación que se les dio eran contratos de trabajo, porque en ellos concurrían los tres elementos necesarios para considerar la existencia de este según dispone el artículo 20 del Código de Trabajo; la relación no fue interrumpida siempre realizaron las mismas funciones las cuales son continuo en la institución demandada, es decir que subsiste la actividad que le dio origen después de finalizada la relación; por tal razón, procede declarar con lugar la demanda de mérito. Dos: El despido es un acto por el cual el patrono hace saber al trabajador ya sea directamente o por medio de sus representantes, que rescinde la relación de trabajo, y que en consecuencia debe retirarse del servicio, mismo que corresponde demostrarlo al trabajador, y su justificación al patrono; o es el aviso que el trabajador da al patrono que cancela la relación de trabajo por una causa imputable a éste y exige la indemnización correspondiente; en el caso de autos los trabajadores demandantes acredito la que demandada puso fin a la relación de trabajo que venían sosteniendo al no haberles renovado su contrato (COMPROMISO FORMAL DE VOLUNTARIADO PARA LA PROTECCIÓN CIVIL EN HONDURAS); según quedo establecido en el acta levantada por la inspectora del trabajo en fecha catorce de junio del año 2022, que corre a folio 9 y 10 de los autos y el mensaje vía whatsApp, el cual corre a folios 190 de los autos; sin invocar ninguna de las causales establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo; por lo que el despido llevado a cabo bajo esas condiciones resulta injusto e ilegal por lo que procede condenar a la demandada al resarcimiento de daños y perjuicios. En el presente juicio los trabajadores reclaman pago de reajuste de salario mínimo; con relación a tal reclamo se encuentra acreditado en autos que la demandada les pagaba a los demandantes INDIRA ALEJANDRA VILLALTA TERCERO y DIEGO ALEJANDRO VILLALTA TERCERO un salario inferior al mínimo así: INDIRA ALEJANDRA VILLALTA TERCERO, la cantidad L. 7,000.00; de la simple operación aritmética se puede deducir que la demandante devengaba un salario inferior al salario mínimo vigente en los dos últimos años; por tal razón procede condenar a la demandada al pago de reajuste de salario mínimo en la cantidades en la cuantía de la demanda así: INDIRA ALEJANDRA VILLALTA TERCERO, la cantidad L. 126,661.80; у con relación al DIEGO ALEJANDRO VILLALTA TERCERO, devengaba un salario mensual de L. 4,500.00, de la simple operación aritmética se puede deducir que el demandante devengaba un salario inferior al salario mínimo vigente de un año con cinco meses, diecinueve días, tomándose en cuenta a partir de la relación que inicio en fecha 10 de noviembre del 2020 y finalizo el 29 de abril del 2022, por tal razón procede condenar a la demandada al pago de reajuste de salario mínimo en la cantidades en la cuantía de la demanda al señor DIEGO ALEJANDRO VILLALTA TERCERO la cantidad L. 76,770.78.- 2) Los demandantes dentro de sus pretensiones reclama en concepto de pago de una indemnización de daños y perjuicios una suma igual; según dispone el artículo 39 párrafo segundo de la Ley de salario mínimo establece "el trabajador podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se le adeuda una suma igual. Por tal razón procede condenar a la demandada al pago de esos conceptos a los trabajadores INDIRA ALEJANDRA VILLALTA TERCERO Y DIEGO ALEJANDRO VILLALTA TERCERO. Dos: Que dentro de las pretensiones la demandante CINTHIA GEORGINA VILLALTA TERCERO, está el pago de reajuste de salario mínimo, según tabla el salario vigente para el mes de abril del 2020, el salario mínimo para la actividad a que se dedica la demandada estaba en L. 9,472.44, para el año 2021 era de L. 9,852.28, y para el año 2022 hasta abril era de L. 10,394.16, por lo que en el presente caso se encuentra acreditado que la demandante devengaba un salario superior al salario mínimo vigente, es decir la cantidad de L. 15,000.00; tal como quedó establecido con el cuadro de información de los demandantes proporcionada por la demandada, que corre a folio 243 de los autos, y los COMPROMISO FORMAL DE VOLUNTARIADO PARA LA PROTECCIÓN CIVIL EN HONDURAS, de los meses de enero a diciembre del año 2021, y de enero a abril del año 2022, quedo establecido el salario de L. 15,000.00, La demandante tampoco señala que cantidad le era pagada desde abril del año 2020 hasta diciembre del año 2020, por lo que se entiende que durante toda la relación de trabajo devengó esa cantidad, por tal razón, procede declarar sin lugar dicho reclamo; asimismo la demandante CINTHIA GEORGINA VILLALTA TERCERO, también está reclamando indemnización por el no pago del salario mínimo vigente conforme establece el artículo 39 de la Ley del Salario mínimo que esta indemnización procede cuando el patrono no ha pagado el salario mínimo vigente en el caso de autos, se encuentra acreditado que la demandante devengaba un salario de L. 15,000.00, salario que es superior al salario mínimo vigente razón por la cual no procede dicho reclamo. Por tal razón, no corresponde dicho concepto. Dos: Que los demandantes también reclaman el pago de vacaciones adeudada, décimo tercer adeudado y décimo cuarto mes adeudado y siendo que la demandada no acreditó haberlos pagado, la carga de la prueba le corresponde a la patronal quien debe acreditar que realizó dichos pagos si pretende liberarse del mismo, ya que al trabajador le basta con decir que no se le ha pagado y le corresponde al patrono probar que si lo hizo; en el caso de autos, el patrono no presentó el baucher de pago del décimo tercer mes pendiente y décimo cuarto mes pendiente, así como la autorización de goce de vacaciones o en su defecto el pago de las mismas, en tal razón, procede a condenar a la demandada al pago de vacaciones adeudado, décimo tercer mes adeudado y décimo cuarto mes adeudados. Que en el presente caso la parte demandada interpuso la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN en cuanto al reajuste salarial y otros derechos solicitados, basada en el hecho que "en base al artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo y las demás normativa invocada en la presente excepción: esta judicatura solo podría reconocer el pago de los últimos dos años a partir de la presentación de la demanda, pero no todo el tiempo de la prestación de servicio de voluntariado...", que si bien es cierto, que el artículo 43 del Código del Trabajo establece que el derecho para reclamar los reajustes de salarios mínimos prescriben en el término de dos años, por lo tanto, el derecho para reclamar reajuste de salario mínimo de los últimos dos años del periodo comprendido entre abril del año 2020 a abril del año 2022, procede a declarar con lugar la excepción lo que significa que en aplicación de lo que dispone el artículo 43 de la Ley del Salario mínimo, el derecho para reclamar lo prescriben en dos años, por lo tanto, los demandantes están dentro del término para reclamar el reajuste de salario mínimo de los últimos dos años. Que la demandada interpuso la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA DEL DEMANDANTE, basada en: "es oportuno indicar que los demandantes no son trabajadores de mi representada, pues no tienen un vínculo contractual ni laboral con mi representado a través de COPECO, sino que simplemente realizan una prestación de servicio voluntario a petición de los voluntarios, quienes consecuentemente reciben una cantidad de dinero, no en concepto de salario si no en concepto de reembolso...", que del estudio y las pruebas practicadas se determinó que entre los demandantes y la demandada existió una relación de trabajo, tal como se dejó establecido en el fundamento de derecho numeral cuarto. Por tal razón, este tribunal es del criterio de declararla sin lugar la Excepción Perentoria de Falta de legitimación activa y pasiva, interpuesta por la parte demandada. En el presente juicio, la parte actora reclama pago de costas, con relación a este reclamo este Tribunal considerando que el artículo 8 de la Ley de Optimización de la Administración Pública, establece: DISPOSICIÓN GENERAL "EL ESTADO O SUS AUTORIDADES, EN JUICIO DE CUALQUIER NATURALEZA ESTARÁ EXENTO DEL PAGO DE COSTAS, SALVO QUE SE HAYA ACTUADO CON DOLO..." y en vista de que en el caso que nos ocupa en ningún momento El Estado o sus representantes al ejercitar su derecho de defensa que señala nuestra Constitución de la República ha actuado con dolo (debiéndose en todo caso ser demostrado por la contraparte), y considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, no es procedente una condena en costas en caso de estimarse la presente demanda, ya que conforme a la norma citada, El Estado de Honduras, se encuentra exento del pago de las mismas. Las Municipalidades son órganos descentralizados del Estado. Asimismo, valorando los antecedentes, cabe mencionar que también existe jurisprudencia fijada por la Sala de lo Constitucional en los Recursos de Amparo números: AL85-2017, AC0459-2016. Que a la terminación del contrato de trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales; El derecho a vacaciones, el derecho a décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el derecho a décimo cuarto mes de salarios de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no. En el caso de los autos la parte demandada no probo haber pagado a los demandantes los derechos en forma proporcional razón por la cual procede ordenar su pago; la parte actora también pago de décimo cuarto mes y décimo tercer mes adeudado con relación al reclamo de esos conceptos la demandada no acredito haber pagado esos conceptos por tal razón procede condenar a la demandada al pago de esos conceptos según cálculo de prestaciones que corren a folio 21 al 47 de los autos. Que la ley laboral establece que cuando el patrono no prueba la justificación en que funda el despido debe pagarle al trabajador las indemnizaciones que según el Código de Trabajo le pueden corresponder y a título de daños y perjuicios, los salarios que ha este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procésales del cuerpo de la ley citado debe quedar firme la sentencia condenatoria. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 29 de noviembre del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal demandado. SEGUNDO: Declarando CON LUGAR el recurso de apelación formulado por el Abogado Dennis Alejandro Orellana Reyes, contra la sentencia proferida el veintiocho de septiembre del dos mil veintitrés (28/09/2023) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en la demanda de la referencia; en consecuencia, se REFORMA la misma, en los siguientes términos: UNO. Establecer que el monto de prestaciones a favor del señor Diego Alejandro Villalta Tercero corresponde a los conceptos concedidos por la juez, pero en los valores siguientes: Preaviso: L.31,996.20; Auxilio de Cesantía: L.47,994.30; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.7,554.66; Vacaciones Proporcionales: L.5,036.44; Décimo Tercer mes proporcional: L.4,532.81; Décimo Cuarto mes Proporcional: L.11,389.16; Reajuste al Salario Mínimo: L.221,104.80; Vacaciones Pendientes: L.14,398.29; Décimo Tercer Mes pendiente: L. 27,425.40; Décimo Cuarto Mes pendiente: L.27,425.40. DOS: Fijar como monto total de condena la suma de OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS (L.874,094.57). TERCERO: Se CONFIRMA la sentencia en todos sus demás extremos; es decir, en cuanto a la declaratoria sin lugar de las excepciones de prescripción y de falta de legitimación activa del demandante y la exoneración de costas. CUARTO: SIN COSTAS en esta instancia...". Bajo el criterio que, la parte demandada desconoce la relación laboral alegada por los demandantes e insisten y mantienen como tesis de defensa la existencia de una prestación de servicio de voluntariado con el Estado de Honduras a través de COPECO, que los valores que recibían mensualmente era por reembolso de gastos emergentes ya que el servicio prestado no era para beneficio personal o retribución alguna; al respecto cabe señalar que la Constitución de la República en el artículo 70 párrafo tercero. manda: "Ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, sino en virtud de ley o sentencia fundada en la ley"; de lo anterior el tribunal estima que la posición asumida por la demandada no es atendible, por cuanto el párrafo antes transcrito tiene rango constitucional y no puede ser desconocida, lo anterior con fundamento también en lo dispuesto en los artículos 64 y 128 párrafo primero de la norma constitucional; sumado a lo anterior, el material probatorio incorporado al proceso es de vital importancia, puesto que el juzgador efectúa el análisis y estudio con un procedimiento estructurado a través de operaciones intelectuales, completando el ciclo que inicia con el nacimiento de la ley y culmina con su aplicación, combinando las normas con hechos que logran o no probarse y con consecuencias jurídicas; de lo anterior el Tribunal concluye que, efectivamente entre las partes existió un vínculo de índole laboral, pues una vez reunidos los tres elementos esenciales de que trata el artículo 20 del Código del Trabajo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen; razones por la que también se estima que la excepción de falta de legitimación activa es improcedente, y que la juez acertadamente declaró sin lugar; dado que en materia laboral, cuentan antes y preferentemente las condiciones reales que se hayan presentado, las cuales se superponen a los hechos que consten documentalmente, desde el punto de vista jurídico. Por esta razón, el contrato de trabajo ha sido llamado contrato-realidad, dado que tanto legal como doctrinaria y jurisprudencialmente, se ha aceptado, de forma pacífica, que la relación de trabajo está definida por las circunstancias reales que se den en la práctica, y no lo pactado, aceptado expresamente por las partes. Aun y cuando consta de autos la suscripción de varios documentos que la demandada denominó de "Mi Compromiso con el Voluntariado de Protección Civil en Honduras de COPECO", de su contenido se advierte que los trabajadores cumplían con las obligaciones asignadas y las instrucciones que de manera particular les giraban y la manera precisa de cómo ejecutar la actividad, aspectos de los que se derivan la actividad personal y la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, además de que por tal actividad percibían mensualmente una cantidad a través de transacción bancaria a su cuenta personal, según se constata de la documental que corre a folios del 181 al 189 de la pieza principal, de ahí que concurren los tres elementos esenciales que dan vida al contrato de trabajo y por ende una relación laboral, extremos que con acierto fueron analizados y valorados por la censora, pues concuerdan con las posiciones asumidas desde el inicio de la litis y en la sustanciación del proceso; por ello es oportuno señalar que la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo a fin de establecer línea jurisprudencial ha sostenido que: "en caso de discordia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero; es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia, así como puede proceder de un simple error involuntario, puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en el que el trabajador se encuentre prestando sus servicios, pues siempre deben prevalecer los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídico-formales." (Recurso de Casación Números 232-12 y 468-12). La inconformidad expresada por la parte actora contra la sentencia proferida en la primera instancia, consiste en el señalamiento de que el cálculo de la condena debe ser modificado, puesto que respecto al señor Diego Alejandro Villalta Tercero se tomó una antigüedad laboral que no corresponde (10/11/2020), siendo lo correcto desde el 11 de noviembre del 2018, revisado que fue el expediente, se corrobora que efectivamente hay un error material en la consignación de la fecha de inicio, aspecto que debe ser corregido a través de este recurso, en cuyo caso deben concederse los valores solicitados en la demanda a favor del citado trabajador, pues aunque el apoderado actor apelante pretende un valor superior a este, el Tribunal de Alzada no cuenta con la facultad de decidir extra y ultra petita. En concordancia con los razonamientos que contiene el presente fallo y dada la personalidad del recurso de apelación, se estima procedente reformar la sentencia recurrida. 5.- Mediante auto de fecha 08 de abril del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RAÚL STEED HERNANDEZ MEJIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 06 de junio del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado RAÚL STEED HERNANDEZ MEJIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 05 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 08 de enero del 2025, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. Que el Abogado RAUL STEEN HERNANDEZ MEJIA en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad Quem aplicó la norma pertinente, pero en forma incompleta. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el artículo 20 del Código de Trabajo se interpreta de forma errónea, tomando en cuenta que los documentos denominados "Mi Compromiso con el Voluntariado en Honduras de Copeco" son denominados como contratos de Trabajo, cuando en la realidad solamente nacen dichos documentos como parte de las emergencias relativas al covid y en favor de grupos vulnerables en ese momento, lo que en ningún momento se cumplen los tres elementos del artículo 20 del código de trabajo, para que exista contrato de trabajo. A su vez, en el artículo 70 de la Constitución de la Republica, se interpreta que existió un servicio personal, no obstante, en la realidad solo existió un proceso de colaboración o voluntariado que está regido por la Ley del voluntariado con el PCM 177-2011. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a Secretaria de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) al pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales, aplicando la norma pertinente pero en forma incompleta, El tribunal sentenciador confirma la sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara con lugar la demanda, condenando a Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO) al pago de las prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales, interpretando erróneamente la norma que autoriza tal pretensión, Se produce así la infracción directa de la ley sustantiva”.III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) en la explicación no se demuestra el error evidente y manifiesto; y, b) en el desarrollo se realizan alegatos de instancia inoportunos en este recurso extraordinario. Además, el concepto de “norma incompleta” no procede en casación, en virtud que los elementos probatorios resultan ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al reformar únicamente cuantitativamente el fallo de primera instancia y confirmando la esencia del fallo, observándose que se realizó el análisis y valoración del material probatorio relacionado en su conjunto, resolviendo conforme a la libre formación de su convencimiento y a los principios que rigen esta materia social. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de enero del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de noviembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL42-24. FIRMA Y SELLO
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -