Sentencia CL-200-24 — Registro 19956
Resumen
En la demanda ordinaria laboral que mediante sentencia se declare la permanencia en el puesto de trabajo, primera instancia declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción, téngase la relación laboral permanente, y sus derechos, sin lugar para cambio de categoría de prestación de servicios; segunda instancia declarar sin lugar el recurso, reforma parcialmente de oficio la sentencia; no se otorgue el acuerdo de nombramiento, limitándose solo a la permanencia y derechos; esta Sala de lo Laboral declara no ha lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada como ser el artículo 2 del código del Trabajo, mismo que no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Señala erróneamente el recepto autorizante ya que el mismo está establecido en el precepto violado en el artículo 765 del Código de Trabajo; y realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada como ser el artículo 2 del código del Trabajo, mismo que no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Señala erróneamente el recepto autorizante ya que el mismo está establecido en el precepto violado en el artículo 765 del Código de Trabajo; y realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Alude a una errónea interpretación sin señalar cual debió ser la correcta interpretación que el Ad quem debió de darle a los medios de prueba; Y, b) Para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que a su juicio...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 761 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 691 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., tres (03) de noviembre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 05 de agosto del 2024, por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor VICTOR LOPEZ ENAMORADO, representado en juicio por el Abogado LUIS FERNANDO SAUCEDA GODOY. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral contraída a solicitar que mediante sentencia definitiva se declare la permanencia en el puesto de trabajo, se ordene el cambio de categoría de prestación de servicios pasando de contrato compuesto ha acuerdo del poder ejecutivo conservando antigüedad y todos los beneficios y derechos de un empleado permanente que conforme a ley le correspondan, pago de incrementos salariales, y sus colaterales, aplicados de manera general a otros empleados que realizan las mismas funciones que a la fecha son adeudados de manera retroactiva desde la fecha que inicio la relación laboral hasta que se efectúe el nombramiento permanente, sin represarías por parte del patrono, costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 03 de febrero del 2020 por el señor VICTOR LOPEZ ENAMORADO, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración Hospitalaria, con domicilio en la ciudad de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD PUBLICA (SESAL), por medio de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 13 de octubre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ. 2) REFORMA DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha treinta de septiembre del año dos mil veintidós que corre a folios del 123 al 128 de la primera pieza de autos. 3) CONFIRMANDO los numerales I) en cuanto a declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN opuesta por el Representante Procesal de la parte demandada. Y II) Declarar CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral contraída para que se declare la permanencia en su puesto de trabajo. Todos los beneficios y derechos de un empleado permanente que conforme a la Ley le correspondan. Pago de incrementos salariales y sus colaterales aplicados de manera general a otros empleados que realizan nuestras mismas funciones que a la fecha son adeudados de manera retroactiva desde la fecha que inicio su relación laboral hasta que quede firme la sentencia; instaurada por el señor VICTOR LOPEZ ENAMORADO; contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de estado en los Despachos de Salud Pública (SESAL) intermedio de su Representante Legal la señora Procuradora General de la Republica Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.- 4) REFORMAR PARCIALMENTE el numeral III) únicamente en cuanto de la CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS establecida en el numeral a) en el sentido de que no se debe de otorgar el Acuerdo de Nombramiento por las razones expuestas en la motivación de este fallo, limitándose solo al reconocimiento de la relación con carácter permanente e indefinida y los derechos que le corresponden a los empleados permanentes de la Institución. CONFIRMAR el inciso b) pagarle al señor VICTOR LOPEZ ENAMORADO por tiempo indefinido y asimismo que se le debe reconocer todos los derechos que como empleado permanente le corresponden a partir del 02 de marzo del año dos mil 2013 como ser: vacaciones; décimo tercer y décimo cuarto mes de salario y todos aquellos que la institución reconozca a sus empleados de carácter permanente conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda.- 5) CONFIRMAR los numerales IV y V de la sentencia que se recurre. 6) SIN COSTAS en esta instancia…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante, expreso en el escrito de su acción que, inició la relación laboral con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud (SESAL) el 2 de marzo de 2013, en el cargo de Administrador en el Hospital de Occidente, devengando un salario mensual de L.25,000.00, posteriormente, mediante oficio No. 159-15-DDHRO de fecha 25 de mayo de 2015, fue nombrado en el cargo de Sub director de Gestión de Recursos del Hospital de Occidente de la SESAL, devengando actualmente un salario mensual de L.30,000.00. Resulta que, en el caso particular del actor, a pesar de haber sido contratado por parte del Estado de Honduras en la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud Pública, sin contar hasta el momento con un nombramiento de Acuerdo del Poder Ejecutivo, ha venido desempeñando funciones iguales a la de los empleados permanentes. Sin embargo, es importante aclarar que, para efectos del pago de su salario, ha sido contratado por más de 200 días de manera ininterrumpida mediante la modalidad de contrato compuesto. En ese mismo orden de ideas, el patrono de manera errónea, sostendrá nuevamente el criterio que el sistema de planillas por contrato compuesto es aquel contrato cuya naturaleza es a término con un salario mensual, para una prestación de servicios por tiempo limitado. Al respecto, citamos la jurisprudencia existente sobre este particular, que en reiteradas ocasiones esta Judicatura ha establecido el criterio en cuanto al sistema de pago por contrato compuesto, que indica: “…que esta relación laboral implica únicamente que, debido al servicio que presta el trabajador, no se cuenta con una partida presupuestaria similar o de iguales características a las que ostentan los servidores públicos nombrados por acuerdo…”. Es decir, el trabajo por contrato es aquel que dedica su tiempo o jornada laboral a la ejecución del trabajo para el cual ha sido contratado, y este puede ser extensivo, como en el presente caso, donde ha desempeñado labores como Administrador y posteriormente como Subdirector de Gestión de Recursos a través del sistema de pago por contrato compuesto durante más de ocho años consecutivos. Esta prolongación, ha logrado como efecto la adquisición de derechos adquiridos por el transcurso del tiempo, como el de ser empleado permanente, independientemente de la categoría de servicio que preste al Estado de Honduras. Se recuerda, que generalmente es el propio Estado de Honduras el que establece este tipo de contrataciones debido a los servicios prestados, como en cámaras frigoríficas y de refrigeración, trabajadores de minas, trabajadores de construcción y obra pública, jornales, entre otros. En el presente caso, a pesar de que la forma de pago del salario sea mensual mediante contrato compuesto, esto no se traduce en que la relación de trabajo sea por tiempo limitado, pues no se dan los presupuestos para catalogar la relación de trabajo del actor como una relación de tiempo limitado. El Código de Trabajo, en su artículo 47, en sus párrafos primero y tercero, establece taxativamente lo siguiente: “…Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa se considerarán como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas…. en consecuencia, los contratos a plazo fijo o para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden ser celebrados en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio que se va a prestar o de la obra que se va a ejecutar.” Por otra parte, el artículo 48, en su párrafo segundo, establece categóricamente lo siguiente: “No obstante, todo contrato por tiempo fijo es susceptible de prórroga expresa o tácita. Lo será de esta última manera por el hecho de que el trabajador continúe prestando sus servicios sin oposición del patrono.” Estas normas legales son invocadas en favor del actor, para que esta Judicatura declare el derecho a ser considerado empleado permanente, pues por tratarse de empleados cuyas funciones desempeñadas son análogas y de mayor responsabilidad a las de los empleados permanentes enmarcados en la categoría de Administrador y Sub director, bajo el principio de primacía de la realidad, se solicita que mediante sentencia definitiva se declare la permanencia en el puesto de trabajo. Se ordene el cambio de categoría de prestación de servicios, pasando de contrato compuesto a Acuerdo del Poder Ejecutivo, conservando antigüedad y todos los beneficios y derechos de un empleado permanente que conforme a ley le corresponden. Además, se solicita el pago de incrementos salariales y sus colaterales aplicados de manera general a otros empleados que realizan las mismas funciones, los cuales a la fecha son adeudados de manera retroactiva desde la fecha en que inició su relación laboral, hasta que se efectúe el nombramiento permanente. A pesar de desempeñar funciones propias de un empleado permanente, el actor no ha recibido los aumentos salariales que el Poder Ejecutivo ha autorizado desde el año 2010 hasta el año 2019 para los empleados permanentes, los cuales son adeudados en su totalidad. Al respecto, la Constitución de la República, en su artículo 128, numeral 3, establece: “…A trabajo igual corresponde salario igual sin discriminación alguna, siempre que el puesto, la jornada y las condiciones de eficiencia y tiempo de servicio sean también iguales.” Esta garantía está fundamentada en el principio universal de igualdad en derechos del ser humano sin discriminación, adoptado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), ratificado por la República de Honduras, y el Convenio 111 de la OIT, debidamente ratificado por el país, que garantiza el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo. Es por ello que, bajo la tutela de estos principios, se solicita que se condene al Estado de Honduras al pago de incrementos salariales aplicados de manera retroactiva a otros empleados que realizan las mismas funciones, los cuales a la fecha son adeudados, junto con sus colaterales de manera retroactiva, tal como esta Judicatura ha otorgado en casos similares, como el sometido hoy a su conocimiento; dando por agotado el trámite administrativo respectivo, sin poder llegar a un arreglo conciliatorio con la parte demandada. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que, no es suficiente la afirmación realizada por la parte demandante en los hechos de demanda, ya que debe fundarse en hechos reales y concretos, los cuales deben ser probados en juicio. En materia probatoria, es un principio universal que quien afirma un hecho es quien está obligado a probarlo, constituyendo la máxima ONUS PROBANDI INCUMBIT ACTORI. Siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos alegados ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera que la Honorable Juez pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana crítica para formar libremente su criterio. Atendiendo a la naturaleza jurídica del representado (Gobierno Central) y aplicando lo dispuesto en el artículo 2, numeral 2 del Código del Trabajo, no le son aplicables las disposiciones de dicho código. En su lugar, son aplicables al caso de mérito el Reglamento de Personal de la Secretaría de Salud, la Ley de Servicio Civil, su Reglamento y demás normas administrativas. Por lo tanto, considerando las necesidades de la demandada, se contrató al demandante mediante un contrato de servicios profesionales y técnicos, en aplicación estricta de los artículos 200, 201, 202 y siguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. En ese orden de ideas, el artículo 3, inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que casos como el que nos ocupa serán conocidos por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y no por el Juzgado del Trabajo; continuando con este razonamiento, el hecho de que exista o no la función desempeñada por el demandante no es potestad de él prever que la misma siempre existirá, ya que, debido a una reingeniería o falta de presupuesto, la misma podría estar sujeta a cambios. Al estar sujeta a un presupuesto aprobado de manera legal y debida para este tipo de contratos, no puede considerarse dicha función como permanente, como el demandante intenta hacer ver, soslayando el procedimiento legalmente establecido para la creación de plazas permanentes dentro de la Administración Pública, las cuales deben ser aprobadas por la Dirección General de Servicio Civil y la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas. De lo contrario, el representado estaría en flagrante violación de la Ley, conforme a lo que establece el Artículo 35 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, que dispone: "Queda estrictamente prohibido a las instituciones del sector público adquirir compromisos extrapresupuestarios. Los mismos no serán reconocidos como deuda pública ni registrados en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI). La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas no tramitará ninguna solicitud de modificación presupuestaria por este concepto y queda autorizada para establecer las regulaciones pertinentes de rechazo automático en el Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI)". Estas normativas no solo fortalecen la posición del representado, sino que legitiman el formalismo mediante el cual se contrató al demandante, garantizando además la no aplicabilidad del Artículo 47 del Código de Trabajo, de acuerdo con lo que establece el Artículo 202 del Reglamento de Servicio Civil. Se rechaza el contenido del hecho cuarto de la demanda, en cuanto a que la parte actora procura sustentar sus pretensiones en el artículo 47 del Código de Trabajo, pues los contratos suscritos con el representado fueron transitorios y temporales, y no se puede aplicar irresponsablemente la normativa laboral de este artículo ni considerarse como contratos por tiempo indefinido. Las actividades que desarrolla el demandante no son de carácter permanente. Por otra parte, se debe señalar que la figura del contrato involucra a dos partes que se someten a las obligaciones y derechos establecidos en el mismo. No pueden prevalecer derechos subjetivos por muy convenientes que sean a una de las partes, ni tampoco pueden modificarse los términos del contrato bajo el argumento del artículo 47 del citado Código de Trabajo, ya que ello desnaturalizaría el objeto del contrato. Se reitera que el demandante, al fundamentar sus pretensiones para exigir un derecho subjetivo de reconocimiento de tiempo indefinido por la suscripción de varios contratos, lo hace de manera que beneficia sus intereses particulares, lo que podría poner a la otra parte en desventaja, sujetándola a la rigidez de la normativa de dicho artículo. Además, la actividad es temporal debido a la ausencia de una plaza para un nombramiento permanente, razón por la cual se rechaza la aplicación del artículo mencionado. A pesar de ello, se reitera que el demandante suscribió contratos de servicios profesionales, regidos por las cláusulas establecidas en los mismos, con derechos y obligaciones recíprocas y sujetas a ambas partes. En consecuencia, se concluye que la parte reclamante solo pretende aplicar una normativa jurídica laboral con el único objeto de utilizarla para el reconocimiento de un derecho que no existe ni tiene sustento jurídico, por ser este meramente ilusorio e imaginario. Es importante recalcar que la demandada ha suscrito contratos a término con el señor Víctor López Enamorado, los cuales tienen fecha de inicio y finalización, firmándose de esa manera en vista que la demandada está sujeto a un Plan Operativo Anual (POA) y a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, por lo que no puede excederse, tal como lo determina la Constitución de la República en su artículo 364: "No podrá hacerse ningún compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias". Además, la parte actora desconoce que al ser la parte demandada un órgano centralizado, sus empleados permanentes se deben regir por la Ley de Servicio Civil. Por lo tanto, si el demandante pretende que se le reconozca tal permanencia, debe dar cumplimiento a lo que establece el Artículo 11 de la Ley de Servicio Civil y el Artículo 7 de su Reglamento, que literalmente dispone: "Para ingresar al Servicio Civil se requiere... 5. Haber aprobado los exámenes de competencia o de oposición de antecedentes de conformidad con los requisitos establecidos en esta Ley"; y el Artículo 7 del Reglamento: "El régimen del Servicio Civil se aplicará a los empleados del poder ejecutivo cuyo ingreso se haya efectuado llenando los requisitos del artículo 11 de la Ley y los establecidos en este Reglamento, así como los aspirantes que estén tramitando su ingreso". Estas normativas no han sido cumplidas por el demandante, por lo que la parte demandada no puede dejar de aplicarlas para otorgar un nombramiento (permanencia). No hacerlo sería violar las normas y procedimientos legales, ya que se estaría en flagrante transgresión de las leyes administrativas atinentes al caso. Por lo tanto, se concluye que esta no es la vía legal para alcanzar tal fin. Por otra parte, es inoportuno que la parte actora cite jurisprudencia en materia laboral, ya que nos encontramos ante una relación de servicio y no ante una relación de trabajo. No se puede obviar lo establecido en los artículos 127 y 256 de la Constitución de la República de Honduras, los cuales hacen una diferenciación entre el derecho del trabajo y la relación de servicio. Por lo tanto, el demandante no puede asumir que la relación contractual que ha sostenido con el representado es una relación de trabajo, ya que omite que dicha norma constitucional en su artículo 256 establece que el Régimen de Servicio Civil es el que regulará las relaciones de empleo y función pública entre el Estado y sus servidores. Esto se alinea con el artículo 257 del mismo estamento legal, que remite a la aplicación de la Ley de Servicio Civil y su reglamento, al observar lo establecido en los artículos 17 y 200 del Reglamento de Servicio Civil, el representado puede ejercer legalmente la contratación a la cual está sometido el señor Víctor López Enamorado. En caso de que tenga alguna objeción sobre lo establecido en las cláusulas del contrato suscrito con el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud, debió interponer la acción correspondiente ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece la cláusula novena del contrato, junto con lo dispuesto en el artículo 3, inciso a), de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Sin embargo, el demandante no puede aseverar que lo presente sea una relación de trabajo permanente ni que el representado haya cometido fraude laboral, por lo que es improcedente su pretensión. Finalmente, es improcedente la pretensión del demandante de que esta judicatura del trabajo le otorgue un nombramiento de permanencia bajo el régimen de servicio civil, ya que esto excede la competencia del Juez del Trabajo. Únicamente la Dirección General de Servicio Civil es competente para tal fin, otorgar dicho nombramiento de parte de este Juzgado sería fuera del ámbito de su competencia. Se rechaza el hecho en el que el demandante hace mención de haber solicitado la intervención de las autoridades administrativas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, ya que la parte demandada no tiene facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, ni mucho menos cuando se trata de Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos, como es el caso que nos ocupa. Dichos contratos tienen fecha de inicio y finalización a satisfacción de las partes. Además, no es procedente que la Secretaría de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social conozca este asunto, ya que la jurisdicción competente en caso de controversias es el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece la cláusula novena del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos y el artículo 3, inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, se interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción, fundamentándose en los artículos 43 de la Ley del Salario Mínimo; 710, 862 y 867 del Código del Trabajo; 2289 y 2295 del Código Civil. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 30 de septiembre del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesta por la Representante Procesal de la parte demandada. II.-Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral contraída para que se declare la permanencia en su puesto de trabajo. Todos los beneficios y derechos de un empleado permanente que conforme a Ley le correspondan. Pago de Incrementos salariales y sus colaterales aplicados de manera general a otros empleados que realizan nuestras mismas funciones que a la fecha son adeudados de manera retroactiva desde la fecha que inicio su relación laboral hasta que quede firme la sentencia; instaurada por el señor VICTOR LOPEZ ENAMORADO; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud Pública (SESAL) intermedio de su Representante Legal la Señora Procuradora General de la República Abogada LIDIA ESTELA CARDONA. III.-CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal el Señor Procurador General de la Republica Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS a lo siguiente: a) Que se tenga la relación laboral del señor VICTOR LOPEZ ENAMORADO a partir del 02 de marzo del año 2013 con carácter de indefinida debiendo la Institución demandada nombrarlo como empleado permanente desde el inicio de la relación laboral; b) Pagarle al Señor VICTOR LOPEZ ENAMORADO por tiempo indefinido, y asimismo que se le debe reconocer todos los derechos que como empleado permanente le corresponde a partir del 02 de marzo del año 2013 vacaciones; Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda. IV. Declarar SIN LUGAR la demanda instaurada por el Señor VICTOR LOPEZ ENAMORADO para que se ordene el cambio de categoría de prestación de servicios pasando de contrato con puesto a acuerdo del Poder Ejecutivo conservando antigüedad contra ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su actual Representante Legal el Señor Procurador General de la Republica Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS en consecuencia ABSUELVE: AL ESTADO DE HONDURAS por intermedio de su actual Representante Legal el Señor Procurador General de la Republica Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS de dicha pretensión. V.- SIN COSTAS en esta instancia”. Bajo el criterio que las excepciones perentorias son aquellas que atacan el fondo o el derecho sustancial de la acción y la declaran extinguida o ponen fin a la demanda cuando se demuestra su existencia, el Representante Procesal de la parte demandada opone la Excepción Perentoria de Prescripción ya que el Código de Trabajo, en su texto legal del articulo 862 determina: "Prescripción es un medio de librarse de una obligación impuesta por el presente Código... mediante el transcurso de cierto tiempo...", de igual manera en relación a la prescripción el artículo 2289 del Código Civil en su capítulo III de la prescripción de las acciones establece: "Las acciones prescriben por el mero lapso de tiempo fijado por la Ley", agregando además lo que dispone el artículo 867 del Código del Trabajo, Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás Leyes de Trabajo o Previsión Social que se originen directamente en Contratos de Trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para Patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho; El artículo 43 de la Ley del Salario Mínimo establece: La acción derivada del derecho que se reconoce en el artículo 39 de esta Ley, prescribirá en dos (2) años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva un ejercicio; aunado a lo que el artículo 2295 del Código Civil establece: “Por el transcurso de dos años prescriben las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones siguientes: 1...2... la de cualesquiera otros pagos que deben hacerse por años o en plazos más breves”, por lo que, en todo caso, esta Judicatura solo podría reconocer (en caso que se adeude complemento de colaterales) algún pago de los últimos dos años, pero no de todo el tiempo de la duración de los contratos, como lo pretenden los demandantes; de lo anterior se puede apreciar que el excepcionante no es claro y preciso en determinar de dónde se deberá partir para computar ese término o plazo, para así poder establecer si opera o no la prescripción alegada en el presente caso, por lo que se procede a declarar sin lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por el Representante Procesal de la parte demandada. Que si bien es cierto la parte demandada invoca que se trata de Contrato por Tiempo Determinado, cuya terminación ya está establecida en su texto y aceptada por las partes; también es cierto que de conformidad con lo señalado en la Constitución de la República y Código del Trabajo, son nulos ipso jure todos los actos y estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el Código del Trabajo, sus Reglamentos o las demás Leyes de Trabajo y Previsión Social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. Que, si antes de transcurrido un año se celebra nuevo contrato de trabajo entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el periodo de prueba. Que los Contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia de trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. Que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que el señor Víctor López Enamorado antes de haber transcurrido un año celebro Contratos de Trabajo con la misma institución demandada y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de Contratos se entiende por tiempo Indefinido y asimismo ese puesto es en el que se desempeñaban al momento de ejecutar los trámites administrativos, razón por la cual la Suscrita es del firme criterio que procede declarar con lugar la demanda de mérito en relación a tener la relación laboral del Señor Víctor López Enamorado por tiempo indefinido, y asimismo que se le debe reconocer todos los derechos que como empleado permanente le corresponde a partir del 02 de marzo del año 2013 fecha de inicio de la relación laboral hasta que quede firme la sentencia. Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda. La parte demandante asimismo solicita en el Escrito de su Demanda; Se ordene el cambio de categoría de prestación de servicios pasando de contrato con puesto a acuerdo del Poder Ejecutivo conservando antigüedad y todos los beneficios y derechos de un empleado permanente que conforme a Ley le correspondan. Pago de Incrementos salariales y sus colaterales aplicados de manera general a otros empleados que realizan su misma función que a la fecha son adeudados de manera retroactiva desde la fecha que inicio su relación laboral hasta que se ejecute el nombramiento permanente. En cuanto a que se ordene el cambio de categoría de prestación de servicios pasando de contrato con puesto a acuerdo del Poder Ejecutivo conservando antigüedad se declara sin lugar ya que este Juzgado es incompetente para otorgar dicho acuerdo en vista de ser actos propios de la administración pública. En lo que corresponde al Pago de Incrementos salariales y sus colaterales aplicados de manera general a otros empleados que realizan su misma función que a la fecha son adeudados de manera retroactiva desde la fecha que inicio su relación laboral hasta que se ejecute el nombramiento permanente dicha pretensión ya se relacionó en el considerando que antecede. La Suscrita con el único ánimo de equilibrar la justicia social, con la facultad para ello, y con los hechos debidamente probados, es que determina en el caso de autos, es necesaria la utilización de la figura de la EXTRA PETITA, pues de la probanza de los hechos ha relucido que al señor Víctor López Enamorado le corresponde la remuneración del concepto de vacaciones en vista que con el medio de prueba documental vía oficio se acredito que al demandante no se le hicieron efectivas; Conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 13 de octubre del 2023, dicto sentencia que, en su parte conducente, dice: “FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ. 2) REFORMA DE OFICIO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha treinta de septiembre del año dos mil veintidós que corre a folios del 123 al 128 de la primera pieza de autos. 3) CONFIRMANDO los numerales I) en cuanto a declarar SIN LUGAR la EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN opuesta por el Representante Procesal de la parte demandada. Y II) Declarar CON LUGAR la demanda Ordinaria Laboral contraída para que se declare la permanencia en su puesto de trabajo. Todos los beneficios y derechos de un empleado permanente que conforme a la Ley le correspondan. Pago de incrementos salariales y sus colaterales aplicados de manera general a otros empleados que realizan nuestras mismas funciones que a la fecha son adeudados de manera retroactiva desde la fecha que inicio su relación laboral hasta que quede firme la sentencia; instaurada por el señor VICTOR LOPEZ ENAMORADO; contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de estado en los Despachos de Salud Pública (SESAL) intermedio de su Representante Legal la señora Procuradora General de la Republica Abogada LIDIA ESTELA CARDONA PADILLA.- 4) REFORMAR PARCIALMENTE el numeral III) únicamente en cuanto de la CONDENA AL ESTADO DE HONDURAS establecida en el numeral a) en el sentido de que no se debe de otorgar el Acuerdo de Nombramiento por las razones expuestas en la motivación de este fallo, limitándose solo al reconocimiento de la relación con carácter permanente e indefinida y los derechos que le corresponden a los empleados permanentes de la Institución. CONFIRMAR el inciso b) pagarle al señor VICTOR LOPEZ ENAMORADO por tiempo indefinido y asimismo que se le debe reconocer todos los derechos que como empleado permanente le corresponden a partir del 02 de marzo del año dos mil 2013 como ser: vacaciones; décimo tercer y décimo cuarto mes de salario y todos aquellos que la institución reconozca a sus empleados de carácter permanente conceptos que serán liquidados en el momento procesal oportuno que corresponda.- 5) CONFIRMAR los numerales IV y V de la sentencia que se recurre. 6) SIN COSTAS en esta instancia…”. Bajo el criterio que, del análisis de las pruebas aportadas al proceso, en las cuales se acompañan los contratos suscritos entre la partes, a los cuales se les denomino contrato de servicios profesionales, el demandante fue contratado como Administrador, señalándole sus funciones, una remuneración y su forma de pago, una jornada de trabajo que es la misma del Gobierno Central para los empleados públicos, elementos estos que se encuentran normalmente en un contrato de trabajo y no en uno de servicios profesionales, pues existe diferencias, sobre todo en cuanto a la subordinación y dependencia del patrono, ya que al desempeñarse como administrador de un Hospital como lo es el Hospital de Occidente, tiene que estar bajo la subordinación de un superior jerárquico, siendo una labor de naturaleza permanente en una Institución Hospitalaria, es por ello que se celebraron varios contratos, que al ser de tracto sucesivo le fueron generando derechos adquiridos a la parte actora, que no se pueden desconocer, pues los derechos laborales son irrenunciables y progresivos, es por ello que el Juez al tutelar los derechos que emanan de esa relación le reconoce en primer lugar la permanencia y luego los derechos que gozan los empleados con ese carácter, la cual le debió de reconocer el patrono sin necesidad de la acción judicial, pero una vez que el asunto es sometido a la Jurisdicción del Trabajo, deviene este en la obligación de observar, la manera en que se ha venido desarrollando, el trabajo más allá del nombre con el cual se le ha denominado, o las cláusulas que se le hayan agregado, si estas restringen derechos y garantías que la Constitución de la República, y las leyes laborales nacionales e internacionales garantizan a los trabajadores. Que este tipo de contrataciones, se conoce como simulación contractual, la cual se genera, cuando se trata de ocultar, mediante este aparente relación jurídica, sea del orden civil, mercantil o administrativo, una verdadera relación laboral, que están bajo la protección de las normas del trabajo y seguridad social, que es un derecho tuitivo, en ese sentido el Derecho del Trabajo tanto por la Vía Legislativa, como a través de la Jurisprudencia y la Doctrina ha establecido con bastante claridad, los mecanismos defensorios de la normativa laboral, frente a este tipo de contratos que se realizan sustentándose para ello en los Principios de Irrenunciabilidad de las Normas Laborales, la Presunción de la Relación Laboral y el Principio de la Primacía de la Realidad, ya que bajo estos el trabajador no está obligado a demostrar la existencia de un contrato de trabajo como tal, basta que acredite la relación laboral para que tutelen sus derechos el orden jurídico del trabajo, prevaleciendo los hechos frente a las apariencias formales. Que los contratos suscritos por el demandante, se les está calificando por la demandada como temporales, pero esto viene a violentar el Principio de Estabilidad laboral consagrado en la Constitución de la República, donde la regla general debe ser el trabajo permanente y la temporalidad, la excepción debe ser probada por el patrono, lo cual no ha sucedido en el caso de autos, en donde debe de considerarse que la relación además de permanente es de carácter indefinido. Las Normas del Derecho del Trabajo son de Orden Público y por ende de cumplimiento obligatorio, por lo que al considerarse el contrato celebrado entre las partes como de carácter indefinido, le garantiza los derechos al trabajador, ya que se rige por normas de carácter protectorio, por ende, tutela ampliamente todos los derechos que emanan del contrato suscrito que en este caso a todas luces es un contrato de trabajo, pues de la modalidad de contratación más beneficiosa. Si bien el Juez del Trabajo está en la obligación de tutelar los derechos que nacen del contrato de trabajo o de la relación laboral, también existe una limitación en sus atribuciones, por lo cual no puede ordenar a una Secretaria de Estado le otorgue un Acuerdo de Nombramiento, ya que esto le compete a la Administración Pública, a través de un proceso establecido en la Ley que regula a los empleados públicos y no a los trabajadores, por lo que el A-quo debe de establecer la existencia de una relación laboral de carácter permanente e indefinida con los derechos de que gozan los empleados permanentes (vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario), y todos aquellos que la institución reconoce a los empleados de carácter permanente en ese sentido la sentencia que se conoce en apelación debe de reformarse en razón de que el Juez de instancia ordena el nombramiento de permanencia a través de un acuerdo. Revisada la motivación de la decisión judicial, esta Alzada observa que en los demás pronunciamientos el A-quo ha motivado cada una de las pretensiones de acuerdo a la prueba allegada al proceso y es procedente entonces confirmar los demás pronunciamientos. 5. Mediante auto de fecha 29 de mayo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 05 de agosto del 2024, compareció ante este Tribunal, la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 21 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 25 de febrero del 2025, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por el Abogado LUIS FERNANDO SAUCEDA GODOY, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, para contestar la demanda de casación planteada, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 2 numeral 2 del Código de trabajo que establece lo siguiente "Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1... 2. Los empleados públicos nacionales, departamentales y Municipales. Se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la Ley decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Las Relaciones entre el Estado, El departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan; y... Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva nacional y de índole laboral, en infracción directa de la disposición contenida en el artículo 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todos del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO. La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos, el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, incurrió en infracción directa o falta de aplicación del 2 numeral 2 del Código de Trabajo en virtud que está debidamente acreditado en autos que la relación entre mi representada y el señor VICTOR LOPEZ ENAMORADO es a través de Contrato, estando plenamente probado en autos que la relación con la parte demandante es como empleado público de carácter temporal, si bien es cierto la labor realizada por el demandante tiene similitud y proximidad con el término genérico de actos laborales, pero los Contratos le dieron al demandante el status legal y la condición de empleado público solo que en carácter temporal, ya que para suscribir dichos contratos se debe contar con la estructuras presupuestarias que dependen de la disponibilidad de dicho presupuesto- El mismo artículo establece que las Relaciones entre el Estado, el departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del servicio Civil que se expidan.”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada como ser el artículo 2 del código del Trabajo, mismo que no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Señala erróneamente el recepto autorizante ya que el mismo está establecido en el precepto violado en el artículo 765 del Código de Trabajo; y realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido, y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifestó en autos y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de ley, siendo que la sentencia de fecha trece de octubre de dos mil veintitrés carece de coherencia jurídica y lógica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo y numeral segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustancias señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRONEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: La documental: Admitida a la parte demandada, en relación con la prueba en su conjunto. Como ser los contratos de servicios profesionales y técnicos en los cuales se puede comprobar que se mantuvo el salario en los diferentes contratos suscritos por ambas partes y donde se puede constar en su cláusula tercera que el mismo..." será aprobado mediante acuerdo ministerial correspondiente, estará sujeto a la normativa del derecho administrativo". EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba documental consistente en los contratos de servicios profesionales entre la parte demandante y mi representado, los cuales fueron evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto el juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios, científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo. En ese sentido, esta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto lo que es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. Así las cosas, la Corte recurrida al apreciar este medio de prueba erróneamente arriba a la conclusión de que: "...este tipo de contratos celebrados entre los trabajadores con el estado de Honduras han sido desnaturalizados, ya que los mismos reúnen los requisitos señalados en el artículo 20 del Código del Trabajo...". Cuando dicho medio de prueba lo que revela es una relación temporal entre un empleado público con el estado, lo cual no implica, una desprotección para el empleado, pues tiene expedita otra vía denominada contencioso administrativa. En el caso en particular, si se hubieses apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que el señor VICTOR LOPEZ ENAMORADO, empleado público se hizo en carácter temporal por medio de contratos de Servicios Profesionales y Técnicos que están legalmente suscritos; consecuentemente la corte sentenciadora evidentemente violento de forma indirecta lo preceptuado el articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, en el cual se establece que: "Las Relaciones entre el Estado. El departamento y el Municipio y sus servidores se regirán por las leyes del Servicio Civil que se expidan"; además, los artículos 117 en relación con los artículos 113 párrafo primero, interpretado, 116 literal e) y 120 literal c) reformado, todos del Código de Trabajo, al obligar a mi representado a cumplir con disposiciones legales que no le conciernen. Y que deben ser tomadas en cuenta como parte del ordenamiento jurídico vigente de nuestra legislación”. V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Alude a una errónea interpretación sin señalar cual debió ser la correcta interpretación que el Ad quem debió de darle a los medios de prueba; Y, b) Para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que a su juicio. VI. Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por la Abogada SONIA PATRICIA IZCANO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en sus dos motivos; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha tres de noviembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL200-24. FIRMA Y SELLO
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -