Sentencia CL-336-23 — Registro 19006
Resumen
En la demanda ordinaria laboral demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones laborales; primera instancia declara con lugar la demanda condena al pago sin lugar las excepciones perentoria de pago y las excepciones perentorias de prescripción segunda instancia confirma el fallo y esta sala anula la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Que revisado el fallo recurrido de fecha 20 de junio del 2023, mediante el cual se confirma el fallo dictado por el A-quo, en todos sus extremos declarando con lugar la demanda ordinaria laboral misma que carece de exhaustividad en virtud que la cláusula 59 del XII contrato colectivo de la empresa, no se aprobó porque se contrapone a los artículos No.38 del Equilibrio Presupuestario de la Ley Orgánica del Presupuesto y 160 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente para el 2008, que son de orden público y facultando al Gerente General para que proceda a contratar una firma Consultora, a efecto de que realice un estudio actuarial que mida el impacto financiero de la misma, careciendo la sentencia del Ad quem de suficiente razón motivada ya que la misma fue impugnada debido a la situación económica real de la empresa misma que se encuentra en suspenso acreditándose en autos que se le realizo el pago correspondiente a la señora ELIZABETH GALINDO PAZ, folios ( 49 y 50) de la primera pieza de autos debiendo realizar el análisis exhaustivo de las mismas para resolver conforme a derecho lo que corresponde. VIII.- Que las sentencias judiciales deben ser claras, precisas y exhaustivas, a efectos de ser congruente con las demandas y con las demás pretensiones de la parte, deducidas oportunamente en el pleito Art. 206 numeral 1 y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil...´´
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
...´´Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos...´´
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 60 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Código del Trabajo, art. 18 (Jerarquía Ordinaria)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintisiete días del mes de enero del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 11 de diciembre del 2023, por la Abogada WALDINA LIZETTE HANDAL CUBERO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora ELIZABETH GALINDO PAZ, representada en juicio por el Abogado JOSÉ BENJAMÍN ROBLES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia para el pago de prestaciones laborales al 100% por retiro voluntario, según clausula 59 e incrementos salariales según clausula 49, del XII contrato colectivo, pendientes de pago derivados de la aplicación del contrato colectivo y pago de los ajustes por dichos incrementos salariales al sistema de jubilaciones del INJUPEMP, durante la tramitación de la presente acción judicial, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 11 de febrero del 2021, por la señora ELIZABETH GALINDO PAZ, mayor de edad, soltera, Secretaria Comercial, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su representante legal y Gerente General el señor MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 20 de junio del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 25 de abril del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda ordinaria Laboral para el pago del complemento del auxilio de cesantía, promovida por la señora ELIZABETH GALINDO PAZ, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada legalmente por su Gerente General el señor MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; 2) En consecuencia: CONDENA: A la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada legalmente por su Gerente General el señor MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO, a pagar el complemento de auxilio de cesantía por aplicación de la cláusula 59 del XII del Contrato Colectivo de trabajo el equivalente a los 11 años a la trabajadora ELIZAΒΕΤΗ GALINDO PAZ, el equivalente la cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS (L. 476,916.00), resulta de sumar 11 años por el salario promedio mensual de L. 43,356.00. 3) SIN LUGAR LAS EXCEPCIONES PERENTORIA DE PAGO y las excepciones perentorias de PRESCRIPCIÓN interpuestas por la parte demandada. - 4) SIN COSTAS. Se trata de una institución del estado…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició su relación laboral con la empresa demandada desde el 01 de julio del año 1987, desempeñándose hasta el momento de su retiro voluntario como secretaria IV, hasta el 01 de agosto del 2020 en el Departamento de Gestión de Redes, IP en las oficinas situadas en la 5ta. avenida y 5ta. calle S.O. con un sueldo promedio mensual de L. 35,427.00; manifestó que el patrono demandado justificando seguir políticas de supuesta austeridad administrativa derivadas del Poder Ejecutivo, pidió a todos los trabajadores de HONDUTEL a través de reiterados comunicados y correos electrónicos, que aquellos empleados que tomaran la decisión de retirarse de HONDUTEL, se les pagarían las prestaciones que legalmente les corresponden como lo establece el XII contrato Colectivo suscrito entre HONDUTELH y SITRATELH, en un cien por ciento 100%, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de haber sido aprobada la correspondiente solicitud de cancelación de la relación laboral. Y que en consecuencia de lo anteriormente relacionado y creyendo fielmente que se cumplirían las condiciones de pago prometidas por el patrono, en fecha 01 de agosto del 2020 y amparándose, para tal efecto en la cláusula 59 del XII Contrato Colectivo, decidió aprovechar dicha condición y procedió a tramitar su retiro voluntario y posterior pago de sus prestaciones laborales petición, que fue dirigida a la Gerencia General de HONDUTEL, quien contestó afirmativamente dicha solicitud, aprobando la petición con efectividad a partir del 01 de agosto del año 2020, con efectividad desde esa fecha. Sin embargo, la condición de pago mediante la cual se amparaba el reclamo planteado de las prestaciones laborales y demás efectos indemnizatorios, a la fecha no le fueron cumplidas; a ese respecto, el Sindicato como organización a la cual estaba afiliada, representante y defensora de los intereses y derechos de todos los trabajadores de HONDUTEL estableció claramente como condición, que si dentro del plazo fijado para el pago de las correspondientes prestaciones de los empleados acogidos al Plan de Retiro Voluntario no se cumplía, el empleado cancelado debía ser reintegrado de inmediato a su puesto de trabajo sin ningún menoscabo de su salario; no obstante lo anterior, el patrono fue totalmente indiferente incumpliendo de todo lo acordado, pues el pago de las Prestaciones Laborales y demás efectos indemnizatorios no se materializaron a pesar de haber transcurrido un tiempo prudencial para cumplir con la condición contractual enmarcada en la cláusula 59 del Contrato Colectivo, lo cual le ha causado perjuicios en su economía familiar, ya que está sin trabajo y sin el pago de sus prestaciones, pues no tiene ingresos de otra fuente. Manifestó además que en vista de lo anteriormente relacionado, se presentó a la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social en fecha 30 de noviembre del año 2020 para hacer el reclamo ante la autoridad competente, de esa ciudad, siendo imposible ya que no se presentó ningún representante ni apoderado legal de la empresa demandada, demostrando con su no comparecencia el poco respeto hacia las autoridades del trabajo y sus buenos oficios para conciliar el conflicto laboral antes relacionado, con lo cual se cerraron las diligencias administrativas gubernativas. 2.- La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, alegando en su defensa que, a partir del 25 de diciembre del 2005, perdió su exclusividad en cuanto a la prestación del servicio de telefonía a nivel nacional, y que en virtud de la apertura a la libre participación en el mercado de telefonía para toda empresa nacional y extranjera, ocasionó que los ingresos cayeran abruptamente en sus servicios, reflejándose tal efecto en los Estados de Resultados Financieros de la Empresa correspondientes a los años 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, donde los ingresos decayeron de manera estrepitosa, lo que llevó a tomar medidas drásticas como ser la reducción del gasto corriente. Y en virtud de lo anteriormente expuesto, la empresa demandada, amparándose objetivamente en los balances financieros arrojados en estos últimos años, tomó decisiones en cuanto a la reducción del gasto corriente a nivel nacional que se genera por la diversas actividades de índole comercial, administrativa, laboral y social; por lo que es presente al día de hoy que tales actividades afectan de manera interna la estructura organizacional de la empresa, tomando en consideración los estados financieros actuales de la empresa; el Departamento de Relaciones y Servicios a Empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL) generó el cálculo de las prestaciones laborales de la demandante, valores pagados de conformidad con la Cláusula número 59 del X Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL y el SITRATELH de los años 2006-2007, ya que, de acuerdo con las resoluciones emitidas por la Junta Directiva de HONDUTEL, no se aprobó la aplicación de la cláusula 59 del XI Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL Y SITRATELH 2008-2009. La Junta Directiva de la HONDUTEL es la máxima autoridad de la entidad y, por ende, sus decisiones son de obligatorio cumplimiento, especialmente en los casos en que afecte los intereses económicos de la misma, por lo que, en fecha 13 de mayo del 2008, emitió la Resolución del punto de acta número 8) de la Sesión Ordinaria número 545-08, mediante la cual se ratificó la aprobación del Contrato Colectivo HONDUTEL para los años 2008-2009, con excepción de la cláusula 59, ya que conculca los artículos 38 (sobre el equilibrio presupuestario) de la Ley Orgánica del Presupuesto y 160 de las disposiciones generales del presupuesto vigentes para el 2008, las cuales son de orden público y facultan al gerente general para contratar a una firma consultora con el fin de que realice un estudio actuarial que mida el impacto financiero de la misma. La Junta Directiva de HONDUTEL emitió la Resolución del punto de acta 11.E) de la Sesión Ordinaria número 547-08, celebrada el día 05 de septiembre del 2008, mediante la cual le ordenó a la Gerencia General que retomara el consabido estudio actuarial, incluyendo el estudio financiero que certificara cuál era la capacidad económica de la empresa en un año, tomando en cuenta a todos los empleados que tienen más de veintidós (22) años de antigüedad, con el fin de proyectar el número de personas que podrían ser cesanteadas; asimismo, se estableció que los directores residentes de la Junta Directiva fueran parte del estudio actuarial. Argumentó que a la demandante se le pagarán sus prestaciones e indemnizaciones laborales y demás derechos adquiridos de conformidad con la Cláusula 59 del X Contrato Colectivo 2006- 2007, debido a que, como ya se relacionó anteriormente, la Junta Directiva de HONDUTEL (máxima autoridad de la empresa) no aprobó el contenido de la cláusula 59 del XI Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo 2008-2009; en consecuencia, la cláusula 59 que sigue vigente y que se aplica en la actualidad por disposición de la Junta Directiva de HONDUTEL es la del X Contrato Colectivo 2006-2007, que es la que instaura un límite de 22 o 24 meses de salario por los años de servicio como pago de indemnización de cesantía. Al respecto, los artículos 1552, 1553, 1573 del Código Civil, relacionados con los contratos (los cuales aplican supletoriamente en materia laboral según el artículo 858 del Código de Trabajo; por lo tanto, la cláusula 59 de los contratos colectivos XI y XII carece del requisito del consentimiento, en vista de que HONDUTEL, a través de su Junta Directiva, no la aprobó, por ser lesiva a los intereses económicos de la empresa, por lo que no tiene valor ni efecto. Señaló que existen sentencias favorables a HONDUTEL en cuanto a este tipo de acciones: 1) Juicio incoado por Nelis Carbajal: Sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 15 de enero del 2013 (expediente 9885); 2) Juicio incoado por Martha Doris Salinas Rivera: Sentencia definitiva dictada por la Corte Suprema de Justicia en fecha 22 de julio del 2013 (expediente 9818); 3) Juicio incoado por Carlos Reynaldo Rodríguez Luna: Sentencia definitiva de primera instancia, la cual fue confirmada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Cortés 14 de noviembre del 2018, en el juicio que se registra en segunda instancia con el número 0501-2018-00322; en todas esas demandas se solicitó el pago del reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales según la cláusula 59 del XI y XII Contrato Colectivo, pero las mismas fueron declaradas sin lugar. Finalmente arguyó que lo relacionado a los reajustes salariales contemplados en la Cláusula 49 del XII Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo suscrito entre Hondutel y Sitratelh, no procedían por lo siguiente: a) Pago de los incrementos salariales pendientes de años en aplicación directa del XII Contrato Colectivo vigente, cláusula 49 reajuste salarial; en el año 2010, se acreditó aumento salarial en el mes de septiembre 2010 y quedaron pendientes de pago 8 meses de enero a agosto 2010; en 2011 se acreditó aumento salarial en el mes de julio 2011 у quedaron pendientes de pago 6 meses, de enero a junio del 2011; en 2012 no se acreditó ningún pago, quedando pendiente el pago de 12 meses, de enero a diciembre del 2012; existe demanda entablada por esos reajustes salariales, la cual a la fecha no hay sentencia.- b) Los aumentos salariales de los años 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017, se llegó a una negociación con el Sitratelh ante autoridad competente y se acordó por tal concepto un auxilio económico.- En el año 2019 hubo un incremento del 4.22% del cual la demandante lo recibió y cobró, no poniendo objeción al mismo. c) Que en base a los salarios del reclamo de ajustes salariales que se demanda declarada con lugar la petición en la sentencia definitiva, se reporte y se hagan las compensaciones necesarias al Instituto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados Públicos INJUPEMP para el pago de su jubilación conforme al salario real que debió devengar en el momento de su renuncia voluntaria, en ese sentido al no haber incrementos salariales no procedía tal acción en vista de que no se modificó el salario. El pago de costas del presente juicio no procede en virtud de que el artículo 8 del Decreto Legislativo 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, mejorar los servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno establece que el Estado está exento del pago de costas. Asimismo, en audiencia primera de tramite interpuso las Excepciones Perentorias de Pago y de Prescripción. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 25 de abril del 2023, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, para el pago del complemento del auxilio de cesantía, promovida por la señora ELIZABETH GALINDO PAZ, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), representada legalmente por su Gerente General el señor MELVIN REMBERTO MALDONADO MALDONADO; en consecuencia: Condenó a la parte demandada, a pagar el complemento de auxilio de cesantía por aplicación de la cláusula 59 del XII del Contrato Colectivo de trabajo el equivalente a los 11 años a la trabajadora demandante, el equivalente la cantidad de L.476,916.00, resulta de sumar 11 años por el salario promedio mensual de L. 43,356.00. Y declaró sin lugar las excepciones perentorias de pago y de prescripción, interpuestas por la parte demandada, sin costas; bajo el criterio que, del estudio y análisis de las pruebas practicadas este tribunal llega al convencimiento de declarar con lugar el presente reclamo laboral con relación al pago de reajuste de prestaciones sociales, llevan al convencimiento las circunstancias siguientes: 1) La demandante tenía una antigüedad de laborar para la demandada 33 años un mes un día; que según establece la cláusula 59 del XII del contrato colectivo de trabajo suscrito entre HONDUTEL Y SITRATELH, del que se refiere al pago de prestaciones laborales establece que en caso de terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento las partes a petición del trabajador HONDUTEL pagará una indemnización por un año trabajado, además se le pagará preaviso, vacaciones, aguinaldo, décimo cuarto mes, y demás bonificaciones a que tuviere derecho. Que en el presente caso la demandada no reconoció el pago del 100% del tiempo laborado como lo establece la cláusula antes mencionada únicamente le reconoció el pago de 22 años de servicios, aduciendo que la demandada tiene situación financiera crítica y que la cláusula 59 del XII del contrato colectivo de trabajo suscrito entre HONDUTEL Y SITRATELH, ya que la junta directiva de HONDUTEL, no aprobó el contenido de dicha cláusula, extremo que no probo en autos. 2) Que no se justifica que la demandada no cumpla con lo establecido en la Cláusula 59 del XII contrato colectivo de trabajo suscrito entre HONDUTEL Y SITRATELH, por el hecho que se encuentre en situación financiera critica, ya que el contrato colectivo de condiciones de trabajo es ley entre las partes, y en este caso la demandada debió haber cumplido con el mismo otorgándole un mes de salario por cada año trabajado.- Razón por la cual, procede condenar a la demandada a pagar los 11 años restantes para sumar un total de 33 años de servicio que le corresponde a la demandante en concepto de cesantía. 3) Que para efectos de calcular el pago del complemento de auxilio de cesantía se tomara como base el salario de L. 30,366.07, salario que fue tomado por la demandada para efectos de calcular de cesantía, tal como consta a folio 50 de los autos.- 4) En el presente juicio la parte actora reclama que la demandada condenada al pago de los ajustes que corresponden al sistema de Jubilaciones del INJUPEMP desde la fecha en que debieron pagarse dichos incrementos, que modifican el salario, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales establecidas en el Código de Trabajo quede firme la sentencia condenatoria respectiva; con relación a dicha pretensión este Tribunal considera procedente declararla sin lugar en vista que en el presente juicio se declaró con lugar la excepción de litispendencia sobre el reclamo de los incrementos salariales de los años 2010, 2011 y 2012, y la litispendencia de los años 2010 al 2021, razón por la cual este Tribunal no puede condenar a la demandando al pago de ajustes que corresponden al sistema de jubilación de INJUPEMP, ya que en el presente juicio no ha condenado a la demandada a ningún incremento salarial. En el presente caso la parte demandada interpuso excepción Perentoria de Pago, la fundamenta en que el demandante recibió el pago total de sus prestaciones laborales; con relación a la excepción planteada este Tribunal considera procedente declararla sin lugar en vista que la excepción de pago procede cuando la demandada ya ha pagado al trabajador demandante el total de lo que reclama y en el presente juicio consta de autos que de los 33 años de servicio que le correspondían percibir un mes por cada año le fueron pagados únicamente 22 años; lo que significa que la demandada no pago todo lo reclamado por la demandante en concepto de cesantía por lo que la demandante está reclamando el complemento de auxilio de cesantía. también la demandante interpuso la excepción perentoria de pago para reclamar reajuste salariales de los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, con relación a dicha excepción se encuentra acreditado en autos que se declaró con lugar las excepción de Litis pendencia para reclamar años del 2010, 2011, y 2012, y litispendencia de los años 2010 al 2021, razón por la cual este Tribunal no puede pronunciar si esos derechos fueron pagados o no; y sobre la excepción planteada, como tampoco se puede pronunciar sobre la excepción perentoria de prescripción para reclamar incrementos salariales del año 2018 al 2021, en vista que en el presente juicio se declaró con lugar la excepción de litispendencia, para el reclamo de esos conceptos. En el presente juicio la parte actora reclama pago de costas con relación a este reclamo este Tribunal considerando que el artículo 8 de dicha ley establece: DISPOSICIÓN GENERAL "EL ESTADO O SUS AUTORIDADES, EN JUICIO DE CUALQUIER NATURALEZA ESTARÁ EXENTO DEL PAGO DE COSTAS, SALVO QUE SE HAYA ACTUADO CON DOLO..." y en vista de que en el caso que nos ocupa en ningún momento el Estado o sus representantes al ejercitar su derecho de defensa que señala nuestra Constitución de la República ha actuado con dolo (debiéndose en todo caso ser demostrado por la contraparte), y considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, no es procedente una condena en costas en caso de estimarse la presente demanda, ya que conforme a la norma citada, el Estado de Honduras se encuentra exento del pago de las mismas. Asimismo, valorando los antecedentes, cabe mencionar que también existe jurisprudencia fijada por la Sala de lo Constitucional en los Recursos de Amparo números: AL85-2017, AC0459-2016. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 20 de junio del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, en el presente caso se reclaman derechos derivados del XIII Contrato Colectivo, que consiste en el pago de prestaciones laborales conforme la cláusula 59 que reconoce una indemnización de un mes por año trabajado; reclamo laboral que a criterio de ésta alzada resulta procedente por las siguientes razones: 1) del proceso únicamente consta que la Junta Directiva de Hondutel no aprobó la cláusula 59 del XI contrato colectivo, mas este no es el que se solicita en esta demanda; 2) no se aportó ninguna prueba que demuestre que la Junta directiva de la accionada improbó la cláusula 59 del XIII contrato colectivo que se reclama; 3) aunque a folio 265 de la primera pieza se indicó que el pago de prestaciones se haría con un máximo de 22 años de servicios citando los oficios GGH-021-01-2021, GGH-023-01-2021 y Memorando DL-003-2021 y acta circunstanciada STSS de fecha 22 de julio de 2019, ello no se presentó en el juicio; de ahí que el complemento de prestaciones concedidas por la Juzgadora resultan procedentes conforme los argumentos y pruebas presentadas en este caso. Por las razones antes expuestas, esta alzada estima inatendible la pretensión de la apelante y por cuya razón, la sentencia debe ser CONFIRMADA en su parte resolutiva. 5.- Mediante auto de fecha 17 de octubre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada WALDINA LIZETTE HANDAL CUBERO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 11 de diciembre del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada WALDINA LIZETTE HANDAL CUBERO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 04 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de junio del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado JOSÉ BENJAMÍN ROBLES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.” III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que revisado el fallo recurrido de fecha 20 de junio del 2023, mediante el cual se confirma el fallo dictado por el A-quo, en todos sus extremos declarando con lugar la demanda ordinaria laboral misma que carece de exhaustividad en virtud que la cláusula 59 del XII contrato colectivo de la empresa, no se aprobó porque se contrapone a los artículos No.38 del Equilibrio Presupuestario de la Ley Orgánica del Presupuesto y 160 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente para el 2008, que son de orden público y facultando al Gerente General para que proceda a contratar una firma Consultora, a efecto de que realice un estudio actuarial que mida el impacto financiero de la misma, careciendo la sentencia del Ad quem de suficiente razón motivada ya que la misma fue impugnada debido a la situación económica real de la empresa misma que se encuentra en suspenso acreditándose en autos que se le realizo el pago correspondiente a la señora ELIZABETH GALINDO PAZ, folios ( 49 y 50) de la primera pieza de autos debiendo realizar el análisis exhaustivo de las mismas para resolver conforme a derecho lo que corresponde. VIII.- Que las sentencias judiciales deben ser claras, precisas y exhaustivas, a efectos de ser congruente con las demandas y con las demás pretensiones de la parte, deducidas oportunamente en el pleito Art. 206 numeral 1 y 208 numeral 1) del Código Procesal Civil. IX.- Por otro lado, es oportuno recordar que el juzgador de instancia está obligado a velar por la tutela efectiva de los derechos e intereses legítimos pretendidos en la demanda removiendo los impedimentos que se pueden producir y posibilitando el ejercicio de los mismos lo contrario da lugar a que se irrespete el derecho acceso a la justicia y, por ende, a la tutela judicial efectiva. Además, para tales efectos y de conformidad al principio pro homine se debe dar a la norma la interpretación más extensiva cuando se trate de reconocer derechos protegidos y a la inversa una aplicación restringida, cuando se trate de limitar los mismos. X.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que haya sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente y, en su caso, por la cuestión derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubieren sido denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda en la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso. XI.- Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas procede se declare la nulidad de la resolución recurrida a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciende aplicación de los artículos 82, 90 párrafo primero, 303 reformado 304 reformado 313 numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1), y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664 y 858 del Código del Trabajo; 22, 193, 197, 199, 206, 207, 211, 215 numeral 5) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 30 ml 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, 16, 18 y 23 numeral c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortes, de fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, visible a folios 16 al 21 de la segunda pieza de autos. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó La Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, ROY PINEDA CASTRO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de mayo del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de enero del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL336-2023. FIRMA Y SELLO.-
RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR.
RECEPTOR ADSCRITO.-SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.