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Sentencia CL-31-24 — Registro 20013

Resumen

Demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral de los demandantes desde el inicio de la misma, originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; en consecuencia concederles todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes, pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral y demás derechos generados de Contratación Colectiva

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial."...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 numeral 1) (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de septiembre de 2023 fallo REFORMANDO DE OFICIO la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de diciembre de 2019, que revisando el fallo se concluye, que los juzgadores de instancia después de un proceso de deliberación y valoración deben resolver las cuestiones planteadas, cumpliendo con los requisitos formales en el contenido interno de los fallos judiciales de conformidad a la ley, lo que implica que al momento de su emisión se debe cumplir con el deber de claridad, exhaustividad y congruencia. Al revisarse el fallo impugnado el mismo incumple con el deber de claridad, ya que si bien el Ad quem reforma la sentencia como se mandó en su momento por este tribunal no existe claridad con lo peticionado creyendo que fue copiado literalmente la suma de las pretensiones de la parte demandada y no quedando claro de manera sencilla lo que falla el tribunal colegiado. Por otro lado, sin mermar en que en criterios de esta Corte han establecido el respeto al artículo 39 y 43 de la ley del salario mínimo con respecto a los derechos que tienen las partes buscando un equilibrio social entre lo que prima y el derecho que le asiste a las partes como se ha fallado en criterios anteriores. Por lo expuesto procede la nulidad del fallo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 y 207 del Código procesal Civil. "...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 06 de agosto del 2024, por la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA, en su condición de representante procesal de los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ; y en fecha 04 de noviembre del 2024, por el Abogado MIGUEL ÁNGEL MEZA CHOTO, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), como partes recurrentes/recurridos, respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral de los demandantes desde el inicio de la misma, originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; en consecuencia concederles todos los derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes, pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía artículo 90 de la Ley de Inspección Laboral y demás derechos generados de Contratación Colectiva, por ende otorgarles su acuerdo de nombramiento, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de noviembre del 2017, por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, en su condición de Apoderada Legal de los señores: 1) DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, Cocinera; 2) LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA, Ama de casa; 3) GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ, Vigilante, y, 4) ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ, Maestra de Educación Primaria; todos mayores de edad, solteros, hondureños y con domicilio en la ciudad de La Paz, Departamento de la Paz, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LOPEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de septiembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MIGUEL ÁNGEL CHOTO MEZA.- 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva venida en apelación, de fecha doce de noviembre del año dos mil diecinueve dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REFORMANDO PARCIALMENTE el romano I numero 1) y romano II número 1) los que deberá leerse de la siguiente manera: a) SE DECLARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTATUS DE EMPLEADO PERMANENTE de las señoras DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ desde el inicio de la relación laboral es decir desde el 04 de Enero del 2011; 01 de febrero de 2016, 01 de enero del 2005 y 02 de febrero del 2011 respectivamente en el cargo que mantenían desde el inicio de la relación laboral; por lo que el romano II número 1 queda de la siguiente forma: "CONDENAR AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ a que se declare 1) EL RECONOCIMIENTO DE ESTATUS DE PERMANENCIA en el puesto desde el inicio de la relación de trabajo de los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ: respectivamente en el cargo que mantenían desde el inicio de la relación laboral; B). CONFIRMANDO los numerales III, IV, V, VI de la sentencia definitiva apelada y los demás extremos del numeral I y II; CONFIRMÁNDOSE lo referente a SIN COSTAS. Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDA LA RELACIÓN LABORAL DE MIS REPRESENTADOS DESDE EL INICIO DE LA MISMA ORIGINADA POR LA SUSCRIPCIÓN DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS, EN APLICACIÓN ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, EN CONSECUENCIA CONCEDERLE TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON CARÁCTER PERMANENTE.-PAGO DE VACACIONES, DECIMO TERCER MES Y DECIMO CUARTO MES, PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES VÍA ARTICULO 90 DE LA LEY DE INSPECCIÓN LABORAL Y DEMAS DERECHOS GENERADOS DE CONTRATACIÓN COLECTIVA, POR ENDE OTORGARLES SU ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, SENTENCIA CONDENATORIA COSTAS; promovido por las señoras(es) DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ Y ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ. SIN COSTAS…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, iniciaron la relación laboral con el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), mediante la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, así: Dunia Yamileth Chavarría, el 04 de enero del 2011, desempeñándose en el puesto de Cocinera; Leticia Isbela Cáceres Ávila, el 01 de febrero del 2016, en el puesto de Ayudante de Cocina; Gustavo Adolfo Mejía Ortiz, el 01 de enero del 2005, en el puesto de Vigilante; Elvira Yohana Velásquez Hernandez, el 02 de febrero del 2011, en el puesto de Orientadora del departamento de educación; todos devengando un salario mensual de L. 9,700.00; y que desde que iniciaron a laborar para el demandado han desempeñado las mismas funciones de manera continua e ininterrumpida, bajo la subordinación de su empleador, así como consta en los contratos suscritos entre las partes, mismos que reunían los elementos exigidos en el artículo 20 del Código del Trabajo, y que en virtud de lo anterior la relación laboral que les unía era de orden laboral, entendiéndose que están ante un contrato de trabajo por tiempo indeterminado, regido por la jurisdicción del trabajo; que la causa que originó el surgimiento de la relación laboral ha subsistido y subsistirá siempre, pues era y ha sido el mismo puesto y funciones que había venido desempeñando durante su relación laboral con la demandada, actividades que por la naturaleza de las mismas no podían desaparecer, pues forman parte de la operatividad de la demandada; dejando ver una simulación de contrato de trabajo por tiempo determinado, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, acto simulatorio que tiene como finalidad evadir obligaciones estipuladas en la Ley Laboral; además pidió que se declare la Nulidad de la Simulación de naturaleza de prestación de servicios profesionales que la entidad demandada ha pretendido dar a los contratos de trabajo que los unen, pretendiendo a toda costa vedarles el derecho a su estabilidad laboral que manda el artículo 129 Constitucional, por lo que de acuerdo a lo establecido en el artículo 128 párrafo primero de la Constitución de la República, las leyes que rigen las relaciones laborales son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos reconocidos a favor de los trabajadores en la Constitución de la República, Ley, Tratados Internacionales ratificados por Honduras, en los Reglamentos u otras disposiciones relativas al trabajo, complementada con lo preceptuado en el artículo 3 del Código del Trabajo; y la demandada ha querido encubrir la relación laboral que les une, al pretender hacerlos ver como trabajadores a término, cuando son simples empleados sujetos y subordinados a su empleador y que por la necesidad de llevar a sus hogares algo con que alimentar a sus familias, ceden a firmar contratos que de manera unilateral elaborados por la demandada, sin embargo y en consonancia con las normas tal simulación es nula de pleno derecho, porque implica la renuncia de derechos cuya naturaleza es irrenunciable, tal es el caso de todos los derechos que derivan de la relación de trabajo que les une con su empleador; de manera que aunque se haya intentado encubrir y simular una relación diferente a la de orden laboral, debe entenderse que subsiste de pleno derecho la relación laboral; arguyó además que por lo anteriormente relacionado y en virtud de la suscripción de varios contratos de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, en consecuencia se les otorgue su acuerdo de nombramiento; adicionalmente, solicitó la indemnización por violación a los derechos fundamentales de sus representados por el evidenciado fraude a la Ley por Simulación Contractual, indemnización que finalmente se encuentra vigente en la República de Honduras, por mandato internacional de la Organización Internacional del Trabajo, establecida en la Ley de Inspección laboral, Decreto Legislativo 178-2016, que en su artículo 90 establece la cantidad de L. 100,000.00 por cada violación a un derecho fundamental, tal Indemnización de L. 100,000.00 debe pagarle el empleador por la violación al Derecho Fundamental a la estabilidad laboral establecido en la Constitución de la República en su artículo 129 pues el fraude laboral por simulación contractual impide la acumulación de antigüedad, y por consiguiente el goce de derechos como décimo tercer y décimo cuarto mes y vacaciones, también deberá pagarse la cantidad de L. 100,000.00 por violación al Derecho Fundamental a gozar de vacaciones establecido en el artículo 128 numeral 8) de la Constitución de la República y Código del Trabajo; también deberá pagarse la cantidad de L 100,000.00 por vulnerar el derecho fundamental a gozar del décimo tercer mes de salario establecido en el artículo 128 numeral 10) de la Constitución de la República y Decreto 112 de la Ley del décimo tercer mes y Decreto del décimo cuarto mes, el pago de L. 100,000.00, por vulnerar el derecho fundamental a gozar de los servicios de la Seguridad Social pues el fraude laboral representa una barrera al acceso a estos servicios, impidiéndole cotizar los mismos, derecho que se encuentra consignado en el artículo 147 de la Constitución de la República; asimismo con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio presentó reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mismo, por lo que se dio por agotado el trámite administrativo. 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (INFOP), contestó dicha demanda señalando que, con su actuación material no violenta normativa laboral alguna, al contrario en su cumplimiento observó la normativa administrativa vigente y las disposiciones generales del presupuesto, por virtud de haberse suscrito contratos especiales, contratándose a los demandantes como personal de apoyo con las funciones de todas aquellas inherentes al puesto, asignadas por el Jefe Inmediato, por otra parte a título ilustrativo resalto que de acuerdo al artículo 16 inciso b) y artículo 5 del Decreto No. 10 del 28 de diciembre de 1972 contentivo a la Ley de INFOP, se suscribió contrato con plazo determinado, para realizar funciones de apoyo, pago que afecta el Programa 01, Actividad 1000 Reglón 12910 del Presupuesto Anual del Instituto; en consecuencia estableció que no violó ninguna normativa laboral alguna, en tal sentido la demanda de mérito debía ser declarada sin lugar por improcedente; y que los demandantes faltan con sus afirmaciones a su ética como servidores públicos e inclusive violando el artículo 112 inciso b) del Código del Trabajo, por virtud de acusar de actos de injurias contra INFOP, constitutivo en la causal justa que lo faculta para dar por terminado su contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte; ilustra que habiendo contratado a los demandantes conforme a sus contratos especiales, en amparo a las disposiciones generales del presupuesto su relación, se ha establecido su permanencia en sus puestos de trabajo sin violación a su estabilidad tal como lo alegan los demandantes en su libelo, e informa que los demandantes nunca fueron objeto de despido alguno y de represalia, que se hallan laborando sin problema alguno, y de conformidad al artículo 26 del Código del Trabajo y conforme a las disposiciones generales del presupuesto e interno del instituto, debe ser declarada sin lugar la demanda; las partes actoras en su afán de sorprender a la judicatura pretendían lesionar sus sagrados intereses injuriando y falseando su reclamo al inferir que se les había violado sus derechos fundamentales; en tal sentido al parecer se pregunta si a los demandantes se les contrato desde su inicio de su relación de trabajo sin haberles interrumpido por figura de cancelación de contrato o por figura de despido, entonces no entiende su accionar puesto que en cumplimiento al artículo 321 de la Constitución de la República en franco apego a leyes administrativas como ser las disposiciones generales del presupuesto la cual origina el concepto de este tipo de contratos por una parte y por la otra habiendo los demandantes aceptado los términos del contrato y habiéndolos firmado sin coacción alguna y en su sano juicio, porque entablan una demanda en su contra, siendo injusto su proceder. Tanto más pretendiendo que a su patrono, a quién en los ha contratado con lealtad, le pretendan lesionar sus intereses sagrados con que se le multe, acción que siendo inaplicable e improcedente se solicita valorar el accionar de los demandantes con notorias deslealtad y falta de juicio. Si bien es cierto los demandantes consideran haber agotado la vía gubernativa, también es cierto que conforme a los términos del escrito de contestación, siempre les informó de su proceder para con ellos en el sentido que su relación de trabajo era permanente y que si no se les brindaban los beneficios del contrato colectivo, era porque los mismos, por una parte no siendo afiliados al SITRAINFOP, no cotizan de forma alguna para esa organización sindical, la cual sostiene suscrito su respectivo contrato colectivo de condiciones de trabajo, el mismo se benefician todos sus afiliados y excluyéndoles a ellos en definitiva, aunado a ello, los demandantes jamás y después de estar laborando, se habían sometido a la figura del concurso interno para aplicar a las plazas vacantes que de acuerdo a Ley de Contratación Colectiva se hace obligatoria su participación en tales concursos, tales extremos serán probados en juicio al igual que de las causas de injurias cometidas por los demandantes contra INFOP, acciones con las cuales una vez dañados sus intereses se quedará en la libertad de accionar y aplicar lo relativo a la ley laboral. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de diciembre del 2019, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarando CON LUGAR la demanda promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, actuando en su condición de Apoderado legal de los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ Y ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ, en cuanto a que se declara: 1) la permanencia en el puesto de trabajo a partir del inicio de la relación laboral, para lo cual debe emitirse el acuerdo de nombramiento como empleado permanente; con el reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes y de la contratación colectiva de la institución; 2) Reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes desde el inicio de la relación como ser décimo tercer, décimo cuarto mes y vacaciones desde el inicio del relación laboral; en consecuencia, II) CONDENA el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ, a que se declara: 1) La permanencia en el puesto de desde el inicio de la relación de trabajo a los señores 1) DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ para lo cual debe emitirse el acuerdo de nombramiento como empleado permanente; con el reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes y de la contratación colectiva de la institución; 2) Al pago de la cantidad de SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS (L. 772,345.63) desglosadas de la manera siguiente: DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, L.201,969.52 así: VACACIONES: 2011-2012: L.2,383.29; 2012-2013: L.4,090.50; 2013-2014: L.5,605.79; 2014-2015: L.7,923.18; 2015-2016: L.7,923.18; 2016-2017: L.9,600.00; 2017-2018: L.10,300.00; 2018:2019: L.10,300.00; SUB TOTAL: 58,125.94; DECIMO TERCER MES: 2011: L.5,500.00; 2012: L.6,817.75; 2013: L.7,312.04; 2014: L.7,860.44; 2015: L.8,489.28; 2016: L.8,489.28; 2017: L.9,600.00; 2018: L.10,300.00; 2019: L.10,300.00; SUBTOTAL: 74,668.79; DECIMO CUARTO MES: 2011-2012: L.6,817.75; 2012-2013: L.7,312.04; 2013-2014: L. 7,866.44; 2014-2015: L.8.489.28; 2015-2016: L.8,489.28; 2016-2017: L.9,600.00; 2017-2018: L.10,300.00; 2018:2019: L.10,300.00; SUBTOTAL: 69,174.79; 2) LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA: L. 82,108.33 así: VACACIONES: 2016-2017: L. 3,678.61; 2017-2018: L.5,819.99; 2018-2019: L.7,896.66; SUB TOTAL: L. 17,395.26; DECIMO TERCER MES: 2016: L.7,374.51; 2017: L. 8,489.28; 2018: L.9,700.00; 2019: L.10,300.00; SUB TOTAL: L.36,223.79; DECIMO CUARTO MES: 2016-2017: L.8,489.28; 2017-2018: L.9,700.00; 2018:2019: L.10,300.00; SUB TOTAL L.28,489.28; 3) GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ, L.286,787.25 así: VACACIONES: 2005-2006: L. 1,300.00; 2006-2007: L.1,800.00; 2007-2008: L.2,300.00; 2008-2009: L.5,133.33; 2009-2010: L.5,886.00; 2010-2011: L.5,886.00; 2011- 2012: L.5,886.00; 2012-2013: L.7,312.04; 2013-2014: L.7,312.04; 2014-2015: L.8,489.28; 2015-2016: L.8,489.28; 2016-2017: L. 9,700.00; 2017-2018: L.10,300.00; 2018-2019: L.10,300.00; SUB TOTAL: L. 30,093.97; DECIMO TERCER MES: 2005: L.3.000.00; 2006: L.3,000.00; 2007: L.3,000.00; 2008: L.5,500.00; 2009: L.5,886.00; 2010: L.5,886.00; 2011: L.5,886.00; 2012: L.5,886.00; 2013: L.7,312.04; 2014: L.7,312.04; 2015: L.8,489.28; 2016: L.8,489.28; 2017: L.9,700.00; 2018: L.10,300.00; 2019: L.10,300.00; SUB TOTAL: L.99,946.64; DECIMO CUARTO MES: 2006-2007: L.3.000.00; 2007- 2008: L.3.000.00; 2008-2009: L.5,500.00; 2009-2010: L.5,886.00; 2010- 2011: L.5,886.00; 2011-2012: L.5,886.00; 2012-2013: L.5,886.00; 2013- 2014: L.7,312.04; 2014-2015: L.7,312.04; 2015-2016:L.8,489.28; 2016-2017:L.8,489.28; 2017-2018:L.10,300.00; 2018-2019: L.10,300.00; SUB TOTAL. L. 96,946.64; 4) ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ, L.201,480.53 así: VACACIONES: 2011-2012: L.2,383.29; 2012-2013: L.4,090.50; 2013-2014: L.5,605.79; 2014-2015: L.7,923.18; 2015-2016: L.7,923.18; 2016-2017: L.9,600.00; 2017-2018: L.10,300.00; L.58,125.94; 2018:2019: L.10,300.00; SUBO TOTAL: DECIMO TERCER MES: 2011: L.5,011.01; 2012: L.6,817.75; 2013: L.7,312.04; 2014: L.7,860.44; 2015: L.8,489.28; 2016: L.8,489.28; 2017: L.9,600.00; 2018: L.10,300.00; 2019: L.10,300.00; SUBTOTAL: 74,179.80; DECIMO CUARTO MES: 2011-2012: L.6,817.75; 2012-2013: L.7,312.04; 2013-2014: L. 7,866.44; 2014-2015: L.8.489.28; 2015-2016: L.8.489.28; 2016-2017: L.9,600.00; 2017-2018: L.10,300.00; 2018:2019: L.10,300.00; SUBTOTAL: 69,174.79;; III) Declarando SIN LUGAR la demanda promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, actuando en su condición de Apoderado legal de los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ, por el pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspectoría del Trabajo contentiva en el artículo 90; IV) ABSUELVE Al INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ, a pagar en concepto de indemnización por violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspectoría del Trabajo contentiva en el artículo 90 a los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ Y ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ; V) Declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION planteada por la representante procesal demandada; VI) Declarando SIN LUGAR las COSTAS…”, bajo el criterio que, los demandantes solicitan se declaren empleados con status de permanente, habiéndose acreditado la relación laboral, y analizados los contratos suscritos se colige que dentro de los mismos se encuentran contemplados los tres elementes esenciales contenidos en el artículo 20 del Código del Trabajo se desprende que existió subordinación, al haberse establecido en el contrato que estarían bajo la supervisión de un jefe inmediato y que la actividad la realizaron personalmente cada uno de los demandantes, con los materiales y equipos asignados por la parte demandada; se estableció que la relación fue sujeta a cambio de labores dentro y fuera del país o del exterior, dependiendo jerárquicamente del CENFA, La Paz, estableciendo horario de trabajo, de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. y según los roles de vigilancia más horas inhábiles que se requiera sus servicios, y sujetas a las directrices, supervisión y aprobación de un Jefe inmediato, igualmente desde el punto administrativo consta que los demandantes, no tiene una especialización, ni desde que el cargo que ocupaban requiera dicha especialización para ser ejecutada, por lo que in suscrita Juez considera que la relación bajo la cual se regía los demandantes y la demandada es de carácter permanente e Ininterrumpida, al tenor de lo establecido en el artículo 47 y 347 del Código del Trabajo, al haberse acreditado la regularidad de la relación, cumpliendo con la continuidad de la relación laboral requerida por la norma laboral, alcanzado una antigüedad en el cargo de DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA: ocho (8) años, once (11) meses y once (11) días; LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA: tres (3) años, diez (10) meses y once (11) días; GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ: catorce (14) años, once (11) meses y once (11) días: ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ: ocho (8) años, diez (10) meses y diez (10) días; por lo que se considera que no es aplicable los dispuesto en el artículo 46 literal b) y 111 numeral 111 del Código del Trabajo, puesto que la regla general es que la relación laboral es permanente y la excepción es temporal, temporalidad que debe ser probad por la parte demandada, lo que no sucedió en autos. Que en lo referente a los contratos de servicios profesionales, la Sala ha determinado previamente que por "servicio profesional" se relaciona al ejercicio de una carrera, oficio, ciencia o arte, enseñanza científica o artística y en strictu sensu constituye el ejercicio de una de las carreras seguidas en centros universitarios o en altas escuelas especiales, por lo general de actividad y trabajo tan sólo Intelectual, aun cuando no excluya operaciones manuales; como las del cirujano y de los arquitectos e Ingenieros al trazar sus planos, en fin lo concerniente a una profesión, al magisterio, enseñanza o profesorado. De manera que un profesional es aquel que por profesión o hábito desempeña una actividad que constituye su principal fuente de ingresos. Que asimismo esta Sala ha sostenido ya, que los contratos de servicios profesionales, presentan, las siguientes características a saber: a) Prevalece la autonomía de la voluntad de las partes contratantes; b) No está supeditada a una dirección inmediata, ni recibe Instrucciones; c) La prestación del servicio o trabajo es bajo la egida de conocimientos científicos, y quien ejerce los mismos debe tener un título facultativo y autorización legal para prestarlos, amén de estar colegiado; d) No está sujeto a un horario de trabajo; e) Su remuneración es en concepto de honorarios profesionales, los cuales son pactados libremente, y podrán ser pagados de manera sucesiva o bien en un solo pago; y f) Al terminar la relación profesional, no se puede reclamar indemnización alguna. Por lo antes expuesto, es procedente declarar CON LUGAR el reconocimiento de permanencia desde el inicio de la relación laboral DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA el 01 de enero del 2011, LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA el 01 de febrero del 2016; GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ el 01 de enero del 2005; ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ el 02 de febrero del 2011; Que la parte demandante también solicita el reconocimiento de derechos reconocidos a empleados permanentes entre los cuales se encuentra las vacaciones, habiéndose constatado que la parte demandada no le reconoció este derecho durante la relación laboral, contradiciendo lo dispuesto en el artículo 345 y 346 del Código del Trabajo, motivo por el cual se declarar CON LUGAR esta pretensión desde el inicio de la relación laboral; continuando con el numeral anterior también solicita el demandante el pago de décimo tercer mes y décimo cuarto mes, derecho que se constató que no fue reconocido durante la relación laboral, habiéndose reconocido por este Juzgado que la relación que mantenía la parte demandante con la demandada es de carácter permanente, deviene el reconocimiento del derecho reconocido contenido en el Decreto No. 112 artículo 1, 9, 10 de la Ley del Séptimo día y Décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el Acuerdo Numero 02-1995 de fecha 6 de febrero del 1995 del Reglamento del Décimo cuarto mes de salario en concepto de compensación social específicamente artículo 1 y 2 resultando procedente declarar CON LUGAR las presentes pretensiones desde el inicio de la relación laboral. Que en relación a la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION, que analizado lo preceptuado en el artículo 862 del código del Trabajo Art. 862. Prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente Código o que sea consecuencia de la aplicación del mismo, mediante el transcurso de cierto tiempo y en las condiciones que determina este Capítulo. El derecho de prescripción es irrenunciable, pero puede renunciarse la prescripción ya consumada, sea expresamente, de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables relacionado con el 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo "...Artículo 39. Todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos y reciba salarios inferiores a los salarios mínimos a que tiene derecho, podrá recuperar las sumas que se le adeuden por la vía judicial en juicio que se sustanciará sumariamente. El trabajador podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se le adeude, una suma igual..." "... Artículo 43. La acción derivada del derecho que se reconoce en el artículo 39 de esta Ley, prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva un ejercicio..."; constando en autos que la parte demandada no ha reconocido estos derechos a los trabajadores durante la relación laboral, ya que analizados los contratos suscritos entre las partes, mismos que han sido continuos e ininterrumpidos y que los demandantes continúan laborando, ejecutando las labores para las cuales fueron contratados, desprendiéndose de ellos derechos y obligaciones para las partes, lo cual es de tracto sucesivo, por lo tanto no corresponde a aplicación del terminó de prescripción antes relacionados, por lo antes expuesto es procedente declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCION planeada por la parte demandada. Que los demandantes igualmente solicitan el pago de indemnización por violación a derechos fundamentales vía Ley de Inspectoría del Trabajo contentiva en el artículo 90; por lo que analizada la normativa que se hace alusión artículo NOVENTA (90) que establece: "cuando se infrinjan o vulneren derechos fundamentales protegidos a los trabajadores por la Constitución de la República, el ordenamiento laboral y las normas internacionales del trabajo ratificadas por honduras, cuyo daño no sea cuantificable en dinero, el importe se la sanción o multa deberá ser de cien mil lempiras (L. 100.000.00), si la infracción se realiza a diferentes normas, la multa anterior se debe aplicar por cada infracción..."; circunstancia que no es el que nos ocupa puesto que el derecho que reclama los demandantes si son cuantificables, es menester explicar que la multa establecida en dicho apartado pertenece a las cuencas de El Estado; además, no se establece dentro del mismo artículo el otorgamiento de algún derecho a favor del demandante, por consiguiente declárese SIN LUGAR el pago de esta Indemnización. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de septiembre del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarando NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MIGUEL ÁNGEL CHOTO MEZA.- 2.- REFORMANDO DE OFICIO la sentencia definitiva venida en apelación, de fecha doce de noviembre del año dos mil diecinueve dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: A) REFORMANDO PARCIALMENTE el romano I numero 1) y romano II número 1) los que deberá leerse de la siguiente manera: a) SE DECLARA EL RECONOCIMIENTO DE ESTATUS DE EMPLEADO PERMANENTE de las señoras DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ desde el inicio de la relación laboral es decir desde el 04 de Enero del 2011; 01 de febrero de 2016, 01 de enero del 2005 y 02 de febrero del 2011 respectivamente en el cargo que mantenían desde el inicio de la relación laboral; por lo que el romano II número 1 queda de la siguiente forma: "CONDENAR AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ a que se declare 1) EL RECONOCIMIENTO DE ESTATUS DE PERMANENCIA en el puesto desde el inicio de la relación de trabajo de los señores DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ: respectivamente en el cargo que mantenían desde el inicio de la relación laboral; B). CONFIRMANDO los numerales III, IV, V, VI de la sentencia definitiva apelada y los demás extremos del numeral I y II; CONFIRMÁNDOSE lo referente a SIN COSTAS. Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN LA SENTENCIA DEFINITIVA SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDA LA RELACIÓN LABORAL DE MIS REPRESENTADOS DESDE EL INICIO DE LA MISMA ORIGINADA POR LA SUSCRIPCIÓN DE VARIOS CONTRATOS CONTINUOS E ININTERRUMPIDOS, EN APLICACIÓN ESTRICTA DE LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 47 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO, EN CONSECUENCIA CONCEDERLE TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON CARÁCTER PERMANENTE.-PAGO DE VACACIONES, DECIMO TERCER MES Y DECIMO CUARTO MES, PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR VIOLACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES VÍA ARTICULO 90 DE LA LEY DE INSPECCIÓN LABORAL Y DEMAS DERECHOS GENERADOS DE CONTRATACIÓN COLECTIVA, POR ENDE OTORGARLES SU ACUERDO DE NOMBRAMIENTO, SENTENCIA CONDENATORIA COSTAS; promovido por las señoras(es) DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ Y ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP) por medio de su Director Ejecutivo el señor ROBERTO ENRIQUE CARDONA LÓPEZ. SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, habiéndose acreditado en autos que la relación que sostenían los demandantes con el Estado de Honduras, era de naturaleza permanente, y tratándose de verdaderos contratos de trabajo los suscritos por los demandantes y demandada, no procede establecerse ni motivarse por parte de A-quo “debiendo la institución demandada nombrarlas como empleadas permanentes en el cargo que mantenían desde la fecha en que ingresaron a laborar para la institución demandada", ya que la A-quo debe limitarse únicamente al reconocimiento de la naturaleza permanente, sin irrumpir en las atribuciones de los Órganos Administrativos, cuando ordena el nombramiento de la demandantes como empleadas permanentes, ya que esto obligaría al patrono a la emisión de una acción de orden administrativo, como lo es un acuerdo de nombramiento, que es el que se otorga a los empleados o funcionarios públicos, los cuales si se rigen por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el ámbito laboral a los trabajadores se les reconoce el estatus de permanente sin ir más allá de las atribuciones que como juzgadores tenemos y es tal así que la Honorable Sala de lo Laboral Contencioso Administrativo anulo en su momento la sentencia dictada por este Ad-quem donde se confirmaba el fallo de primera instancia refiriendo dicha sala "Al revisarse el fallo impugnado el mismo incumple con el deber de claridad, ya que si bien el Ad-quem, al confirmar el fallo de primera instancia hace suyos todos los fundamentos y pronunciamientos del mismo en cuanto declara Con Lugar la pretensión de permanencia de los demandantes, en los cargos ostentados; al mismo en el romano II, numeral 1) del referido fallo se condena a la demandada a que emita acuerdos en relación a la permanencia de los demandantes, cuando esta es potestad de la autoridad nominadora o de quien delegue y la Jurisdicción del Trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo, y no en relaciones de servidores públicos"; por lo que en acatamiento a lo ordenado por la Honorable Sala Laboral Contencioso Administrativo procede Reformar Parcialmente de Oficio la sentencia en su romano I numero 1) y romano II numera 1 en referencia que se declara el reconocimiento de estatus de empleado permanente de las señoras DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ desde el inicio de la relación laboral es decir desde el 04 de enero del 2011; 01 de febrero de 2016, 01 de enero del 2005 y 02 de febrero del 2011, respectivamente en el cargo que mantenían desde el inicio de la relación laboral y no como lo establece el numeral I número 1 con respecto en el cual declara 1) La permanencia en el puesto de trabajo a partir del inicio de la relación laboral, para lo cual debe emitirse el acuerdo de nombramiento como empleado permanente; con el reconocimiento de los derechos otorgados a los empleados permanentes y de la contratación colectiva de la institución, por lo que en este sentido procede Reformar de Oficio la sentencia apelada. 5.- Mediante auto de fecha 02 de abril del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA, en su condición de representante procesal de los señores: DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ; y por el Abogado MIGUEL ÁNGEL MEZA CHOTO, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), como partes recurrentes/recurridas, respectivamente, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada uno de los Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) A la apoderada demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) Al representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6.- En fecha 06 de agosto del 2024, compareció ante este tribunal, la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA, en su condición de representante procesal de los señores: DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, y en fecha 04 de noviembre del 2024, compareció ante este Tribunal, el Abogado MIGUEL ÁNGEL MEZA CHOTO, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), formalizando su demanda, exponiendo motivos de casación; por lo que mediante providencias de fechas 22 de agosto y 26 de noviembre del 2024, se tuvo por formalizados en tiempo los recursos de casación; omitiéndose el traslado, ordenando dar copia a la parte contraria para la contestación en forma común, por el término de diez días, el cual surtirá efecto en esta Secretaría, donde se mantendrán los autos a su disposición; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 03 de febrero del 2025, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación únicamente por parte la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA, en su condición de representante procesal de los señores: DUNIA YAMILETH CHAVARRÍA, LETICIA ISBELA CÁCERES AVILA, GUSTAVO ADOLFO MEJIA ORTIZ y ELVIRA YOHANA VELÁSQUEZ HERNANDEZ, parte demandante, recurrida/recurrente; y mediante providencia de fecha 04 de marzo del 2025, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado MIGUEL ÁNGEL MEZA CHOTO, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), parte demandada, recurrente/recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO 1.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de septiembre de 2023 fallo REFORMANDO DE OFICIO la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 12 de diciembre de 2019, que revisando el fallo se concluye, que los juzgadores de instancia después de un proceso de deliberación y valoración deben resolver las cuestiones planteadas, cumpliendo con los requisitos formales en el contenido interno de los fallos judiciales de conformidad a la ley, lo que implica que al momento de su emisión se debe cumplir con el deber de claridad, exhaustividad y congruencia. Al revisarse el fallo impugnado el mismo incumple con el deber de claridad, ya que si bien el Ad quem reforma la sentencia como se mandó en su momento por este tribunal no existe claridad con lo peticionado creyendo que fue copiado literalmente la suma de las pretensiones de la parte demandada y no quedando claro de manera sencilla lo que falla el tribunal colegiado. Por otro lado, sin mermar en que en criterios de esta Corte han establecido el respeto al artículo 39 y 43 de la ley del salario mínimo con respecto a los derechos que tienen las partes buscando un equilibrio social entre lo que prima y el derecho que le asiste a las partes como se ha fallado en criterios anteriores. Por lo expuesto procede la nulidad del fallo de conformidad a lo dispuesto en los artículos 22 y 207 del Código procesal Civil. VII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII.- Con base a lo establecido en el artículo 726 del código del Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales .IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. X.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen. XI.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR DE OFICIO la sentencia recurrida. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8, 2 numeral 2)665, 666 letra c) 726, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22 y 206 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 09 de junio 2021. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. - NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL31-24. FIRMA Y SELLO

RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO

RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -