Sentencia CL-320-23 — Registro 19611
Resumen
Segunda instancia declara parcialmente ha lugar el recurso de apelación interpuesto y se confirma parcialmente la parte dispositiva de la sentencia venida en apelación, excepto la condena al pago en concepto de daños y perjuicios.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el artículo 364 inciso a) del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c) formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el artículo 364 inciso a) del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea ; y, d) formula alegatos propios de instancia."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha veinte de noviembre dos mil veintitrés, por la Abogada CRISTINA BENITEZ MEJIA, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELICA NUEVO MILENIO (UCENM), como recurrente; además, es parte recurrida: el señor MILCIADES ETELVINO VENTURA HERRERA, representado en juicio por la Abogada SANDRA LETICIA QUEZADA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Laboral de primera instancia por la vía del proceso ordinario para el pago de derechos adquiridos derivados de renuncia, reajuste salarial, daños y perjuicios, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha 06 de diciembre del 2021, por el señor MILCIADES ETELVINO VENTURA HERRERA, mayor de edad, soltero, abogado, hondureño, con domicilio en la ciudad de Santa Rosa de Copán, contra la UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELICA NUEVO MILENIO (UCENM), representada legalmente por la señora MARIA ANTONIA FERNANDEZ PEÑA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de junio del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARA PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada CRISTINA BENITEZ MEJIA en su condición de Representante Procesal de la demandada Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), contra la Sentencia Definitiva de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022); SEGUNDO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE LA PARTE DISPOSITIVA de la Sentencia venida en apelación, excepto la condena al pago de Noventa y Tres Mil Doscientos Dieciséis Lempiras con Setenta y Tres Centavos (L. 93.216.73) en concepto de Daños y Perjuicios; asimismo, la condena al pago de Treinta y Dos Mil Doscientos Setenta y Cuatro Lempiras con Cuarenta y tres Centavos (L. 32.274.43) en concepto de reserva laboral, las cuales se revocan; TERCERO: SE REVOCA LA CONDENA EN COSTAS impuesta en primera instancia a la parte demandada; CUARTO: SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral con la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), el 17 de enero del año 2015, siendo contratado de forma verbal por la directora del campus de la ciudad de Santa Rosa de Copan, y que en base al artículo 6 del Código del Trabajo se considera representante del patrón, siendo contratado como docente de la carrera de Derecho en el campus de la ciudad de Santa Rosa de Copan, departamento de Copan, impartiendo diferentes clases de la carrera antes mencionada, labor que siempre desempeño de la mejor manera y con responsabilidad, tal como se le fue solicitado por la parte patronal. Resulta que una vez se le explicó en qué consistían sus labores de trabajo se procedió a detallarle a cuánto ascendería su salario, trabajando de esa manera de forma continua e ininterrumpida durante los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021 sin tener un salario fijo de manera mensual, en tal sentido se procedió a calcular el salario promedio de los últimos seis (6) meses, en aplicación de lo establecido en el artículo 123 literal "a" del Código del Trabajo vigente, dando como resultado que percibía la suma de L. 6,750.00 cabe mencionar que en su pago mensual además de la suma fija de salario, no se le cancelaba lo correspondiente a los derechos irrenunciables como ser el décimo tercer y décimo cuarto mes, razón por la cual se reclama dicha cuantía, por otro lado los conceptos que percibía a título de salario fijo mensual, no corresponde al pago del salario mínimo que hubiera estar recibiendo tal como lo regula el artículo 363 del Código del Trabajo que señala que el salario se estipulará libremente, pero no podrá ser inferior al que se fije como mínimo de acuerdo a las prescripciones del mismo código, en relación al artículo 39 de la Ley sobre Salario Mínimo que señala que todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos, y reciba salarios inferiores a los mínimos a que tiene derecho, podrá recuperar las sumas que se le adeudan por la vía judicial, por consiguiente y siendo que el salario mínimo actualmente es de L.13,963.20 es que solicita el pago de reajuste salarial por ser este un derecho adquirido de carácter irrenunciable como lo regula el artículo 3 del Código del Trabajo. Al inicio de sus labores en el año 2015 no firmo ningún contrato de trabajo por escrito con la Universidad hoy demandada siendo esto causa imputable al patrono, formalizándose por escrito este hasta en el mes de noviembre del año 2018, tal como lo refiere el artículo 30 del Código del Trabajo, así mismo el artículo 21 del mismo ordenamiento jurídico señala que toda relación de trabajo se presume que está regida por un contrato de trabajo, sin embargo desde el mes de enero del año 2015, desempeño sus labores a favor de la UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELICA NUEVO MILENIO (UCENM), bajo una subordinación, mediante un pago el cual como se ha explicado no se ajusta al mínimo establecido en la ley, de igual manera su relación de trabajo se considera por tiempo indefinido de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo en virtud que la causa que dio origen y la materia de trabajo siempre persistió, por lo anterior se deja en claro, que la relación de trabajo fue de un empleado permanente y de ninguna manera como empleado temporal o empleado bajo la normativa legal vigente de empleado por hora. Después de varios años desempeñando su trabajo con esmero, responsabilidad, y profesionalismo según lo acordado en la relación laboral, en el mes de julio del año dos mil veintiuno fecha en la cual finalizaba el trimestre académico, decidió presentar su renuncia formalizándola por escrito en fecha 27 de julio del año 2021, en tal sentido en fecha 12 de agosto del año 2021 se avoco a la Secretaría del Trabajo de la ciudad de Santa Rosa de Copan, a solicitar el cálculo de sus derechos adquiridos y reajuste salarial, documento con el cual se avoco nuevamente a las autoridades de la Universidad para solicitar dicho pago sin embargo el ofrecimiento que realizaron estaba muy por debajo del cálculo presentado, lo cual en base al principio de irrenunciabilidad no podía aceptarlo, procediendo en consecuencia a realizar el trámite administrativo correspondiente. 2.- La parte demandada, la UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELICA NUEVO MILENIO (UCENM), contestó dicha demanda señalando que, el demandante firmó contrato de Servicios Profesionales por hora, conteniendo su firma y aceptando lo convenido en el contrato, iniciando prestación de servicios de docencia en fecha once de marzo del dos mil quince. La parte demandante lo que presto fue un servicio profesional por hora eminentemente académico como tal, es decir durante los periodos I, II y III periodo académico de los años 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y II del 2021 es decir 01 de septiembre del 2021, el demandante ignora que es un contrato pactado de servicio profesional por hora, por ende lo que le corresponde es un sueldo promedio mensual, que no precisamente se pagaba al final o quincena de mes, si no dependiendo el corte de la planilla de cada jornada de pago, ignorando el demandante el artículo 48 de la Ley de Salario Mínimo, ya la exceptúa del mismo, y aplicando el principio de a trabajo igual, salario igual, hora trabajada es hora pagada, los docentes de la universidad son contratados por hora clase y no de tiempo completo. Se rechaza lo manifestado por la parte demandante en lo que se refiere a que no se le realizó contrato por escrito, siendo el mismo quien lo firmó; que si bien es cierto el precepto legal artículo 30 del Código de Trabajo establece que a falta de contrato es imputable al patrono, hay una excepción a la regla, sin perjuicio de prueba en contrario, pero no es el caso que nos ocupa, puesto que si existe el contrato firmado por el demandante, de igual forma se rechaza lo que el demandante pretende respecto al pago promedio mensual, le corresponde dicha remuneración según establecido, pero este hecho se probara en procesal oportuno, la permanencia según el principio protectorio laboral se mantiene pero está siempre será de manera proporcional por la razón que el demandante solo prestaba un servicio por hora clase meramente académica. Si bien es cierto presentó renuncia el 27 de julio del 2021, lo que corresponde por concepto de renuncia son los derechos adquiridos los cuales son proporcionales, sin corresponderle reajuste salarial como expusimos anteriormente que los profesionales quedan exceptuados de la Ley del Salario Mínimo, esto conforme al artículo 48 de la Ley del Salario Mínimo. Que el demandante se avocó a las autoridades de la Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), para solicitar la liquidación correspondiente con las autoridades de la universidad quien no la aceptó, manifestando que estaba por debajo de lo que se calculó en la Secretaría de Trabajo, cálculos inaceptables de parte de esa Secretaría por estar alejados del derecho y que fue impugnado ante la misma. La Universidad está dispuesta a cancelar la liquidación siempre y cuando sea la planteada desde el inicio en base a lo proporcional. 3.- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha 15 de noviembre del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PARA EL PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS. REAJUSTE DE SALARIO. DAÑOS Y PERJUICIOS promovida por el señor MILCIADES ETELVINO VENTURA HERRERA, en contra de LA UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELICA NUEVO MILENIO (UCENM) representada por la señora MARIA ANTONIA FERNANDEZ PEÑA, en su condición de Rectora y Representante Legal, todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: Condenar a LA UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELICA NUEVO MILENIO (UCENM) al pago de la cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON SESENTA CENTAVOS (L. 256,078.60) en concepto de: A) PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS, desglosados de la siguiente forma: VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019: SIETE MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (7,900.95). VACACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2020: ОСНО MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON SETENTA Y CUATRO CENTAVOS (L 8,441.74). DÉCIMO TERCER MES AÑO 2019: DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L 10,167.36). DÉCIMO TERCER MES AÑO 2,020: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L 10,853.66). DÉCIMO CUARTO MES AÑO 2019: DIEZ MIL CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L 10,167.36). DÉCIMO CUARTO MES AÑO 2020: DIEZ MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L 10,853.66). B) REAJUSTE DE SALARIO DE LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS: NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L 93,216.73), desglosado de la siguiente manera REAJUSTE DE SALARIO AÑO 2021 (SEIS MESES, ONCE DÍAS): VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS (L 28,292.47). REAJUSTE DE SALARIO ΑΝΟ 2020 (DOCE MESES): CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (L 46,813.92), REAJUSTE DE SALARIO AÑO 2019 (CINCO MESES, DIECINUEVE DÍAS): DIECIOCHO MIL CIENTO DIEZ LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (L 18,110.34), más a título de daños y perjuicios una suma igual al reajuste del salario mínimo es decir la cantidad de NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (L 93,216.73). C) RESERVA LABORAL: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS (L 32,274.43). TERCERO: Con relación a la excepción perentoria de prescripción de la acción opuesta por la parte demandada, SE DECLARA NO HA LUGAR LA MISMA, en aplicación de lo establecido en la Ley del Salario Mínimo, ya que tales derechos son irrenunciables, siendo interpretados éstos a la luz de la regla de la condición más beneficiosa para el trabajador. CUARTO: En atención al objeto de la demanda es procedente CONDENAR EN COSTAS a la parte demandada”. Bajo el criterio que, en ese sentido para esta juzgadora, los derechos adquiridos que también fueron reclamados en la presente demanda como lo es vacaciones, vacaciones proporcionales, décimo tercer mes y décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes y décimo cuarto mes proporcional, no nacen como consecuencia de la renuncia realizada por el trabajador, estos derechos adquiridos nacen en virtud de la sola realización del trabajo, de modo que deben ser pagados sin importar la razón de la terminación del contrato de trabajo, ya que no están incluidos en el término de prescripción de un mes señalado en el artículo 865 del Código del Trabajo, sino que al ser considerados salario, su plazo de prescripción es de 2 años según lo señalado en el artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo. Así una correcta interpretación de dicha norma nos lleva a entender que la acción esta prescrita respecto a las indemnizaciones laborales de preaviso, cesantía, cesantía proporcional y salarios dejados de percibir, pero no respecto a los derechos adquiridos reclamados en la demanda, si en el caso hubiese sido que el patrono hubiere dado lugar para que el trabajador diera por terminado con justa causa su contrato de trabajo. De acuerdo con la doctrina, los derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indudable y que no es una mera expectativa por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la ley laboral le prohíbe su renuncia; esos conceptos se ha venido indicando por el máximo tribunal de justicia, deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no salvo que éstos se encuentran efectivamente satisfechos y que consta en los autos tal circunstancia o que se determine la inexistencia de la relación laboral entre las partes, debiendo entenderse como derechos adquiridos, entre otros, los siguientes conceptos: salario causado, decimotercer mes causado y proporcional; décimo cuarto mes causado y proporcional, vacaciones causadas y proporcionales, bonificaciones, etc. Que si bien es cierto el Código del Trabajo no contiene ninguna definición concepto de lo que constituye un derecho adquirido, aunque sí aparece en el artículo 2 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central que lo define así: Derecho adquirido es todo derecho o beneficio conferido por la Constitución y las Leyes, reglamentos o acuerdos legalmente suscritos entre las partes, siempre y cuando estos, por su efectivo ejercicio, hayan sido incorporados al patrimonio personal del sujeto o beneficiario designado por la Ley, para su beneficio y para subvenir sus necesidades morales y materiales. Aunado a lo anterior es propicio referir que los derechos adquiridos a los que antes se ha hecho referencia tienen una relación estrecha con la aplicación de la regla de la condición más beneficios para el trabajador, ya que la misma implica el mantenimiento de esos derechos que este ha adquirido durante la vigencia de la relación de trabajo por tal razón a los derechos adquiridos tendrá derecho el trabajador siempre; termine o no la relación de trabajo con independencia de si la causa o determinación haya sido justa o injusta legal o ilegal o incluso por renuncia del trabajador. 4.- La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha 14 de junio del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARA PARCIALMENTE HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada CRISTINA BENITEZ MEJIA en su condición de Representante Procesal de la demandada Universidad Cristiana Evangélica Nuevo Milenio (UCENM), contra la Sentencia Definitiva de fecha quince (15) de noviembre del año dos mil veintidós (2022); SEGUNDO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE LA PARTE DISPOSITIVA de la Sentencia venida en apelación, excepto la condena al pago de Noventa y Tres Mil Doscientos Dieciséis Lempiras con Setenta y Tres Centavos (L. 93.216.73) en concepto de Daños y Perjuicios; asimismo, la condena al pago de Treinta y Dos Mil Doscientos Setenta y Cuatro Lempiras con Cuarenta y tres Centavos (L. 32.274.43) en concepto de reserva laboral, las cuales se revocan; TERCERO: SE REVOCA LA CONDENA EN COSTAS impuesta en primera instancia a la parte demandada; CUARTO: SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, SOBRE LA PRESCRIPCION PARA DEMANDAR EL REAJUSTE DEL SALARIO MINIMO. Según la recurrente la causal para oponerse al pago del reajuste salarial conforme a la Ley del Salario Mínimo es porque la demandada dada la actividad que realizaba el empleado estaba exenta de la aplicación de dicha norma. A criterio de la Juez es irrelevante la fecha en que se puso fin a la relación laboral, dado que fue por renuncia del empleado y lo que se demanda es el pago de los derechos adquiridos y el pago del reajuste salarial, los cuales son irrenunciables. En principio esta Corte estima que el alegato de la recurrente no tiene coherencia, ya que cuando se opone la prescripción como defensa para enervar la acción, es porque el demandante ha dejado transcurrir el tiempo para ejercer su derecho y consecuentemente se ha extinguido su acción, pero el argumento de la recurrente más pareciera dirigirse a una indebida aplicación de la ley, con lo cual no estamos de acuerdo, por cuanto nuestro parecer es que la relación laboral entre el actor y la demandada, en lo que respecta al salario se encuentra supeditada a la Ley del Salario Mínimo. Y si el criterio argüido por la recurrente en primera instancia fue que entre el tiempo transcurrido entre la fecha de la renuncia y la interposición de la demanda fue más de un mes, por cuya circunstancia había prescrito el derecho de demandar el reajuste de salario; tal aseveración no es correcta porque ese derecho según la ley especial del salario mínimo, en su artículo 43 prescribe en dos (2) años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que lo motiva. Debemos enfatizar que la prescripción como figura jurídica tiene dos connotaciones por un lado la adquisición de derechos por el transcurso del tiempo y por otro lado la extinción de acciones o pérdida del derecho a iniciar acciones igualmente por el transcurso del tiempo, en materia laboral encontramos recogida esa institución en el artículo 862 del Código del Trabajo entendida como el mecanismo legal para liberarse de una obligación que impone la ley, en virtud de haber concurrido las exigencias formales pero fundamentalmente el transcurso del tiempo, bien podríamos decir es considerada como una acción liberatoria o extintiva. Al respecto la Sala Laboral Contencioso ha sentado criterio jurídico en cuanto a la prescripción "Que si bien es cierto, la PRESCRIPCION es un medio de librarse de una obligación impuesta por el Código del Trabajo o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, la misma opera mediante el transcurso de cierto tiempo y condiciones, que hacen indispensable determinar el día o fecha en que la misma se inicia y tener la certeza en la que termina, y cumplidos estos requisitos indubitados pueda ser opuesta en el momento procesal oportuno como excepción por parte del demandado, y se determine de esta manera de forma clara y precisa, partiendo del acaecimiento o conocimiento de un hecho cierto y determinado, debiéndose diferenciar si la misma opera en su condición de ser adquisitiva de un derecho o liberatoria de una obligación o acción; y en todo caso, su procedencia o estimación tiene como fundamento el interés público y la paz social." (Sentencias del 23 de octubre del 2009 dictadas en el expediente CL 379-08 y la del 22 de agosto del 2017, expediente CL 234-16). SOBRE LA CONDENA AL PAGO DE LA RESERVA LABORAL. Dice la recurrente que mediante decreto ejecutivo fue derogada la Ley Marco de Protección Social que contemplaba tal beneficio, consecuentemente la Ley de Régimen de Aportaciones Privadas adquiere vigencia y obligatoriedad a partir del mes de abril del 2022. Entiende esta Corte que según la denuncia de la recurrente no procedía la condena a la reserva legal porque la ley que la contenía fue derogada. Sobre el particular debemos decir que con la vigencia de la Ley Marco de Protección Social se estableció en el artículo 29 y 30 tal figura de previsión social, la que estaba orientada a permitir el efectivo goce o cumplimiento de las prestaciones sociales derivadas de la terminación del contrato de trabajo, en ese sentido se estipuló que con ello su objetivo era propiciar el pago efectivo y obligatorio del auxilio por cesantía que se deriva del Código del Trabajo, la creación de la compensación por antigüedad laboral y otros servicios que puedan generarse al (la) trabajador(a), derivados de la constitución efectiva de una reserva laboral establecida a su nombre; la Reserva Laboral de Capitalización Individual, constituida mediante aportaciones patronales obligatorias equivalentes al cuatro por ciento (4%) mensual del Salario Ordinario, de manera que esta es una obligación instituida para el patrono deposite esas cotizaciones a nombre del (la) trabajador(a) en la cuenta individual correspondiente, dentro la Subcuenta de Reserva Laboral, para que en su momento esta sea utilizada para el pago de la correspondiente cesantía. En principio el fin buscado con esta norma era proteger al empleado que par bastante tiempo ha estado al servicio de un mismo patrono y que llegado el momento de suscitarse un despido injustificado hubiera la disponibilidad presupuestaria para el pago de la cesantía e incluso también se consideró la posibilidad de que el trabajador que tuviese más de 15 arios de laborar, pudiera voluntariamente solicitar su cesantía en cuyo caso tiene el derecho de ser indemnizado con el 35% de lo que pudiera corresponderle en concepto de auxilio de cesantía; en definitiva consideramos que la reserva legal está concebida para garantizar el pago de las indemnizaciones en concepto de auxilio de cesantía que correspondieran al trabajador frente a un acto de despido sin justa causa, sin embargo podríamos entender que si el trabajador da por terminada la relación laboral mediante la renuncia voluntaria no tendría derecho a gozar de ese beneficio a menos que tuviera más de 15 años de antigüedad laboral y si esta fuera el caso la indemnización seria por un 35% la cual estaría garantizada por la reserva laboral que se supone el empleador ha ido depositando tal como lo establece la ley, no obstante, lo anterior el articulo 120-B establece: Para los casos de trabajadores que voluntariamente decidan dar por terminada su relación laboral se otorgara como prima de antigüedad el cien por ciento (100%) del saldo constituido a su nombre en la Reserva Laboral de Capitalización Individual; sin que dicho valor sea inferior al treinta y cinco por ciento (35%) del importe que le correspondería como indemnización por auxilio de cesantía, en caso de cumplir lo dispuesto en el literal g) del Artículo 120 del Código del Trabajo. Tal ley marco de Protección Social fue sujeta de recurso de inconstitucionalidad y fue la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia quien la declaró inconstitucional según sentencia dictada en fecha diecinueve (19) de junio del año dos mil diecinueve (2019) y publicada en el portal de Poder Judicial el 05 de abril del 2022, entendemos que se hizo hasta en esta fecha cuando adquirió firmeza. Ahora bien, cuáles son los efectos de que se haya declarado inconstitucional dicha norma, pues de acuerdo al artículo 94 de la Ley de Justicia Constitucional, serán de ejecución inmediata y tendrá efectos generales y por tanto derogara la norma inconstitucional; de lo anterior nos conduce a establecer que al momento en que se dictó la sentencia es decir el 15 de noviembre del 2022 ya la norma que contemplaba el beneficio de reserva laboral, había sido declarada inconstitucional y consecuentemente uno de sus efectos era que no podría aplicarse dicha norma a las situaciones pendientes de resolución como en el caso de méritos, consecuentemente la condena al pago de la reserva laboral sería improcedente porque se fundamenta en una norma legal declarada inconstitucional, por consiguiente debe revocarse ese concepto de condena. SOBRE LA CONDENA AL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR REAJUSTE DE SALARIO. La recurrente se muestra inconforme con la condena por este concepto aduciendo que no está apegada a derecho de acuerdo al artículo 48 de la Ley del Salario Mínimo. Al examinar la Sentencia nos damos cuenta qué la juzgadora estableció como monto en concepto de reajuste de salario la cantidad de L.93,216.73 correspondientes a los dos últimos años y también condeno a una cantidad igual en concepto de daños y perjuicios, o sea que, a parte de la cantidad estimada en concepto de reajuste de salario, también debe la demandada pagar una cantidad igual por daños y perjuicios y contra este último concepto es que muestra su disconformidad la apelante. La Ley del Salario Mínimo en su artículo 39 contempla: “Todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos y reciba salarios inferiores a los salarios mínimos a que tiene derecho, podrá recuperar las sumas que se le adeuden por la vía judicial en juicio que se sustanciará sumariamente. El trabajador podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se le adeude, una suma igual”. El citado artículo contempla dos situaciones, una es el derecho a reclamar las sumas que se adeudan por no percibir el trabajador el salario que en base a ley le corresponde y otra es que el trabajador también pueda reclamar el pago de los daños y perjuicios que se le haya ocasionado por la falta de pago del salario que conforme a ley le correspondía recibir. Estamos de acuerdo en que el derecho al reajuste salarial es un derecho que le corresponde al trabajador ejercitar y la ley plantea que sea en un juicio sumario para que se pueda reclamar el salario que legalmente le corresponde. En el caso de méritos no hay duda que al docente Abogado Milcíades Ventura no se le pagaba el salario, que conforme a la ley le correspondía, tal situación quedo debidamente acreditado en autos y por esa razón, procedía el reajuste de su salario en las cantidades correspondientes, tal cual lo hizo la juzgadora. Ahora bien, en lo que no compartimos con la juzgadora es la condena par daños y perjuicios derivados de la acción de reajuste de salario, por cuanto tal pago no debe ser un imperativo, sino que debe declararse en que consistió el daño y el perjuicio por la falta de pago o salario contemplado en la ley, recordando que conforme al Código Civil el daño denominado también daño emergente es el efectivo empobrecimiento del acreedor, la disminución o menoscabo que sufre en su patrimonio; en tanto que el perjuicio conocido como lucro cesante es la privación de la legitima ganancia que le habría reportado al acreedor el cumplimiento de la obligación, es decir lo que dejó de ganar el acreedor a causa del incumplimiento del deudor y sobre esto no hizo ejercicio probatorio la parte actora, tampoco la juez hace una explicación razonada cuales son los elementos probatorios para considerar procedente la condena al pago de los daños y perjuicios, ante tal situación debemos revocar dicha condena. SOBRE LA CONDENA EN COSTAS. Este Tribunal de Alzada en consonancia con la jurisprudencia emanada de la Sala Laboral ha indicado que en materia laboral la condena en costas no predomina el criterio del proceso civil que se guía por el principio del vencimiento, sino que la condena en costas obedece a situaciones derivadas de la conducta procesal, la temeridad y abuso de derecho según se plasmó en el expediente registrado en la Sala Laboral bajo el número CL-223-19. "IV. Que este Tribunal ha venido manteniendo el criterio que la condena en costas no procede por el principio del vencimiento, sino que cabe en forma muy excepcional en aquellos casos, en que se puede advertir del estudio de los mismos, notoria falta de razones para litigar, abuso de derecho, falta de lealtad, etc..". También es concurrente el principio del interés público por el cual el derecho laboral debe perseguir la tranquilidad, estabilidad objetiva y emocional de los ciudadanos. En el caso de méritos no encontramos una explicación de la juez para establecer los motivos o razones existentes para condenar en costas a la demandada, más que el libre arbitrio, alejado totalmente del criterio jurisprudencial y de los principios del derecho laboral como gratuidad y justicia social, pues nada dice la sentencia de que por parte de la demandada haya advertido abuso de derecho, deslealtad para con la justicia o en notoria falta de razones para litigar, que son las razones por la cual se faculta al juez para imponer costas a la parte que actúa de esa manera. En consideración a lo anterior no es procedente la condena en costas a la parte demandada en primera instancia por lo que debe revocarse tal condena. 5.- Mediante auto de fecha 22 de septiembre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CRISTINA BENITEZ MEJIA, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELICA NUEVO MILENIO (UCENM), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 20 de noviembre del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada CRISTINA BENITEZ MEJIA, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD CRISTIANA EVANGELICA NUEVO MILENIO (UCENM), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 19 de febrero del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 02 de mayo del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por la Abogada SANDRA LETICIA QUEZADA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.-El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II.- Que la Abogada CRISTINA BENITEZ MEJIA, en su primer motivo de casación alega: “ Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por Infracción Directa proveniente de la falta de aplicación de la norma pertinente en cuanto al artículo 364 inciso a) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 360, 363, 369 párrafo primero, 383 párrafo primero del Código del Trabajo, y articulo 128, garantía 5 párrafo segundo de la Constitución de la República de Honduras, y articulo 48 de la Ley del Salario Mínimo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Este motivo de violación de una ley sustantiva por vía directa tiene lugar cuando a un hecho debidamente comprobado y reconocido por el Juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula en un caso concreto. Que el Tribunal Ad-Quem en la sentencia proferida cometido infracción directa al no aplicar lo dispuesto en el artículo 364 letra a) del Código del Trabajo, que estatuye: "El cálculo de la remuneración para el efecto de su pago, puede pactarse: a. Por unidad de tiempo, (hora)...". Es un hecho debidamente comprobado y reconocido por el Juzgador, la relación de trabajo existente entre el trabajador y el patrono, el salario o retribución que el patrono cancelaba al trabajador, por unidad de tiempo (hora), modalidad de contratación regulado por el articulo 364 letra a) del Código del Trabajo, que el Tribunal A-Quen dejo de aplicar al caso en concreto, en relación con el artículo 360 del Código del Trabajo, que define el salario como la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud de contrato de trabajo, o de la relación de trabajo vigente, como también, que el salario fue estipulado libremente por las partes, conforme al artículo 363 del Código del Trabajo, en relación al artículo 369 párrafo primero del Código del Trabajo que preceptúa pago que se realizaba en el lugar donde el trabajador prestaba sus servicios; y, en relación con el artículo 383 párrafo primero del Código del Trabajo que preceptúa que el salario mínimo lo fijara periódicamente la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social con arreglo a lo dispuesto en el artículo 128 garantía 5), de la Constitución de la Republica, y para los efectos que nos ocupa, el párrafo segundo de esa garantía constitucional establece" Igualmente se señalara un salario mínimo profesional en aquellas actividades en que el mismo no estuviese regulado por un contrato o convención colectiva.", y, que en relación al artículo 48 de la Ley del Salario Mínimo, exceptúa de esta Ley, a los Profesionales. Que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyo los argumentos del juez A-Quo, determinando el A-Quem como Hechos Probados que el demandante como Docente devengaba un salario inferior al salario mínimo, sentencia que pugna contra la ley, y que el Juzgador en abierta rebelión no aplica la ley al caso en concreto. Señores Magistrados, que en este alegato hay tantas sentencia en cuanto a profesional que se desempeña como Docente por hora, bajo una continua relación de trabajo, a quien le asiste el reconocimiento de los derechos adquiridos aun por renuncia, lo cual se retribuye en base al promedio de salarios devengados durante un periodo académico, ya que en el contrato debe existir la buena fe desde el inicio hasta la terminación del contrato de trabajo, y así evitar sorpresas en el proceso, que caiga en indefensión al demandado como en el caso que nos ocupa, la sentencia recurrida lo ha hecho en abierta ilegalidad, por lo que se considera que el Tribunal A-Quem dejo de aplicar en su sentencia la ley respecto al artículo 364 letra a) del Código del Trabajo, que estatuye: "El cálculo de la remuneración para el efecto de su pago, puede pactarse: a. Por unidad de tiempo, (hora)...", en relación a los preceptos legales 360, 363, 369 párrafo primero, 383 párrafo primero del Código del Trabajo, aplicables al caso en concreto, en relación al artículo 128 inciso 5) párrafo segundo de la Constitución de la Republica, que preceptúa que, "Igualmente se señalara un salario mínimo profesional en aquellas actividades en que el mismo no estuviere regulado por un contrato o convención colectiva." a un salario mínimo profesional que no ha sido objeto de creación mediante ley emitida por el Soberano Congreso Nacional, y por ende, fijado, y que en relación al artículo 48 la Ley del Salario Mínimo en la parte que excluye a los Profesionales de la aplicación de esta ley, cuando textualmente establece "Quedan exceptuados de esta Ley... y Profesionales..."; de lo cual hizo caso omiso el sentenciador de primera instancia y aceptado por el Tribunal Ad-Quem cuando estima que el salario devengado por la demandante es inferior al salario mínimo, sin considerar el Juzgador lo que la Ley del Salario Mínimo establece, en cuanto a la exclusión de los Profesionales en la aplicación de esa ley; consecuentemente, en la forma antes advertida el sentenciador concede el reajuste del salario, el pago de una suma igual a la dejada de cancelar, y pago de los derechos adquiridos conforme al salario mínimo establecido, sentencia contra la cual recurro por este motivo. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el artículo 364 inciso a) del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) olvida la Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c) formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV.- Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 364 inciso a) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 360, 363, 369, 383 párrafo primero del Código del Trabajo en relación con el articulo 128 garantía 5 párrafo segundo de la Constitución de la Republica y articulo 48 de la Ley de Salario Mínimo proveniente de error de hecho de manifiesto en los autos, que proviene de la apreciación errónea de determinada prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO. Las normas procesales que sirvieron de medios para la violación de la norma sustantiva están contendidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE. La prueba mal apreciada por el Tribunal Ad Quen, consisten en el medio de prueba documental: 1.- Pagos del 29 de febrero 2016 al 01 de septiembre del 2021 efectuados por la demandada y acreditado a la cuenta bancaria del señor Milcíades Etelvino Ventura Herrara, por clase impartidas y valor neto cancelado, con un total acumulado de 404 horas clases pagadas en el 2016; un total acumulado 469 horas clases pagadas en el 2017; un total 567 horas clases pagadas en el 2018; un total 554 horas clases pagadas en el 2019; un total 498 horas clases pagadas en el 2020, un total 309 horas clases pagadas en el 2021 a folio 71 al 77 de la primera pieza de autos, en relación con el medio de prueba de carga académica asignada años 2020 al 2021 a folio 65 de la primera pieza de autos, en relación con el medio de prueba Contrato Privado de Servicios Profesionales como Docente por tiempo indefinido de fecha 30 de noviembre del 2018 suscrito por las partes, cuyo contenido de la Cláusula Segunda establece que al docente que aparece en este contrato se le pagara por hora la cantidad de L.130.00 a folio 63 al 64 de la primera pieza de autos, admitidas como medios de prueba en el Juzgado de primera instancia. EXPLICACION DEL MOTIVO: La demanda se origina debido a que el demandante MILCIADES ETELVINO VENTURA HERRERA dio por terminada la relación de trabajo por renuncia de fecha 27 de julio del 2021 a folio 61 de la primera pieza de autos.- Que de acuerdo con el Código del Trabajo, la doctrina y la jurisprudencia laboral, establece que la violación indirecta de la ley sustantiva por error de hecho, manifiesto, por apreciación errónea de la prueba, la sentencia enjuicia el medio probatorio y lo valora. En tal sentido, la apreciación errónea de la prueba detallada, donde el Ad Quem enjuicia ese medio probatorio y lo valora, en relación a los hechos estimados probados en su sentencia, en cuanto a que el demandante como docente de la carrera de derecho devenga un salario inferior al salario mínimo. Tal apreciación constituye un error de hecho del Ad-Quem, y que pugna con la evidencia demostrada por la prueba en relación siguiente: 1.- Pagos del 29 de febrero 2016 al 01 de septiembre del 2021 efectuados por la demandada y acreditado a la cuenta bancaria del señor Milcíades Etelvino Ventura Herrara, por clase impartidas y valor neto cancelado, con un total acumulado de 404 horas clases pagadas en el 2016; un total acumulado 469 horas clases pagadas en el 2017; un total 567 horas clases pagadas en el 2018; un total 554 horas clases pagadas en el 2019; un total 498 horas clases pagadas en el 2020; un total 309 horas clases pagadas en el 2021 a folio 71 al 77 de la primera pieza de autos, en relación con el medio de prueba de carga académica asignada años 2020 al 2021 a folio 65 de la primera pieza de autos, en relación con el medio de prueba Contrato Privado de Servicios Profesionales como Docente por tiempo indefinido de fecha 30 de noviembre del 2018 suscrito por las partes, cuyo contenido de la Cláusula Segunda establece que al docente que aparece en este contrato se le pagara por hora la cantidad de L.130.00 a folio 63 al 64 de la primera pieza de autos.- Que el error de hecho género como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva del artículo 364 inciso a) del Código del Trabajo, que estatuye: "El cálculo de la remuneración para el efecto de su pago, puede pactarse: a. Por unidad de tiempo, (hora)...", en relación con el artículo 360 del Código del Trabajo, que define el salario como la retribución que el patrono debe pagar al trabajador en virtud de contrato de trabajo, o de la relación de trabajo vigente, como también, que el salario fue estipulado libremente por las partes, en relación a la remuneración por hora clase conforme al artículo 363 del Código del Trabajo. Que el pago o remuneración del salario se le cancelaba al demandante por hora clase como Profesional docente de la carrera de Derecho, en el lugar donde el trabajador prestaba sus servicios, en relación al artículo 369 del Código del Trabajo.- Que si bien, el articulo 383 párrafo primero del Código del Trabajo preceptúa que el salario mínimo lo fijara periódicamente la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social con arreglo a lo dispuesto en el artículo 128 garantía 5), de la Constitución de la Republica, y para los efectos que nos ocupa, el párrafo segundo de esa garantía constitucional establece que " Igualmente se señalara un salario mínimo profesional en aquellas actividades en que el mismo no estuviese regulado por un contrato o convención colectiva.", mismo que aún no se ha sido estatuido como ley por el Congreso Nacional de la Republica. Por otra parte, en relación al artículo 48 de la Ley del Salario Mínimo, se exceptúa de esta Ley, a los Profesionales, como al efecto lo es la demandante como Profesional del Derecho, en el cargo de docente por hora en la institución educativa demandada. Que al haber sido apreciada erróneamente el medio de prueba documental descrito anteriormente por parte del Tribunal de segunda instancia ha ocasionado una condena de pago en concepto de derechos adquiridos establecidos en una cuantía que no corresponde a cancelar por la demandada, y al pago de un reajuste de salario y pago de una suma igual a la dejada de cancelar por concepto de indemnización, que el Ad Quem establece en base al salario mínimo. De modo que es evidente y notorio que las pruebas singularizadas no demuestran que el patrono hubiera pagado salarios inferiores al salario mínimo, sino que la remuneración procede bajo la modalidad de contratación de servicio de docente o maestro por hora. Que el pago cancelado por el patrono es como profesor o maestro por hora, la retribución no es, en base a la Ley del Salario Mínimo, como lo determina el Ad-Quem, habida cuenta, de que el artículo 48 de dicha ley, excluye a los profesionales del ámbito de aplicación de dicha ley. Por tanto es notorio y salta a la vista que las pruebas fueron apreciadas erróneamente por la Corte sentenciadora, ya que las mismas no demuestran que los pagos reclamados por el demandante ante la renuncia de sus labores, como docente o maestro por hora, como Profesional del Derecho, sea conforme el salario mínimo, por cuanto, el articulo o 48 de la Ley de Salario Mínimo, excluye a los Profesionales, no procediendo la condena que el Ad-Quem establece en la sentencia recurrida, por ser constitutiva de una violación indirecta de la ley, por error de hecho, en la apreciación errónea de la prueba singularizada, en relación a los hechos que el Ad Quem estima probados, en cuanto a que la demandante devengaba un salario inferior al salario mínimo, y que el Tribunal Ad-Quem, al proferir el fallo condena a mi representada al pago de los derechos adquiridos, reajuste salarial en base a un salario mínimo, y que, por disposición contendida en la Ley del Salario Mínimo, no es aplicable al demandante, por lo que la apreciación errónea de la prueba indicada cambia radicalmente el sentido de la sentencia acusada”.V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el artículo 364 inciso a) del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) la prueba singularizada si fue apreciada correctamente en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por apreciación errónea ; y, d) formula alegatos propios de instancia. VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO Y FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY. RECEPTOR ADSCRITO. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. - Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de noviembre del dos mil veinticinco. - FIRMA Y SELLO.
RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO,
RECEPTORA ADSCRITA.