Sentencia CL-268-23 — Registro 19646
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare una relación permanente y de naturaleza laboral, se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido, se condene al pago de salarios adeudados y al pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial."...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 numeral 1) (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las sentencias deben ser claras, precisas, exhaustivas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- VIII.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los cinco días del mes de marzo del dos mil veinticinco. - VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 16 de noviembre del 2023, por la Abogada MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS como recurrente; además, es parte recurrida, la señora IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE representado en juicio por el Abogado JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral para que se declare una relación permanente y de naturaleza laboral, se condene al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido, se condene al pago de salarios adeudados y al pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 01 de septiembre del 2017 por la señora IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE, mayor de edad, hondureña, casada, con domicilio en Municipio de Tatumbla, Departamento de Francisco Morazán, contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL (SEDIS), representada en juicio por el Abogado JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 15 de marzo del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 01 de febrero del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su representante Legal la Procuradora General de la República Dra. LIDIA ESTELA CARDONA.- SEGUNDO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante Legal la Procuradora General de la República Dra. LIDIA ESTELA CARDONA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostenía la señora IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE, en contra el ESTADO DE HONDURAS través de su representante Legal la Procuradora General de la República Dra. LIDIA ESTELA CARDONA, directamente con la Secretaria de Estado en Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, y se le reconoce una antigüedad laboral a partir del 09 de enero del año 2015, asimismo se les reconocen a la demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; de igual forma se condena a PAGAR las prestaciones e Indemnizaciones desglosadas de la forma siguiente: Preaviso Lps. 81,666.66; Auxilio de Cesantía Lps. 81,666.66; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 16,673.60; Vacaciones proporcionales Lps. 8,221.10, décimo tercer mes proporcional Lps. 17,694.43; décimo cuarto mes proporcional Lps. 34,708.31 haciendo un total a pagar de DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 240,630.76), más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que el presente fallo definitivo adquiera el carácter de firme.-TERCERO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante Legal la Procuradora General de la República Dra. LIDIA ESTELA CARDONA a pagar a la señora IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE la cantidad de L 35,000.00, en concepto de vacaciones.- CUARTO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante Legal la Procuradora General de la República Dra. LIDIA ESTELA CARDONA a pagar a la señora IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE la cantidad de L 70,000.00, en concepto de décimo tercer mes de salario. QUINTO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante Legal la Procuradora General de la República Dra. LIDIA ESTELA CARDONA a pagar a la señora IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE la cantidad de L 70,000.00, en concepto de décimo cuarto mes de salario. SEXTO: SE DECLARA CON LUGAR la pretensión de la incorporación de la trabajadora IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), reconociéndosele su incorporación desde el inicio de la relación laboral en fecha 9 de enero del año 2015 hasta su terminación de la relación laboral en fecha 6 de junio del año 2017, sin perjuicio del pago de las cuotas que por ley le corresponden al patrono, así como las de la trabajadora aludida.- SEPTIMO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante, expreso en el escrito de su acción que, comenzó a prestar los servicios para la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) el día 07 de enero del 2015, desempeñando funciones como auditora y realizando subsanación en diferentes unidades dentro del SEDIS, en la unidad de Pre intervención de control de calidad sobre los procesos en especial, revisión de requisitos para los pagos a proveedores, disposiciones presupuestarias y leyes aplicables, devengando la suma de L.35, 000.00 mensuales y con pago de aguinaldo, décimo cuarto mes e inscrita en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Por motivos de salud la demandante tuvo varias incapacidades desde el 24 de abril al 05 de junio de 2017, que fueron refrendadas o extendidas por la autoridad competente, por el IHSS. Previo a las incapacidades fue citada a comparecer a una audiencia de descargo en fecha 07 de abril de 2017 con relación a un doble pago al proveedor Staff Party, explicando que todo trámite comienza con una solicitud que ingresa a la Gerencia Administrativa. El titular de la misma la aprueba o no, dependiendo de la disponibilidad presupuestaria y si acompaña la documentación correspondiente, misma que pasa a Compras para que se adjudique conforme a la ley. Luego a pre intervención dirigida por el Licenciado Víctor Cruz y si existe inconsistencia se corrige y luego pasa a la Gerencia Administrativa, la que pasa los documentos para su revisión y con respecto al pago del proveedor Staff Party, solo lo reviso una vez para su pago. Mencionando que si existe un segundo pago al proveedor ese no pasó por su despacho ni por la unidad de pre intervención. Es por ello que la demandante reitero que no conoce por qué se elaboró dos “F 01” para el pago del proveedor. Aclarando que no tiene ningún acceso al sistema para el pago de proveedores ya que su función es la revisión física de documentos y que contabilidad lleva un control de los pagos y son ellos quienes remiten a Gerencia Administrativa para la firma respectiva. Expresando que la parte demandada quiso involucrarla en un segundo pago irregular al proveedor Staff Party y, que no tengo facultades para ordenar el pago. Al término del período de sus incapacidades se presentó a sus labores, con la novedad que no se le permitía el ingreso a su centro laboral, por lo que acudió a la Inspección General del Trabajo para que la autoridad correspondiente investigara que estaba sucediendo, así como su situación laboral, la falta de pago de salario del mes de mayo de 2017 y el hostigamiento de que fue objeto por el señor Juan Ramón Ramírez. En fecha 06 de junio de 2017, se levantó un acta con un inspector del trabajo y el abogado Juan Ramón Ramírez, en su condición de oficial jurídico, manifestó que ella era una ex empleada ya que su contrato había finalizado el 30 de abril de 2017, el cual no se renovó y llegó a su fin, el cual se le notifico hasta ese día ya que la demandante se encontraba mal de salud, y que respecto a la falta de pago de salario, el señor Juan Ramón Ramírez, expresó " no se canceló el mes de mayo de 2017, por que se canceló el contrato o su relación laboral". El día que compareció al SEDIS con el Inspector del Trabajo, se le entregó una nota despido con fecha del 28 de abril de 2017. Habiendo una serie de irregularidades en la terminación del contrato entre ellas que, gozaba de incapacidad extendida por el IHSS antes del despido, sin importarles a las Autoridades del SEDIS dispusieron dar por terminado el contrato con efectividad al 30 de abril de 2017. Expresando que por esa razón no se le pagó el salario del mes de mayo y que el Departamento de Recursos Humanos del SEDIS le recibió y aprobó todas las incapacidades que se le presentaron, por lo tanto, si el contrato había finalizado no entendía la razón para aceptarle las incapacidades, y que ello era reflejo de que estaba vigente la relación laboral. Expreso que, si su contrato estaba vencido no había motivo para que esperaran su regreso al trabajo, y luego solo notificarle del vencimiento y que bastaba en que se le mencionara que no era necesario presentar más incapacidades, ya que no era empleada. Recalco que se le realizo una audiencia de descargo por un doble pago a proveedor y que pretendieron inculparle y que, entre investigaciones, el Oficial Jurídico manifestó que se le aplicó un procedimiento disciplinario que terminó con la no renovación del contrato, y que la no renovación era un acto que escondía la intención del empleador para despedirle, al no tener un motivo justo ya que no tenía ninguna responsabilidad con lo sucedido. El fraude laboral hecho por las autoridades, no se limita a la vigencia del contrato sino hasta la denominación que le hicieron a su contratación. La nota de despido consigna que no se renovara su "Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado" pero al desempeñar un cargo dentro de la Secretaría, con un horario y al percibir un salario, también aguinaldo y décimo cuarto mes, vacaciones, entre otros eso determina que cumplía con los requisitos del artículo 20 del Código del trabajo y por lo tanto sea considerada en virtud de ley como verdadera trabajadora y por consiguiente con los derechos que le corresponden. Expreso que el trato recibido por parte de la demandada, este tipo de contratos ha afectado su proyecto de vida ya que, al no reconocer el estatus de permanente, le ha impedido el no acceso al sistema de seguridad social, es decir a INJUPEMP por lo que gozar de una jubilación digna es incierta. Por lo tanto, acudió al Ministerio del Trabajo a solicitar el Reintegro al puesto de trabajo y no siendo posible la conciliación recurrió a la vía judicial. -2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, se contrató a la demandante, mediante un Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado, en aplicación estricta de lo preceptuado en los artículos 200, 201, 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. En el caso de la demandante, lo acaecido fue la llegada de la fecha de finalización del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales por tiempo determinado, suscrito con SEDIS; sin embargo la misma en los hechos de la demanda, asevera otras circunstancias que no hubo motivo justo para despedirla, por el hecho de no renovarle su contrato y que se trata de un despido injusto, siendo estas aseveraciones no válidas, ya que lo acaecido fue la fecha de finalización de su contrato, no se trata de despido alguno y al no existir despido no se debe invocar causal alguna, no obstante SEDIS ha cumplido plenamente con cada una de las cláusulas descritas en el contrato, en el cual se estipuló la fecha de finalización del contrato, como el monto del mismo y no adeuda ninguna cantidad a la señora Iris Centeno, sin embargo pretende que se le otorguen derechos que corresponden cuando ha existido una relación permanente mediante nombramiento por Acuerdo, mediante plaza otorgada y aprobada, luego de un estudio presupuestario, realizado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. Siguiendo los requisitos y procedimiento correspondiente, la demandante argumenta que, con anterioridad a la fecha del supuesto despido gozaba de incapacidad extendida por el IHSS, extremo que no constituye objeto del debate, por las razones anteriormente descritas, así como el supuesto hostigamiento que asegura haber sido objeto la demandante. En el Contrato, se estableció entre sus cláusulas la siguiente: "CLÁUSULA CUARTA: "DURACIÓN DEL CONTRATO: El presente contra de prestación de servicios profesionales es por tiempo determinado, tendrá una duración de 3 días, entrando en vigencia a partir del uno (01) de abril del año 2017 hasta el treinta (30) d abril del año 2017, la secretaría, queda facultado para suspender, modificar o dar por finalizado el presente Contrato de Prestación de Servicios Profesionales, cuando a su juico considere necesario o por cualquiera de las causas establecidas en la Cláusula Décima Primer de este contrato, sin responsabilidad alguna para la secretaría. - CLÁUSULA QUINTA MONTO DEL CONTRATO: El Contratista, devengará por la prestación de sus servicios cantidad de Treinta y Cinco Mil Lempiras (L.35, 000.00) mensuales. - CLÁUSULA DÉCIM PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: Ambas partes tendrán el derecho de resolver en cualquier tiempo dentro de la vigencia del presente contrato de prestación de servicios por cualquiera de las circunstancias siguientes: "1)...3) Por decisión unilateral de las partes CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: CONTROVERSIAS: Para dirimir las controversia que pudieren surgir en la aplicación de este contrato, ambas partes aceptan someterse la Jurisdicción de los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de la ciudad d Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central. - CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: LEYES APLICABLES…" La causa no puede reconocer un acto subjetivo originado de contratos de prestación de servicios por tiempo determinado, solo porque la parte autora estima erróneamente que le asisten los derechos, calificando a SEDIS de encubrir una real y verdadera relación laboral y que se trata de una simulación contractual y fraude laboral por el simple hecho de haber suscrito contrato por tiempo determinado, al momento de la firma del contrato no se opuso sino que aceptó cada una de las cláusulas; asimismo SEDIS se encuentra sujeto al Plan Operativo Anual y a las Disposiciones Generales Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, por lo que no puede excederse, tal con lo determina la Constitución de la República en su artículo 364; no obstante la demandante desconoce que al ser un órgano centralizado, sus empleados permanentes se deben regir por la Ley de Servicio Civil, consecuentemente si pretende que se le reconozcan derechos de los empleados permanentes y debió dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y Artículo 7 de su Reglamento, normativas que no han sido cumplimentadas por la demandante, por consiguiente SEDIS no puede otorgar el derecho reclamado y no hacerlo así, violentaría las normas y procedimientos legales, a las leyes administrativas atinentes al caso, concluyendo que no es la vía legal para alcanzar tal fin. El argumento en que se apoya la parte actora para reclamar el derecho subjetivo es los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo, mismos que no se pueden aplicar de manera antojadiza por muy conveniente que sea, ya que era de su conocimiento, que la modalidad bajo la cual está regida su relación era por tiempo determinado, la cual fue aceptada y siendo interrumpida la misma por cada periodo y no continuo, como se pretende hacer ver, para exigir derechos que no le corresponden, ya que fue contratada por contrato por Tiempo Determinado, mediante acción de personal emitido por la Dirección de Servicio Civil, órgano encargado de regular el procedimiento de empleo que labora para la Administración Pública. La señora Iris Centeno manifiesta que en fecha 28 de abril de 2017, mediante una nota fue objeto de despido, no obstante con dicha nota únicamente se le notificó que su contrato finalizaría en fecha 30 de abril del año 2017, con fundamento en la Cláusula Cuarta del Contrato, sencillamente terminó su contrato por llegar a la fecha de vencimiento, la demandante aduce que no se le pagó el salario del mes de mayo de 2017, pero en dicha fecha, no se encontraba vigente ningún contrato, pues su último contrato había finalizado el 30 de abril del 2017, el cual al llegar a la fecha de terminación concluiría su relación contractual. En cuanto al pago de salarios adeudados y dejados de percibir a título de daños y perjuicios, no pueden ser otorgados ya que la demandante no estaba sometida a una relación laboral, si no a un contrato temporal, el cual durante vigencia se pagaba según los meses que prestaba sus servicios y en el caso de inscribirse al INJUPEMP, este derecho solo es reconocido a empleados del Sector Público, con un estatus permanente y no para personal contratado por tiempo limitado. Siendo improcedente la pretensión, en cuanto al otorgamiento del nombramiento de permanencia bajo régimen de servicio civil, siendo competente exclusivamente para tal fin, la Dirección General de Servicio Civil. Rechazando lo manifestado que presentó el reclamo administrativo ante la Secretaría de Estado en Despacho de Trabajo y Seguridad Social, buscando arreglo conciliatorio en virtud que el contrato no es laboral, consecuentemente no puede ser competente de conocer tal solicitud la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, pues en caso de conflicto los competentes son los Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo y no Jurisdicción laboral.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 01 de febrero 2022, dictó sentencia que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de su representante Legal la Procuradora General de la República Dra. LIDIA ESTELA CARDONA.- SEGUNDO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante Legal la Procuradora General de la República Dra. LIDIA ESTELA CARDONA a reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostenía la señora IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE, en contra el ESTADO DE HONDURAS través de su representante Legal la Procuradora General de la República Dra. LIDIA ESTELA CARDONA, directamente con la Secretaria de Estado en Despacho de Desarrollo e Inclusión Social, y se le reconoce una antigüedad laboral a partir del 09 de enero del año 2015, asimismo se les reconocen a la demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; de igual forma se condena a PAGAR las prestaciones e Indemnizaciones desglosadas de la forma siguiente: Preaviso Lps. 81,666.66; Auxilio de Cesantía Lps. 81,666.66; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 16,673.60; Vacaciones proporcionales Lps. 8,221.10, décimo tercer mes proporcional Lps. 17,694.43; décimo cuarto mes proporcional Lps. 34,708.31 haciendo un total a pagar de DOSCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS (Lps. 240,630.76), más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que el presente fallo definitivo adquiera el carácter de firme.-TERCERO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante Legal la Procuradora General de la República Dra. LIDIA ESTELA CARDONA a pagar a la señora IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE la cantidad de L 35,000.00, en concepto de vacaciones.- CUARTO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante Legal la Procuradora General de la República Dra. LIDIA ESTELA CARDONA a pagar a la señora IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE la cantidad de L 70,000.00, en concepto de décimo tercer mes de salario. QUINTO: SE CONDENA al ESTADO DE HONDURAS a través de su representante Legal la Procuradora General de la República Dra. LIDIA ESTELA CARDONA a pagar a la señora IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE la cantidad de L 70,000.00, en concepto de décimo cuarto mes de salario. SEXTO: SE DECLARA CON LUGAR la pretensión de la incorporación de la trabajadora IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), reconociéndosele su incorporación desde el inicio de la relación laboral en fecha 9 de enero del año 2015 hasta su terminación de la relación laboral en fecha 6 de junio del año 2017, sin perjuicio del pago de las cuotas que por ley le corresponden al patrono, así como las de la trabajadora aludida.- SEPTIMO: SIN COSTAS.” Bajo el criterio que, los contratos de trabajo por tiempo determinado son legales en las relaciones de trabajo, según nuestra normativa laboral, guardando estrictamente sus características, deberá de especificarse en el contrato, la terminación de la relación laboral, forzosamente la relación laboral ha de finalizar, no pueden exceder de un año, la naturaleza de las labores es accidental o temporal. La doctrina establece que, en el contrato de trabajo por tiempo determinado o fijo, no debe bastar para determinar su naturaleza, el que se establezca en él fecha de inicio y de terminación, sino en que se plasme en él desde el momento de su celebración, el acaecimiento de un hecho o circunstancia que haga imposible la continuidad del contrato de trabajo. De la misma manera la doctrina aclara que en caso de dos o más prorrogas, el contrato se considerara por tiempo indeterminado, "a no ser que existan razones especiales que justifiquen dichas prorrogas y excluyan la intención presunta de continuar la relación laboral". Una vez determinado las características puntuales de un contrato por tiempo determinado, es de hacer ver que el paraguas tuitivo del Derecho del Trabajo, abarca y tutela la posibilidad de desvirtuar la simulación de las clases de contratos, que en muchos casos se intenta dar para encubrir su carácter de contrato indefinido, la simulación de un contrato por tiempo determinado, cuando realmente es un contrato por tiempo indefinido, convirtiendo la relación laboral simulada en una relación de trabajo de carácter indefinida, al demostrar los requisitos que establece el artículo 47 y 48 del Código del Trabajo. Como se puede observar, la señora Iris Virginia Centeno Matute ha sido contratada como temporal, en un puesto que, por su continuidad en el tiempo, en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador Secretaria De Estado En El Despacho De Desarrollo e Inclusión Social, es de naturaleza indefinida, por el mismo entorno de la labor que se desempeña en esta, es decir siempre necesitara personal para realizar las actividades de la demandante, este personal es indispensable en la Institución. El contrato de trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, su permanencia en el tiempo y la naturaleza ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los puestos de trabajo. El puesto de trabajo que desempeña la demandante en la institución, no puede ni deben considerarse de carácter temporal, como se reitera los servicios que proporciona son necesarios para la plena operatividad de la Institución, tomando en cuenta la función y el objeto de creación de la misma, concluyendo que las funciones realizadas por la trabajadora subsisten en la institución demandada. El medio de prueba reconocimiento judicial mediante Exhibición de Documentos admitido a la parte demandante acredita que la señora Centeno Matute fue sustituida por dos personas que realizan sus funciones dentro de la Secretaría. El Código del Trabajo y sus principios resuelven este tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo. Por lo que si el empleador, utilizando el contrato de trabajo por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, SON NULOS IPSO JURE dichos contratos de servicios profesionales y sus fechas de finalización, ya que los mismos eliminan disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores de una relación típica de trabajo. Haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes, no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales y previsionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio. Por consiguiente, es nulo de pleno derecho, al tenor de lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, la fecha de finalización del contrato de trabajo por tiempo determinado que en su momento suscribió la demandante, debiendo el empleador de someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada. Debido a la necesidad de todo ser humano en obtener un trabajo para garantizar su subsistencia, es que se aventura a suscribir cualquier contrato que entienda le ayudará a subvencionar sus necesidades y las de su familia, por lo que aceptaría cualquier contrato de trabajo o como se le denomine, bajo cualquier condición, por consiguiente y ante dicha debilidad social, es que la doctrina de Derecho del Trabajo y su carácter tuitivo, irrumpe e instaura los principios que ilustran ésta materia, que se mantiene firme y sólida, pese a la variación y profusión de las normas. Entre ellos, Principio de Irrenunciabilidad de Derechos Laborales, el cual supone que el trabajador está imposibilitado de privarse, voluntariamente, de las garantías que le otorga la legislación laboral, aunque sea por beneficio propio, lo que sea renunciado está viciado de nulidad absoluta porque la autonomía de la voluntad, no tiene ámbito de acción para los derechos laborales. El vínculo de las partes está bajo el amparo del Código del Trabajo, por tratarse de una relación de trabajo, no de un contrato de servicios profesionales, es entendido que la finalización de trabajo también es nula por ser ilegal y procede el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales. El principio de Estabilidad Laboral impone que el contrato de trabajo deba ser de duración continua e indeterminada y exige que durante toda su vigencia se asegure al trabajador una adecuada protección contra el despido Injustificado, de modo tal que tiene derecho a conservar el empleo mientras no se verifiquen circunstancias imputables, que justifiquen su exclusión, por lo antes expuesto la demanda de pago de prestaciones laborales, más los salarios dejados de percibir, por ser un derecho opcional Constitucional, debe ser declarada con lugar. Que en el fallo debe de quedar establecida la fecha de la terminación de la relación laboral, que el empleador ha sostenido de fecha 30 de abril del año 2017, fecha establecida como el vencimiento de su contrato, en la última contratación, sin embargo, se le notificó a la trabajadora Iris Virginia Centeno Matute esta decisión mediante el OFICIO SEDIS. RRHH-138-2017 de fecha 28 de abril de 2017, en la fecha 6 de junio del 2017. Ratificada esta fecha de entrega por el señor Juan Ramón Ramírez Oficial Jurídico de Recursos Humanos de la Secretaria, en el Acta Circunstanciada; partiendo de lo expuesto se han acompañado como medio de prueba documental una serie de reportes de Incapacidad laboral por enfermedad realizados por la trabajadora a su empleador, Incapacidades otorgadas por el IHSS y aprobaciones por parte la institución demandada de dichas incapacidades, además con el medio de reconocimiento judicial mediante exhibición de documentos se constata que las incapacidades fueron aceptadas por SEDIS, en vista de lo expuesto es claro que la fecha de la ruptura de la relación laboral se suscita el 6 de junio del año 2017, fecha en que se le entrega a la trabajadora la decisión del patrono de dar por terminada la relación laboral, en vista de lo expuesto es procedente otorgar el salario adeudado del mes de mayo del año 2017 por la cantidad de L 35,000.00. Que se ha acreditado con el medio de prueba Reconocimiento Judicial mediante Exhibición de documentos que a la trabajadora Iris Centeno no se le ha pagado, vacaciones, décimo tercer y cuarto mes de salario de los años 2016 y 2017, sin embargo, estos pagos no han sido expuestos como pretensiones por la parte actora.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de marzo del 2023, dicto sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas, bajo el criterio que, revisadas y analizadas las pruebas allegadas al proceso, esta Corte de Apelaciones observa que la demandante efectivamente fue contratada bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo determinado, pero de su lectura se desprende que son verdaderos contratos de trabajo porque reúne los elementos esenciales para considerarlos de esa manera, en un puesto que por su naturaleza no es temporal en la institución, por lo que al ser renovados los contratos, se prorrogaron en el tiempo, y de esa manera la demandante adquirió derechos a los que no puede ni debe de renunciar, habida cuenta que el contrato indefinido debe ser siempre la regla general de contratación, y la temporalidad es siempre la excepción, y debe ser probada esa temporalidad o accidentalidad por el patrono, en el caso de autos, la relación debe de tenerse en primer término como una relación laboral tutelada por el derecho del trabajo y sus Leyes, bajo la competencia de los Órganos Jurisdiccionales del Trabajo, por lo tanto para su terminación debe de invocarse y probarse una de las causas determinadas en el artículo 112 del Código del Trabajo, lo que no ocurrió, por lo que se configura un despido ilegal e injusto, que le acarrea responsabilidad al patrono, produciendo como efecto jurídico el pago de prestaciones laborales como derecho y salarios dejados de percibir como sanción indemnizatoria. Que se acredito además que el patrono no hizo efectivo el sueldo de un mes que reclama la demandante, aduciendo que el contrato había llegado a su finalización, y el pago de vacaciones y décimo cuarto mes, por lo que es procedente su reconocimiento como derecho adquirido. Que, por las razones antes expuestas, y en base a los hechos acreditados, conforme las pruebas allegadas al proceso, en apego a los Principios que rigen del derecho del trabajo como Primacía de la Realidad, Principio de Irrenunciabilidad y Progresividad de los Derechos, así como el Principio Pro Persona, siendo que la sentencia llena además los requisitos tanto externos como internos para su validez es procedente su confirmatoria.- 5.- Mediante auto de fecha 19 de septiembre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 16 de noviembre del 2023, compareció ante este Tribunal la Abogada MARIA BENERANDA MONCADA ZAVALA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 19 de febrero del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 10 de abril del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSE ROBERTO ALVARADO GALVEZ en su condición de representante procesal de la parte recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.-FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser Juzgado sino por Juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. - VI. - Revisada que fue la sentencia de fecha 15 de marzo del 2023, pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, mediante la cual se confirma la dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, Departamento de Francisco Morazán, en todos sus pronunciamientos y fundamentos. Declarándose, en la misma con lugar la demanda ordinaria laboral promovida en su oportunidad ante esa Judicatura, por la parte actora. Sin embargo, es menester indicar que el pronunciamiento sexto mediante el cual se ordena declarar con lugar: “la pretensión de la incorporación de la trabajadora IRIS VIRGINIA CENTENO MATUTE al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), reconociéndosele su incorporación desde el inicio de la relación laboral en fecha 9 de enero del año 2015 hasta su terminación de la relación laboral en fecha 6 de junio del año 2017, sin perjuicio del pago de las cuotas que por ley le corresponden al patrono, así como las de la trabajadora aludida”; excede la competencias del juzgador laboral de conformidad a lo dispuesto en el artículo 665 del Código de Trabajo, el cual dispone que la “La jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo”, por su lado el artículo 2 preámbulo y numeral 2) del mismo ordenamiento jurídico establece que las disposiciones del Código de Trabajo, son de orden público y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales, exceptuando a los empleados públicos nacionales entendiéndose como tal, aquel que cuyo puesto hay sido creado por la Constitución, la ley decreto ejecutivo o acuerdo municipal y que dicha relación entre estos y el Estado, se regirá por la Ley de Servicio. Se colige entonces, de conformidad al fallo impugnado, que la relación establecida entre el demandante y demandado es de naturaleza contractual, no regida, por una relación de servicio, es decir, mediante la emisión de un acuerdo emitido unilateralmente por la Administración Pública. Por ello, no es dable a los tribunales laborales ordenar y declarar con lugar pretensión alguna sobre la incorporación de un trabajador al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) mucho menos al pago cuotas patronales o de trabajadores, pues la relación de trabajo establecida en su momento no está bajo el amparo de la Ley de servicio Civil, ni surge de un acto administrativo sujeto al Derecho Administrativo, siendo su naturaleza contractual. La falencia antes referida determina la procedencia de nulidad del fallo impugnado. - VII.- Que las sentencias deben ser claras, precisas, exhaustivas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- VIII.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- IX.- Que lo Tribunales laborales de conformidad a lo dispuesto en el artículo 726 del Código del Trabajo, relacionados con los artículos 8 y 727 numeral 4) del Código Procesal Civil, tienen la obligación de dirigir el proceso en forma que garantice su rápido adelantamiento, por ello, el Ad Quem, deberá a resolver de forma prioritaria dicha nulidad, en el plazo de quince (15) días, por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales.- X. Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiéndose reponer las actuaciones al estado inmediatamente anterior al defecto que la ha originado, procediéndose a enmendar lo actuado conforme a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8. 1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 665, 664, y 858 del Código del Trabajo; 9 y 1586 del Código Civil; 22, 193 numeral 2) literal b), 200 numeral c) 206, 211, 212 numeral 1) , 214 numeral 3), 215 numeral 5), 217 numeral 2) y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de marzo de 2023 visible a folios 14 al 18 de la segunda pieza de autos, debiendo dicho órgano jurisdiccional reponer lo actuado, pronunciarse y resolver sobre los extremos señalados, conforme las razones y consideraciones expuestas en los Fundamentos de Derecho de la presente resolución.- Y MANDA: Devolver los autos al lugar de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redacto el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLOS. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. MAGISTRADA COORDINADORA. ROY PINEDA CASTRO. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha cinco de marzo del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación número CL 268-2023.
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITA DE LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO