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Sentencia CL-373-23 — Registro 19931

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de un despido, en su defecto que le reintegre a su puesto de trabajo; pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, y demás derechos de indemnizaciones legales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: no se demuestra el error evidente y manifiesto. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los fundamentos del A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso, resolviendo conforme a principios del derecho del trabajo y a la libre formación de su convencimiento. Todo en completa armonía con lo dispuesto en el artículo 18 del Código del Trabajo, pues la proporcionalidad es un principio general que está claramente desarrollado en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, y en la disposición precitada. Aunado a lo anterior es necesario referirse al principio de in dubio pro operario donde se establece que, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones del trabajo, convencionales o reglamentarias, prevalecerá la disposición o la interpretación más favorable al trabajador. Por lo cual este Tribunal considera que el Tribunal Ad-quem también ha hecho uso de ese principio para fundamentar su sentencia en el sub júdice."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."lo expuesto, procede se declare la NULIDAD SUBSIDIARIA de la sentencia recurrida dictada por Ad-Quem”. VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estima éste Tribunal, que en el fallo impugnado no se ha violado el debido proceso ni el derecho defensa de las partes en consecuencia no procede la nulidad solicitada. VIII. Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos motivo de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince (15) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 12 de diciembre del 2023, por la abogada LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), además es parte recurrida, el señor JOSÉ PABLO MUÑOZ LAÍNEZ, representado en juicio por el abogado MARIO CESAR MARTÍNEZ ORELLANA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de un despido, en su defecto que le reintegre a su puesto de trabajo; pago de vacaciones; décimo tercer mes en concepto de aguinaldo; décimo cuarto mes en concepto de compensación social, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha del despido, hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria definitiva y sea reintegrado a su puesto de trabajo y demás derechos de indemnizaciones legales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 23 de mayo del 2022, por el señor JOSÉ PABLO MUÑOZ LAÍNEZ, mayor de edad, soltero, Guardia de Seguridad, hondureño y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), por medio de su Gerente General el señor CARLOS ARTURO BUESO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 10 de agosto del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 03 de mayo del 2023, proferida por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO interpuesta por el señor JOSÉ PABLO MUÑOZ LAÍNEZ; contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, del domicilio de ésta Ciudad, representada por el DOCTOR CARLOS ARTURO BUESO, en su condición de GERENTE GENERAL. SIN COSTAS DADA LA NATURALEZA EMINENTEMENTE SOCIAL DEL DERECHO DEL TRABAJO. EN CONSECUENCIA: CONDENA A LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), REPRESENTADA POR EL DOCTOR CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA A REINTEGRAR AL DEMANDANTE COMO EMPLEADO DE GUARDIA DE PROTECCIÓN PORTUARIA, EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, ASÍ COMO TAMBIÉN AL PAGO DE VACACIONES, DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO, DÉCIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL, DICHOS CONCEPTOS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS; MAS EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO, HASTA LA FECHA EN QUE SEA REINTEGRADO A SU PUESTO DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que ingresó como empleado en el cargo de Guardia de Protección Portuaria, en Puerto Cortés, por virtud de contrato escrito de trabajo por tiempo indefinido suscrito el 30 de abril del 2017, con reconocimiento de antigüedad laboral, desde el 05 de abril del 2010, entre la Gerencia General de la Empresa Nacional Portuaria y su persona, devengaba al momento del despido un salario ordinario mensual de L. 14,000.00, más el pago del séptimo día de descanso. Manifestó que fue despedido de su trabajo mediante notificación hecha por el señor Daniel Antonio Chavarría Medina, en su condición de Director Unidad de Desarrollo Organizacional de la Empresa Nacional Portuaria, el 27 de abril del 2022, en la que se le indicaba que la terminación del contrato se basa en el hecho de no haber presentado los antecedentes penales y policiales, lo que legalmente no estaba tipificado como falta grave, ni en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa Nacional Portuaria, ni el Código de Trabajo, para justificar el ilegal despido de su trabajo, del que fue objeto. Además argumentó que, la demandada, venía ejecutando acciones de excesivo hostigamiento laboral, en que lo iban a trasladar para otro puerto, donde la demandada, tiene instalaciones, el que venía sufriendo hasta que le entregaron la nota de despido, y que como empleado de la misma, le pusieran término a la relación laboral por mutuo acuerdo, con el ofrecimiento, que le pagarían el cien por ciento de sus derechos laborales, pero como comprenderá, las oportunidades de trabajo, son escasas, razón por la que no aceptó terminar su relación de trabajo, ya que necesitaba contar con su trabajo. Asimismo expresó que su decisión siempre fue mantener su empleo, fue por ello que después, le exigieron la presentación de los Antecedente Penales y Policiales, los que no pudo entregar en el tiempo requerido que fue de 24 horas impostergables, requerimiento que le fue hecho el día 29 de marzo del 2022, fecha en que se encontraba gozando de su periodo de vacaciones, que fue durante el periodo del 14 de marzo al 06 de abril del dos mil 2022; por tanto el requerimiento que le hicieron, fue ilegal, ya que por razón de encontrarse en su periodo de vacaciones, el contrato de trabajo, estaba suspendido, de conformidad a lo legalmente dispuesto en el numeral 8) del Artículo 100 del Código de Trabajo vigente, consecuentemente con ello, suspendida toda relación laboral; sin embargo, tal y como dio respuesta a una de las interrogantes que le formularon en la audiencia de descargo, he tenido y tengo una situación económica adversa, lo que le imposibilitó cumplir con lo requerido en el tiempo impostergable otorgado; sin embargo, también manifestó que a la brevedad, iba a hacer llegar las constancias de antecedentes penales y policiales, pero la respuesta fue que le darían por terminado su contrato de trabajo; y así sucedió. Asimismo, con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio, acudió a la Procuraduría del Trabajo de esa ciudad, siendo imposible el mismo se dio por agotada la vía administrativa. 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante; alegando en su defensa que los documentos que fueron requeridos en legal y debida forma al demandante como ser antecedentes judiciales y policiales, mediante diversos comunicados internos, eran parte de los requisitos legales que debían de cumplir los Guardias de Protección Portuaria como parte de la Unidad de Protección Portuaria de la Empresa Nacional Portuaria, requisitos indispensables establecidos en el Plan de Protección de Instalaciones Portuarias de la Empresa Nacional Portuaria y relacionada con el artículo sexto numeral 3) del Acuerdo No. 005-05 publicado en el Diario Oficial de la República "La Gaceta", numero 30, 825 de fecha 15 de octubre del 2005, por lo que la omisión al cumplimiento de los mismos pone en riesgo la Certificación del Puerto y otras acciones referentes como el permiso de armas para dicha Unidad, de lo cual siempre tuvo conocimiento el demandante, ya que en la acta de Comparecencia de fecha 29 de junio del 2021, que fue citado por la parte patronal debido a dicho asunto, de la pregunta efectuada él respondió, "5.- ¿tiene conocimiento ud de que estos documentos son parte indispensable de los requisitos para renovar la licencia de operación de la UPP?. Si lo tengo bien entendido, anuente a que yo he fallado.". Que pese de haberle sido solicitados al demandante la presentación de dichos documentos, desde el año 2021, por requerimiento derivado del Departamento de Seguridad Legal mediante Memorando UGR-DSL- 020-2021 de fecha 15 de febrero del 2021, con el propósito de renovar la licencia de Operación de la Unidad de Protección Portuaria (UPP), y posteriormente solicitados en reiteradas ocasiones, si haberlos presentado, ni presentando al patrono una justificación valido de porque no presentaba dichos documentos y considerando que tuvo la suficiente oportunidad o tiempo para hacerlo, en ese sentido ya no era justificable lo que expresaba el demandante y que sostenía de forma reiterada del porque no cumplía con la presentación de la documentación solicitada, habiéndolo también manifestado en la Audiencia de Descargo de fecha 08 de abril del 2022 y en la cual acepto que no había cumplido en presentar la documentación de Antecedentes Judiciales y Policiales que se le solicitó de manera reiterada. Manifestó que la Empresa demandada mantuvo una relación de trabajo con el demandante JOSÉ PABLO LAÍNEZ, en virtud de un Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido, que conforme a su cláusula segunda, el Trabajador se comprometió a prestar sus servicios "de forma exclusiva y subordinada, por tiempo indefinido.........", por cuanto en virtud de la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto de su patrono, la empresa demandada estaba en la capacidad de darle la instrucción que correspondan o facultada exigirle el cumplimiento en ese caso de la presentación de los documentos antecedentes judiciales y policiales, en cualquier momento por el tiempo de duración del contrato, y estando el trabajador en el deber de obediencia, obligado a cumplir con la presentación de los referidos documentos, en el marco de las obligación que como trabajador tiene, contemplado en el Código del Trabajo en su artículo 97 letra a), clausula quinta numeral 1 del Contrato Individual de Trabajo, presentación de los antes referidos documentos que como sí la han hecho otros trabajadores de la Unidad de Protección Portuaria. Arguyó que conforme al Contrato de Individual de Trabajo por tiempo indefinido, suscrito a los 02 días del mes de mayo del 2017, clausula cuarta, quinta, por la naturaleza de su cargo y funciones este tipo de trabajador se sujeta también a la observancia de lo establecido en reglamentos, normativa e instructivos que se establezcan para la Unidad Especial Desconcentrada de Protección Portuaria (UPP), normas del Código de Protección de las Instalaciones Portuarias (PBIP), así mismo a otras normas como la aplicación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en razón de lo cual debía de presentar dicha documentación ya que era para el cumplimiento de requisitos emanados de las anteriores normativas citadas y Renovar la Licencia de Operación de la Unidad de Protección Portuaria como también mantener la Certificación de Puerto Seguro. Por lo anteriormente expresado la no presentación de los documentos por el demandante se define como un incumplimiento del trabajador de sus obligaciones al incumplir las instrucciones del patrono sin justificación alguna, encontrándose lo anterior contemplado en el Artículo 112 del Código del trabajo como causa justa que facultan al patrono para dar por terminado el Contrato de Trabajo sin responsabilidad de su parte, que dice: "Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los Artículos 97 y 98, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional." Artículo 97 del mismo Código que señala: "Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores: a) Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular les impartan el patrono o su representante, según el orden jerárquico establecido”. Lo que se relaciona con el incumplimiento de la obligación del trabajador que el artículo 94 numeral 21 del Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa Nacional Portuaria, señala: "Observar estrictamente todas las disposiciones del presente Reglamento, acatar y cumplir las normas, órdenes e instrucciones, ya sean verbales o escritas o por medio de avisos boletines, que en forma particular y con toda la claridad le indique la Empresa o su representante para obtener mayor eficacia, rendimiento disciplina en las labores que se ejecuten", así mismo con el incumplimiento de la obligación citada en el numeral 22 de dicho Reglamento que dice "cumplir con las demás obligaciones que les impongan el Código del Trabajo, el presente Reglamento, el Contrato Colectivo de Trabajo y demás leyes aplicables". Finalmente manifestó que, por lo anteriormente manifestado, el despido efectuado al demandante José Pablo Muñoz fue efectuado en legal y debida forma. 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 03 de mayo del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO interpuesta por el señor JOSÉ PABLO MUÑOZ LAÍNEZ; contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, del domicilio de esta Ciudad, representada por el DOCTOR CARLOS ARTURO BUESO, en su condición de GERENTE GENERAL. SIN COSTAS DADA LA NATURALEZA EMINENTEMENTE SOCIAL DEL DERECHO DEL TRABAJO. EN CONSECUENCIA: CONDENA A LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), REPRESENTADA POR EL DOCTOR CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA A REINTEGRAR AL DEMANDANTE COMO EMPLEADO DE GUARDIA DE PROTECCIÓN PORTUARIA, EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, ASÍ COMO TAMBIÉN AL PAGO DE VACACIONES, DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO, DÉCIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL, DICHOS CONCEPTOS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS; MAS EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO, HASTA LA FECHA EN QUE SEA REINTEGRADO A SU PUESTO DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES”. Bajo el criterio que, acreditada la terminación de la relación laboral por iniciativa patronal, corresponde a este probar la existencia de la justa causa que le ha llevado a poner fin a la estabilidad laboral, de acuerdo al Artículo 113 del Código del Trabajo y que la decisión se encuentre enmarcada en lo que establece el Artículo 112 de la misma norma laboral sustantiva; de lo anterior es preciso señalar que el legislador otorgó al patrono la facultada de disciplinar a sus trabajadores cuando estos comentan faltas a su contrato de trabajo, pero esta facultad no es ilimitada y debe enmarcarse en ciertas circunstancias, como ser que la falta cometida sea proporcional a la sanción disciplinaria impuesta, asimismo otorgar al trabajador la oportunidad de ser escuchado, habiendo sido informado con anterioridad los hechos que se le imputan a efecto de poder desvirtuar los mismos, en el presente caso es visto que la patronal si realizó el debido procedimiento reglamentario al demandante, pero la patronal al tomar la decisión de dar por terminada la relación laboral con el demandante, lo hace señalando al demandante de haber cometido falta grave consistente en el Proceso Reglamentario que surgió mediante Levantamiento de Audiencia de Descargo a través de la Unidad de Desarrollo Organizacional en fecha 08 de Abril del 2022, relacionado al Memorando UPP- 129-2022 de fecha 31 de Marzo del 2022, referente nota por escrito de fecha 24 de Marzo sobre plazo de entrega de antecedentes Penales y Policiales, y que el trabajador no entregó la documentación requerida en legal y debida forma, que se le había solicitado de manera reiterada desde Febrero del año 2021, en cuanto a este hecho, la demandada no acredito en juicio, el perjuicio o el daño la no presentación de los documentos solicitados al demandante, asimismo el demandante no tenía faltas ni sanciones disciplinarias en su expediente personal, por otro lado, la patronal reconoce en la carta de despido que le había solicitado al demandante con anterioridad la presentación de los mismos documentos, en febrero del 2021 sin aplicarle ninguna sanción disciplinaria en ese entonces por lo que este juzgador observa que la sanción máxima aplicada por la patronal al demandante es desproporcional a la falta cometida, ya que como anteriormente se señalaba, dicha acción no le causó perjuicio alguno a la demandada aunado a que era la primera falta cometida por el demandante y que la causal invocada no se encuentra comprendida en el Reglamento Interno de Trabajo ni en la norma laboral, entre las que facultan al patrono a dar por terminada la relación laboral en forma justificada; asimismo nuestro ordenamiento Jurídico laboral y el Estado garantizan la estabilidad laboral, lo cual se encuentra señalado en el Artículo 129 Constitucional, estabilidad laboral que solamente puede verse perturbada cuando haya acaecido un acto o falta comprobada del trabajador, que el hecho cometido se encuentre tipificado como una falta muy grave y que dicho acto haga imposible la continuidad de la relación laboral o por el daño que el acto le haya causado al patrono, de lo cual se ha pronunciado la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en causa identificadas con los números 0501-2016-327, 0501-2016-471, 0501-2016-487, 0501-2016-526 y 0501-2017-487, en el sentido de establecer que “cuando la ruptura laboral invocada por el empleador en el ejercicio de su poder directivo y disciplinario, se entiende que el despido se deriva de un comportamiento (acción u omisión) que constituye motivo suficiente, moral y legítimo para ello, concretamente previsto como tal en el ordenamiento positivo o bien, que el mismo se ajusta a la valoración e interpretación que los tribunales le otorguen teniendo en consideración que la justa causa de despido debe ser motivo determinante para la disolución del contrato, es decir, se requiere un motivo justificado (hecho) y la existencia de culpa (imputación del hecho/responsable); motivo o causa que imposibilita la continuación de la relación laboral...”, criterio que este juzgador comparte, ya que para poder determinar que un despido es justificado el patrono no solo debe acreditar que el trabajador haya cometido la falta siguiendo el procedimiento reglamentario para la imposición de la sanción, sino que también la sanción impuesta sea proporcional y en concordancia a la falta cometida, lo cual en el presente caso no ha ocurrido y es que la ruptura de la relación laboral por parte de la patronal debe ser la última ratio que debe imponer el patrono al trabajador y debe observarse, en cuanto a la comisión de falta que conlleven la ruptura laboral se ha pronunciado la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en causa identificadas con los números 0501-2016-165, 0501-2016-526, 0501-2017-487, en el sentido de establecer que "...la potestad disciplinaria de éste para con aquellos, ante la comisión de una falta laboral de los empleados, que faculta para sancionar todo comportamiento que provoque una injuria, entendiendo ésta como “.... acto dicho contra razón y justicia capaz de perturbar el orden y la armonía indispensables para el mejor desenvolvimiento de las relaciones entre empresario y su dependiente o subordinado, (Cabanelas), todo previo el agotamiento del procedimiento que garantice el derecho de defensa...”, criterio que este juzgador comparte y que en el caso que nos ocupa este juzgador observa que la medida disciplinaria impuesta por la patronal al demandante no es proporcional a la falta cometida como antes señalaba, ya que la falta cometida por el trabajador no le causo perjuicios de ningún tipo a la patronal; es por ello que la ruptura de la relación laboral se vuelve injustificada y conlleva consecuencias económicas para la patronal, por lo que es procedente la condena de los conceptos indemnizatorios que establecen los Artículos 110 y 113 del Código del Trabajo, así como también el pago de salarios dejados de percibir en concordancia con el Artículo 129 Constitucional, por lo que es procedente Reintegrar al demandante a su puesto de trabajo como GUARDIA DE PROTECCIÓN PORTUARIA, en la ciudad de Puerto Cortés, así como también al pago de vacaciones, décimo tercer mes en concepto de aguinaldo, décimo cuarto mes en concepto de compensación social, dichos conceptos a título de daños y perjuicios; hasta la fecha en que sea reintegrado a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 10 de agosto del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, doctrinalmente, la aplicación de las medidas disciplinarias deben ir precedidas o acompañadas de la observancia de ciertas formas que constituyen ante todo garantía exacta de justicia; es así que producida la falta y puesta en conocimiento de las personas llamadas a conocerla, deben investigarse los hechos a fin de determinar la responsabilidad y los alcances que en orden a la disciplina tenga la misma e imponer la sanción pertinente; de ahí que el patrono deviene obligado a probar ante el órgano jurisdiccional que el despido descansa en un hecho cierto e imputable al trabajador, En el sub-judice es visto que la patronal previamente convocó e hizo de conocimiento del actor el motivo de la convocatoria a audiencia de descargos y con ello comprobar o no, la falta laboral relacionada con el memorando UPP-129-2022 de fecha 31 de marzo del 2022, en el que la Unidad de Desarrollo Organizacional y el Departamento de Recursos Humanos dan el plazo impostergable de 24 horas, para la entrega de los antecedentes penales y policiales para renovar la licencia de operación de la UPP, instrucción que el demandante incumplió justificando que tenía una situación económica adversa, hechos puntuales que con acierto el juez razona en el fallo, dejando sentado que el demandante hizo caso omiso a la instrucción girada por el patrono y que tal incumplimiento no está calificado como falta grave en el Reglamento Interno de la ENP, hecho que así quedó constatado a folio 51 de la primera pieza; igual situación se presenta con el Plan de Protección de las Instalaciones Portuarias, pues solo establece la obligación a los guardias de protección de presentar los documentos de antecedentes penales y policiales; a lo anterior se suma la tolerancia y pasividad patronal frente a la actitud del trabajador Muñoz Laínez, nо haciendo uso oportuno del poder disciplinario para sancionar la falta laboral del trabajador, tal así fue consignado en la carta de despido visible a folio 65 de la pieza principal, falta que como tal no faculta al patrono a dar por terminado el contrato de trabajo sin ninguna responsabilidad, por no estar calificado ese comportamiento como falta grave ni ser reincidente (en similares términos se pronunció la Sala Laboral Contencioso Administrativo en el expediente: CL-119-10); razonamientos de los que se concluye, que si bien el empleador legalmente está facultado para aplicar sanciones disciplinarias, éstas deben estar fijadas y calificado su alcance de menor o mayor gravedad en el Reglamento Interno de Trabajo. Del estudio y análisis en su conjunto del material probatorio y de la sentencia recurrida, el Tribunal estima que el despido manifestado en esas circunstancias es injusto e ilegal y acarrea responsabilidad económica para el empleador; en cuyo caso, es procedente confirmar la sentencia impugnada, por estar dictada conforme a derecho y en observancia de los principios y ritualidad del procedimiento laboral. 5.- Mediante auto de fecha 20 de octubre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 12 de diciembre del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 04 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de junio del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado MARIO CESAR MARTÍNEZ ORELLANA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA, en un primer motivo de casación, alega: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por Infracción Indirecta del articulo 113 párrafo 2) literal b) del Código del Trabajo en relación con el 97 numeral 1) y 112 literal L) del citado Código, por error de hecho derivado de la apreciación errónea de la prueba documental visible a folios 5 (nota de despido 27/04/2022), F-11 (audiencia de descargo 08/04/2022), acta de comparecencia del 29 de junio del 2021, memorando UGR-DSL-020-2021 de fecha 15/02/2021, Memorando UPP-129-2022 de fecha 31 de marzo de 2022 (F-62 al 68 p.p), del expediente de primera instancia que adelante singularizo. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA: La prueba erróneamente apreciada es la documental que obra a folios 5 del expediente de primera instancia, que se refieren a la notificación de despido del 27 de abril del 2022 donde la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA le notifica al demandante la terminación de su relación de trabajo con la demandada, así como la audiencia de descargo de fecha 08 de abril de 2022, acta de comparecencia del 29 de junio del 2021 y el Memorando UPP-129-2022 de fecha 31 de marzo de 2022 (F-62 al 68 p.p), en esta última donde nuevamente se le solicita al Señor José Pablo Muñoz que presente los antecedentes penales y policiales, requerimiento que también le antecedía en virtud del memorando UGR-DSL-020-2021 de fecha 15/02/2021. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas Indicadas como violadas son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA: Para que se configure el error de hecho necesario: 1)Que exista una mala apreciación de la prueba producida; 2) Que esa mala apreciación sea originada por un error de hecho es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trata; 3) Que el error de hecho genere como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y 4) Que el error de hecho sea manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. El Ad-Quem al confirmar la sentencia de primera instancia, Incurrió en Infracción Indirecta por error de hecho de las normas señaladas como infringidas, por cuanto da por establecido un hecho que no sucedió (terminación de contrato sin causa) y no da por acreditado un hecho consumado y probado plenamente (despido justificado), con lo cual resulta evidente la equivocada apreciación de la prueba, conducta que le llevo a declarar CON LUGAR la demanda, violando de esta manera, indirectamente el articulo 97 numeral 1 del Código del Trabajo, norma que dispone que el trabajador está obligado a cumplir las órdenes e instrucciones dadas por su Jefe, cosa que quedo plenamente establecido en las pruebas singularizadas que el demandante no cumplió con la instrucción girada. Ese error surge de la valoración o apreciación errónea de la prueba documental que obra a folios 5, 11, 62 al 68 de la p.p como del resto del conjunto de la prueba, ya que si lo hubiera realizado correctamente su conclusión hubiera dado por sentado que la demandada termino de manera justificada la relación de trabajo. Cumpliendo con el debido proceso y respetando el derecho a la defensa del empleado, situación que con acierto el Juez de primera Instancia reconoció, y que sin embargo el demandante no utilizo en el momento oportuno su derecho a la defensa pudiendo demostrar que había cumplido con la documentación requerida en los memorandos singularizados en este motivo, por lo que la terminación de la relación de trabajo resulta ser legal y justificada. Por lo que procede conforme a derecho la admisión de este motivo”. III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: no se demuestra el error evidente y manifiesto. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los fundamentos del A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso, resolviendo conforme a principios del derecho del trabajo y a la libre formación de su convencimiento. Todo en completa armonía con lo dispuesto en el artículo 18 del Código del Trabajo, pues la proporcionalidad es un principio general que está claramente desarrollado en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, y en la disposición precitada. Aunado a lo anterior es necesario referirse al principio de in dubio pro operario donde se establece que, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones del trabajo, convencionales o reglamentarias, prevalecerá la disposición o la interpretación más favorable al trabajador. Por lo cual este Tribunal considera que el Tribunal Ad-quem también ha hecho uso de ese principio para fundamentar su sentencia en el sub júdice. IV. Que en segundo motivo se aduce: “Ser la sentencia censurada violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 113 párrafo 2) literal b) del código del Trabajo, por error de hecho derivado de la apreciación errónea de la prueba documental visible, Memorando UGR- DSL-020-2021 de fecha 15/02/2021; F-62 al 68 p.p; Oficio UPP-581-2022 de fecha 28 de octubre del 2022; Contrato Individual de Trabajo (F 12); F- 50 vuelta reconocimiento judicial propuesto por esta parte, del expediente de primera instancia que adelante singularizo. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA: La prueba erróneamente apreciada es la documental Memorando UGR-DSL-020-2021 de fecha 15/02/2021, Memorando UPP-129-2022 de fecha 31 de marzo de 2022 (F-62 al 68 p.p), donde se le solicita al Señor José Pablo Muñoz que presente los antecedentes penales y policiales, el medio de prueba Oficio UPP-581-2022 de fecha 28 de octubre del 2022, referente acerca de la obligación de presentar los antecedentes penales y policiales contemplada en el Plan de Protección Portuaria cuya normativa es parte de la reglamentación Interna de la ENP y el Contrato Individual de Trabajo (F 12) del Señor José Pablo Muñoz Laínez donde se describe sus funciones y a lo demás que estaba sujeto en la cláusula cuarta, quinta; F-50 vuelta reconocimiento judicial. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA violación. La Corte recurrida sostiene en su sentencia, que la demandada no tiene justa causa para despedir al empleado, lo cual en primera instancia con el medio de prueba documental, audiencia de descargo y reconocimiento judicial propuesto por esta parte, quedo demostrado que el demandante nunca pudo presentar los antecedentes penales y policiales, de igual manera con la prueba evacuada mediante oficio No. UPP-581-2022, de fecha 28 de octubre del 2022, se acreditó que la obligación de presentar los antecedentes judiciales y policiales se encuentra en el Plan de Protección Portuaria normativa que es parte de la reglamentación interna de la Empresa Nacional Portuaria, aplicable a los empleados de su tipo y que las consecuencias de no presentar dichos antecedentes tiene como efecto inmediato exponerse a sanciones de la Comisión Nacional de Protección Portuaria y la perdida de Certificación de Puerto seguro, lo cual estaba comprendido en el Contrato Individual del demandante como parte de la reglamentación que estaba sujeto los empleados de su tipo, claramente a lo largo del juicio queda probado que el señor no cumplió con la orden a él girada, tal como pueden apreciar honorables magistrados, evidentemente con la solicitud reiterada al demandante de presentar los documentos desde el año 2021, se puede apreciar también que en ningún momento se actuó de mala fe hacia el trabajador, considerando que tuvo suficiente tiempo u oportunidad para proporcionarlos tal como lo acepto el demandante en su audiencia de descargo y acta de comparecencia de fecha 29 de junio del 2021. Por lo que la terminación de la relación de trabajo resulta ser legal y justificada. Por lo que procede conforme a derecho la admisión de este motivo”. V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) no se demuestra el error evidente y manifiesto. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los fundamentos del A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso, resolviendo el juzgador de instancia conforme a principios del derecho del trabajo como la proporcionalidad y a la libre formación del convencimiento en la apreciación de la prueba aportada al proceso. VI. Que se solicita nulidad de la sentencia impugnada en la forma siguiente: “En el remoto caso de no prosperar los motivos aquí bien explicados, solicito subsidiariamente se declare la NULIDAD de la sentencia impugnada, la que baso en los términos siguientes: Conforme al principio del debido proceso que regula el artículo 3 del código Procesal Civil, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los tramites legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la Republica y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente Independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada, todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal y formas (artículo 7 CPC), de manera que la ejecución del acto procesal Implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la ley, en tal sentido para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la decisión y fijan un límite a su poder discrecional. La sentencia del Ad-Quem resulta incongruente, ya que no valoró la sentencia de Ad- Quo, basándose en hechos y situaciones que implicaron desconocer el Reglamento Interno de mi representada, o la aplicación del Código del Trabajo cuando las faltas no tienen un procedimiento definido, como lo es que basado en Reglamento de Seguridad Portuaria existe la obligación de presentar antecedentes penales, que puede causar perjuicio a la seguridad portuaria, estos hechos fueron debatidos en la demanda y previamente en la audiencia de descargo, lo cual violenta el artículo 208 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme el artículo 858 del Código del Trabajo, ya que con base al principio y debe de congruencia procesal, las sentencias deberán resolver las cuestiones planteadas, nacen a través de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de las mismas, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo.- También se violentó el artículo 738 del Código del Trabajo y 206 del Código Procesal Civil, que establecen que el Juez al proferir su decisión, analizara todas las pruebas allegadas en tiempo y que las sentencias deben ser dictadas con CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1.- Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. - 2.- El Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3) Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Como podéis apreciar, el Ad-Quem, no observo las normas procesales laborales que conlleven a una sana decisión del asunto, pues no observo estas normas procedimentales al no valorar ni razonar todos los extremos del debate y las pruebas aportadas. Siendo notorio que el fallo recurrido afecta el derecho de defensa de mi representada, como el debido proceso, se debe anular el mismo a efecto de que las partes sean restituidas al estado en que se encontraban antes de esa resolución, para que además, ese tribunal proceda de conformidad a derecho, observando los deberes de congruencia y motivación, profiriendo la sentencia que corresponda conforme los extremos del debate, ya que se violentó su deber conforme los hechos debatidos así como las pretensiones y extremos del debate, causando indefensión a mi representada. Por todo lo expuesto, procede se declare la NULIDAD SUBSIDIARIA de la sentencia recurrida dictada por Ad-Quem”. VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estima éste Tribunal, que en el fallo impugnado no se ha violado el debido proceso ni el derecho defensa de las partes en consecuencia no procede la nulidad solicitada. VIII. Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos motivo de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. 2) SIN LUGAR la nulidad alegada de forma subsidiaria; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL373-23.RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOYRECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO21558250CERTIFICACIÓNEl Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los quince (15) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 12 de diciembre del 2023, por la abogada LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), además es parte recurrida, el señor JOSÉ PABLO MUÑOZ LAÍNEZ, representado en juicio por el abogado MARIO CESAR MARTÍNEZ ORELLANA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa de un despido, en su defecto que le reintegre a su puesto de trabajo; pago de vacaciones; décimo tercer mes en concepto de aguinaldo; décimo cuarto mes en concepto de compensación social, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, desde la fecha del despido, hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria definitiva y sea reintegrado a su puesto de trabajo y demás derechos de indemnizaciones legales, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 23 de mayo del 2022, por el señor JOSÉ PABLO MUÑOZ LAÍNEZ, mayor de edad, soltero, Guardia de Seguridad, hondureño y con domicilio en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), por medio de su Gerente General el señor CARLOS ARTURO BUESO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 10 de agosto del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 03 de mayo del 2023, proferida por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO interpuesta por el señor JOSÉ PABLO MUÑOZ LAÍNEZ; contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, del domicilio de ésta Ciudad, representada por el DOCTOR CARLOS ARTURO BUESO, en su condición de GERENTE GENERAL. SIN COSTAS DADA LA NATURALEZA EMINENTEMENTE SOCIAL DEL DERECHO DEL TRABAJO. EN CONSECUENCIA: CONDENA A LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), REPRESENTADA POR EL DOCTOR CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA A REINTEGRAR AL DEMANDANTE COMO EMPLEADO DE GUARDIA DE PROTECCIÓN PORTUARIA, EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, ASÍ COMO TAMBIÉN AL PAGO DE VACACIONES, DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO, DÉCIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL, DICHOS CONCEPTOS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS; MAS EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO, HASTA LA FECHA EN QUE SEA REINTEGRADO A SU PUESTO DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que ingresó como empleado en el cargo de Guardia de Protección Portuaria, en Puerto Cortés, por virtud de contrato escrito de trabajo por tiempo indefinido suscrito el 30 de abril del 2017, con reconocimiento de antigüedad laboral, desde el 05 de abril del 2010, entre la Gerencia General de la Empresa Nacional Portuaria y su persona, devengaba al momento del despido un salario ordinario mensual de L. 14,000.00, más el pago del séptimo día de descanso. Manifestó que fue despedido de su trabajo mediante notificación hecha por el señor Daniel Antonio Chavarría Medina, en su condición de Director Unidad de Desarrollo Organizacional de la Empresa Nacional Portuaria, el 27 de abril del 2022, en la que se le indicaba que la terminación del contrato se basa en el hecho de no haber presentado los antecedentes penales y policiales, lo que legalmente no estaba tipificado como falta grave, ni en el Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa Nacional Portuaria, ni el Código de Trabajo, para justificar el ilegal despido de su trabajo, del que fue objeto. Además argumentó que, la demandada, venía ejecutando acciones de excesivo hostigamiento laboral, en que lo iban a trasladar para otro puerto, donde la demandada, tiene instalaciones, el que venía sufriendo hasta que le entregaron la nota de despido, y que como empleado de la misma, le pusieran término a la relación laboral por mutuo acuerdo, con el ofrecimiento, que le pagarían el cien por ciento de sus derechos laborales, pero como comprenderá, las oportunidades de trabajo, son escasas, razón por la que no aceptó terminar su relación de trabajo, ya que necesitaba contar con su trabajo. Asimismo expresó que su decisión siempre fue mantener su empleo, fue por ello que después, le exigieron la presentación de los Antecedente Penales y Policiales, los que no pudo entregar en el tiempo requerido que fue de 24 horas impostergables, requerimiento que le fue hecho el día 29 de marzo del 2022, fecha en que se encontraba gozando de su periodo de vacaciones, que fue durante el periodo del 14 de marzo al 06 de abril del dos mil 2022; por tanto el requerimiento que le hicieron, fue ilegal, ya que por razón de encontrarse en su periodo de vacaciones, el contrato de trabajo, estaba suspendido, de conformidad a lo legalmente dispuesto en el numeral 8) del Artículo 100 del Código de Trabajo vigente, consecuentemente con ello, suspendida toda relación laboral; sin embargo, tal y como dio respuesta a una de las interrogantes que le formularon en la audiencia de descargo, he tenido y tengo una situación económica adversa, lo que le imposibilitó cumplir con lo requerido en el tiempo impostergable otorgado; sin embargo, también manifestó que a la brevedad, iba a hacer llegar las constancias de antecedentes penales y policiales, pero la respuesta fue que le darían por terminado su contrato de trabajo; y así sucedió. Asimismo, con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio, acudió a la Procuraduría del Trabajo de esa ciudad, siendo imposible el mismo se dio por agotada la vía administrativa. 2.- La parte demandada, la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante; alegando en su defensa que los documentos que fueron requeridos en legal y debida forma al demandante como ser antecedentes judiciales y policiales, mediante diversos comunicados internos, eran parte de los requisitos legales que debían de cumplir los Guardias de Protección Portuaria como parte de la Unidad de Protección Portuaria de la Empresa Nacional Portuaria, requisitos indispensables establecidos en el Plan de Protección de Instalaciones Portuarias de la Empresa Nacional Portuaria y relacionada con el artículo sexto numeral 3) del Acuerdo No. 005-05 publicado en el Diario Oficial de la República "La Gaceta", numero 30, 825 de fecha 15 de octubre del 2005, por lo que la omisión al cumplimiento de los mismos pone en riesgo la Certificación del Puerto y otras acciones referentes como el permiso de armas para dicha Unidad, de lo cual siempre tuvo conocimiento el demandante, ya que en la acta de Comparecencia de fecha 29 de junio del 2021, que fue citado por la parte patronal debido a dicho asunto, de la pregunta efectuada él respondió, "5.- ¿tiene conocimiento ud de que estos documentos son parte indispensable de los requisitos para renovar la licencia de operación de la UPP?. Si lo tengo bien entendido, anuente a que yo he fallado.". Que pese de haberle sido solicitados al demandante la presentación de dichos documentos, desde el año 2021, por requerimiento derivado del Departamento de Seguridad Legal mediante Memorando UGR-DSL- 020-2021 de fecha 15 de febrero del 2021, con el propósito de renovar la licencia de Operación de la Unidad de Protección Portuaria (UPP), y posteriormente solicitados en reiteradas ocasiones, si haberlos presentado, ni presentando al patrono una justificación valido de porque no presentaba dichos documentos y considerando que tuvo la suficiente oportunidad o tiempo para hacerlo, en ese sentido ya no era justificable lo que expresaba el demandante y que sostenía de forma reiterada del porque no cumplía con la presentación de la documentación solicitada, habiéndolo también manifestado en la Audiencia de Descargo de fecha 08 de abril del 2022 y en la cual acepto que no había cumplido en presentar la documentación de Antecedentes Judiciales y Policiales que se le solicitó de manera reiterada. Manifestó que la Empresa demandada mantuvo una relación de trabajo con el demandante JOSÉ PABLO LAÍNEZ, en virtud de un Contrato Individual de Trabajo por tiempo indefinido, que conforme a su cláusula segunda, el Trabajador se comprometió a prestar sus servicios "de forma exclusiva y subordinada, por tiempo indefinido.........", por cuanto en virtud de la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto de su patrono, la empresa demandada estaba en la capacidad de darle la instrucción que correspondan o facultada exigirle el cumplimiento en ese caso de la presentación de los documentos antecedentes judiciales y policiales, en cualquier momento por el tiempo de duración del contrato, y estando el trabajador en el deber de obediencia, obligado a cumplir con la presentación de los referidos documentos, en el marco de las obligación que como trabajador tiene, contemplado en el Código del Trabajo en su artículo 97 letra a), clausula quinta numeral 1 del Contrato Individual de Trabajo, presentación de los antes referidos documentos que como sí la han hecho otros trabajadores de la Unidad de Protección Portuaria. Arguyó que conforme al Contrato de Individual de Trabajo por tiempo indefinido, suscrito a los 02 días del mes de mayo del 2017, clausula cuarta, quinta, por la naturaleza de su cargo y funciones este tipo de trabajador se sujeta también a la observancia de lo establecido en reglamentos, normativa e instructivos que se establezcan para la Unidad Especial Desconcentrada de Protección Portuaria (UPP), normas del Código de Protección de las Instalaciones Portuarias (PBIP), así mismo a otras normas como la aplicación de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, en razón de lo cual debía de presentar dicha documentación ya que era para el cumplimiento de requisitos emanados de las anteriores normativas citadas y Renovar la Licencia de Operación de la Unidad de Protección Portuaria como también mantener la Certificación de Puerto Seguro. Por lo anteriormente expresado la no presentación de los documentos por el demandante se define como un incumplimiento del trabajador de sus obligaciones al incumplir las instrucciones del patrono sin justificación alguna, encontrándose lo anterior contemplado en el Artículo 112 del Código del trabajo como causa justa que facultan al patrono para dar por terminado el Contrato de Trabajo sin responsabilidad de su parte, que dice: "Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los Artículos 97 y 98, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho esté debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional." Artículo 97 del mismo Código que señala: "Además de las contenidas en otros artículos de este Código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los trabajadores: a) Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular les impartan el patrono o su representante, según el orden jerárquico establecido”. Lo que se relaciona con el incumplimiento de la obligación del trabajador que el artículo 94 numeral 21 del Reglamento Interno de Trabajo de la Empresa Nacional Portuaria, señala: "Observar estrictamente todas las disposiciones del presente Reglamento, acatar y cumplir las normas, órdenes e instrucciones, ya sean verbales o escritas o por medio de avisos boletines, que en forma particular y con toda la claridad le indique la Empresa o su representante para obtener mayor eficacia, rendimiento disciplina en las labores que se ejecuten", así mismo con el incumplimiento de la obligación citada en el numeral 22 de dicho Reglamento que dice "cumplir con las demás obligaciones que les impongan el Código del Trabajo, el presente Reglamento, el Contrato Colectivo de Trabajo y demás leyes aplicables". Finalmente manifestó que, por lo anteriormente manifestado, el despido efectuado al demandante José Pablo Muñoz fue efectuado en legal y debida forma. 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 03 de mayo del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO interpuesta por el señor JOSÉ PABLO MUÑOZ LAÍNEZ; contra la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, del domicilio de esta Ciudad, representada por el DOCTOR CARLOS ARTURO BUESO, en su condición de GERENTE GENERAL. SIN COSTAS DADA LA NATURALEZA EMINENTEMENTE SOCIAL DEL DERECHO DEL TRABAJO. EN CONSECUENCIA: CONDENA A LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), REPRESENTADA POR EL DOCTOR CARLOS ARTURO BUESO CHINCHILLA A REINTEGRAR AL DEMANDANTE COMO EMPLEADO DE GUARDIA DE PROTECCIÓN PORTUARIA, EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, ASÍ COMO TAMBIÉN AL PAGO DE VACACIONES, DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO, DÉCIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL, DICHOS CONCEPTOS A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS; MAS EL PAGO DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO, HASTA LA FECHA EN QUE SEA REINTEGRADO A SU PUESTO DE TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES”. Bajo el criterio que, acreditada la terminación de la relación laboral por iniciativa patronal, corresponde a este probar la existencia de la justa causa que le ha llevado a poner fin a la estabilidad laboral, de acuerdo al Artículo 113 del Código del Trabajo y que la decisión se encuentre enmarcada en lo que establece el Artículo 112 de la misma norma laboral sustantiva; de lo anterior es preciso señalar que el legislador otorgó al patrono la facultada de disciplinar a sus trabajadores cuando estos comentan faltas a su contrato de trabajo, pero esta facultad no es ilimitada y debe enmarcarse en ciertas circunstancias, como ser que la falta cometida sea proporcional a la sanción disciplinaria impuesta, asimismo otorgar al trabajador la oportunidad de ser escuchado, habiendo sido informado con anterioridad los hechos que se le imputan a efecto de poder desvirtuar los mismos, en el presente caso es visto que la patronal si realizó el debido procedimiento reglamentario al demandante, pero la patronal al tomar la decisión de dar por terminada la relación laboral con el demandante, lo hace señalando al demandante de haber cometido falta grave consistente en el Proceso Reglamentario que surgió mediante Levantamiento de Audiencia de Descargo a través de la Unidad de Desarrollo Organizacional en fecha 08 de Abril del 2022, relacionado al Memorando UPP- 129-2022 de fecha 31 de Marzo del 2022, referente nota por escrito de fecha 24 de Marzo sobre plazo de entrega de antecedentes Penales y Policiales, y que el trabajador no entregó la documentación requerida en legal y debida forma, que se le había solicitado de manera reiterada desde Febrero del año 2021, en cuanto a este hecho, la demandada no acredito en juicio, el perjuicio o el daño la no presentación de los documentos solicitados al demandante, asimismo el demandante no tenía faltas ni sanciones disciplinarias en su expediente personal, por otro lado, la patronal reconoce en la carta de despido que le había solicitado al demandante con anterioridad la presentación de los mismos documentos, en febrero del 2021 sin aplicarle ninguna sanción disciplinaria en ese entonces por lo que este juzgador observa que la sanción máxima aplicada por la patronal al demandante es desproporcional a la falta cometida, ya que como anteriormente se señalaba, dicha acción no le causó perjuicio alguno a la demandada aunado a que era la primera falta cometida por el demandante y que la causal invocada no se encuentra comprendida en el Reglamento Interno de Trabajo ni en la norma laboral, entre las que facultan al patrono a dar por terminada la relación laboral en forma justificada; asimismo nuestro ordenamiento Jurídico laboral y el Estado garantizan la estabilidad laboral, lo cual se encuentra señalado en el Artículo 129 Constitucional, estabilidad laboral que solamente puede verse perturbada cuando haya acaecido un acto o falta comprobada del trabajador, que el hecho cometido se encuentre tipificado como una falta muy grave y que dicho acto haga imposible la continuidad de la relación laboral o por el daño que el acto le haya causado al patrono, de lo cual se ha pronunciado la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en causa identificadas con los números 0501-2016-327, 0501-2016-471, 0501-2016-487, 0501-2016-526 y 0501-2017-487, en el sentido de establecer que “cuando la ruptura laboral invocada por el empleador en el ejercicio de su poder directivo y disciplinario, se entiende que el despido se deriva de un comportamiento (acción u omisión) que constituye motivo suficiente, moral y legítimo para ello, concretamente previsto como tal en el ordenamiento positivo o bien, que el mismo se ajusta a la valoración e interpretación que los tribunales le otorguen teniendo en consideración que la justa causa de despido debe ser motivo determinante para la disolución del contrato, es decir, se requiere un motivo justificado (hecho) y la existencia de culpa (imputación del hecho/responsable); motivo o causa que imposibilita la continuación de la relación laboral...”, criterio que este juzgador comparte, ya que para poder determinar que un despido es justificado el patrono no solo debe acreditar que el trabajador haya cometido la falta siguiendo el procedimiento reglamentario para la imposición de la sanción, sino que también la sanción impuesta sea proporcional y en concordancia a la falta cometida, lo cual en el presente caso no ha ocurrido y es que la ruptura de la relación laboral por parte de la patronal debe ser la última ratio que debe imponer el patrono al trabajador y debe observarse, en cuanto a la comisión de falta que conlleven la ruptura laboral se ha pronunciado la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en causa identificadas con los números 0501-2016-165, 0501-2016-526, 0501-2017-487, en el sentido de establecer que "...la potestad disciplinaria de éste para con aquellos, ante la comisión de una falta laboral de los empleados, que faculta para sancionar todo comportamiento que provoque una injuria, entendiendo ésta como “.... acto dicho contra razón y justicia capaz de perturbar el orden y la armonía indispensables para el mejor desenvolvimiento de las relaciones entre empresario y su dependiente o subordinado, (Cabanelas), todo previo el agotamiento del procedimiento que garantice el derecho de defensa...”, criterio que este juzgador comparte y que en el caso que nos ocupa este juzgador observa que la medida disciplinaria impuesta por la patronal al demandante no es proporcional a la falta cometida como antes señalaba, ya que la falta cometida por el trabajador no le causo perjuicios de ningún tipo a la patronal; es por ello que la ruptura de la relación laboral se vuelve injustificada y conlleva consecuencias económicas para la patronal, por lo que es procedente la condena de los conceptos indemnizatorios que establecen los Artículos 110 y 113 del Código del Trabajo, así como también el pago de salarios dejados de percibir en concordancia con el Artículo 129 Constitucional, por lo que es procedente Reintegrar al demandante a su puesto de trabajo como GUARDIA DE PROTECCIÓN PORTUARIA, en la ciudad de Puerto Cortés, así como también al pago de vacaciones, décimo tercer mes en concepto de aguinaldo, décimo cuarto mes en concepto de compensación social, dichos conceptos a título de daños y perjuicios; hasta la fecha en que sea reintegrado a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 10 de agosto del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, doctrinalmente, la aplicación de las medidas disciplinarias deben ir precedidas o acompañadas de la observancia de ciertas formas que constituyen ante todo garantía exacta de justicia; es así que producida la falta y puesta en conocimiento de las personas llamadas a conocerla, deben investigarse los hechos a fin de determinar la responsabilidad y los alcances que en orden a la disciplina tenga la misma e imponer la sanción pertinente; de ahí que el patrono deviene obligado a probar ante el órgano jurisdiccional que el despido descansa en un hecho cierto e imputable al trabajador, En el sub-judice es visto que la patronal previamente convocó e hizo de conocimiento del actor el motivo de la convocatoria a audiencia de descargos y con ello comprobar o no, la falta laboral relacionada con el memorando UPP-129-2022 de fecha 31 de marzo del 2022, en el que la Unidad de Desarrollo Organizacional y el Departamento de Recursos Humanos dan el plazo impostergable de 24 horas, para la entrega de los antecedentes penales y policiales para renovar la licencia de operación de la UPP, instrucción que el demandante incumplió justificando que tenía una situación económica adversa, hechos puntuales que con acierto el juez razona en el fallo, dejando sentado que el demandante hizo caso omiso a la instrucción girada por el patrono y que tal incumplimiento no está calificado como falta grave en el Reglamento Interno de la ENP, hecho que así quedó constatado a folio 51 de la primera pieza; igual situación se presenta con el Plan de Protección de las Instalaciones Portuarias, pues solo establece la obligación a los guardias de protección de presentar los documentos de antecedentes penales y policiales; a lo anterior se suma la tolerancia y pasividad patronal frente a la actitud del trabajador Muñoz Laínez, nо haciendo uso oportuno del poder disciplinario para sancionar la falta laboral del trabajador, tal así fue consignado en la carta de despido visible a folio 65 de la pieza principal, falta que como tal no faculta al patrono a dar por terminado el contrato de trabajo sin ninguna responsabilidad, por no estar calificado ese comportamiento como falta grave ni ser reincidente (en similares términos se pronunció la Sala Laboral Contencioso Administrativo en el expediente: CL-119-10); razonamientos de los que se concluye, que si bien el empleador legalmente está facultado para aplicar sanciones disciplinarias, éstas deben estar fijadas y calificado su alcance de menor o mayor gravedad en el Reglamento Interno de Trabajo. Del estudio y análisis en su conjunto del material probatorio y de la sentencia recurrida, el Tribunal estima que el despido manifestado en esas circunstancias es injusto e ilegal y acarrea responsabilidad económica para el empleador; en cuyo caso, es procedente confirmar la sentencia impugnada, por estar dictada conforme a derecho y en observancia de los principios y ritualidad del procedimiento laboral. 5.- Mediante auto de fecha 20 de octubre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 12 de diciembre del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA (ENP), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 04 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de junio del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado MARIO CESAR MARTÍNEZ ORELLANA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada LOANY NAVIL BURGOS ZEPEDA, en un primer motivo de casación, alega: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por Infracción Indirecta del articulo 113 párrafo 2) literal b) del Código del Trabajo en relación con el 97 numeral 1) y 112 literal L) del citado Código, por error de hecho derivado de la apreciación errónea de la prueba documental visible a folios 5 (nota de despido 27/04/2022), F-11 (audiencia de descargo 08/04/2022), acta de comparecencia del 29 de junio del 2021, memorando UGR-DSL-020-2021 de fecha 15/02/2021, Memorando UPP-129-2022 de fecha 31 de marzo de 2022 (F-62 al 68 p.p), del expediente de primera instancia que adelante singularizo. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA: La prueba erróneamente apreciada es la documental que obra a folios 5 del expediente de primera instancia, que se refieren a la notificación de despido del 27 de abril del 2022 donde la EMPRESA NACIONAL PORTUARIA le notifica al demandante la terminación de su relación de trabajo con la demandada, así como la audiencia de descargo de fecha 08 de abril de 2022, acta de comparecencia del 29 de junio del 2021 y el Memorando UPP-129-2022 de fecha 31 de marzo de 2022 (F-62 al 68 p.p), en esta última donde nuevamente se le solicita al Señor José Pablo Muñoz que presente los antecedentes penales y policiales, requerimiento que también le antecedía en virtud del memorando UGR-DSL-020-2021 de fecha 15/02/2021. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas Indicadas como violadas son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA: Para que se configure el error de hecho necesario: 1)Que exista una mala apreciación de la prueba producida; 2) Que esa mala apreciación sea originada por un error de hecho es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trata; 3) Que el error de hecho genere como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y 4) Que el error de hecho sea manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN. El Ad-Quem al confirmar la sentencia de primera instancia, Incurrió en Infracción Indirecta por error de hecho de las normas señaladas como infringidas, por cuanto da por establecido un hecho que no sucedió (terminación de contrato sin causa) y no da por acreditado un hecho consumado y probado plenamente (despido justificado), con lo cual resulta evidente la equivocada apreciación de la prueba, conducta que le llevo a declarar CON LUGAR la demanda, violando de esta manera, indirectamente el articulo 97 numeral 1 del Código del Trabajo, norma que dispone que el trabajador está obligado a cumplir las órdenes e instrucciones dadas por su Jefe, cosa que quedo plenamente establecido en las pruebas singularizadas que el demandante no cumplió con la instrucción girada. Ese error surge de la valoración o apreciación errónea de la prueba documental que obra a folios 5, 11, 62 al 68 de la p.p como del resto del conjunto de la prueba, ya que si lo hubiera realizado correctamente su conclusión hubiera dado por sentado que la demandada termino de manera justificada la relación de trabajo. Cumpliendo con el debido proceso y respetando el derecho a la defensa del empleado, situación que con acierto el Juez de primera Instancia reconoció, y que sin embargo el demandante no utilizo en el momento oportuno su derecho a la defensa pudiendo demostrar que había cumplido con la documentación requerida en los memorandos singularizados en este motivo, por lo que la terminación de la relación de trabajo resulta ser legal y justificada. Por lo que procede conforme a derecho la admisión de este motivo”. III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por las razones siguientes: no se demuestra el error evidente y manifiesto. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los fundamentos del A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso, resolviendo conforme a principios del derecho del trabajo y a la libre formación de su convencimiento. Todo en completa armonía con lo dispuesto en el artículo 18 del Código del Trabajo, pues la proporcionalidad es un principio general que está claramente desarrollado en las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, y en la disposición precitada. Aunado a lo anterior es necesario referirse al principio de in dubio pro operario donde se establece que, en caso de conflicto o duda sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones del trabajo, convencionales o reglamentarias, prevalecerá la disposición o la interpretación más favorable al trabajador. Por lo cual este Tribunal considera que el Tribunal Ad-quem también ha hecho uso de ese principio para fundamentar su sentencia en el sub júdice. IV. Que en segundo motivo se aduce: “Ser la sentencia censurada violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 113 párrafo 2) literal b) del código del Trabajo, por error de hecho derivado de la apreciación errónea de la prueba documental visible, Memorando UGR- DSL-020-2021 de fecha 15/02/2021; F-62 al 68 p.p; Oficio UPP-581-2022 de fecha 28 de octubre del 2022; Contrato Individual de Trabajo (F 12); F- 50 vuelta reconocimiento judicial propuesto por esta parte, del expediente de primera instancia que adelante singularizo. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA: La prueba erróneamente apreciada es la documental Memorando UGR-DSL-020-2021 de fecha 15/02/2021, Memorando UPP-129-2022 de fecha 31 de marzo de 2022 (F-62 al 68 p.p), donde se le solicita al Señor José Pablo Muñoz que presente los antecedentes penales y policiales, el medio de prueba Oficio UPP-581-2022 de fecha 28 de octubre del 2022, referente acerca de la obligación de presentar los antecedentes penales y policiales contemplada en el Plan de Protección Portuaria cuya normativa es parte de la reglamentación Interna de la ENP y el Contrato Individual de Trabajo (F 12) del Señor José Pablo Muñoz Laínez donde se describe sus funciones y a lo demás que estaba sujeto en la cláusula cuarta, quinta; F-50 vuelta reconocimiento judicial. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA violación. La Corte recurrida sostiene en su sentencia, que la demandada no tiene justa causa para despedir al empleado, lo cual en primera instancia con el medio de prueba documental, audiencia de descargo y reconocimiento judicial propuesto por esta parte, quedo demostrado que el demandante nunca pudo presentar los antecedentes penales y policiales, de igual manera con la prueba evacuada mediante oficio No. UPP-581-2022, de fecha 28 de octubre del 2022, se acreditó que la obligación de presentar los antecedentes judiciales y policiales se encuentra en el Plan de Protección Portuaria normativa que es parte de la reglamentación interna de la Empresa Nacional Portuaria, aplicable a los empleados de su tipo y que las consecuencias de no presentar dichos antecedentes tiene como efecto inmediato exponerse a sanciones de la Comisión Nacional de Protección Portuaria y la perdida de Certificación de Puerto seguro, lo cual estaba comprendido en el Contrato Individual del demandante como parte de la reglamentación que estaba sujeto los empleados de su tipo, claramente a lo largo del juicio queda probado que el señor no cumplió con la orden a él girada, tal como pueden apreciar honorables magistrados, evidentemente con la solicitud reiterada al demandante de presentar los documentos desde el año 2021, se puede apreciar también que en ningún momento se actuó de mala fe hacia el trabajador, considerando que tuvo suficiente tiempo u oportunidad para proporcionarlos tal como lo acepto el demandante en su audiencia de descargo y acta de comparecencia de fecha 29 de junio del 2021. Por lo que la terminación de la relación de trabajo resulta ser legal y justificada. Por lo que procede conforme a derecho la admisión de este motivo”. V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por los defectos técnicos siguientes: a) no se demuestra el error evidente y manifiesto. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los fundamentos del A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al proceso, resolviendo el juzgador de instancia conforme a principios del derecho del trabajo como la proporcionalidad y a la libre formación del convencimiento en la apreciación de la prueba aportada al proceso. VI. Que se solicita nulidad de la sentencia impugnada en la forma siguiente: “En el remoto caso de no prosperar los motivos aquí bien explicados, solicito subsidiariamente se declare la NULIDAD de la sentencia impugnada, la que baso en los términos siguientes: Conforme al principio del debido proceso que regula el artículo 3 del código Procesal Civil, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los tramites legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la Republica y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad y sin dilaciones y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente Independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada, todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal y formas (artículo 7 CPC), de manera que la ejecución del acto procesal Implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la ley, en tal sentido para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la decisión y fijan un límite a su poder discrecional. La sentencia del Ad-Quem resulta incongruente, ya que no valoró la sentencia de Ad- Quo, basándose en hechos y situaciones que implicaron desconocer el Reglamento Interno de mi representada, o la aplicación del Código del Trabajo cuando las faltas no tienen un procedimiento definido, como lo es que basado en Reglamento de Seguridad Portuaria existe la obligación de presentar antecedentes penales, que puede causar perjuicio a la seguridad portuaria, estos hechos fueron debatidos en la demanda y previamente en la audiencia de descargo, lo cual violenta el artículo 208 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme el artículo 858 del Código del Trabajo, ya que con base al principio y debe de congruencia procesal, las sentencias deberán resolver las cuestiones planteadas, nacen a través de un proceso de deliberación y valoración, produciéndose a continuación la redacción escrita de las mismas, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo.- También se violentó el artículo 738 del Código del Trabajo y 206 del Código Procesal Civil, que establecen que el Juez al proferir su decisión, analizara todas las pruebas allegadas en tiempo y que las sentencias deben ser dictadas con CLARIDAD, PRECISIÓN Y EXHAUSTIVIDAD. 1.- Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. - 2.- El Tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3) Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Como podéis apreciar, el Ad-Quem, no observo las normas procesales laborales que conlleven a una sana decisión del asunto, pues no observo estas normas procedimentales al no valorar ni razonar todos los extremos del debate y las pruebas aportadas. Siendo notorio que el fallo recurrido afecta el derecho de defensa de mi representada, como el debido proceso, se debe anular el mismo a efecto de que las partes sean restituidas al estado en que se encontraban antes de esa resolución, para que además, ese tribunal proceda de conformidad a derecho, observando los deberes de congruencia y motivación, profiriendo la sentencia que corresponda conforme los extremos del debate, ya que se violentó su deber conforme los hechos debatidos así como las pretensiones y extremos del debate, causando indefensión a mi representada. Por todo lo expuesto, procede se declare la NULIDAD SUBSIDIARIA de la sentencia recurrida dictada por Ad-Quem”. VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, estima éste Tribunal, que en el fallo impugnado no se ha violado el debido proceso ni el derecho defensa de las partes en consecuencia no procede la nulidad solicitada. VIII. Por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos motivo de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. 2) SIN LUGAR la nulidad alegada de forma subsidiaria; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA, ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL373-23. FIRMA Y SELLA

RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO