Sentencia CL-24-23 — Registro 19644
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, de lo contario sea condenado a pagarle las prestaciones sociales, treceavo mes proporcional, catorceavo mes proporcional, vacaciones proporcionales, salarios caídos, costas del juicio, todo en virtud del despido directo, injusto e ilegal del que fue objeto.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: En la formulación se alega el concepto de interpretación errónea de la ley; pero es el caso, que el mismo solo tiene cabida en este en este extraordinario recurso de casación, cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que la misma contiene, es decir, cuando el entendimiento por aquél, es equivocado o erróneo con respecto a su contenido. Sin embargo, revisado el fallo impugnado que es confirmatorio del de primera instancia, estima este Tribunal, que el juzgador de instancia le ha dado el alcance apropiado a la norma señalada como infringida, al declarar con lugar la demanda y consecuentemente ordenar el pago de los derechos e indemnizaciones reclamadas por el demandante, a razón del despido injusto e ilegal del que fue objeto, no demostrando el Recurrente en la explicación la interpretación errónea esgrimida."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se alega el concepto de infracción por error de hecho en la apreciación errónea de la prueba, pero en la explicación se alude a una “…correcta interpretación…” de ciertas normas (Art. 2.2 y 46 inciso b), contenidas en el Código de Trabajo, mención, propia de la interpretación errónea que es incompatible con la infracción indirecta señalada en la formulación; b) se realizan en la explicación alegatos de instancia importunos en este recurso extraordinario. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los fundamentos del A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio, resolviendo conforme a libre formación del convencimiento y a los principios que informa y nutren esta materia. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora Adscrita de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiún días del mes de enero del año dos mil veinticinco.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 30 de agosto del 2023, por el Abogado RODOLFO MEDRANO CRUZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor ROBERTO DENNIS ESCOBAR, representado en juicio por el Abogado SERGIO ENRIQUE RIVERA ESCOBAR. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa del despido, de lo contario sea condenado a pagarle las prestaciones sociales, treceavo mes proporcional, catorceavo mes proporcional, vacaciones proporcionales, salarios caídos, costas del juicio, todo en virtud del despido directo, injusto e ilegal del que fue objeto; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortés, en fecha 06 de septiembre del 2021, por el señor ROBERTO DENNIS ESCOBAR, mayor de edad, soltero, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y con domicilio en Villanueva, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA; por actuaciones de la DIRECCIÓN DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF), a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 29 de noviembre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 18 de octubre del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por el señor ROBERTO DENNIS ESCOBAR; contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la de la PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada por la abogada LIDIA ESTELA CARDONA, también generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, por actuaciones de la DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, (DINAF), a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL; En consecuencia: CONDENA: Al EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la de la Procuradora General De La República, representada por la abogada LIDIA ESTELA CARDONA, a pagar al demandante SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 74,464.34), desglosado de la forma siguiente: Preaviso L. 25,666.80, Cesantía L. 25,666.80, Cesantía proporcional L.4420.39, vacaciones proporcionales L. 2210.20., décimo tercer mes proporcional L. 11,000.00., décimo cuarto mes proporcional L.5,500.05.-Más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el demandante desde que se produjo la terminación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN INTERPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA.- TERCERO: SIN COSTAS. Por tratarse de una demanda contra el Estado Honduras no procede condena en costas”. -ANTECEDENTES DE HECHO.-1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que ingresó a laborar para la DINAF, el 27 de agosto del 2018, como Motorista, cargo que desempeñó hasta el 31 de diciembre del 2020, día en que fue despedido injustificadamente y que, había sido contratado de forma escrita por medio de contratos temporales consecutivos, y al momento del despido directo devengaba un salario promedio mensual de L. 12,833.40; agregó que firmó varios contratos temporales de forma consecutiva, que cada vez que finalizaba un contrato de inmediato firmaba el siguiente contrato temporal, de manera que nunca hubo una interrupción de la relación laboral hasta el 31 de diciembre del 2020, y que al regresar a labores el 04 de enero del 2021, los guardias de seguridad de la institución no lo dejaron entrar a su trabajo a realizar sus laborales, alegando que habían recibido la orden del departamento de recursos humanos de no dejarlo entrar, porque el contrato temporal ya había finalizado, lo que le fue comunicado de forma verbal, ya que no, se le notifico nada por escrito. Asimismo, mencionó que el artículo 3 del Código del Trabajo, claramente dice que "Son nulos los de pleno derecho todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o prevención social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera"; por lo que afirmó que los contratos temporales que firmó con la demandada son nulos por que representan la anulación de un derecho otorgado a los trabajadores por la legislación laboral hondureña como es la estabilidad laboral, esto al tenor de lo dispuesto en el artículo 47 del mismo cuerpo de leyes; debido a que la labor que desarrollaba era una labor permanente ya que siempre habían tenido y tendrán motoristas dentro de dicha institución y debido al largo periodo de tiempo de 2 años y 4 meses, que laboró con la demandada de forma ininterrumpida, es imposible que sea considerado un contrato por tiempo definido. Argumentó que, tratando de arreglar el problema, y para evacuar el trámite gubernativo acudió a la inspectoría de la Secretaría del Trabajo de esa ciudad, siendo imposible llegar a un acuerdo conciliatorio, dando por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones que persigue el demandante, alegando en su defensa que el demandante, sostuvo una relación contractual con la demandado, relación contractual que era por tiempo limitado en estricto apego a lo preceptuado en el Articulo 46 literal b) del Código del Trabajo que instruye "El contrato individual de trabajo puede ser... b) Por tiempo limitado cuando se especifica fecha para su terminación...", de lo cual el demandante siempre tuvo pleno y absoluto conocimiento, quien aceptó y consintió la modalidad bajo la cual estaba siendo contratado, tal como lo establece la cláusula segunda, del Contrato Individual de Trabajo, suscrito entre las partes; y que dicha contratación estaba sujeta al Plan Operativo Anual (POA), conforme a las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, en estricto apego a lo establecido en el artículo 364 de la Constitución de la República que estatuye: "No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias"; no obstante, el demandante al procurar que se le pagaran y otorgaran derechos que no le correspondían, tal y como lo exigió en su improcedente demanda, únicamente pretende extraer del erario público cantidades que no son dignas de tutela jurídica, pues los derechos exigidos por la parte actora son beneficios reconocidos únicamente para empleados con estatus permanente y que cuenten con un renglón presupuestario acordado por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas. Arguyó, que ambas partes aceptaron y ratificaron, conformes y entendidos los términos del referido Contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo; en su defecto el Juzgador de la causa no puede reconocer un acto subjetivo originado de contratos a término, simplemente porque el autor de la demanda estima erróneamente que la causa que ha originado el surgimiento de la relación laboral ha subsistido y subsistirá siempre, pretendiendo desconocer su entero conocimiento y estar de acuerdo con las cláusulas contractuales y que sus prestaciones de servicio eran temporales y transitorias de periodos cortos y con fechas determinadas en tiempo y que no constituyen ningún derecho de reconocimiento de una relación laboral de carácter permanente; no obstante, el demandante aceptó y consintió el plazo establecido en el contrato, en tal sentido no puede obligar al demandado a reconocerle derecho alguno, tomando en cuenta que cada contratación debe hacerse según las disponibilidades presupuestarias del ejercicio fiscal de cada año; y que únicamente la demandada dio cumplimiento a cada una de las cláusulas del contrato que se suscribió con el demandante, y en ningún momento se le violentó ningún derecho, por el hecho de haber suscrito un contrato a término, por lo que el artículo 47 del Código del Trabajo, al que hizo referencia el demandante, no era aplicable a los contratos a término, celebrados con la Administración Pública, pues son contratos meramente Administrativos, siendo contratos de carácter temporal, con vigencia determinada, por cuanto el reclamo formulado por el demandante es improcedente, pues no existe obligación alguna, ya que la relación existió bajo las disposiciones de un contrato a término sin obligación alguna para las partes conforme a lo que establece el Artículo 124-C, párrafo segundo de la "Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia con el Gobierno", vigente desde el 23 de enero del 2014 que establece: "en caso de los empleados por contrato, los mismos deberán sujetarse al plazo y a las condiciones contractuales convenidas entre las partes"; además destacar que el demandado actuó conforme a la ley, ya que la misma normativa laboral (Código de Trabajo) en su Artículo 46 literal b) establece que los contratos pueden ser por tiempo limitado cuando se estipula fecha de terminación, que es el caso de mérito. Señaló además que las contrataciones mediante Contrato Individual de Trabajo en la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), se rigen a lo establecido en el artículo 46 literal b) del Código de Trabajo, sin embargo la parte actora en forma equívoca y a su conveniencia, aduce que le asisten los derechos que reclama por la labor que ha desempeñado, haciendo caso omiso que los empleados permanentes son nombrados a través de un Acuerdo, prestando sus servicios personales a la Administración Pública bajo el régimen y protección de la Ley de Servicio Civil, cabe resaltar que el Acuerdo de Nombramiento no establece una fecha de terminación de la relación laboral, a diferencia de los Contratos Individuales de Trabajo a término, que si establecen una fecha de inicio y de terminación del contrato, tal y como lo establece el mismo estamento legal que el demandante pretende amparar sus pretensiones (Código del Trabajo); Asimismo el artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, ya prescribe que los empleados por contrato no están amparados bajo ese precepto del artículo anterior. Además, mencionó que el demandante, no fue objeto de despido, ya que en ningún momento se le notificó el mismo, siendo lo acaecido, que el contrato que suscribió llegó a su fecha de terminación, tal como se había pactado en la cláusula segunda, situación que era de pleno conocimiento del demandante, pues el contrato suscrito entre las partes era por tiempo determinado, el que tenía fecha de inicio y fecha de finalización y en efecto, el mismo llego a su fin sin responsabilidad alguna para el demandado, por lo que en ningún momento se puede configurar como un despido. Asimismo, al momento de contestar la demanda la parte demandada interpuso Excepción Perentoria de Prescripción.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula Departamento de Cortés, en fecha 18 de octubre del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR la demanda laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por el señor ROBERTO DENNIS ESCOBAR; contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la de la PROCURADORA GENERAL DE LA REPUBLICA, representada por la abogada LIDIA ESTELA CARDONA, también generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, por actuaciones de la DIRECCIÓN DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA, (DINAF), a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL; En consecuencia: CONDENA: Al EL ESTADO DE HONDURAS, a través de la de la Procuradora General De La República, representada por la abogada LIDIA ESTELA CARDONA, a pagar al demandante SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 74,464.34), desglosado de la forma siguiente: Preaviso L. 25,666.80, Cesantía L. 25,666.80, Cesantía proporcional L.4420.39, vacaciones proporcionales L. 2210.20., décimo tercer mes proporcional L. 11,000.00., décimo cuarto mes proporcional L.5,500.05.-Más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el demandante desde que se produjo la terminación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN INTERPUESTA POR LA PARTE DEMANDADA.- TERCERO: SIN COSTAS. Por tratarse de una demanda contra el Estado Honduras no procede condena en costas”. Bajo el criterio que, no se puede desconocer el hecho de que entre las partes se suscribió un contrato generador de derechos y obligaciones reciprocas. Que tampoco se puede desconocer que el Código del trabajo contempla las modalidades que pueden surgir del contrato, así como que el contrato individual de trabajo puede ser: a) Por tiempo indefinido....b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo....y, c) Por obra o servicios determinados.....- En el presente caso se advierte que el contrato celebrado entre las partes se identifica con el literal b) del artículo 46 del Código citado. Que cuando un trabajador es contratado, aun cuando sea con una fijación de termino para realizar una función fija en la empresa. Dicho contrato de trabajo se considera celebrado por tiempo indefinido, no puede convertirse en convenio a plazo cierto. Que del estudio y análisis practicadas a las pruebas en su conjunto este Tribunal considera que procede DECLARAR CON LUGAR la demanda por las circunstancias siguientes: 1) Que el artículo 47 del Código del Trabajo, establece que los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sea permanentes o continuas en la empresa, se consideraran celebrada por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dicho contrato subsiste la causa o motivo que le dio origen. En el caso de autos con la abundante prueba documental se encuentra acreditado que el demandante y la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, celebraron varios contratos desde el 27 de agosto del 2018, hasta el 31 de diciembre del 2020, tal como consta con los contratos individual de trabajo y contratos de prestación de servicios que figuran a folios 66 al 88 de los autos; con los cuales se puede apreciar que la relación inicio mediante la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales por tiempo definido, después de la demandada les cambio denominación a contratos individual de trabajo temporales; para desempeñar el cargo de conductor de automóvil, actividades que son continuas o permanentes dentro de la instituciones demandada, reconociendo todos los derechos de un trabajador contratado por tiempo indefinido como ser pago de derechos adquiridos como ser décimo tercer mes décimo cuarto mes y vacaciones; celebrando más de dos contratos en un año por lo que en base a lo que dispone artículo 52 párrafo tercero del Código de Trabajo, deberá entenderse este celebrado por tiempo indefinido.- 2) Los contratos de trabajo celebrados con entre las parte en conflicto aunque cuando fueron celebrados por tiempo definido en aplicación a lo que dispone el articulo 47 y 52 párrafo tercero del Código de Trabajo antes señalados se consideran celebrados por tiempo indefinido aunque se haya establecido fecha de finalización, las funciones para las cuales fue contratado durante duraron los contratos siempre fueron las mismas, actividades que son continuo en la institución demandada, y subsistiendo la actividad que le dio origen. Por todo lo antes expuesto y siendo que la demandada, puso fin a la relación de trabajo sin invocar causa justa que justifique dicha determinación se torna injusta e ilegal por lo que procede condenar a la demandadas al resarcimiento de daños y perjuicios; 3) En el presente caso la demandada interpuso la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN, alegando que el derecho del demandante para interponer la demanda de dos meses comenzó a correr desde el 08 de julio del 2021, y la fecha que interpuso la demanda ante este juzgado fue el 24 de septiembre del 2021, transcurrieron más de dos meses que establece la norma procesal; con relación a la excepción planteada se encuentra acreditado en autos el cierre de las diligencias administrativas se efectuó el 08 de julio del 2021, y el trabajador interpuso su demanda ante este tribunal en fecha 06 de septiembre del 2021, tal como consta a folio 1 y 2 de los autos; antes que transcurriera el término de dos meses que establece el 864 del Código de Trabajo; es decir interrumpió el termino de prescripción por demanda o gestión ante autoridad competente, como establece el artículo 868 letra a) del Código de Trabajo; si bien es cierto la demanda se mandó a subsanar por orden de este Tribunal tal como consta a folios 16 de los autos, y fue subsanada en fecha 24 de septiembre del 2021, según consta a folios 18 de los autos; también lo cierto es que ya había interrumpido el término de dos meses antes mencionados. Por lo antes expuesto procede declarar sin lugar la excepción perentoria de prescripción planteada por la parte demandada.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 29 de noviembre del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que, en el presente caso, de la lectura de la sentencia dictada por la jueza de primera instancia, objeto de este medio de impugnación procesal, esta Alzada no aprecia que los alegatos de la parte recurrente sean acertados, pues la resolución en examen ha sido redactada en lenguaje entendible y sin ambigüedades, en la misma se han dilucidado todos los puntos en litigio y la jueza ha hecho una explicación suficiente, lógica y razonable de la valoración de las pruebas en su conjunto y los motivos que la han llevado a la certeza necesaria para declarar con lugar la demanda que fue interpuesta contra el Estado de Honduras, representado por la PGR, de conformidad al artículo 228 constitucional; acción que fue presentada en tiempo ya que las actuaciones realizadas en el Ministerio de Trabajo interrumpieron el término de la prescripción, de manera que la demanda y su subsanación se encuentran dentro del plazo que establecen los artículos 864 y 868 del Código de Trabajo. En virtud de lo anteriormente expresado, esta Corte de Apelaciones no encuentra atendibles los argumentos expresados por la recurrente como agravios, en consecuencia, resulta procedente, declarar sin lugar el recurso interpuesto y confirmar la sentencia recurrida.- 5.- Mediante auto de fecha 27 de febrero del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RODOLFO MEDRANO CRUZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 30 de agosto del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado RODOLFO MEDRANO CRUZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación; por lo que mediante providencia de fecha 26 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 06 de noviembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado SERGIO ENRIQUE RIVERA ESCOBAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado ROY PINEDA CASTRO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado RODOLFO MEDRANO CRUZ, en un primer motivo expone: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por interpretación errónea del artículo 113 párrafo tercero literal a) del Código del Trabajo interpretado. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero párrafo primero, del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACION. La interpretación errónea del párrafo tercero inciso a) del artículo 113 párrafo tercero literal a) del Código del Trabajo, se da por desconocimiento del fallador o por abierta la rebeldía en contra del precepto. En el presente caso la norma que gobierna el asunto en debate se interpretó en sentido adverso, por lo tanto se manifiesta el yerro en el enfoque verdadero de la norma, en su espíritu y alcances, que hizo el sentenciador en la norma acusada, las indemnizaciones que según el Código del Trabajo le puedan corresponder por el despido de que ha sido objeto, sin embargo, debe notarse que el Tribunal de Alzada, haciendo propios los considerandos de la sentencia de fecha dieciocho de octubre del año 2022, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR, la demanda laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, promovida por el señor ROBERTO DENNIS ESCOBAR, contra el Estado de Honduras a través de la Procuraduría General de la República, por actuaciones de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, (DINAF)..a través de la secretaria de inclusión social, en consecuencia CONDENA: AL ESTADO DE HONDURAS A PAGAR A PAGAR AL DEMANDANTE, SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS.. (74,464.34), en alusión a la misma, Ya se llegó a un acuerdo de pago, a una negociación, donde el expediente del demandante se envió a la PGR, para su autorización y elaboración del Acuerdo del pago correspondiente. Al demandante. Por las razones expresadas, procede que la Corte Suprema de Justicia CASE LA SENTENCIA EN EL PRESENTE MOTIVO DE CASACIÓN”.- III.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: En la formulación se alega el concepto de interpretación errónea de la ley; pero es el caso, que el mismo solo tiene cabida en este en este extraordinario recurso de casación, cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia o un alcance distintos de los que la misma contiene, es decir, cuando el entendimiento por aquél, es equivocado o erróneo con respecto a su contenido. Sin embargo, revisado el fallo impugnado que es confirmatorio del de primera instancia, estima este Tribunal, que el juzgador de instancia le ha dado el alcance apropiado a la norma señalada como infringida, al declarar con lugar la demanda y consecuentemente ordenar el pago de los derechos e indemnizaciones reclamadas por el demandante, a razón del despido injusto e ilegal del que fue objeto, no demostrando el Recurrente en la explicación la interpretación errónea esgrimida.- IV.- Que un segundo motivo se aduce: “Ser la Sentencia Violatoria de La Ley Sustantiva de Orden Nacional, por infracción indirecta del artículo 113 párrafo tercero literal a) del Código del Trabajo, por error de hecho en la apreciación erróneas de las pruebas de: A) DOCUMENTAL: admitida a la parte demandante, b) Los Contratos de Trabajo "A TERMINO" con las cláusulas y los términos aceptados por las partes. Que obran en expediente principal, de mérito. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO A LA VIOLACIÓN DE LAS SUSTANTIVAS. Son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 ordinal primero (1) párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA. En la doctrina laboral de casación sostiene en estos casos según Don Miguel Gerardo Salgado, que la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de la prueba consiste en lo siguiente: 1.- Debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba. - 2.- Una mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir respecto de la prueba consignada en la misma, y no con relación a las normas legales que reclamen la prueba de que se trate. 3.- Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la Lev sustantiva. 4.- El error de hecho expresado debe ser manifiesto; o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no ha sido demostrado o al contrario se dé por probado un hecho que esta plenamente demostrado en el juicio. - EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACIÓN. Las pruebas que fueron apreciadas de forma errónea por el Tribunal de Alzada, (ad-quem), y el inferior a-quo- donde no le dieron y no hubo capacidad suficiente de una correcta interpretación del Artículo 2.2 del Código de Trabajo, tipifica en interpretación, que los empleados por contrato no son empleados públicos, por ende el Estado no tiene ninguna responsabilidad sobre derechos que reclaman y que no le corresponden, así mismo las entidades antes mencionadas no han tenido el alcance de la correcta interpretación sobre todos los contratos que se suscribieron por tiempo limitado, cuando se especifica fecha de inicio y fecha para su terminación a (TERMINO) según el artículo 46 inciso b), del Código del Trabajo. Como antecedente o como Jurisprudencia, singular entendible, Citamos la sentencia emitida en Recurso de Casación, por el Pleno de Magistrados, en fecha 8 de abril del 2019, expediente SL-426-2017 demandante, Marian Paola Miranda Sarmiento, donde fue anulada la sentencia de la Corte de Apelaciones, y por ende la de primera Instancia. (Identificar o encontrar vía electrónica o en archivo de la Suprema Corte). Las pruebas singularizadas en este motivo fueron decisivas e incidieron al ser apreciadas de forma errónea en el fallo recurrido y ese error de hecho que es manifiesto en los autos llevo a la Corte Recurrida a la Violación del del artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo, por infracción indirecta, lo cual se evidencia al estimar la Corte Recurrida, haciendo propios los considerandos de la sentencia del A-quo, ya que el demandante acepto el contrato, nadie lo obligo a firmarlo "DICE", Precisamente esa apreciación errónea de los medios de prueba singularizados en este motivo por error de hecho que aparece de manifiesto en los autos, por ser tan notorio y saltar a la vista como lo he explicado, trajo como consecuencia que la Corte Recurrida violara por infracción indirecta el Artículo el ARTICULO 46 inciso b), del Código del Trabajo, al confirmar la sentencia de fecha DIECIOCHO DE OCTUBRE DE dos mil veintidós (2022), conocida en Apelación.- Si la Corte de Apelaciones del Trabajo, hubiera apreciado correctamente los medios de pruebas singularizados, como lo ordenan los Artículos 738 y 739 del Código del Trabajo hubiera revocado la sentencia de primera instancia, declarando sin lugar la demanda promovida por el señor ROBERTO DENNIS ESCOBAR, y, absolviendo de responsabilidad a la DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF). Por las razones antes expresadas, procede que esta Honorable Corte Suprema de Justicia CASE la Sentencia Recurrida en este motivo”.- V.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) en la formulación se alega el concepto de infracción por error de hecho en la apreciación errónea de la prueba, pero en la explicación se alude a una “…correcta interpretación…” de ciertas normas (Art. 2.2 y 46 inciso b), contenidas en el Código de Trabajo, mención, propia de la interpretación errónea que es incompatible con la infracción indirecta señalada en la formulación; b) se realizan en la explicación alegatos de instancia importunos en este recurso extraordinario. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los fundamentos del A-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio, resolviendo conforme a libre formación del convencimiento y a los principios que informa y nutren esta materia. VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación interpuesto, en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 10 numeral 1), 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado ROY PINEDA CASTRO. NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLOS. ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO MAGISTRADA COORDINADORA. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. ROY PINEDA CASTRO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. SECRETARIO DE LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de enero del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación número CL 24-2023.- FIRMA Y SELLO.
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO.
RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.