Sentencia CL-261-23 — Registro 19494
Resumen
Segunda instancia reformó declarando parcialmente con lugar demanda ordinaria laboral para el pago de salarios adeudados y para el restablecimiento de derechos laborales y se ordene asignación de clases en igualdad de condiciones
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Alega falta de aplicación pero insta revisión de hechos, olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; ii) En la explicación del cargo hace mención a los artículos 47 y 347 del Código de Trabajo, mismos que no fueron señalados como norma sustantiva violada en la formulación de cargo ni en relación. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) La Norma violada indicada es el artículo 47 del Código de Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, ii) Señala violación directa misma que no se relaciona con normas procesales, ya que es propia de la violación indirecta, volviendo ineficaz el ataque."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que, si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A quo y revisado y reformado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria"...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez (10) de septiembre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha 09 de enero del 2024, por el Abogado ELVIS RENE HERNANDEZ REYES, en su condición de representante procesal los señores ANGEL EDGARDO RIVERA MARTINEZ y SINIA ROBERTINA BETANCOURT MARTINEZ; y en fecha 11 de junio del 2024, por la Abogada ELOISA LIZETH LOPEZ ROMERO, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), como partes recurrentes/recurridos, respectivamente. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de salarios adeudados y para el restablecimiento de derechos laborales y se ordene asignación de clases en igualdad de condiciones, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 09 de enero del 2019, por los señores ANGEL EDGARDO RIVERA MARTINEZ y SINIA ROBERTINA BETANCOURT MARTINEZ, ambos mayores de edad, solteros, Docentes Universitarios, hondureños y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su representante legal el señor FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 28 de abril del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 06 de marzo del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia definitiva dictada en fecha seis de marzo del dos mil veintitrés, por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en la demanda de la referencia; en consecuencia, se REFORMA la misma, en el sentido de Declarar Con Lugar la demanda, promovida por el señor ANGEL EDGARDO RIVERA MARTINEZ, para que se le reintegre su derecho a la asignación de clases en la modalidad contratada, por ende se CONDENA a la demandada al cumplimiento de la obligación antes declarada.- SEGUNDO: Se Confirma el Fallo Definitivo en todo los demás.- TERCERO: SIN COSTAS en ésta instancia por ser las normas laborales eminentemente sociales...". ANTECEDENTES DE HECHO 1. Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que, comenzaron a laborar para la UNAH el 03 de septiembre de 2016, en el puesto de Docente Tutor en el CRAED-UNAH, horario de fin de semana y atención ilimitada online a los alumnos; contratado en la ciudad de San Pedro Sula, en la UNAH-VS, asignados a trabajar en los CRAED de las regiones que le asignaran, con un salario promedio de L. 40,176.66 asignándosele dos clases por período, equivalente a L. 13,392.22 mensual. Y que sin justificación alguna en el segundo período maliciosamente se le asignó una sola clase, disminuyendo su salario; aunque por regla solo se debían programar hasta dos clases en esa modalidad, existieron profesores con asignaciones de hasta tres clases lo cual iba contra las propias reglas de la institución y es discriminatorio. Arguyeron que en el tercer periodo hicieron movimientos de traslados administrativos de los CRAED, sin embargo, a pesar de seguir la ordenes de su patrono, no les asignaron clases y no pagaron su salario promedio que habían venido desempeñando, conforme la regla del articulo 47 y 347 del Código del Trabajo, que les daban un estatus de permanente. Y que, a pesar de sus reclamos, se "tiraron la pelota" en quien le asignaba clases o pagaba su salario, sin darse respuesta, aunque siempre habían reconocido y reconocen que era y seguirán siendo empleados de la UNAH; y que donde los asignen estaban y habían estado dispuesto a cumplir según el artículo 20 del Código del Trabajo. Agregaron además que estaban afiliado al Sindicato de la UNAH por lo cual se amparan en los derechos que les confiere el contrato colectivo; expresaron además que esas acciones provocaron que hasta el día de la presentación de la demanda se deban los siguientes salarios: a. Ángel Edgardo Rivera Martínez, salario correspondiente al segundo período 2018 de una clase por L. 20,088.33, más L. 40,176.66 correspondiente al tercer período 2018 académico; sin perjudicar los que pueden generarse al final del juicio; y, b. SINIA ROBERTINA BETANCOURT MARTÍNEZ: Salario Correspondiente al tercero periodo por la cantidad de L. 40,176.66 correspondiente al tercer período académico 2018; sin perjudicar los que puede generarse al final del juicio. 2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de los demandantes, apoyando su defensa en que efectivamente los demandantes laboraron para la demandada y que fueron contratados para ejercer funciones como profesores tutores, iniciando su primer carga académica como profesores tutores en septiembre del 2016; y que desde el comienzo del tercer periodo en septiembre del 2018 no laboraron más, el primero en el CRAED de La Entrada, jurisdicción del Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copan, y la segunda en el CRAED del Municipio de Tocoa, Departamento de Colon. Arguyó que, el docente tutor es aquel que cumple la función de guía, orientador o asesor individual y grupal para el fortalecimiento de los aprendizajes y que el acompañamiento tutorial se desarrolla de acuerdo a las diferentes expresiones de la modalidad a distancia, de manera sincrónica o asincrónica con la participación activa del estudiante para retroalimentar su proceso de construcción de conocimiento, socialización de avances y supervisión de practica (ARTICULO 16 DEL REGLAMENTO DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA EN EL NIVEL DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN HONDURAS); y que funcionalmente la carga académica del docente tutor es responsabilidad del jefe de Departamento, en el caso de los empleados demandantes es el Jefe de Departamento de Pedagogía, en el Centro Regional donde laboraban, para el caso de Ángel Rivera en el CRAED del CUROG en Occidente y en el caso de Sinia Betancourt para el CRAED del Centro Regional en Tocoa; la asignación de carga académica a esos empleados es responsabilidad del Jefe de Departamento de conformidad con el Artículo 24, letras Q) y S) del Reglamento de Departamentos y Carreras de la UNAH, y operativamente depende grandemente de la cantidad de alumnos matriculados, por lo que varía en algunos periodos, bajando o subiendo la carga, también depende de factores como el no contar en ese periodo con los suficientes profesores titulares para impartir clases a lo que excepcionalmente se dispone del personal que labora como docente tutor, o quizás para cubrir a quienes gozan en ese momento de vacaciones o están con permiso, licencias o incapacitados, siendo al final situaciones que no dependen del todo de la demandada; que los que demandan creen que es obligatorio conservarles la asignación de carga académica, en lo que se refiere a las mismas asignaturas y en la cantidad de clases asignadas (dos), porque ambos conocen bien cómo opera la figura del docente tutor en dichas regionales, el pago salarial de la carga académica depende de si la laboro o no las clases asignadas, no se contratan docentes tutores para devengar un salario por dos clases aunque solo laboren una, nunca, su salario va a depender de la carga académica que imparta en ese periodo, por ello no se comprenden las razones por las cuales los demandantes alegan que se les adeuda salario, pues se les pagó lo que ellos laboraron; por lo que, consideró que la demanda ordinaria laboral planteada debe ser declarada sin lugar ya que su pretensión carece de asidero legal alguno. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 06 de marzo del 2023, dictó sentencia definitiva, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR la demanda Laboral promovida por los señores SINIA ROBERTINA BETANCOURT MARTINEZ y ÁNGEL EDGARDO RIVERA MARTINEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su representante legal el señor FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: 2) ABSUELVE: A la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su representante legal el señor FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO, de toda responsabilidad proveniente del presente juicio. 3) SIN COSTAS”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis practicadas a las pruebas en su conjunto este Tribunal considera que procede declarar sin lugar la presente demanda, llevan a este convencimiento las circunstancias siguientes: 1) Que se encuentra acreditado en autos que los demandantes fueron contratados para impartir clases por periodo, como una duración de cada periodo de enero a mayo, de mayo a agosto, y de septiembre a diciembre, y que el pago dependía del valor de las horas impartidas, es decir, según las unidad valorativas que tuvieran las clases asignadas; 2) En el presente juicio se encuentra plenamente probado que a los demandantes no se les asignó carga académica en el tercer periodo del año 2018, razón por la cual, no percibieron salarios durante ese periodo. Así como al señor ÁNGEL EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ, en el segundo periodo del año 2018, se le asigno una clase. 3) Que es un hecho aceptado por las partes que el salario dependía de la carga académica asignada en cada periodo, y el número de unidades valorativas, de cada clase asignada, en el caso de autos los demandantes no puede pretender que se condene a la demandada al pago de un salario por el cual no han trabajado ya que como se dijo antes, el salario de los demandantes estaba sujeto a la impartición de clases por hora en cada periodo, es decir, su salario dependía de la carga académica asignada, los demandantes pretenden que se les pague un salario, como si se tratara de un salario fijo, situación que no aplica en el presente juicio, debido a que el salario era variable y dependía de la carga académica asignada tal como consta en autos según los pagos recibidos por los demandantes, por cada periodo, para el caso del señor ÁNGEL EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ, en el primer periodo del año 2018, se le asignó dos clases por lo que devengo un salario de L. 40,176.66, y en el segundo periodo del año 2018, se le asignó una clase por lo que devengó un salario de L. 20,088.33, y SINIA ROBERTINA BETANCOURT MARTÍNEZ, en el primer periodo del año 2018, se le asignó dos clases, por lo que devengó un salario de L. 40,176.66, en el segundo periodo del año 2018, se le asignó dos clases por lo que devengo un salario de L. 40,176.66. 4) Que la parte actora alega de manera extemporáneamente en sus alegaciones que "la demandada deberá de pagarle al señor ÁNGEL RIVERA, el cien por ciento de su demanda y todo el pago de salarios dejados de percibir hasta la fecha, más el apercibimiento por parte de este Juzgado a la demandada para que restituya los derechos al señor ÁNGEL RIVERA", petición que es improcedente, en vista que las posiciones de las partes están establecidas en el escrito de demanda y en el escrito de contestación. Y la parte actora en su escrito de demanda en ningún momento ha demandado pago de prestaciones para que pueda condenarse al pago de los salarios dejados de percibir, y en cuanto al pago de todo lo reclamado este Tribunal ya establecido porque no proceden los conceptos que reclama. En el presente juicio no procede la aplicación del ultra y extra petita, ya que la parte actora en su escrito de demanda pide sin perjuicio lo que pueda generar al final del juicio, sin establecer a que conceptos se refiere. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 28 de abril del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte demandante, contra la sentencia definitiva dictada en fecha seis de marzo del dos mil veintitrés, por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en la demanda de la referencia; en consecuencia, se REFORMA la misma, en el sentido de Declarar Con Lugar la demanda, promovida por el señor ANGEL EDGARDO RIVERA MARTINEZ, para que se le reintegre su derecho a la asignación de clases en la modalidad contratada, por ende se CONDENA a la demandada al cumplimiento de la obligación antes declarada.- SEGUNDO: Se Confirma el Fallo Definitivo en todo los demás.- TERCERO: SIN COSTAS en ésta instancia por ser las normas laborales eminentemente sociales...". Bajo el criterio que, en el caso sub lite, el demandante reclama el pago de salarios adeudados y complementarios, sin embargo, según el medio de prueba documental consistente en el detalle de pagos realizados por la Dirección de Compensación Salarial y Beneficios Sociales, su último salario nominal fue por la cantidad de veinte mil ochenta y ocho lempiras con treinta y tres centavos (L. 20,088.33), salario que fue cancelado, ver folio doscientos treinta vuelto, es por esta razón que su pretensión no puede prosperar, al haber impartido únicamente una asignatura, la cual ya fue efectuado su pago y al no devengar un salario fijo, no puede pretender el pago complementario y salarios adeudados que reclama. Por otra parte, la demandante Sinia Betancourt Martínez, pretende el pago de salario relativo al tercer periodo del año 2018, quedó demostrado que esta laboró en el mencionado año, en el primero periodo comprendido del 03 de febrero al 06 de mayo del 2018, su salario nominal fue por la cantidad de cuarenta mil ciento setenta y seis lempiras con sesenta y seis centavos (L. 40.176.66), que de igual forma, consta que fue realizado su pago, ver folio 229, no obra prueba en el proceso que demuestre que la demandante haya impartido clases en dicho periodo, consecuentemente, al no haber impartido clases no puede ser atendible los conceptos que reclama. Finalmente, en lo que respecta al restablecimiento integro de su derecho a la asignación de clases al señor Ángel Rivera, quedó probado con el oficio número 816-DERH/SEDP de fecha 27 de octubre del 2022, emitido por la Jefa del Departamento de Efectividad del Recurso Humano, Ivy Claudett Aly Reyes, que su última contratación fue del 26 de mayo al 26 de agosto del 2018, con lo que se comprueba que han transcurrido ya varios años en que este no ha ejercido sus labores de docencia, y al ser un maestro tutor que labora desde el año 2016, debe tener un status activo dentro del engranaje de la docencia, ya que posee además estabilidad y la permanencia laboral, que indica el art. 47 del Código del Trabajo, por tanto, debe de reestablecérsele su derecho a la impartición de clases, si bien es cierto la parte demandada alegó que para poder asignar clases a los profesores tutores inciden varios factores como la cantidad de alumnos matriculados por asignatura, este extremo no logró ser probado, por el contrario en la secuela del juicio se demostró que a la demandante Sinia Betancourt le fue normalizado la asignación de su carga académica, lo que demuestra que existe una desigualdad de condiciones en perjuicio del señor Ángel Rivera, es por tal razón que considera este Tribunal de Alzada, que se le debe de reestablecer el derecho a la asignación de clases en la modalidad contratada. Por las razones antes expuestas, se estima procedente REFORMAR la sentencia apelada. 5. Mediante auto de fecha 16 de octubre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por los Abogados ELVIS RENE HERNANDEZ REYES, en su condición de representante procesal los señores ÁNGEL EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ y SINIA ROBERTINA BETANCOURT MARTÍNEZ; y, ELOISA LIZETH LÓPEZ ROMERO, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a cada uno de los Recurrentes por el plazo de veinte (20) días, para que formulen sus demandas de casación de la siguiente forma: a) Al apoderado demandante dicho termino le comenzará a contar a partir del día siguiente de la notificación de esta resolución y, b) A la representante procesal de la parte demandada, a partir del día siguiente de la notificación de la resolución en que se tenga por devuelto el traslado anterior. 6. En fecha 09 de enero del 2024, compareció ante este tribunal, el Abogado ELVIS RENE HERNANDEZ REYES, en su condición de representante procesal los señores ÁNGEL EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ y SINIA ROBERTINA BETANCOURT MARTÍNEZ, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 01 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación; y en fecha 11 de junio del 2024, compareció ante este Tribunal, la Abogada ELOISA LIZETH LÓPEZ ROMERO, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria; por lo que mediante providencia de fecha 01 de agosto del 2024, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación; omitiéndose el traslado, ordenando dar copia a la parte contraria para la contestación en forma común, por el término de diez días, el cual surtirá efecto en esta Secretaría, donde se mantendrán los autos a su disposición; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 05 de noviembre del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado ELVIS RENE HERNANDEZ REYES, en su condición de representante procesal los señores ÁNGEL EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ y SINIA ROBERTINA BETANCOURT MARTÍNEZ, como parte demandante, recurrente/recurrida; y en proveído de fecha 25 de febrero del 2025, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte de la Abogada ELOISA LIZETH LÓPEZ ROMERO, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), como parte demandada, recurrente/recurrida; para contestar el recurso de casación, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado ELVIS RENE HERNANDEZ REYES, en su condición de representante procesal de los señores ÁNGEL EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ y SINIA ROBERTINA BETANCOURT MARTÍNEZ, en su único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia de: ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por Infracción directa de la ley sustantiva por falta de aplicación de los artículos 95 numeral 1 y 2, Artículo 376 del código del trabajo; que expresan específicamente cito: "Articulo 95: Además de las contenidas en otros artículos de este código, en sus reglamentos y en las leyes de previsión social, son obligaciones de los patronos: 1) pagar la remuneración pactada en las condiciones, periodos y lugares convenidos en el contrato, o en los establecidos por las leyes y reglamentos de trabajo, o por los reglamentos internos o convenios colectivos, o en su defecto por la costumbre; 2) Pagar al trabajador el salario correspondiente al tiempo que dejare de trabajar por causas imputables al patrono”, y relacionado y complementario lo expresado (cito) "Articulo 376: Durante la vigencia del contrato el trabajador tiene derecho a percibir el salario, aun cuando no haya prestación del servicio por disposición o culpa del patrono". La Corte de Apelaciones hizo caso omiso de la ley sustantiva citada, siguiendo la norma del artículo 114, que es referente a la facultad de una despido indirecto y el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula en equiparar la indemnización de salarios dejados de percibir como propios de un despido estando errónea dicha aplicación.- Cito como precepto autorizante el Ordinal 1o., párrafo 1o. del artículo 765 del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La norma sustantiva violada son los artículos 95 numeral "1" y "2" y "376" del Código del Trabajo; PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el párrafo 1 del numeral 1° del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El Juzgado de Letras del Trabajo Y la corte de Apelaciones del trabajo de San Pedro Sula, no aplicaron como era su deber los artículos 95 numeral 1 y 2 y artículo 376 del Código del Trabajo teniendo conocimiento y que consta en autos que el reclamo del demandante Ángel Edgardo Rivera Martínez es por haber cesado su asignación de clases como docente contratado y obra en autos y lo hace suyo la Corte de Apelaciones que establece la concurrencia del derecho de estabilidad contenido en el artículo 47 y 347 del código de trabajo, y consta en autos que el demandante ha sido empleado desde el 3 de septiembre de 2023 junto a la otra co-demandante. Tal como está relacionada en las sentencias de primera y segunda instancia y que obra acreditado en autos a folios 18, 24, 25 y 28. Así mismo es claro que la Demandada no desvirtuó su responsabilidad de no asignación de clases e incluso hizo cambios sin notificación al demandante, dejándolo en indefensión. La norma sustantiva contenida en los artículos 95 numeral 1 y 2 y articulo 376 precisamente se trata de esa responsabilidad del patrono en pagar por la inactividad imputable a su parte, fijando con esto la responsabilidad por el ius variandi cuando es prejuicioso al trabajador, precisamente por su desventaja en la toma de decisiones, así mismo la Corte de Apelaciones reconoce la desigualdad entre dos empleados en situaciones similares. La inaplicación de los artículos 95, numeral 1 y 2 y articulo 376 es una infracción directa a la norma sustantiva contenida en ella de protección del derecho laboral hacia el empleado en circunstancias en las cuales no dependen del trabajador lo cual esta como parte del proteccionismo establecido en el código, caso contrario sería una práctica común de los patronos hacer actos u omisiones que dejen a los trabajadores a su suerte por cambios que sólo son responsabilidad del patrono y el trabajador no debería asumir esos riesgos. Por tal razón no puede dejarse al trabajador asumir ese riesgo y afrontar las decisiones o ius variandi del patrono cuando sea lesivo al pecunio del empleado. Por tal razón se cree procedente la admisión y declaración de casar la sentencia parcialmente en los términos señalados, debiéndose pagarle los salarios dejados de percibir por el trabajador producto de la inactividad imputable al patrono que ya fue reconocida en la sentencia de la corte de apelaciones no así el pago de estos salarios”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Alega falta de aplicación pero insta revisión de hechos, olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; ii) En la explicación del cargo hace mención a los artículos 47 y 347 del Código de Trabajo, mismos que no fueron señalados como norma sustantiva violada en la formulación de cargo ni en relación. IV. Que la Abogada ELOISA LIZETH LÓPEZ ROMERO, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional por vía directa proveniente de la aplicación indebida del artículo 47 del Código de Trabajo contenido en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia impugnada. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: La norma procesal que sirvió de medio para la violación de la norma sustantiva señalada está contenida en el artículo 726, 739 y 858 del Código del Trabajo, que nos remite a la norma procesal análoga aplicable en materia del trabajo, como lo es el Código Procesal Civil, articulo 206 numeral 2 y 208. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, en el fundamento de derecho cuarto de la resolución impugnada, concluye que, al demandante, señor ÁNGEL EDGARDO RIVERA MARTÍNEZ le asiste el derecho a permanencia, por tanto, debe restablecerse su derecho a la impartición de clases, conclusión que resulta incongruente y contradice el principio de coherencia que debe regir las resoluciones judiciales, ya que a lo largo del proceso, en ambas instancias no se fijó como objeto del debate, determinar si a los demandantes, les asistía este derecho, ya que de haber sido así debió establecerse en primer lugar en el petitorio de la demanda incoada, y por otra parte debió ser fijado por el A-Quo y Ad-Quem, en las instancias respectivas, situación que no aconteció, por ende resulta improcedente por parte de la Corte sentenciadora, fundamentar su decisión de restablecer el supuesto derecho del demandante a la impartición de clases con base a lo que establece el artículo 47 del Código de Trabajo, ya que de aceptarse esta decisión, se dejaría en indefensión a mi representada, pues no se le permitió preparar una defensa y medios de prueba para un juicio que centraba la controversia en determinar si asistía el derecho a permanencia, claramente se fijó como objeto del debate en la resolución emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Cortes, lo siguiente: "De acuerdo a las posiciones fijadas por las partes, el debate se centra en determinar si procede o no el reclamo de salarios adeudados a favor de los demandantes, y el restablecimiento de derechos laborales y se ordene la asignación de clases al señor Ángel Rivera". En tal sentido, existe una aplicación indebida de la norma previamente señalada, ya que el demandante estebaba bajo la modalidad de contratación por tiempo determinado, en consecuencia, violentan y disminuyen los derechos y garantías de mi representada, ya que el juez está llamado a dirigir el proceso, y resolver de acuerdo con lo peticionado por las partes, sin extralimitarse en esta función, vulnerando a las partes intervinientes.” V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) La Norma violada indicada es el artículo 47 del Código de Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, ii) Señala violación directa misma que no se relaciona con normas procesales, ya que es propia de la violación indirecta, volviendo ineficaz el ataque. VI. Que la Impetrante formula un segundo motivo de casación en el que alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria por vía indirecta de la norma sustantiva nacional proveniente de la falta de aplicación del artículo 46 literal b) que proviene de la apreciación errónea del medio de prueba documental público consistente en Oficio No. 816-DERH/SEDP de fecha 27 de octubre del 2022 que obra a folio 233 de la primera pieza, incurriendo el sentenciador en error de hecho contenido en el fundamento de derecho tercero cuarto. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación indirecta están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, una vez revisadas las diligencias de primera instancia, concluye en su fundamento de derecho cuarto, referente al medio de prueba documental público, consistente en el oficio No. 816-DERH/SEDP de fecha 27 de octubre del 2022 que obra a folio 233, ya que al realizar el análisis y valoración de dicho medio de prueba, concluye la Corte sentenciadora que la última contratación del señor Rivera fue el 26 de mayo del 2018, con lo que se comprueba que han transcurrido ya varios años en que este no ha ejercido sus labores de docencia, y al ser un maestro tutor que labora desde el 2016, debe tener un estatus activo dentro del engranaje de la docencia, de lo anterior se desprende que por una parte el Ad Quem reconoce el hecho que el demandante no mantenía una relación laboral con la UNAH desde el año 2018, ya que como se señaló en el Oficio antes referido, el demandante fue contratado de manera temporal, de acuerdo a la necesidad institucional en cada periodo académico, situación que no fue considerada por la Corte sentenciadora, quien concluye y decide que el demandante era un empleado permanente, aun cuando claramente se estableció el estatus de su contratación, siendo esta conforme a lo que establece el artículo 46 del Código de Trabajo. Honorables Magistrados, si bien es cierto toda persona tiene derecho a ejercer su derecho de petición y a exigir el reconocimiento de los derechos en que se considere afectado, también es cierto que en caso que se emita una resolución en la que se reconozca un derecho, esta debe ser según los hechos planteados, medios de prueba allegados, valorando correctamente los medios de prueba, pues no basta solamente que se reconozca un derecho, sino que se haga conforme a derecho y bajo las premisas correctas derivadas de la valoración probatoria.” VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) La Norma violada indicada es el artículo 46. b) del Código de Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; ii) Establece falta de aplicación en la violación indirecta, no siendo procedente la misma bajo ese ataque; y, iii) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. VIII. La Recurrente alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “Se solicita se declare la nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada el cinco (5) de junio del dos mil veintitrés (2023) por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes; por haber sido proferida sin sujetarse a los lineamientos que sobre esta materia regula el Código del Trabajo y supletoriamente el Código Procesal Civil, violando con ello normas de orden público, que por lo tanto, no pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares y su nulidad puede ser alegada por todo aquel que tenga interés en ella y cuando conste en autos puede declararse de oficio aunque las partes no la aleguen; tal deficiencia se detalla así: La resolución emitida, en el fundamento cuarto en relación al acápite primero de la parte dispositiva, en virtud de carecer de congruencia, entre lo peticionado, fijado como objeto del debate y lo resuelto por la Corte sentenciadora, ya que resuelve determinar que el demandante es un empleado permanente, aun cuando la presente demanda ordinaria o tenía como pretensión el mismo, y con base a ese razonamiento restituye el derecho a impartir clases, conclusión que resulta incongruente, pues reconoce un derecho que no fue objeto de prueba y contraprueba por parte de mi representada, violentando de esta manera el derecho a defensa, legalidad, violentando las normas procesales en cuanto a los requisitos internos de una sentencia, conforme a lo que establece el artículo 206 numeral 1) del Código Procesal como norma supletoria: "Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas", en relación a los artículos 208 y 212 numeral 4 del Código Procesal Civil, requisito que en el presente caso ha sido omitido, vulnerando de esta manera el principio de legalidad y debido proceso de mi representada, conforme a lo que dispone el artículo 858 del Código del Trabajo, siendo aplicable por analogía lo que regula y manda el Código Procesal Civil en el artículo 206.1, 212.4 y 215.1.” IX. Que, si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A quo y revisado y reformado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. X. Por lo anteriormente expresado, procede declarar NO HABER LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito formalizado por el Abogado ELVIS RENE HERNANDEZ REYES, en su condición de representante procesal los señores ANGEL EDGARDO RIVERA MARTINEZ y SINIA ROBERTINA BETANCOURT MARTINEZ; en su único motivo y el formalizado por la Abogada ELOISA LIZETH LOPEZ ROMERO, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), en su sus dos motivos así como de la nulidad subsidiariamente solicitada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por UNANIMIDAD de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR los recursos de casación formalizados por el Abogado ELVIS RENE HERNANDEZ REYES, en su condición de representante procesal los señores ANGEL EDGARDO RIVERA MARTINEZ y SINIA ROBERTINA BETANCOURT MARTINEZ, en su único motivo y por la Abogada ELOISA LIZETH LOPEZ ROMERO, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), en su sus dos motivos así; 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiariamente solicitada por la Abogada ELOISA LIZETH LOPEZ ROMERO, en su condición antes indicada; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de octubre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 261-2023. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
SECRETARIO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.