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Sentencia CL-344-23 — Registro 20014

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar demanda ordinaria laboral para que se reconozca que la relación de trabajo es de carácter permanente y continua, gobernada por la Ley del Estatuto del Medico Empleado, consecuentemente se ordene el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos proporcionales y adeudados, ajuste de salario mínimo conforme al Estatuto del Médico Empleado y multa por no pago de salario mínimo, salarios adeudados, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." El motivo de casación que antecede no es admisible debido a que el Censor señala una falta de valoración del material probatorio por violación indirecta por error de Derecho. No obstante, tras el estudio de la sentencia emitida por el Ad-quem, esta Sala observa que la prueba aludida como no valorada por el Censor, efectivamente ha sido valorada por el tribunal de segunda instancia. Brindando en forma precisa y clara por qué dichas contrataciones no le merecen credibilidad, así como cuáles son los incumplimientos que éstos aprecian para no brindarle el valor probatorio el Recurrente pretende. Por lo anterior, el error señalado en el motivo de casación no ha sido acreditado como tal. Asimismo, señala como precepto autorizante el motivo de casación correspondiente a una violación directa, no siendo posible para esta Sala subsanar de oficio dicho defecto debido a la solemnidad del recurso de casación. Aunado a ello, el Censor incurre en alegatos de instancia, los cuales no son meritorios de realizar ante este tipo de proceso extraordinario"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."El motivo de casación que antecede no es admisible debido a que el Recurrente no es claro al expresar su motivo de casación ya que, establece tanto una aplicación indebida como una interpretación errónea de normas de índole laboral. Ambos conceptos son incompatibles entre sí, pues uno implica la aplicación de normativa laboral sustantiva no atinente al caso concreto, y la segunda implica una aplicación correcta del articulado, pero con un sentido diferente al espíritu del legislador. De ahí que, dichos conceptos debieron ser expuestos en motivos de casación diferentes, señalando las normas sustantivas atinentes. Adicionalmente, el Recurrente fundamenta su recurso de casación en una violación directa de las normas sustantivas laborales, por lo que, debió subsumir la explicación de su motivo en hechos aceptados en el juicio. Por el contrario, la explicación del motivo de casación incluye hechos que fueron controvertidos en el juicio (como ser el pago de prestaciones y permanencia), los cuales son incompatibles con este tipo de motivo invocado. Finalmente, el Recurrente en similar situación al motivo de casación anterior, incurre en alegatos de instancia los cuales no son propios de ser señalados ante este recurso extraordinario."....

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los nueve (09) dias del mês de septiembre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha ocho de diciembre dos mil veintitrés, por el Abogado SERVIO TULIO MELARA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, como recurrente; además, es parte recurrida las señoras ANDREA MELISSA CORADO MENDOZA, SULLY MELISSA CRUZ LARA y NORMA MARIBEL REYES CACERES, representadas en juicio por la Abogada MARLEN DARIELA PORTILLO MEJIA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se reconozca que la relación de trabajo es de carácter permanente y continua, gobernada por la Ley del Estatuto del Medico Empleado, consecuentemente se ordene el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos proporcionales y adeudados, ajuste de salario mínimo conforme al Estatuto del Médico Empleado y multa por no pago de salario mínimo, salarios adeudados, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas del juicio, en virtud de un despido directo, injusto e ilegal, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 10 de junio del 2022, por la señora ANDREA MELISSA CORADO MENDOZA, mayor de edad, Médico de profesión, soltera, hondureña, con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, y por el Abogado JOSUE ENRIQUE MENA BARAHONA, en su condición de representante procesal de las señoras SULLY MELISSA CRUZ LARA y NORMA MARIBEL REYES CACERES, ambas mayores de edad, hondureñas, solteras, Médico de Profesión y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su Alcalde Municipal el señor ROBERTO CONTRERAS MENDOZA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de junio del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 21 de abril del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para que el demandado sea condenado a reconocer que la relación de trabajo es de carácter permanente y continua, gobernada por la ley del estatuto del médico empleado; consecuentemente se ordene el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos proporcionales y adeudados, ajuste de salario mínimo conforme el estatuto del médico empleado y multa por no pago de salario mínimo, salarios adeudados, los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, promovida por la señora ANDREA MELISSA CORADO MENDOZA, y al abogado JOSUE ENRIQUE MENA BARAHONA, quien actúa en representación de los señoras: 1) SULLY MELISSA CRUZ LARA, 2) NORMA MARIBEL REYES CACERES, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante Legal el señor ROBERTO CONTRERAS, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: SEGUNDO: CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante Legal el señor ROBERTO CONTRERAS, a pagarles a las trabajadoras demandantes la cantidad de UN MILLON CIENTO SIETE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (L.1,107,242.10), distribuida así: 1) ANDREA MELISSA CORADO MENDOZA, la cantidad de TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L. 369 080.70.) DESGLOSADA ASI: PREAVISO: L. 52,265.10: CESANTIA: L. 52,265.10; CESANTIA PROPORCION AL: 48,635.58; VACACIONES PROPORCIONALES L. 19,454.23; AGUINALDO PROPORCIONAL: L. 12,195.20; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, L. 34,594.55; REAJUSTE DE SALARIO CONFORME ESTATUTO MEDICO EMPLEADO L. 15,234.97, VACACIONES PENDIENTES periodo 2020-2021, 9 días L. 15,781.50; TRECEAVO MES PROPORCIONAL AÑO 2020, L. 25,194.37, DECIMO CUARTO proporcional año 2020, L. 7,078.42, TRECEAVO MES AÑO 2021, L. 43,191.34, décimo cuarto mes año 2021, L. 43,190.34; 2) SULLY MELISSA CRUZ LARA: la cantidad de TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L. 369 080.70.) DESGLOSADA ASI: PREAVISO: L. 52,265.10: CESANTIA: L. 52,265.10; CESANTIA PROPORCION AL: 48,635.58; VACACIONES PROPORCIONALES L. 19,454.23; AGUINALDO PROPORCIONAL: L. 12,195.20: DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, L. 34,594.55; REAJUSTE DE SALARIO CONFORME ESTATUTO MEDICO EMPLEADO L. 15,234.97, VACACIONES PENDIENTES periodo 2020-2021: 9 días, L. 15,781.50; TRECEAVO MES PROPORCIONAL AÑO 2020, L. 25,194.37, DECIMO CUARTO proporcional año 2020, L. 7,078.42, TRECEAVO MES AÑO 2021, L. 43,191.34, décimo cuarto mes año 2021, L. 43,190.34; 3) NORMA MARIBEL REYES CACERES: la cantidad de TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L. 369 080.70.), DESGLOSADA ASI: PREAVISO: L. 52,265.10: CESANTIA: L. 52,265.10; CESANTIA PROPORCION AL: 48,635.58; VACACIONES PROPORCIONALES L. 19,454.23; AGUINALDO PROPORCIONAL: L. 12,195.20; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, L. 34,594.55; REAJUSTE DE SALARIO CONFORME ESTATUTO MEDICO EMPLEADO L. 15,234.97, VACACIONES PENDIENTES periodo 2020-2021: 9 días, L. 15,781.50; TRECEAVO MES PROPORCIONAL AÑO 2020, L. 25,194.37, DECIMO CUARTO proporcional año 2020, L. 7,078.42, TRECEAVO MES AÑO 2021, L. 43,191.34, décimo cuarto mes año 2021, L. 43,190.34; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por las demandantes desde la fecha de la terminación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la presente sentencia definitiva.- SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, iniciaron la relación laboral con la Municipalidad de San Pedro Sula, de la siguiente manera: 1) SULLY MELISSA CRUZ LARA, el 04 de mayo de 2020, en el puesto de Medico General en el área de Gerencia de Salud Macro Distrito Las Palmas; 2) NORMA MARIBEL REYES CACERES, el 05 de mayo del 2020, en el puesto de Medico General en el área de Gerencia de Salud Macro Distrito Las Palmas, y, 3) ANDREA MELISSA CORADO MENDOZA, el 04 de mayo de 2020, en el puesto de Medico General en el área de Gerencia de Salud Unidad estabilizadora COVID, cuyo tipo de contratación fue por “Contrato de Empleo por Hora”, devengando un salario de L.43,000.00, con un horario de 7:00 am a 1:00 pm. Durante el tiempo que laboraron para la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortes, lo hicieron en su calidad de médicos colegiados (PERSONAL PROFESIONAL), y nunca se les hizo ningún llamado de atención, pues realizaban sus labores con el mayor esmero y dedicación en todas y cada una de las funciones que se les encomendaron. Las demandantes son Médicos de profesión y en razón de ello fueron contratados por la demandada al amparo de la Ley de Empleo por Hora que no aplica por las siguientes razones: 1) en octubre de 1985 el Congreso Nacional aprobó la Ley del Estatuto del Médico Empleado a través del cual se regulan las labores o servicios de trabajo de los Médicos y cirujanos; es decir, se encuentran protegidas por una ley especial que tiene preeminencia en su aplicación sobre las generales y sólo podrán invocarse otras leyes, cuando reconozcan en favor de las demandantes, condiciones más favorables al del estatuto en referencia mas no en perjuicio, así se establece en el artículo 8 # 5 párrafo último del Estatuto del Médico Empleado; es así que no es posible que su contratación este basada en una ley que entró en vigencia el 31 de marzo del 2014, por ser de fecha posterior a la del citado estatuto y porque el reconocimiento de derechos debe ir en progreso y no en retroceso (Principio de progresividad y no regresividad); la ley de empleo por hora por limitar los derechos de las demandantes, no puede prevalecer ante el mencionado Estatuto; 2) conforme los principios de pro persona y de norma más favorable que han sido citados por el máximo Tribunal en diferentes fallos, cuando existan dos normas o interpretaciones posibles de una disposición, debe aplicarse la más garantista o la que permita la aplicación de forma más amplia del derecho fundamental, fundado en el respeto de la dignidad humana según los artículos 15 y 59 de la Constitución de la República, 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; es así que, es la Ley del Estatuto del Médico Empleado que debe aplicarse en este caso por ser la norma más favorable para las trabajadoras; 3) las jornadas que realizaban están conforme las reguladas en la Ley del Estatuto del Médico Empleado, pues prestaban la actividad como médico de 6 horas (jornada ordinaria); 4) Sin aceptar la contratación de empleo por hora, se argumenta que los contratos suscritos por las tres trabajadoras, no se inscribieron dentro del término de 15 días que establece la Ley de empleo por hora, razón por la que no es posible que la relación de trabajo este gobernada bajo esa ley debido al incumplimiento de requisitos por parte del empleador; 5) Según el organigrama Municipal de la demandada y el informe de transición enero 2022, la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, tiene a su cargo la Gerencia de Salud con 12 clínicas municipales o centros de salud y dos macro distritos, a través de los cuales se brindan a la población, los servicios de salud primaria básica, gratuita y con medicamento incluido; con ello se demuestra que la naturaleza de la actividad que realizaban son de carácter permanente y continua, de otra parte, la suscripción de varios contratos sin ninguna justificación para contratar de esa forma, vuelve indefinida la relación de trabajo conforme los artículos 129 de la Constitución de la República; 2 #4 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, 47 y 52 del Código del Trabajo. De acuerdo al artículo 32 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, las trabajadoras demandantes no podían devengar cantidades inferiores al prescrito en esa ley, el que para los años 2020 y 2021 era de L. 43,190.84 y para el año 2022 era de L. 46,999.73, sin embargo, la Municipalidad de San Pedro Sula Cortés, violentando la Ley, pagaba cantidades inferiores a las citadas, por ello, se solicita el ajuste salarial y la multa por el no pago del salario mínimo conforme los artículos 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo. También se solicita el pago de décimo tercer, décimo cuarto mes de salario y las vacaciones ya que durante el tiempo en que prestaron sus servicios a favor de la Municipalidad de San Pedro Sula, Cortés, no se les pagó esos conceptos; agregando, además, que la Municipalidad de San Pedro Sula, mediante la contratación ilegal de empleo por hora intentó simular que, si pagaba estos conceptos, y que los mismos iban incluidos en el salario ordinario mensual. También se reclama el pago del salario de los últimos meses de labores conforme el acápite cuantía de la demanda, ya no se les pago la remuneración. Desde que tomaron posesión las nuevas autoridades municipales (25/01/2022), los representantes del empleador empezaron a realizar actos en perjuicio de los trabajadores, el que constituyó en impedirles ejecutar las funciones para las que fueron contratados, pues no les permitía el ingreso al centro de trabajo y se les deshabilitó del control de ingresos por medio de la huella digital, aduciendo el vencimiento del contrato; acto patronal del cual las trabajadoras hoy demandantes no estuvieron exentas, ya que el 01 de abril del presente año (2022) cuando intentaron ingresar al centro de trabajo se enteraron que no podían hacerlo por decisión patronal, lo que sin duda alguna constituye un despido; para constatar ese acto (despido), se solicitó la intervención de la Inspección Regional del Trabajo del Ministerio del Trabajo para que levantara acta, lo que así se hizo el 08 de abril del 2021, afirmando el señor LUIS FERNANDO COREA Director de Salud Municipal de Macro Distrito de San Pedro Sula, quien conforme al artículo 6 del Código del Trabajo representa al patrono, que el contrato de las tres trabajadoras hoy demandantes, venció el 31 de marzo del 2022 y que la gerencia de salud hizo una reestructuración eliminando sus puestos de trabajo; afirmaciones que conforme el artículo 117 del Código del Trabajo deben ser valoradas (no podrá alegarse nuevas causas) y se podrá concluir que no justifican el despido por las siguientes razones: 1) Según la Ley del Estatuto del Médico Empleado y el Código del Trabajo, a las trabajadoras únicamente se les puede despedir: a) después de ser escuchadas en audiencia de cargos y descargos y b) si cometen una falta grave, pero eso no ha ocurrido, pues ni han cometido falta alguna, ni se les ha seguido el procedimiento disciplinario según el artículo 92 # 9 del Código del Trabajo; 2) conforme los hechos segundo y tercero de esta demanda, la relación de trabajo de las trabajadoras hoy demandantes, se encuentra protegida por normas de orden público, la que son de observancia y cumplimiento obligatorio; por medio de estas se reconoce el carácter permanente de ese nexo jurídico y es por tal motivo que el vencimiento del contrato, no es causa de finalización de la relación de trabajo conforme el artículo 112 del Código del Trabajo, máximo cuando como en este caso, no se ha seguido ningún procedimiento previo al despido; 3) los reajustes de personal deben hacerse observando el procedimiento que establece el artículo 95 # 19 del Código del Trabajo y en este caso no se ha seguido ningún procedimiento para ello, por lo que no es válido invocar la reestructuración como motivo del cese laboral. Tratándose de una institución Municipal, esa decisión en principio debía adoptarse en sesión de corporación municipal previo a estudios que recomendaran ese reajuste, pero no fue así, todos los actos realizados por el empleador son en detrimento de la estabilidad laboral que el patrono debía garantizar, al no haberlo hecho, le corresponde a los Tribunales de la República, tutelar ese derecho fundamental. En aras de cumplir con el mandato legal contenido en el artículo 691 del Código del Trabajo, se acudió al Ministerio del Trabajo en un intento de solucionar el presente asunto a través de la conciliación, el que no fue posible según las actas de cierre de las diligencias administrativas.2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda señalando que, las demandantes no ingresaron al trabajo en la fecha que pretende hacer creer la parte actora, tampoco es cierto que la relación laboral fue continua e ininterrumpida, se probara en juicio donde realizaban sus labores los trabajadoras, el cargo y funciones realizadas así como el horario de entrada y salida, así como quien fue su Jefe Inmediato, se rechaza las horas extraordinarias ya que la demandada es respetuosa de los derechos establecidos y pactados en un contrato de trabajo inscrito en la Secretaria de Trabajo, en cuanto al salario se probara en juicio que las trabajadoras tenía un contrato de trabajo bajo la modalidad empleo por hora, con horario de entrada y salida bajo los términos y condiciones establecidas en la ley de empleo por hora, con fecha de inicio y fecha de finalización del contrato, así mismo la Municipalidad pagaba un salario base mensual más un porcentaje mensual correspondiente al décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario, más la cesantía y derechos adquiridos, las trabajadoras SULLY MELISSA CRUZ LARA, NORMA MARIBEL REYES CACERES y ANDREA MELISSA CORADO MENDOZA, fueron empleadas de la Municipalidad por un determinado tiempo tal como lo estipula el contrato individual de trabajo firmado entre las parte, pues no aplica la Ley del Estatuto del Medico Empleado aprobado por el Congreso Nacional en 1985 y respectivamente el 31 de marzo del 2014, no consta en Acta el despido verbal o directo tal como lo establece el Código del Trabajo que debe ser un inspector de trabajo quien debe presentarse al centro de trabajo para constatar el despido verbal que supuestamente fue objeto las trabajadoras por parte de su Jefe inmediato, pues el único facultado para despedir personal es el Alcalde Municipal, por tal razón la relación laboral entre los trabajadores y la Municipalidad fue por tiempo definido, por tal motivo no puede haber una relación laboral permanente de trabajo como lo pretenden hacer creer las trabajadoras. Las señoras ANDREA MELISSA CORADO MENDOZA, SULLY MELISSA CRUZ LARA y NORMA MARIBEL REYES CACERES no podían devengar cantidades inferiores al prescrito en esa Ley, pues tenían un contrato bajo la modalidad empleo por hora, y dicha ley en su Artículo 3 MODALIDADES Y CONTRATACION establece que: "las partes pueden suscribir contratos de trabajo por horas, o en medias jornadas ordinarias, diurnas, mixtas o nocturnas, bajo las modalidades de: 1) Por tiempo limitado; también establece que las trabajadoras contratadas bajo esta modalidad están protegidos contra el despido injustificado dentro del término de duración del contrato de trabajo", el contrato suscrito fue registrado en la Secretaria de Estado en los despachos de trabajo y Seguridad social dentro del término señalado por la ley de Empleo por Hora y sin dejar ninguna duda que se cumplió todos los requisitos legales, Así mismo la Municipalidad pagaba un salario base mensual más un porcentaje mensual correspondiente al décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario, más la cesantía, derechos adquiridos y gozando de sus vacaciones conforme al contrato suscrito por las partes, "cuando las contrataciones excedieran de un 1, 2 y 3 años se pagara en bonificaciones de un salario, un salario y medio, dos salarios calculados sobre el salario promedio devengado en los últimos (6) seis meses" y es de ser claro que el trabajador no fue contratado por tiempo indefinido ya que su trabajo fue siempre por tiempo limitado y fecha de terminación, razón por la cual no existe ningún despido verbal o directo como pretende hacer creer la parte actora y manifiestan que estaban laborando bajo la modalidad de empleo por hora y lo que hubo fue una terminación de contrato. Si bien es cierto que los trabajadores comparecieron ante las oficinas de la Dirección General de Inspección del trabajo a efecto de solicitar los servicios de un inspector para constatar que fueron despedidas verbalmente y consta Acta de fecha 08 del mes de abril del 2021, donde los atendió el señor Luis Fernando Corea Director de Salud Municipal en representación de la Municipalidad de San Pedro Sula, y sin embargo no se pudo comprobar el supuesto despido verbal o directo como lo alegan las demandantes, con la comparecencia de ambas partes y no se acredito el despido, pues la relación laboral entre las partes había finalizado el 31 de marzo del 2022, pues más bien es de señalar que los trabajadores están confundidos, al no entender que mantuvieron un contrato individual de trabajo con la Municipalidad por tiempo definido y que según la cláusula décima tercera del contrato: "no hay responsabilidad para ninguna de las partes, la relación laboral había terminado". La Municipalidad compareció a la cita de la Secretaría del Trabajo para manifestar que los trabajadores no fueron despedidos verbalmente, en vista que existía una terminación de contrato individual de trabajo por tiempo definido. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 21 de abril del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral para que el demandado sea condenado a reconocer que la relación de trabajo es de carácter permanente y continua, gobernada por la ley del estatuto del médico empleado; consecuentemente se ordene el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos proporcionales y adeudados, ajuste de salario mínimo conforme el estatuto del médico empleado y multa por no pago de salario mínimo, salarios adeudados, los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, promovida por la señora ANDREA MELISSA CORADO MENDOZA, y al abogado JOSUE ENRIQUE MENA BARAHONA, quien actúa en representación de los señoras: 1) SULLY MELISSA CRUZ LARA, 2) NORMA MARIBEL REYES CACERES, todos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante Legal el señor ROBERTO CONTRERAS, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: SEGUNDO: CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante Legal el señor ROBERTO CONTRERAS, a pagarles a las trabajadoras demandantes la cantidad de UN MILLON CIENTO SIETE MIL DOCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON DIEZ CENTAVOS (L.1,107,242.10), distribuida así: 1) ANDREA MELISSA CORADO MENDOZA, la cantidad de TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L. 369 080.70.) DESGLOSADA ASI: PREAVISO: L. 52,265.10: CESANTIA: L. 52,265.10; CESANTIA PROPORCION AL: 48,635.58; VACACIONES PROPORCIONALES L. 19,454.23; AGUINALDO PROPORCIONAL: L. 12,195.20; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, L. 34,594.55; REAJUSTE DE SALARIO CONFORME ESTATUTO MEDICO EMPLEADO L. 15,234.97, VACACIONES PENDIENTES periodo 2020-2021, 9 días L. 15,781.50; TRECEAVO MES PROPORCIONAL AÑO 2020, L. 25,194.37, DECIMO CUARTO proporcional año 2020, L. 7,078.42, TRECEAVO MES AÑO 2021, L. 43,191.34, décimo cuarto mes año 2021, L. 43,190.34; 2) SULLY MELISSA CRUZ LARA: la cantidad de TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L. 369 080.70.) DESGLOSADA ASI: PREAVISO: L. 52,265.10: CESANTIA: L. 52,265.10; CESANTIA PROPORCION AL: 48,635.58; VACACIONES PROPORCIONALES L. 19,454.23; AGUINALDO PROPORCIONAL: L. 12,195.20: DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, L. 34,594.55; REAJUSTE DE SALARIO CONFORME ESTATUTO MEDICO EMPLEADO L. 15,234.97, VACACIONES PENDIENTES periodo 2020-2021: 9 días, L. 15,781.50; TRECEAVO MES PROPORCIONAL AÑO 2020, L. 25,194.37, DECIMO CUARTO proporcional año 2020, L. 7,078.42, TRECEAVO MES AÑO 2021, L. 43,191.34, décimo cuarto mes año 2021, L. 43,190.34; 3) NORMA MARIBEL REYES CACERES: la cantidad de TRECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L. 369 080.70.), DESGLOSADA ASI: PREAVISO: L. 52,265.10: CESANTIA: L. 52,265.10; CESANTIA PROPORCION AL: 48,635.58; VACACIONES PROPORCIONALES L. 19,454.23; AGUINALDO PROPORCIONAL: L. 12,195.20; DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, L. 34,594.55; REAJUSTE DE SALARIO CONFORME ESTATUTO MEDICO EMPLEADO L. 15,234.97, VACACIONES PENDIENTES periodo 2020-2021: 9 días, L. 15,781.50; TRECEAVO MES PROPORCIONAL AÑO 2020, L. 25,194.37, DECIMO CUARTO proporcional año 2020, L. 7,078.42, TRECEAVO MES AÑO 2021, L. 43,191.34, décimo cuarto mes año 2021, L. 43,190.34; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por las demandantes desde la fecha de la terminación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la presente sentencia definitiva.- SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis practicado a la prueba en su conjunto este Tribunal estima que los contratos de empleo por hora celebrado entre las partes en conflicto están regulados por las disposiciones generales del Código de Trabajo y no por la Ley de Empleo por Hora, por lo que este tribunal considera procedente declarar con lugar la demanda por las circunstancias siguientes: 1) Si bien es cierto las demandantes suscribieron contratos de trabajo por hora con la demandada así: Andrea Melissa Corado Mendoza, contrato celebrado en fecha 25 de enero del año 2022, vigencia 25 de enero al 31 de marzo del año 2022, contrato celebrado 01 de octubre del año 2020, con vigencia del 1 de octubre al 30 de octubre del año 2020, contrato celebrado el 01 de diciembre del año 2020, con vigencia 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2020, según con contratos de trabajo que figuran a folios 95 al 101, 168 al 179 de los autos; Sully Melissa Cruz Lara, contrato celebrado en fecha 26 de enero del año 2022, vigencia 27 de enero al 31 de marzo del año 2022, contrato celebrado 01 de octubre del año 2020, con vigencia del 1 de octubre al 30 de octubre del año 2020, contrato celebrado el 01 de diciembre del año 2020, con vigencia 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2020, según con contratos de trabajo que figuran a folios 141 al 159, y Norma Maribel Reyes Caceres, contrato celebrado en fecha 27 de enero del año 2022, vigencia 26 de enero al 31 de marzo del año 2022, contrato celebrado 01 de octubre del año 2020, con vigencia del 1 de octubre al 30 de octubre del año 2020, contrato celebrado el 01 de diciembre del año 2020, con vigencia 01 de diciembre al 31 de diciembre del año 2020, según con contratos de trabajo que figuran a folios 79 al 85, 154 al 159; los cuales se encuentran registrados según el registro de contrato, también no es menos cierto que dicha relación inicio desde mayo del año el año 2020, por lo tanto era obligación de la demandada registrar todos los contratos celebrados con las demandantes, extremo que no acredito en autos a excepción de los contratos antes señalados; 2) La relación de trabajo existente entre las partes no fue interrumpida desde que inicio hasta la fecha de la finalización prueba de ello es la consulta de ingreso por mes de empleado donde aparece que las demandantes desde mayo del año 2020, viene percibiendo salario hasta la fecha en que fue despedido; Sumado a eso la demandada no le otorgo vacaciones como establece la Ley de empleo por hora ni como establece la Ley general; 3) La actividad por la cual fue contratada las demandantes subsiste después de haber finalizada la relación de trabajo razón por la cual es aplicable lo que dispone el artículo 47 del Código de Trabajo. Razón por la cual el despido llevado a cabo por la demandada en fecha 31 de marzo del año 2021, bajo el pretexto que la fecha de finalización del contrato suscrito por hora, y la gerencia de salud ha hecho una reestructuración de su personal y al vencimiento del contrato de las doctoras se eliminaron los puestos de trabajo al no ser necesario tener personal supernumerario. y sin que estos cumplieran las formalidades que establece la Ley de Empleo por Hora y sin invocar justa causa para hacerlo, resulta ilegal e injusto, razón por la cual procede condenar a la demandada al resarcimiento de daños, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la presente sentencia definitiva. Que en el presente caso la parte actora reclama el pago de reajuste de salario mínimo conforme a la Ley del Estatuto del Medico Empleado; con relación a dicho reclamo este Tribunal considera procedente condenar a la demandada al pago de eso concepto, por las circunstancias siguientes: De acuerdo a la Ley del Estatuto del Medico Empleado de Honduras, el sueldo o salario mínimo es aplicable a todos las instituciones del estado así como a la empresa privada, y según informe dado por el colegio Médico de Honduras, para el año 2020 y 2021 el sueldo base inicial de un médico general era de L. 43,190.34, en el año 2022, el nuevo salario de L. 46,999.73, (folio 134 de los autos); en ese sentido, y siendo que el nexo jurídico laboral inició en el mes de mayo del año 2020, y durante duro la relación laboral las demandantes devengo la cantidad de L. 43,000.00 mensuales, cantidad que es inferior al salario base que debió haber devengado resultando una diferencia de L. 190.34, por mes que multiplicado por 20 meses (de mayo 2020 hasta diciembre del año 2021) resulta un reajuste por la cantidad de L. 3,806.80, para cada demandante correspondiente al año 2020, más reajuste año 2022, hay una diferencia de L. 3,809.34, por mes multiplicado por los tres meses laborados de enero a marzo del año 2022, resulta un reajuste por la cantidad de L 11,428.17, para cada demandante, razón por la cual procede condenar a la demandada a pagar reajuste de salario mayo del año 2020 hasta al 31 de marzo del año 2022; para efectos del cálculo de prestaciones se toma como base el salario promedio que resulta de sumar los últimos seis meses de salario L: 44,798.61. La parte actora declama pago de indemnización por no pago de salario mínimo conforme lo establecido en los articulo 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo; con relación a dicha reclamación este Tribunal es del criterio que procede declarar sin lugar dicho reclamo en vista que no es lo mismo al salario que se refiere la Ley del Salario Mínimo y los salarios que regula la ley especial Ley del Estatuto Medico Empleado, esta última por su naturaleza implican mejores condiciones laborales; en ellos se establece la forma para calcular los incrementos salariales que se efectúan de acuerdo a la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central y Decreto Legislativo 76-2008, tomándose como base la tasa de variación interanual de la inflación esperada para cada año establecida por el Banco Central de Honduras, además se les reconoce un incentivo del 3.5% cada dos años, según la tabla proporcionada por el Colegio Médico empleado y que figura a folio 134 de los autos; los ajustes que pueda conceder este Tribunal son basadas en las disposiciones que establece a la Ley del Estatuto Medico Empleado y su reglamento, Por lo que no puede pretender que al presente juicio se apliquen las disposiciones de La Ley del Salario Mínimo en relación a indemnizaciones por no pago de salario mínimo, no son aplicables en este caso al tenor del artículo 44 de esa normativa, ya que el Estatuto en mención contiene mejores beneficios, en el sentido es procedente declarar sin lugar dicha pretensión. Con respecto al pago de décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario reclamado, este Tribunal es del criterio que procede condenar a la demandada al pago de esos conceptos en vista que la demandada no acredito haberlo pagado, así como también procede condenar a la demandada al pago de vacaciones por el tiempo de duro la relación laboral. En cuanto al reclamo de salarios adeudados, con relación a dicho pago la parte actora no establece que meses se le adeudan sin embargo según boletas de pago e historial de pago por empleado aparece que la demandada les pago el salario correspondiente a los últimos meses laborados, por tal razón no procede dicha reclamación. En el presente juicio la parte actora reclama pago de costas con relación a este reclamo este Tribunal considerando que el artículo 8 de dicha ley establece: DISPOSICIÓN GENERAL "EL ESTADO O SUS AUTORIDADES, EN JUICIO DE CUALQUIER NATURALEZA ESTARÁ EXENTO DEL PAGO DE COSTAS, SALVO QUE SE HAYA ACTUADO CON DOLO..." y en vista de que en el caso que nos ocupa en ningún momento el Estado o sus representantes al ejercitar su derecho de defensa que señala nuestra Constitución de la República ha actuado con dolo (debiéndose en todo caso ser demostrado por la contraparte), y considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, no es procedente una condena en costas en caso de estimarse la presente demanda, ya que conforme a la norma citada, el Estado de Honduras, se encuentra exento del pago de las mismas. Las Municipalidades son órganos descentralizados del Estado. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 21 de junio del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que, sumado a lo anterior, se aprecia que las labores encomendadas a las demandantes, efectivamente, son de carácter permanente por lo que se acogen a lo establecido en el artículo 47 del Código de Trabajo, en consecuencia, esta Alzada, con base en los principios de primacía de la realidad, irrenunciabilidad de derechos, progresividad y no regresividad y al tenor del contenido de los artículos 128 párrafo primero de la Constitución de la República, 3 y 18 del Código del Trabajo, comparte el criterio de la jueza de primera instancia en el sentido de que la relación de trabajo entre las partes se encuentra bajo la protección del Código de Trabajo y no de la Ley de Empleo por Hora. Siendo igualmente improcedente la aplicación a este caso del artículo 347 del Código de Trabajo, como lo pretende el recurrente, por los razonamientos arriba esbozados. En cuanto a la terminación del nexo laboral entre las partes, se aprecia que a folio 54 de la primera pieza de autos se encuentra el acta de fecha ocho de abril del dos mil veintidós, levantada ante el Procurador de Trabajo y en la que el Director de Salud Municipal del Macro Distrito manifestó que "estaban empleadas bajo la modalidad por hora al ocurrir el cierre dela unidad estabilizadora se asignaron temporalmente en el Macro Distrito Las Palma, su contrato tuvo vencimiento el 31 de mayo del presente año (2022), debido a reestructuración de personal en salud se eliminaron los puestos al no ser necesario tener personal supernumerario"; con lo cual se prueba que no existió justa causa para la disolución del vínculo de trabajo, por lo que se trata de una terminación ilegal e injusta que genera responsabilidad económica de la demandada. Respecto al argumento que refiere a que los contratos de trabajo por hora anteriores al año 2021, ya están vencidos por lo tanto cualquier reclamo sobre los mismos ya está prescrito; tal argumento resulta inatendible por cuanto no fue planteado en el momento procesal oportuno, es decir en el escrito de contestación de demanda o en la audiencia primera de trámite, por lo que lo coloca dentro de la extemporaneidad, pues no fue sometido al contradictorio violentado con ello el derecho de defensa de la parte actora, pues no tuvo la oportunidad de efectuar defensa a ese respecto. En razón de lo anteriormente expuesta, esta Corte de Apelaciones determina que los recursos interpuestos deben ser declarados sin lugar, consecuentemente se confirma el fallo recurrido, por encontrarse dictado conforme a derecho. 5. Mediante auto de fecha 17 de octubre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SERVIO TULIO MELARA MEJIA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 08 de diciembre del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado SERVIO TULIO MELARA MEJIA, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 04 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 16 de mayo del 2024, se tuvo por precluido y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por la Abogada MARLEN DARIELA PORTILLO MEJIA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. La finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código de Trabajo no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son Supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice. II. La demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. III. El Abogado SERVIO TULIO MELARA, en su condición de representante procesal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en su escrito de casación expone: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO DE CASACION. Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por Falta de apreciación de determinada prueba habiendo incurrido el juzgador en un error de derecho ya que el Juez ad quem no aprecio ni le dio valor probatorio al medio probatorio denominado Documental consistente en las copias de los contratos de empleo por hora firmados por los demandantes con mi representada, cuando del mismo si se aprecia la veracidad de los hechos que puso fin a la relación laboral de mi representada con los ahora demandantes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: En el fallo o parte dispositiva de la Sentencia Recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a La Municipalidad de San Pedro Sula al pago de Prestaciones sociales y demás indemnizaciones laborales solicitadas, a excepción de las costas del presente juicio a la parte demandante, pero el tribunal Ad Quem ante una Falta de apreciación de determinada prueba habiendo incurrido el juzgado en un error de derecho ya que no aprecio una prueba Documental que era fundamental para la aclaración de los hechos que motivaron el despido del ahora demandante: La terminación de la Relación de trabajo de mi representada con el ahora demandante si fue apegado a derecho ya que efectivamente los contratos de prestación de servicios por hora suscritos entre mi Representada y el ahora demandante mismos que fueron Registrados en tiempo y forma ante las Autoridades del Ministerio del Trabajo, habiéndose convenido en la Cláusula Octava de dicho contratos tal como lo ordena la ley de Empleo por Hora, cláusula que literalmente dice: "CLAUSULA OCTAVA: EL EMPLEADOR CONVIENE EN PAGAR AL TRABAJADOR EL SALARIO BASE MAS UNA COMPENSACION NO HABITUAL EQUIVALENTE AL VEINTE PORCIENTO SOBRE EL SALARIO BASE DE LPS. 8.33 POR HORA, DETALLADADO DE LA SIGUIENTE MANERA: EL 16% EQUIVALENTE AL PAGO DEL TRECEAVO Y CATORCEVO MES DE SALARIO Y EL 4% EQUIVALENTE AL PAGO DE AUXILIO DE CESANTIA.- ESTA COMPENSACION NO HABITUAL SERA PAGADA EN LA MISMA FECHA Y FRECUENCIA Y MODALIDADES EN QUE SE PAGUE EL SALARIO BASE Y LA MISMA NO CONSTIYUYE SALARIO' así como la Cláusula decima que literalmente dice: CLAUSULA DECIMA: QUE ENTENDIDO QUE LA FECHA DE TERMINACION DEL SERVICIO CONTRATADO PONE TERMINO A LA RELACION DE TRABAJO SIN RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES" Como podrá ver Honorable Sala de lo Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia lo que los ahora demandantes pretenden con su demanda es un doble pago de Prestaciones Sociales y demás indemnizaciones es totalmente improcedente, porque como se explicó dichos pagos mi representada ya los hizo y ahora se le condena al pago nuevamente de los valores reclamados que como se desprende de los mismo contratos dichos valores como ser treceavo y catorceavo mes de salario así como el auxilio de cesantía fueron pagadas a las ahora demandantes en forma mensual con LA COMPENSACION NO HABITUAL DEL 20% SOBRE EL SALARIO, lo que se puede apreciar con los Contratos suscritos con los ahora demandantes de ese valor el 16% es para el pago del treceavo catorceavo mes de salario y el 4% para el pago de auxilio de cesantía. CANTIDADES ESTAS QUE ERAN PAGADAS JUNTO A SU SALARIO BASE. - es importante señalar que mi representada si ha cumplido con todas y cada una de las Disposiciones emanadas de la ley de Empleo por hora, especialmente lo que señala el artículo 6 en cuanto a la forma de REMUNERACION LOS TRABAJADORES, por lo que no valorar lo estipulado en este medio de prueba que consiste en los Contratos suscritos con cada uno de los ahora demandantes produce así la infracción directa de la ley sustantiva por falta de apreciación de la prueba incurriendo en error de hecho,, situación está que lleva al convencimiento de la legalidad de mi Representada para terminar la Relación laboral como el ahora demandante. Esta falta de apreciación por parte de la Corte Sentenciadora, de la prueba constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, no fue valorada ya que el tribunal ad quem no valoro nada de dichos medios probatorios por el hecho de haber dado valor a un medio de prueba, olvidándose de todos los medios probatorios aportados al juicio por mi representada y con lo que se logró probar la legalidad en la finalización de la relación de trabajo con los ahora demandantes y que era parte del objeto del debate en el presente juicio.” IV. El motivo de casación que antecede no es admisible debido a que el Censor señala una falta de valoración del material probatorio por violación indirecta por error de Derecho. No obstante, tras el estudio de la sentencia emitida por el Ad-quem, esta Sala observa que la prueba aludida como no valorada por el Censor, efectivamente ha sido valorada por el tribunal de segunda instancia. Brindando en forma precisa y clara por qué dichas contrataciones no le merecen credibilidad, así como cuáles son los incumplimientos que éstos aprecian para no brindarle el valor probatorio el Recurrente pretende. Por lo anterior, el error señalado en el motivo de casación no ha sido acreditado como tal. Asimismo, señala como precepto autorizante el motivo de casación correspondiente a una violación directa, no siendo posible para esta Sala subsanar de oficio dicho defecto debido a la solemnidad del recurso de casación. Aunado a ello, el Censor incurre en alegatos de instancia, los cuales no son meritorios de realizar ante este tipo de proceso extraordinario. V. En un segundo motivo de casación, el Recurrente expresa lo siguiente: SEGUNDO MOTIVO DE CASACION. Acuso a la sentencia de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden nacional ser la Sentencia Violatoria de Ley sustantiva de Orden Nacional por haber cometido INFRACCIÓN DIRECTA lo cual recae en aplicación indebida o interpretación errónea de los preceptos contemplados en el la Ley Del Estatuto Del Medico Empleado en relación con el artículo 43 de la Ley de Salario Minino aplicada supletoriamente, cometiendo este honorable Tribunal de Apelaciones grave inobservancia de lo preceptuado en dicho cuerpo legal antes mencionado.. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: En el fallo o parte dispositiva de la Sentencia Recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a La Municipalidad de San Pedro Sula al pago de Prestaciones sociales y demás indemnizaciones laborales solicitadas, además del pago de reajustes salarial de acuerdo a la ley del estatuto del médico Empleado, pero el tribunal Ad Quem ante una Falta de apreciación de determinada prueba habiendo incurrido el juzgado en un error de derecho la prueba practicada ordenada El Honorable Tribunal de Apelaciones en materia laboral dictó su sentencia infringiendo directamente la ley sustantiva, aplicándola indebidamente por su interpretación errónea de la misma, En cuanto al Reajuste solicitado en base a la Ley del Estatuto del Medico Empleado es improcedente PORQUE EL NO FUE SOMETIDO O NOMBRADO POR CONCURSO SINO POR EL CONTRARIO FUE POR CONTRATACION DIRECTA POR PARTE DE UN NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA EN BASE A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY DE MUNICIPALIDADES y al decir a ellos no les aplica las disposiciones contenidas en la Ley de Estatuto del Medico Empleado es porque de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Estatuto del Medico empleado que dice "Toda contratación o nombramiento para la prestación de Servicios Médicos Generales o Especializados, bajo la subordinación o dependencia de un empleador natural o jurídico de derecho público o privado, DEBERA SOMETERSE A CONCURSO, sin perjuicio de sus facultades legales para decidir el ingreso, contratación o nombramiento la entidad empleadora reglamentara dichos concursos oyendo previamente las recomendaciones técnicas del Colegio Médico de Honduras, esto en relación a lo establecido como CONDITIO SINE QUA NON, y que se encuentra establecido en el artículo 5 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Medico Empleado que dice: "En toda Contratación o Nombramiento para la prestación de servicio cuya naturaleza sea propias del ejercicio de la Medicina General o Especialización el Medico Empleado o especializados el Medico Empleado deberá llenar los siguientes requisitos: 1…2…3…4…5. APROBAR SATISFACTORIAMENTE EL CONCURSO, 6..".- con lo anterior se deja establecido que los ahora demandantes fueron contratados debido a la facultad discrecional que el artículo 100 de la Ley de Municipalidades le da al Alcalde Municipal de poder nombrar el personal de acuerdo a la Ley. Como se puede apreciar, el señor ANGEL RICARDO HERNANDEZ GALINDO las señoras ANDREA MELISSA CORADO MENDOZA, SULLY MELISSA CRUZ LARA, NORMA MARIBELREYES CACERES en ningún momento fueron sometidas a concurso alguno como lo establece el Artículo 7 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Medico Empleado que dice "A fin de incrementar la eficiencia de los servicios médicos EL CONCURSO señalado en el artículo 7 del ESTATUTO deberá contar como minino. las normas que a continuación se establece: 1) Toda vacante de Personal Médico General o Especializado en todas las instituciones del país se llenara MEDIANTE CONCURSO DE OPOSICION.-...." por lo tanto las demandantes están sujetad a las normas que dispone el Contrato Colectivo suscrito entre la Municipalidad de San Pedro Sula y sus trabajadores, por lo que ellas pretenden en cuanto al ajuste de sus salario deberá ser efectuado de acuerdo a lo que señalada dicho Contrato Colectivo, porque como lo explique anteriormente estos empleados fueron nombrados en sus puestos por el Alcalde Municipal y NO POR HABERSE SOMETIDO A CONCURSO ALGUNO, SITUACION ESTA QUE LA EXCLUYE DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DEL ESTATUTO DEL MEDICO EMPLEADO Y LOS SOMETE A LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO COLECTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y SUS EMPLEADOS EN LA QUE EN SU CLAUSULA 31 está plenamente establecida la forma que de Municipalidad otorgara los incrementos a los trabajadores miembros del referido Sindicato y en los que fuera más beneficioso para ellos en las disposiciones legal emanadas del Código de Trabajo Vigente.- En cuanto a las pretensiones de la demandante se vuelve a dejar claro que mi representada LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, es una entidad respetuosa de las leyes y garante de los derechos de cada uno de los trabajadores, y que lo que realmente sucede es que las señoras ANDREA MELISSA CORADO MENDOZA, SULLY MELISSA CRUZ LARA, NORMA MARIBEL REYES CACERES pretenden reajuste salarial por antigüedad haciendo uso de una Tabla de Incrementos por Antigüedad Del Médico Empleado que publica en Colegio Médico en base a las disposiciones de la Ley del Estatuto del Médico Empleado y que según ellos su petición es de conformidad a los señalado a la LEY DE ORDENAMIENTO DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL GOBIERNO CENTRAL, aclarando que esta Ley que es totalmente inaplicable a mi Representada en el caso de los incrementos salariales reclamados, ya que como se puede ver la Tabla de sueldo e incrementos por antigüedad del Médico Empleado traída al juicio por el ahora demandante, claramente se desprende de la misma lo que literalmente dice" A partir del año 2005 el sueldo del médico empleado, es de conformidad al artículo 10 dela ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno central...".- paso a explicar lo siguiente: a quienes aplica la LEY DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL GOBIERNO CENTRAL según lo establece el artículo 1 de la referida ley "el objeto de la Presente Ley es ordenar el Régimen Salarial del Gobierno Central y LAS INSTITUCIONES DESCONCENTRADAS del Estado para lograr la equidad que garantiza la Constitución de la República." Quedando Claro que la Municipalidad de San Pedro Sula no es ninguna Institución Desconcentrada del Gobierno Central De Honduras, sino que es una Institución DESCENTRALIZADA. Se quiere hacer énfasis y explicar a este tribunal y a los ahora demandantes porque no es de aplicación para mi Representada la Tabla de Incrementos por Antigüedad Del Médico Empleado que publica en Colegio Médico en base a las disposiciones de la Ley del Estatuto Del Médico Empleado de conformidad a los señalado en la LEY DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL GOBIERNO CENTRAL, ya que la misma solo es de aplicación a las Instituciones desconcentradas del Estado y pasaremos a definir y ejemplificar cuales son las instituciones desconcentradas del estado, lo que se hace de la siguiente manera: La doctrina administrativa definió a los órganos desconcentrados como aquellas entidades subordinadas en jerarquía de las Secretarias de Estado, que sirven para resolver un servicio público determinado" olvidando los ahora demandantes que las Municipalidades son instituciones descentralizadas del Estado como lo establece la Ley de Administración Publica en su artículo 47. La Administración Descentralizada está integrada por la siguiente categoría de entidades: 1) Instituciones Autónomas; y, 2) Municipalidades o Corporaciones Municipales que no es lo mismo que desconcentradas, (para su definición ver Artículos 41 al 46 de la Ley de Administración Pública), por lo que para su ilustraciones paso darle ejemplos de instituciones desconcentradas de Honduras Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Cuerpo de Bomberos, Instituto Nacional Penitenciario entre otras muchas instituciones desconcentradas, que son a las que la Tabla de Incremento salariales por antigüedad arriba señalada en relación con la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central se les puede aplicar la referida tabla. el ad quem ratifico la improcedente mediante Sentencia Definitiva dictada por el juez a quo en el sentido de condenar a mi representada al pago de reajustes salariales basados en la Ley del Estatuto Del Médico Empleado motivo basto y suficiente para casar dicha sentencia que hoy estamos argumentando su casación, estamentos jurídicos que si se analizan en el contexto real que corresponde no se hubiese condenado a mi representando a dicho pago, que como se puede apreciar el a quem interpreto erróneamente el artículo 43 de la ley de Salario Mínimo condenando a mi representada al pago de cuatro años de reajuste cuando a pesar de no ser lo justa la sentencia en mención se debe interpretar correctamente el artículo 43 de la Ley de Salario Mínimo”. VI. El motivo de casación que antecede no es admisible debido a que el Recurrente no es claro al expresar su motivo de casación ya que, establece tanto una aplicación indebida como una interpretación errónea de normas de índole laboral. Ambos conceptos son incompatibles entre sí, pues uno implica la aplicación de normativa laboral sustantiva no atinente al caso concreto, y la segunda implica una aplicación correcta del articulado, pero con un sentido diferente al espíritu del legislador. De ahí que, dichos conceptos debieron ser expuestos en motivos de casación diferentes, señalando las normas sustantivas atinentes. Adicionalmente, el Recurrente fundamenta su recurso de casación en una violación directa de las normas sustantivas laborales, por lo que, debió subsumir la explicación de su motivo en hechos aceptados en el juicio. Por el contrario, la explicación del motivo de casación incluye hechos que fueron controvertidos en el juicio (como ser el pago de prestaciones y permanencia), los cuales son incompatibles con este tipo de motivo invocado. Finalmente, el Recurrente en similar situación al motivo de casación anterior, incurre en alegatos de instancia los cuales no son propios de ser señalados ante este recurso extraordinario. VII. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se han hecho mérito en sus dos motivos. POR TANTO: La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA por medio de la SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, pronunciándose por UNANIMIDAD DE VOTOS impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado SERVIO TULIO MELARA, en su condición de representante procesal de la ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. -NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha nueve de septiembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL344-23. FIRMA Y SELLO

RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO

RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -