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Sentencia CL-400-23 — Registro 20017

Resumen

Segunda instancia reformó el fallo declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo, ilegal e injustificado, consistente en: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, reajuste de salario mínimo, vacaciones pendientes, aguinaldo pendiente, décimo cuarto mes pendiente, y en concepto de daños y perjuicio el pago de salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que quede firme la sentencia definitiva.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial."...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de exhaustividad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código procesal Civil. VII. Que la Tutela judicial que tiene que tener el Ad Quem es en base a resolver las pretensiones planteadas conforme a derecho, en el presente caso Aunado a lo anterior, esta Sala considera importante resaltar una falta de exhaustividad en cuanto a lo vertido en el juicio por las partes. Ello debido a que, la prescripción planteada por la parte demandada no fue resuelta ya que los trabajadores alegan que el despido verbal ocurrió el 26 de enero del año 2022, acudiendo a las oficinas de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social el 24 de marzo del mismo año para solicitar los servicios de un Inspector del Trabajo y constatar el despido, transcurriendo el termino legal establecido para tal acción establecido en el artículo 865 del Código del Trabajo y no suspende la prescripción tal acción solo cuando se solicitan las audiencias de conciliación entre las partes, debiendo al Ad quem dar respuesta a cada pretensión planteadas por las partes"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 703 1) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de octubre del dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 16 de enero del 2024, por la Abogada ANA CAROLINA LEIVA MATUTE, en su condición de representante procesal de los señores CRISTIAN MARIEL PINEDA LEIVA y JOSE ELMER PAZ HERNANDEZ; y en fecha 26 de abril del 2024, por el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrentes/recurridos respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales en virtud de despido directo, ilegal e injustificado, consistente en: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, reajuste de salario mínimo, vacaciones pendientes, aguinaldo pendiente, décimo cuarto mes pendiente, y en concepto de daños y perjuicio el pago de salarios dejados de percibir desde el momento del despido hasta que quede firme la sentencia definitiva, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, en fecha 17 de junio del 2022, por la Abogada ANA CAROLINA LEIVA MATUTE, en su condición de representante procesal de los señores CRISTIAN MARIEL PINEDA LEIVA y JOSE ELMER PAZ HERNANDEZ, ambos mayores de edad, solteros, hondureños, y con domicilio en el Municipio de Arada, Departamento de Santa Barbara, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS). Los recursos de casación se interpusieron en contra de la sentencia de fecha 29 de agosto del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto, por parte del representante del Estado y demandado. - SEGUNDO: Enmienda el numeral primero de la parte dispositiva de la sentencia de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), la que deberá entenderse de la siguiente manera: Primero: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓNES LABORALES promovida por los señores CRISTIAN MARIEL PINEDA LEIVA Y JOSÉ ELMER PAZ HERNÁNDEZ contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), por medio del Procurador General de la Republica representada a través de la procuraduría general de la república del estado de honduras. TERCERO: Enmienda el numeral segundo de la parte dispositiva de la sentencia de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), la que deberá entenderse de la siguiente manera: Segundo: Condena a la parte demandada a pagarle a los trabajadores señores CRISTIAN MARIEL PINEDA LEIVA Y JOSÉ ELMER PAZ HERNÁNDEZ, DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (L. 210,518.93); cantidades que se desglosan de la siguiente manera: al señor PINEDA LEIVA, la cantidad de CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L. 122,868.92); y al señor PAZ HERNÁNDEZ la suma de OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON UN CENTAVO (L. 87,650.01); lo anterior por los conceptos ya desglosados y expresados en el acápite octavo de la presente sentencia en esta segunda instancia; y, subsecuentemente se le condena a la parte demandada a pagar a favor de la parte demandante en concepto de indemnización a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que con sujeción a las normas laborales quede firme la sentencia condenatoria. CUARTO: Se exime del pago de costas en segunda instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante, expreso en el escrito de su acción que, iniciaron la relación laboral con la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) de la siguiente manera: Cristian Mariel Pineda Leiva, el 15 de marzo de 2014, en el cargo de Coordinador de guía, devengando al inicio un salario mensual de L.6,000.00 y los últimos 8 meses de salario con un salario de L. 8,000.00; y, José Elmer Paz Hernández, el 08 de enero del año 2016 con un salario mensual de L.4,000.00 y los últimos 8 meses de salario con un salario de L.5,000.00 al mes, como Guía de Familia, ambos del programa Vida Mejor, con un horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. jornada que muchas veces se ampliaba dependiendo de las órdenes de su superior, aparte de ello, trabajaban los fines de semana en horario corrido y sin hora de salida, actividades que eran realizadas en el Municipio de La Arada, Departamento de Santa Barbara. Relación iniciada mediante un contrato por escrito mismo que se encuentra en poder de la SEDIS, con la observación que a los demandantes no se les otorgó copia del mismo. Por lo tanto en ese entonces el programa Vida Mejor estaba bajo la Supervisión Departamental del señor Prisciliano Castellón Amaya, entre las funciones a desempeñar de los hoy demandantes era desarrollar programas y proyectos derivados del programa Vida Mejor, en el área de trabajo social en atención a las necesidades básicas en los kínderes, escuelas, colegios, hospitales, centros de salud, iglesias, juntas directivas de barrios y colonias, Alcaldías, Patronatos, limpieza de vías públicas, y otros. En fecha 26 de enero del 2022 los demandantes fueron despedidos verbalmente, por el señor Prisciliano Castellón Amaya, por instrucciones de su superior, situación por la que en fecha 24 de marzo del 2022, los demandantes solicitaron ante la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Barbara, los servicios de un Inspector para constatar sobre su despido, quien citó en legal y debida forma al señor Supervisor Departamental del programa Vida mejor, para que compareciera en fecha 28 de marzo del 2022 quien acudió a la citación en el día y hora señalado, ratificando la situación laboral y confirmación del despido verbal de los demandantes, quedando establecido en acta realizada por el Inspector del Trabajo de la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social de la ciudad de Santa Barbara. Que los demandantes fueron objeto de despido injustificado, por el cual no se les hizo entrega de la constancia que justificara su despido en base al artículo 112 y 117 del Código del Trabajo. Que habiendo iniciado trámite Administrativo Laboral para agotar la vía administrativa, citando en legal y debida forma a la parte demandada para el 18 de abril del año 2022 y así llegar a un arreglo conciliatorio, a la cual no compareció ningún representante del Estado de Honduras, dando por finalizadas las diligencias administrativas y por ende quedando agotada la vía administrativa. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDUIRAS, contestó dicha demanda señalando que, en ningún momento y bajo ninguna modalidad los demandantes sostuvieron una relación laboral con la SEDIS, ya que lo que existió entre ellos fue un convenio de cooperación para el acompañamiento temático, con la metodología de mejores familias, que rectoraba la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social; proyectos orientados a la reducción de la pobreza, creada mediante Decreto 107-2010 misma de donde se desprende el tipo de acción que ejercieron los demandantes y que no está comprendida dentro de la estructura administrativa de personal permanente de la institución, ya que, esas funciones estaban comprendidas dentro del Convenio de Prestación de Servicios como compromiso adquirido por un ciudadano beneficiario de la Ley, para la prestación de un servicio por tiempo determinado, a cambio de un ingreso complementario como compensación económica, sin considerarse como salario. En cuanto a lo manifestado por los demandantes en referencia al salario devengado y horarios en los que se prestaban los servicios, el representante del estado afirma que se deberán probar tales aseveraciones ya que deben fundarse en hechos reales y concretos. Asimismo, la demandada expresa que la SEDIS, fue suprimida mediante el Decreto Ejecutivo 05-2022 mediante publicación en el Diario Oficial la Gaceta, en fecha 06 de abril del 2022, donde el artículo número 21 establece: "Suprimir las Secretarías de Estado, Gabinetes Especiales y Gabinetes Sectoriales que a continuación se describen: …15) Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social… los Secretarios de Estado, Comisionados y Directores de Entes Desconcentrados deben proceder dentro de los próximos treinta (30) días, a realizar la organización y estructuración de cada despacho en cada una de sus dependencias...", razón por la cual es completamente improcedente tal pretensión, debido a que dicha Secretaría de Estado se encuentra extinta, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ejecutivo antes mencionado. En consonancia con los objetivos uno y tres del Plan de Nación de período 2010-2022, es pertinente resaltar, que fue de urgencia nacional atender las carencias de estructura básica y resolver los problemas medio-ambientales en las zonas rurales y urbanas más empobrecidas delpaís, que históricamente ha sido excluido de la atención del Estado, en ese sentido se originó la presente relación mediante un CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA ELACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO, que tiene como objetivo primordial, establecer las condiciones mediante las cuales las partes normarán su relación para la implementación de la metodología de Mejores Familias a través de la Conformación de Unidades Operativas de Campo, como el eje ejecutivo transversal a los programas y proyectos derivados del Programa Vida Mejor, así como impulsar la generación de ingresos complementarios y el acompañamiento de los ejes temáticos a los participantes del programa. En ese orden de ideas, atendiendo la naturaleza jurídica de la parte demandada (Gobierno Central) y aplicando lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, a los demandantes no le son aplicables las disposiciones del Código del Trabajo, siendo aplicables al caso de mérito, lo establecido en el Convenio de Cooperación para el Acompañamiento y Fortalecimiento, razón por la que considerando las necesidades de la parte demandada, se benefició a los ahora demandantes mediante el referido convenio, en aplicación estricta de las cláusulas pactadas en el mismo. Asimismo, el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que casos como el que nos ocupa será conocido por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dispone: "La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los Poderes del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado b)... c)... ch... d)...", es por ello que este Juzgado no es competente para conocer de la presente demanda, pues tal como se desprende de los artículos antes relacionados, la competencia en el presente caso le corresponde al Juzgado de lo Contencioso Administrativo y no al Juzgado del Trabajo. Es evidente que la supuesta relación contractual que inoportunamente pretende hacer valer la parte actora, a todas luces carece de los tres elementos esenciales para que exista un contrato de trabajo, sea temporal o permanente, tal como lo exige la misma normativa invocada por la parte demandante (artículo 20 del Código de Trabajo), en virtud que en ningún momento y bajo ninguna modalidad el Estado de Honduras sostuvo una relación contractual, mucho menos laboral con los demandantes, por el contrario, siendo la extinta Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) un ente llamado a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de desarrollo e inclusión social, de reducción de la pobreza; así como de la planificación, administración, ejecución de los programas y proyectos que se derivan de esas políticas y los que vayan dirigidos a grupos vulnerables y los orientados a la niñez, juventud, pueblos indígenas y afro hondureños, discapacitados, personas con necesidades especiales y adultos mayores, creada mediante Decreto Legislativo 266-2013. Cabe agregar que acuerdo con el artículo 15 de la Ley General de la Administración Pública y el Decreto Ejecutivo PCM 001-2014, se crea el Gabinete Sectorial de Desarrollo e inclusión Social, que en su numeral 9 se integra el Programa Vida Mejor; de donde se desprende que el tipo de acción que ejercieron los demandantes no está comprendida dentro de la estructura administrativa del personal permanente de la institución, pues dichas funciones están comprendidas en el Decreto Legislativo 107-2010 de la Ley de Ingresos Complementarios en zonas rurales y urbano marginales, dentro del Convenio de Cooperación para el Acompañamiento y Fortalecimiento como compromiso adquirido por un ciudadano beneficiario de la Ley, para la prestación de una cooperación voluntaria por tiempo determinado, a cambio de un beneficio complementario como compensación económica que reciben las personas que ejecutan o realizan las actividades de los proyectos, sin considerarse como salario como pretenden hacer ver al Juzgador de la causa los demandantes con el ánimo de confundirlo en sus análisis. En el mismo escrito de contestación interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción fundamentándose en los artículos 691, 710, 858, 862, 864 y 867 del Código del Trabajo; 22, 124 numerales 4 y 5 demás aplicables del Código Procesal Civil. 3.- El Juzgado de Letras Unificado de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara en fecha 09 de mayo del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES EN VIRTUD DE DESPIDO DIRECTO, ILEGAL E INJUSTIFICADO, CONSTSTENTES EN PREAVISO, AUXILIO DE CESANTIA, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONALES, AGUINALDO PROPORCIONAL, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, REAJUSTE DE SALARIO MINIMO, VACACIONES PENDIENTES, AGUINALDO PENDIENTE, DECIMO CUARTO PENDIENTE Y EN CONCEPTO DE DANOS Y PERJUICIOS EL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL MOMENTO DEL DESPIDO HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA DEFINITIVA Y LAS COSTAS DEL PRESENTE JUICIO, promovida por la Abogada ANA CAROLINA LEIVA MATUTE en su condición de Apoderada Legal de los señores CRISTIAN MARIEL PINEDA LEIVA Y JOSE ELMER PAZ HERNANDEZ, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS), por medio del Procurador General de la República Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, todos de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia.- SEGUNDO: se CONDENA a EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS), por medio del Procurador General de la República Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, a pagar a los Demandantes la suma de SETECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CNCO LEMPIRAS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 711,575.86) más SALARIOS CAIDOS O DEJADOS DE PERCIBIR DESDE EL MOMENTO DEL DESPIDO HASTA QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA DEFINITIVA Y las costas del presente juicio, que legalmente les corresponden a representados y se detallan de la siguiente manera: A.- CRISTIAN MARIEL PINEDA LEIVA le corresponde la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (L. 337,322.27) por los siguientes conceptos: DERECHOS E INDEMNIZACIONES: Preaviso L. 29,763.60, Cesantía L. 104,172,60, Cesantía Proporcional L. 12,897.56, Vacaciones Proporcional L. 8,598.37, Aguinaldo Proporcional L. 921.27, Décimo Cuarto Mes proporcional 1. 7,299.27, SUB TOTAL A PAGAR L.163,652.67. - OTROS DERECHOS Reajuste de Salario Mínimo L.102.803.52, Vacaciones Pendiente L. 19,842.40 Aguinaldo Pendiente L. 25,511.84 Décimo Pendientes L. 25,511.84, SUB TOTAL A PAGAR DE OTROS DERECHOS L. 173,669.60, TOTAL A PAGAR L. 337,322.27. B.- JOSE ELMER PAZ HERNANDEZ 1e corresponde la cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 374,253.59) por los siguientes conceptos: DERECHOS E INDEMNIZACIONES: Preaviso L,29,763.60, Cesantía L. 89,290.80, Cesantía Proporcional L.785.43, Vacaciones Proporcional L. 523.62, Aguinaldo Proporcional L. 921.27, Décimo Cuarto Mes Proporcional L.7,299.27, SUB TOTAL A PAGAR L. 128,583.99. - OTROS DERECHOS: reajuste al salario mínimo L. 174,803.52, vacaciones pendientes L. 19,842.40, aguinaldos pendientes L.25,511.84, décimo cuarto pendiente L. 25,511.84. – total a pagar L. 374,253.59. – TERCERO: Sin costas en esta instancia”. Bajo el criterio que, para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran los tres elementos esenciales establecidos en el art. 20 del Código de Trabajo y que según la Ley Sustantiva de Trabajo, el contrato individual de trabajo puede ser: por tiempo indefinido cuando no se especifica una fecha para su terminación, y por tiempo limitado cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una obra, que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo; establece también que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuos en la empresa, se consideran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios, o la ejecución de obras iguales o análogas, artículos 46 y 47 del Código del Trabajo. Salario, jornal o sueldo es la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud del contrato de trabajo, o de la relación de trabajo vigente (Artículo 360 del Código del Trabajo); todos estos aspectos quedaron probados en la secuela del juicio por lo tanto es procedente acceder a las pretensiones de los demandantes. PREAVISO: Si el contrato es por tiempo indeterminado cualquiera de las partes puede hacerlo terminar dando a la otra un preaviso. Durante el término de éste el trabajador que va a ser despedido tiene derecho a licencia remunerada de un (1) día en cada semana a fin de que pueda buscar nueva colocación. El preaviso será notificado con anticipación así: a); b); c); d); e) De dos (2) meses, cuando le ha servido por más de dos (2) años. Dichos avisos pueden omitirse por cualquiera de las partes pagando a la otra la cantidad que le corresponda según 1o dispuesto en el artículo 118. (Artículo 116 del Código del Trabajo). Son aplicables en esta Sentencia los artículos 80 de la Constitución de la República y 1 del Código Procesal Civil que consagran el derecho de petición a favor de todos los hondureños y aun de los extranjeros que se encuentran en nuestro territorio, también son aplicables los 134, 135, 193, 200, 203, 204, 205, 206 al 210, 219, 303 del Código Procesal Civil; los artículos 703 al 872 del Código del Trabajo regulan el procedimiento en los juicios del Trabajo, así mismo los incidentes, recursos, medios de prueba que se pueden utilizar en dicho procedimiento. 4.- La Corte de Apelaciones de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, en fecha 29 de agosto del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto, por parte del representante del Estado y demandado. - SEGUNDO: Enmienda el numeral primero de la parte dispositiva de la sentencia de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), la que deberá entenderse de la siguiente manera: Primero: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIÓNES LABORALES promovida por los señores CRISTIAN MARIEL PINEDA LEIVA Y JOSÉ ELMER PAZ HERNÁNDEZ contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), por medio del Procurador General de la Republica representada a través de la procuraduría general de la república del estado de honduras. TERCERO: Enmienda el numeral segundo de la parte dispositiva de la sentencia de fecha nueve (09) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), la que deberá entenderse de la siguiente manera: Segundo: Condena a la parte demandada a pagarle a los trabajadores señores CRISTIAN MARIEL PINEDA LEIVA Y JOSÉ ELMER PAZ HERNÁNDEZ, DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS (L. 210,518.93); cantidades que se desglosan de la siguiente manera: al señor PINEDA LEIVA, la cantidad de CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L. 122,868.92); y al señor PAZ HERNÁNDEZ la suma de OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON UN CENTAVO (L. 87,650.01); lo anterior por los conceptos ya desglosados y expresados en el acápite octavo de la presente sentencia en esta segunda instancia; y, subsecuentemente se le condena a la parte demandada a pagar a favor de la parte demandante en concepto de indemnización a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que con sujeción a las normas laborales quede firme la sentencia condenatoria. CUARTO: Se exime del pago de costas en segunda instancia”. Bajo el criterio que, en este proceso, en torno a la prueba aportada y practicada, se ha expuesto el resultado que produjo la misma dando en cumplimiento el principio de la verdad procesal y dando por sentado que existió un despido por parte del patrono contra los trabajadores demandantes; en donde se les indica a través del señor Prisciliano Castellón Amaya, que a partir del día 26 de enero del 2022, y aun cuando no se probó la existencia de otros convenios, desde enero del 2022 para el demandante Pineda Leiva, como desde de julio para el demandante Paz Hernández, se entiende que existieron por que la prueba aportada por ellos como demandantes estableció que SEDIS les hizo efectivo pagos en esos meses, por lo cual consideramos que existía esa continuidad laboral, por tanto no podía interrumpirse, ni mucho menos romperse esa relación laboral, por ser un derecho fundamental contemplado en el artículo 129 de la Constitución de la República y que esa relación laboral solo podía interrumpirse por las causas que permite el Código del Trabajo en el art. Artículo 112, misma que de la propia contestación de la demanda observamos que no han sido objeto de invocación por parte del demandado, tornándose así la ruptura de esa relación laboral como un despido injusto e ilegal, que trae como consecuencia el pago de las prestaciones sociales que les asisten a los demandantes, así como la indemnización consistente en el pago de los salarios dejados de percibir tal y como lo demanda el artículo 113 de dicha normativa. En cuanto al argumento planteado por el demandado de que los demandantes debían acudir a la vía de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por no ser competente los órganos jurisdiccionales del trabajo debe de entender este que el propio artículo invocado en su alegato 321 de la Constitución de la República entorno a que los servidores del Estado no tienen más facultades que les confiere la Ley; todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad, es aplicable al caso de narras en donde el Estado no puede ni debe tergiversar ni disminuir los derechos laborales del trabajador, (disposición Constitucional artículo 128) y que en el caso que nos ocupa este ha pretendido en todo momento desconocer la relación laboral, y para poder invocar el sometimiento a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo seria en todo caso que se estuviera en situaciones contempladas en el art. 3 relacionado con los art. 108 al 110 de la ley especial, en donde es competente dicho órgano Jurisdiccional Especial para conocer los conflictos en materia personal, pero advirtamos esto no es lo que sucede en el presente caso ya que claramente la postura es que no tiene la condición de servidores del Estado, por ende en aplicación en artículo 128 constitucional citado no podríamos establecer que estos no gozarían de protección por parte de los Juzgados del Trabajo cuando lo que se alega es la existencia de una relación laboral. Tomando como base de partida lo determinado en los hechos declarados como probados es pertinente que este órgano revisor realice un nuevo cálculo en torno a las prestaciones sociales que le corresponden a los demandantes, por lo cual hacemos el planteamiento de la siguiente manera: En lo que se refiere a los demandantes, tomando en cuenta la base del salario mensual de DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS, CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L.12,755.92) y la fecha del inicio y finalización de la relación laboral según lo estipulado por esta Corte de Apelaciones el cual es, 1 de enero de 2021 al 26 de enero del año 2022, arroja como tiempo de labor, 12 meses 26 días, para el señor Pineda Leiva y, 1 de julio del año 2021 al 26 de enero del año 2022, arroja como tiempo de labor 6 meses y 26 días, para el señor Paz Hernández; así mismo podemos establecer que el salario base promedio mensual del cual resulta de su salario base mensual y los demás pagos que recibe en el año a título de décimo tercer y cuarto mes, así como de bono o compensaciones, siendo en este caso la cantidad de CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L 14,881.80), para ambos. Es originario en apego al artículo 116 del Código del Trabajo establecer como derecho al pago de preaviso, el cual es de dos (2) semanas, cuando le ha servido al patrono de seis meses a un año; y en el caso que nos ocupa, el señor Paz Hernández se encuentran en dicho rango por lo que se le debe en dicho concepto, la cantidad de SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (L 7,440.90), para el señor Pineda Leiva, establece el mismo artículo que al estar en un rango de 1 a 2 años, le corresponde un mes de salario, con lo cual la cantidad seria de: CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L 14,881.80). En efecto a lo que establece el artículo 120 primer párrafo literal b) del Código del Trabajo determinar que la cesantía se generara por diferentes circunstancias entre ellas cuando se produzca el despido injustificado como lo es en el caso que nos ocupa y por tener de seis meses a un año laborado estos gozan al pago de 20 días de salario base promedio, resultando la cantidad de: en concepto de cesantía NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (L 9,921.20), para el señor Paz Hernández; en lo que se refiere al señor Pineda Leiva, le es aplicable el literal c) del artículo 120 el cual dispone un pago de un mes de salario, con lo cual resulta la cantidad de: CATORCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L 14,881.80). En consonancia a la Ley del Séptimo día y Décimo Tercer mes, en su artículo 9, así como a lo señalado en el artículo 34 de la Ley de Restructuración de los Mecanismos de Ingresos y la Deducción de los Gastos del Sector Público el Fomento de la Producción y Compensación Social, establecer el cálculo del décimo tercer y cuarto mes de los cuales tendrá derecho a gozar el trabajador en concepto de compensación social, determinando el mismo de la manera siguiente: en cuanto al décimo tercer mes, a el señor Pineda Leiva le corresponde el pago completo por laborar más del año con lo cual recibe la cantidad de: DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS, CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L 12,755.92), más el proporcional por los 26 días del mes de enero de 2022, lo que equivale a la cantidad de: NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS (L. 921.26). Para el señor Paz Hernández, el mismo se debe computar por el tiempo laborado de forma proporcional, 6 meses 26 días, lo que equivale a 206 días, y calculado en valor monetario sobre la base del salario base mensual, nos resulta en SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS (L. 7,299.22). Sobre el décimo cuarto mes, igualmente se calcula en base al décimo tercer mes, tomando en cuenta que el mismo no fue pagado, lo que nos da como resultado al señor Pineda Leiva le corresponde el pago completo por laborar más del año con lo cual recibe la cantidad de: DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS, CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L 12,755.92), más el proporcional por los 26 días del mes de enero de 2022, lo que equivale a la cantidad de: NOVECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON VEINTISEIS CENTAVOS (L. 921.26). Para el señor Paz Hernández, el mismo se debe computar por el tiempo laborado de forma proporcional, 6 meses 26 días, lo que equivale a 206 días, y calculado en valor monetario sobre la base del salario base mensual, nos resulta en SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON VEINTIDOS CENTAVOS (L. 7,299.22). En concepto de vacaciones tomando como base lo establecido en el artículo 346 del Código del Trabajo, el cual expresa en su literal a), que al término de un año se deberán gozar 10 días laborales en concepto de vacaciones, con lo cual, al hacer el cálculo aritmético, de 10 días por concepto de vacaciones dividido entre 360 días que tiene el año, por la cantidad de días trabajados para el señor Pineda Leiva, lo que se manifiesta de la siguiente manera: 10/360=0.02777x386=10.72, lo que conlleva a una cantidad en lempiras partiendo del salario base mensual de: CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS Y DOCE CENTAVOS (L. 4,558.12). En lo que respecta al señor Elmer Paz, sus vacaciones se calculan de la siguiente manera, 10/360=0.02777 x 206 = 5.72, lo queconlleva a una cantidad en lempiras partiendo del salario base mensual de:DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS CON TRECECENTAVOS (L. 2,432.13). En lo que se refiere al reajuste por salario mínimo, y de acuerdo a lo establecido en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, los demandantes tienen derecho a que se les brinde un reajuste por el no goce del salario mínimo, el que quedaría de la siguiente manera: en lo que se refiere al señor Pineda Leiva, 12 meses, a razón de 8 mil lempiras que devengaba, haciendo un reajuste de ese tiempo por L. 4,755.92 de acuerdo al salario base mensual, lo que da como resultado CINCUENTA Y SIETE MIL SETENTA Y UN LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L.57,071.04), sobre el remanente de los 26 días el resultado sería de CUATRO MIL CIENTO VEINTIUN LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L. 4,121.80). El reajuste para el señor Paz Hernández que recibía únicamente 5 mil lempiras de salario se calcula igualmente como al señor Pineda Leiva, con la diferencia de que el reajuste por cada uno mensual es de L. 7,755.92, de acuerdo al salario base mensual, por lo que por 6 meses, nos daría como resultado CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIAS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS (L. 46,535.52), sobre el remanente de los 26 días el resultado sería de SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON OCHENTA CENTAVOS (L 6,721.80). Por todo lo anterior haciendo la suma de dichas cantidades resulto un total para el señor Pineda Leiva de CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L. 122,868.92); para el señor Paz Hernández resultó un total de OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON UN CENTAVO (L.87,650.01). 5.- Mediante auto de fecha 07 de noviembre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por la Abogada ANA CAROLINA LEIVA MATUTE, en su condición de representante procesal de los señores CRISTIAN MARIEL PINEDA LEIVA y JOSE ELMER PAZ HERNANDEZ; y, el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Barbara, Departamento de Santa Bárbara, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación de los recursos, confiriéndole traslado de los autos a cada uno de los Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) la apoderada demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) al representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6.- En fecha 16 de enero del 2024, compareció ante este Tribunal la Abogada ANA CAROLINA LEIVA MATUTE, en su condición de representante procesal de los señores CRISTIAN MARIEL PINEDA LEIVA y JOSE ELMER PAZ HERNANDEZ, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 04 de marzo del 2024, se tuvo devuelto el traslado conferido a la Recurrente y formalizado en tiempo el recurso de casación, y en fecha 26 de abril del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 17 de mayo del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación; omitiéndose el traslado y ordenando dar copia a la parte contraria para la contestación en forma común por el termino de diez días, el cual surtirá efecto en la Secretaría donde se mantendrán los autos a su disposición; quienes hicieron uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 29 de julio del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado SOTERO MEJIA PADILLA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente; y por la Abogada ANA CAROLINA LEIVA MATUTE, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los jueces y magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de exhaustividad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código procesal Civil. VII. Que la Tutela judicial que tiene que tener el Ad Quem es en base a resolver las pretensiones planteadas conforme a derecho, en el presente caso Aunado a lo anterior, esta Sala considera importante resaltar una falta de exhaustividad en cuanto a lo vertido en el juicio por las partes. Ello debido a que, la prescripción planteada por la parte demandada no fue resuelta ya que los trabajadores alegan que el despido verbal ocurrió el 26 de enero del año 2022, acudiendo a las oficinas de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social el 24 de marzo del mismo año para solicitar los servicios de un Inspector del Trabajo y constatar el despido, transcurriendo el termino legal establecido para tal acción establecido en el artículo 865 del Código del Trabajo y no suspende la prescripción tal acción solo cuando se solicitan las audiencias de conciliación entre las partes, debiendo al Ad quem dar respuesta a cada pretensión planteadas por las partes.VIII. Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. IX. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de Santa Barbara, Departamento de Santa Bárbara,, de fecha 29 de agosto del 2023, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. X. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad, en el plazo de quince (15) días, por ser un juicio que ya ha sido de su conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciende aplicación de los artículos 59,60, 82, 90 párrafo primero, 303 reformado 304 reformado 313 numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 718, 726, 727 y 858 del Código del Trabajo; 8, 22, 193, 197, 199, 206, 7207, 211, 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 30 literal 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 16, 18 y 23 numeral c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la sección judicial de Santa Barbara, Santa Barbara, de fecha 29 de agosto del año dos mil veintitrés. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veinte de octubre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL400-23. FIRMA Y SELLO

RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO

RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -