Sentencia CL-374-23 — Registro 19516
Resumen
Segunda instancia confirma la resolución de primera instancia, que falló sin lugar la demanda ordinaria laboral por despido directo, verbal, ilegal e injustificado, se absuelve al pago en virtud de las razones que motivan el presente fallo y específicamente por no existir relación de índole laboral entre las partes esta Sala declara no ha lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible´´...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible´´...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 64 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el cargo expuesto resulta inadmisible puesto que el error de hecho solo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgadorsin embargo, al revisarse la situación jurídica , esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos; planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración apropiada de todo el material probatorio allegado al juicio, llegándose a la conclusión de la improcedencia de la demanda de mérito. En adición, en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso y en el caso sub judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio´´...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 691 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el cargo expuesto resulta inadmisible puesto que el error de hecho solo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgadorsin embargo, al revisarse la situación jurídica , esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos; planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración apropiada de todo el material probatorio allegado al juicio, llegándose a la conclusión de la improcedencia de la demanda de mérito. En adición, en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso y en el caso sub judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio´´...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 691 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiún (21) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha catorce de diciembre dos mil veintitrés, por el Abogado JOSE ALFREDO SAAVEDRA MEJIA, en su condición de representante procesal del señor LAZARO ULICES LOPEZ, como recurrente; además, es parte recurrida la EMPRESA EMPACADORA DE PRODUCTOS ACUATICOS SAN LORENZO S.A. DE C.V., representada en juicio por la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral por despido directo, verbal, ilegal e injustificado, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir, hasta que con sujeción a las normas procesales vigentes quede firme la sentencia condenatoria, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Valle, en fecha 21 de agosto del 2017, por el señor LAZARO ULICES LOPEZ, mayor de edad, casado, comerciante, hondureño, con domicilio en la ciudad de San Lorenzo, Departamento de Valle, contra la EMPRESA EMPACADORA DE PRODUCTOS ACUATICOS SAN LORENZO S.A. DE C.V., representada legalmente por su Gerente de la empresa el señor DOLVIN ENRIQUE LAGOS DEGRANDE; asimismo de forma solidaria contra Granjas Marinas S.A. de C.V., por medio de su Gerente General el señor VICTOR WILSON CANESSA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 08 de agosto del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 09 de diciembre del 2022, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Departamento de Valle, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL POR DESPIDO DIRECTO, VERBAL, ILEGAL E INJUSTIFICADO, PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR HASTA QUE CON SUJECION A LAS NORMAS PROCESALES VIGENTES QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA, MAS COSTAS DEL JUICIO, promovida por el señor LAZARO ULICES LOPEZ, Representado Procesalmente por el Abogado JOSE ALFREDO SAAVEDRA MEJIA, en contra de la EMPRESA EMPACADORA DE PRODUCTOS ACUATICOS SAN LORENZO S.A. DE C.V., todos de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia.- SEGUNDO: SE ABSUELVE a la EMPRESA EMPACADORA DE PRODUCTOS ACUATICOS SAN LORENZO S.A. DE C.V., al pago de PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, en virtud de las razones que motivan el presente fallo y específicamente por no existir relación de índole laboral entre las partes. TERCERO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, ingresó a laborar para la EMPACADORA DE PRODUCTOS ACUATICOS SAN LORENZO en fecha 01 de marzo del año 2000, como acarreador de basura de la empresa, con un sueldo base mensual de TREINTA MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 30,000.00), realizando su labor de manera continua e ininterrumpida. Señalo que al momento de su ingreso a laborar con la empresa fue a través de un contrato verbal y posteriormente le hicieron firmar múltiples contratos de prestación de servicios. Cargo que precisamente desempeñaba al momento del injusto e ilegal despido verbal. Resulta, que en fecha 08 de mayo del año 2017; la empresa demandada le indicó de manera verbal y unilateral a través del señor Luis Perdomo, quien era su Jefe Inmediato, la decisión de dar por terminada la relación laboral vía despido verbal, ilegal e injustificado sin invocarle causal alguna de las contempladas en el artículo 112 del Código de Trabajo. La terminación laboral vía despido verbal, es ilegal e injusto por las razones siguientes: 1) Al momento del despido directo, verbal, ilegal e injustificado del que fue objeto, no se invocó una causal establecida en nuestra legislación laboral, lo que la hace ilegal e injustificada, violentando de esa manera lo dispuesto en el artículo 117 del Código de Trabajo que literalmente establece "La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe dar el preaviso, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos". 2) Asimismo, se violenta la garantía de estabilidad en el empleo establecido en el artículo 129 de la Constitución que literalmente señala: "La ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones, y las justas causas de separación. Cuando el despido injustificado surta efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el trabajador tendrá derecho a su elección, a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales v convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre al trabajo con el reconocimiento de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios". 3) Por otra parte antes de despedirlo no se le escuchó, ya que no existió audiencia de descargos, ni ha firmado citación alguna para que se llevara a cabo audiencia de descargos; violándose de esta manera por parte de la EMPACADORA DE PRODUCTOS ACUATICOS SAN LORENZO, el derecho de defensa establecido en los artículos 82 y 94 de la Constitución de la República y los derechos a la protección al desempleo y de estabilidad de los trabajadores en el empleo consagrados en los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República. Así mismo el patrono trató de desnaturalizar el contrato de trabajo haciéndole firmar múltiples contratos denominados como "Contrato Privado de Prestación de Servicios de Transporte para Acarreo de Basura Suscrito con Comerciante Individual", lo cual violenta de forma grave sus derechos laborales en vista que el artículo 47 del Código de Trabajo establece: "Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración...". Por lo anterior y dada la naturaleza del giro de la empresa que genera desperdicios todos los días, es decir que es una actividad constante y permanente en la Empresa, la cual como persona responsable que era cumplía con la mayor eficiencia y esmero. En un afán de lograr un acuerdo conciliatorio acudió a la oficina de la Dirección General de Trabajo, en el Departamento de Conflictos Individuales, Empresa EMPACADORA DE PRODUCTOS ACUATICOS SAN LORENZO, compareció el día y hora señalados, demostrando no tener interés alguno en llegar a un arreglo, por lo que se resolvió por aquel órgano dando por agotado el trámite administrativo. 2. La parte demandada, la EMPRESA EMPACADORA DE PRODUCTOS ACUATICOS SAN LORENZO, S.A. DE C.V., contestó dicha demanda señalando que, mantuvo relación comercial mediante contrato privado para la prestación de los servicios de transporte para acarreo de basura con el ahora actor en su calidad de comerciante individual legalmente constituido y propietario del negocio denominado "TRANSPORTES LOPEZ, identificado con Registro Tributario Nacional (R.T.N.) número 1709-1969- 006545 debidamente autorizado por las autoridades de transporte para la explotación y comercialización de los servicios de transporte. Se hace necesario aclarar que en la estructura organizativa del personal de la empresa el puesto de trabajo de acarreador de basura no existe. Cabe indicar, que toda contratación que la empresa realiza ya sea de cualquier tipo o naturaleza se documenta por escrito por tratarse de una empresa regulada, auditada y certificada, es decir, no se realizan contrataciones verbales, de manera que la parte demandante falta a la verdad. En el caso que nos ocupa por tratarse de una relación comercial de orden civil con un proveedor de servicios NO corresponde invocar argumentos y fundamentos legales en los términos de los art. 112 y 117 del Código de Trabajo en relación con los art. 84, 94, 127 y 129 de la Constitución de la República de Honduras, además por su parte no corresponde la aplicabilidad del proceso disciplinario contemplado en el Reglamento Interno de Trabajo de la demandada por no ser el demandante trabajador regulado por esta normativa legal. Lo que si corresponde según el derecho civil es que en el caso de prescindir de los servicios se deberá estar a lo pactado en el contrato de servicios, resulta que en el caso de autos mi representada notificó al proveedor la rescisión del contrato en los términos establecidos en la cláusula DÈCIMO numeral 5) del referido contrato de servicios suscrito en fecha 01 de abril de 2016 y prorrogado y efectiva su terminación hasta el día 18 de mayo de 2017. Por la magnitud de las operaciones de la demandada se contratan diferentes tipos de proveedores de servicios los que deben reunir algunos requisitos, resulta que entre ellos se encontraba el negocio denominado "TRANSPORTES LOPEZ cuyo representante legal es el señor Lázaro Ulises López. la empresa contrata regularmente estos servicios de acarreo de basura (de acuerdo a la cantidad de basura que se genera la cual es poca) porque no cuenta con su propio crematorio razón por la que tiene que pagar a proveedores privados para su acarreo, actividad que no es el objeto o finalidad principal de la empresa. La demandada contrata a diferentes proveedores de servicios ya sea de internet, insumos, maquinaria, informática, reparaciones, transporte de personas, transporte de carga, servicios de contenedores, servicios legales, vigilancia, seguridad, entre otros servicios los que no constituye un vínculo o relación laboral regulada por el Código del Trabajo. La modalidad de contratación de servicios de proveedores es de naturaleza civil sujeto al derecho privado de conformidad al artículo 1569 del Código Civil, así lo establece la cláusula PRIMERO. OBJETO Y MODALIDAD DEL CONTRATO del referido contrato suscrito entre las partes en fecha 01 de abril de 2016 prorrogado hasta el 18 de mayo de 2017. El negocio denominado TRANSPORTES LOPEZ representado legalmente por el señor Lázaro Ulises López prestaba los servicios de acarreo de basura con una volqueta identificada con placa PLD 7869 con permiso de explotación emitido por las autoridades de transporte, pudiendo auxiliarse de otras personas (personal propio) bajo su estricta dirección técnica directiva, responsabilidad y relación de dependencia con él, lo que no implicaba cargo o responsabilidad de cualquier índole para la demandada. Los servicios que prestaba el ahora demandante no eran exclusivos pues botaba basura para otros que lo requerían. Es necesario hacer de su conocimiento que el demandante para el cobro por los servicios de acarreo presentaba a la empresa recibo con RTN en calidad de comerciante individual, al cual se le daba el trámite respectivo para mediante transferencia a la cuenta de ahorro en banco Atlántida (el pago se efectuaba según boleta de transporte por fletes varios la que registraba los viajes realizados), posteriormente que entró en vigencia el nuevo régimen de facturación el ahora demandante presentaba los recibos autorizados DEI/SAR con el CAI respectivo. En consecuencia, de acuerdo a la modalidad y naturaleza de la contratación antes aludida no corresponde a la parte actora invocar lo dispuesto en el artículo 47 del Código del Trabajo por tratarse de una relación comercial de servicios privados de orden civil sujeto al derecho privado. Se concluye que la presente demanda es TOTALMENTE IMPROCEDENTE, inclusive CONFUSA al punto que causa indefensión a mi representada ya que en la suma del libelo de demanda se alega "despido directo, verbal" existe un total desconocimiento de las figuras legales en materia laboral "o" lo uno o lo otro, pero no ambas, ya que la una excluye a la otra, si es directo es porque recibió nota de despido si es verbal es porque no recibió nota escrita, obviamente el término despido no aplica en este asunto por no tratarse de una relación laboral como reiteradamente lo habían indicado. Es claro que el demandante quiere sorprender al Juez evitando hacer mención de la terminación del contrato privado que le fue notificado en legal y debida forma para atribuirse una condición de trabajador que no tiene. Lo que si aplica en este asunto es la modalidad de contratación del proveedor de servicios privados de transporte sujeto al derecho civil no siendo competente este juzgado para conocer por razón de la materia esta acción en vía laboral, de manera, que los fundamentos legales que arguye la parte demandante, así como los conceptos que pretende no corresponden por tratarse de persona jurídica y no tener la condición de trabajador o persona natural según art. 4 del Código del Trabajo vigente, en consecuencia procede que mi representada sea absuelta de toda responsabilidad laboral. 3. El Juzgado de Letras Seccional de San Lorenzo, Departamento de Valle, en fecha 09 de diciembre del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL POR DESPIDO DIRECTO, VERBAL, ILEGAL E INJUSTIFICADO, PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR HASTA QUE CON SUJECION A LAS NORMAS PROCESALES VIGENTES QUEDE FIRME LA SENTENCIA CONDENATORIA, MAS COSTAS DEL JUICIO, promovida por el señor LAZARO ULICES LOPEZ, Representado Procesalmente por el Abajado JOSE ALFREDO SAAVEDRA MEJIA, en contra de la EMPRESA EMPACADORA DE PRODUCTOS ACUATICOS SAN LORENZO S.A. DE C.V., todos de generales ya expresadas en el preámbulo de esta sentencia.- SEGUNDO: SE ABSUELVE a la EMPRESA EMPACADORA DE PRODUCTOS ACUATICOS SAN LORENZO S.A. DE C.V., al pago de PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, en virtud de las razones que motivan el presente fallo y específicamente por no existir relación de índole laboral entre las partes. TERCERO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, al hacer un análisis exhaustivo de los medios de prueba ofertados por la parte demandada, el suscrito juez arriba a la convicción que el señor LAZARO ULICES LOPEZ es titular de la empresa mercantil denominada TRANSPORTES LOPEZ constituida mediante escritura pública número 438 autorizada por el Notario público Antonio Osman Rodríguez Anaya en fecha 23 de marzo del 2015 en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., según consta dicha escritura constitutiva a folios 124, y de igual modo propietario del vehículo tipo volqueta con placa PCD-7869 según boleta de revisión visible a folios 112 del expediente y según contrato de prestación de servicios visibles a folios 97 al 106 se colige que la empresa mercantil ahora demandada suscribió con el ahora demandante en calidad de titular de la empresa mercantil TRANSPORTES LOPEZ contrato de prestación de servicios, que son propios del giro social de la empresa mercantil constituida por el demandante y que por lo tanto le son ajenas las disposiciones del código de trabajo, puesto que no se reúnen los requisitos exigidos en el artículo 20 del código de trabajo, ya que de la lectura de los contratos de servicios se concluye que el demandante gozaba de libertad de operaciones, puesto que no se encontraba obligado a prestar personalmente sus servicios, sino más bien solo informar a la empresa demandada el operador que éste podía designar libremente, razón por lo cual no se reúnen los elementos de 1) Actividad realizada personalmente y 2) subordinación laboral, y si bien ha quedado acreditado en juicio que existió una remuneración, esta obedece al índole mercantil puesto que quedó acreditado en juicio las retenciones que se aplicaban por conceptos tributarios, por lo cual no concurren los requisitos que la ley laboral exige para que haya relación de trabajo. Que para determinar si existe relación de trabajo, desde el punto de vista de la normativa laboral, se debe revisar: 1) si hay subordinación; 2) si se presta el trabajo de manera personal; 3) el lugar y los medios con que se ejecuta el trabajo, de igual modo quedo probado que los medios que utilizaba el demandante, es decir, su vehículo automotor tipo volqueta es de su entera propiedad; y, 4) si el trabajo desempeñado corresponde a un puesto permanente en la institución. Por lo que el suscrito juez arriba a la convicción de que entre las partes no existió una relación de trabajo, resulta inútil entrar a conocer sobre las alegaciones de despido hechas por la parte demandante, puesto que lo acontecido en el presente juicio es del orden civil y no laboral como ha quedado dirimido anteriormente. Que, por las razones antes expuestas resulta procedente declarar SIN LUGAR la presente demanda. 4. La Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, en fecha 08 de agosto del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, luego del estudio del caso y de la revisión de la prueba evacuada en juicio, en torno a los alegatos formulados por la parte apelante y contestados por la parte apelada, considera que la constancia que obra a folio (57) de la primera pieza de autos firmada por el Ingeniero ÁNGEL JOSE RAMÍREZ ZELAYA Jefe de Mantenimiento de la demandada, este al rendir su declaración a folio (158 vuelto y 159) de la primera pieza de autos, si bien reconoce la firma puesta en dicho documento, respondió a preguntas formuladas por el Juez que él no estaba autorizado para emitir ese tipo de constancias, y que lo hizo a título personal porque el demandante le pidió de favor una referencia personal que le solicitaban para un préstamo que estaba gestionando en una institución bancaria; la declaración hecha por el testigo antes citado tiene relación con la prueba documental propuesta y evacuada por la parte demandada referente a la constancia que obra a folio (71) de la pieza en referencia, donde se hace constar que las únicas firmas autorizadas para extender constancias de trabajo para cualquier finalidad o para ser utilizadas con Banco Atlántida y Banco de los Trabajadores por parte de la Sociedad GRUPO GRANJAS MARINAS S.A. DE .C.V./ EMPRESA EMPACADORA DE PRODUCTOS ACUATICOS SAN LORENZO S.A DE C.V. son LICZA MEYLIN ZORTO ALEMAN, Gerente de Recursos Humanos y KARLA PATRICIA FLORES COELLO, Jefe de Recursos Humanos. De manera que la referida constancia propuesta como prueba documental por la parte demandante con el fin de acreditar la relación laboral entre demandante y demandada, al restarle valor probatorio el A- quo para tales fines es una postura que esta Corte comparte, cuando se ha acreditado que el Ingeniero ÁNGEL JOSE RAMÍREZ ZELAYA no es la persona facultada por la demandada para extender constancias de trabajo, haciendo este la aclaración que el extendió este documento a título personal por un favor que le solicito el señor LAZARO ULICES LOPEZ, no habiendo aportado ningún otro medio probatorio la parte actora para acreditar esa relación laboral que alega, bien a través de planillas - donde figure el demandante como empleado de la demandada en el puesto de acarreo de basura, como tampoco baucher de los pagos que este haya recibido mensualmente por dicha actividad. Que también se alega por el Censor que con la prueba documental referente a la nota que obra a folio (125) de la primera pieza de autos extendida por el Licenciado JUAN RAMON JAVIER MEDINA, Gerente Financiero de la demandada se acreditó el despido directo, ilegal e injusto de que fue objeto su representado; sin embargo es de considerar por una parte que lo que el demandante alego en el plan de la demanda es un despido verbal directo, señalando que el señor LUIS PERDOMO, como Jefe inmediato le indico de manera verbal y unilateral la decisión de dar por terminada la relación laboral vía despido verbal, contrario a lo que se establece en la nota a que se hace referencia, observando esta Corte que el despido verbal alegado por el demandante cuya obligación le correspondía probar no fue acreditado en juicio con ningún medio de prueba. Por otra parte, la nota a que se refiere el impetrante lo que contiene es la notificación de la terminación del contrato privado de prestación de servicio de transporte para el acarreo de basura que suscribió como comerciante individual el demandante con la demandada y que se hizo efectiva según la cláusula decimo numeral 5) del citado contrato. Que la parte demandada en el curso del juicio, acredito que la relación que mantuvo con el demandante fue una relación entre proveedor y cliente a través de contratos de servicios de transporte para el acarreo de basura, para lo cual el demandante estaba constituido como comerciante empresario individual para explotar la negociación mercantil TRANPORTES LOPEZ, dedicada al transporte terrestre, público y privado de carga en cualquiera de sus modalidades nacionales e internacionales, habiéndose acreditado la escritura de comerciante individual, el permiso de explotación para ese rubro por la Dirección General de Transporte, el permiso de operación por la Municipalidad de San Lorenzo, Valle; contrato en el cual se estableció que el mismo quedaba sujeto al derecho privado de conformidad con el artículo 1569 del Código Civil, estableciéndose que para la ejecución de la prestación el demandante contaría con su propio personal y ejecutaría el servicio con su propia autonomía técnica, directiva y bajo su propia cuenta y riesgo, proporcionando los vehículos que reúnan las especificaciones y características del contratante. También se estableció que su relación con la demandada era de orden civil y que en la prestación de los servicios el contratista actuaba como comerciante individual, legalmente constituido, desarrollando su actividad por su cuenta y riesgo con independencia autónoma y directiva, con su propio personal el cual se encontraba bajo sus órdenes y subordinación; asimismo se estableció que el contratante podía prescindir sin responsabilidad alguna y en cualquier momento de la prestación de servicios del contratista cuando dichos servicios ya no sean necesarios o satisfactorios. Que el impetrante en torno a este punto alega que lo que hizo la demandada al suscribir dichos contratos con el demandante fue desnaturalizar el contrato de trabajo existente desde el uno (01) de marzo del año dos mil (2000) у que se violentó el principio de la primacía de la realidad, alegato que no es de recibo para esta Corte, ya que no se trata únicamente de los contratos acompañados por la parte demandada para la prestación del servicio de transporte para acarreo de basura, en razón que se observa que se acredito en juicio por la parte demandada una serie de documentos que orientan a establecer que lo que suscribió el demandante con la demandada fue un contrato de prestación de servicios que gira dentro del campo del derecho civil, ya que se acompañaron como se señaló en su oportunidad escritura de comerciante individual del rubro de transporte de carga a que se dedica el demandante, permiso de explotación para ese rubro por parte de la Dirección General de Transporte, permiso de operación por parte de la Alcaldía de San Lorenzo, permiso de la Alcaldía de San Lorenzo para acarrear basura de las instalaciones de la demandada al crematorio municipal, boleta de circulación del vehículo que usaba el demandante para ejecutar dicha prestación el cual es de su propiedad, asimismo se acompañó las diferentes retenciones de impuestos a favor del Estado que se hacían al demandante y la factura que este extendía para el cobro de los viajes por acarreo que este hacía, pruebas documentales que obran a folio (73 al 87 y 97 al 124) de la primera pieza de autos. De manera que en el caso de autos no ha existido la desnaturalización del contrato a que hace referencia el recurrente, tampoco ha habido violación al principio de la primacía de la realidad conforme el cual es de la prestación del servicio y no del acuerdo de voluntades, lo que hace que el trabajador se encuentre amparado por el Derecho del Trabajo, principio que como se reitera no se ha violentado en razón que en el presente caso la prestación del servicio que realizaba el demandante para la demandada en el caso de autos va en consonancia con el acuerdo de voluntades al que se sometieron las partes en los diferentes contratos de prestación de servicios para el acarreo de basura; por lo que en el presente caso en la actividad desempeñada por el demandante no concurre los tres (3) requisitos que exige el artículo 20 del Código de Trabajo, para la existencia del Contrato de Trabajo norma legal que exige: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y, c) Un salario como retribución del servicio. Dejando establecido que la prestación del servicio del demandante no era personal, este tenía libertad de designar otras personas a su mando para llevar a cabo la prestación, tampoco se da el elemento de la subordinación, ya que de acuerdo al contrato este tenía independencia y autonomía para llevar a cabo la prestación del servicio, y en cuanto a la remuneración lo que recibía no era un salario mensual, sino el pago por cada viaje que hacía de acarreo de basura para lo cual este extendía facturas de la SAR que eran canceladas por la demandada. Que este Tribunal de Alzada estima que la sentencia dictada por el A-quo se encuentra ajustada a derecho, habiendo efectuado un enfoque claro y exhaustivo de la temática del caso conforme las pretensiones abordadas en juicio, asimismo hizo una correcta valoración de los medios probatorios y una adecuada aplicación de las normas al caso concreto, observándose un razonamiento lógico, adecuado y sistemático sobre el estudio del caso sometido a su conocimiento, no siendo de recibo los alegatos formulados por la parte apelante, siendo procedente confirmar la sentencia venida en apelación que declaró sin lugar la demanda y absolvió a la demandada de lo reclamado en juicio. 5. Mediante auto de fecha 20 de octubre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE ALFREDO SAAVEDRA MEJIA, en su condición de representante procesal del señor LAZARO ULICES LOPEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Choluteca y Valle, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 14 de diciembre del 2023, compareció ante este Tribunal, el Abogado JOSE ALFREDO SAAVEDRA MEJIA, en su condición de representante procesal del señor LAZARO ULICES LOPEZ, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 04 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 15 de mayo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado JOSE ALFREDO SAAVEDRA MEJIA, en su primer motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción indirecta del articulo 113 párrafos primero y segundo y literal a) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 6, 7 reformado y 20 del mismo código, infracción indirecta proveniente de error de hecho proveniente de apreciación errónea de prueba documental que resulta evidente de los autos. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO. Los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo son las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas antes señaladas. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE. La prueba equivocadamente apreciada por el Tribunal fue la documental que se encuentra agregada a la primera pieza de autos consistente en: 1. Constancia firmada por el Ingeniero Ángel José Ramírez Zelaya quien es Jefe de Mantenimiento de Empacadora de Productos Acuáticos San Lorenzo S.A. de C. V. en fecha 20 de Enero del 2012, que corre agregada a folio cincuenta y siete (57) de la primera pieza de los autos. Constancia donde por medio de la misma se hace constar que el señor Lazaro Ulises López está laborando como contratista desde marzo del 2000 hasta la fecha, bajo mis órdenes y supervisión en el depto. de mantenimiento, percibiendo ingresos arriba de Lps. 30,000.00 mensuales. 2. Contratos de prestación de servicios de transporte para acarreo de basura, suscritos entre demandante Lázaro Ulises López y la empresa Grupo Granjas Marinas S.A de C.V. entre las fechas 01 de abril del 2015 al 31 de diciembre del 2016, que corre agregado a folios noventa y seis al ciento seis (96 al 106) de la primera pieza de autos. 3. Nota de fecha 08 de mayo del 2017, firmada por el Licenciado Juan Carlos Javier Medina quien es Gerente Financiero de Grupo Granjas Marinas S.A de C.V., que corre agregada a folio ciento veinticinco (125) de la primera pieza de autos. Nota por medio de la cual se procede a la terminación sin responsabilidad de toda índole y naturaleza para las partes, efectivo a partir del día 08 de mayo del 2017. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA DE LA SIGUIENTE FORMA: En el presente caso que nos ocupa, la acción ejercitada se fundamenta en que el demandante fue contratado por la EMPRESA EMPACADORA DE PRODUCTOS ACUATICOS SAN LORENZO S.A. DE C.V, a través de un contrato de trabajo verbal y de manera posterior hicieron que el demandante firmará múltiples contratos de prestación de servicios, con el fin de desnaturalizar la relación laboral que sostenían y posteriormente se dio por terminada la relación entre las partes de forma ilegal e injustificada. La prueba singularizada que consiste en la Constancia firmada por el Ingeniero Ángel José Ramírez Zelaya quien es Jefe de Mantenimiento de Empacadora de Productos Acuáticos San Lorenzo S.A. de C.V. en fecha 20 de enero del 2012, que corre agregada a folio cincuenta y siete (57) de la primera pieza de los autos establece de forma categórica que el demandante, "LÁZARO ULISES LÓPEZ, está laborando como contratista desde marzo del 2000 hasta la fecha, bajo sus órdenes y supervisión en el depto. de mantenimiento, percibiendo ingresos arriba de Lps. 30,000.00 mensuales", lo que significa que en efecto el Ingeniero ÁNGEL JOSE RAMÍREZ ZELAYA como Gerente de Mantenimiento de la sociedad EMPRESA EMPACADORA DE PRODUCTOS ACUATICOS SAN LORENZO S.A. DE C.V., en aplicación del artículo 6 del Código del Trabajo, es un representante del patrono para efectos de la relación laboral con el demandante. A su vez en dicha constancia se reconoce lo siguiente: 1) Que existe una relación y personal de prestación de servicios desde el mes de marzo del año 2000 hasta la fecha de emisión 20 de enero del 2012; 2) Que el demandante estaba subordinado de manera continuada y recibía órdenes del Ingeniero Ángel José Ramírez Zelaya quien se desempeña como Jefe de Mantenimiento; y 3) Que el demandante recibía una retribución mensual por los servicios que prestaba de Lps. 30,000.00. Siendo la concurrencia de estos tres (3) elementos la que requiere el artículo 20 del Código del Trabajo para que exista un contrato de trabajo, agregando dicho artículo que reunidos estos tres (3) elementos se entiende que existe un contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. De igual forma la Constancia firmada por el Ingeniero Ángel José Ramírez Zelaya, Jefe de Mantenimiento de Empacadora de Productos Acuáticos San Lorenzo S.A. de C.V., se observa que la prestación del servicio inició en el mes marzo del 2000, mientras que los Contratos de prestación de servicios de transporte para acarreo de basura señalan que la supuesta relación de naturaleza civil inicia cinco (5) años después, en fecha 01 de abril del 2015, lo que demuestra que la relación laboral inició mucho y que los contrato de naturaleza civil solo fueron firmados para evadir las responsabilidades laborales de las empresas demandadas. El error de apreciación de la prueba antes singularizada se presenta al considerar que el Jefe de Mantenimiento el Ingeniero Ángel José Ramírez Zelaya no estaba autorizado a firmar estas constancias, las que solo podían ser firmadas por la Gerente de Recursos Humanos y la Jefe de Recursos Humanos, por lo que la constancia no tendría validez, a través de dicho argumento la Corte Recurrida llega a la conclusión de que no hay contrato de trabajo, sino un contrato de naturaleza civil, olvidando la Corte Sentenciadora que de ser cierto que el Jefe de Mantenimiento no está autorizado para extender constancias, no convierte el contenido de la constancia en un hecho falso, lo único que produce es que el Jefe de Mantenimiento extendió la constancia sin autorización, pero no demuestra que su contenido sea incorrecto. Finalmente, aunque en la demanda se haya sostenido que existió un despido verbal, es claro que las pruebas acreditan que existió un despido por escrito a través de la nota que corre agregada a folio 125 de la primera pieza de autos, la sentencia recurrida señala que esta es la notificación de la terminación del contrato privado de prestación de servicio de transporte para el acarreo de basura. Sin embargo, la prueba es apreciada de forma errónea al no tomar en consideración que el demandante se encontraba bajo una relación de trabajo ya que el párrafo final del artículo 20 del Código de Trabajo señala con precisión que una vez reunido los tres elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Y la equivocada apreciación que hace la sentencia recurrida es fruto de olvidar que en materia laboral existe el principio de "Primacía de la Realidad" que es explicado por esa Sala de lo Laboral de la Corte Suprema de Justicia al señalar: "...en caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo que surge de documentos o acuerdos, debe darse preferencia a lo primero, es decir, a lo que efectivamente sucede en el terreno de los hechos, ya que dicha divergencia así como puede proceder de un simple error involuntario puede también estar inspirada intencionalmente para simular o esconder la verdad y eludir el cumplimiento de obligaciones legales u obtener un provecho ilícito. Debe entonces, quedar claro que la existencia o no de una relación o un contrato de trabajo, tu permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes hayan pactado por escrito o verbal, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando servicios, pues siempre debe prevalecer los aspectos facticos-sustanciales por sobre los jurídicos formales." (Ver expediente SL 232-12 sentencia de fecha 8 de octubre del 2013 y CL 112-2015 sentencia de fecha 21 de junio del 2016). De modo que siendo evidente que existe un contrato de trabajo al que se le ha dado otra denominación con objeto de evadir responsabilidades laborales, el contrato de trabajo no deja de serlo y la nota de terminación extendida por el patrono del en relación al contrato de naturaleza civil, supondrá necesariamente la terminación de la real relación jurídica que existe entre las partes que es el contrato de trabajo. Si la Corte Sentenciadora hubiera apreciado correctamente las pruebas singularizadas en conjunto con los demás medios de prueba, habría concluido que efectivamente la relación contractual entre las partes es un verdadero contrato de trabajo y la nota de terminación de esta relación, aunque se refiera a un contrato de naturaleza civil, al tratarse en realidad de un contrato de trabajo, es un despido sin causa justificada, lo que lo convierte en un despido ilegal e injustificado, de modo que de haber apreciado correctamente las pruebas la sentencia habría declarado con lugar la demanda y condenado a las sociedades demandadas al pago de las prestaciones laborales a favor del demandante, por lo que procede se case el presente recurso por este motivo”. III.- Que el cargo expuesto resulta inadmisible puesto que el error de hecho solo procede en casación cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos; sin embargo, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración apropiada de todo el material probatorio allegado al juicio, llegándose a la conclusión de la improcedencia de la demanda de mérito. En adición, en cuanto al error de hecho en la apreciación de las pruebas, este Tribunal llama la atención en cuanto a que no es la apreciación de una prueba o la omisión de la misma por parte del juzgador lo que constituye el error de hecho, sino que este vicio es el efecto o resultado que puede presentarse en el criterio del juzgador como consecuencia de haberse dejado de apreciar o de haberse apreciado equivocadamente una prueba, en forma de inducirlo a dar por establecido un hecho que no aparece probado realmente o al contrario, a dar por no probado un hecho que sí está demostrado en el proceso y en el caso sub judice no aparece ninguna situación que pugne contra el material probatorio aportado y practicado en el juicio. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de mayo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Laboral número CL 374-2023. FIRMA Y SELLO.
RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY
RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.