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Sentencia CL-382-23 — Registro 19542

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar demanda ordinaria de emplazamiento laboral para que el patrono pruebe la justa causa de un despido directo caso contrario sea condenado al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales legales y derivadas de un contrato de trabajo, más los salarios dejados de percibir desde el momento del despido directo e ilegal hasta que la sentencia que recaiga adquiera carácter de firme.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 113 párrafo segundo del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tiene el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismos regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c)formula extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., siete (07) de agosto de dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 13 de diciembre del 2023, por el Abogado ANGEL PORFIRIO CHINCHILLA MADRID, en su condición de representante procesal de la señora DARLENNY DESIRETH LAGOS RAUDA, como recurrente; además, es parte recurrida, la sociedad mercantil COMPAÑÍA DE SEGURIDAD AGS S.A. DE C.V., representada en juicio por la Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria de emplazamiento laboral para que el patrono pruebe la justa causa de un despido directo caso contrario sea condenado al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales legales y derivadas de un contrato de trabajo, más los salarios dejados de percibir desde el momento del despido directo e ilegal hasta que la sentencia que recaiga adquiera carácter de firme, pago de horas extras, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 28 de septiembre del 2022 por la señora DARLENNY DESIRETH LAGOS RAUDA, mayor de edad, soltera, hondureña, Guardia de Seguridad, con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la sociedad mercantil COMPAÑÍA DE SEGURIDAD AGS S.A de C.V., por medio de su representante legal el señor ENZO BETTAGLIO ALFARO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de agosto del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 17 de mayo del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda Laboral promovida pago el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales, derechos adquiridos, promovida por la señora DARLENNY DESIRETH LAGOS RAUDA, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE SEGURIDAD AGS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, también conocida con el nombre comercial de AGS, a través del señor ENZO BETTAGLIO ALFARO, en su condición de presidente del consejo de administración también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE SEGURIDAD AGS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, también conocida con el nombre comercial AGS, a través del señor ENZO BETTAGLIO ALFARO, en su condición de presidente del consejo de administración, a pagar a la demandante DARLENNY DESIRETH LAGOS RAUDA, la cantidad de TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS, (L.32,095.58), distribuido así: cesantía proporcional L.14,876.00, vacaciones proporcionales L. 5,297.15, treceavo mes proporcional L.9,141.80, catorceavo mes proporcional L.2,323.54, salario pendiente 1 días L.457.09; 3) ORDENA: Que del monto total de la condena deduzca las cantidad de L.5,384.96, desglosado así: vacaciones otorgada (1 día) L.457.09, impuesto vecinal L.622.05, cuota del Instituto Hondureño de seguridad Social L.528.46, reserva laboral del Régimen de Aportaciones privadas L. 3,571.68, cuota Régimen de Aportaciones privadas L. 205.68, 4) ABSUELVE: A la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE SEGURIDAD AGS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, también conocida con el nombre comercial AGS, a través del señor ENZO BETTAGLIO ALFARO, en su condición de presidente del consejo de administración, del pago a título de daños y perjuicios los salarios dejados desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procesales quede firme la presente sentencia solicitados; 5) Declarar SIN LUGAR la excepción perentoria de pago, interpuesta por la parte demandada.- 6) SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante, expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral con la Compañía de Seguridad AGS, S.A. de C.V. en fecha 06 de septiembre del año 2021, desempeñándose como Oficial de Seguridad asignada a la base Gildan San Antonio, ubicada en la ciudad de San Pedro Sula, y continuó prestando sus servicios hasta la fecha del despido, durante su último año devengó un salario mensual de L. 13,712.61; todo esto sin perjuicio de la información que revelen las planillas de la empresa, del Seguro Social, del RAP, en aplicación del principio de primacía de la realidad, arrojará valores exactos y precisos; que en fecha 18 de agosto del 2022, la demandada le hizo entrega a la demandante de una carta notificándole el despido, sin indicarle causa válida y justa para dicha determinación, limitándose a otorgándole el "preaviso" pero sin determinar qué hechos o circunstancias específicas son las que constituyen una causa legal o válida para despedir a la demandante, tampoco se le indicó el tiempo, lugar o circunstancias de faltas que haya cometido, dando por terminada la relación de trabajo efectivo a partir del 1 de septiembre del 2022, por lo que se trata evidentemente de un despido ilegal e injusto. Es importante señalar que una vez despedida a la demandante a través de la entrega del preaviso en fecha 18 de agosto del 2022, la empresa no puede alegar una causa distinta al tenor de lo establecido en el artículo 117 del Código de Trabajo. 2.- La parte demandada, la sociedad mercantil COMPAÑÍA DE SEGURIDAD AGS S.A. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que, reconoce y acepta que la demandante ingresó a laborar en fecha 06 de septiembre del año 2021, para la empresa devengando un salario mensual de L.13,712.61, expresa, además, que procedió a notificar formalmente a la demandante mediante documento escrito de preaviso, en fecha 18 de agosto del año 2022, informándole sobre la terminación de la relación laboral. Dicho despido sería efectivo a partir del 01 de septiembre del año 2022, respetando los términos legales y considerando la antigüedad de la demandante. La parte demandada acepto que no existió falta grave por parte de la demandante que justificara un despido con causa injustificada. Por lo tanto, reconoce que el despido se realizó con responsabilidad por parte de la empresa demandada, sin embargo, rechaza la afirmación de que la empresa se haya negado a cumplir con las prestaciones laborales que le corresponden a la demandante, ya que desde el momento del despido a la demandada se le ofreció el pago completo de las prestaciones correspondientes, pero se ha negado a recibirlas por razones ajenas. La compañía de Seguridad sostiene que ha actuado conforme a derecho durante todo el proceso, cumpliendo con sus obligaciones laborales, ya que el preaviso fue notificado según antigüedad, menor a un año de servicio y le correspondían dos semanas de preaviso, conforme lo establecido en la ley, además, se le otorgó un día libre por semana durante el periodo de preaviso, para facilitarle la búsqueda de un nuevo empleo, al tratarse de un despido con responsabilidad patronal, la demandada realizó el cálculo de las prestaciones correspondientes resultando con un monto de L.31,638.49 al que se sumó el salario pendiente de un día correspondiente al 01 de septiembre del 2022, equivalente a L.457.09.; sin embargo, al monto total se le realizaron algunas deducciones legales tales como un día de vacaciones anticipadas L.457.09, impuesto vecinal año 2022 L.622.05, 4% de reserva laboral L.3.571.68, RAP L. 205.68 resultando con un total final de L.26,710.62, el cual se emitió mediante cheque no negociable No. 2048 del Banco Ficohsa. Sin embargo, la demandante se negó a recibir el pago, argumentando que el concepto de preaviso no estaba incluido de manera separada, la parte demandada le explicó el cálculo de las prestaciones, pero la demandante aun así rechazó el pago. La Compañía de Seguridad se ampara en el art.116 del Código de Trabajo donde establece que “si el contrato es por tiempo indeterminado cualquiera de las partes puede hacerlo terminar dando a la otra un preaviso, durante el término de este el trabajador que va a ser despedido tiene licencia remunerada de un (01) día en cada semana a fin de que pueda buscar nueva colocación”. La ahora demandante se presentó al lugar de la empresa la Compañía de Seguridad en fecha 06 de septiembre del año 2022, llevando consigo una cita para el departamento de Conciliación del Ministerio de Trabajo, programada para el 24 de octubre del 2022, a las 8:15 a.m., sin esperar a que llegara la fecha de la audiencia para exponer los hechos y determinar lo que en derecho le correspondía, así como para realizar el pago correspondiente, la demandante presentó la presente demanda en fecha 28 de septiembre del año 2022, y en la misma solicita el pago de prestaciones laborales, las cuales no se le han negado en ningún momento. En fecha 28 de septiembre del 2022, antes de que la Compañía de Seguridad tuviera conocimiento formal de la demanda presentada, se procedió a consignar el pago total de las prestaciones laborales ante la Secretaría del tribunal correspondiente, este pago fue registrado bajo el No.662-2022, demostrando así la buena fe por parte de la empresa en su intención de cumplir con las obligaciones legales, mencionaron que en su momento procesal oportuno demostraría que actuó con total transparencia y voluntad de pago, siendo la parte demandante quien se ha negado a recibir lo que le corresponde con la intención de obtener beneficios indebidos. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 17 de mayo del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda Laboral promovida pago el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales, derechos adquiridos, promovida por la señora DARLENNY DESIRETH LAGOS RAUDA, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE SEGURIDAD AGS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, también conocida con el nombre comercial de AGS, a través del señor ENZO BETTAGLIO ALFARO, en su condición de presidente del consejo de administración también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE SEGURIDAD AGS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, también conocida con el nombre comercial AGS, a través del señor ENZO BETTAGLIO ALFARO, en su condición de presidente del consejo de administración, a pagar a la demandante DARLENNY DESIRETH LAGOS RAUDA, la cantidad de TREINTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS, (L.32,095.58), distribuido así: cesantía proporcional L.14,876.00, vacaciones proporcionales L. 5,297.15, treceavo mes proporcional L.9,141.80, catorceavo mes proporcional L.2,323.54, salario pendiente 1 días L.457.09; 3) ORDENA: Que del monto total de la condena deduzca las cantidad de L.5,384.96, desglosado así: vacaciones otorgada (1 día) L.457.09, impuesto vecinal L.622.05, cuota del Instituto Hondureño de seguridad Social L.528.46, reserva laboral del Régimen de Aportaciones privadas L. 3,571.68, cuota Régimen de Aportaciones privadas L. 205.68, 4) ABSUELVE: A la Sociedad Mercantil denominada COMPAÑÍA DE SEGURIDAD AGS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, también conocida con el nombre comercial AGS, a través del señor ENZO BETTAGLIO ALFARO, en su condición de presidente del consejo de administración, del pago a título de daños y perjuicios los salarios dejados desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procesales quede firme la presente sentencia solicitados; 5) Declarar SIN LUGAR la excepción perentoria de pago, interpuesta por la parte demandada.- 6) SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, del estudio y el análisis realizado a la prueba en su conjunto el tribunal considera declarar con lugar la demanda, y el pago de prestaciones sociales dado que el despido se realizó sin justificación válida y llevan a convencimiento del Tribunal un despido sin causa justa, en este caso el empleador notificó al trabajador, con dos semanas de anticipación para que surtiera efecto el 01 de septiembre del año 2022, sin embargo, la empresa no invocó causa justa en la notificación lo cual constituye un despido injustificado e ilegal. El juzgador analiza la pretensión del trabajador respecto al pago de salarios dejados de percibir, determinando que la empresa reconoció su obligación de pagar prestaciones por L.31,638.49 más sueldo pendiente por L.457.09. La empresa demandada consignó ante el mismo tribunal la cantidad de L.26,710.62 después de haber realizado las deducciones legales, si bien es cierto que la demandada no le reconoció el pago del preaviso en vista que a la demandante le fue otorgado el preaviso tal como lo establece el Art.116 del Código de Trabajo, durante dos semanas se autorizó a la demandante un día de licencia remunerada semanalmente para que buscara un nuevo trabajo. La empresa demandada realizó las deducciones legales que suman L.5,384.96 respaldadas por la documentación correspondiente. En cuanto a la consignación del pago la terminación de la relación laboral ocurrió el 01 y 28 de septiembre del año 2022, fecha en la cual se realizó la consignación de pago ante el tribunal, dentro del plazo prudencial de menos de un mes, aunque la demandante no fue notificada, la Compañía de Seguridad informó sobre el pago en el escrito de contestación y durante la audiencia de conciliación de fecha 22 de noviembre del año 2022. También se aportó prueba de que la Compañía de Seguridad envió mensajes vía WhatsApp informado a la demandante que sus prestaciones estaban listas para ser retiradas. Sin embargo, la demandante se negó a recibir el pago, el cheque consignado tiene como fecha de emisión el 02 de septiembre del año 2022, lo que confirma la disposición de la parte demandada para realizar el pago. En cuanto a lo expuesto por la Compañía de Seguridad que al consignar el pago de las prestaciones en un tiempo razonable y demostrar su buena fe queda exonerada del pago de los salarios dejados de percibir, este principio es reconocido por los Tribunales de la República en situaciones similares. En cuanto al reclamo de la parte demandante sobre horas extras, la parte demandada presentó pruebas del pago de horas extra, y en cuanto al recargo por trabajo nocturno la demandante no acreditó el tiempo exacto de trabajo nocturno, por lo que no procede tal reclamo. Además, al no haber reclamado oportunamente sobre los posibles pagos incompletos, se presume la conformidad con las cantidades recibidas. La parte demandada presentó una excepción perentoria de pago con la intención de demostrar que ya ha cumplido con las obligaciones laborales, en cuanto a esta excepción planteada el juzgado considera procedente declarar sin lugar en vista que si bien es cierto, la Compañía de Seguridad le consignó el pago ante el mismo Tribunal, también es cierto que le pago hasta ese momento y no se había producido esta excepción, ya que procede únicamente cuando consta en autos que ya fueron pagadas a la parte demandante, situación que no ha ocurrido en este caso. Al terminar la relación laboral, el empleador está legalmente obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales que corresponden, en este caso la demandada reconoce deberle estos beneficios por lo tanto el tribunal decide ordenar el pago proporcional de los mismos, ajustándose a lo que corresponde por ley. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 14 de agosto del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas, bajo el criterio que, de la revisión del expediente venido en apelación es visto que tal y como se dejó establecido en los hechos probados del fallo, el cese laboral se materializó en fecha 01 de septiembre del año 2022, y la consignación se efectuó el 28 del mismo mes y año, tiempo oportuno para librarse de la condena de salarios dejados de percibir, en fecha 02 de septiembre del año 2022 se gestionó el cheque con el cual se desapoderó de los valores que le corresponden a la demandante. A fin de dar respuesta a los argumentos planteados por el apelante esta Alzada estima necesario indicar lo siguiente: esta Corte ha sostenido que: en materia civil las obligaciones nacen por el acuerdo de voluntades entre las partes, quienes contratan libremente obligándose recíprocamente según lo acordado en su convención, y es aquí donde difiere la obligación contractual en materia laboral de la del derecho común, por cuanto si bien es cierto que en lo laboral también debe concurrir esta autonomía de la voluntad, pero limitada en virtud de la naturaleza de orden público de las disposiciones sustantivas del Código de Trabajo, en este tipo de relaciones, comúnmente es el trabajador que en razón de la prestación de sus servicios se constituye en el acreedor, y el patrono en virtud de la contraprestación generada viene a ser el deudor; por ello es que los empleadores cuando de la terminación del contrato de trabajo por un acto suyo se trata, buscando generalmente evitar el pago de salarios dejados de percibir proceden a consignar los valores que dicen deber en concepto de indemnizaciones, siendo lo común que los trabajadores se nieguen a recibir del patrono sus prestaciones por no estar de acuerdo con ellas, lo que conllevaría a una controversia que necesariamente deberá ser resuelta pero no en esa oportunidad procesal. Respecto al procedimiento utilizado para el ofrecimiento, la consignación en el ámbito laboral como lo ha sostenido la Honorable Corte Suprema de Justicia al declarar sin lugar la admisión del recurso de casación que se identifica bajo el número 272-98 “no configura un juicio ordinario ni sumario, sino que se trata de una petición facultada al consignante que termina con el reconocimiento que de la misma se le hace al consignado.- Artículos 80, 134, y 135 de la Constitución de la República; Artículo 2 párrafo 1° y 764 del Código de Trabajo”; de manera que sólo debe cumplirse en éste trámite con la jurisdicción voluntaria a fin de salvaguardar el derecho que tiene el trabajador de intentar por la vía del juicio ordinario cualquier posible diferencia relacionada con los elementos derivados de la relación laboral, que no pueden ni deben determinarse mediante la aplicación de disposiciones del orden civil ni en cuanto a procedimiento y el efecto de la consignación, pues aceptado por la patronal la existencia del derecho en beneficio del trabajador, por tratarse de un acto de buena fe, el efecto es que el citado título valor quede a disposición del trabajador, debatiéndose en un juicio ordinario el monto de lo adeudado; de manera que, ello no tiene el efecto de cancelar la obligación, pues con ello se estaría vedando al trabajador la potestad de ejercitar su derecho para accionar de conformidad con el procedimiento laboral ordinario los derechos que tenga a bien reclamar (AL221-15). Tal y como lo señaló la iudex a-quo, en el numeral tercero de los hechos en que la demandada apoya la defensa (folio: 35 vuelto) se hizo referencia a la existencia de la consignación, razón por la cual la actora tuvo conocimiento de ello y aunque la excepción perentoria de pago no procede, ello no es óbice para exonerar la indemnización contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, toda vez que el empleador actuó de buena fe, consignando en tiempo los valores que legalmente procedían por la terminación de la relación de trabajo. 5.- Mediante auto de fecha 20 de octubre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ANGEL PORFIRIO CHINCHILLA MADRID, en su condición de representante procesal de la señora DARLENNY DESIRETH LAGOS RAUDA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 13 de diciembre del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado ANGEL PORFIRIO CHINCHILLA MADRID, en su condición de representante procesal de la señora DARLENNY DESIRETH LAGOS RAUDA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 04 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 30 de julio del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada ODESSA ORQUIDEA AGUILERA MALDONADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado ANGEL PORFIRIO CHINCHILLA MADRID, en su primer y único motivo de casación alega: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN. Honorables Magistrados, MOTIVO DE CASACIÓN: acuso la sentencia de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa del artículo 113 párrafo primero segunda oración del Código del Trabajo, en relación con el artículo 129 de la Constitución de la República de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, de San Pedro Sula, al confirmar en su totalidad la sentencia de primera instancia donde absuelve, a la empresa del pago de las indemnizaciones que constituyen los salarios caídos o dejados de percibir, causó infracción directa del artículo 113 del Código del trabajo, el cual, en su párrafo primero, segunda oración, establece literalmente: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva." (lo resaltado es nuestro por ser lo no aplicado). En el caso de autos, La Honorable Corte de Apelaciones en mención, confirma la sentencia dictada por Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, en el sentido de que absuelve o exonera a la parte patronal demandada COMPAÑÍA DE SEGURIDAD AGS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE del pago a título de daños y perjuicios de los salarios dejados de percibir desde el momento del despido directo e ilegal hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia, que se debió condenar a pagar a favor de mi representada, usando como fundamento la Honorable Corte de Apelaciones lo siguiente "se hizo referencia a la existencia de la consignación, razón por la cual la actora tuvo conocimiento de ello y aunque la excepción perentoria de pago no procede, ello no es óbice para exonerar de la indemnización contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, toda vez que el empleador actuó de buena fe, consignando en tiempo los valores que legalmente procedían por la terminación de la relación de trabajo." (ver folio 27 de la segunda pieza). Causando de esta forma violación de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa, del articulo mencionado, ya que dicho artículo no establece condiciones algunas para aplicar la indemnización por concepto de salarios dejados de percibir. Por los motivos antes mencionados, también La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, de San Pedro Sula, en el ordinal tercero de los fundamentos de derecho del fallo recurrido, causó infracción directa al artículo 129 de la Constitución de la República de Honduras, el cual establece que "La Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección una remuneración en conceptos de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas: o a que se le reintegre al trabajo con él reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios". (lo resaltado es nuestro). Específicamente la infracción directa a este artículo se realiza al momento de que la Corte de Apelaciones Laboral absuelve o exonera a la parte patronal demandada COMPAÑÍA DE SEGURIDAD AGS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE del pago a favor de mi representada a título de daños y perjuicios de los salarios dejados de percibir desde el momento del despido directo e ilegal hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia. Estimo que, por las razones expuestas, procede este motivo y se debe de casar parcialmente la sentencia.” III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 113 párrafo segundo del Código del Trabajo, señalado como violado directamente, si bien tiene el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, el mismos regula situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c)formula extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV.- El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “NULIDAD SUBSIDIARIA POR FALTA DE LOS REQUISITOS MATERIALES, FORMALES E INTERNOS DEL FALLO RECURRIDO. Honorables Magistrados, Honduras es un Estado de Derecho y como tal, al momento de que los Jueces y Magistrados imparten Justicia, lo hacen a través de fallos, que además de que deben de ser justos, deben de obedecer a los principios del debido proceso y el de legalidad. El código Procesal Civil establece de forma supletoria cuales son los requisitos que deben contener las sentencias, mismos que no han sido observados por la Honorable Corte de Apelaciones recurrida, ya que el fallo carece de exhaustividad en los argumentos legales que han llevado a la Corte a tomar la decisión en su fallo, por lo que procedo a señalar los vicios concretos en que ha incurrido la Honorable Corte de Apelaciones, a fin de que se decrete, de forma subsidiaria la nulidad de la sentencia y se emita el fallo que en derecho realmente corresponde: En la sección de fundamentos de derecho de la sentencia recurrida (ver folio 26 segunda pieza), la Honorable Corte de Apelaciones, en el ordinal segundo, literalmente expresa: "De la revisión del expediente venido en apelación es visto que tal y como se dejó establecido en los hechos probados de este fallo, el cese laboral se materializó el 01 de septiembre del 2022 y la consignación se efectuó el 28 de ese mes y año; tiempo oportuno para liberarse de la condena de salarios dejados de percibir considerando que para el cálculo de las prestaciones, la patronal estimó la antigüedad y el salario que se señaló en el escrito de demanda y el 02 de septiembre del 2022 gestionó el cheque con el cual se desapoderó de los valores que le corresponden a la accionante." (lo subrayado es nuestro) Habiendo mencionado lo anterior, surge la pregunta, Honorables Magistrados de la Sala Laboral Contencioso Administrativo de La Honorable Corte Suprema de Justicia ¿Cuál es el artículo del código del trabajo, o de otra ley sustantiva que la Honorable Corte de Apelaciones tomo en consideración para establecer que la patronal demandada presentó la consignación en tiempo oportuno para liberarse de la condena de salarios dejados de percibir? En respuesta a esta pregunta, de la lectura de la sentencia recurrida se concluye que la Honorable Corte de Apelaciones no cito ningún artículo o fundamento legal al respecto por lo que la sentencia adolece de la fundamentación jurídica suficiente y la exhaustividad que requiere para que la administración de justicia se considere que ha operado resolviendo apegada al derecho sustantivo, porque caso contrario solo provoca inseguridad jurídica y la desconfianza de los administrados. Es importante mencionar que en juicio de acreditó que la patronal presentó pago por consignación al Juzgado a favor de mi representada, después de ser presentada la demanda contra la patronal para que le probara la justa causa del despido directo a mi representada. Todo esto ha causado graves perjuicios a mi representada, ya que ha dejado de percibir las indemnizaciones LEGALES que ya la Constitución de la República, como el mismo Código del Trabajo determinan sin condición alguna que representan el ingreso legítimo, real que dejó de percibir mi representada ante un despido directo sin causa, conculcando así su derecho a la estabilidad laboral: Por lo anteriormente mencionado y considerando que la nulidad absoluta puede alegarse en cualquier estado del proceso, esta parte- considera que el vicio señalado invalida la sentencia tal como lo establecen los artículos: 200, 206, 207, 211, 214, 215 del Código Procesal Civil, en relación con el artículo 321 de la Constitución de la Republica de Honduras. Por las razones expuestas, y considerando que también es deber ineludible de la Honorable Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente. Por lo anterior pido que se decrete la nulidad de la sentencia o fallo recurrido a fin de que se dicte el fallo que apegado a derecho corresponda”. V.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación y declarar sin lugar la petición de nulidad subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha siete de agosto de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 382-2023. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ,

SECRETARIO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.