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Sentencia CL-201-23 — Registro 19609

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral al pago de prestaciones e indemnizaciones sociales, despido directo, pago de salarios dejados de percibir en concepto de indemnización de daños y reparación de perjuicios, desde el momento en que tuvo lugar el despido directo, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procésales del Código del Trabajo quede firme la sentencia condenatoria, reajuste de salarios adeudados.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el impetrante del fallo alega por la vía del error de derecho, exhibición de Documentos mediante Libramiento de oficio que era fundamental para la aclaración de los hechos que motivaron el despido del ahora demandante; sin embargo, el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades, sino que se invoca la apreciación errónea de unos documentos, que en su concepto corresponden al expediente clínico de la demandante que contraviene lo establecido en folios 56 y 57 de primera pieza de autos certificado de incapacidad de la justificación de ausencia de la demandante; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, formula alegatos de instancia todo ello hace inadmisible dicho motivo."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) omite señalar la norma sustantiva violada; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c) formula alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso, además el estatuto medico empleado no tiene la calidad de norma sustantiva"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los doce días del mes de mayo del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 23 de noviembre del 2023, por el Abogado JAVIER EDUARDO APARICIO GUARDADO, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, como recurrente; además es parte recurrida, la señora PAMELA MERCEDES ISCOA PINTO, representada en juicio por el Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral al pago de prestaciones e indemnizaciones sociales, despido directo, pago de salarios dejados de percibir en concepto de indemnización de daños y reparación de perjuicios, desde el momento en que tuvo lugar el despido directo, hasta la fecha en que con sujeción a las normas procésales del Código del Trabajo quede firme la sentencia condenatoria, reajuste de salarios adeudados, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 26 de febrero del 2021, por la señora PAMELA MERCEDES ISCOA PINTO, mayor de edad, soltera, hondureña, y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Alcalde Municipal el señor ARMANDO CALIDONIO. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 20 de marzo del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 24 de enero del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral promovida por la señora PAMELA MERCEDES ISCOA PINTO, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; Contra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través del Alcalde Municipal que es su representante legal señor ARMANDO CALIDONIO, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante Legal ARMANDO CALIDONIO ALVARADO a pagarle a la trabajadora PAMELA MERCEDES ISCOA PINTO, la cantidad de UN MILLÓN DOCIENTOS UN MIL TRECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L. 1,201,309.29), distribuidos de la siguientes manera: Preaviso L.100,777.46; Auxilio de Cesantía L. 151,166.19; cesantía proporcional L. 41,150.80, Vacaciones proporcionales L. 23,514.74, décimo tercer mes proporcional L. 28,193.69, Décimo cuarto mes proporcional L.6,598.28; reajuste de salario conforme a la Ley del estatuto medico empleado la cantidad de L. 1849,907.88, distribuido así: año 2016 L. 30,532.98, año 2017, L. 213,730.86, año 2018, L. 226,060.66; año 2019, L. 226,060.66; año 2020: L. 153,522.72; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por las demandantes desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme el presente fallo. 3) SIN COSTAS En virtud de que el derecho del trabajo es de carácter social…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación de trabajo con la demandada el 01 de noviembre del 2016, como Médico en las Clínicas Municipales, específicamente en el Centro de Salud Padre Claret en la ciudad de San Pedro Sula; devengaba un salario de L. 22,000.00; en los últimos seis meses de relación devengó un salario de L. 24,218.00, en total contravención a lo establecido a su favor en la Ley del Estatuto del Medico Empleado y su Reglamento, que establece que como Médico General debió devengar un salario de L. 43,190.34, para el año 2020. La Ley del Estatuto del Medico Empleado y su Reglamento regulan las labores o relaciones de trabajo de su gremio para con las entidades de derecho público o estatales, así como también para con instituciones y personas naturales o jurídicas de derecho privado, y entre sus objetivos están los de garantizar: a) la estabilidad laboral, y, b) un justo ingreso y un régimen salarial para el medico empleado, todo ello en concordancia con la norma primaria contemplada en la Constitución de la Republica, y las máximas y principios del derecho del trabajo. Argumentó que la demandada decidió dar por terminada la relación de trabajo que mantenía con la demandante el 25 de agosto del 2020, para ello le entrego vía WhatsApp un documento titulado "notificación de terminación de la relación laboral" de fecha 25 de agosto del 2020, donde formalizaba su despido directo, invocando como causal de terminación por: 1) Dejar de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos días completos y consecutivos o durante tres días hábiles en el término de un mes (Art. 112, literal h del Código de Trabajo y los Artículos 48, 65, 66, 114 literal e) del Reglamento Interno de Trabajo; 2) No cumplir las demás obligaciones que les impongan el Código de Trabajo, las leyes y reglamentos de trabajo. (Artículo 97 literal m del Código de Trabajo en relación con el Articulo 48, 65, 66 y 114 literal s), i) del Reglamento Interno de Trabajo); siendo estas causales suficientes para dar por terminada la relación de trabajo, sin ninguna responsabilidad patronal. Expresó además que la terminación de la cual fue objeto y ejecutada en abierta violación al debido proceso y al derecho a la defensa establecidos, a manera de antecedente manifestó que a principios del 2020, específicamente el 14 de enero, fue incapacitada por un médico privado y dicha incapacidad fue refrendada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), la razón por la cual me incapacitaron fue porque la valoración médica encontró un cuadro de cervicobraquialgia izquierda, lo cual le mantuvo siete días incapacitada, que se fueron extendiendo o prorrogando por el mismo diagnostico en el cual se determinó que se le operaría en el mes de marzo del 2020; pero llegó la pandemia del coronavirus y esto pauso y enervo toda actividad hospitalaria que no fuese la atención de la pandemia propiamente, es decir, las cirugías y demás en el Instituto Hondureño de Seguridad Social pasaron a un segundo plano, incluso los procesos de refrendo de incapacidades fueron acumulándose y retrasándose de manera circunstancial, pero en un esfuerzo por mantener debidamente informado a su patrono, acostumbraba a enviarle a su jefe inmediato Dr. Juan José Leiva, a su correo electrónico: juan.leiva@sanpedrosula.hn, al Abogado de Recursos Humanos delegado al departamento de Salud Municipal Abog. Ivis Rocha, a su correo electrónico: irocha88@hotmail.com, y también a la representante de Recursos Humanos en Salud, Licenciada Helen López, a su cuenta de WhatsApp, y que toda aquella documentación pertinente generada en relación a su condición de salud; y que queriendo dejar constancia que en el caso de la Licenciada Helen López, en varias ocasiones le solicitó su correo para enviarle copia de todo documento y al no proporcionárselo, no le quedó otra alternativa que comunicarse con dicha Licenciada a través del WhatsApp. Argumentó que tanto el día en que se le convocó a la audiencia de descargo (24 de agosto del 2020), como el día en que se celebró la audiencia de descargo propiamente (25 de agosto del 2020), la demandante se encontraba recién operada e incapacitada por el Instituto Hondureño de Seguridad Social, restringiendo con ello su derecho a recuperar su condición de salud y violentando también el derecho a la defensa al estar imposibilitada.- En el mes de agosto del 2020, le notificó a su patrono que el Instituto Hondureño de Seguridad Social practicaría una segunda cirugía el 19 del referido mes. Y es de esa cirugía que se originó una nueva incapacidad, la cual remitió en su momento sin percatarme que el cirujano olvido firmarla, empero se sometió la misma al proceso de firma para su validación, y es en ese momento en que el Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad, decidió obviar su condición de salud, y procedieron a citarle y a celebrar audiencia de descargo, encontrándose (además de recién operada) incapacitada; y que lo único que tuvo a la mano, fue comunicarse con ellos a través de los medios técnicos disponibles, como el correo electrónico y la aplicación telefónica de WhatsApp, curioso es, que la demandada en algún momento estableció que ese tipo de comunicación (a través de medios técnicos) no es válido, más sin embrago, la demandada también le enviaron el citatorio a la audiencia de descargos de esa misma forma y por si fuera poco, la notificación de terminación de la relación laboral se la hicieron llegar mediante la aplicación telefónica de WhatsApp. Asimismo, manifestó que, a raíz del despido, y teniendo claro la obligación que le impone el Artículo 691 del Código del Trabajo, de dar por agotado el procedimiento gubernativo, acudió a la Regional del Trabajo buscando igual la posibilidad de conciliar su reclamo, sin embargo, ningún representante de la demandada acudió atendiendo dicho citatorio por lo que quedó consecuentemente en libertad de formalizar ese reclamo ante los Juzgados de lo Laboral correspondiente. 2.- La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, apoyando su defensa en que en fecha 21 de agosto del 2020, se recibió de Relaciones Laborales un informe poniendo en conocimiento que el día 19 y 20 de agosto del 2020, se levantó acta por parte de la Oficial de Recursos Humanos constatando inasistencias de dos días consecutivos ya que la demandante no se presentó a laborar el día 21 de agosto del 2020 y no presentó ningún documento que justifique sus inasistencias; y por otra parte, se informó que el día 20 de agosto del 2020 en horas de la tarde, la empleada en mención envió vía WhatsApp un formato de incapacidades del Seguro Social que no fue extendido por ningún médico tratante ya que no contiene ni firma ni sello por lo que no reúne los requisitos necesarios para que se convierta en una incapacidad temporal, cabe mencionar que el supuesto diagnóstico era diferente a los anteriores, mismo que no es válido para justificar sus inasistencias, incumpliendo además lo establecido en el art. 48 del Reglamento Interno de Trabajo, en el cual se determina que "... En caso de que el trabajador, por cualquier motivo no pudiere asistir a su trabajo, deberá comunicarlo por escrito o por cualquier otro medio de comunicación disponible, a su jefe inmediato o en su defecto al representante designado, a efecto de que "La Alcaldía" pueda investigar y comprobar el hecho que se aduce como causa de inasistencia o retraso en el ingreso a sus labores; la comunicación del empleado deberá efectuarse con tres días de anticipación en caso de atender asunto planificado (evento personal como ser cita médica, cita judicial u otros acontecimientos de índole personal) y a más tardar una hora después de la hora de entrada en caso de ser imprevisto. "La Alcaldía" tiene la facultad exclusiva de otorgar permisos o de aceptar excusas, siempre y cuando sea un hecho justificable y comprobado.". Argumentó que, debido a los efectos de la pandemia por coronavirus, mediante Decreto No. 31-2020 de fecha 31 de marzo de 2020, emitido por el Congreso Nacional, se Autorizó a los centros de trabajo para la implementación de teletrabajo y en su artículo 8 establece: "Los empleados de cualquier entidad pública o privada pueden desarrollar sus labores total o parcialmente a distancia de su local de trabajo empleando las tecnologías de la información y la comunicación". En base a lo anterior y en vista de que la actora utilizó como medio para informar de sus incapacidades mensajes de WhatsApp, en fecha 24 de agosto del 2020, se citó por este medio a la empleada demandante, concediéndole el derecho a la defensa consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República, para que compareciera a una audiencia de descargo, a celebrarse en fecha martes 25 de agosto del 2020, a las 10:00 a.m., por el cargo de: 1) Violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, como ser: Observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio; así como prestar auxilio en cualquier tiempo que se necesite, cuando por siniestro o riesgo inminente peligren las personas o los intereses del patrono o de sus compañeros de trabajo; cumplir las demás obligaciones que les impongan este Código, las leyes y reglamentos de trabajo; Faltar al trabajo, o abandonarlo en horas de labor, sin justa causa de impedimento o sin permiso del patrono; (art. 97 numeral 3), 4) y 13) y 98 numeral 1) del Código de Trabajo relacionado con los artículos 101 numeral 1, 2, 3, 4, 9, 13, 32, 46, 65, 66,68 y el articulo 114 literal e) y literal i) del Reglamento Interno de Trabajo; 2) Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos días completos y consecutivos o durante tres (03) días hábiles en el término de un mes; cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo con los artículos 97 y 98 o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbítrales, contratos individuales o reglamentos, siempre que el hecho este debidamente comprobado y que en la aplicación de la sanción se observe el respectivo procedimiento reglamentario o convencional; Art. 112 literal h) y 1) del Código de Trabajo relacionado con el artículo 114 literal s) y t) del Reglamento Interno de Trabajo, todo lo cual, en audiencia de descargo la señora Pamela Mercedes Iscoa Pinto no desvirtuó los cargos señalados en la cedula de citación notificada en fecha veinticuatro (24) de agosto de 2020, ya que no aportó ningún medio probatorio contundente mediante el cual justificara el haber dejado de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos días completos y consecutivos o durante tres (03) días hábiles en el término de un mes y sin notificar a su jefe inmediato, según lo establece el artículo 112 literal h) y 1) y del Código de Trabajo relacionado con el artículo 114 literal t) del Reglamento Interno de Trabajo). Así como el no cumplir las demás obligaciones que les impongan el Código de Trabajo, las leyes y reglamentos de trabajo; siendo una de ellas, presentar excusa, mediante la cual justifica o explique su inasistencia al trabajo por escrito junto con los documentos que respalden los motivos que le imposibilitaron presentarse a sus labores, dentro de las 24 horas hábiles y la empleada en mención no lo hizo. Cabe mencionar que la incapacidad que le comprende del 28 de julio de 2020 al 18 de agosto de 2020 únicamente se recibió foto y aun cuando se le solicitó por escrito original y copia según memorando de fecha 11 de agosto de 2020, no la presentó; contrario a lo antes mencionado envió foto de una supuesta nueva incapacidad en un formato del Instituto Hondureño de Seguridad Social con un diagnóstico diferente a los anteriores y además sin firma y sello de ningún doctor, que no reúne los requisitos necesarios para que se convierta en una incapacidad temporal por lo que no es válido para justificar sus inasistencias, incumpliendo lo establecido en el artículo 97 literal m del Código de Trabajo en relación con el artículo 65, 66 y 114 literal i) del Reglamento Interno de Trabajo; por lo que procede el despido, sin responsabilidad patronal, y que la presente demanda debe ser declarada sin lugar, concluyó que el actor lo único que pretendía era sorprender a ese juzgador con hechos contrarios a la verdad, extremos que serán probados en el momento procesal oportuno. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 24 de enero del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral promovida por la señora PAMELA MERCEDES ISCOA PINTO, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; Contra MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través del Alcalde Municipal que es su representante legal señor ARMANDO CALIDONIO, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; En consecuencia: 2) CONDENA: A LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, a través de su Representante Legal ARMANDO CALIDONIO ALVARADO a pagarle a la trabajadora PAMELA MERCEDES ISCOA PINTO, la cantidad de UN MILLÓN DOCIENTOS UN MIL TRECIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON VEINTINUEVE CENTAVOS (L. 1,201,309.29), distribuidos de la siguientes manera: Preaviso L.100,777.46; Auxilio de Cesantía L. 151,166.19; cesantía proporcional L. 41,150.80, Vacaciones proporcionales L. 23,514.74, décimo tercer mes proporcional L. 28,193.69, Décimo cuarto mes proporcional L.6,598.28; reajuste de salario conforme a la Ley del estatuto medico empleado la cantidad de L. 1849,907.88, distribuido así: año 2016 L. 30,532.98, año 2017, L. 213,730.86, año 2018, L. 226,060.66; año 2019, L. 226,060.66; año 2020: L. 153,522.72; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por las demandantes desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme el presente fallo. 3) SIN COSTAS En virtud de que el derecho del trabajo es de carácter social…”. Bajo el criterio que, del análisis a las pruebas allegadas al proceso este Tribunal estima que procede declarar con lugar la demanda por las circunstancias siguientes: 1) Que la asistencia diaria de los trabajadores para desempeñar personalmente las labores contratadas, constituye una de las obligaciones que se genera en virtud del contrato de trabajo y el incumplimiento de esa obligación por dos días completos y consecutivos sin contar con el permiso del patrono o sin causa que lo justifique constituye de acuerdo con la ley una causa justa que faculta al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo si responsabilidad económica de su parte; 2) Que cuando la circunstancia no permitan que el trabajador avise previamente a su patrono, debe justificarla ante el patrón cuando regrese al trabajo sin que sea válido que pretenda hacer o haga la justificación ante el Tribunal en el juicio correspondiente. 3) Que consta de autos: a) la demandada en fecha 11 de agosto del año 2020, le solicito a la demandante los codos de comprobantes de refrendo de las incapacidades privadas y el original de la incapacidad pendiente del año 28 al 18 de agosto del año 2020, mediante memorando que corre a folios 108 de los autos, la demandante contesto en fecha 12 de agosto del año 2020, respondiendo cada uno de los pedidos de la demandada donde les hace saber y consta haber puesto en conocimiento mediante mensaje, correo, WhatsApp al Dr. Cervantes, nota enviada a HELEN LÓPEZ, oficial de relaciones laborales tal como consta a folios 76 de los autos; lo que significa que la demandante aún tiene pendiente de presentar justificaciones; b) Que la demandante envió en fecha 20 de agosto del año 2020, un mensaje vía mensaje WhatsApp hecho a la representante patronal HELEN LÓPEZ, que se encontraba incapacitada enviando un formato de incapacidades del Seguro Social tal como consta en las capturas de pantalla de los mensajes hechos a la señora HELEN LÓPEZ; según la demandada no había sido extendido por médico tratante ya que no se contiene ni firma ni sello por lo que no reúne los requisitos necesario para que se convierta en incapacidad temporal según lo alega en su escrito de contestación de demandada; tal como consta en las capturas de pantalla de los mensajes hechos a la señora HELEN LÓPEZ; incapacidad que tampoco ha presentado; 4) Que si bien es cierto la demandante no ha presentado ante su patrono las incapacidades en original debidamente refrendadas por el Instituto Hondureño de Seguridad Social también lo es en el presente caso este Tribunal considera que el derecho de defensa le fue violentado a la demandante tal como lo alega en su escrito de demanda; ya que no se le dio la oportunidad a la demandante de formular sus descargos por las faltas que le imputaban si bien es cierto fue convocada a audiencia de descargos en fecha 25 de agosto del 2020, a la cual no asistió esta explico los motivos a su patrono por los cuales no podía asistir, ya que se encontraba incapacitada por lo que la demandada debió esperar tener a su disposición a la demandante cuando esta se presentara a su trabajo y darle la oportunidad de justificar sus inasistencia dado que ella alegaba estar incapacitada, por ende el contrato de trabajo estaba suspendido debió a la incapacidad alegada por la demandante según dispone el artículo 100 numeral 8 del Código de Trabajo; más aún cuando la demandada tenía dudas sobre la veracidad de las incapacidades por no reúnen los requisitos para su validez debió haber investigado previo al despido, ya que independiente de lo alegado consta de autos que la demandante fue sometida a una cirugía el 19 de agosto del 2020, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. En el presente juicio la demandante reclama el pago de reajuste de salario conforme la Ley del Estatuto Medico Empleado de Honduras; con relación a dicho reclamo se encuentra acreditado en autos que la demandante devengaba un salario mensual L. 22,000.00; que de acuerdo a la Ley del Estatuto del Medico Empleado de Honduras, el sueldo o salario mínimo es aplicable a todos las instituciones del estado así como a la empresa privada; y según informe dado por el colegio Médico de Honduras, para el año 2016 el salario base médico general es de L. 37,266.49, para el año 2017. Salario base L. 37,266.49, para el año 2018, el salario base L. 40,147.19, para el año 2019, el salario base es de L. 40,147.19, para el año 2020 el salario base de L. 43,190.34; tal como consta en la tabla que corre a folio 59 de los autos extendida por el Colegio Médico de Honduras; en ese sentido, y siendo que el nexo jurídico laboral inició en el 01 de noviembre del 2016, y durante duro la relación laboral el demandante devengó la cantidad de L. 22,000.00, mensuales desde año 2016 hasta mayo del año 2018, y desde junio del 2018 hasta 25 de agosto del 2020, la cantidad de L. 24,000.00 mensuales, cantidad que es inferior al salario base que debió haber devengado; razón por la cual procede condenar a la demandada a pagar reajuste de salario correspondiente al periodo de 01 de noviembre del 2016 hasta el 25 de agosto del 2020, resultando un reajuste de año 2016 de dos meses a razón de 15,266.49 cada mes reajuste que resulta del salario devengado por la demandante L. 22,000.00 y el salario base que debía haber devengado según Ley del Estatuto Médico Empleado L. 37,266.49, hace un total de reajuste L. 30,532.98, año 2017, año 2017 resulta un reajuste de 14 meses incluye 12 meses de salario décimo tercer y décimo cuarto a razón de L. 15,266.49 cada mes, reajuste que resulta del salario devengado por la demandante L. 22,000.00 y el salario base que debía haber devengado según Ley del Estatuto del Médico Empleado L. 37,266.49, hace un total de reajuste para ese año de L. 213,730.86, año 2018, resulta un reajuste de 14 meses incluye 12 meses de salario, décimo tercer y décimo cuarto a razón de L. 16,147.19, cada mes, reajuste que resulta del salario devengado por la demandante L. 24,000.00 y el salario base que debía haber devengado según Ley del Estatuto Médico Empleado L. 40,147.19, resulta un reajuste para este año de L. 226,060.66; año 2019, resulta un reajuste de 14 meses incluye 12 meses de salario décimo tercer y décimo cuarto a razón de L. 16,147.19, cada mes, reajuste que resulta del salario devengado por la demandante L. 24,000.00 y el salario base que debía haber devengado según Ley del Estatuto Médico Empleado L. 40,147.19, resulta un reajuste para este año de L. 226,060.66; año 2020: resulta un reajuste de 8 meses incluye 7 meses de salario y décimo cuarto a razón de L. 19,190.34, cada mes, reajuste que resulta del salario devengado por la demandante L. 24,000.00 y el salario base que debía haber devengado según Ley del Estatuto Médico Empleado L. 43,190.34, resulta un total de L. 153,522.72. Por lo que para efectos del cálculo de prestaciones sociales debe tomarse como base el establecido conforme a Ley del Estatuto Medico Empleado L. 43,190.34. Que a la terminación del contrato de trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales; el derecho a vacaciones, el derecho a decimotercero mes en concepto de aguinaldo y el derecho a décimo cuarto mes de salarios de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no, en el caso de autos la demandada no acredito haber pagado esos conceptos razón por la cual procede condenarla al pago de esos conceptos. Que la ley laboral establece que cuando el patrono no prueba la justificación en que funda el despido debe pagarle al trabajador las indemnizaciones que según el Código de Trabajo le pueden corresponder y a título de daños y perjuicios, los salarios que ha este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procésales del cuerpo de la ley citado debe quedar firme la sentencia condenatoria. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 20 de marzo del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, de la revisión y análisis exhaustivo del sub-judice, es visto que las partes intervinientes en el proceso aceptan que la ruptura del nexo jurídico laboral entre la trabajadora y la accionada es consecuente de la decisión adoptada por el empleador ejerciendo su poder disciplinario, imputándole a la actora haber incurrido en la falta de inasistencia a sus labores en fechas 19, 20 y 21 de agosto de 2020, no presentar el documento que justifique estas y que en la fecha 20 antes relacionada, envió vía WhatsApp un formato de incapacidades del Seguro Social, sin reunir los requisitos, porque carecía de firma y sello del médico tratante. indudablemente, la demandante faltó a sus labores en las fechas indicadas en la nota de despido, pero de autos también resulta acreditado que el 19 de agosto de 2020 a eso de las 06:34 a.m. la actora fue ingresada al quirófano número 4, con operación programada, dándole alta emergencia a las 08:31 a.m. de ese mismo día, con diagnóstico síndrome del túnel carpiano, extendiéndole incapacidad del 19 de agosto al 17 de septiembre del año en referencia, lo que hizo saber a su patrono a través de Helen López mediante mensaje de WhatsApp enviado el 20 de agosto de 2020, situación que se confirma una vez que el Instituto Hondureño de Seguridad Social extendió el certificado de incapacidad debidamente firmado y sellado por el médico tratante y el jefe del departamento; de otra parte, también se demostró en juicio que el 19 de agosto de 2020 la demandante fue atendida en el IHSS, siendo ingresada al quirófano para cirugía por síndrome del túnel carpiano, ello en su mano derecha, según se infiere de la respuesta de la trabajadora al citatorio para audiencia de descargos y la fotografía que obra a folio 66 de la p. p. de a., intervención quirúrgica por la que se extendió incapacidad 19 de agosto al 17 de septiembre de 2020. El recurrente señala en sus alegatos, que en el fundamento TERCERO de la sentencia impugnada se establece "...que el trabajador es al patrono que debe justificar su ausencia y no al tribunal, hecho acertado pero la juzgadora sigue dándole valor probatorio a los correos enviados a la patronal en la que la ahora demandante manifiesta que no asistió por estar incapacitada por el IHSS, situación está que no ocurrió ni por asomo,..."; sin embargo, no es posible atender dicho cuestionamiento porque si bien la actora envió vía WhatsApp una captura del certificado de incapacidad médica, sin firma ni sello del médico tratante, el empleador inició un proceso investigativo disciplinario sin dar oportunidad a la actora de presentar el certificado de incapacidad con todos los requisitos y / o justificar las razones de porque inicialmente lo presentó sin la firma y sello del médico tratante; tal es así que pese a que la trabajadora Informó que no podría comparecer a dicha audiencia porque estaba incapacitada, el procedimiento disciplinario se continuó, tomando la decisión de despedirla; escenario factico que a la luz del criterio jurisprudencial establecido por la Corte Suprema de Justicia viola el derecho de defensa, pues en dicho procedimiento debe tenerse en cuenta lo siguiente: “a) Investigación y comprobación de la supuesta falta cometida por el trabajador; b) notificación que se debe realizar con antelación al trabajador para asistir a una audiencia de descargo, con el señalamiento del lugar, fecha y hora de su celebración y la indicación del cargo o de los cargos imputados; c) en el desarrollo de la audiencia de descargo, como en el proceso disciplinario, se debe cumplir con lo que establezca el Reglamento Interno de Trabajo, especialmente sobre la intervención del delegado sindical o de testigos que participen en dicha actuación; y, d) después de que el trabajador sea escuchado el empleador dentro del término de prescripción, podrá tomar la decisión de sancionarlo imponiendo medidas disciplinarias y en un extremo máximo, dada la gravedad de la falta imputada, dar por terminado su contrato de trabajo bajo la premisa de que existe causa justificada de tal determinación, caso contrario archivar las diligencias..."; y es que, "...el derecho de defensa que goza el trabajador no solo debe ser materializado en la audiencia de descargos, la cual se celebra con el objeto de que el trabajador tenga la oportunidad de explicar o defenderse frente a la presunta falta, sino que tal derecho debe garantizarse desde que se notifique la convocatoria y el señalamiento de la referida audiencia, donde se debe poner en su conocimiento los motivos por los que se le estaría realizando la misma, con la suficiente antelación para que el trabajador tenga tiempo para reunir las pruebas y preparar su defensa”. Así las cosas, al no haberse garantizado el derecho de defensa, el despido de la demandante es injustificado y conlleva responsabilidad económica para el empleador, tal y como lo consideró la iudex a quo. El apelante también cuestiona la sentencia respecto de la condena de pago de ajuste de salario conforme las disposiciones del Estatuto del Medico Empleado, alegando que estas solo aplican a los médicos nombrados por concurso, apreciación y/o cuestionamiento inatendible, por cuanto la no realización del concurso a efecto de optar a una plaza o puesto de trabajo como médico, es inimputable al trabajador, pues es al patrono a quien corresponde organizar, planificar y desarrollar dicho concurso con el propósito de obtener de dicho proceso a las personas idóneas para una eventual contratación. Por las razones de hecho y de derecho expuestas, este tribunal estima procedente desestimar el recurso que nos ocupa y confirmar la sentencia impugnada. 5.- Mediante auto de fecha 28 de agosto del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JAVIER EDUARDO APARICIO GUARDADO, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 23 de noviembre del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado JAVIER EDUARDO APARICIO GUARDADO, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 19 de febrero del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 26 de abril del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DENNIS ALEJANDRO ORELLANA REYES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.-Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que el Abogado JAVIER EDUARDO APARICIO GUARDADO, en su primer motivo de casación alega: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO DE CASACION. Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por Falta de apreciación de determinada prueba habiendo incurrido el juzgador en un error de derecho ya que el Juez ad quem no aprecio ni le dio valor probatorio al medio probatorio denominado EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS MEDIANTE LIBRAMIENTO DE OFICIO: a ser librado al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL de la ciudad de San Pedro Sula, para que la mencionada Institución, provea al tribunal una copia del expediente clic de mi representada, con el objeto de establecer todas las incapacidades a favor de la ella en el año 2020 y también en los procesos quirúrgicos que la misma haya tenido en el año 2020. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: En el fallo o parte dispositiva de la Sentencia Recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a La Municipalidad de San Pedro Sula al pago de Prestaciones sociales y demás indemnizaciones laborales solicitadas, además del pago de reajustes salarial de acuerdo a la ley del estatuto del médico Empleado, pero el tribunal Ad Quem ante una Falta de apreciación de determinada prueba habiendo incurrido el juzgado en un error de derecho ya que no aprecio una prueba de exhibición de Documentos mediante Libramiento de oficio que era fundamental para la aclaración de los hechos que motivaron el despido del ahora demandante: hecho no solamente alegado sino acreditado con los medios de prueba documental incorporados al proceso que es contrario y muestro mi inconformidad a lo que se señala como hechos probados ya que el ad quem da como cierto que la señora fue operada e incapacitada para trabajar cuando en el expediente clínico que al efecto y dándole cumplimiento al oficio librado envió al juzgado el IHSS claramente se puede observar que no SOLO NO TIENE INCAPACIDAD alguna de esos días como ser el 19 y 20 de agosto del año 2020, faltas por las que mi representada dio por finalizada la relación de Trabajo, sino que todas las incapacidades que le había venido presentado a mi representada no se sabe cómo las obtuvo porque del mismo expediente se desprende que no fueron expedidas por el IHSS.- (VER FOLIOS 196-234), dándole valor probatorio a los mensajes por vía electrónica donde no hizo más que mentir al expresar manifestar que tenla incapacidad extendida por el IHSS, que como se repite al momento de remitir al juzgado su expediente clínico queda establecido que nunca se le extendió la incapacidad en mención, sin saber cómo logro obtener formulario alguno de ese tipo, pero del análisis del juicio se determina que no hay nada que pruebe ese hecho y mucho menos que estuvo incapacitada. Asimismo quiero referirme a los Fundamentos de derecho en que funda su decisión argumenta que el trabajador es al patrono que debe justificar su ausencia y no al tribunal hecho acertado, pero a pesar de lo que cree como se de justificar una ausencia por dos días la ad quem sigue dándole valor probatorio a los correos enviados a la patronal en la que la ahora demandante manifiesta que no asistió por esta incapacitada por el IHSS, situación está que no ocurrió ni por asomo, ya que como se demostró en el presente juicio, especialmente con su expediente clínico que al efecto lleva el IHSS, suponiendo la juez a quo que faltar al trabajo dos días en forma consecutiva y sin justificación al patrono no es causal de despido.... Esta falta de apreciación por parte de la Corte Sentenciadora, de la prueba constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, no fue valorada por el tribunal ad quem ya que de haber valorado este medio de prueba en su conjunto con los demás se hubiera dado cuanta que todos los mensajes por medios electrónicos eran mentiras de la ahora demandante, que como se quedó demostrado nuca estuvo incapacitada, por lo que se logró probar la legalidad en la finalización de la relación de trabajo con la ahora demandante y que era parte del objeto del debate en el presente juicio. III.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el impetrante del fallo alega por la vía del error de derecho, exhibición de Documentos mediante Libramiento de oficio que era fundamental para la aclaración de los hechos que motivaron el despido del ahora demandante; sin embargo, el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades, sino que se invoca la apreciación errónea de unos documentos, que en su concepto corresponden al expediente clínico de la demandante que contraviene lo establecido en folios 56 y 57 de primera pieza de autos certificado de incapacidad de la justificación de ausencia de la demandante; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, formula alegatos de instancia todo ello hace inadmisible dicho motivo. IV.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por Falta de apreciación de determinada prueba habiendo incurrido el juzgador en un error de derecho ya que el Juez Ad Quem no aprecio ni le dio valor probatorio al medio probatorio denominado LIBRAMIENTO DE OFICIO NO. JLT-2614-2022 LA DIRECTORA DE UNIDADES Médicas doctora SUYAPA MEJIA, (folio 249) a fin que nos proporcione una copia del registro de la Hoja Quirúrgica de fecha 19 de Agosto del año 2020, extendida por el Doctor Sircke donde aparece que la señora Pamela Mercedes Iscoa Pinto fue operada en esa fecha, el diagnóstico y si se le autorizo incapacidad y que nos proporcione fotocopia de la incapacidad en caso de haberse otorgado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: En el fallo o parte dispositiva de la Sentencia Recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a La Municipalidad de San Pedro Sula al pago de Prestaciones sociales y demás indemnizaciones laborales solicitadas, además del pago de reajustes salarial de acuerdo a la ley del estatuto del médico Empleado, pero el tribunal Ad Quem ante una Falta de apreciación de determinada prueba habiendo incurrido el juzgado en un error de derecho la prueba practicada ordenada de oficio por el juez a quo a dictar sentencia definitiva en primera instancia (FOLIO 239) el ad quem no aprecio una prueba de Libramiento de Oficio al IHSS, oficio que fue contestado por parte del señor NORMAN RAFAEL IZAGUIRRE, en su condición de Secretario Regional del Instituto Hondureño de Seguridad Social (VER FOLIO 255 DE LOS AUTOS) de esta manera que me permito trascribir Íntegramente: RESOLUCIÓN No. 001029- DERN-2022 INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL San Pedro Sula, Cortés, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil veintidós (2022). OFICIO SR N° 547-2022 Juzgado de Letras de Trabajo San Pedro Sula, Cortes Su Oficina, Por medio de la presente reciba un cordial saludo, así mismo dando respuesta a la solicitud Oficio N° JLT-2614-2022 se detalla a continuación la información solicitada de la señora: PAMELA MERCEDES ISCOA PINTO se adjunta copia de hoja quirúrgica de la derechohabiente de fecha 19 de agosto del 2020, informamos que no podemos brindar/validar incapacidad ya que según la información brindada por el departamento de archivo clínico no hay registro de expediente de la derechohabiente, y en el departamento de RÉGIMEN IVM no hay copia del certificado ya que la derechohabiente no llego a presentar dicho certificado para pago. Atentamente, Norman Rafael Izaguirre, documento este que corrobora que la ahora demandante Pamela Mercedes Iscoa Pinto nunca estuvo incapacitada, hecho no solamente alegado sino acreditado con los medios de prueba documental incorporados al proceso que es contrario y muestro mi inconformidad a lo que se señala como hechos probados ya que el ad quem da como cierto que la señora fue incapacitada para trabajar cuando en el expediente clínico que al efecto se lleva, sumado a este oficio librado por el IHSS donde claramente manifiesta que no existe evidencia alguna ni el expediente del derechohabiente y que tampoco hay copias del certificado de incapacidad, dejando claramente probado que la demandante Pamela Mercedes Iscoa Pinto mintió a través de sus mensajes donde expreso que se encontraba incapacitada los días que falto a su trabajo, quedando al descubierto que falto esos días 19 y 20 de agosto del año 2020, sin justificación alguna y mucho menos que estuvo incapacitada, habiendo quedado demostrado la legalidad de su despido y sobre todo acreditada las faltas por las que mi representada dio por finalizada la relación de Trabajo, pero el ad quem no valoro este medio de prueba y le dio valor probatorio valor probatorio a los mensajes por vía electrónica donde no hizo más que mentir al expresar manifestar que tenía incapacidad extendida por el IHSS, que como se repite al momento de remitir al juzgado la respuesta al oficio N° JLT-2614-2022 queda establecido que nunca se le extendió la incapacidad en mención,. Asimismo quiero referirme a los Fundamentos de derecho en que funda su decisión argumenta que el trabajador es al patrono que debe justificar su ausencia y no al tribunal hecho acertado, pero a pesar de lo que cree como se de justificar una ausencia por dos días la ad quem sigue dándole valor probatorio a los correos enviados a la patronal en la que la ahora demandante manifiesta que no asistió por esta incapacitada por el IHSS, situación está que no ocurrió ni por asomo, ya que como se demostró en el presente juicio, especialmente con su expediente clínico que al efecto lleva el IHSS, suponiendo la juez a quo que faltar al trabajo dos días en forma consecutiva y sin justificación al patrono no es causal de despido..-. Esta falta de apreciación por parte de la Corte Sentenciadora, de la prueba constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, no fue valorada por el tribunal ad quem ya que de haber valorado este medio de prueba en su conjunto con los demás se hubiera dado cuanta que todos los mensajes por medios electrónicos eran mentiras de la ahora demandante, que como se quedó demostrado nuca estuvo incapacitada, por lo que se logró probar la legalidad en la finalización de la relación de trabajo con la ahora demandante y que era parte del objeto del debate en el presente juicio, pero el tribunal Ad Quem ante una Falta de apreciación de determinada prueba habiendo incurrido el juzgado en un error de derecho ya que no aprecio una prueba. DOCTRINA: "Para que se configure la infracción de ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: Debe existir una mala apreciación o una falta de apreciación de la prueba es decir respecto a la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que regulan la prueba de que se trata, pues en ese último caso se estará frente a una cuestión diferente". Ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada, y necesaria la violación de la ley sustantiva y el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado el hecho que en realidad no está demostrado o al contrario, se da por no probado, el hecho que si está demostrado plenamente en el juicio. V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el impetrante del fallo alega por la vía del error de derecho, LIBRAMIENTO DE OFICIO NO. JLT-2614-2022 LA DIRECTORA DE UNIDADES Médicas, (folio 249; sin embargo, el error de derecho en la casación de trabajo, tiene lugar cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la Ley, por exigir ésta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, púes en este caso no se puede admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, situación que en el presente asunto no se ha expuesto bajo alguna de esas modalidades, sino que se invoca la apreciación errónea de unos documentos, que en su concepto corresponden a la incapacidad de la demandante en folios 56 y 57 de primera pieza de autos certificado de incapacidad de la justificación de ausencia de la demandante la cual no fue presentada a la oficina de reclamos de pago de incapacidad que se hace mención por parte IHSS que le correspondía reclamar como ingreso de complemento de salario a la demandante ; b) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y, formula alegatos de instancia todo ello hace inadmisible dicho motivo. VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “ Acuso a la sentencia de ser violatoria de la Ley Sustantiva de orden nacional ser la Sentencia Violatoria de Ley sustantiva de Orden Nacional por haber cometido INFRACCIÓN DIRECTA lo cual recae en aplicación indebida o interpretación errónea de los preceptos contemplados en el la Ley Del Estatuto Del Medico Empleado en relación con el artículo 43 de la Ley de Salario Minino aplicada supletoriamente, cometiendo este honorable Tribunal de Apelaciones grave inobservancia de lo preceptuado en dicho cuerpo legal antes mencionado.. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: En el fallo o parte dispositiva de la Sentencia Recurrida, la Corte Sentenciadora, condena a La Municipalidad de San Pedro Sula al pago de Prestaciones sociales y demás indemnizaciones laborales solicitadas, además del pago de reajustes salarial de acuerdo a la ley del estatuto del médico Empleado, pero el tribunal Ad Quem ante una Falta de apreciación de determinada prueba habiendo incurrido el juzgado en un error de derecho la prueba practicada ordenada El Honorable Tribunal de Apelaciones en materia laboral dictó su sentencia infringiendo directamente la ley sustantiva, aplicándola indebidamente por su interpretación errónea de la misma, En cuanto al Reajuste solicitado en base a la Ley del Estatuto del Medico Empleado es improcedente PORQUE ELLOS NO FUERON SOMETIDOS O NOMBRADOS POR CONCURSO SINO POR EL CONTRARIO FUE POR CONTRATACIÓN DIRECTA POR PARTE DE UN NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL DE SAN PEDRO SULA EN BASE A LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LA LEY DE MUNICIPALIDADES y al decir a ellos no les aplica las disposiciones contenidas en la Ley de Estatuto del Medico Empleado es porque de acuerdo a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Estatuto del Medico empleado que dice "Toda contratación o nombramiento para la prestación de Servicios Médicos Generales o Especializados, bajo la subordinación o dependencia de un empleador natural o jurídico de derecho público o privado, DEBERÁ SOMETERSE A CONCURSO, sin perjuicio de sus facultades legales para decidir el ingreso, contratación o nombramiento la entidad empleadora reglamentara dichos concursos oyendo previamente las recomendaciones técnicas del Colegio Médico de Honduras”, esto en relación a lo establecido como CONDITIO SINE QUA NON, y que se encuentra establecido en el artículo 5 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Medico Empleado que dice: "En toda Contratación o Nombramiento para la prestación de servicio cuya naturaleza sea propias del ejercicio de la Medicina General o Especialización el Medico Empleado o especializados el Medico Empleado deberá llenar los siguientes requisitos: 1...2...3...4....5. APROBAR SATISFACTORIAMENTE EL CONCURSO, 6...”. - con lo anterior se deja establecido que los ahora demandantes fueron contratados debido a la facultad discrecional que el artículo 100 de la Ley de Municipalidades le da al Alcalde Municipal de poder nombrar el personal de acuerdo a la Ley. Como se puede apreciar, la Señora PAMELA MERCEDES ISCOA PINTO en ningún momento fue sometida a concurso alguno como lo establece el Artículo 7 del Reglamento de la Ley del Estatuto del Medico Empleado que dice "A fin de incrementar la eficiencia de los servicios médicos EL CONCURSO señalado en el artículo 7 del ESTATUTO deberá contar como minino. las normas que a continuación se establece: 1) Toda vacante de Personal Médico General o Especializado en todas las instituciones del país se llenara MEDIANTE CONCURSO DE OPOSICIÓN......" por lo tanto la demandante está sujeta a las normas que dispone el Contrato Colectivo suscrito entre la Municipalidad de San Pedro Sula y sus trabajadores, por lo que ella pretenden en cuanto al ajuste de sus salario deberá ser efectuado de acuerdo a lo que señalada dicho Contrato Colectivo, porque como lo explique anteriormente estos empleados fueron nombrados en sus puestos por el Alcalde Municipal y NO POR HABERSE SOMETIDO A CONCURSO ALGUNO, SITUACIÓN ESTA QUE LA EXCLUYE DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY DEL ESTATUTO DEL MEDICO EMPLEADO Y LOS SOMETE A LAS DISPOSICIONES DEL CONTRATO COLECTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA Y SUS EMPLEADOS EN LA QUE EN SU CLAUSULA 31 está plenamente establecida la forma que la Municipalidad otorgara los incrementos a los trabajadores miembros del referido Sindicato y en los que fuera más beneficioso para ellos en las disposiciones legal emanadas del Código de Trabajo Vigente.- En cuanto a las pretensiones de la demandante se vuelve a dejar claro que mi representada LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, es una entidad respetuosa de las leyes y garante de los derechos de cada uno de los trabajadores, y que lo que realmente sucede es que la Señora Pamela Mercedes Iscoa Pinto pretende reajuste salarial por antigüedad haciendo uso de una Tabla de Incrementos por Antigüedad Del Médico Empleado que publica en Colegio Médico en base a las disposiciones de la Ley del Estatuto del Médico Empleado y que según ellos su petición es de conformidad a los señalado a la LEY DE ORDENAMIENTO DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL GOBIERNO CENTRAL, aclarando que esta Ley que es totalmente inaplicable a mi Representada en el caso de los incrementos salariales reclamados, ya que como se puede ver la Tabla de sueldo e incrementos por antigüedad del Médico Empleado traída al juicio por el ahora demandante, claramente se desprende de la misma lo que literalmente dice" A partir del año 2005 el sueldo del médico empleado, es de conformidad al artículo 10 dela ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno central...".- paso a explicar lo siguiente: a quienes aplica la LEY DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL GOBIERNO CENTRAL según lo establece el artículo 1 de la referida ley "el objeto de la Presente Ley es ordenar el Régimen Salarial del Gobierno Central y LAS INSTITUCIONES DESCONCENTRADAS del Estado para lograr la equidad que garantiza la Constitución de la República." Quedando Claro que la Municipalidad de San Pedro Sula no es ninguna Institución Desconcentrada del Gobierno Central De Honduras, sino que es una Institución DESCENTRALIZADA.- Se quiere hacer énfasis y explicar a este tribunal y a los ahora demandantes porque no es de aplicación para mi Representada la Tabla de Incrementos por Antigüedad Del Médico Empleado que publica en Colegio Médico en base a las disposiciones de la Ley del Estatuto Del Médico Empleado de conformidad a los señalado en la LEY DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL GOBIERNO CENTRAL, ya que la misma solo es de aplicación a las Instituciones desconcentradas del Estado y pasaremos a definir y ejemplificar cuales son las instituciones desconcentradas del estado, lo que se hace de la siguiente manera: La doctrina administrativa definió a los órganos desconcentrados como aquellas entidades subordinadas en jerarquía de las Secretarías de Estado, que sirven para resolver un servicio público determinado" olvidando los ahora demandantes que las Municipalidades son instituciones descentralizadas del Estado como lo establece la Ley de Administración Publica en su artículo 47. La Administración Descentralizada está integrada por la siguiente categoría de entidades: 1) Instituciones Autónomas; y, 2) Municipalidades o Corporaciones Municipales. que no es lo mismo que desconcentradas, (para su definición ver Artículos 41 al 46 de la Ley de Administración Pública), por lo que para su ilustraciones paso darle ejemplos de instituciones desconcentradas de Honduras Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) Cuerpo de Bomberos, Instituto Nacional Penitenciario entre otras muchas instituciones desconcentradas, que son a las que la Tabla de Incremento salariales por antigüedad arriba señalada en relación con la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central se les puede aplicar la referida tabla. el ad quem ratifico la improcedente mediante Sentencia Definitiva dictada por el juez a quo en el sentido de condenar a mi representada al pago de reajustes salariales basados en la Ley del Estatuto Del Médico Empleado motivo basto y suficiente para casar dicha sentencia que hoy estamos argumentando su casación, estamentos jurídicos que si se analizan en el contexto real que corresponde no se hubiese condenado a mi representando a dicho pago, que como se puede apreciar el a quem interpreto erróneamente el artículo 43 de la ley de Salario Mínimo condenando a mi representada al pago de cuatro años de reajuste cuando a pesar de no ser lo justa la sentencia en mención se debe interpretar correctamente el artículo 43 de la ley de Salario Mínimo”. VII.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) omite señalar la norma sustantiva violada; b) olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, c) formula alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso, además el estatuto medico empleado no tiene la calidad de norma sustantiva. VIII.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. NOTIFÍQUESE. -FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO Y FRANCISCA VILLELA ZAVALA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del dos mil veinticinco. FIRMA Y SELLO.

RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO

RECEPTORA ADSCRITA.