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Sentencia CL-193-24 — Registro 19922

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de derechos adquiridos, y que la Secretaría de Salud pruebe que ya los pago y que no modificó salario inicial de nueve mil lempiras (L.9,000.00) a siete mil trescientos (L.7,300.00), costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Señala como norma sustantiva el articulo 765 del Código de Trabajo, misma que no ostenta el carácter exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; ii) En el desarrollo del cargo la Recurrente olvida el acápite de la explicación del motivo, sin desarrollar qué clase de error ha cometido el Ad Quem al emitir el fallo impugnado siendo ineficaz su ataque."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." La Censora alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “se puede alegar por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no lo aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida en fecha once (11) de diciembre del dos mil veintitrés (2023) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, señalando errores procesales siguiente: a) en la sentencia dictada en fecha uno (01) de junio del año dos mil veintidós (2022), por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán al notificar en estrados a las partes, solo interpuso la parte demandada, en tal virtud la Corte sentenciadora de Apelaciones solo se pronuncia sobre la parte demandada, es decir no tomo en cuenta al respecto el artículo 206 del Código de Procedimientos Civiles análogamente aplicable dice: las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas”. VII. Que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmada por el Tribunal de Apelación, lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias. "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte (20) de mayo del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 06 de agosto del 2024, por la Abogada DORYS ZENAYDA NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG, representada en juicio por el Abogado PEDRO GONZALO FUNEZ GARCIA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de derechos adquiridos, y que la Secretaría de Salud pruebe que ya los pago y que no modificó salario inicial de nueve mil lempiras (L.9,000.00) a siete mil trescientos (L.7,300.00), costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de enero del 2019, por la señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG, mayor de edad, soltera, Técnico en Terapia Funcional, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 11 de diciembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 01 de junio del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS; instaurada por la Señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal la señora Procuradora General de la Republica LIDIA ESTELA CARDONA. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el actual señor Procurador General de la República Señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS pagar a la Señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG; la suma de (L. 79,470.24) desglosados de la forma siguiente: Vacaciones Proporcionales L. 4,513.39; Aguinaldo Proporcional L. 8,596.75; Décimo Cuarto Mes Proporcional L. 3,438.70; Reajuste al salario mínimo L.62,921.40. III. Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Reserva Laboral instaurada por la Señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG contra: EL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el actual señor Procurador General de la República Señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS en consecuencia: ABSOLVER: AL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el actual señor Procurador General de la República Señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS de pagar a la Señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS en esta instancia…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral con la Secretaría de Salud específicamente en el Hospital San Felipe mediante contrato, a partir del 01 de febrero del 2016, en el cargo de FISIOTERAPISTA; devengando un salario inicial de L.9,000.00, de los cuales se le hacían las deducciones respectivas, en junio del año 2017 arbitrariamente le disminuyeron de su salario la cantidad de L. 1,700.00 es decir le dieron un contrato por la cantidad de L. 7,300.00 que por no tener otra actividad laboral, ni forma a corto plazo de encontrar un salario igual o mejor al que tenía, se vió en la necesidad de aceptar dicho despido; que las autoridades del Hospital San Felipe se comprometieron de palabra que le nivelarían el salario posteriormente, dicho compromiso no se lo cumplieron por tal motivo se vió en la obligación a renunciar ya que con las deducciones su salario era de L. 7,050.00, según los comprobantes de pago. Argumentó además que el 22 de octubre del 2018 en vista de su situación cada vez más delicada del salario, por el creciente aumento de los precios de la canasta básica, presentó en forma escrita su renuncia y dejó de laborar el 31 de octubre de 2018. Dicha renuncia la presentó ante la abogada Elizabeth Alvares Jefe del Departamento de Desarrollo Humano, quien la recibió el mismo día a las 2:26 P.M.; por lo que, el 26 de noviembre del 2018 se presentó a la Secretaria del Trabajo a solicitar una audiencia de conciliación para el pago de sus derechos adquiridos, siendo imposible llegar a un arreglo conciliatorio por la no comparecencia de la parte requerida; por lo que se procedió a dar por finalizada las diligencias administrativas gubernativas conciliatorias, quedando expedita la vía judicial ordinaria. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda, señalando que no es suficiente la afirmación que hace la parte demandante en sus hechos de la demanda, ya que debe de fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en juicio, pues en materia probatoria, es un principio universal que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, constituyendo la máxima ONUS PROBANDI ENCUMBIT ACTORI y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que la Señora Juez pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana crítica para formar libremente su criterio. Que atendiendo la naturaleza jurídica del demandado (gobierno central), y en consonancia a lo dispuesto en el Artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, no le eran aplicables las disposiciones del Código del Trabajo; siendo las disposiciones legales aplicables al caso de mérito las que devienen del derecho administrativo y que normalizan la contratación del Recurso Humano como Ley de Servicio Civil, su Reglamento y demás normas administrativas; es por ello que considerando las necesidades del demandado, se contrató a la demandante mediante un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, el que se realizó aplicando los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. En este orden de ideas, y en el caso que hubiese surgido un conflicto entre las partes contratantes, el competente para dirimirlos era la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal como lo reza la cláusula novena del referido Contrato, y el artículo 3 numeral 1) parte final de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual la demandante no podía solicitar un derecho subjetivo que no le pertenecía y que no era competente para reconocer este Juzgado del Trabajo. Por lo que, tratándose de Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos que fueron suscrito por ambas partes sin objeción alguna, destacó que la parte actora, no cumplió con la obligación que se había pactado en la cláusula tercera la cual dispone el tiempo de la prestación de servicios comenzando a partir del 01 de junio del 2018 al 31 de diciembre del 2018, incumpliendo también lo que la cláusula decima primera establece "QUE SE COMPROMETE AL FIEL CUMPLIMIENTO DEL MISMO", del cual percibieron una acción contraria a lo estipulado en el contrato, dando como resultado la presentación de la renuncia el 22 de octubre del 2018 con la única excusa de que la realiza por asuntos personales, expresando que lo hace de forma irrevocable, mostrando con esto un incumplimiento total a lo pactado, como bien es preciso establecer que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben de cumplirse al tenor de los mismos. Alegó que si bien estaban ante una figura de Contrato de Servicios Profesionales, por lo tanto, era de suma importancia establecer que el demandado estaba sujeto a un Plan Operativo Anual (POA) y a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, por lo que no puede excederse, tal como lo determina la Constitución de la Republica en su artículo 364 "No podrá hacerse ningún Compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias", ya que pretendía adquirir derechos, cuando únicamente presto servicios profesionales a la Institución, donde dicho contrato ya estaba con un monto establecido y la forma que se le pagaría por la labor efectuada. Asimismo, arguyó que la parte actora estableció en la cuantía de la demanda el concepto de reajuste de salario mínimo, petición que fue improcedente, ya que en primer lugar no formuló la misma en el acápite "LO QUE SE DEMANDA" ni en la petición y, en segundo lugar, al ya no estar prestando sus servicios la petición se convirtió improcedente. Finalmente expresó que en relación a que la parte actora solicitó la intervención de las autoridades administrativas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, mencionó que el demandado no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, mucho menos al tratarse de contratos que son regidos por la Ley de Servicio Civil, ya que la Jurisdicción competente (soluciones de controversias) es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece la cláusula novena del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, suscrito entre la parte actora y el demandado, y el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 01 de junio del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS; instaurada por la Señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal la señora Procuradora General de la Republica LIDIA ESTELA CARDONA. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el actual señor Procurador General de la República Señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS pagar a la Señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG; la suma de (L.79,470.24) desglosados de la forma siguiente: Vacaciones Proporcionales L. 4,513.39; Aguinaldo Proporcional L. 8,596.75; Décimo Cuarto Mes Proporcional L. 3,438.70; Reajuste al salario mínimo L.62,921.40. III. Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Reserva Laboral instaurada por la Señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG contra: EL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el actual señor Procurador General de la República Señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS en consecuencia: ABSOLVER: AL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el actual señor Procurador General de la República Señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS de pagar a la Señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS en esta instancia…”. Bajo el criterio que, para valorar la pretensión de derechos adquiridos de la señora ZUNIGA CHANG es importante hacer valer el hecho que la relación de trabajo está completamente acreditada en autos, es decir existe un vínculo obligacional de ambas partes desde el mismo inicio de dicha relación tal y como consta en el Oficio N° 156-DPHSFAI de fecha 27 de enero del 2016 suscrito por el Jefe Departamento Desarrollo de Talento Humano del Hospital General San Felipe enviado al Jefe de Medicina Física y Rehabilitación por medio del cual presenta a CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG quien a partir del 01 de febrero del presente año, estará laborando bajo la modalidad de contrato en esta Institución, en el puesto de Fisioterapista; que tenía un horario de trabajo de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes, con una remuneración mensual de L. 7,300.00 y que su renuncia fue a partir del 01 de noviembre del 2018. Los Derechos Adquiridos constituyen los beneficios adquiridos en términos definitivos, establecidos a favor de los trabajadores, en la Constitución de la República, en la Legislación Laboral, en los Convenios Internacionales del Trabajo, en los Contratos Colectivos y acuerdos bilaterales suscritos entre empleadores y trabajadores; dichos beneficios serán considerados e incorporados automáticamente desde el mismo momento de la relación jurídico laboral. En el presente caso de autos está acreditado el vínculo obrero-patronal que unió a las partes de este proceso, así como la finalización de la relación por renuncia. Que los Contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia de trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. Que si bien es cierto la parte demandada invoca que se trata de Contrato por Tiempo Determinado, cuya terminación ya está establecida en su texto y aceptada por las partes; también es cierto que de conformidad con lo señalado en la Constitución de la República y Código del Trabajo, son nulos ipso jure todos los actos y estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código del Trabajo, sus Reglamentos o las demás Leyes de Trabajo y Previsión Social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. Que, si antes de transcurrido un año se celebra nuevo contrato de trabajo entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el periodo de prueba; de lo que se desprende que la demandante era una empleada permanente; de lo que se concluye que le corresponde el pago de los derechos adquiridos que reclama como ser vacaciones, aguinaldo y décimo cuarto todos de forma proporcional, razón por la cual se declara CON LUGAR la demanda de mérito. Que la parte demandante también reclama el reajuste al salario mínimo y la Reserva Laboral; por lo que en cuanto al reajuste al salario mínimo dado por el Gobierno Central de Honduras, ya que este corresponde al que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural, además la fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo que estipulen uno inferior, elevando éste al mínimo, sin afectarlo en lo demás; consta que el salario mensual que devengaba la demandante era por la cantidad de L. 7,300.00, y el salario mínimo establecido por el Gobierno Central es la suma de L. 10,316.22; por lo que procede declarar CON LUGAR dicho reclamo; en lo que corresponde a la Reserva Laboral se declara SIN LUGAR ya que la parte demandante con los medios de prueba aportados no acredito el derecho reclamado al tenor del Principio Universal en Materia Probatoria de que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarlo. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de diciembre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, de los alegatos de la parte recurrente, se desprende que la sentencia le ha causado agravios en razón de que le concede derechos a la demandante que no le corresponden en primer término porque era un contrato de servicios técnicos profesionales que tenía fecha de finalización, para lo cual se afectó el presupuesto para personal contratado de planillas de personal de emergencia; por otra parte al haber interpuesto su renuncia del todo irrevocable, se extinguieron derechos y obligaciones y finalmente que el A- quo concedió un salario fuera de lo pactado con la demandante el cual ella consintió; en ese orden de ideas, al revisar los contratos celebrados esta Corte de Apelaciones observa, que la relación de trabajo no es objeto de controversia ni el tiempo para el cual estuvo laborando la demandante ya que es aceptado por ambas partes, al revisar el contrato que se agrega al expediente denominado contrato de servicios profesionales y técnicos, de su lectura se desprende, que el puesto de trabajo de la demandante era de Fisioterapista, en el Hospital San Felipe, las funciones a desempeñar, un salario de L. 7,300.00 como remuneración; la jornada de trabajo; elementos estos que son esenciales en un contrato de trabajo, por lo que no importa cómo se le denomine en esencia es un contrato de trabajo y no de servicios técnicos profesionales, y cualquier controversia que se suscite entre las partes le corresponde su conocimiento a los Órganos Jurisdiccionales del Trabajo; dicho contrato según ha quedado establecido en el proceso se prorrogó en el tiempo haciendo con esto que la relación se volviera no solo permanente sino que de naturaleza indefinida, ya que el trabajo que desempeñaba la parte actora es permanente y continua en la institución, por lo que adquirió los derechos que reclama. Que ha expresado la parte apelante también como agravio el hecho de que a pesar que la demandante renunció a su puesto de trabajo se le están concediendo derechos adquiridos y según su criterio la renuncia de forma voluntaria e irrevocable extingue los derechos que les podían corresponder así como las obligaciones contraídas entre las partes, aseveración que no comparte esta Alzada en razón de que así como el derecho al trabajo es un derecho Constitucional, también lo es la renuncia, ya que cualquier persona tiene derecho a renunciar su trabajo por las razones que considere sin que ello conlleve la perdida de sus derechos laborales que se han establecido por la Ley como derechos adquiridos los cuales se deben de cualquier manera en que termine la relación de trabajo, los cuales son irrenunciables, es por ello que le han sido concedidos por el A-quo. Que, en relación al reajuste salarial, este ha sido concedido no en virtud de las atribuciones que le da el artículo 728 del Código de Trabajo al Juez, sino que en el libelo de la demanda en la cuantía de la demanda incluye el reajuste salarial, porque ya en la suma y en el cuerpo de la demanda hace relación la demandante que primero ganaba la cantidad de L. 9,000.00 y después de L. 7,300.00, por lo que el salario si era objeto del debate, y en razón de que en el contrato de trabajo consta el salario que devengaba, siendo la cantidad de L. 7,300.00 que no era el que estaba autorizado por el Gobierno Central es procedente sea reajustado, no basta con decir que la demandante acepto ese salario. Que el Derecho del Trabajo se rige y se nutre de sus Principios, de los cuales debe hacer acopio el juzgador y aplicarlos al caso concreto, en ese sentido, ha quedado acreditado en el caso de autos, primero la relación laboral, la finalización de la misma por renuncia de la demandante, que no conlleva a la pérdida o renuncia de sus derechos que, por Principio de Legalidad le corresponden, se estableció que la relación era de forma indefinida y de carácter permanente ya que, el cargo que ocupaba era de esa naturaleza y además continua en la Institución, pues si bien en sus alegatos el impetrante aduce la temporalidad por razones de emergencia, la misma debió ser probada, es decir, presentar pruebas en el proceso que indicara su contratación de emergencia y por lo tanto el carácter temporal de la misma, no siendo suficiente para acreditar la temporalidad que su pago salía de las planillas de los empleados pagados por planilla en emergencia la cual se daba, cuando había, según entiende esta Alzada sobrecupo hospitalario, lo cual en el caso concreto no fue acreditado, por lo tanto, no se puede concluir que un vínculo que duro más de un año, se califique como emergencia temporal. Que el derecho del trabajo tiene un carácter tuitivo, en otras palabras, es un derecho protector, tiende a proteger a la parte más vulnerable de una relación desigual que es el trabajador, interviniendo cuando en los casos sometidos a su conocimiento se prueba que se le han vulnerado derechos y garantías que tanto la Constitución de la República, como el Marco Jurídico Nacional e Internacional garantizan a los trabajadores, debiendo tutelar sus derechos. Que al analizar los hechos así como los fundamentos jurídicos de la sentencia, tomando en consideración los alegatos de las partes ante esta instancia judicial, se repara que la sentencia dictada por el A-quo se encuentra dictada conforme a las exigencias de la normativa laboral, y por supletoriedad la del Código Procesal Civil en cuanto a los requisitos internos y externos de la sentencia, siendo la misma debidamente motivada, clara, precisa, congruente y exhaustiva, dando respuesta a las pretensiones planteadas, acorde a los Principios en que se sustenta el Derecho del Trabajo, teniendo en cuenta que es un Derecho Informal, en donde debe de prevalecer el fondo sobre la forma, en consecuencia procede su confirmatoria. 5.- Mediante auto de fecha 29 de mayo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DORYS ZENAYDA NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 06 de agosto del 2024, compareció ante este Tribunal, la Abogada DORYS ZENAYDA NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 22 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 11 de noviembre del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte por parte del Abogado PEDRO GONZALO FUNEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que por la Abogada DORYS ZENAYDA NUÑEZ, PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral 1º, párrafo primero del Código de Trabajo. - artículo 20 y 47 del mismo cuerpo legal, asidero para empresas privada, desnaturaliza el objeto del contrato de la administración pública. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la corte sentenciadora, condena al Estado de Honduras, Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, "Pago de derechos adquiridos y que la Secretaría de Salud pruebe que ya los pago y que no modifico salario inicial de NUEVE MIL LEMPIRAS (L. 9,000.00), a SIETE MIL TRECIENTOS LEMPIRAS (L.7,300.00)". El Tribunal sentenciador confirma la sentencia definitiva dictada en primera instancia produciéndose así la infracción directa de la Ley.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Señala como norma sustantiva el articulo 765 del Código de Trabajo, misma que no ostenta el carácter exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; ii) En el desarrollo del cargo la Recurrente olvida el acápite de la explicación del motivo, sin desarrollar qué clase de error ha cometido el Ad Quem al emitir el fallo impugnado siendo ineficaz su ataque. IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida por la ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, POR ERROR DE HECHO, derivado de una mal apreciación de la prueba por la corte sentenciadora del acta de fecha uno (01) de junio del año dos mil veintidós (2022) folios 51 al 54. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 2º del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICAR EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho: Derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora denominado contratos de servicios profesionales de periodos determinados, que se enmarca dentro del contrato administrativo, sujeto al derecho administrativo, regulado por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser contratos de carácter administrativo, esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, contrario a la evidencia mostrada, la misma demandante tanto en los contratos referidos como en la normativa, establece como jurisdicción el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de la cual la demandante tenían conocimiento y no se manifestó en ningún momento, ni presento oposición en tiempo y forma, contrario sensu en base a uno de los elementos esenciales del contrato que contempla nuestro ordenamiento jurídico, CONSINTIÓ Y ACEPTÓ la relación laboral bajo modalidad de contratos de servicios profesionales/ técnicos en forma determinada; El Reglamento de la Ley de Servicio Civil artículo 200, ya establece que tipos de personal debe ser contratado bajo modalidad de contratos de servicios profesionales y técnicos y efectivamente, se trata de un recurso calificado como empleado médico general...” V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Señala como norma sustantiva violada el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, misma que no contiene el carácter sustantivo que denomina en el cargo y el mismo no tiene relación ni es aplicable en esta materia en el caso en concreto; ii) Denomina como medios de prueba la sentencia del A-quo, no siendo lo pertinente en este recurso extraordinario de casación por no ser medios de prueba para el ataque que realiza la impetrante; iii) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. VI. La Censora alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “se puede alegar por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no lo aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida en fecha once (11) de diciembre del dos mil veintitrés (2023) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, señalando errores procesales siguiente: a) en la sentencia dictada en fecha uno (01) de junio del año dos mil veintidós (2022), por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán al notificar en estrados a las partes, solo interpuso la parte demandada, en tal virtud la Corte sentenciadora de Apelaciones solo se pronuncia sobre la parte demandada, es decir no tomo en cuenta al respecto el artículo 206 del Código de Procedimientos Civiles análogamente aplicable dice: las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas”. VII. Que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmada por el Tribunal de Apelación, lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias. VIII. Por lo anteriormente expresado, procede declarar NO HABER LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos, así como de la nulidad subsidiariamente solicitada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por UNANIMIDAD de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por la Abogada DORYS ZENAYDA NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en sus dos motivos; 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiariamente solicitada; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA MAGISTRADA COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO MAGISTRADA Y FRANCISCA VILLELA ZAVALA MGISTRADA INTEGRANTE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del año dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL193-24.RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOYRECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO2100580196850CERTIFICACIÓNEl Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte (20) de mayo del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 06 de agosto del 2024, por la Abogada DORYS ZENAYDA NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG, representada en juicio por el Abogado PEDRO GONZALO FUNEZ GARCIA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de derechos adquiridos, y que la Secretaría de Salud pruebe que ya los pago y que no modificó salario inicial de nueve mil lempiras (L.9,000.00) a siete mil trescientos (L.7,300.00), costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 16 de enero del 2019, por la señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG, mayor de edad, soltera, Técnico en Terapia Funcional, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio de la Procuraduría General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 11 de diciembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 01 de junio del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS; instaurada por la Señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal la señora Procuradora General de la Republica LIDIA ESTELA CARDONA. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el actual señor Procurador General de la República Señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS pagar a la Señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG; la suma de (L. 79,470.24) desglosados de la forma siguiente: Vacaciones Proporcionales L. 4,513.39; Aguinaldo Proporcional L. 8,596.75; Décimo Cuarto Mes Proporcional L. 3,438.70; Reajuste al salario mínimo L.62,921.40. III. Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Reserva Laboral instaurada por la Señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG contra: EL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el actual señor Procurador General de la República Señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS en consecuencia: ABSOLVER: AL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el actual señor Procurador General de la República Señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS de pagar a la Señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS en esta instancia…”. ANTECEDENTES DE HECHO. 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que, inició la relación laboral con la Secretaría de Salud específicamente en el Hospital San Felipe mediante contrato, a partir del 01 de febrero del 2016, en el cargo de FISIOTERAPISTA; devengando un salario inicial de L.9,000.00, de los cuales se le hacían las deducciones respectivas, en junio del año 2017 arbitrariamente le disminuyeron de su salario la cantidad de L. 1,700.00 es decir le dieron un contrato por la cantidad de L. 7,300.00 que por no tener otra actividad laboral, ni forma a corto plazo de encontrar un salario igual o mejor al que tenía, se vió en la necesidad de aceptar dicho despido; que las autoridades del Hospital San Felipe se comprometieron de palabra que le nivelarían el salario posteriormente, dicho compromiso no se lo cumplieron por tal motivo se vió en la obligación a renunciar ya que con las deducciones su salario era de L. 7,050.00, según los comprobantes de pago. Argumentó además que el 22 de octubre del 2018 en vista de su situación cada vez más delicada del salario, por el creciente aumento de los precios de la canasta básica, presentó en forma escrita su renuncia y dejó de laborar el 31 de octubre de 2018. Dicha renuncia la presentó ante la abogada Elizabeth Alvares Jefe del Departamento de Desarrollo Humano, quien la recibió el mismo día a las 2:26 P.M.; por lo que, el 26 de noviembre del 2018 se presentó a la Secretaria del Trabajo a solicitar una audiencia de conciliación para el pago de sus derechos adquiridos, siendo imposible llegar a un arreglo conciliatorio por la no comparecencia de la parte requerida; por lo que se procedió a dar por finalizada las diligencias administrativas gubernativas conciliatorias, quedando expedita la vía judicial ordinaria. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda, señalando que no es suficiente la afirmación que hace la parte demandante en sus hechos de la demanda, ya que debe de fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en juicio, pues en materia probatoria, es un principio universal que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, constituyendo la máxima ONUS PROBANDI ENCUMBIT ACTORI y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que la Señora Juez pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana crítica para formar libremente su criterio. Que atendiendo la naturaleza jurídica del demandado (gobierno central), y en consonancia a lo dispuesto en el Artículo 2 numeral 2 del Código del Trabajo, no le eran aplicables las disposiciones del Código del Trabajo; siendo las disposiciones legales aplicables al caso de mérito las que devienen del derecho administrativo y que normalizan la contratación del Recurso Humano como Ley de Servicio Civil, su Reglamento y demás normas administrativas; es por ello que considerando las necesidades del demandado, se contrató a la demandante mediante un Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, el que se realizó aplicando los artículos 200, 201, 202 y subsiguientes del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. En este orden de ideas, y en el caso que hubiese surgido un conflicto entre las partes contratantes, el competente para dirimirlos era la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal como lo reza la cláusula novena del referido Contrato, y el artículo 3 numeral 1) parte final de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, razón por la cual la demandante no podía solicitar un derecho subjetivo que no le pertenecía y que no era competente para reconocer este Juzgado del Trabajo. Por lo que, tratándose de Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos que fueron suscrito por ambas partes sin objeción alguna, destacó que la parte actora, no cumplió con la obligación que se había pactado en la cláusula tercera la cual dispone el tiempo de la prestación de servicios comenzando a partir del 01 de junio del 2018 al 31 de diciembre del 2018, incumpliendo también lo que la cláusula decima primera establece "QUE SE COMPROMETE AL FIEL CUMPLIMIENTO DEL MISMO", del cual percibieron una acción contraria a lo estipulado en el contrato, dando como resultado la presentación de la renuncia el 22 de octubre del 2018 con la única excusa de que la realiza por asuntos personales, expresando que lo hace de forma irrevocable, mostrando con esto un incumplimiento total a lo pactado, como bien es preciso establecer que las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben de cumplirse al tenor de los mismos. Alegó que si bien estaban ante una figura de Contrato de Servicios Profesionales, por lo tanto, era de suma importancia establecer que el demandado estaba sujeto a un Plan Operativo Anual (POA) y a las Disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, por lo que no puede excederse, tal como lo determina la Constitución de la Republica en su artículo 364 "No podrá hacerse ningún Compromiso o efectuarse pago alguno fuera de las asignaciones votadas en el presupuesto, o en contravención a las normas presupuestarias", ya que pretendía adquirir derechos, cuando únicamente presto servicios profesionales a la Institución, donde dicho contrato ya estaba con un monto establecido y la forma que se le pagaría por la labor efectuada. Asimismo, arguyó que la parte actora estableció en la cuantía de la demanda el concepto de reajuste de salario mínimo, petición que fue improcedente, ya que en primer lugar no formuló la misma en el acápite "LO QUE SE DEMANDA" ni en la petición y, en segundo lugar, al ya no estar prestando sus servicios la petición se convirtió improcedente. Finalmente expresó que en relación a que la parte actora solicitó la intervención de las autoridades administrativas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, mencionó que el demandado no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, mucho menos al tratarse de contratos que son regidos por la Ley de Servicio Civil, ya que la Jurisdicción competente (soluciones de controversias) es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece la cláusula novena del Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, suscrito entre la parte actora y el demandado, y el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 01 de junio del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS; instaurada por la Señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG contra EL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal la señora Procuradora General de la Republica LIDIA ESTELA CARDONA. II.- CONDENAR: AL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el actual señor Procurador General de la República Señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS pagar a la Señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG; la suma de (L.79,470.24) desglosados de la forma siguiente: Vacaciones Proporcionales L. 4,513.39; Aguinaldo Proporcional L. 8,596.75; Décimo Cuarto Mes Proporcional L. 3,438.70; Reajuste al salario mínimo L.62,921.40. III. Declarar SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Reserva Laboral instaurada por la Señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG contra: EL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el actual señor Procurador General de la República Señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS en consecuencia: ABSOLVER: AL ESTADO DE HONDURAS a través de su Representante Legal el actual señor Procurador General de la República Señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS de pagar a la Señora CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG dichos conceptos. IV.- SIN COSTAS en esta instancia…”. Bajo el criterio que, para valorar la pretensión de derechos adquiridos de la señora ZUNIGA CHANG es importante hacer valer el hecho que la relación de trabajo está completamente acreditada en autos, es decir existe un vínculo obligacional de ambas partes desde el mismo inicio de dicha relación tal y como consta en el Oficio N° 156-DPHSFAI de fecha 27 de enero del 2016 suscrito por el Jefe Departamento Desarrollo de Talento Humano del Hospital General San Felipe enviado al Jefe de Medicina Física y Rehabilitación por medio del cual presenta a CATHERINE ELIZABETH ZUNIGA CHANG quien a partir del 01 de febrero del presente año, estará laborando bajo la modalidad de contrato en esta Institución, en el puesto de Fisioterapista; que tenía un horario de trabajo de 6:00 a.m. a 2:00 p.m. de lunes a viernes, con una remuneración mensual de L. 7,300.00 y que su renuncia fue a partir del 01 de noviembre del 2018. Los Derechos Adquiridos constituyen los beneficios adquiridos en términos definitivos, establecidos a favor de los trabajadores, en la Constitución de la República, en la Legislación Laboral, en los Convenios Internacionales del Trabajo, en los Contratos Colectivos y acuerdos bilaterales suscritos entre empleadores y trabajadores; dichos beneficios serán considerados e incorporados automáticamente desde el mismo momento de la relación jurídico laboral. En el presente caso de autos está acreditado el vínculo obrero-patronal que unió a las partes de este proceso, así como la finalización de la relación por renuncia. Que los Contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia de trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. Que si bien es cierto la parte demandada invoca que se trata de Contrato por Tiempo Determinado, cuya terminación ya está establecida en su texto y aceptada por las partes; también es cierto que de conformidad con lo señalado en la Constitución de la República y Código del Trabajo, son nulos ipso jure todos los actos y estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código del Trabajo, sus Reglamentos o las demás Leyes de Trabajo y Previsión Social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. Que, si antes de transcurrido un año se celebra nuevo contrato de trabajo entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el periodo de prueba; de lo que se desprende que la demandante era una empleada permanente; de lo que se concluye que le corresponde el pago de los derechos adquiridos que reclama como ser vacaciones, aguinaldo y décimo cuarto todos de forma proporcional, razón por la cual se declara CON LUGAR la demanda de mérito. Que la parte demandante también reclama el reajuste al salario mínimo y la Reserva Laboral; por lo que en cuanto al reajuste al salario mínimo dado por el Gobierno Central de Honduras, ya que este corresponde al que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural, además la fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo que estipulen uno inferior, elevando éste al mínimo, sin afectarlo en lo demás; consta que el salario mensual que devengaba la demandante era por la cantidad de L. 7,300.00, y el salario mínimo establecido por el Gobierno Central es la suma de L. 10,316.22; por lo que procede declarar CON LUGAR dicho reclamo; en lo que corresponde a la Reserva Laboral se declara SIN LUGAR ya que la parte demandante con los medios de prueba aportados no acredito el derecho reclamado al tenor del Principio Universal en Materia Probatoria de que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarlo. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 11 de diciembre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, de los alegatos de la parte recurrente, se desprende que la sentencia le ha causado agravios en razón de que le concede derechos a la demandante que no le corresponden en primer término porque era un contrato de servicios técnicos profesionales que tenía fecha de finalización, para lo cual se afectó el presupuesto para personal contratado de planillas de personal de emergencia; por otra parte al haber interpuesto su renuncia del todo irrevocable, se extinguieron derechos y obligaciones y finalmente que el A- quo concedió un salario fuera de lo pactado con la demandante el cual ella consintió; en ese orden de ideas, al revisar los contratos celebrados esta Corte de Apelaciones observa, que la relación de trabajo no es objeto de controversia ni el tiempo para el cual estuvo laborando la demandante ya que es aceptado por ambas partes, al revisar el contrato que se agrega al expediente denominado contrato de servicios profesionales y técnicos, de su lectura se desprende, que el puesto de trabajo de la demandante era de Fisioterapista, en el Hospital San Felipe, las funciones a desempeñar, un salario de L. 7,300.00 como remuneración; la jornada de trabajo; elementos estos que son esenciales en un contrato de trabajo, por lo que no importa cómo se le denomine en esencia es un contrato de trabajo y no de servicios técnicos profesionales, y cualquier controversia que se suscite entre las partes le corresponde su conocimiento a los Órganos Jurisdiccionales del Trabajo; dicho contrato según ha quedado establecido en el proceso se prorrogó en el tiempo haciendo con esto que la relación se volviera no solo permanente sino que de naturaleza indefinida, ya que el trabajo que desempeñaba la parte actora es permanente y continua en la institución, por lo que adquirió los derechos que reclama. Que ha expresado la parte apelante también como agravio el hecho de que a pesar que la demandante renunció a su puesto de trabajo se le están concediendo derechos adquiridos y según su criterio la renuncia de forma voluntaria e irrevocable extingue los derechos que les podían corresponder así como las obligaciones contraídas entre las partes, aseveración que no comparte esta Alzada en razón de que así como el derecho al trabajo es un derecho Constitucional, también lo es la renuncia, ya que cualquier persona tiene derecho a renunciar su trabajo por las razones que considere sin que ello conlleve la perdida de sus derechos laborales que se han establecido por la Ley como derechos adquiridos los cuales se deben de cualquier manera en que termine la relación de trabajo, los cuales son irrenunciables, es por ello que le han sido concedidos por el A-quo. Que, en relación al reajuste salarial, este ha sido concedido no en virtud de las atribuciones que le da el artículo 728 del Código de Trabajo al Juez, sino que en el libelo de la demanda en la cuantía de la demanda incluye el reajuste salarial, porque ya en la suma y en el cuerpo de la demanda hace relación la demandante que primero ganaba la cantidad de L. 9,000.00 y después de L. 7,300.00, por lo que el salario si era objeto del debate, y en razón de que en el contrato de trabajo consta el salario que devengaba, siendo la cantidad de L. 7,300.00 que no era el que estaba autorizado por el Gobierno Central es procedente sea reajustado, no basta con decir que la demandante acepto ese salario. Que el Derecho del Trabajo se rige y se nutre de sus Principios, de los cuales debe hacer acopio el juzgador y aplicarlos al caso concreto, en ese sentido, ha quedado acreditado en el caso de autos, primero la relación laboral, la finalización de la misma por renuncia de la demandante, que no conlleva a la pérdida o renuncia de sus derechos que, por Principio de Legalidad le corresponden, se estableció que la relación era de forma indefinida y de carácter permanente ya que, el cargo que ocupaba era de esa naturaleza y además continua en la Institución, pues si bien en sus alegatos el impetrante aduce la temporalidad por razones de emergencia, la misma debió ser probada, es decir, presentar pruebas en el proceso que indicara su contratación de emergencia y por lo tanto el carácter temporal de la misma, no siendo suficiente para acreditar la temporalidad que su pago salía de las planillas de los empleados pagados por planilla en emergencia la cual se daba, cuando había, según entiende esta Alzada sobrecupo hospitalario, lo cual en el caso concreto no fue acreditado, por lo tanto, no se puede concluir que un vínculo que duro más de un año, se califique como emergencia temporal. Que el derecho del trabajo tiene un carácter tuitivo, en otras palabras, es un derecho protector, tiende a proteger a la parte más vulnerable de una relación desigual que es el trabajador, interviniendo cuando en los casos sometidos a su conocimiento se prueba que se le han vulnerado derechos y garantías que tanto la Constitución de la República, como el Marco Jurídico Nacional e Internacional garantizan a los trabajadores, debiendo tutelar sus derechos. Que al analizar los hechos así como los fundamentos jurídicos de la sentencia, tomando en consideración los alegatos de las partes ante esta instancia judicial, se repara que la sentencia dictada por el A-quo se encuentra dictada conforme a las exigencias de la normativa laboral, y por supletoriedad la del Código Procesal Civil en cuanto a los requisitos internos y externos de la sentencia, siendo la misma debidamente motivada, clara, precisa, congruente y exhaustiva, dando respuesta a las pretensiones planteadas, acorde a los Principios en que se sustenta el Derecho del Trabajo, teniendo en cuenta que es un Derecho Informal, en donde debe de prevalecer el fondo sobre la forma, en consecuencia procede su confirmatoria. 5.- Mediante auto de fecha 29 de mayo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DORYS ZENAYDA NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 06 de agosto del 2024, compareció ante este Tribunal, la Abogada DORYS ZENAYDA NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 22 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 11 de noviembre del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte por parte del Abogado PEDRO GONZALO FUNEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO. I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que por la Abogada DORYS ZENAYDA NUÑEZ, PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral 1º, párrafo primero del Código de Trabajo. - artículo 20 y 47 del mismo cuerpo legal, asidero para empresas privada, desnaturaliza el objeto del contrato de la administración pública. En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la corte sentenciadora, condena al Estado de Honduras, Secretaría de Estado en los Despachos de Salud, "Pago de derechos adquiridos y que la Secretaría de Salud pruebe que ya los pago y que no modifico salario inicial de NUEVE MIL LEMPIRAS (L. 9,000.00), a SIETE MIL TRECIENTOS LEMPIRAS (L.7,300.00)". El Tribunal sentenciador confirma la sentencia definitiva dictada en primera instancia produciéndose así la infracción directa de la Ley.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Señala como norma sustantiva el articulo 765 del Código de Trabajo, misma que no ostenta el carácter exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce y consagra correlativamente derechos y obligaciones o extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; ii) En el desarrollo del cargo la Recurrente olvida el acápite de la explicación del motivo, sin desarrollar qué clase de error ha cometido el Ad Quem al emitir el fallo impugnado siendo ineficaz su ataque. IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida por la ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, POR ERROR DE HECHO, derivado de una mal apreciación de la prueba por la corte sentenciadora del acta de fecha uno (01) de junio del año dos mil veintidós (2022) folios 51 al 54. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 2º del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN PASO A EXPLICAR EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho: Derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora denominado contratos de servicios profesionales de periodos determinados, que se enmarca dentro del contrato administrativo, sujeto al derecho administrativo, regulado por la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser contratos de carácter administrativo, esta mala apreciación de la prueba constituye un error de hecho manifiesto, que como tal aparece en los autos, contrario a la evidencia mostrada, la misma demandante tanto en los contratos referidos como en la normativa, establece como jurisdicción el Juzgado de Letras de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de la cual la demandante tenían conocimiento y no se manifestó en ningún momento, ni presento oposición en tiempo y forma, contrario sensu en base a uno de los elementos esenciales del contrato que contempla nuestro ordenamiento jurídico, CONSINTIÓ Y ACEPTÓ la relación laboral bajo modalidad de contratos de servicios profesionales/ técnicos en forma determinada; El Reglamento de la Ley de Servicio Civil artículo 200, ya establece que tipos de personal debe ser contratado bajo modalidad de contratos de servicios profesionales y técnicos y efectivamente, se trata de un recurso calificado como empleado médico general...” V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Señala como norma sustantiva violada el artículo 3 inciso a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativa, misma que no contiene el carácter sustantivo que denomina en el cargo y el mismo no tiene relación ni es aplicable en esta materia en el caso en concreto; ii) Denomina como medios de prueba la sentencia del A-quo, no siendo lo pertinente en este recurso extraordinario de casación por no ser medios de prueba para el ataque que realiza la impetrante; iii) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. VI. La Censora alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “se puede alegar por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no lo aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida en fecha once (11) de diciembre del dos mil veintitrés (2023) dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, señalando errores procesales siguiente: a) en la sentencia dictada en fecha uno (01) de junio del año dos mil veintidós (2022), por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán al notificar en estrados a las partes, solo interpuso la parte demandada, en tal virtud la Corte sentenciadora de Apelaciones solo se pronuncia sobre la parte demandada, es decir no tomo en cuenta al respecto el artículo 206 del Código de Procedimientos Civiles análogamente aplicable dice: las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas”. VII. Que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmada por el Tribunal de Apelación, lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias. VIII. Por lo anteriormente expresado, procede declarar NO HABER LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos, así como de la nulidad subsidiariamente solicitada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por UNANIMIDAD de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por la Abogada DORYS ZENAYDA NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, en sus dos motivos; 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiariamente solicitada; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLA ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA MAGISTRADA COORDINADORA, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO MAGISTRADA Y FRANCISCA VILLELA ZAVALA MGISTRADA INTEGRANTE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintisiete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha veinte de mayo del año dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Contencioso número CL193-24. FIRMA Y SELLA

RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.