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Sentencia CL-263-24 — Registro 19924

Resumen

Demanda laboral de primera instancia para el reintegro al puesto de trabajo, violación al Código del Trabajo y Contrato Colectivo, ajuste salarial retroactivo aplicados a todos los empleados aprobado desde enero del 2023 conforme al Contrato Colectivo 2022-2023, reajuste salarial equiparado al salario que devengan otros empleados de igual puesto, funciones y categoría dentro de la demandada, ajuste salarial conforme a los Contratos Colectivos que se suscriban durante el tiempo de tramitación de esta acción de reintegro.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no puede prosperar y ser admisible, ya que: a) los artículos 113 , 116 y 117 del Código del Trabajo, señalados como violados directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, los mismos regulan situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado “…REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 664, 665, 729, 730, 738 y 739 del Código del Trabajo...”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propia de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., tres de noviembre del dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 7 de agosto del 2024, por el Abogado DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora DUNIA YAMILETH ALMENDAREZ CASTRO, representada en juicio por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda laboral de primera instancia para el reintegro al puesto de trabajo, violación al Código del Trabajo y Contrato Colectivo, ajuste salarial retroactivo aplicados a todos los empleados aprobado desde enero del 2023 conforme al Contrato Colectivo 2022-2023, reajuste salarial equiparado al salario que devengan otros empleados de igual puesto, funciones y categoría dentro de la demandada, ajuste salarial conforme a los Contratos Colectivos que se suscriban durante el tiempo de tramitación de esta acción de reintegro y otros ajustes retroactivos aplicados por costo de vida, índice de precios al consumidor e inflación del 2023 y años subsiguientes, más las nuevas condiciones favorables que existieren al momento del reintegro, vacaciones causadas y su bono respectivo, bono por desempeño, incentivo a la antigüedad, décimo tercer y décimo cuarto mes de salarios y sus colaterales regulados en los Contratos Colectivos, salarios adeudados y su respectivo ajuste salarial aprobado en enero del 2023 correspondiente a la primera quincena de marzo del 2023, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 10 de abril del 2023, por la señora DUNIA YAMILETH ALMENDAREZ CASTRO, mayor de edad, casada, hondureña, Abogada, con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortes, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su representante legal el señor AMABLE DE JESUS HERNANDEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de marzo del 2024, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia de fecha veintidós (22) de enero del presente año (2024) dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial, en la demanda de la referencia; en consecuencia SE REFORMA la misma, en el sentido de: Declarar sin lugar el reajuste salarial equiparado al salario que devengan otros empleados de igual puesto, funciones y categoría dentro de la demandada.- SEGUNDO: CONFIRMAR en sus demás extremos la referida sentencia.- TERCERO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, ha laborado en forma continua y sin interrupción desde el 01 de febrero del 2011 en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) en la oficina regional noroccidental, desempeñándose al momento del despido como Enlace de Control de Ingresos, devengando un salario mensual de L.34,852.00, habiendo sido despedida sin causa justificada ni motivación legal el 16 de marzo del 2023; para perfilar la conducta laboral de la demandada que el día 14 de febrero del 2023, la demandante presentó un dictamen médico expedido por médicos especialista del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el que recomendaban “EVITAR ACTIVIDAD FÍSICA Y LABORAL EXCESIVA HASTA QUE SE REALICE LA SEGUNDA EMBOLIZACIÓN”, lo anterior derivado de su historia clínica de cefalea de características vasculares de aproximadamente 10 años de evolución, intermitente e incapacitante; fue sometida a una intervención quirúrgica realizándosele una embolización inicial del aneurisma izquierdo, pendiente de embolización del lado derecho, sin embargo la demandada obvió el dictamen desatendiendo la recomendación de evitar actividad física y laboral excesiva hasta la segunda embolización del lado derecho, y al obviar el dictamen lo entendió como una recomendación para despedirle, y con tal acto ha puesto en precario su salud violando las recomendaciones, convenios y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo aplicables a su caso concreto; el demandado tomó la decisión de despedirle unilateralmente por estar atravesando por un proceso de reorganización, pero ésta motivación de terminación unilateral es contraria a la ley y jurisprudencia laboral nacional. En esta dirección la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de la Sala Laboral Contencioso-Administrativo del 13 de noviembre del 2018 en el recurso de casación laboral expediente SL-501-16, se pronunció “que previo a una reestructuración, el patrono debe prever la posibilidad de reubicación de personal en otras áreas existentes dentro de la institución con la finalidad de garantizar a la mayoría del personal afectado la estabilidad y el derecho al trabajo consagrados en los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República”, también en otra sentencia de la Sala Laboral Contencioso- Administrativo, expediente de casación laboral SL 09-17, se pronunció el 31 de julio del 2018 “declarando que el derecho de estabilidad laboral no puede ser vulnerado bajo el tema de la reestructuración o supresión de puestos de trabajo sin respetarse lo previsto en los contratos colectivos de trabajo”. Por otro extremo dice apoyar el despido en la situación actuarial- financiera, por la que atraviesa, eventualmente ese supuesto motivo no puede ni podría constituir causa de terminación unilateral, empero, acto seguido apunta que tal situación la faculta legalmente para notificarle la terminación del contrato. La decisión la fundamenta erróneamente en el artículo 111 numerales 1) y 6) del Código del Trabajo, es decir, apoyarse ilusamente en una situación actuarial-financiera es un suceso que actúa en doble vía, si la situación actuarial-financiera hace materialmente imposible la continuidad de la demandada y consecuentemente la vigencia de los contratos de trabajo podría derivar posiblemente, según el caso, en la terminación unilateral del contrato, pero este escenario no se ha dado ni se da en la demandada, ya que despide masivamente y acto seguido contrata masivamente nuevo personal para ésta región noroccidental, lo cual es un hecho evidente e innegable que contradice esa situación actuarial-financiera, y colisiona con la ley laboral y la jurisprudencia en materia del trabajo antes citada; como está evidenciado la institución demandada, por la misma supuesta situación actuarial-financiera, no ha interrumpido ni interrumpe sus actividades ni pone en riesgo las contribuciones de los aportantes, pero contradictoriamente contrata masivamente nuevo personal para las diversas divisiones de la regional noroccidental, y en su puesto de trabajo ha contratado personal con salarios superiores al que ha venido devengando, pero persiste en asegurar que tiene desajustes actuariales-financieros, evidenciando que su despido es injusto y sin motivación legal valida; ante lo expresado acontece que en el país hubo cambios políticos, y con ello, obviamente cambios en la dirección y manejo de la institución demandada por el ascenso de un partido político, pero este evento en la vida nacional no constituye ni debe entenderse como una reorganización ni un suceso fortuito o de fuerza mayor, e invocarlas como causas legales de terminación unilateral del contrato, tampoco debe ni debió entenderse como un caso que haga imposible la continuidad de la relación de trabajo, como tampoco puede derivar en causa de inejecución temporal del contrato, conforme a derecho este suceso político no debió ni debe producir los efectos de una reorganización ni suceso fortuito o de fuerza mayor para la extinción de sus contratos de trabajo; el Contrato Colectivo de trabajo prevé lo anterior en sus cláusulas siguientes, clausula 38 si por disposiciones gubernativas, legislativas o cambio de gobierno, el Instituto se deviene obligado a una reestructuración con reducción de su personal, los trabajadores no podrán ser despedido sin justa causa. En caso de reajuste de personal por reducción de puestos en cada categoría y/o cada centro de trabajo, previa revisión de la respectivas hojas de servicio, se tomará en cuenta para que sigan laborando, los trabajadores de mayor antigüedad, capacidad y eficiencia. En todo caso se aplicará lo establecido en el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo, clausula 40 el despido con causa justificada se hará siguiendo el procedimiento establecido en el Código del Trabajo, el Reglamento Interno del Instituto, el presente contrato y demás disposiciones aplicables, levantado el acta que al efecto corresponda. Clausula 43, en todo lo no previsto en este Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, se procederá de conformidad con la Constitución de la República, el Código del Trabajo, la Ley del INUPEMP, el Reglamento Interno de Trabajo del INJUPEMP, costumbres y usos locales, y lo dispuesto en la cláusula No. 38, evidentemente, y como se probará en su momento, la demandada violentó las disposiciones contractuales y reglamentarias que son de obligatorio cumplimiento, y al no observarlas, el despido es ilegal; tal como lo ha señalado, pido un reajuste de salario y que el mismo sea igual al que devengan otros empleados que desempeñan sus labores en la misma área de control de ingresos quienes devengan un salario muy superior al que ha venido percibiendo, que además dicho sea de paso, su salario es mucho menor todavía al que devengan los recién contratados en esta regional noroccidental que llegaron a ocupar su puesto de trabajo con un salario envidiable y superior; esto demuestra que la demandada no le ha pagado un salario justo, ni los incrementos y los reajustes que a otros empleados de igual cargo han gozado creando con ello una discriminación salarial lo que es prohibido por ley. Esta actitud de la demandada contraviene los diferentes contratos colectivos firmados entre el sindicato de trabajadores y el instituto, los cuales han hecho suyo la disposición 367 del Código del Trabajo, por ello solicita de manera retroactiva el reajuste y equiparación de su salario al salario que devengan otros empleados dentro de la demandada que ejecutando el mismo puesto de trabajo, sometido a las mismas instrucciones y órdenes de trabajo que imparta el instituto haciendo práctica de la discriminación salarial evidenciando la violación de la Constitución de la República en sus artículos 127 y 128 numeral 3) y la cláusula contractual reguladora de trabajo igual salario igual. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda aceptando la fecha de ingreso, sueldo, y cargo que desempeñaba la demandante dentro del Instituto; que la parte demandada notificó por escrito a la demandante la terminación de la relación laboral que mantenía, en ningún momento se ha violentado las Garantías Constitucionales de Estabilidad Laboral, las leyes laborales vigentes, ni el contrato colectivo como lo quiere hacer ver la parte actora, debido a que está atravesando por un proceso de reorganización, de lo que deviene la necesidad de ajuste a la descripción del manual de puestos y salarios la cual es de imperante necesidad en el Instituto, y de acuerdo a la situación actuarial financiera que se atraviesa, se vio en la necesidad de dar por terminada la relación laboral con la demandante, respetuoso de las leyes laborales vigentes, y las garantías constituciones hizo de conocimiento a la demandante que se le pagaría el 100% de sus prestaciones laborales e indemnizaciones legales que por ley le corresponden; la terminación de la relación laboral en este caso no es contraria a la Ley, pues se garantizó en todo momento los derechos laborales; ha cumplido correctamente con el debido proceso, respetando la Constitución de la República de Honduras, el Código del Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo del INJUPEMP, basándose en el artículo 111 numeral 1) y 6), así como todas las demás convenciones, convenios, tratados, leyes, normativas y regulaciones laborales; que el INJUPEMP es una institución que resguarda el sagrado derecho previsional de sus afiliados y evidenciará que la terminación de la relación laboral que mantenía fue desarrollado conforme al más correcto y transparente principio constitucional del debido proceso, en el momento procesal oportuno se aportarán las pruebas pertinentes; no existen otros empleados que desempeñan las mismas labores que ejecutaba la parte actora en el departamento de control de ingresos, ni con salarios superiores; en el contexto adecuado no se le han violentado sus derechos, la nota de terminación de la relación laboral obedece estrictamente a la legislación y normativa laboral existente en el país, de tal manera que la presente e infundada acción de demanda debe ser declarada sin lugar en su totalidad; la naturaleza o giro que realiza es de una Institución de Previsión Social, sobre la cual reposan las jubilaciones y pensiones de los empleados del Sector Público o Gobierno, siendo de igual forma una Institución Pública que garantiza el otorgamiento de los beneficios previsionales por los riesgos a que están expuestos los participantes por muerte, invalidez, separación y vejez; mediante la captación, administración e inversión de sus recursos económicos de manera transparente, rentable, segura, liquida y diversificada que contribuye al desarrollo económico y consolidación del sistema de protección social del país, por lo que se vuelve imperativo el manejo económico responsable de esta loable Institución. Los argumentos de este hecho se sustentarán y en el momento procesal oportuno se presentarán los atestados respectivos para su acreditación. Finalmente sin el ánimo de interferir que de acuerdo al Principio de Justicia Social, que rige el derecho del trabajo, se debe procurar dar a cada uno lo que le corresponde, en función de velar por el bien común y el bienestar general, por ello la importancia en hacer énfasis en cuanto al giro y naturaleza como Instituto de Previsión Social que es cuya funcionalidad es loable en el desarrollo y protección social del país. 3. Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 22 de enero del 2024, dictó sentencia que, en su parte resolutiva dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral para que se ordene el reintegro al puesto de trabajo de que venía desempeñando en la regional noroccidental como "ENLACE DE CONTROL DE INGRESOS", reintegro que pide con el reconocimiento retroactivo de los ajustes salariales aprobado desde enero 2023 aplicados a todos los empleados de la demandada conforme al contrato colectivo 2022-2023; reajuste salarial equiparado al salario que devengan otros empleados de igual puesto, funciones y categoría dentro de la demandada, ajuste salarial conforme a los contratos colectivos que se suscriban durante el tiempo de tramitación de esta acción de reintegro y otros ajustes retroactivos aplicados por costo de vida, índice de precios al consumidor e inflación del año 2023 y años subsiguientes, más las nuevas condiciones de trabajo favorables que existieren al momento del reintegro. Vacaciones causadas y su bono respectivo, bono por desempeño, incentivo a la antigüedad, décimo tercer y décimo cuarto mes de salarios y sus respectivos colaterales regulados en los contratos; salarios adeudos y su respectivo ajuste salarial aprobado en enero del 2023 correspondiente a la primera quincena de marzo del 2023, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el momento en que se cumpla con el reintegro, promovida por la señora DUNIA YAMILETH ALMENDAREZ CASTRO, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representada legalmente por el señor AMABLE DE JESUS HERNANDEZ, también generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; 2) En consecuencia: CONDENA: a INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representada legalmente por el señor AMABLE DE JESUS HERNANDEZ, a REINTEGRAR a la trabajadora demandante DUNIA YAMILETH ALMENDAREZ CASTRO, a su puesto de trabajo de que venía desempeñando en la regional noroccidental como "ENLACE DE CONTROL DE INGRESOS", más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el momento en que se cumpla con el reintegro, con reconocimiento retroactivo de los ajustes salariales aprobado desde enero 2023 aplicados a todos los empleados de la demandada conforme al contrato colectivo 2022-2023; reajuste salarial equiparado al salario que devengan otros empleados de igual puesto, funciones y categoría, antigüedad dentro de la demandada, ajuste salarial conforme a los contratos colectivos que se suscriban durante el tiempo de tramitación de esta acción de reintegro y otros ajustes retroactivos aplicados por costo de vida, índice de precios al consumidor e inflación del año 2023, que se produzca durante la tramitación del presente juicio, más las nuevas condiciones de trabajo favorables que existieren al momento del reintegro. Vacaciones causadas y su bono respectivo, bono por desempeño, incentivo a la antigüedad, décimo tercer y décimo cuarto mes de salarios y sus respectivos colaterales regulados en los contratos; salarios adeudos y su respectivo ajuste salarial aprobado en enero del 2023 correspondiente a la primera quincena de marzo del 2023. 3) SIN COSTAS”. Bajo el criterio que del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso, este tribunal es del criterio que la demandada no probó en juicios los motivos que la llevaron a tomar la decisión de poner fin a la relación de trabajo llevan a este convencimiento las circunstancias siguientes, que la demandada toma la determinación de poner fin al contrato de trabajo con la demandante por un proceso de reorganización por ajuste del Manual de Puestos y Salarios la cual es necesidad en el Instituto a través del Mandato de la Asamblea General de INJUPEMP y de acuerdo a la situación actual financiera que se atraviesa, fundamentándose en el artículo 111 numeral 1) y numeral 6) del Contrato de Trabajo por caso fortuito o fuerza mayor; la demandada no acredito en juicio los motivos que tuvo para dar por terminada la relación de trabajo con el demandante, o que se hubiese respetado el proceso de reubicación, ya que para invocarse esta causal la demandada tiene que tener base en los cambios o modificaciones reales y justificadas, no solo consistir en un argumento de despido ya que dicha causal no existe como causal justificada en el ordenamiento jurídico laboral por no encontrarse contemplada en el artículo 111 del Código del Trabajo, que señala las causas de terminación de los contratos, ni en el artículo 112 que expresa las causas justas de despido; por todo lo anteriormente expuesto estima que la causal que invocada por la demandada para poner fin a la relación de trabajo con la demandante va contra el principio de estabilidad y la libre administración es limitada y esta no puede estar sobre la Ley, la Constitución de la República garantiza el derecho a la estabilidad laboral. Dentro de las pretensiones del demandante se encuentran que en el presente caso la parte actora reclama el pago de incremento salarial desde enero a marzo del año 2023; con relación a dicho reclamo se encuentra acreditado que la demandada según resolución No. 225-2023, de fecha 17 de mayo del año 2023, aprobó el incremento salarial anual general para los empleados permanentes del Instituto en el mismo porcentaje global del incremento a las pensiones (5.00%), en forma retroactiva a partir del mes de enero del año 2023; en consecuencia es procedente condenar a la demandada a pagar a la demandante el incremento salarial del 5% sobre el salario base, aumento que fue otorgado a los demás empleados de la demandada en el año 2023, así como los demás beneficios que se causen durante la tramitación del presente juicio y que estén contemplados en el Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo suscrito entre la demandada y el SITRAINJUPEMP, reajuste salarial equiparado al salario que devengan otros empleados de igual puesto, funciones, categoría y antigüedad dentro de la institución, vacaciones causadas y su bono respectivo, bono por desempeño, incentivo de antigüedad, y sus respectivos colaterales regulados en el contrato colectivo. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 14 de marzo del 2024, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia de fecha veintidós (22) de enero del presente año (2024) dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial, en la demanda de la referencia; en consecuencia SE REFORMA la misma, en el sentido de: Declarar sin lugar el reajuste salarial equiparado al salario que devengan otros empleados de igual puesto, funciones y categoría dentro de la demandada.- SEGUNDO: CONFIRMAR en sus demás extremos la referida sentencia.- TERCERO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que la demandada decidió poner fin a la relación de trabajo debido a la situación actuarial-financiera que está atravesando, por ello se ve en la necesidad de un ajuste a descripción del manual de puestos y salarios; fundamentándose en lo que dispone el artículo 111 numerales 1) y 6) del Código del Trabajo, y artículo 18 numeral 7) y 125 de la Ley del INJUPEMP, éste puede elaborar y modificar los manuales, planes, directrices, instructivos y otros lineamientos necesarios para el adecuado funcionamiento institucional, siguiendo el debido proceso de conformidad con la ley, lo anterior es posible si se cumple con lo que indica el artículo 95 numeral 19), 100 y 111 literales 8 y 9 del Código del Trabajo; sin embargo no resulta acreditado que la institución demandada haya seguido el procedimiento antes señalado ni efectuado un estudio y procedimiento previo que aconsejen el reordenamiento administrativo, para hacer más eficaz, menos superflua la administración, o para propender al nivel de gasto que le permite su situación financiera tal y como lo aduce en la nota de despido, de ahí que la desvinculación laboral en esos términos no exime a la patronal de la responsabilidad exigida por la actora, lo anterior en consonancia con el principio de estabilidad laboral que es un derecho constitucional de los trabajadores según lo establece el artículo 129 de la Constitución de la República, criterio éste que constituye línea jurisprudencial emitida por la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia en los expedientes identificados con números SL 175-08, SL 220- 08, SL 261-08, SL 291-08, SL 365-08, 105-09, 499-09, 300-11, 696-12 у 759-12, de otra parte si bien en la nota de terminación laboral hizo el ofrecimiento del pago de sus prestaciones laborales, cabe señalar que la ley faculta al trabajador a acudir a la instancia jurisdiccional a emplazar a su patrono para que pruebe la justa causa de terminación de la relación laboral el que, en caso de ser injustificado, se genera el derecho alternativo del trabajador a escoger entre el reintegro y el pago de prestaciones e indemnizaciones legales, por lo que es su decisión la que determina que acción interponer ante los tribunales, no siendo potestad del empleador limitar tal derecho; de la revisión de los autos consta que se aportaron dos constancias, resultando que los salarios devengados por tres empleados que desempeñan el mismo cargo que la actora son inferiores, de ahí que a ese respecto resultan atendibles los argumentos del recurrente y por ende debe absolverse a la demandada de tal condena. 5. Mediante auto de fecha 4 de junio del 2024, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FERNANDO ENRIQUE CASTELLANOS CABALLERO, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 7 de agosto del 2024, compareció ante éste Tribunal el Abogado DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 19 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 23 de octubre del 2024 se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa proveniente de Aplicación Indebida de lo dispuesto en el artículo 113 del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA EN ESTE MOTIVO La norma Sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 664 y 665 del Código del Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas Sustantivas de orden nacional violadas están contenidas en los artículos 116 y 120 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casacón está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 729, 730, 738 y 739 del Código del Trabajo”. III.- Que el cargo que antecede no puede prosperar y ser admisible, ya que: a) los artículos 113 , 116 y 117 del Código del Trabajo, señalados como violados directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, los mismos regulan situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado “…REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 664, 665, 729, 730, 738 y 739 del Código del Trabajo...”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propia de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, MAGISTRADA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO MAGISTRADO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre del dos mil veinticicno, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL263-24.RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOYRECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOcenter203CERTIFICACIÓNEl Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., tres de noviembre del dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 7 de agosto del 2024, por el Abogado DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), como recurrente; además, es parte recurrida, la señora DUNIA YAMILETH ALMENDAREZ CASTRO, representada en juicio por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda laboral de primera instancia para el reintegro al puesto de trabajo, violación al Código del Trabajo y Contrato Colectivo, ajuste salarial retroactivo aplicados a todos los empleados aprobado desde enero del 2023 conforme al Contrato Colectivo 2022-2023, reajuste salarial equiparado al salario que devengan otros empleados de igual puesto, funciones y categoría dentro de la demandada, ajuste salarial conforme a los Contratos Colectivos que se suscriban durante el tiempo de tramitación de esta acción de reintegro y otros ajustes retroactivos aplicados por costo de vida, índice de precios al consumidor e inflación del 2023 y años subsiguientes, más las nuevas condiciones favorables que existieren al momento del reintegro, vacaciones causadas y su bono respectivo, bono por desempeño, incentivo a la antigüedad, décimo tercer y décimo cuarto mes de salarios y sus colaterales regulados en los Contratos Colectivos, salarios adeudados y su respectivo ajuste salarial aprobado en enero del 2023 correspondiente a la primera quincena de marzo del 2023, a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 10 de abril del 2023, por la señora DUNIA YAMILETH ALMENDAREZ CASTRO, mayor de edad, casada, hondureña, Abogada, con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortes, contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de su representante legal el señor AMABLE DE JESUS HERNANDEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de marzo del 2024, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia de fecha veintidós (22) de enero del presente año (2024) dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial, en la demanda de la referencia; en consecuencia SE REFORMA la misma, en el sentido de: Declarar sin lugar el reajuste salarial equiparado al salario que devengan otros empleados de igual puesto, funciones y categoría dentro de la demandada.- SEGUNDO: CONFIRMAR en sus demás extremos la referida sentencia.- TERCERO: SIN COSTAS”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, ha laborado en forma continua y sin interrupción desde el 01 de febrero del 2011 en el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) en la oficina regional noroccidental, desempeñándose al momento del despido como Enlace de Control de Ingresos, devengando un salario mensual de L.34,852.00, habiendo sido despedida sin causa justificada ni motivación legal el 16 de marzo del 2023; para perfilar la conducta laboral de la demandada que el día 14 de febrero del 2023, la demandante presentó un dictamen médico expedido por médicos especialista del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en el que recomendaban “EVITAR ACTIVIDAD FÍSICA Y LABORAL EXCESIVA HASTA QUE SE REALICE LA SEGUNDA EMBOLIZACIÓN”, lo anterior derivado de su historia clínica de cefalea de características vasculares de aproximadamente 10 años de evolución, intermitente e incapacitante; fue sometida a una intervención quirúrgica realizándosele una embolización inicial del aneurisma izquierdo, pendiente de embolización del lado derecho, sin embargo la demandada obvió el dictamen desatendiendo la recomendación de evitar actividad física y laboral excesiva hasta la segunda embolización del lado derecho, y al obviar el dictamen lo entendió como una recomendación para despedirle, y con tal acto ha puesto en precario su salud violando las recomendaciones, convenios y resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo aplicables a su caso concreto; el demandado tomó la decisión de despedirle unilateralmente por estar atravesando por un proceso de reorganización, pero ésta motivación de terminación unilateral es contraria a la ley y jurisprudencia laboral nacional. En esta dirección la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de la Sala Laboral Contencioso-Administrativo del 13 de noviembre del 2018 en el recurso de casación laboral expediente SL-501-16, se pronunció “que previo a una reestructuración, el patrono debe prever la posibilidad de reubicación de personal en otras áreas existentes dentro de la institución con la finalidad de garantizar a la mayoría del personal afectado la estabilidad y el derecho al trabajo consagrados en los artículos 127 y 129 de la Constitución de la República”, también en otra sentencia de la Sala Laboral Contencioso- Administrativo, expediente de casación laboral SL 09-17, se pronunció el 31 de julio del 2018 “declarando que el derecho de estabilidad laboral no puede ser vulnerado bajo el tema de la reestructuración o supresión de puestos de trabajo sin respetarse lo previsto en los contratos colectivos de trabajo”. Por otro extremo dice apoyar el despido en la situación actuarial- financiera, por la que atraviesa, eventualmente ese supuesto motivo no puede ni podría constituir causa de terminación unilateral, empero, acto seguido apunta que tal situación la faculta legalmente para notificarle la terminación del contrato. La decisión la fundamenta erróneamente en el artículo 111 numerales 1) y 6) del Código del Trabajo, es decir, apoyarse ilusamente en una situación actuarial-financiera es un suceso que actúa en doble vía, si la situación actuarial-financiera hace materialmente imposible la continuidad de la demandada y consecuentemente la vigencia de los contratos de trabajo podría derivar posiblemente, según el caso, en la terminación unilateral del contrato, pero este escenario no se ha dado ni se da en la demandada, ya que despide masivamente y acto seguido contrata masivamente nuevo personal para ésta región noroccidental, lo cual es un hecho evidente e innegable que contradice esa situación actuarial-financiera, y colisiona con la ley laboral y la jurisprudencia en materia del trabajo antes citada; como está evidenciado la institución demandada, por la misma supuesta situación actuarial-financiera, no ha interrumpido ni interrumpe sus actividades ni pone en riesgo las contribuciones de los aportantes, pero contradictoriamente contrata masivamente nuevo personal para las diversas divisiones de la regional noroccidental, y en su puesto de trabajo ha contratado personal con salarios superiores al que ha venido devengando, pero persiste en asegurar que tiene desajustes actuariales-financieros, evidenciando que su despido es injusto y sin motivación legal valida; ante lo expresado acontece que en el país hubo cambios políticos, y con ello, obviamente cambios en la dirección y manejo de la institución demandada por el ascenso de un partido político, pero este evento en la vida nacional no constituye ni debe entenderse como una reorganización ni un suceso fortuito o de fuerza mayor, e invocarlas como causas legales de terminación unilateral del contrato, tampoco debe ni debió entenderse como un caso que haga imposible la continuidad de la relación de trabajo, como tampoco puede derivar en causa de inejecución temporal del contrato, conforme a derecho este suceso político no debió ni debe producir los efectos de una reorganización ni suceso fortuito o de fuerza mayor para la extinción de sus contratos de trabajo; el Contrato Colectivo de trabajo prevé lo anterior en sus cláusulas siguientes, clausula 38 si por disposiciones gubernativas, legislativas o cambio de gobierno, el Instituto se deviene obligado a una reestructuración con reducción de su personal, los trabajadores no podrán ser despedido sin justa causa. En caso de reajuste de personal por reducción de puestos en cada categoría y/o cada centro de trabajo, previa revisión de la respectivas hojas de servicio, se tomará en cuenta para que sigan laborando, los trabajadores de mayor antigüedad, capacidad y eficiencia. En todo caso se aplicará lo establecido en el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo, clausula 40 el despido con causa justificada se hará siguiendo el procedimiento establecido en el Código del Trabajo, el Reglamento Interno del Instituto, el presente contrato y demás disposiciones aplicables, levantado el acta que al efecto corresponda. Clausula 43, en todo lo no previsto en este Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, se procederá de conformidad con la Constitución de la República, el Código del Trabajo, la Ley del INUPEMP, el Reglamento Interno de Trabajo del INJUPEMP, costumbres y usos locales, y lo dispuesto en la cláusula No. 38, evidentemente, y como se probará en su momento, la demandada violentó las disposiciones contractuales y reglamentarias que son de obligatorio cumplimiento, y al no observarlas, el despido es ilegal; tal como lo ha señalado, pido un reajuste de salario y que el mismo sea igual al que devengan otros empleados que desempeñan sus labores en la misma área de control de ingresos quienes devengan un salario muy superior al que ha venido percibiendo, que además dicho sea de paso, su salario es mucho menor todavía al que devengan los recién contratados en esta regional noroccidental que llegaron a ocupar su puesto de trabajo con un salario envidiable y superior; esto demuestra que la demandada no le ha pagado un salario justo, ni los incrementos y los reajustes que a otros empleados de igual cargo han gozado creando con ello una discriminación salarial lo que es prohibido por ley. Esta actitud de la demandada contraviene los diferentes contratos colectivos firmados entre el sindicato de trabajadores y el instituto, los cuales han hecho suyo la disposición 367 del Código del Trabajo, por ello solicita de manera retroactiva el reajuste y equiparación de su salario al salario que devengan otros empleados dentro de la demandada que ejecutando el mismo puesto de trabajo, sometido a las mismas instrucciones y órdenes de trabajo que imparta el instituto haciendo práctica de la discriminación salarial evidenciando la violación de la Constitución de la República en sus artículos 127 y 128 numeral 3) y la cláusula contractual reguladora de trabajo igual salario igual. 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda aceptando la fecha de ingreso, sueldo, y cargo que desempeñaba la demandante dentro del Instituto; que la parte demandada notificó por escrito a la demandante la terminación de la relación laboral que mantenía, en ningún momento se ha violentado las Garantías Constitucionales de Estabilidad Laboral, las leyes laborales vigentes, ni el contrato colectivo como lo quiere hacer ver la parte actora, debido a que está atravesando por un proceso de reorganización, de lo que deviene la necesidad de ajuste a la descripción del manual de puestos y salarios la cual es de imperante necesidad en el Instituto, y de acuerdo a la situación actuarial financiera que se atraviesa, se vio en la necesidad de dar por terminada la relación laboral con la demandante, respetuoso de las leyes laborales vigentes, y las garantías constituciones hizo de conocimiento a la demandante que se le pagaría el 100% de sus prestaciones laborales e indemnizaciones legales que por ley le corresponden; la terminación de la relación laboral en este caso no es contraria a la Ley, pues se garantizó en todo momento los derechos laborales; ha cumplido correctamente con el debido proceso, respetando la Constitución de la República de Honduras, el Código del Trabajo y el Reglamento Interno de Trabajo del INJUPEMP, basándose en el artículo 111 numeral 1) y 6), así como todas las demás convenciones, convenios, tratados, leyes, normativas y regulaciones laborales; que el INJUPEMP es una institución que resguarda el sagrado derecho previsional de sus afiliados y evidenciará que la terminación de la relación laboral que mantenía fue desarrollado conforme al más correcto y transparente principio constitucional del debido proceso, en el momento procesal oportuno se aportarán las pruebas pertinentes; no existen otros empleados que desempeñan las mismas labores que ejecutaba la parte actora en el departamento de control de ingresos, ni con salarios superiores; en el contexto adecuado no se le han violentado sus derechos, la nota de terminación de la relación laboral obedece estrictamente a la legislación y normativa laboral existente en el país, de tal manera que la presente e infundada acción de demanda debe ser declarada sin lugar en su totalidad; la naturaleza o giro que realiza es de una Institución de Previsión Social, sobre la cual reposan las jubilaciones y pensiones de los empleados del Sector Público o Gobierno, siendo de igual forma una Institución Pública que garantiza el otorgamiento de los beneficios previsionales por los riesgos a que están expuestos los participantes por muerte, invalidez, separación y vejez; mediante la captación, administración e inversión de sus recursos económicos de manera transparente, rentable, segura, liquida y diversificada que contribuye al desarrollo económico y consolidación del sistema de protección social del país, por lo que se vuelve imperativo el manejo económico responsable de esta loable Institución. Los argumentos de este hecho se sustentarán y en el momento procesal oportuno se presentarán los atestados respectivos para su acreditación. Finalmente sin el ánimo de interferir que de acuerdo al Principio de Justicia Social, que rige el derecho del trabajo, se debe procurar dar a cada uno lo que le corresponde, en función de velar por el bien común y el bienestar general, por ello la importancia en hacer énfasis en cuanto al giro y naturaleza como Instituto de Previsión Social que es cuya funcionalidad es loable en el desarrollo y protección social del país. 3. Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 22 de enero del 2024, dictó sentencia que, en su parte resolutiva dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral para que se ordene el reintegro al puesto de trabajo de que venía desempeñando en la regional noroccidental como "ENLACE DE CONTROL DE INGRESOS", reintegro que pide con el reconocimiento retroactivo de los ajustes salariales aprobado desde enero 2023 aplicados a todos los empleados de la demandada conforme al contrato colectivo 2022-2023; reajuste salarial equiparado al salario que devengan otros empleados de igual puesto, funciones y categoría dentro de la demandada, ajuste salarial conforme a los contratos colectivos que se suscriban durante el tiempo de tramitación de esta acción de reintegro y otros ajustes retroactivos aplicados por costo de vida, índice de precios al consumidor e inflación del año 2023 y años subsiguientes, más las nuevas condiciones de trabajo favorables que existieren al momento del reintegro. Vacaciones causadas y su bono respectivo, bono por desempeño, incentivo a la antigüedad, décimo tercer y décimo cuarto mes de salarios y sus respectivos colaterales regulados en los contratos; salarios adeudos y su respectivo ajuste salarial aprobado en enero del 2023 correspondiente a la primera quincena de marzo del 2023, y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el momento en que se cumpla con el reintegro, promovida por la señora DUNIA YAMILETH ALMENDAREZ CASTRO, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; en contra del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representada legalmente por el señor AMABLE DE JESUS HERNANDEZ, también generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; 2) En consecuencia: CONDENA: a INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representada legalmente por el señor AMABLE DE JESUS HERNANDEZ, a REINTEGRAR a la trabajadora demandante DUNIA YAMILETH ALMENDAREZ CASTRO, a su puesto de trabajo de que venía desempeñando en la regional noroccidental como "ENLACE DE CONTROL DE INGRESOS", más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta el momento en que se cumpla con el reintegro, con reconocimiento retroactivo de los ajustes salariales aprobado desde enero 2023 aplicados a todos los empleados de la demandada conforme al contrato colectivo 2022-2023; reajuste salarial equiparado al salario que devengan otros empleados de igual puesto, funciones y categoría, antigüedad dentro de la demandada, ajuste salarial conforme a los contratos colectivos que se suscriban durante el tiempo de tramitación de esta acción de reintegro y otros ajustes retroactivos aplicados por costo de vida, índice de precios al consumidor e inflación del año 2023, que se produzca durante la tramitación del presente juicio, más las nuevas condiciones de trabajo favorables que existieren al momento del reintegro. Vacaciones causadas y su bono respectivo, bono por desempeño, incentivo a la antigüedad, décimo tercer y décimo cuarto mes de salarios y sus respectivos colaterales regulados en los contratos; salarios adeudos y su respectivo ajuste salarial aprobado en enero del 2023 correspondiente a la primera quincena de marzo del 2023. 3) SIN COSTAS”. Bajo el criterio que del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso, este tribunal es del criterio que la demandada no probó en juicios los motivos que la llevaron a tomar la decisión de poner fin a la relación de trabajo llevan a este convencimiento las circunstancias siguientes, que la demandada toma la determinación de poner fin al contrato de trabajo con la demandante por un proceso de reorganización por ajuste del Manual de Puestos y Salarios la cual es necesidad en el Instituto a través del Mandato de la Asamblea General de INJUPEMP y de acuerdo a la situación actual financiera que se atraviesa, fundamentándose en el artículo 111 numeral 1) y numeral 6) del Contrato de Trabajo por caso fortuito o fuerza mayor; la demandada no acredito en juicio los motivos que tuvo para dar por terminada la relación de trabajo con el demandante, o que se hubiese respetado el proceso de reubicación, ya que para invocarse esta causal la demandada tiene que tener base en los cambios o modificaciones reales y justificadas, no solo consistir en un argumento de despido ya que dicha causal no existe como causal justificada en el ordenamiento jurídico laboral por no encontrarse contemplada en el artículo 111 del Código del Trabajo, que señala las causas de terminación de los contratos, ni en el artículo 112 que expresa las causas justas de despido; por todo lo anteriormente expuesto estima que la causal que invocada por la demandada para poner fin a la relación de trabajo con la demandante va contra el principio de estabilidad y la libre administración es limitada y esta no puede estar sobre la Ley, la Constitución de la República garantiza el derecho a la estabilidad laboral. Dentro de las pretensiones del demandante se encuentran que en el presente caso la parte actora reclama el pago de incremento salarial desde enero a marzo del año 2023; con relación a dicho reclamo se encuentra acreditado que la demandada según resolución No. 225-2023, de fecha 17 de mayo del año 2023, aprobó el incremento salarial anual general para los empleados permanentes del Instituto en el mismo porcentaje global del incremento a las pensiones (5.00%), en forma retroactiva a partir del mes de enero del año 2023; en consecuencia es procedente condenar a la demandada a pagar a la demandante el incremento salarial del 5% sobre el salario base, aumento que fue otorgado a los demás empleados de la demandada en el año 2023, así como los demás beneficios que se causen durante la tramitación del presente juicio y que estén contemplados en el Contrato Colectivo de condiciones de Trabajo suscrito entre la demandada y el SITRAINJUPEMP, reajuste salarial equiparado al salario que devengan otros empleados de igual puesto, funciones, categoría y antigüedad dentro de la institución, vacaciones causadas y su bono respectivo, bono por desempeño, incentivo de antigüedad, y sus respectivos colaterales regulados en el contrato colectivo. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha 14 de marzo del 2024, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte demandada contra la sentencia de fecha veintidós (22) de enero del presente año (2024) dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta sección judicial, en la demanda de la referencia; en consecuencia SE REFORMA la misma, en el sentido de: Declarar sin lugar el reajuste salarial equiparado al salario que devengan otros empleados de igual puesto, funciones y categoría dentro de la demandada.- SEGUNDO: CONFIRMAR en sus demás extremos la referida sentencia.- TERCERO: SIN COSTAS”. Bajo el criterio que la demandada decidió poner fin a la relación de trabajo debido a la situación actuarial-financiera que está atravesando, por ello se ve en la necesidad de un ajuste a descripción del manual de puestos y salarios; fundamentándose en lo que dispone el artículo 111 numerales 1) y 6) del Código del Trabajo, y artículo 18 numeral 7) y 125 de la Ley del INJUPEMP, éste puede elaborar y modificar los manuales, planes, directrices, instructivos y otros lineamientos necesarios para el adecuado funcionamiento institucional, siguiendo el debido proceso de conformidad con la ley, lo anterior es posible si se cumple con lo que indica el artículo 95 numeral 19), 100 y 111 literales 8 y 9 del Código del Trabajo; sin embargo no resulta acreditado que la institución demandada haya seguido el procedimiento antes señalado ni efectuado un estudio y procedimiento previo que aconsejen el reordenamiento administrativo, para hacer más eficaz, menos superflua la administración, o para propender al nivel de gasto que le permite su situación financiera tal y como lo aduce en la nota de despido, de ahí que la desvinculación laboral en esos términos no exime a la patronal de la responsabilidad exigida por la actora, lo anterior en consonancia con el principio de estabilidad laboral que es un derecho constitucional de los trabajadores según lo establece el artículo 129 de la Constitución de la República, criterio éste que constituye línea jurisprudencial emitida por la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia en los expedientes identificados con números SL 175-08, SL 220- 08, SL 261-08, SL 291-08, SL 365-08, 105-09, 499-09, 300-11, 696-12 у 759-12, de otra parte si bien en la nota de terminación laboral hizo el ofrecimiento del pago de sus prestaciones laborales, cabe señalar que la ley faculta al trabajador a acudir a la instancia jurisdiccional a emplazar a su patrono para que pruebe la justa causa de terminación de la relación laboral el que, en caso de ser injustificado, se genera el derecho alternativo del trabajador a escoger entre el reintegro y el pago de prestaciones e indemnizaciones legales, por lo que es su decisión la que determina que acción interponer ante los tribunales, no siendo potestad del empleador limitar tal derecho; de la revisión de los autos consta que se aportaron dos constancias, resultando que los salarios devengados por tres empleados que desempeñan el mismo cargo que la actora son inferiores, de ahí que a ese respecto resultan atendibles los argumentos del recurrente y por ende debe absolverse a la demandada de tal condena. 5. Mediante auto de fecha 4 de junio del 2024, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FERNANDO ENRIQUE CASTELLANOS CABALLERO, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 7 de agosto del 2024, compareció ante éste Tribunal el Abogado DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 19 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 23 de octubre del 2024 se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por el Abogado JOSE DIONISIO SANCHEZ RUIZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado DAVID ISRAEL DIAZ HERNANDEZ, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa proveniente de Aplicación Indebida de lo dispuesto en el artículo 113 del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA EN ESTE MOTIVO La norma Sustantiva de orden nacional violada está contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 664 y 665 del Código del Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas Sustantivas de orden nacional violadas están contenidas en los artículos 116 y 120 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casacón está comprendido en el artículo 765 ordinal primero del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 729, 730, 738 y 739 del Código del Trabajo”. III.- Que el cargo que antecede no puede prosperar y ser admisible, ya que: a) los artículos 113 , 116 y 117 del Código del Trabajo, señalados como violados directamente, si bien tienen el carácter sustantivo exigido en este extraordinario recurso, los mismos regulan situaciones jurídicas que no tienen incidencia en la decisión final objeto del recurso; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, c) señala que dirige su ataque por vía directa por falta de aplicación, pero incluye un acápite intitulado “…REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 664, 665, 729, 730, 738 y 739 del Código del Trabajo...”, lo cual es incongruente con ese tipo de infracción o violación, ya que la inclusión de normas procesales es propia de una violación indirecta, donde se aducen los errores de hecho y de derecho provenientes de la apreciación probatoria. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, MAGISTRADA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO MAGISTRADO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO MAGISTRADA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre del dos mil veinticicno, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL263-24. FIRMA Y SELLA

RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.