Sentencia CL-410-23 — Registro 19617
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de las indemnizaciones laborales que le corresponden en virtud de despido verbal, pago a título de daños y perjuicios las sumas que se le adeudan por devengar un salario inferior al mínimo establecido en la Ley del Estatuto del Medico Empleado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades, sino que se invoca la falta de apreciación de unos contratos, que en su concepto presentan irregularidades en su contenido y alteraciones en sus estipulaciones en marco de la ley de empleo por hora ; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) en la formulación del cargo hace referencia al error de derecho de la norma que considera infringida, sin embargo en su explicación incluye error de hecho lo que vuelve confuso y contradictorio, todo ello hace inadmisible dicho motivo. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de marzo del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 17 de enero del 2024, por el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor RONY MANUEL VARELA CASTELLANOS, representado en juicio por el Abogado JACOBO BAUTISTA PACHECO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para el pago de las indemnizaciones laborales que le corresponden en virtud de despido verbal, pago a título de daños y perjuicios las sumas que se le adeudan por devengar un salario inferior al mínimo establecido en la Ley del Estatuto del Medico Empleado, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 08 de septiembre del 2022 por el señor RONY MANUEL VARELA CASTELLANO, mayor de edad, soltero, Doctor en Medicina y Cirugía, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su Alcalde Municipal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de agosto del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 05 de junio del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos proporcionales y adeudados, ajuste de salario mínimo conforme el estatuto del médico empleado, los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, promovida por el señor RONY MANUEL VARELA CASTELLANOS, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante Legal el señor ROBERTO CONTRERAS, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: SEGUNDO: CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante Legal el señor ROBERTO CONTRERAS, a pagarle al demandante RONY MANUEL VARELA CASTELLANOS, la cantidad NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 946,834.74) DESGLOSADA ASI: PREAVISO: L. 54,833.10; CESANTIA: L. 54,833.10; CESANTIA PROPORCIONAL: L. 54,223.84; VACACIONES PROPORCIONALES: L. 21,689.54; AGUINALDO PROPORCIONAL: L. 15,666.60; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L. 39,166.50; REAJUSTE DE SALARIO CONFORME ESTATUTO MEDICO EMPLEADO: L.568,556.12; VACACIONES PENDIENTES periodo 2020-2021, L. 43,866.48; TRECEAVO MES AÑO, L. 46,999.73, décimo cuarto mes año 2021, L. 46,999.73; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por las demandantes desde la fecha de la terminación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la presente sentencia definitiva.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante, expreso en el escrito de su acción que, comenzó a laborar en la Municipalidad de San Pedro Sula el 05 de mayo del 2020, como Médico de Guardia Nocturno devengando un sueldo mensual de L. 20,135.40, y fue despedido verbalmente junto con otros colegas Médicos por la Doctora Ana Garrigó en su condición de Directora del Asilo de Ancianos Perpetuo Socorro de la ciudad de San Pedro Sula, lugar al que estaba asignado al momento del despido el 30 de abril del año 2022, se le notifico por medio de un mensaje de WhatsApp por parte de la Doctora Ana Garrigó que textualmente dice: “disculpas las molestia, pero me comunican de desarrollo humano que tienen que presentarse a las oficinas de ellos. Y que solo verbal se les notifica el cese de su contrato”. De igual forma el demandante se presentó ese mismo día 30 de abril a las oficinas del Dr. Corea quien le ratifico que era cierto lo señalado por la Doctora y que efectivamente a partir de ese día quedaba cesado del trabajo como Medico dependiente de la Municipalidad de San Pedro Sula. En virtud del referido despido verbal el demandante se persono a las oficinas de la Sección Judicial del Trabajo de la ciudad de San Pedro Sula a efecto de que se citara al representante legal de la municipalidad señalándose la audiencia respectiva, a la cual no asistió ningún representante, por lo cual se les cito nuevamente a través del Departamento de Recursos Humanos a la cual se presentó el representante legal de la demandada, el Abogado José Cruz Domínguez, quien delego poder al Abogado Servio Tulio Melara Mejía y quien en acta levantada en ese mismo día al cedérsele la palabra declaró que: “se desconoce que el trabajador Rony Valera Castellanos haya trabajado para mi representada por lo que se desconoce que haya sido despedido, y que solicita se declare sin lugar la situación”, todo ello en contradicción con el mensaje que se le envió por WhatsApp la Doctora Ana Garrigó y reafirmado por el Dr. Corea del Departamento de Derechos Humanos el cese de su contrato, posteriormente realizo la gestión ante la misma autoridad competente del trabajo el 18 de julio del 2022 a efecto que se le extendiera las actas autenticadas en la cual las recibió el 26 de julio del mismo año y acreditar así que agoto el tramite gubernamental como requisito para interponer dicha demanda. También señalo que desde que inicio a laborar como médico con la municipalidad firmo varios contratos por hora aproximadamente unos seis a siete contratos de los cuales nunca se le entregó copia la cual se le deducía en la misma forma mensual la suma de L.349.07 como cotización al IHSS. Por último, hace mención que la municipalidad le pagaba una suma inferior a lo establecido en el Estatuto del Medico Empleado, en relación con el artículo 10 del decreto 220 del 2023 que contiene la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, debiendo devengar la suma de Lps. 46,999.73 mensuales y puesto que la jornada laboral era nocturna, su salario debió tener recargo mensual del 25% sobre el salario base diurno mensual al tenor de lo dispuesto en el artículo 37 del Estatuto del Medico Empleado en relación con los artículos 36 del Decreto 103 que regula la Ley de Salario Mínimo, 39 y 44 de la misma ley; que con las disposiciones que ha relacionado el demandante lo facultan para que pueda cobrar retroactivamente los ajustes del salario mínimo e indemnización que le corresponde en virtud del injusto despido del que fue objeto. 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda señalando que, no ha despedido al demandante sino que simplemente los contratos bajo modalidad de empleo por hora ya finalizaron, y habiéndose convenido en la cláusula séptima de dichos contratos como lo ordena la Ley de Empleo por Hora, cláusula que literalmente dice: “Clausula Séptima: el empleador conviene pagar al trabajador el salario base más una compensación no habitual equivalente al veinte por ciento sobre el salario base por hora, detallado de la siguiente manera: el 16% equivalente al pago del treceavo y catorceavo mes de salario y el 4% equivalente al pago de auxilio de cesantía, esta compensación no habitual será pagada en la misma fecha y frecuencia y modalidades en que se pague el salario base y la misma no constituye salario”. Por lo que se deberá dar estricto cumplimiento a dicha Ley. En cuanto a lo manifestado por la parte demandante, se deja claro que la demandada es una entidad respetuosa de las leyes y garante de los derechos de cada uno de los trabajadores. Como de igual forma la municipalidad expresa que ha registrado los contratos firmados con el demandante, bajo la modalidad de Empleo por Hora, en los que se encuentran registrados en la Oficina Regional del Ministerio del Trabajo, mismos que fueron con una duración de tiempo determinado para cada uno, por lo que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Empleo por Hora en su párrafo final en el que expresa: “Que la fecha de determinación del servicio contratado forzosamente le pone termino a la relación de trabajo contratada sin responsabilidad laboral alguna para las partes, entendiéndose que no cabe reclamo por el pago de décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones, salarios adeudados, horas extras, salarios caídos”. Que el demandante narra los hechos a su conveniencia, si bien es cierto que en fecha 30 de abril del año 2022 cuando finalizo el contrato por hora y por tiempo limitado, no se le pagaron prestaciones como consecuencia de dicha finalización del plazo, no es menos cierto que durante toda la relación laboral por hora y por tiempo limitado se le pago al demandante un salario base, más los derechos adquiridos que corresponden al décimo tercer y décimo cuarto mes de salario equivalente a un 16% sobre el salario base convenido, más una compensación no habitual equivalente al 4% sobre el salario base convenido, valor que equivale al pago de auxilio de cesantía, por la contraprestación de sus servicios, los cuales recibió durante toda la relación laboral a su entera satisfacción, por lo que no se podría establecer una doble imposición o pago duplo por el mismo concepto, más aun y cuando se trata de las arcas del Municipio de San Pedro Sula. En virtud que los fondos que se administran son públicos puesto que son ingresos de los contribuyentes y duplicar un pago es motivo de reparo por el Tribunal Superior de Cuentas y así mismo acarrea responsabilidad civil y penal. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 05 de junio del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos proporcionales y adeudados, ajuste de salario mínimo conforme el estatuto del médico empleado, los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, promovida por el señor RONY MANUEL VARELA CASTELLANOS, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante Legal el señor ROBERTO CONTRERAS, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: SEGUNDO: CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante Legal el señor ROBERTO CONTRERAS, a pagarle al demandante RONY MANUEL VARELA CASTELLANOS, la cantidad NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 946,834.74) DESGLOSADA ASI: PREAVISO: L. 54,833.10; CESANTIA: L. 54,833.10; CESANTIA PROPORCIONAL: L. 54,223.84; VACACIONES PROPORCIONALES: L. 21,689.54; AGUINALDO PROPORCIONAL: L. 15,666.60; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL: L. 39,166.50; REAJUSTE DE SALARIO CONFORME ESTATUTO MEDICO EMPLEADO: L.568,556.12; VACACIONES PENDIENTES periodo 2020-2021, L. 43,866.48; TRECEAVO MES AÑO, L. 46,999.73, décimo cuarto mes año 2021, L. 46,999.73; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por las demandantes desde la fecha de la terminación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la presente sentencia definitiva.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, según la Ley de Empleo por hora en su artículo 5 establece que se prohíbe a las unidades productivas o de servicios que contraten trabajadores dentro del marco de esta Ley, no pueden efectuar reducciones de personal asalariados permanente salvo las justas causas de despido, renuncia o terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo. Respecto a las contrataciones de empleo por hora, la Sala laboral de la Corte Suprema de Justicia en los expedientes: CL-447; CL-47-18; CL-109-19 sostuvo: “si bien es cierto que la emisión de la Ley del Empleo por Hora, es factible la contratación del trabajador por horas y medias jornadas o tiempo parcial, permitiendo el pago de su salario conforme un salario base no inferior al salario mínimo por hora, más un recargo del 20%, sin embargo la misma también impone la obligación del patrono o empleador que se sujeta a ese régimen especial, de inscribirse previamente en la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, como registrar los contratos que celebren bajo el modelo establecido”; “Que en este tipo de asuntos cabe recordar que por el principio pro homine, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo define expresando que “en materia de reconocimiento de derechos, se debe estar a la norma más amplia y a la interpretación más extensiva e inversamente, a la norma y a la interpretación más restringida en materia de limitación de derechos”, por ello se debe acoger la vía más favorable a la tutela judicial efectiva, porque siendo que la Ley de Empleo por Hora contiene disposiciones que limitan algunos de los derechos de los Trabajadores, su aplicación es excepcional y limitada, por otro lado, presupone que los patronos o empleadores que se acojan a la misma, cumplan a cabalidad todas y cada una de las obligaciones que dicho ordenamiento les impone, ya que de lo contrario, los contratos de trabajo que se celebren se deben regir por el Código del Trabajo y demás normas laborales”; criterio vinculante en el presente caso al tenor de lo dispuesto en el artículo 18 y 764 párrafo primero del Código del Trabajo. No obstante que al juicio se incorporaron los contratos suscritos por ambas partes, denominados de empleo por hora, de la lectura de estos consta que la actividad que realizaban aún subsiste dentro de la demandada, tanto es así que la ejecutaban en una jornada completa, sin que conste de autos de calificación de la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social por medio del cual se autorice a la accionada para contratar en una jornada completa como lo imponía el articulo 3 párrafo antepenúltimo de la Ley Empleo por Hora, por otra parte, de los documentos visibles a folios 100 al 111 y 114 al 117 de los autos, aunque estén registrados, no se cumplió con los requisitos de la Ley Empleo por Hora, por lo que se considera que la contratación se enmarca en lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo y por cuya razón, goza de la estabilidad laboral protegida Constitucionalmente en el artículo 129. Y siendo que los contratos suscritos por la demandada no cumplían con las formalidades que establece la Ley de Empleo por Hora y sin invocar justa causa para hacerlo, el despido resulta ilegal e injusto, razón por la cual procede condenar a la demandada al resarcimiento de daños, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de determinación de la relación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la presente sentencia definitiva. Que la ley laboral establece que cuando el patrono no prueba la justificación en que funda el Código de Trabajo le pueden corresponder y a título de daños y perjuicios, los salarios que ha este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del cuerpo de la ley citado debe quedar firme la sentencia condenatoria. Al desconocerse que la contratación estuvo bajo la égida de la Ley de Empleo por Hora, no es posible estimar pagada la cesantía y los conceptos de décimo tercer y décimo cuarto mes de salario por las siguientes razones: a) la cesantía no se efectuó conforme el decreto 150-2008 sino en base a una ley inaplicable; b) el décimo tercer y décimo cuarto mes de salario han sido instituidos como una forma de compensación social, es decir, buscan equilibrar los efectos del alto costo de la vida incrementando los ingresos de los trabajadores; y en cuanto al décimo tercer mes, el mismo se paga en concepto de aguinaldo, es decir como una gratificación aportada en época navideña, para que en esas fechas los y las trabajadoras puedan contar con un ingreso mayor que les permita afrontar los gastos propios de la temporada; de manera que si tales derechos se pagan en cuotas quincenales o mensuales a lo largo del año, dichas retribuciones no estarían cumpliendo los propósitos para los que han sido instituidas. En el caso de autos el trabajador reclama pago de décimo tercer mes y décimo cuarto mes, y siendo que la demandada aunque haya establecido en los contratos celebrados que pagaría un porcentaje dicho conceptos, en la práctica no lo hizo, prueba de ello es que no aparece reflejado en los recibos de pago de salario realizado al demandante, como tampoco acredito en autos que le otorgara vacaciones al demandante, según disponía la ley especial; por lo que este Tribunal considera procedente condenar a la demandada al pago de esos conceptos por todo el tiempo que duro la relación laboral. De acuerdo a la Ley del Estatuto del Medico Empleado de Honduras, el sueldo o salario mínimo es aplicable a todos las instituciones del estado así como a la empresa privada; y según informe dado por el Colegio Médico de Honduras, para el año 2020 y 2021, el sueldo base inicial de un médico general era de L. 43,190.34, en el año 2022, el nuevo salario de L. 46,999.73; (folio 56 de los autos); en ese sentido, y siendo que el nexo jurídico laboral inició en el mes de mayo del año 2020, y durante duro la relación laboral el demandante devengaba la cantidad de L. 20,135.40, cantidad que es inferior al salario base que debió haber devengado en los años 2020 y 2021, la cantidad L.43,190.34, resultando una diferencia de L. 23,054.94, por mes, que multiplicado por 20 meses (de mayo 2020 hasta diciembre del año 2021) resulta un reajuste por la cantidad de L. 461,098.80, a más reajuste año 2022, el salario base en el año 2022, 46,999.73, el demandante devengaba la cantidad de L. 20,135.40, resulta una diferencia de L. 26,864.33, que multiplicado por los meses laborados en el año 2022, resulta un reajuste por la cantidad de L. 107,457.32, razón por la cual precede condenar a la demandada a pagar reajuste de salario mayo del año 2020 hasta al 30 de abril del año 2022, resulto un total de reajuste de salario de L. 568,556.12; para efectos del cálculo de prestaciones se toma como base el salario promedio que resulta de sumar los últimos seis meses de salario L.46,999.73. Que el Código del Trabajo constituye un conjunto de normas jurídicas de orden público que regulan las relaciones entre capital y el trabajo colocándolas sobre la base de una justicia social a fin de garantizar al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal y al capital una compensación equitativa de su inversión. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 28 de agosto del 2023, dicto sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas, bajo el criterio que, el impetrante esgrime como agravios que el vínculo laboral entre las partes se encontraba regido por la modalidad de empleo por hora y por tiempo determinada; de lo antes argumentado este Tribunal de Alzada, considera oportuno señalar que la Ley de Empleo por Hora, fue creada para fomentar el empleo digno, mantener los puestos de trabajo, evitar el crecimiento de los índices de desempleo y subempleo en el país; así las cosas al valorar el elenco probatorio allegado al proceso quedo probado con los contratos de trabajo y con la constancia extendida por el Coordinador de Empleo por Hora el 24 de junio del 2022, lo siguiente: a) Que el accionante mantuvo una relación de trabajo con la accionada, b) Que la contratación se dio bajo modalidad de empleo por hora y por tiempo limitado; y, c) Que la municipalidad de San Pedro Sula, se encuentra registrada bajo empleo por hora, con número de registro 0944, en la que se consigna la fecha de inicio y finalización de cada contrato, mas no la fecha de registro. Por otra parte, al leer detenidamente los contratos de trabajo, se estableció que la jornada para lo cual fue contratado el actor, era para laborar en jornada nocturna, siendo constatado con el medio de prueba denominado reconocimiento judicial en la cual se hace constar que la jornada de trabajo del actor era de doce horas, razón por la cual, deja de ser un contrato de empleo por hora y se debe regir por las disposiciones que imperativamente contiene la Ley del Estatuto del Medico Empleado; en consecuencia, con base en los principios de primacía de la realidad, irrenunciabilidad de derecho, progresividad y no regresividad y al tenor del contenido de los artículos 128 párrafo primero de la Constitución de la Republica, 3 y 18 del Código de Trabajo, no puede estimarse que resulte aplicable la Ley de Empleo por Hora como sustento del vínculo laboral existente, puesto que dentro de las modalidades y formas de contratación contempladas en el artículo 3 de tal normativa, está “por tiempo limitado” y que la jornada mínima por la cual se puede contratar es de tres horas diarias; tal disposición es contraria a la misma ley y a los derechos de los trabajadores, de ahí que no es posible desmejorar sus condiciones de trabajo. Habiéndose quedado claramente establecido que la relación de trabajo no se encuentra regida por la Ley de Empleo por Hora, sino conforme a las directrices del Código de Trabajo, contenidas en los artículos 47 y 52, el argumento del recurrente en cuanto a que no hubo despido sino terminación del contrato suscrito no es procedente, dado que lo que se configuró es una cese unilateral de la relación laboral, sin causa justificada, por tanto el despido se encuentra al margen de ley, por ser obvio que se trata de un contrato de trabajo por tiempo indefinido y ante la terminación injustificada del mismo por parte del patrono, es procedente la condena al pago de las indemnizaciones y derechos reclamados por el demandante, que incluye el reajuste de salarios por estar acreditado que es un profesional de la medicina debidamente colegiado y en pleno goce del ejercicio profesional. Por los argumentos antes expuestos es procedente desestimar los agravios esgrimidos por el impetrante, declarar sin lugar recurso de apelación en consecuencia con fundamento a lo que preceptúa el art. 705 del CPC, norma aplicada supletoriamente a las normas laborales, es procedente confirmar el fallo definitivo en todos y cada uno de sus extremos por encontrarse dictado conforme a derecho. 5.- Mediante auto de fecha 09 de noviembre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada XIOMARA ARGENTINA RAPALO BENITEZ, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 17 de enero del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 04 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de julio del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JACOBO BAUTISTA PACHECO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado OMAR YOVANNI AMADOR ZUNIGA, en su primer y único motivo de casación alega: “ Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por Falta de apreciación de determinada prueba habiendo incurrido el juzgador en un error de derecho ya que el Juez ad quem no aprecio ni le dio valor probatorio al medio probatorio denominado documental consistente en las copias de los contratos de empleo por hora firmados por el demandante con mi representada, cuando del mismo si se aprecia la veracidad de los hechos que puso fin a la relación laboral de mi representada con el ahora demandante. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: En el fallo o parte dispositiva de la Sentencia Recurrida, la Corte Sentenciadora, ordena a la Municipalidad de San Pedro Sula al pago de Prestaciones Sociales y demás indemnizaciones laborales solicitadas, a excepción de las costas del presente juicio a la parte demandante, pero el tribunal Ad Quem ante una Falta de apreciación de determinada prueba habiendo incurrido el juzgado en un error de derecho ya que no aprecio una prueba Documental que era fundamental para la aclaración de los hechos que motivaron el despido del ahora demandante: La terminación de la Relación del trabajo de mi representada con la ahora demandante si fue apegado a derecho ya que efectivamente el ahora demandante ya que los contratos de prestación de servicios por hora suscritos entre mi Representada y las ahora demandantes mismos que fueron Registrados en tiempo y forma ante las Autoridades del Ministerio del Trabajo, habiéndose convenido en la Cláusula Octava de dicho contratos tal como lo ordena la Ley de Empleo por Hora, cláusula que literalmente dice: “CLAUSULA OCTAVA: EL EMPLEADOR CONVIENE EN PAGAR AL TRABAJADOR EL SALARIO BASE MAS UNA COMPENSACION NO HABITUAL EQUIVALENTE AL VEINTE POR CIENTO SOBRE EL SALARIO BASE DE LPS 8.33 POR HORA, DETALLADO EN LA SIGUIENTE MANERA: EL 16% EQUIVALENTE AL PAGO DEL TRECEAVO Y CATORCEAVO MES DE SALARIO Y EL 4% EQUIVALENTE AL PAGO DE AUXILIO DE CESANTIA.- ESTA COMPENSACION NO HABITUAL SERA PAGADA EN LA MISMA FECHA Y FRECUENCIA Y MODALIDADES EN QUE SE PAGUE EL SALARIO BASE Y LA MISMA NO CONSTITUYE SALARIO”, así como la Cláusula decima que literalmente dice: CLAUSULA DECIMA: QUE ENTENDIDO QUE LA FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO CONTRATADO PONE TERMINO A LA RELACION DE TRABAJO SIN RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES”. Como podrá ver Honorable Sala de lo Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia lo que el ahora demandante pretenden con su demanda en un doble pago de Prestaciones Sociales y demás indemnizaciones es totalmente improcedente, porque como se explicó dichos pagos mi representada ya los hizo y ahora se le condena al pago nuevamente de los valores reclamados que como desprende de los mismos contratos dichos valores como ser treceavo y catorceavo mes de salario así como el auxilio de cesantía fueron pagadas a la ahora demandante en forma mensual con LA COMPENSACION NO HABITUAL DEL 20% SOBRE EL SALARIO, lo que se puede apreciar con los Contratos suscritos con la ahora demandante de ese valor el 16% es para el pago del treceavo y catorceavo mes de salario y el 4% para el pago de auxilio de cesantía, CANTIDADES ESTAS QUE ERAN PAGADAS JUNTO A SU SALARIO BASE.- es importante señalar que mi representada si ha cumplido con todas y cada una de las Disposiciones emanadas de la ley Empleo por hora, especialmente lo que señala el artículo 6 en cuanto a la forma de REMUNERACION A LOS TRABAJADORES, por lo que no valorar lo estipulado en este medio de prueba que consiste en los Contratos suscritos con el ahora demandante produce así la infracción directa de la ley sustantiva por falta de apreciación de la prueba incurriendo en error de hecho, situación está que lleva al convencimiento de la legalidad de mi Representada para terminar la Relación laboral como el ahora demandante. Esta falta de apreciación por parte de la Corte Sentenciadora, de la prueba constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparecen en los autos, no fue valorada ya que el tribunal ad quem no valoro nada de dichos medios probatorios por el hecho de haber dado valor a un medio de prueba, olvidándose de todos los medios probatorios aportados al juicio por mi representada y con lo que se logró probar la legalidad en la finalización de la relación de trabajo con el ahora demandante y que era parte del objeto del debate en el presente juicio”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades, sino que se invoca la falta de apreciación de unos contratos, que en su concepto presentan irregularidades en su contenido y alteraciones en sus estipulaciones en marco de la ley de empleo por hora ; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica correctamente el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) en la formulación del cargo hace referencia al error de derecho de la norma que considera infringida, sin embargo en su explicación incluye error de hecho lo que vuelve confuso y contradictorio, todo ello hace inadmisible dicho motivo. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del dos mil veinticinco. FIRMA Y SELLO.
RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO,
RECEPTORA ADSCRITA.