Sentencia CL-34-24 — Registro 19930
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido, caso contrario sea condenado al reintegro en igualdad o mejores condiciones, pago de salarios adeudados, vacaciones, salarios dejados de percibir y demás beneficios contemplados en la ley laboral.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas los Artículos 320 y 331 de la constitución de la republica 3, 47, 69 de la Ley General de la Administración Pública no son del orden laboral, y no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del código del trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) formula extensos alegatos de instancia inoportunos para este extraordinario recurso. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas los Artículos 320 y 331 de la constitución de la republica 3, 47, 69 de la Ley General de la Administración Pública no son del orden laboral, y no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del código del trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) formula extensos alegatos de instancia inoportunos para este extraordinario recurso. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta y un días del mes octubre de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 30 de julio del 2024, por el Abogado OSCAR ANTONIO HENRÍQUEZ PADILLA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor GUSTAVO ANTONIO ALMENDARES RODRÍGUEZ, representado en juicio por el Abogado RENE JAVIER FASQUELLE DUMAS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido, caso contrario sea condenado al reintegro en igualdad o mejores condiciones, pago de salarios adeudados, vacaciones, salarios dejados de percibir y demás beneficios contemplados en la ley laboral; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 21 de octubre del 2022, por la Abogada ELVIA MARCENY SABILLON GUTIÉRREZ, en su condición de representante procesal del señor GUSTAVO ANTONIO ALMENDARES RODRÍGUEZ, mayor de edad, casado, Contador Público, hondureño y con domicilio en la Lima, Departamento de Cortés, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), por medio de su representante legal el señor ERICK MEDARDO TEJADA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 27 de noviembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 21 de septiembre del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral para pedir el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones más los salarios caídos promovida por la abogada ELVIA MARCENY SABILLÓN GUTIÉRREZ, en su condición de apoderada legal del señor GUSTAVO ANTONIO ALMENDARES RODRÍGUEZ, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) a través de su Gerente General señor ERICK MEDARDO TEJADA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: SEGUNDO: CONDENA: A la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) a través de su Gerente General señor ERICK MEDARDO TEJADA, a: 1) reintegrar al trabajador GUSTAVO ANTONIO ALMENDARES RODRÍGUEZ, en iguales o mejores condiciones más a títulos de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que se cumpla con la reinstalación; 2) En concepto de vacaciones proporcionales, Décimo tercero mes proporcional, Décimo cuarto mes proporcional, salarios adeudado (6 días), la cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVO (L. 11,317.71), desglosados así: vacaciones proporcionales L. 2,149.67; Décimo tercero mes proporcional L. 6,449.00; Décimo cuarto mes proporcional L. 209.16, salarios adeudado (6 días) L. 2,509.88.- TERCERO: SIN COSTAS Por tratarse de una institución del Estado...". ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, comenzó a prestar sus servicios para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el 01 de septiembre del 2010, mediante contrato por tiempo indefinido, en el puesto nominal de Supervisor de Seguridad, en la dependencia de la ENEE en su oficina regional Sector La Puerta, de esa ciudad, con carácter permanente; y que también lo ponían a realizar funciones de despachador y motorista de montacargas; con un horario de trabajo de lunes a viernes de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y que al momento del despido devengaba un salario mensual de L. 12,549.41, pagado mediante crédito en su cuenta bancaria a través del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAFI. Argumentó que la terminación del vínculo entre las partes se dio mediante nota escrita de despido injusta e ilegal, que recibió el demandante, la que a su letra dice: "EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Gerencia General. 06 de julio del año 2022. Señor GUSTAVO ANTONIO ALMENDARES RODRÍGUEZ. SUPERVISOR DE SEGURIDAD, Clave 13137. Señor Almendarez Dando cumplimiento con el mandato establecido en el artículo 18 de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como Bien Publico de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica Social, según Decreto No. 46-2022, publicado en Diario Oficial La Gaceta en fecha 16 de mayo del 2022, le comunico que se ha tomado la decisión de terminar con su relación de trabajo como SUPERVISOR DE SEGURIDAD a partir del 06 de julio del año 2022, en virtud que la empresa está en un proceso de reestructuración para lo cual está realizando los cambios necesarios en su personal, situación que conlleva la cancelación definitiva de la plaza que actualmente es ocupada por usted. El valor de sus Derechos Laborales que por ley le corresponde, le será acreditado a través del Sistema Integrados de Administración Financiera (SIAFI), una vez que haya realizado los descargos correspondientes y presentando las constancias y finiquitos que la ley exige. Sin otro particular, agradeciendo sus servicios presentados a nuestra institución, me suscribo de usted, atentamente, Abg. Ilich Martínez Aquiriano, Jefe de Relaciones Laborales. Delegación mediante Acuerdo No.07-2022. Empresa Nacional de Energía Eléctrica. (ENEE)”. Alegó que en la referida nota de despido se indicó como causal de despido el supuesto "proceso de reestructuración para lo cual está realizando los cambios necesarios en su personal, situación que conlleva la cancelación definitiva de la plaza que actualmente es ocupada por usted”; que ese motivo o causa que se indicó en el despido fue ilegal al no estar contemplada en las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo; y sumado a lo anterior, la demandada no podía válidamente, dar por terminada la relación laboral con el trabajador demandante, sino era siguiendo el procedimiento reglamentario y convencional correspondiente e invocando justa causa de terminación debidamente comprobada, de acuerdo con el Código del Trabajo, el cual le concede a los trabajadores el derecho de emplazar al patrono ante los Tribunales del Trabajo con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido y si el patrono no prueba válidamente dicha causa puede demandar para que se le reponga en su trabajo y el pago de los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la reinstalación, Artículo 113 C.T; es así como el demandante ejerció esta prerrogativa contenida en ley, acudiendo ante la Jurisdicción del Trabajo para su cumplimiento. Continuó manifestando que ante el arbitrario, ilegal e injusto despido del cual fue objeto, se presentó ante las oficinas de la Secretaría del Trabajo en esa ciudad, a efecto de formular reclamo laboral de reintegro a su puesto de trabajo, mediante Audiencia de Conciliación, siendo imposible llegar a un arreglo se dio por cerrada las diligencias administrativas. 2.- La parte demandada la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contestó dicha demanda señalando que, como organismo autónomo de servicio público del Estado, con personería, capacidad jurídica y patrimonio propio, fue creada mediante decreto No. 48, que contiene su Ley Constitutiva, cuyo objeto es promover el desarrollo de la electrificación del país, así en su Artículo 5) de la citada Ley, claramente especifica que la empresa asumirá el activo y pasivo de las entidades que adquiera por cualquier concepto, estando sujeta para efectos de control financiero y contable, a su propio reglamento, a las normas legales y procedimientos vigentes y a los que posteriormente se establezcan por leyes especiales. Aseveró que de acuerdo a lo expuesto la demandada en el caso que les ocupa actuó conforme a derecho y en base a los principios fundamentales, facticos y jurídicos de la plena y libre administración, así como la dirección de todas sus operaciones y actividades, sin más restricciones que las establecidas en las leyes del país, como ser entre otras, las disposiciones contenidas en el contrato Colectivo suscrito entre la ENEE/STENEE, y en aplicación a la normativa vigente procedió a dar por terminada la relación laboral que le unía con el demandante, lo que en ningún momento acarrea responsabilidad alguna para el patrono, ya que de acuerdo de la cláusula número 3 del contrato colectivo de trabajo establece que la ENEE actuará en la administración y dirección de sus operaciones y actividades que le establece la Ley en el orden laboral económico y social; por lo tanto, no limita las atribuciones contenidas en el artículo 21 literal D y H de la ley constitutiva de dicha empresa, contemplado en el decreto número 48 de la junta militar de gobierno donde se establece, que el Gerente General dentro de sus funciones puede nombrar, suspender, remover los empleados de la Empresa según el Gerente lo considere pertinente. Arguyó que para corroborar lo manifestado en el numeral que antecede, era necesario señalar que las Autoridades del Trabajo competentes del país, en el momento de revisar y aprobar el referido Contrato Colectivo, en ningún momento han vedado la Cláusula 3 del Contrato Colectivo suscrito entre la ENEE/STENEE, por considerarla violatoria a los derechos que la constitución, el Código del Trabajo, su Reglamento y las demás Leyes del Trabajo o Previsión Social otorguen a los trabajadores, lo cual no ocurrió en el juicio sometido a examen, por lo que, reiteró, que mi representada ha procedido conforme a ley para dar por terminada la relación laboral que la unía con el demandante, pues siempre en la aplicación de la cláusula No. 3 del mencionado Contrato Colectivo suscrito entre la ENEE/STENEE que relacionó y a los artículos 116 y 123, la empresa demandada ofreció al trabajador demandante el pago del 100% de sus prestaciones laborales incluyendo al mismo, el pago de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones, conforme lo establece el Código del Trabajo, más los conceptos del décimo tercer y décimo cuarto mes proporcional al tiempo laborado, previo a la presentación en regla de la documentación correspondiente a finiquitos, que exige la Institución, ante la Oficina de Personal. Argumentó además que, la legislación laboral no prohíbe el rompimiento unilateral del contrato del trabajo, solo lo sanciona con el resarcimiento de daños y perjuicios correspondientes, sanción que obliga al patrono al pago de un cien por ciento de las prestaciones laborales y demás derechos que le corresponden y que la demandada ofreció al demandante, lo que prueba la disposición de la Empresa de resarcir al empleado todos los conceptos que le corresponden por ley, al haber tomado la decisión de separar al demandante del cargo que venía desempeñando, bajo el principio de libertad de administrarse como mejor lo considere y le convenga en sus necesidades e intereses administrativos y presupuestarios, por lo que la existencia de dicha plaza ya no cuenta con el análisis técnico administrativo y financiero que sustente el desempeño de un supervisor de seguridad. Debido a que esas actividades eran realizadas través de un convenio interinstitucional entre la demandada y la Secretaría Nacional de Defensa (SEDENA) que supervisa, vigila y protege los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Estatal Eléctrica. Mencionó que la Junta Directiva de la empresa demandada, en el año 2015 sometió a Licitación Pública los servicios de seguridad y vigilancia de las instalaciones, planteles, subestaciones y demás bienes que obran en poder la Estatal Eléctrica, suscribiendo un contrato con la Empresa Privada ganadora bajo el número 068/2015, por lo tanto todas las personas que ocupaban plazas de trabajo en el área de vigilancia fueron trasladas a otras Unidades y Departamento dentro de la Regional de Noroccidente para garantizarles la estabilidad laboral desempeñando otras funciones, como es el caso del demandante, con clave de empleado 13137, y a la vez mencionó que la ENEE, a través de su Contrato Colectivo y su Reglamento Interno y las condiciones de trabajo establecidas en los contratos de trabajo estipuló que puede trasladar a los empleados a realizar no solo las tareas propias de su especialidad sino las otras que con carácter complementario o auxiliar sean utilizadas durante la jornada de trabajo, mientras dure la tarea contratada o se cumpla el plazo prescrito en el contrato; y esta aseveración se puede apreciar en la cláusula segunda del contrato individual de trabajo firmado por el referido empleado, todo esto sin violentar el principio de seguridad y estabilidad de las garantías del trabajador, en ese sentido desde el año 2015 hasta la fecha la empresa demandada, conservaba esa plaza de trabajo como supervisor de vigilancia activa, pero en la revisión de manual de puestos y salarios, esa plaza de trabajo ya no era factible económicamente para la Estatal mantenerla dentro de su estructura, ya que no tenía una justificación técnica y administrativa para su existencia, por lo que la Gerencia General de la ENEE, decidió realizar la reestructuración a la misma y cancelar su presupuesto y por ende comunicar al trabajador la decisión de retirarlo y suprimir dicha plaza de trabajo y pagarle sus prestaciones sociales de acuerdo a lo ordenado en el decreto 46-2022 en su artículo número 18; siguió manifestando que por todo lo expresado se colige, que en ningún momento la ENEE violentó el principio de Estabilidad Laboral la carta magna y en segundo lugar, la legislación laboral vigente, por ello reiteró que la empresa demandada en todo momento le ofreció el pago de sus prestaciones laborales, amparada en que la legislación laboral no prohíbe el rompimiento unilateral del contrato, sino que lo sanciona y siendo que la Empresa demandada, asumía la responsabilidad del pago de las indemnizaciones laborales, ofreciéndole la totalidad de las prestaciones laborales que por ley le correspondían al demandante, tal y como se establece en la nota que se le giro al demandante, previa presentación de los finiquitos y las constancia exigidas por la empresa, por lo que este accionar traía como consecuencia que en sentencia definitiva debía declararse sin lugar la demanda de mérito. Finalmente expresó que existe una norma legal donde se faculta a ENEE realizar una revisión estructural de sus plazas de trabajo con el fin supremo de determinar cuáles son las funcionales que la Empresa requiere para seguir operando y prestando el servicio de energía eléctrica y las que resulten que ya no cumplen una función específica para logar el buen desempeño de sus actividades, en ese sentido encontramos opuestas la norma de reestructuración del personal de la empresa demandada en el artículo 18 del Decreto 46-2022 y los principios protectores que versan en el código del trabajo y demás convenciones que forman parte del derecho interno, pero es ahí en este preciso momento donde se aplica el principio de la ponderación objetiva del Juzgador para determinar la aplicación correcta de las normas opuestas, donde por un lado el legislador faculta a la Estatal Eléctrica para hacer una restructuración y revisión del personal y a la vez se sanciona en otra norma sustantiva la terminación de una relación laboral, por lo tanto el juez de primera instancia deberá aplicar de manera clara, precisa y realizar una sinopsis de ambas normas y del estudio de las mismas se determine que la Estatal tiene y cuenta con las facultades de la libre administración, de restructuración, y ofrece un resarcimiento por la cancelación del empleado, por lo tanto al conjugarse todas esos preceptos debería determinar que no existe la posibilidad de ordenar un reintegro a un puesto de trabajo, ya que el mismo fue cancelado de forma legal, legitima y autorizado por la ley, en consecuencia lo que si procedía era el pago de los derechos laborales por indemnización. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 21 de septiembre del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral para pedir el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones más los salarios caídos promovida por la abogada ELVIA MARCENY SABILLÓN GUTIÉRREZ, en su condición de apoderada legal del señor GUSTAVO ANTONIO ALMENDARES RODRÍGUEZ, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) a través de su Gerente General señor ERICK MEDARDO TEJADA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: SEGUNDO: CONDENA: A la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) a través de su Gerente General señor ERICK MEDARDO TEJADA, a: 1) reintegrar al trabajador GUSTAVO ANTONIO ALMENDARES RODRÍGUEZ, en iguales o mejores condiciones más a títulos de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que se cumpla con la reinstalación; 2) En concepto de vacaciones proporcionales, Décimo tercero mes proporcional, Décimo cuarto mes proporcional, salarios adeudado (6 días), la cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVO (L. 11,317.71), desglosados así: vacaciones proporcionales L. 2,149.67; Décimo tercero mes proporcional L. 6,449.00; Décimo cuarto mes proporcional L. 209.16, salarios adeudado (6 días) L. 2,509.88.- TERCERO: SIN COSTAS Por tratarse de una institución del Estado...". Bajo el criterio que, del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso este tribunal es del criterio que procede declarar con lugar la demanda llevan a este convencimiento las circunstancias siguientes: 1) la causal invocada por la demandada para poner fin a la relación va contra el principio de estabilidad, no solo porque la causal no resulta enmarcada en nuestro ordenamiento legal, sino porque la libre administración es limitada y esta no puede estar sobre la Ley, y nuestra Constitución de la República garantiza el derecho a la estabilidad laboral, y en el presente caso la demandada aunque alegue que realizó una reestructuración la misma la cual es permitida siempre y cuando se respeten los derechos laborales de los trabajadores. 2) Que en el presente caso la parte demandada en su nota de despido alega que "la empresa está en un proceso de reestructuración para lo cual está realizando cambios necesarios en su personal, situación que conlleva la cancelación definitiva de la plaza que actualmente es ocupada por usted", extremo que no probó en juicio, ya que en juicio la demandada presentó pruebas acreditando otras circunstancias como ser el hecho que se sometió a licitación pública los servicios de seguridad y vigilancia distinto a la restructuración que se refiere en la nota de despido, sumado a eso en fecha 01 de marzo del 2017, se nombró permanente al demandante en el puesto de SUPERVISOR DE SEGURIDAD, cuando ya había iniciado la primera licitación en fecha 27 de abril del año 2015, según consta en los documentos que corren 112 al 142 de los autos. 3) Que la Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleaos de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación. Por lo que, este Tribunal considera que dicho despido es injusto, en consecuencia, es procedente el resarcimiento de daños y perjuicios. 4) Que, en el presente juicio, el demandante también reclama el pago salarios adeudados correspondientes a los últimos seis días laborados hasta el 06 de Julio del año 2022, vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes proporcional, que con relación a tal pretensión en la audiencia de fecha veinticuatro de mayo del año 2023, la demandada acepta deberle esos conceptos al demandante, por tal razón, procede a condenar su pago. 5) También la parte actora reclama bono de vacaciones, que con relación a dicha reclamación el demandante no acreditó en autos que tenía derecho a ese concepto y que cantidades eran las que se debían pagarle, por tal razón no procede el pago de dicho concepto. Que, Si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitado por el trabajador, éste tiene derecho a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquél, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio. En el presente juicio la parte actora reclama pago de costas con relación a este reclamo este Tribunal considerando que el artículo 8 de dicha ley establece: DISPOSICIÓN GENERAL "EL ESTADO O SUS AUTORIDADES, EN JUICIO DE CUALQUIER NATURALEZA ESTARÁ EXENTO DEL PAGO DE COSTAS, SALVO QUE SE HAYA ACTUADO CON DOLO..." y en vista de que en el caso que nos ocupa en ningún momento El Estado o sus representantes al ejercitar su derecho de defensa que señala nuestra Constitución de la República ha actuado con dolo (debiéndose en todo caso- ser demostrado por la contraparte), y considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, no es procedente una condena en costas en caso de estimarse la presente demanda, ya que conforme a la norma citada, El Estado de Honduras, se encuentra exento del pago de las mismas. Asimismo, valorando los antecedentes, cabe mencionar que también existe jurisprudencia fijada por la Sala de lo Constitucional en los Recursos de Amparo números: AL85-2017, AC0459-2016. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 27 de noviembre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo; sin costas; bajo el criterio que, refiere el agraviado, su inconformidad con el fallo dictado al haber sido condenada su representada al reintegro del actor a su puesto de trabajo y demás derechos laborales, considera que el despido esta revertido de legalidad pues la plaza ya no era funcional y conforme a las normas que tutelan la institucionalidad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, facultan al Gerente General a dar por finalizada la relación laboral y al pago de sus prestaciones sociales y demás derechos; del estudio de los antecedentes y del elenco probatorio evacuado en juicio se logró acreditar a) que la demandada terminó unilateralmente la relación laboral con el señor Gustavo Antonio Almendares Rodríguez, mediante nota escrita de despido de fecha 06 de junio del 2023, fundamentándose en que la empresa está en un proceso de reestructuración para lo cual está realizando los cambios necesarios en su personal, situación que conlleva la cancelación definitiva de la plaza ocupada por el trabajador, sirve de fundamento el artículo 18 de la Ley Especial Para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de la Naturaleza Económica Social, desarrollada en el Decreto 46-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 16 de Mayo del 2022; de lo antes expuesto, esta CORTE, estima que el artículo 18 líneas arriba indicado contenido en el mencionado decreto legislativo, ciertamente "Autoriza a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para que a través de su Junta Directiva y la Gerencia, proceda a la evaluación del recurso humano y la reestructuración administrativa y técnica que sea necesaria, respetando las leyes laborales", como vemos en su párrafo final, el precitado artículo regla una salvedad, que se debe de respetar las leyes laborales; de ahí que en el presente proceso esto no sucedió, dado que al pretender justificar el despido invocando razones de reestructuración debía la patronal acreditar con medios de prueba fidedignos dicho extremo, pues cuando un patrono decide la finalización del nexo jurídico laboral por el hecho de tener que efectuar reorganización de personal derivados de una profunda reestructuración dentro de la empresa, se debe acreditar no sólo la real existencia de esos cambios, sino que ha cumplido con el procedimiento establecido en los artículos 95 numeral 19, 100 y 111 literales 8 y 9 del Código del Trabajo; criterio que ha sido sustentado en las ejecutorias de la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia entre otras las identificadas bajo los números: CL-10-11; CL-14-11; CL-57-11; CL-696-12; CL- 759-12; CL-09-17; CL-315-17, que resulta vinculante en el sub lite al tenor de los artículos 18 y 764 párrafo primero del Código del Trabajo; así las cosas, es importante advertir que los ajustes en su estructura por la patronal, no es suficiente para ponerle fin al contrato de trabajo, ya que el empleador tuvo que acreditar el cumplimiento del procedimiento señalado en las disposiciones del Código del Trabajo antes citadas, lo anterior trae como consecuencia que el despido bajo esas condiciones sea injusto e ilegal al resultar que no se enmarca en las causas previstas en el Código del Trabajo en sus artículos 111 y 112 respectivamente. En base a los argumentos antes expuestos, la pretensión del impetrante no puede tener respuesta favorable, de manera que el agravio se tiene por no válido. Por otra parte, la estabilidad laboral, es una garantía a favor de los trabajadores para mantenerse en sus empleos, protección establecida por mandato constitucional, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, bajo este contexto, no puede ser trasgredida por la patronal, salvo que exista las justas causas de separación en contenidas en los preceptos legales 111 y 112 del C.T, de manera que por las consecuencias que se derivan de esa decisión ilegal responden únicamente quienes las adoptan al tenor de lo exigido en el art. 321 de la Constitución de la Republica. Alega como agravio carencia de la apreciación jurídica en cuanto al ofrecimiento del 100% de las prestaciones laborales, para esta Corte, aunque el empleador ofreció el pago de prestaciones, no se le puede imponer al trabajador a que acepte ese pago, cuando ha sido despedido por causas distintas a las legales, tampoco se le puede imponer al trabajador a que acepte ese pago, cuando ha sido despedido injustamente ya que es la voluntad del trabajador la que determina si opta por el reintegro o por el pago de prestaciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 129 de la Constitución de la República; de ahí que no es posible asumir la sanción económica como único efecto o resultado de la comunicación de terminación del contrato de trabajo por causas distintas a las legales, pues el reintegro también es consecuencia o efecto de esa decisión a voluntad del trabajador (a), ante tal circunstancia dicho agravio no tiene asidero legal. Este Tribunal de Alzada, por los razonamientos expuestos, estima que el fallo definitivo está provisto de una debida motivación, tanto fáctica como jurídica, se valoró los medios de prueba conforme las máximas de la experiencia la lógica y el criterio humano, razón por lo cual es procedente desestimar los agravios esgrimidos por el impetrante, declarar sin lugar el recurso de apelación, consecuentemente se debe CONFIRMAR, dicho fallo en atención a lo dispuesto en el art. 705 del CPC, aplicado supletoriamente con las normas laborales. 5.- Mediante auto de fecha 02 de abril del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado OSCAR ANTONIO HENRÍQUEZ PADILLA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 30 de julio del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado OSCAR ANTONIO HENRÍQUEZ PADILLA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación; por lo que mediante providencia de fecha 21 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 05 de noviembre del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado RENE JAVIER FASQUELLE DUMAS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II.- Que el Abogado OSCAR ANTONIO HENRÍQUEZ PADILLA, en su primer y único motivo de casación alega: “ En primer lugar, acuso la Sentencia recurrida de fecha veintisiete (27) de noviembre del dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, por Infracción directa, por la falta de aplicabilidad de los Artículos 320 y 331 de la constitución de la republica así como 3, 47, 69 de la Ley General de la Administración Pública, y en relación al artículo 21 incisos H, G, e I, del Decreto número 48 contentivo de la Ley Constitutiva de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE). El concepto de la infracción se explica así: El fallo está en abierta infracción directa independientemente de la cuestión probatoria, como lo establece el objeto del debate de la sentencia; 1) si la sentencia relacionada reúne o no los requisitos que toda actuación judicial debe contener, al no haber una valoración correcta del material probatorio, según acusa la parte demandada." El art. 739 del Código del Trabajo establece: El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito; En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento. En consecuencia, deviene en la obligación de aplicar la Ley que regula al caso concreto y hubiese arribado a la conclusión de REVOCAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, veintisiete de noviembre del dos mil veintitrés, observando las normas procesales de cumplimiento obligatorio para lograr la efectividad de la aplicación del derecho material justificación legal de la terminación de la relación laboral; Por lo tanto, cabe casar la sentencia recurrida, en el caso que ahora nos ocupa. Debido al que A-QUEM no apreció en su fallo la aplicación de los artículos 320 y 331 de la Constitución de la Republica y el artículo 21 del Decreto 48, de la Ley constitutiva de la ENEE, en los incisos H, Ge I; normas sustantivas que facultan la decisión tomada por el Gerente General de la Empresa ENEE, en la cancelación de la plaza de trabajo, ya que es un acto inherente de sus atribuciones administrativas conforme a la ley y que en ningún momento, se convierte en hechos ilegítimos e ilegales, sino de aplicación del derecho administrativo y sus normas sustantivas establecidas; Por lo que el fallo del AD-QUEM al confirmar la Sentencia Definitiva, violenta nuestra carta magna en sus artículos 320 y 331 los cuales establecen la libre administración de la empresa y así como la Ley Sustantiva de Orden Nacional de los artículos 21 literales H, G, I; donde se establece que es atribución del Gerente General ejercer las demás funciones y facultades que le otorgue la Ley, los Reglamentos y Acuerdos de la Junta Directiva; en relación directa a los artículos 3, 47, 69 de la Ley General de la Administración Pública, donde se establece el principio que debe de observarse en la administración Pública en la creación, modificación o supresión de los órganos de la administración pública incluyendo las desconcentradas y las Instituciones descentralizadas, solamente se puede hacer previa definición del fin público cuando se acredite su factibilidad económico-administrativa y siendo del conocimiento de esta parte procesal que el A-QUEM ha proferido fallos en procesos anteriores fundamentándose en los artículos 3, 47, 69 de la Ley General de la Administración Pública, donde fundamenta que solo el Estado a través de sus Órganos de la Administración Pública puede Crear y Otorgar Plazas de Trabajo; por lo que esta representación procesal hace esta exposición por el hecho que al ordenar un reintegro a un puesto de trabajo que fue cancelada la estructura administrativa presupuestaria de la plaza de trabajo, por no aportar desarrollo dentro de las actividades y rubro de la demandada por haberse realizado una licitación pública nacional de la vigilancia y la protección de los bienes de estatal eléctrica; y por lo tanto ya no existe dentro de la estructura del manual de puestos y salarios de la empresa nacional de energía eléctrica, por lo tanto el AD-QUEM, al confirmar una sentencia de primera instancia para un reintegro, violenta los principios de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, por la falta de aplicabilidad de los Artículos 320, 331 Y 332 de la Constitución de la Republica así como 3, 47, 69 de la Ley General de la Administración Pública, y en relación al artículo 21 incisos H, G, e I, del Decreto número 48 contentivo de la Ley Constitutiva de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE). Al confirmar un reintegro en una plaza de trabajo cancelada y suprimida, misma que ordena al Poder Ejecutivo a crear un puesto de trabajo inexistente, ya como bien se ha hecho de manifiesto en el proceso del juicio y se probó las razones técnicas y jurídicas del porque la demandada EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA cancelo las plazas de trabajo relacionadas con la vigilancia y protección de los bienes de su Patrimonio. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral 1), párrafo primero del Código del Trabajo en relación directa de los artículos 3, 47, 69 de la Ley General de la Administración Pública. DOCTRINA: Esta Honorable Corte ha mantenido el criterio que la falta de aplicación de una norma constituye en materia de recurso extraordinario de casación laboral infracción directa cuando proviene de la ignorancia de la norma o de rebeldía con ella, produciéndose la violación directa independientemente de las cuestiones probatorias o de hechos. LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA SE EXPLICA DE LA SIGUIENTE MANERA: A) El Articulo 82, 320, 331, 332 de la Constitución de la República claramente establece El derecho a la defensa es inviolable; B) Los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo regula que la actuación en los juicios de trabajo, el juez al proferir su decisión analizara todas las pruebas allegadas a tiempo, y no estará sujeto a la tarifa de la prueba y por tanto formara libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de las pruebas, atendiendo y regulando especialmente las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. En este sentido la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, incurrió en infracción directa por FALTA DE APLICACIÓN de las normas sustantivas de orden nacional, al hecho discutido, a lo que dispuso en su sentencia en el acápite del OBJETO DEL DEBATE; 1) la no apreciación de la norma sustantiva, según acusa la parte demandada. Honorables Magistrados de la Sala de lo Contencioso Laboral, esta Representación Legal considera que se case la sentencia recurrida en su totalidad en virtud de que mi representada, actuó conforme a derecho en aplicación a las normas sustantivas de orden nacional que lo facultan a través de la Ley Constituya de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) y sus Reglamentos, por lo que al no aplicar el Tribunal de Alzada las normas legales que regulan el funcionamiento Legal de la ENEE, violenta directamente la Ley, observando en la sentencia recurrida, consideraciones en rebeldía en la aplicación de las normas infringidas; Razón por la que se solicita sea casada la sentencia en este motivo, en virtud que la sentencia recurrida veintisiete de noviembre del dos mil veintitrés, no se tomó en cuenta los medios probatorios como ser la norma sustantiva; Por lo tanto el fallo plantea una rebeldía en los artículos 82, de la Constitución de la República, 738 y 739, del Código de Trabajo, artículo 22 del Código Procesal Civil, literales h, g, i del artículo 21 de la Ley Constitutiva de la ENEE y en relación directa con los artículos 3, 47 y 69 de la Ley General de la Administración Pública; Por lo antes expuesto solicito a Vos Honorable Corte Suprema de Justicia, se case la sentencia recurrida; tomando en consideración que no existió una aplicación directa de la norma sustantiva, porque violenta los principios emanados de la Ley General de la Administración Pública, al ordenar un reintegro y con la aplicación de la sentencia se ordena crear una plaza de trabajo, facultades que son delegadas al poder ejecutivo a través del Presidente de la Republica, mismo que se las delega a las instituciones descentralizadas, centralizadas y autónomas del Poder Ejecutivo, en consecuencia que esta Honorable Sala de lo Laboral de lo Contencioso Administrativo case la sentencia de mérito”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas los Artículos 320 y 331 de la constitución de la republica 3, 47, 69 de la Ley General de la Administración Pública no son del orden laboral, y no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del código del trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) formula extensos alegatos de instancia inoportunos para este extraordinario recurso. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA MAGISTRADA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO MAGISTRADO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número Cl34-24.RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOYRECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOcenter203CERTIFICACIÓNEl Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta y un días del mes octubre de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 30 de julio del 2024, por el Abogado OSCAR ANTONIO HENRÍQUEZ PADILLA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), como recurrente; además, es parte recurrida, el señor GUSTAVO ANTONIO ALMENDARES RODRÍGUEZ, representado en juicio por el Abogado RENE JAVIER FASQUELLE DUMAS. OBJETO DEL PROCESO: Demanda laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa de un despido, caso contrario sea condenado al reintegro en igualdad o mejores condiciones, pago de salarios adeudados, vacaciones, salarios dejados de percibir y demás beneficios contemplados en la ley laboral; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 21 de octubre del 2022, por la Abogada ELVIA MARCENY SABILLON GUTIÉRREZ, en su condición de representante procesal del señor GUSTAVO ANTONIO ALMENDARES RODRÍGUEZ, mayor de edad, casado, Contador Público, hondureño y con domicilio en la Lima, Departamento de Cortés, contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), por medio de su representante legal el señor ERICK MEDARDO TEJADA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 27 de noviembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 21 de septiembre del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral para pedir el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones más los salarios caídos promovida por la abogada ELVIA MARCENY SABILLÓN GUTIÉRREZ, en su condición de apoderada legal del señor GUSTAVO ANTONIO ALMENDARES RODRÍGUEZ, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) a través de su Gerente General señor ERICK MEDARDO TEJADA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: SEGUNDO: CONDENA: A la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) a través de su Gerente General señor ERICK MEDARDO TEJADA, a: 1) reintegrar al trabajador GUSTAVO ANTONIO ALMENDARES RODRÍGUEZ, en iguales o mejores condiciones más a títulos de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que se cumpla con la reinstalación; 2) En concepto de vacaciones proporcionales, Décimo tercero mes proporcional, Décimo cuarto mes proporcional, salarios adeudado (6 días), la cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVO (L. 11,317.71), desglosados así: vacaciones proporcionales L. 2,149.67; Décimo tercero mes proporcional L. 6,449.00; Décimo cuarto mes proporcional L. 209.16, salarios adeudado (6 días) L. 2,509.88.- TERCERO: SIN COSTAS Por tratarse de una institución del Estado...". ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, comenzó a prestar sus servicios para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), el 01 de septiembre del 2010, mediante contrato por tiempo indefinido, en el puesto nominal de Supervisor de Seguridad, en la dependencia de la ENEE en su oficina regional Sector La Puerta, de esa ciudad, con carácter permanente; y que también lo ponían a realizar funciones de despachador y motorista de montacargas; con un horario de trabajo de lunes a viernes de ocho de la mañana a cuatro de la tarde y que al momento del despido devengaba un salario mensual de L. 12,549.41, pagado mediante crédito en su cuenta bancaria a través del Sistema Integrado de Administración Financiera SIAFI. Argumentó que la terminación del vínculo entre las partes se dio mediante nota escrita de despido injusta e ilegal, que recibió el demandante, la que a su letra dice: "EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Gerencia General. 06 de julio del año 2022. Señor GUSTAVO ANTONIO ALMENDARES RODRÍGUEZ. SUPERVISOR DE SEGURIDAD, Clave 13137. Señor Almendarez Dando cumplimiento con el mandato establecido en el artículo 18 de la Ley Especial para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como Bien Publico de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de Naturaleza Económica Social, según Decreto No. 46-2022, publicado en Diario Oficial La Gaceta en fecha 16 de mayo del 2022, le comunico que se ha tomado la decisión de terminar con su relación de trabajo como SUPERVISOR DE SEGURIDAD a partir del 06 de julio del año 2022, en virtud que la empresa está en un proceso de reestructuración para lo cual está realizando los cambios necesarios en su personal, situación que conlleva la cancelación definitiva de la plaza que actualmente es ocupada por usted. El valor de sus Derechos Laborales que por ley le corresponde, le será acreditado a través del Sistema Integrados de Administración Financiera (SIAFI), una vez que haya realizado los descargos correspondientes y presentando las constancias y finiquitos que la ley exige. Sin otro particular, agradeciendo sus servicios presentados a nuestra institución, me suscribo de usted, atentamente, Abg. Ilich Martínez Aquiriano, Jefe de Relaciones Laborales. Delegación mediante Acuerdo No.07-2022. Empresa Nacional de Energía Eléctrica. (ENEE)”. Alegó que en la referida nota de despido se indicó como causal de despido el supuesto "proceso de reestructuración para lo cual está realizando los cambios necesarios en su personal, situación que conlleva la cancelación definitiva de la plaza que actualmente es ocupada por usted”; que ese motivo o causa que se indicó en el despido fue ilegal al no estar contemplada en las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo; y sumado a lo anterior, la demandada no podía válidamente, dar por terminada la relación laboral con el trabajador demandante, sino era siguiendo el procedimiento reglamentario y convencional correspondiente e invocando justa causa de terminación debidamente comprobada, de acuerdo con el Código del Trabajo, el cual le concede a los trabajadores el derecho de emplazar al patrono ante los Tribunales del Trabajo con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido y si el patrono no prueba válidamente dicha causa puede demandar para que se le reponga en su trabajo y el pago de los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la reinstalación, Artículo 113 C.T; es así como el demandante ejerció esta prerrogativa contenida en ley, acudiendo ante la Jurisdicción del Trabajo para su cumplimiento. Continuó manifestando que ante el arbitrario, ilegal e injusto despido del cual fue objeto, se presentó ante las oficinas de la Secretaría del Trabajo en esa ciudad, a efecto de formular reclamo laboral de reintegro a su puesto de trabajo, mediante Audiencia de Conciliación, siendo imposible llegar a un arreglo se dio por cerrada las diligencias administrativas. 2.- La parte demandada la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contestó dicha demanda señalando que, como organismo autónomo de servicio público del Estado, con personería, capacidad jurídica y patrimonio propio, fue creada mediante decreto No. 48, que contiene su Ley Constitutiva, cuyo objeto es promover el desarrollo de la electrificación del país, así en su Artículo 5) de la citada Ley, claramente especifica que la empresa asumirá el activo y pasivo de las entidades que adquiera por cualquier concepto, estando sujeta para efectos de control financiero y contable, a su propio reglamento, a las normas legales y procedimientos vigentes y a los que posteriormente se establezcan por leyes especiales. Aseveró que de acuerdo a lo expuesto la demandada en el caso que les ocupa actuó conforme a derecho y en base a los principios fundamentales, facticos y jurídicos de la plena y libre administración, así como la dirección de todas sus operaciones y actividades, sin más restricciones que las establecidas en las leyes del país, como ser entre otras, las disposiciones contenidas en el contrato Colectivo suscrito entre la ENEE/STENEE, y en aplicación a la normativa vigente procedió a dar por terminada la relación laboral que le unía con el demandante, lo que en ningún momento acarrea responsabilidad alguna para el patrono, ya que de acuerdo de la cláusula número 3 del contrato colectivo de trabajo establece que la ENEE actuará en la administración y dirección de sus operaciones y actividades que le establece la Ley en el orden laboral económico y social; por lo tanto, no limita las atribuciones contenidas en el artículo 21 literal D y H de la ley constitutiva de dicha empresa, contemplado en el decreto número 48 de la junta militar de gobierno donde se establece, que el Gerente General dentro de sus funciones puede nombrar, suspender, remover los empleados de la Empresa según el Gerente lo considere pertinente. Arguyó que para corroborar lo manifestado en el numeral que antecede, era necesario señalar que las Autoridades del Trabajo competentes del país, en el momento de revisar y aprobar el referido Contrato Colectivo, en ningún momento han vedado la Cláusula 3 del Contrato Colectivo suscrito entre la ENEE/STENEE, por considerarla violatoria a los derechos que la constitución, el Código del Trabajo, su Reglamento y las demás Leyes del Trabajo o Previsión Social otorguen a los trabajadores, lo cual no ocurrió en el juicio sometido a examen, por lo que, reiteró, que mi representada ha procedido conforme a ley para dar por terminada la relación laboral que la unía con el demandante, pues siempre en la aplicación de la cláusula No. 3 del mencionado Contrato Colectivo suscrito entre la ENEE/STENEE que relacionó y a los artículos 116 y 123, la empresa demandada ofreció al trabajador demandante el pago del 100% de sus prestaciones laborales incluyendo al mismo, el pago de preaviso, auxilio de cesantía, vacaciones, conforme lo establece el Código del Trabajo, más los conceptos del décimo tercer y décimo cuarto mes proporcional al tiempo laborado, previo a la presentación en regla de la documentación correspondiente a finiquitos, que exige la Institución, ante la Oficina de Personal. Argumentó además que, la legislación laboral no prohíbe el rompimiento unilateral del contrato del trabajo, solo lo sanciona con el resarcimiento de daños y perjuicios correspondientes, sanción que obliga al patrono al pago de un cien por ciento de las prestaciones laborales y demás derechos que le corresponden y que la demandada ofreció al demandante, lo que prueba la disposición de la Empresa de resarcir al empleado todos los conceptos que le corresponden por ley, al haber tomado la decisión de separar al demandante del cargo que venía desempeñando, bajo el principio de libertad de administrarse como mejor lo considere y le convenga en sus necesidades e intereses administrativos y presupuestarios, por lo que la existencia de dicha plaza ya no cuenta con el análisis técnico administrativo y financiero que sustente el desempeño de un supervisor de seguridad. Debido a que esas actividades eran realizadas través de un convenio interinstitucional entre la demandada y la Secretaría Nacional de Defensa (SEDENA) que supervisa, vigila y protege los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Estatal Eléctrica. Mencionó que la Junta Directiva de la empresa demandada, en el año 2015 sometió a Licitación Pública los servicios de seguridad y vigilancia de las instalaciones, planteles, subestaciones y demás bienes que obran en poder la Estatal Eléctrica, suscribiendo un contrato con la Empresa Privada ganadora bajo el número 068/2015, por lo tanto todas las personas que ocupaban plazas de trabajo en el área de vigilancia fueron trasladas a otras Unidades y Departamento dentro de la Regional de Noroccidente para garantizarles la estabilidad laboral desempeñando otras funciones, como es el caso del demandante, con clave de empleado 13137, y a la vez mencionó que la ENEE, a través de su Contrato Colectivo y su Reglamento Interno y las condiciones de trabajo establecidas en los contratos de trabajo estipuló que puede trasladar a los empleados a realizar no solo las tareas propias de su especialidad sino las otras que con carácter complementario o auxiliar sean utilizadas durante la jornada de trabajo, mientras dure la tarea contratada o se cumpla el plazo prescrito en el contrato; y esta aseveración se puede apreciar en la cláusula segunda del contrato individual de trabajo firmado por el referido empleado, todo esto sin violentar el principio de seguridad y estabilidad de las garantías del trabajador, en ese sentido desde el año 2015 hasta la fecha la empresa demandada, conservaba esa plaza de trabajo como supervisor de vigilancia activa, pero en la revisión de manual de puestos y salarios, esa plaza de trabajo ya no era factible económicamente para la Estatal mantenerla dentro de su estructura, ya que no tenía una justificación técnica y administrativa para su existencia, por lo que la Gerencia General de la ENEE, decidió realizar la reestructuración a la misma y cancelar su presupuesto y por ende comunicar al trabajador la decisión de retirarlo y suprimir dicha plaza de trabajo y pagarle sus prestaciones sociales de acuerdo a lo ordenado en el decreto 46-2022 en su artículo número 18; siguió manifestando que por todo lo expresado se colige, que en ningún momento la ENEE violentó el principio de Estabilidad Laboral la carta magna y en segundo lugar, la legislación laboral vigente, por ello reiteró que la empresa demandada en todo momento le ofreció el pago de sus prestaciones laborales, amparada en que la legislación laboral no prohíbe el rompimiento unilateral del contrato, sino que lo sanciona y siendo que la Empresa demandada, asumía la responsabilidad del pago de las indemnizaciones laborales, ofreciéndole la totalidad de las prestaciones laborales que por ley le correspondían al demandante, tal y como se establece en la nota que se le giro al demandante, previa presentación de los finiquitos y las constancia exigidas por la empresa, por lo que este accionar traía como consecuencia que en sentencia definitiva debía declararse sin lugar la demanda de mérito. Finalmente expresó que existe una norma legal donde se faculta a ENEE realizar una revisión estructural de sus plazas de trabajo con el fin supremo de determinar cuáles son las funcionales que la Empresa requiere para seguir operando y prestando el servicio de energía eléctrica y las que resulten que ya no cumplen una función específica para logar el buen desempeño de sus actividades, en ese sentido encontramos opuestas la norma de reestructuración del personal de la empresa demandada en el artículo 18 del Decreto 46-2022 y los principios protectores que versan en el código del trabajo y demás convenciones que forman parte del derecho interno, pero es ahí en este preciso momento donde se aplica el principio de la ponderación objetiva del Juzgador para determinar la aplicación correcta de las normas opuestas, donde por un lado el legislador faculta a la Estatal Eléctrica para hacer una restructuración y revisión del personal y a la vez se sanciona en otra norma sustantiva la terminación de una relación laboral, por lo tanto el juez de primera instancia deberá aplicar de manera clara, precisa y realizar una sinopsis de ambas normas y del estudio de las mismas se determine que la Estatal tiene y cuenta con las facultades de la libre administración, de restructuración, y ofrece un resarcimiento por la cancelación del empleado, por lo tanto al conjugarse todas esos preceptos debería determinar que no existe la posibilidad de ordenar un reintegro a un puesto de trabajo, ya que el mismo fue cancelado de forma legal, legitima y autorizado por la ley, en consecuencia lo que si procedía era el pago de los derechos laborales por indemnización. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 21 de septiembre del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral para pedir el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones más los salarios caídos promovida por la abogada ELVIA MARCENY SABILLÓN GUTIÉRREZ, en su condición de apoderada legal del señor GUSTAVO ANTONIO ALMENDARES RODRÍGUEZ, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) a través de su Gerente General señor ERICK MEDARDO TEJADA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: SEGUNDO: CONDENA: A la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) a través de su Gerente General señor ERICK MEDARDO TEJADA, a: 1) reintegrar al trabajador GUSTAVO ANTONIO ALMENDARES RODRÍGUEZ, en iguales o mejores condiciones más a títulos de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que se cumpla con la reinstalación; 2) En concepto de vacaciones proporcionales, Décimo tercero mes proporcional, Décimo cuarto mes proporcional, salarios adeudado (6 días), la cantidad de ONCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVO (L. 11,317.71), desglosados así: vacaciones proporcionales L. 2,149.67; Décimo tercero mes proporcional L. 6,449.00; Décimo cuarto mes proporcional L. 209.16, salarios adeudado (6 días) L. 2,509.88.- TERCERO: SIN COSTAS Por tratarse de una institución del Estado...". Bajo el criterio que, del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso este tribunal es del criterio que procede declarar con lugar la demanda llevan a este convencimiento las circunstancias siguientes: 1) la causal invocada por la demandada para poner fin a la relación va contra el principio de estabilidad, no solo porque la causal no resulta enmarcada en nuestro ordenamiento legal, sino porque la libre administración es limitada y esta no puede estar sobre la Ley, y nuestra Constitución de la República garantiza el derecho a la estabilidad laboral, y en el presente caso la demandada aunque alegue que realizó una reestructuración la misma la cual es permitida siempre y cuando se respeten los derechos laborales de los trabajadores. 2) Que en el presente caso la parte demandada en su nota de despido alega que "la empresa está en un proceso de reestructuración para lo cual está realizando cambios necesarios en su personal, situación que conlleva la cancelación definitiva de la plaza que actualmente es ocupada por usted", extremo que no probó en juicio, ya que en juicio la demandada presentó pruebas acreditando otras circunstancias como ser el hecho que se sometió a licitación pública los servicios de seguridad y vigilancia distinto a la restructuración que se refiere en la nota de despido, sumado a eso en fecha 01 de marzo del 2017, se nombró permanente al demandante en el puesto de SUPERVISOR DE SEGURIDAD, cuando ya había iniciado la primera licitación en fecha 27 de abril del año 2015, según consta en los documentos que corren 112 al 142 de los autos. 3) Que la Ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleaos de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación. Por lo que, este Tribunal considera que dicho despido es injusto, en consecuencia, es procedente el resarcimiento de daños y perjuicios. 4) Que, en el presente juicio, el demandante también reclama el pago salarios adeudados correspondientes a los últimos seis días laborados hasta el 06 de Julio del año 2022, vacaciones, décimo tercer mes y décimo cuarto mes proporcional, que con relación a tal pretensión en la audiencia de fecha veinticuatro de mayo del año 2023, la demandada acepta deberle esos conceptos al demandante, por tal razón, procede a condenar su pago. 5) También la parte actora reclama bono de vacaciones, que con relación a dicha reclamación el demandante no acreditó en autos que tenía derecho a ese concepto y que cantidades eran las que se debían pagarle, por tal razón no procede el pago de dicho concepto. Que, Si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitado por el trabajador, éste tiene derecho a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquél, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio. En el presente juicio la parte actora reclama pago de costas con relación a este reclamo este Tribunal considerando que el artículo 8 de dicha ley establece: DISPOSICIÓN GENERAL "EL ESTADO O SUS AUTORIDADES, EN JUICIO DE CUALQUIER NATURALEZA ESTARÁ EXENTO DEL PAGO DE COSTAS, SALVO QUE SE HAYA ACTUADO CON DOLO..." y en vista de que en el caso que nos ocupa en ningún momento El Estado o sus representantes al ejercitar su derecho de defensa que señala nuestra Constitución de la República ha actuado con dolo (debiéndose en todo caso- ser demostrado por la contraparte), y considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, no es procedente una condena en costas en caso de estimarse la presente demanda, ya que conforme a la norma citada, El Estado de Honduras, se encuentra exento del pago de las mismas. Asimismo, valorando los antecedentes, cabe mencionar que también existe jurisprudencia fijada por la Sala de lo Constitucional en los Recursos de Amparo números: AL85-2017, AC0459-2016. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 27 de noviembre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo; sin costas; bajo el criterio que, refiere el agraviado, su inconformidad con el fallo dictado al haber sido condenada su representada al reintegro del actor a su puesto de trabajo y demás derechos laborales, considera que el despido esta revertido de legalidad pues la plaza ya no era funcional y conforme a las normas que tutelan la institucionalidad de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, facultan al Gerente General a dar por finalizada la relación laboral y al pago de sus prestaciones sociales y demás derechos; del estudio de los antecedentes y del elenco probatorio evacuado en juicio se logró acreditar a) que la demandada terminó unilateralmente la relación laboral con el señor Gustavo Antonio Almendares Rodríguez, mediante nota escrita de despido de fecha 06 de junio del 2023, fundamentándose en que la empresa está en un proceso de reestructuración para lo cual está realizando los cambios necesarios en su personal, situación que conlleva la cancelación definitiva de la plaza ocupada por el trabajador, sirve de fundamento el artículo 18 de la Ley Especial Para Garantizar el Servicio de la Energía Eléctrica como un Bien Público de Seguridad Nacional y un Derecho Humano de la Naturaleza Económica Social, desarrollada en el Decreto 46-2022 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 16 de Mayo del 2022; de lo antes expuesto, esta CORTE, estima que el artículo 18 líneas arriba indicado contenido en el mencionado decreto legislativo, ciertamente "Autoriza a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para que a través de su Junta Directiva y la Gerencia, proceda a la evaluación del recurso humano y la reestructuración administrativa y técnica que sea necesaria, respetando las leyes laborales", como vemos en su párrafo final, el precitado artículo regla una salvedad, que se debe de respetar las leyes laborales; de ahí que en el presente proceso esto no sucedió, dado que al pretender justificar el despido invocando razones de reestructuración debía la patronal acreditar con medios de prueba fidedignos dicho extremo, pues cuando un patrono decide la finalización del nexo jurídico laboral por el hecho de tener que efectuar reorganización de personal derivados de una profunda reestructuración dentro de la empresa, se debe acreditar no sólo la real existencia de esos cambios, sino que ha cumplido con el procedimiento establecido en los artículos 95 numeral 19, 100 y 111 literales 8 y 9 del Código del Trabajo; criterio que ha sido sustentado en las ejecutorias de la Sala Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia entre otras las identificadas bajo los números: CL-10-11; CL-14-11; CL-57-11; CL-696-12; CL- 759-12; CL-09-17; CL-315-17, que resulta vinculante en el sub lite al tenor de los artículos 18 y 764 párrafo primero del Código del Trabajo; así las cosas, es importante advertir que los ajustes en su estructura por la patronal, no es suficiente para ponerle fin al contrato de trabajo, ya que el empleador tuvo que acreditar el cumplimiento del procedimiento señalado en las disposiciones del Código del Trabajo antes citadas, lo anterior trae como consecuencia que el despido bajo esas condiciones sea injusto e ilegal al resultar que no se enmarca en las causas previstas en el Código del Trabajo en sus artículos 111 y 112 respectivamente. En base a los argumentos antes expuestos, la pretensión del impetrante no puede tener respuesta favorable, de manera que el agravio se tiene por no válido. Por otra parte, la estabilidad laboral, es una garantía a favor de los trabajadores para mantenerse en sus empleos, protección establecida por mandato constitucional, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, bajo este contexto, no puede ser trasgredida por la patronal, salvo que exista las justas causas de separación en contenidas en los preceptos legales 111 y 112 del C.T, de manera que por las consecuencias que se derivan de esa decisión ilegal responden únicamente quienes las adoptan al tenor de lo exigido en el art. 321 de la Constitución de la Republica. Alega como agravio carencia de la apreciación jurídica en cuanto al ofrecimiento del 100% de las prestaciones laborales, para esta Corte, aunque el empleador ofreció el pago de prestaciones, no se le puede imponer al trabajador a que acepte ese pago, cuando ha sido despedido por causas distintas a las legales, tampoco se le puede imponer al trabajador a que acepte ese pago, cuando ha sido despedido injustamente ya que es la voluntad del trabajador la que determina si opta por el reintegro o por el pago de prestaciones de acuerdo a lo previsto en el artículo 129 de la Constitución de la República; de ahí que no es posible asumir la sanción económica como único efecto o resultado de la comunicación de terminación del contrato de trabajo por causas distintas a las legales, pues el reintegro también es consecuencia o efecto de esa decisión a voluntad del trabajador (a), ante tal circunstancia dicho agravio no tiene asidero legal. Este Tribunal de Alzada, por los razonamientos expuestos, estima que el fallo definitivo está provisto de una debida motivación, tanto fáctica como jurídica, se valoró los medios de prueba conforme las máximas de la experiencia la lógica y el criterio humano, razón por lo cual es procedente desestimar los agravios esgrimidos por el impetrante, declarar sin lugar el recurso de apelación, consecuentemente se debe CONFIRMAR, dicho fallo en atención a lo dispuesto en el art. 705 del CPC, aplicado supletoriamente con las normas laborales. 5.- Mediante auto de fecha 02 de abril del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado OSCAR ANTONIO HENRÍQUEZ PADILLA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 30 de julio del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado OSCAR ANTONIO HENRÍQUEZ PADILLA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación; por lo que mediante providencia de fecha 21 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 05 de noviembre del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado RENE JAVIER FASQUELLE DUMAS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.- El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II.- Que el Abogado OSCAR ANTONIO HENRÍQUEZ PADILLA, en su primer y único motivo de casación alega: “ En primer lugar, acuso la Sentencia recurrida de fecha veintisiete (27) de noviembre del dos mil veintitrés (2023), dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, con sede en la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, por Infracción directa, por la falta de aplicabilidad de los Artículos 320 y 331 de la constitución de la republica así como 3, 47, 69 de la Ley General de la Administración Pública, y en relación al artículo 21 incisos H, G, e I, del Decreto número 48 contentivo de la Ley Constitutiva de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE). El concepto de la infracción se explica así: El fallo está en abierta infracción directa independientemente de la cuestión probatoria, como lo establece el objeto del debate de la sentencia; 1) si la sentencia relacionada reúne o no los requisitos que toda actuación judicial debe contener, al no haber una valoración correcta del material probatorio, según acusa la parte demandada." El art. 739 del Código del Trabajo establece: El juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que forman la sana crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito; En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento. En consecuencia, deviene en la obligación de aplicar la Ley que regula al caso concreto y hubiese arribado a la conclusión de REVOCAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, veintisiete de noviembre del dos mil veintitrés, observando las normas procesales de cumplimiento obligatorio para lograr la efectividad de la aplicación del derecho material justificación legal de la terminación de la relación laboral; Por lo tanto, cabe casar la sentencia recurrida, en el caso que ahora nos ocupa. Debido al que A-QUEM no apreció en su fallo la aplicación de los artículos 320 y 331 de la Constitución de la Republica y el artículo 21 del Decreto 48, de la Ley constitutiva de la ENEE, en los incisos H, Ge I; normas sustantivas que facultan la decisión tomada por el Gerente General de la Empresa ENEE, en la cancelación de la plaza de trabajo, ya que es un acto inherente de sus atribuciones administrativas conforme a la ley y que en ningún momento, se convierte en hechos ilegítimos e ilegales, sino de aplicación del derecho administrativo y sus normas sustantivas establecidas; Por lo que el fallo del AD-QUEM al confirmar la Sentencia Definitiva, violenta nuestra carta magna en sus artículos 320 y 331 los cuales establecen la libre administración de la empresa y así como la Ley Sustantiva de Orden Nacional de los artículos 21 literales H, G, I; donde se establece que es atribución del Gerente General ejercer las demás funciones y facultades que le otorgue la Ley, los Reglamentos y Acuerdos de la Junta Directiva; en relación directa a los artículos 3, 47, 69 de la Ley General de la Administración Pública, donde se establece el principio que debe de observarse en la administración Pública en la creación, modificación o supresión de los órganos de la administración pública incluyendo las desconcentradas y las Instituciones descentralizadas, solamente se puede hacer previa definición del fin público cuando se acredite su factibilidad económico-administrativa y siendo del conocimiento de esta parte procesal que el A-QUEM ha proferido fallos en procesos anteriores fundamentándose en los artículos 3, 47, 69 de la Ley General de la Administración Pública, donde fundamenta que solo el Estado a través de sus Órganos de la Administración Pública puede Crear y Otorgar Plazas de Trabajo; por lo que esta representación procesal hace esta exposición por el hecho que al ordenar un reintegro a un puesto de trabajo que fue cancelada la estructura administrativa presupuestaria de la plaza de trabajo, por no aportar desarrollo dentro de las actividades y rubro de la demandada por haberse realizado una licitación pública nacional de la vigilancia y la protección de los bienes de estatal eléctrica; y por lo tanto ya no existe dentro de la estructura del manual de puestos y salarios de la empresa nacional de energía eléctrica, por lo tanto el AD-QUEM, al confirmar una sentencia de primera instancia para un reintegro, violenta los principios de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, por la falta de aplicabilidad de los Artículos 320, 331 Y 332 de la Constitución de la Republica así como 3, 47, 69 de la Ley General de la Administración Pública, y en relación al artículo 21 incisos H, G, e I, del Decreto número 48 contentivo de la Ley Constitutiva de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE). Al confirmar un reintegro en una plaza de trabajo cancelada y suprimida, misma que ordena al Poder Ejecutivo a crear un puesto de trabajo inexistente, ya como bien se ha hecho de manifiesto en el proceso del juicio y se probó las razones técnicas y jurídicas del porque la demandada EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA cancelo las plazas de trabajo relacionadas con la vigilancia y protección de los bienes de su Patrimonio. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral 1), párrafo primero del Código del Trabajo en relación directa de los artículos 3, 47, 69 de la Ley General de la Administración Pública. DOCTRINA: Esta Honorable Corte ha mantenido el criterio que la falta de aplicación de una norma constituye en materia de recurso extraordinario de casación laboral infracción directa cuando proviene de la ignorancia de la norma o de rebeldía con ella, produciéndose la violación directa independientemente de las cuestiones probatorias o de hechos. LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA SE EXPLICA DE LA SIGUIENTE MANERA: A) El Articulo 82, 320, 331, 332 de la Constitución de la República claramente establece El derecho a la defensa es inviolable; B) Los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo regula que la actuación en los juicios de trabajo, el juez al proferir su decisión analizara todas las pruebas allegadas a tiempo, y no estará sujeto a la tarifa de la prueba y por tanto formara libremente su convencimiento inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de las pruebas, atendiendo y regulando especialmente las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. En este sentido la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, incurrió en infracción directa por FALTA DE APLICACIÓN de las normas sustantivas de orden nacional, al hecho discutido, a lo que dispuso en su sentencia en el acápite del OBJETO DEL DEBATE; 1) la no apreciación de la norma sustantiva, según acusa la parte demandada. Honorables Magistrados de la Sala de lo Contencioso Laboral, esta Representación Legal considera que se case la sentencia recurrida en su totalidad en virtud de que mi representada, actuó conforme a derecho en aplicación a las normas sustantivas de orden nacional que lo facultan a través de la Ley Constituya de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA (ENEE) y sus Reglamentos, por lo que al no aplicar el Tribunal de Alzada las normas legales que regulan el funcionamiento Legal de la ENEE, violenta directamente la Ley, observando en la sentencia recurrida, consideraciones en rebeldía en la aplicación de las normas infringidas; Razón por la que se solicita sea casada la sentencia en este motivo, en virtud que la sentencia recurrida veintisiete de noviembre del dos mil veintitrés, no se tomó en cuenta los medios probatorios como ser la norma sustantiva; Por lo tanto el fallo plantea una rebeldía en los artículos 82, de la Constitución de la República, 738 y 739, del Código de Trabajo, artículo 22 del Código Procesal Civil, literales h, g, i del artículo 21 de la Ley Constitutiva de la ENEE y en relación directa con los artículos 3, 47 y 69 de la Ley General de la Administración Pública; Por lo antes expuesto solicito a Vos Honorable Corte Suprema de Justicia, se case la sentencia recurrida; tomando en consideración que no existió una aplicación directa de la norma sustantiva, porque violenta los principios emanados de la Ley General de la Administración Pública, al ordenar un reintegro y con la aplicación de la sentencia se ordena crear una plaza de trabajo, facultades que son delegadas al poder ejecutivo a través del Presidente de la Republica, mismo que se las delega a las instituciones descentralizadas, centralizadas y autónomas del Poder Ejecutivo, en consecuencia que esta Honorable Sala de lo Laboral de lo Contencioso Administrativo case la sentencia de mérito”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas los Artículos 320 y 331 de la constitución de la republica 3, 47, 69 de la Ley General de la Administración Pública no son del orden laboral, y no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del código del trabajo, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, b) formula extensos alegatos de instancia inoportunos para este extraordinario recurso. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA MAGISTRADA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO MAGISTRADO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número Cl34-24. FIRMA Y SELLA
RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.