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Sentencia CL-269-23 — Registro 20012

Resumen

Segunda instancia reformó declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral, reconociéndole todos los derechos que ostentan los empleados con estatus permanente, en virtud de las labores continuas e ininterrumpidas que ha venido desempeñando y que el empleador en fraude de Ley le ha negado dicho derecho, asimismo pide el reintegro a su puesto de trabajo, a consecuencia de un despido directo e injustificado, con el agravante de encontrarse en estado avanzado de embarazo al momento de su despido, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, pago de pre y post natal, horas de lactancia y demás derechos originados por contratación colectiva.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede reúne los requisitos exigidos para su prosperidad, habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo, por lo que procede su admisión y en su momento, se determinará lo referente a sus efectos en el presente recurso."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) No señala el tipo de infracción si fue por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, faltando en su formulación; ii) Dentro de las normas que indica como violadas como ser los artículos 82, 90 y 95 de la Constitución de la Republica, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; iii) Señala en su explicación artículos violados que no fueron establecidos como norma sustantiva infringida tal es el caso de los artículos 3 y 20 del Código del Trabajo; iv) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto ataca el material probatorio; y, v) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 numeral 1) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...La protección que tiene la mujer en estado de gravidez es un derecho constitucional, siendo fundamental y debiendo regularlo el estado de Honduras, y recordando lo que establece el artículo 135 del Código del Trabajo del descanso pre y post parto más las horas de lactancia como lo establece el artículo 140 del mismo ordenamiento, iinherente a la protección de la mujer en estado de gravidez, se encuentran los derechos de los niños, de linaje del bloque normativo de constitucionalidad fundamental. Además, el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. La razón de esta protección especial está en el carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo y en su condición de derecho irrenunciable, la indisposición del patrono de otorgarle sus derechos, no está por encima de los derechos constitucionales y legales irrenunciables del trabajador, tal como lo estipula el artículo 128 primer párrafo constitucional y el artículo 3 del Código del Trabajo."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 135 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 140 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez (10) de septiembre del dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 31 de octubre del 2023, por la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA, en su condición de representante procesal de la señora CAREN YESENIA YANEZ GONZÁLEZ; y en fecha 06 de febrero del 2024, por el Abogado MIGUEL ÁNGEL MEZA CHOTO, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), como recurrentes/recurridos, respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral, reconociéndole todos los derechos que ostentan los empleados con estatus permanente, en virtud de las labores continuas e ininterrumpidas que ha venido desempeñando y que el empleador en fraude de Ley le ha negado dicho derecho, asimismo pide el reintegro a su puesto de trabajo, a consecuencia de un despido directo e injustificado, con el agravante de encontrarse en estado avanzado de embarazo al momento de su despido, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, pago de pre y post natal, horas de lactancia y demás derechos originados por contratación colectiva, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de septiembre del 2016, por la señora CAREN YESENIA YANEZ GONZÁLEZ, mayor de edad, soltera, Secretaria Bilingüe, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), por medio de su Director Ejecutivo el señor CESAR ANTONIO PINTO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 10 de marzo del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 05 de noviembre del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MIGUEL ÁNGEL MEZA CHOTO.- II.- REFORMA DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha cinco de noviembre del año dos mil veintiuno que corre a folios del 106 al 111 frente y vuelto de la primera pieza de autos. En el único sentido de REVOCAR el pronunciamiento sobre el otorgamiento del Acuerdo de Nombramiento de los demandantes por las razones que expuso, CONFIRMANDO los demás pronunciamientos los cuales se encuentran conforme a las pretensiones planteadas, y las pruebas allegadas al proceso. III.- SIN COSTAS en esta instancia…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral para el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), el 09 de mayo del 2015, desempeñándose en el puesto de Conserje, devengaba un salario mensual de L.9,400.00; que aun y cuando era una empleada permanente bajo el sistema de jornal en la institución demandada, el empleador en fraude de ley y por no cumplir con las obligaciones laborales que en derecho le correspondían, se negó a reconocerla como empleada permanente, negándole todos los derechos labores como ser pago y goce de vacaciones, decimotercero, decimocuarto mes, los cuales eran derechos irrenunciables y mucho menos se reconoce los derechos derivados del Contrato Colectivo suscrito por INFOP y SITRAINFOP; por lo que en virtud de lo anterior es que pidió que se haga justicia y que mediante sentencia definitiva se le reconozca su relación laboral por tiempo indefinido desde el inicio de su relación laboral, con todos los derechos que ostentan los empleados con estatus permanente. Manifestó además que en fecha 01 de junio de 2016, el empleador de manera directa, ilegal e injustificada la despidió de su puesto de trabajo, no importándole que se encontraba en estado avanzado de embarazo (7 meses de gestación) sin invocarse causa justificada, violentando de esa manera lo preceptuado en los artículos 112 y 117, 124, del Código del Trabajo, que establecen cuales eran las causas justas para despedir a un trabajador, las formalidades en que debe hacerse el mismo, así como el procedimiento que debe seguirse para despedir a una mujer embarazada y las consecuencias que contrae en caso de incumplimiento de la norma legal, en relación con lo preceptuado en los artículos 127 y 129 constitucionales, por lo anterior consideró que su despido fue ilegal e injusto desde todo punto de vista legal. Arguyó que no existió argumento válido que justificara al Estado de Honduras la violación a las normas mínimas de empleo; la violación a los derechos laborales constitucionales debe ser considerado un acto que refleja la mala fe contractual con la que actúan los funcionarios que representan al Instituto demandado; es por ese motivo y en especial por tratarse del Estado de Honduras, que debió condenarse el pago de costas, ya que de no hacerlo ese juzgado permitirá que esa conducta se siga propagando y manteniendo vigente en las relaciones laborales; y que en virtud de lo anterior, solicitó que las costas procesales entren a los puntos de debate y en sentencia definitiva se establezca con precisión, claridad y de manera exhaustiva, los motivos por los que se condena en costas o se absuelve de ellas, pues resulta indispensable para garantizar el derecho a la defensa en el posible recurso de apelación que se interponga, so pena de nulidad. Finalmente, con el ánimo de buscar una solución a las diferencias suscitadas entre las partes, se presentó el reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social para la permanencia al puesto de trabajo y reinstalación al mismo, dándose por agotado el mismo, por no haber voluntad de parte del empleador en conciliar las diferencias. 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, apoyando su defensa que tal como lo aseveró la demandante, si bien indicó el haber laborado como Conserje, también es cierto que dicho puesto de trabajo no se encuentra dentro de la estructura administrativa del demandado, si constatada su relación de trabajo para el demandado, la cual se supone que existió por no existir documentación de sustento legal. La aseveración de la demandante es improcedente, pues al momento de contestar la demanda no se encontró documento alguno en la oficina de recursos humanos, por otra parte, si bien el demandante aseveró ser un empleado permanente, también es cierto que dicha aseveración va ajustada a su interés ilegitimo, porque reclama en su demanda beneficios del contrato colectivo sin haber sido miembro del sindicato SITRAINFOP organización con la cual el demandado suscribió su contratación colectiva y no otro grupo de personas distintas a él; en consecuencia, por el hecho de no estar en estructura salarial de empleados permanentes no se debe considerar tal reclamación. Argumentó que era totalmente falso lo manifestado por la demandante que era empleado permanente, por los motivos siguientes: No consta su relación de trabajo con el demandado, por tal motivo no se encuentra en las planillas normales de sueldos y salarios para empleados permanentes, ya que los empleados permanentes los acredita una acción de personal emitida por la División de Recursos Humanos con previa autorización de la Dirección Ejecutiva del INFOP; al respecto ella no tiene derecho alguno en cuanto a lo que la demandante reclama. Por otra parte, la ley laboral establece que toda trabajadora una vez informada de un estado de embarazo, esta deberá notificarlo a su patrono, situación que no consta en juicio, motivos por los cuales se debería declarar sin lugar la presente demanda. Por lo que, todas las acciones el demandado las realizó en amparo al artículo 5, 16 incisos b de la Ley de INFOP relacionadas con el artículo 140 de la Constitución de la República, en consecuencia, no se puede sancionar al demandado de ninguna manera. Finalmente expresó que la demandante habiendo presentado su reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo, ese plazo a consideración del demandado ya le había prescrito la acción, por virtud que tal como lo aseveró la misma demandante en su escrito de demanda no estableció la fecha de su supuesto despido, al respecto el artículo 865 del Código del Trabajo establece: " los derechos y acciones de los trabajadores para dar por terminado con justa causa su contrato, prescriben en el término de un (1) mes, contado desde el momento en que el patrono dio motivo para la separación o despido indirecto". En esa línea se considera que existió prescripción de la acción para demandar, en tal sentido se debe declarar sin lugar la misma, por otra parte la falta de agotamiento de la vía gubernativa por no haberse notificado bien al representante legal del demandado, al igual que no se solicitó en escrito de demanda la notificación al representante del Ministerio Público, requisitos que debieron ser observados por el demandante, en tal sentido ese juzgado de oficio debería declarar sin lugar la presente demanda por adolecer de varios defectos procesales. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 05 de noviembre del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO RELACIÓN LABORAL; RECONOCIÉNDOSE TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON STATUS PERMANENTE, REINTEGRO A SU PUESTO DE TRABAJO. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, VACACIONES, DECIMO TERCER MES, DECIMO CUARTO MES CAUSADOS Y PROPORCIONALES. PAGO DE PRE NATAL, HORAS DE LACTANCIA Y DEMAS DERECHOS ORIGINADOS POR CONTRATACIÓN COLECTIVA; instaurada por la señora CAREN YESENIA YÁNEZ GONZÁLEZ; contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), a través de su Director Ejecutivo el Señor CESAR ANTONIO PINTO. II.- CONDENAR: AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), por intermedio de su Director Ejecutivo el Señor CESAR ANTONIO PINTO a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora CAREN YESENIA YANEZ GONZALEZ; a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia de acuerdo a la Contratación Colectiva; debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral 09 de mayo del año 2015; b) Asimismo pagarle a la Señora CAREN YESENIA YÁNEZ GONZÁLEZ; vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes del periodo 2014-2015 y las proporcionales; bono educativo y bonificaciones anuales; conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda. III.- Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral instaurada por la señora CAREN YESENIA YÁNEZ GONZÁLEZ; para el pago de post natal y horas de lactancia; contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), a través de su Director Ejecutivo el Señor CESAR ANTONIO PINTO; en consecuencia, ABSOLVER: AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), a través de su Director Ejecutivo el Señor CESAR ANTONIO PINTO de pagar a la señora YANEZ GONZALEZ dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS en esta instancia…”; bajo el criterio que, corresponde la prueba de la ruptura de la relación laboral de manera unilateral, directa e injusta al trabajador, y al patrono le corresponde la carga probatoria de la causalidad justificada de dicha ruptura; o sea que es al trabajador a quien le incumbe acreditar, con los medios probatorios autorizados por la ley, las circunstancias que aduce sucedieron en torno a su supuesto despido injusto e ilegal, y al empleador le correspondería probar que esa decisión unilateral se debió a motivos o causas justas. Que consta que la relación laboral que la demandante sostenía con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), finaliza de forma verbal tal y como consta con el Acta de fecha 06 de junio del año 2016 por la Inspectora de Trabajo LIDIA JUDITH SORIANO en la cual entre otras cosas se le cede el uso de la palabra al señor MELVIN JAVIER CERRATO en su condición de Jefe de Servicios Generales a quien se le cede el uso de la palabra y en forma libre manifiesta: “Que en efecto la trabajadora Caren Yesenia Yánez González trabajaba para el departamento Área Agrícola por su desempeño de jornal de 59 días, terminando sus labores el día 01 de junio del año 2016 ya que mi Jefe Superior dio la autorización de cancelar a la mitad de los jornales ya que la Institución no cuenta con el presupuesto para seguir contratando personal de cincuenta y nueve días (59), y siendo yo solo un empleado que recibo ordenes de mis Superiores y no me hago responsable de ningún daño y perjuicio de ningún trabajador despedido, no hay Contrato por escrito, ella devengaba el salario mínimo L. 9,400.00; en la cual se le invoca como justificación del mismo que no cuenta con el presupuesto para seguir contratando personal de 59 días; de la misma manera consta de autos que la relación de trabajo de la demandante con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) inicia a partir del 09 de mayo de 2015, bajo el sistema de Jornal (ver follo 50 de autos); de lo anterior se refleja una simple y común relación de trabajo, con sus elementos y bajo el amparo del Código del Trabajo, contrario a lo que alega la parte demandada, pues el hecho que la demandante haya sido contratada bajo el sistema de jornales, no significa que su contrato es por tiempo determinado, pues el puesto que desempeñaba la demandante, siendo de conserje y el tiempo en el cual se desempeñó como tal, no exhibe los elementos que contempla el contrato de trabajo por tiempo determinado”. Concluyendo que el alegato de la parte demandada, no es el correcto, ni fáctica ni jurídicamente, pues de la prueba se deduce que la relación de trabajo que sostenía la demandante con el INFOP era por tiempo indefinido; razón por la cual la Suscrita es del criterio que procede declarar CON LUGAR la solicitud de reconocimiento de permanencia de la relación laboral de la señora CAREN YESENIA YÁNEZ GONZÁLEZ con la Institución demandada desde el inicio de la relación laboral 09 de mayo del año 2015. Que el artículo 117 del Código del Trabajo establece: "La parte que termina unilateralmente el contrato, de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos", normativa que deja ver llanamente dos principios fundamentales que rigen en el Derecho del Trabajo, como ser el Principio de la buena fe, y el principio de justificación del despido. Que en ese orden de ideas, es necesario entender lo siguiente: Que el contrato de Trabajo debe de ejecutarse de buena fe, sin que sea permitido la sorpresa entre los contratantes, de modo que con toda lealtad debe de expresarse por uno de ellos al otro, cuáles son los motivos determinantes de una extinción o finalización de la relación laboral, directa y unilateral, por lo que esa manifestación debe de hacerse en el momento mismo de efectuarse la terminación del contrato, por lo tanto peca contra la buena fe el que con posterioridad a la extinción del contrato, se aduzcan por cualquiera de las partes, razones, hechos o motivos que justifiquen esa terminación unilateral, o que en juicio se invoquen unas nuevas, no alegadas en el momento mismo de provocarse la ruptura. Por consiguiente es evidente que la parte demandada al momento de despedir a la señora CAREN YESENIA YÁNEZ GONZÁLEZ, no observó los lineamientos legales preestablecidos, por lo que el despido es injusto e ilegal, razón por la cual la Suscrita es del criterio que procede declarar CON LUGAR; demanda de mérito; asistiéndole el derecho a ser reintegrada a su puesto de trabajo que tenía al momento de la ruptura del Contrato de Trabajo y al pago de los salarios dejados de percibir, y los demás derechos que se hayan otorgado en ausencia de la actora. Que la parte demandante solicita vacaciones, décimo tercer, décimo cuarto mes causadas y proporcionales; pago de pre y post natal y horas de lactancia; en cuanto al pago de vacaciones, décimo tercer, décimo cuarto mes causadas y proporcionales; conceptos que se declaran CON LUGAR ya que la Institución demandada al momento de la práctica del medio de prueba EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS que se encuentra a folio 87 frente y vuelto de los autos se acredito que la Institución demandada no le hizo efectivos estos conceptos a la Señora YÁNEZ GONZÁLEZ; conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda; en lo que se refiere al pago del pre natal se declara CON LUGAR ya que se acredito con el medio de prueba DOCUMENTAL consistente Historia Clínica Perinatal a favor de CAREN YESENIA YÁNEZ, teniendo como fecha de ultima menstruación el día 01 de noviembre de 2015 y fecha probable de parto 08 de agosto de 2016; conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda; en lo que corresponde al pago de post natal y horas de lactancia se declara SIN LUGAR en vista de no estar acreditado con los medios de prueba aportados que producto de ese embarazo haya dado a luz. Para los efectos legales pertinentes constituyen hechos probados: Que a la demandante no se le hizo efectivo el pago de Bono Educativo y bonificaciones anuales la Suscrita con el único ánimo de equilibrar la justicia social, con la facultad para ello, y con los hechos debidamente probados, es que determina que en el caso de autos, es necesaria la utilización de la figura de la EXTRA PETITA, pues de la probanza de los hechos ha relucido que a la demandante le corresponde el pago del bono educativo y, mismos que son distintos de los derechos pedidos en el planteamiento de la demanda conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda. La Constitución de la República garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las Industrias y el trabajador tiene derecho a que no se le impida trabajar, en consecuencia, el trabajador no puede ser objeto de despido, si no es por las causas justas debidamente comprobadas y establecidas en la Ley, la persona tiene libertad de escoger su ocupación, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. Que son de Orden Público las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo. Que el Juez puede eximir del pago de costas a la persona que fuere vencido en juicio, cuando existan motivos racionales para litigar. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de marzo del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MIGUEL ÁNGEL MEZA CHOTO.- II.- REFORMA DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha cinco de noviembre del año dos mil veintiuno que corre a folios del 106 al 111 frente y vuelto de la primera pieza de autos. En el único sentido de REVOCAR el pronunciamiento sobre el otorgamiento del Acuerdo de Nombramiento de los demandantes por las razones que expuso, CONFIRMANDO los demás pronunciamientos los cuales se encuentran conforme a las pretensiones planteadas, y las pruebas allegadas al proceso. III.- SIN COSTAS en esta instancia…”. Bajo el criterio que, de los alegatos de las partes ante esta instancia se desprende que el objeto de la apelación es porque para la parte recurrente, no le corresponden a la demandante los derechos que peticiona porque no se sometió a concurso, por lo tanto no puede tener los derechos de que gozan los empleados permanentes, lo que se encuentra regulado en el contrato colectivo de trabajo, norma numero 22 sobre reclutamiento y selección de personal 1992, sobre la cláusula 4 a 11 del XVII contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente, en relación al artículo 61 del Código del Trabajo que establece: La cláusula en virtud por la cual el patrón se obligue a no admitir como trabajadores sino a quienes estén sindicalizados, es lícita en los contratos colectivos de trabajo, coligiéndose de esto que el INFOP tiene la prohibición de reconocerla como empleada permanente si esta no se somete a un concurso de selección y nombramiento, para posteriormente poderse afiliar al sindicato. Alega además que la demandante no produjo prueba del despido directo e injustificado, por lo que pide se revoque el fallo. El representante procesal de la parte recurrida en sus alegaciones es del parecer, que el objeto de la Litis es que se declare por tiempo indefinido la relación de la demandante, reconociéndole todos los derechos que ostentan los empleados permanentes, en virtud de que las labores son continuas e ininterrumpidas, y el empleador en fraude a la Ley le ha negado ese derecho, por lo que es procedente el reintegro a su puesto de trabajo, en virtud de despido directo e injustificado, quedo plenamente acreditado que su representada fue despedida el 01 de junio de 2016 con la agravante de encontrase al momento del despido en estado de embarazo, sin seguirle ningún procedimiento legal para su despido, por lo que considera que la sentencia está totalmente ajustada a derecho y solicita se declare Sin Lugar el recurso de apelación planteado. Que en el caso de autos, el objeto de la apelación se ha centrado en que para el apelante al no someterse a concurso la demandante no le corresponde ni la permanencia ni los derechos que emanen del contrato colectivo, porque según su criterio no está sindicalizada, de la revisión de las diligencias se desprende del acta circunstancia de fecha 02 de junio de 2016, levantada por el Inspector del Trabajo, en donde hace constar que la demandante por falta de presupuesto ya no fue contratada para el jornal de 59 días, estableciéndose además su salario y la fecha de ingreso que fue el 09 de mayo del año 2015 y en fecha 01 de junio del 2016 le notificó el Jefe de Servicios Generales que tenía autorización para cancelar la mitad de los jornales, se hace evidente que una de las canceladas fue la demandante. En ese contexto partiendo del hecho que la demandante se desempeñaba como conserje, trabajo cuya naturaleza es permanente en la institución, siendo contratada cada 59 días de manera tal que llego a trabajar bajo esa modalidad de jornal por más de un año, durante el cual adquirió derechos a los cuales no puede renunciar, entre ellos la permanencia, no debe el patrono venir a alegar que la señora CAREN YESENIA YANEZ GONZALEZ, tenía que haber ingresado por concurso para considerarla empleada permanente, ya que si bien ese es el procedimiento establecido, no es imputable a la trabajadora que el mismo no se hubiere realizado, esas constituyen circunstancias ajenas a su voluntad, y por la omisión del patrono de no haberla contratado sin ser seleccionada mediante un concurso, es que le puede restringir o disminuir los derechos que ya adquirió, y que le corresponden como empleada permanente. En relación a la manifestación de que no era empleada sindicalizada, para lo cual cita el artículo 61 del Código del Trabajo, este no debe sacarse fuera de contexto, ya que si bien el mismo establece el enunciado que el cita, si continuamos con su lectura, también establece "Esta cláusula y cualesquiera otra que establezcan privilegios en favor de los sindicalizados, no podrán aplicarse en perjuicio de los trabajadores que no formen parte del sindicato contratante y que ya presten sus servicios en la Empresa en el momento de celebrarse el contrato”, por otro lado es precisamente el mismo patrono que al no darle su permanencia le estaba impidiendo acceder al derecho de gozar de los beneficios que le daba la contratación colectiva. Que el Derecho del Trabajo tiene un carácter tuitivo o proteccionista, en este caso de la parte más vulnerable de la relación laboral como lo es el trabajador, siendo que con las pruebas aportadas se ha acreditado, que la demandante ha trabajado para el INFOP en un cargo cuya naturaleza es permanente, por lo tanto su contrato es indefinido, quedó acreditado el despido de que fue objeto según se desprende del acta levantada por el Inspector del Trabajo en donde el Jefe de Servicios Generales acepta que se cancelaron la mitad de los empleados por jornal, lo cual no es una causa justificada para dar por terminada la relación de trabajo, pues tampoco se le siguió un procedimiento que le garantizara al menos su derecho de defensa, lo que hace que se configure un despido ilegal porque no se siguieron los trámites correspondientes, e injustificado porque no existió ninguna causa de justificación de las que se encuentran reguladas en el artículo 112 del Código del Trabajo, por lo tanto es procedente el reconocimiento de sus derechos así como el reintegro a su puestos de trabajo en igual o mejores condiciones, así como a los salarios dejados de percibir como sanción indemnizatoria por el despido de que fue objeto. Que la Constitución de la República, así como el Marco Jurídico Nacional e Internacional del Trabajo, garantizan tanto el derecho a un trabajo digno, como a la estabilidad en él mientras no exista una causa que justifique al patrono para la ruptura de la relación laboral, debemos considerar entonces que el contrato como regla general será de manera indefinida y el contrato a término o temporal es la excepción que debe ser acreditada por el patrono. Que la sentencia que se recurre reúne los requisitos tanto internos como externos para su validez, a excepción del pronunciamiento donde el A-quo establece que se debe de nombrar como empleada permanente, esta Corte de Apelaciones en reiteradas ocasiones ha dejado establecido, que el nombramiento como empleada permanente corresponde a otra Jurisdicción, no son atribuciones del Juez, a los trabajadores se les reconoce el statu de permanentes con todos los derechos de que gozan los empleados permanentes, en razón de esa observación procede REFORMAR DE OFICIO la sentencia que se conoce en apelación CONFIRMANDO los demás pronunciamientos. 5.- Mediante auto de fecha 19 de septiembre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA, en su condición de representante procesal de la señora CAREN YESENIA YANEZ GONZALEZ, y por el Abogado MIGUEL ÁNGEL MEZA CHOTO, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada una de los Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formularan sus demandas de casación de la siguiente forma: a) A la apoderada demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) Al representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6.- En fecha 31 de octubre del 2023, compareció ante este Tribunal, la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA, en su condición de representante procesal de la señora CAREN YESENIA YANEZ GONZALEZ, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria; por lo que mediante providencia de fecha 30 de noviembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado, conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación; y en fecha 06 de febrero del 2024, por el Abogado MIGUEL ANGEL MEZA CHOTO, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación; por lo que mediante providencia de fecha 18 de marzo del 2024, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación; omitiéndose el traslado, se ordenó dar copia a la parte contraria para la contestación en forma común, por el término de diez días, el cual surtirá efecto en esta Secretaría, donde se mantendrán los autos a su disposición; quienes no hicieron uso de ese derecho; por lo que en proveído de fecha 19 de noviembre del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de los Abogados MIGUEL ÁNGEL MEZA CHOTO y MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA, como partes recurridos/recurrentes, respectivamente; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA, en su condición de representante procesal de la señora CAREN YESENIA YANEZ GONZALEZ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva laboral por violación directa de la norma sustantiva señalada. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 párrafo segundo y literal b) relacionado con el artículo 3, ambos del Código del Trabajo relacionada con la norma constitucional establecida en los artículos 128, párrafo primero y 304. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN. El Ad Quem al reformar la sentencia y limitar el poder del juez a no poder exigir un trámite administrativo para la efectividad reconocido en la sentencia es violatorio de la norma sustantiva señalada como violada. Establece nuevos límites sin fundamento legal en su considerando 7 y comete el error de no llevar a una ejecución lo fallado, impidiendo de esta manera la plena tutela de la recurrente en sus derechos como jubilación o pensión, preaviso, cesantía, aumentos salariales y demás derechos conexos de los cuales gozan los empleados públicos. Comete el error evidente en creer que en la administración pública del Estado existen los contratos de trabajo por tiempo indefinido, desconociendo que estos son los denominados acuerdos, que no es otra que la decisión unilateral del Estado en nombrar a una persona como empleado público y la del empleado en aceptar las condiciones del puesto. Seguir con la reforma realizada por el Ad Quem equivaldría en dejar a la recurrente en una isla presupuestaria que le impediría gozar de todos los beneficios de la sentencia dictada. Además, desconoce la jurisprudencia existente que esta Corte Suprema de Justicia ha creado en los procesos de Casación número SL.146-18, SL. 240-18, SL. 576-19, SL 605-19, SL 613-19, donde confirmo la condena en cuanto a obligar al Estado de Honduras a emitir el acuerdo de nombramiento en los casos semejantes al presente. Debió en todo caso, reconocer la jurisprudencia y ejecutar lo juzgado a través del nombramiento de la recurrente. Aunado a lo anterior El Ad Quem, erra al establecer que los empleados nombrados permanentes en INFOP quedan sujetos a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; lo que no es aplicable en los empleados de la demandada (INFOP) que ya sea por contrato a término o permanentes las controversias se dilucidan por la Jurisdicción Laboral, Lo anterior es suficiente para declarar ha lugar el presente motivo de Casación.” III. Que el cargo que antecede reúne los requisitos exigidos para su prosperidad, habiéndose establecido con precisión y claridad el mismo, por lo que procede su admisión y en su momento, se determinará lo referente a sus efectos en el presente recurso. IV. Que la Recurrente formula su segundo motivo de la manera siguiente: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley sustantiva laboral por Aplicación Indebida. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 párrafo segundo y literal b) relacionado con el artículo 3, ambos del Código del Trabajo relacionada con la norma constitucional establecida en los artículos 128 numeral 15 y 304. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA INFRACCIÓN. El Ad Quem al reformar la sentencia y limitar el poder del juez a no poder exigir un trámite administrativo para la efectividad reconocido en la sentencia es violatorio de la norma sustantiva señalada como violada. Establece nuevos límites sin fundamento legal en su considerando 7 y comete el error de no llevar a una ejecución lo fallado, impidiendo de esta manera la plena tutela de la recurrente en sus derechos como jubilación o pensión, preaviso, cesantía, aumentos salariales y demás derechos conexos de los cuales gozan los empleados públicos. Comete el error evidente en creer que en la administración pública del Estado existen los contratos de trabajo por tiempo indefinido, desconociendo que estos son los denominados acuerdos, que no es otra que la decisión unilateral del Estado en nombrar a una persona como empleado público y la del empleado en aceptar las condiciones del puesto. Seguir con la reforma realizada por el Ad Quem equivaldría en dejar a la recurrente en una isla presupuestaria que le impediría gozar de todos los beneficios de la sentencia dictada. Aplica indebidamente la norma indicada como violada y cambia su sentido impidiendo ejecutar lo juzgado. Debió aplicar debidamente la norma y exigir el acuerdo de nombramiento como instrumento administrativo para el goce de los derechos reconocidos en la sentencia impugnada. Además, desconoce la jurisprudencia existente que esta Corte Suprema de Justicia ha creado en los procesos de Casación número S.L. 146-18, S.L. 240-18 y S.L. 576-19 entro otros, donde confirmo la condena en cuanto a obligar al Estado de Honduras a emitir el acuerdo de nombramiento en los casos semejantes al presente. Debió en todo caso, reconocer la jurisprudencia y ejecutar lo juzgado a través del nombramiento de la recurrente.” V. El anterior motivo llena los requisitos de ley para su admisión por lo que proviene a dictarse nueva sentencia VI. La impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “Si los anteriores motivos no resultan suficientes para enmendar el fallo emitido por el Ad Quem y garantizar la aplicabilidad de la jurisprudencia creada, interpongo NULIDAD SUBSIDIARIA a partir del folio 13 de la segunda pieza de autos (Corte de Apelaciones del Trabajo) en virtud de que la sentencia dictada por el Ad Quem no garantiza la ejecución de lo juzgado, es decir, procesalmente está incompleta pues no existe en la estructura presupuestaria del Estado, renglones que permitan pagar contratos por tiempo indefinidos, esto como consecuencia de que todo trabajador que celebre un contrato de trabajo por tiempo indefinido con el Estado de Honduras es denominado empleado público y goza de un acuerdo de nombramiento. Mantener el fallo resultaría ir en contra de la norma constitucional establecida en el artículo 304 en cuanto a juzgar y ejecutar lo juzgado, en contra de la jurisprudencia creada por esta Corte Suprema de Justicia y en contra de los derechos que establece el Código de Trabajo en su artículo 3. Finalmente, es necesario indicar que el argumento expresado por el Ad Quem en su considerando 7 carece de fundamento jurídico, limita los poderes del juez, y no establece bajo que norma jurídica crea ese razonamiento.- Aunado a lo anterior El Ad Quem, erra al establecer que los empleados nombrados permanentes en INFOP quedan sujetos a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; esto no es aplicable en los empleados de la demandada (INFOP) ya sea por contrato a término o permanentes las controversias se dilucidan por la Jurisdicción Laboral.- Por lo tanto hay una violación al debido proceso, a las normas procesales que rigen las condiciones en que se deben dictar las sentencias según el Código Procesal Civil y limita el ejercicio del juez consagrado en la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales. En virtud de lo anterior, resulta procedente decretar la nulidad del fallo, indicándole al Ad Quem el rumbo correcto en que debe dictar su sentencia”. VII. Se solicita la nulidad subsidiaria sin embargo y en virtud que se está casando el fallo no hay razón válida para realizar pronunciamiento sobre la nulidad antes relacionada, ya que se dictara nueva sentencia. VIII. Que el Abogado MIGUEL ÁNGEL MEZA CHOTO, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), en su primer motivo de casación alega “PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Ordinal Primero, Párrafo Primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. GARANTIAS CONSTITUCIONALES VIOLADAS: Artículo 82 de la Constitución de la República: El derecho de defensa es inviolable. Artículo 90 de la Constitución de la República: Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Artículo 94 de la Constitución de la República: A nadie se impondrá pena alguna sin haber sido oído y vencido en juicio, y sin que la haya sido impuesta por resolución ejecutoria de juez o autoridad competente. En los casos de apremio y otras medidas de igual naturaleza en materia civil o laboral, así como en los de multa o arresto en materia de policía, siempre deberá ser oído el afectado. El derecho a la defensa es el derecho fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN Consta en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones, a los agravios alegados por la parte demandada y corre a folio 17 al 18 de la segunda pieza de autos, que el principio de legalidad contenido en el artículo 90 de la Constitución de la Republica fue vulnerada tanto por la Primera Instancia y segunda Instancia al conceder derechos que son ilegales, ya que no cumple con las formalidades que la ley establece, al no haber valorado tanto los agravios alegados ante la Corte de Apelaciones, como la prueba aportada en primer instancia; de lo cual la Corte de Apelaciones al emitir su Sentencia viola totalmente el precepto Constitucional precitado; ME EXPLICO: Si el A quo y los honorables Magistrados de la Corte de Apelaciones del Trabajo valoran la prueba aportada por la parte demandante que de manera clara hicimos ver en juicio la i1egalidad de la misma. La parte actora tal y como lo expresa en sus alegatos finales establece que debe declararse por tiempo indefinido la relación laboral entre su representada y el INFOP, reconociéndole todos los derechos que ostentan los empleados con estatus permanentes, en virtud de las labores continuas e ininterrumpidas que ha venido desempeñando, asimismo se pide el reintegro a su puesto de trabajo en virtud de despido directo e injustificado, tal como consta en la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, alegatos que corren del folio 6 en delante de la segunda pieza de autos de este expediente; en ese pensar jurídico, la parte demandante claramente pretende acreditar los elementos que deben concurrir para que exista un contrato de trabajo, y no una relación laboral como tal (artículo 20 del Código del Trabajo). Es decir, la relación laboral indudablemente para que se pueda acreditar tendría que haberse probada ese encadenamiento sucesivo de la suscripción de contratos desde un inicio hasta el final de una relación, tal y como la parte demandante lo manifiesta en su escrito de demanda. Sin embargo, como podrán valorar Honorables Magistrados la relación laboral como pretensión principal de la cual derivan los derechos accesorios en el presente juicio, no consta acreditada en el caso de autos, por lo que resulta inverosímil pretender reconocer una relación laboral por el tiempo que establece la parte demandante. Por lo que la prueba valorada por el A quo y la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, para condenar a mi representada es carente totalmente de objetividad, ya que la misma no es capaz de producir un conocimiento cierto o probable acerca de los extremos alegados por la parte demandante. En consecuencia, de lo anterior claramente podemos apreciar la ilegalidad de las sentencias que al valorar prueba que de ninguna manera produce certeza de la existencia de los hechos alegados por la parte demandante tanto en el escrito de la demanda como en los alegatos finales. Por otro lado, es de suma importancia hacer del conocimiento y resaltar ante esta Honorable Corte Suprema de Justicia, lo que estableció la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en su sentencia de fecha 10 de marzo de 2023, que consta en el expediente 14644-22, en el folio 17, Considerando (7): .../"Que la sentencia que se recurre reúne los requisitos tanto internos como externos para su validez, a excepción del pronunciamiento donde el A-quo establece que se debe nombrar como empleada permanente, esta Corte de Apelaciones en reiteradas ocasiones ha dejado establecido, que el nombramiento como empleada permanente corresponde a otra Jurisdicción, no son atribuciones del Juez de Letras del Trabajo, ya que el Acuerdo de Nombramiento tiene un procedimiento que se sigue en la Administración Pública, y se les otorga a los empleados públicos y funcionarios públicos, quedando sujetos por esa modalidad a la Jurisdicción Contenciosa Administrativa”…/ En ese orden de ideas, es que la Corte de Apelaciones del Trabajo actuando conforme a derecho NIEGA a la parte actora del presente juicio la pretensión principal del caso que nos ocupa, en contra de mi representada INFOP, que es el de la permanencia, misma pretensión que de acuerdo a ley debe ser considerada improcedente por esta Honorable Corte y así confirmando este acápite de la sentencia de la Corte de Apelaciones. Asimismo, se hace del conocimiento de esta Honorable Corte, que tal como se detalla en esta demanda de Casación, los preceptos autorizantes de la misma, del artículo 765 del Código de Trabajo Vigente, párrafo primero contentivo de las causales de Casación, siendo esta: 1) ... /Ser la sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea …/ Es en ese sentido que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, emitida en fecha 10 de marzo del 2023, está viciada de nulidad por ser violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea, ya que consta en el expediente de primera instancia 0801-2016-01167-LTO, en los folios 90 y 91 prueba fehaciente e indubitable que fue inobservada y violentado el debido proceso al no valorarse esta prueba en la emisión de la sentencia de primera instancia y al replicarse esta violación por la Corte de Apelaciones en su sentencia emitida, es por lo anterior que esta Honorable Corte debe casar estas sentencias y devolverlas a primera instancia y desconocer los derechos concedidos de manera i1egal en las mismas, ya que se violentó la ley sustantiva, infracción directa, aplicación indebida e interpretarse de manera errónea al ignorarse por completo este medio probatorio de los folios 90 y 91 contentivos del memorando DRH-503-2019, que acredita que lo solicitado por la parte demandante es improcedente e inaplicable por lo antes expuesto y adolecer de vicios de nulidad las sentencias dictas en primera y segunda instancia. Es parte inseparable del concepto conocido como debido proceso: El concepto del debido proceso envuelve comprensivamente el desarrollo progresivo de prácticamente todos los derechos fundamentales de carácter procesal o instrumental, como conjuntos de garantías de los derechos de goce cuyo disfrute satisface inmediatamente las necesidades o intereses del ser humano, es decir, de los medios tendientes a asegurar su vigencia y eficacia. Como suele llamársele en doctrina, principio de "bilateridad de la audiencia" del "debido proceso legal" o "principio de contradicción" y que para una mayor comprensión se ha sintetizado así: a) Notificación al interesado del carácter y fines del procedimiento; ,b) derecho de ser oído, y oportunidad del interesado para presentar los argumentos y producir las pruebas que entienda pertinentes; c) oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos, vinculados con la cuestión de que se trate; ch) derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas; d) notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y de los motivos en que ella se funde y e) derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Tomen en cuenta los recurridos que el derecho de defensa resguardado en el artículo 82, no sólo rige para los procedimientos jurisdiccionales, sino también para cualquier procedimiento administrativo llevado a cabo por la administración pública; y que necesariamente debe dársele al accionante si a bien lo tiene, el derecho de ser asistido por un abogado, con el fin de que ejercite su defensa. Respecto a la violación al Derecho a la defensa artículo 82, es el derecho fundamental de una persona, física o jurídica, o de algún colectivo a defenderse ante un tribunal de justicia de los cargos que se imputan con plenas garantías de igualdad e independencia. Se trata de un derecho que se da en todos los órdenes jurisdiccionales. Asimismo, se impone a los tribunales de justicia el deber de evitar desequilibrios en la posición procesal de ambas partes e impedir que las limitaciones de alguna de las partes puedan desembocar en una situación de indefensión, situación que se convalida con la observación y la mala interpretación de la prueba propuesta por la parte demandante. Honorables Magistrados, el A quo y la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán no valora el hecho alegado y probado indubitadamente en juicio el hecho sobre que la demandante presto un servicio profesional puntual. Asimismo, Transcribiré el Artículo 95 de la Constitución de la República, "Ninguna persona será sancionada con penas no establecidas previamente en la Ley". Normativa violada que relacionada con la transcripción del Artículo 3 del Código Procesal Civil, preámbulo, DEBIDO PROCESO. Las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las leyes ordinarias en condiciones de igualdad .../.” IX.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) No señala el tipo de infracción si fue por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, faltando en su formulación; ii) Dentro de las normas que indica como violadas como ser los artículos 82, 90 y 95 de la Constitución de la Republica, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; iii) Señala en su explicación artículos violados que no fueron establecidos como norma sustantiva infringida tal es el caso de los artículos 3 y 20 del Código del Trabajo; iv) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto ataca el material probatorio; y, v) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. X.-Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Ordinal Primero, Párrafo Primero del Artículo 765 del Código del Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, mediante el fallo impugnado, ha infringido directamente la Ley Sustantiva Nacional al aplicar indebidamente o interpretado erróneamente, en los preceptos legales: Artículo 26 del código del trabajo: "El contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que dé él se derivan según la Ley, la costumbre, el uso o la equidad." Artículo 46 del Código del Trabajo: "El contrato individual de trabajo puede ser: a) Por tiempo indefinido, cuando no se especifica fecha para su terminación. b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación. c) Para obra o servicio determinado cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios del trabajador." DOCTRINA. Para que se configure la infracción de ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: Debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba, es decir respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que regulan la prueba de que se trata, pues en ese último caso se estará frente a una cuestión diferente. Ese error de hecho de generar como consecuencia obligada, y necesaria la violación de la ley sustantiva y el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado el hecho que en realidad no está demostrado o, al contrario, se da por no probado el hecho que en realidad está plenamente demostrado en juicio (como ocurre en el caso de autos). Siendo así que el error de hecho en la apreciación de la prueba documental fundamento de este motivo del recurso, no consiste en sacar el recurrente aquellas deducciones de los documentos que le interesen, pretendiendo sustituir el criterio de los Magistrado por el propio, sino en demostrar que los hechos declarados probados y las afirmaciones contenidas en la sentencia, están en manifiesta oposición con lo que en los documentos aparece o, por estimar como cierto lo contrario de lo que de ellos resulta, incurriendo por ello el Juzgador en la evidente equivocación que exige el numeral primero del Artículo 765 del Código del Trabajo en que se ampara éste motivo.( la prueba aportada por la parte demandante tiene todos los elementos de prueba ilusoria e impertinente). EXPLICACIÓN DE LA violación. Artículo 60 del código del trabajo: Artículo 26 del código del trabajo: "El contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que dé él se derivan según la Ley, la costumbre, el uso o la equidad.," El fallo proferido por la Honorable corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, infringió la norma sustantiva mencionada, ya que, en los agravios planteados, además de no pronunciarse sobre el mismo, no aprecia la prueba aportada en juicio que obran en la primera pieza de autos, ya que no valora el hecho alegado y probado indubitadamente en Juicio el hecho sobre que la demandante presto un servicio puntual. En adición a lo anterior, sobre el pago de décimo tercer, cuarto mes y vacaciones, pagos dejados de percibir, pago de pre y post natal, horas de lactancia y demás derechos, dichos Contratos no les corresponde ningún derecho, por estar regulados bajo la figura de contratos por tiempo limitado, en amparo al artículo 46 b) del Código de Trabajo Vigente. Artículo 46 del Código del Trabajo: "El contrato individual de trabajo puede ser: a) Por tiempo indefinido, cuando no se especifica fecha para su terminación. b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación. c) Para obra o servicio determinado cuando se ajusta globalmente o en forma alzada el precio de los servicios del trabajador". El fallo proferido por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, infringió la norma sustantiva mencionada, en vista que concede derechos laborales contentivo a vacaciones, décimo tercer, décimo cuarto mes causadas y proporcionales, pago de pre y post nata y horas de lactancia, derivados de una relación meramente a término de carácter temporal, veamos: El servicio que la demandante la señora CAREN YESENIA YÁNEZ GONZÁLEZ presto para el INFOP, era por tiempo determinado con pleno conocimiento por ambas partes, en el que cada contrato suscrito ha sido por un tiempo estipulado, los cuales tienen una fecha de inicio y una fecha de vencimiento. Por lo tanto, la aseveración de la parte demandante sobre la existencia de un despido es totalmente falsa, siendo una finalización de CONTRATO ESPECIAL, en amparo del Artículo 46 del código de inciso B) del Código del Trabajo, en consonancia con las disposiciones presupuestarias establecidas en la Constitución de la República. Conforme a la prueba aportada en juicio, se desmiente las aseveraciones vertidas por la demandante, ya que como anteriormente se estableció, el tipo de servicio que prestaba estaba regulado por un contrato especial, el cual es de carácter temporal, en ese sentido, la demandante en ningún momento fue despedida. sin embargo, claramente se dejó establecido que fue una terminación de contrato, amparada en la normativa que deja sin fundamento legal el argumento expuesto por la parte actora de la demanda ya que la modalidad bajo la cual fue contratado sus servicios están ceñidos por cláusulas contractuales concertadas, aceptadas y consentidas en legal y debida forma por las partes sin objeción alguna de su parte, pues de antemano han conocido la fecha de inicio y finalización de la relación contractual que han contraído con mi representada. A este hecho se deriva de lo ya planteado en el párrafo anterior de la finalización de contrato los contratos en los que se estipula en la Cláusula Séptima entre las causas de rescisión y sin ninguna responsabilidad para el INFOP: 1)... 2)... 3)... 4)... 5). 6)... 7)... 8)... 9).... 10)... 11)... 12) 13) EL EMPLEADO ACEPTA QUE POR HABER LLEGADO EL PLAZO FINAL DE LA CONTRATACIÓN EN EL ACTO SE DA POR NOTIFICADA LA TERMINACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES. Nos encontramos que en ambas instancias se ha lesionado los intereses de mi representado, transgrediendo la ley, la justicia y sus intereses, todo debido a que se inobservaron normas elementales laborales al caso concreto que nos ocupa” XI. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) No señala el tipo de infracción si fue por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea, faltando en su formulación; ii) Dentro de las normas que indica como violadas como ser los artículos 26 Y 46 del Código del Trabajo, no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; iii) Señala en su explicación artículo violado que no fue establecido como norma sustantiva infringida tal es el caso del artículo 60 del Código del Trabajo; iv) La violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto ataca el material probatorio; y, v) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. XII. Que el primer y segundo motivo formalizados por la Recurrente, Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA, reúnen los requisitos necesarios para su admisibilidad, por lo que procede declarar HA LUGAR el recurso de casación de mérito, y CASAR PARCIALMENTE la sentencia recurrida y a continuación, en sede de instancia, y decidir lo que corresponda conforme a la Ley. XIII. Que, en el presente caso, la parte demandante se contrae a solicitar declaración por tiempo indefinido la relación laboral, reconocimiento de todos los derechos que ostentan los empleados con estatus permanente, el reintegro a su puesto de trabajo, a consecuencia de un despido directo e injustificado, con el agravante de encontrarse en estado avanzado de embarazo al momento de su despido, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, pago de pre y post natal, horas de lactancia y demás derechos originados por contratación colectiva, más costas del juicio; por su parte la demandada, sostiene que rechaza lo alegado por la parte demandante al no ser empleada permanente no se le reconocen los derechos exigidos. XIV. Por lo que la contienda se centra en establecer como OBJETO DEL PROCESO si era empleada permanente, si se le debe otorgar los derechos reclamados y si el patrono tuvo justa causa para la terminación de la relación laboral en caso contrario el reintegro e indemnizaciones laborales solicitados o lo que corresponde en base al ordenamiento jurídico. XV. Que las partes propusieron sus medios de prueba en la manera siguiente: PARTE DEMANDANTE: DOCUMENTAL PUBLICO: Consistente en a) Acta de cierre de diligencias administrativas; b) Copia autenticada de solicitud de un Inspector del Trabajo a la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; c) copia autenticada del Acta de constatación de hechos por el INSPECTOR DE la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; d) Historia clínica perinatal, emitidita por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud Pública; e) Hoja de cálculo de prestaciones emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social; f) 5 copias autenticadas de los Cheques de pago ; por salario; g) copias autenticadas de sentencias emitidas en casos similares; y EXHIBICION DE al DOCUMENTOS Practicado a folios 87 al 95 de la primera pieza de autos.; PARTE DEMANDADA: DOCUMENTAL que se agrega del folios 80 al 85; INTERROGATORIO DE PARTE Consistente en la declaración del demandante practicado a folio 86 y 87 de la primera pieza de los autos; II.- DOCUMENTOS PUBLICOS: Consistente en los documentos que se encuentran a folios 80 al 85 de la primera pieza de los autos; III.- RECONOCIMIENTO JUDICIAL: Practicado a folios 87 vuelto al 95 de la primera pieza de los autos.; XVI. Que de los hechos aceptados por las partes y del estudio del material probatorio allegado y practicado en el proceso, resultan acreditados los siguientes extremos: 1) La relación en la modalidad de jornal inicio el 09 de mayo del 2025; 2) Se dio el despido verbal sin justa causa, expresando la parte patronal que en virtud de tener autorización para cancelar a las personas que se encontraban bajo jornal a partir del 01 de junio del 2016; 3) Que la fecha probable de parto era el 08 de agosto del 2016, teniendo a la fecha del despido 7 meses, siendo notorio y teniendo conocimiento el Patrono; 4) No se le realizo el pago de ningún derecho a la trabajadora por su estado de gravidez ni derechos adquiridos correspondientes ni los derechos aplicables del contrato colectivo. XVII. La protección que tiene la mujer en estado de gravidez es un derecho constitucional, siendo fundamental y debiendo regularlo el estado de Honduras, y recordando lo que establece el artículo 135 del Código del Trabajo del descanso pre y post parto más las horas de lactancia como lo establece el artículo 140 del mismo ordenamiento, iinherente a la protección de la mujer en estado de gravidez, se encuentran los derechos de los niños, de linaje del bloque normativo de constitucionalidad fundamental. Además, el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. La razón de esta protección especial está en el carácter de orden público que informa el Derecho del Trabajo y en su condición de derecho irrenunciable, la indisposición del patrono de otorgarle sus derechos, no está por encima de los derechos constitucionales y legales irrenunciables del trabajador, tal como lo estipula el artículo 128 primer párrafo constitucional y el artículo 3 del Código del Trabajo. XVIII. Que con base al análisis en su conjunto de todas las pruebas allegadas en tiempo y forma por las partes al proceso, con base a la libre formación del convencimiento, tomando en cuenta los criterios y principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes, se concluye y estima procedente declarar CON LUGAR parcialmente la demanda de mérito en cuanto al reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes causados y proporcionales, pago de pre y post natal. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por UNAMINIDAD de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 140, 145, 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado MIGUEL ANGEL MEZA CHOTO, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), en sus dos motivos de casación; 2) DECLARANDO HA LUGAR PARCIALMENTE el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA, en su condición de representante procesal de la señora CAREN YESENIA YANEZ GONZALEZ, en sus dos motivos de casación; 3) DECLARANDO CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE SE DECLARE POR TIEMPO INDEFINIDO RELACIÓN LABORAL; RECONOCIÉNDOSE TODOS LOS DERECHOS QUE OSTENTAN LOS EMPLEADOS CON STATUS PERMANENTE, REINTEGRO A SU PUESTO DE TRABAJO. PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, VACACIONES, DECIMO TERCER MES, DECIMO CUARTO MES CAUSADOS Y PROPORCIONALES. PAGO DE PRE NATAL, HORAS DE LACTANCIA Y DEMAS DERECHOS ORIGINADOS POR CONTRATACIÓN COLECTIVA; instaurada por la señora CAREN YESENIA YÁNEZ GONZÁLEZ; contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), a través de su Director Ejecutivo el Señor CESAR ANTONIO PINTO. 4).- CONDENAR: AL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), por intermedio de su Director Ejecutivo el Señor CESAR ANTONIO PINTO a lo siguiente: a) Reintegrar a la Señora CAREN YESENIA YANEZ GONZALEZ. a su puesto de trabajo por lo menos en igualdad de condiciones de trabajo que mantenía al momento de operarse la ruptura del contrato; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia de acuerdo a la Contratación Colectiva; debiendo la Institución demandada nombrarla como empleada permanente desde el inicio de la relación laboral 09 de mayo del año 2015; b) Asimismo pagarle a la Señora CAREN YESENIA YÁNEZ GONZÁLEZ, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes del periodo 2014-2015 y las proporcionales; bono educativo y bonificaciones anuales; conceptos que serán liquidados junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal oportuno corresponda. c) Pago de pre, post natal y horas de lactancia; 5) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL269-23. FIRMA Y SELLO

RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO

RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -