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Sentencia CL-236-23 — Registro 19610

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; en consecuencia concederle todos los derechos que ostentaban los empleados con carácter permanente, por ende su nombramiento por acuerdo; asimismo la reinstalación a su puesto de trabajo y restitución a sus funciones, por la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo sin causa justificada; pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes causados y proporcionales, sentencia condenatoria.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el articulo 46 literal b) del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) formula alegatos propios de instancia. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 29 de enero del 2024, por el Abogado MARVIN CRUZ FLORES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JOEL LEONARDO LANZA BANEGAS, representado en juicio por la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se declare por tiempo indefinido la relación laboral originada por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo; en consecuencia concederle todos los derechos que ostentaban los empleados con carácter permanente, por ende su nombramiento por acuerdo; asimismo la reinstalación a su puesto de trabajo y restitución a sus funciones, por la negativa del patrono de la no suscripción de un nuevo contrato de trabajo sin causa justificada; pago de salarios dejados de percibir, vacaciones, decimotercer y decimocuarto mes causados y proporcionales, sentencia condenatoria, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 19 de octubre del 2018, por el señor JOEL LEONARDO LANZA BANEGAS mayor de edad, casado, Perito Mercantil y Contador Público, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 10 de marzo del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 02 de diciembre del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarando CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por el señor JOEL LEONARDO LANZA BANEGAS, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a: 1) reconocer que la relación laboral del demandante, es de carácter indefinido, por cuanto el Estado por medio de la Secretaria de Salud, debe reconocer al demandante LA PERMANENCIA en su puesto de trabajo, concediéndoles todos demás derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, desde la fecha de inicio de la relación laboral el día uno (1) de julio del año 2015, en el cargo de Auxiliar Administrativo. 2) Al reintegro a su puesto de trabajo, por lo menos en Igualdad de condiciones, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios que esta habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo en fecha 30 de junio del año 2018, hasta la fecha que sea reinstalado en su puesto de trabajo. II. Declarar SIN LUGAR el pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, causados y proporciónales. III. CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA: 1) A reconocer que la relación laboral del demandante, es de carácter indefinido, por cuanto el Estado por medio de la Secretaria de Salud, debe reconocer al demandante LA PERMANENCIA en su puesto de trabajo, concediéndoles todos demás derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, partir desde la fecha de Inicio de la relación laboral desde el 01 de julio del año 2015, en el cargo de Auxiliar Administrativo. 2) Al reintegro a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios que esta habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo en fecha 30 de junio del año 2018, hasta la fecha que sea reinstalado en su puesto de trabajo. IV. ABSOLVER: Al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA en cuanto al pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, causados y proporciónales. V.- SIN COSTAS en esta instancia…”.ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral para el demandado, el 04 de enero del 2016, desempeñando el puesto de Interventor, devengaba un salario mensual de L. 10,000.00; en virtud de la suscripción de varios contratos de trabajo de forma continua e ininterrumpida y al tenor de lo preceptuado en el artículo 47 del Código del Trabajo, y que además los contratos de trabajo reunían todos los elementos de un contrato de trabajo al tenor de lo preceptuado en el artículo 20 del Código del Trabajo, ya que las labores eran permanentes y no podían desaparecer por la naturaleza de las mismas; dejando ver una simulación de contrato de trabajo por tiempo determinado, ocultando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido, acto simulatorio que tiene como finalidad evadir obligaciones estipuladas en la Ley Laboral (en fraude a la Ley); por lo que consideró que le asistía el derecho a la permanencia en el puesto de trabajo que venía desempeñando, con todos los derechos que tienen los empleados permanentes en la Institución demandada, y por ende su nombramiento mediante acuerdo. Que la Institución demandada una vez vencido el último contrato de trabajo en fecha 30 de junio del 2018, sin causa justificada no renovó el mismo, a pesar de estar consciente que le asistía el derecho al trabajo por la continuidad de dichos contratos, por lo que se vio obligado a pedir por la vía judicial tanto la permanencia en su puesto de trabajo como la reinstalación al mismo y la restitución a sus funciones, en virtud de las labores continuas que desempeñaba por más de dos años, a través de contratos Individuales de Trabajo por tiempo determinado y al tenor de lo preceptuado en los artículos 47 del Código del Trabajo y 129 Constitucional le asiste el derecho reclamado. Asimismo, con el ánimo de buscar una solución a las diferencias suscitadas entre las partes, presentó reclamo administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social para la Permanencia y Reinstalación a su puesto de trabajo en el momento procesal oportuno, dándose por agotado el mismo; por no haber voluntad de parte del empleador en conciliar sus diferencias. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda, rechazando los hechos de la misma; apoyando su defensa en que, atendiendo la naturaleza jurídica del demandado (Gobierno Central) y aplicando lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, no le son aplicables las disposiciones del Código del Trabajo, siendo aplicables al caso de mérito el Reglamento de personal de la Secretaria de Salud, la Ley de Servicio Civil, su Reglamento y demás normas administrativas, razón por la que considerando las necesidades de su representado, se contrató al demandante, mediante un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, en aplicación estricta de lo preceptuado en los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. En ese orden de ideas, el articulo 3 numeral 1) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece que en casos como el que nos ocupa será conocida por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no por el Juzgado del Trabajo. El argumento en que se apoya la parte actora para reclamar el derecho subjetivo que pretende, es en el texto legal de los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo, los que desarrollan los elementos esenciales para considerar la posible existencia de una relación de trabajo y la continuidad en esas labores, mismos que no se pueden aplicar de manera antojadiza por el simple hecho que les convienen. Es claro que, al ser el demandado parte del gobierno central, las relaciones con sus servidores son regulados por la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, y nunca por el Código del Trabajo, por ende, no serían aplicables esas normas del Código del Trabajo citadas. En ese orden de ideas fundamentar sus pretensiones para exigir un reconocimiento de permanencia por la suscripción de los contratos, seria en menos cabo del artículo 60 de la Constitución de la República, el que dispone que "todos somos iguales ante la ley"; no obstante, la actividad temporal se debe a que la plaza no existe y por ende no puede otorgarse un nombramiento de la Dirección de Servicio Civil permanente, razón por la cual se rechaza la pretensión. Recalcó además que suscribió contrato a término con el señor JOEL LEONARDO LANZA BANEGAS, el cual tenía fecha de inicio y finalización, firmándose de esa manera en vista de que mi representado está sujeto a un Plan Operativo Anual (POA) y a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, por lo que no podía excederse, tal como lo determina la Constitución de la República en su artículo 364 "No podrá hacerse ningún Compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias". Asimismo, la parte actora desconoció que, al ser un órgano centralizado, sus empleados permanentes se deben regir por la Ley de Servicio Civil, consecuentemente si pretende que se le reconozca tal permanencia debe dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y Artículo 7 de su Reglamento, que literalmente dispone: "Para ingresar al Servicio Civil se requiere.... 5. Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley"; Artículo 7 del reglamento "El régimen del Servicio Civil se aplicará a los empleados del poder ejecutivo cuyo ingreso se haya efectuado llenando los requisitos del artículo 11 de la Ley y los establecidos en este Reglamento, así como los aspirantes que estén tramitando su ingreso"; normativas que no se habían cumplimentado por el demandante, por consiguiente no podía dejar de aplicarlas para otorgar un nombramiento por acuerdo (permanencia), por lo que esa no era la vía legal para alcanzar tal fin. Además, manifestó que, en el Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, suscrito con el demandante, se establecieron entre sus cláusulas las siguientes: "CLAUSULA NOVENA: JURISDICCIÓN APLICABLE: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta Jurisdicción. CLÁUSULA DÉCIMA: LEYES APLICABLES: Las partes contratantes manifiestan expresamente que dada la naturaleza de este contrato será únicamente regido por las disposiciones del Derecho Administrativo Vigente y en tal virtud en el goce de sus derechos están exclusivamente a lo que dispone esta ley y a lo expresamente pactado en el mismo. CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN DE CONDICIONES: Las partes manifiestan que aceptan los términos del presente contrato, comprometiéndose al fiel cumplimiento del mismo"; en su defecto el Juzgador de la causa no puede reconocer un acto subjetivo originado de Contratos Profesionales y Técnicos temporales, simplemente porque el autor de la demanda estima erróneamente que la "causa que originó el surgimiento de la relación laboral ha subsistido y subsistirá", cuando califica al demandado, de tratar de encubrir una real y verdadera relación laboral y que en ese acto tiene como finalidad evadir obligaciones y ser un fraude a la ley pretendiendo desconocer que sus prestaciones de servicio eran temporales y transitorias de periodos cortos y con fechas determinadas en tiempo y que no constituyen ningún derecho de reconocimiento de una relación laboral de carácter permanente; no obstante que el demandante aceptó y consintió el plazo establecido en el contrato, a ese efecto no podía obligar al demandado a reconocerle derecho alguno, tomando en cuenta que cada contratación debe hacerse según las disponibilidades presupuestarias del ejercicio fiscal de cada año y será en el proceso del debate que oportunamente se demostrará que no tiene sustento para entablar su acción de demanda. Argumentó que en cuanto a los otros derechos que exige, estos no pueden ser otorgados ya que el demandante no está sometido a una relación laboral, sino a un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, en el cual claramente estableció un monto total, específicamente en la Cláusula Cuarta, el cual durante su vigencia se le pagó según los meses que prestaba sus servicios, razón por la cual igualmente se deberán desestimar tales pretensiones. Finalmente rechazó lo relacionado con la presentación al reclamo administrativo ante las Oficinas Gubernativas de la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, buscando un arreglo conciliatorio con el demandado; en virtud que el referido contrato suscrito con los demandantes no es laboral, consecuentemente no puede ser competente de conocer tal solicitud la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, pues en caso de conflicto los competentes son los Juzgados de Letras de lo Contencioso Administrativo y no la Jurisdicción laboral. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 02 de diciembre del 2021, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarando CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por el señor JOEL LEONARDO LANZA BANEGAS, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA, en cuanto a: 1) reconocer que la relación laboral del demandante, es de carácter indefinido, por cuanto el Estado por medio de la Secretaria de Salud, debe reconocer al demandante LA PERMANENCIA en su puesto de trabajo, concediéndoles todos demás derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, desde la fecha de inicio de la relación laboral el día uno (1) de julio del año 2015, en el cargo de Auxiliar Administrativo. 2) Al reintegro a su puesto de trabajo, por lo menos en Igualdad de condiciones, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios que esta habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo en fecha 30 de junio del año 2018, hasta la fecha que sea reinstalado en su puesto de trabajo. II. Declarar SIN LUGAR el pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, causados y proporciónales. III. CONDENAR: Al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA: 1) A reconocer que la relación laboral del demandante, es de carácter indefinido, por cuanto el Estado por medio de la Secretaria de Salud, debe reconocer al demandante LA PERMANENCIA en su puesto de trabajo, concediéndoles todos demás derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, partir desde la fecha de Inicio de la relación laboral desde el 01 de julio del año 2015, en el cargo de Auxiliar Administrativo. 2) Al reintegro a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios que esta habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo en fecha 30 de junio del año 2018, hasta la fecha que sea reinstalado en su puesto de trabajo. IV. ABSOLVER: Al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuradora General de la República en su condición de Representante Legal del Estado de Honduras, Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA en cuanto al pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, causados y proporciónales. V.- SIN COSTAS en esta instancia…”. Bajo el criterio que, del estudio realizado a los contratos firmados por el demandante y la parte demandada específicamente en la cláusula segunda de los mismos, se establecen las funciones y actividades u obligaciones encomendadas, como ser: 1. Llevar control de las asignaciones presupuestarias de la Dependencia en tarjetas especiales destinadas al efecto, 2. Efectuar las compras y los pagos de suministros, materiales y servicios, 3. Llevar control del combustible suministro a las unidades automotores de la dependencia, 4. Archivar la documentación de la Unidad Administrativa; y 5. Realizar cualquier otra tarea atinente al cargo, probando con esto que las funciones o actividades realizadas, son permanentes y no temporales dentro de esa Secretaria de Estado. Que si bien es cierto, el demandante no aporto como medio de prueba haber aprobado exámenes de competencia establecidos en Ley de Servicio Civil y su respectivo reglamento, no menos cierto es, que independientemente que se hallan sometido o no, a un proceso de selección para optar a la plaza, esta omisión sobre el proceso de Selección de Personal previo, como mecanismo legal para optar a una plaza de trabajo o nombramiento por acuerdo, en el Poder Ejecutivo, como obligación, no corre a cargo del trabajador, sino del empleador en virtud que este es el que tiene la posibilidad de realizarlo en los términos y condiciones establecidos en el ordenamiento jurídico aplicable. Que este Tribunal ha logrado establecer criterios unificados en innumerables resoluciones judiciales, en la búsqueda de lograr una tutela judicial efectiva y seguridad jurídica, así como una mejor impartición de justicia en el ámbito del derecho laboral, que es precisamente en estos casos en donde más uniformidad se ha llegado a establecer, declarando este tipo de relaciones de trabajo como una verdadera relación laboral por tiempo indefinido, teniendo en cuenta que en el derecho laboral rigen principios que informan y le dan vida a esta materia y que principalmente, tienen una clara vocación de tutela y protección del más débil, el trabajador, entre ellos el Principio Protectorio que básicamente consiste en una tutela preferencial a favor del trabajador/a, para equilibrar desigualdades de carácter social, económicos y cultural, lo que se traduce en menor poder de negociación para el empleador; acompañándole el principio de continuidad, entendiéndose que la relación de trabajo regulada por un contrato de trabajo tiene como característica que es de tracto sucesivo, por lo que día a día nace el derecho de los trabajadores de reclamar cualquier violación a las garantías o derechos establecido a su favor; por todo lo antes expuesto, es del parecer de la suscrita, porque se declare CON LUGAR la presente demanda, en virtud de considerar que la relación laboral del demandante, es de carácter indefinido, por cuanto el Estado por medio de la Secretaria de Salud, debe reconocer al demandante LA PERMANENCIA en su puesto de trabajo, concediéndoles todos demás derechos que ostentan los empleados con carácter permanente, desde la fecha de inicio de la relación laboral desde el 01 de julio del año 2015, en el cargo de Auxiliar Administrativo. Que en el mismo orden de ideas, el demandante también solicita su reinstalación a su puesto de trabajo y restitución de sus funciones, y siendo que consta de autos oficio No. 2808-SSRH-2018 de fecha 29 de junio del año 2018, emitida por el Abogado Luis Fernando Castellanos en su condición de Subgerente de Recursos Humanos de la Secretaria de Salud, mediante la cual se le notifica demandante la terminación de la relación laboral a partir del día 30 de junio del año 2018, sin invocarle una causa justa, vuelve el despido en ilegal e injusto. Que el trabajador que es despedido injustamente goza del derecho de emplazar al patrono ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que fundó el despido. Si no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le pueden corresponder y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la terminación del contrato hasta la fecha en que cause ejecutoria la sentencia. El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo por lo menos en igualdad de condiciones. Este derecho es alternativo para el trabajador, puede optar bien por el pago de las prestaciones e Indemnizaciones legales y convencionalmente previstas; o, a que se le reintegre a su puesto de trabajo, con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, en el presente caso el demandante ha sido categórico al exigir el reintegro a su puesto de trabajo, en consecuencia, procede declarar CON LUGAR la demanda en cuanto al reintegro a su puesto de trabajo, por lo menos en Igualdad de condiciones, y a título de daños y perjuicios el pago de los salarios que esta habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo, hasta la fecha que sea reinstalado en su puesto de trabajo. Que el demandante también solicita el pago de vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, causados y proporciónales, en cuanto estos conceptos, es procedente declararlos SIN LUGAR, en vista que consta de autos a folios del 58 al 62 y del 110 al 112 del expediente de mérito, que los mismos fueron pagados por la parte demandada. Que el Juez puede eximir del pago de costas a la persona que fuere vencida en juicio, cuando concurran motivos justificados para litigar, en consecuencia, se declaran SIN LUGAR las costas en esta instancia. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 10 de marzo del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, la relación de trabajo mantenida entre el demandante y la ahora demandada se inició mediante la suscripción de contratos denominados de servicios profesionales y técnicos, pero de su simple lectura se puede concluir que en el mismo se reúnen los tres elementos necesarios para considerar que el mismo es un verdadero contrato de trabajo, ya que se establece una jornada laboral que es la ordinaria para los empleados de la administración central, un jefe inmediato, el trabajo lo debe de prestar de manera personal, y tiene un sueldo mensual como remuneración, contratos que se prorrogaron en el tiempo al ser suscritos uno en pos de otro, lo que los hace de tracto sucesivo, tiempo en el cual el demandante fue adquiriendo derechos, que son irrenunciables, puesto que además el trabajo a realizar como perito mercantil y contador público es de naturaleza permanente en la institución, por lo que se puede concluir que se trata de un contrato de trabajo, por tiempo indefinido y de carácter permanente, que le permite por el transcurso del tiempo trabajado adquirir todos los derechos de que gozan los empleados permanentes, puesto que el hecho de no haber ingresado a la institución mediante el procedimiento de concurso no le es imputable a él sino que al empleador. Que el Derecho del Trabajo se rige y se nutre de sus Principios, y por su carácter tuitivo o proteccionista, va encaminado a la protección del trabajador como la parte más vulnerable de la relación laboral. Es por ello que debe de considerarse como lo ha hecho el A-quo acertadamente, los Principios como el de Primacía de la Realidad y el Principio Protectorio, así como también el Principio Pro Homini, los que garantizan una tutela judicial efectiva, en salvaguarda de los derechos de los trabajadores que se encuentran en esta circunstancia. Que en el presente caso no cabe duda, que ha existido entre la demandante y el Estado una relación de trabajo, la cual se consignó en varios contratos denominados de servicios profesionales, que al tenor de lo dispuesto en los artículos 20 y 47 del Código del Trabajo, son contratos de trabajo, de los cuales se han generado los derechos que reclama el trabajador y que le han sido concedidos por el A-quo. Que las sentencia deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que esta exijan, condenando o absolviendo al demandando, decidiendo todos los puntos litigiosos que haya sido objeto del debate, siendo que en el caso sub examine, el juzgador ha tenido en cuenta precisamente esa exigencia de requisitos tanto interna como externa, para la validez de su decisión, es procedente su confirmatoria. 5.- Mediante auto de fecha 11 de septiembre del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MARVIN CRUZ FLORES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 29 de enero del 2024, compareció ante este Tribunal, el Abogado MARVIN CRUZ FLORES, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación; por lo que mediante providencia de fecha 01 de marzo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho; por lo que mediante proveído de fecha 17 de mayo del 2024, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada MARIELA NINOSKA VASQUEZ ACOSTA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado MARVIN CRUZ FLORES, en su primer y único motivo de casación alega: “ Infracción de los artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1348 del Código Civil; articulo 1 y 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, articulo 9 numeral 11, 200, 201, 202 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, por error de hecho en la falta de apreciación y valoración de los medios de prueba Documentales presentados en juicio, como ser Los Contratos suscritos entre las partes, en que sin duda alguna si se hubieren apreciado y valorado la prueba mencionada otro hubiere sido el resultado de la decisión judicial. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE ESTE MOTIVO. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del articulo 46 literal b) del Código Laboral que establece: "El Contrato Individual de trabajo puede ser a)....b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento, por otro lado nuestro Código Civil en su artículo 1348 prescribe: "Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos", a tal efecto en el presente caso, el Juzgador no apreció ni valoró los Medios de Prueba Documentales relacionados con los artículos precitados que dan explicación al motivo, consistentes en los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, suscritos entre El Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, mediante los cuales quedó plenamente demostrado, que el demandante únicamente sostuvo con mi representado el Estado de Honduras, una relación de prestación de servicio temporal por tiempo determinado bajo Contratos Administrativos de Servicios Profesionales y Técnicos. También se explica como el motivo único, que el artículo 1 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo reza: Por la presente Ley se regula la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en la relación con los actos de carácter particular o general de la Administración Pública sujetos al Derecho Administrativo. Artículo 3. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá también de: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado que hayan sido celebrados por cualquiera de los poderes del estado, por las municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos que celebren los Poderes del Estado. Por lo que la Corte de Apelaciones del Trabajo de la ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, tampoco valoró debidamente las pruebas propuestas por nuestra parte, al aplicar de manera errónea los artículos del Código Laboral antes descritos y la no aplicación de los artículos de la Ley de lo Contencioso Administrativo también citados anteriormente, al considerar que las labores prestadas temporalmente por el demandante, son deben ser considerados permanentes, deslegitimando la figura de contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, solo por el hecho de que los mismos, lógicamente tienen elementos necesarios de un contrato de trabajo como ser prestación de un servicio, subordinación es decir acatar órdenes en cuanto a tiempo y forma de realizar el trabajo y por supuesto una salario como retribución por los servicios prestados. Por lo anteriormente expuesto, solicito, CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento, de fecha diez de marzo del año dos mil veintitrés, sentencia que Confirma la sentencia definitiva de dos de diciembre del dos mil veintiuno, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de la Demanda Ordinaria Laboral interpuesta por el Joel Leonardo Lanza Banegas por no estar ajustada a derecho”. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada el articulo 46 literal b) del Código del Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; d) la prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) formula alegatos propios de instancia. IV.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. - NOTIFÍQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del dos mil veinticinco. FIRMA Y SELLO.

RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO,

RECEPTORA ADSCRITA.