Sentencia CL-188-23 — Registro 19607
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de primera instancia para obtener el pago de prestaciones laborales y sociales y demás indemnizaciones legales por despido injustificado. pago de preaviso, pago de auxilio de cesantía, pago de auxilio de cesantía proporcional, pago de vacaciones causadas y proporcionales, pago de decimotercer mes en concepto de aguinaldo causado y proporcional, pago de decimocuarto mes en concepto de compensación social causado y proporcional. pago de reajuste del salario mínimo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."ue la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. "...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente. VIII.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. IX.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 11 de octubre del 2023, por el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JOSÉ FRANCISCO DUARTE ACOSTA, representado en juicio por el Abogado DANIEL EDUARDO CALLEJAS ZELAYA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral de primera instancia para obtener el pago de prestaciones laborales y sociales y demás indemnizaciones legales por despido injustificado. pago de preaviso, pago de auxilio de cesantía, pago de auxilio de cesantía proporcional, pago de vacaciones causadas y proporcionales, pago de decimotercer mes en concepto de aguinaldo causado y proporcional, pago de decimocuarto mes en concepto de compensación social causado y proporcional. pago de reajuste del salario mínimo. pago de una suma igual al reajuste del salario mínimo demandado por daños y perjuicios, salarios caídos, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 10 de mayo del 2022, por el señor JOSÉ FRANCISCO DUARTE ACOSTA, mayor de edad, casado, egresado en Economía, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Procuraduría General de la República, por actuaciones del PROGRAMA VIDA MEJOR, a través la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS). El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 10 de marzo del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 24 de enero del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, derechos adquiridos proporcionales, décimo tercer mes adeudado, décimo cuarto mes adeudado, reajuste al salario mínimo y sanción por incumplimiento al pago del salario mínimo tal y como lo establece el Artículo 39 de la Ley Del Salario Mínimo; y más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la finalización de la relación laboral, hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva condenatoria, promovida por el señor JOSÉ FRANCISCO DUARTE ACOSTA, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la Republica el señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) - PROGRAMA VIDA MEJOR, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; en consecuencia CONDENA: EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la Republica el señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) - PROGRAMA VIDA MEJOR, a pagar al demandante JOSÉ FRANCISCO DUARTE ACOSTA, la cantidad CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 456,476.66), DISTRIBUIDA ASÍ: preaviso L 29,762.40, cesantía L.100,168.40, cesantía proporcional L.11,077.02, vacaciones proporcionales L. 7,386.33, décimo tercer mes proporcional L.922.68, décimo cuarto mes proporcional L.7,300.68; vacaciones pendientes 40 días L.19,107.60, décimo tercer mes causado año 2020 y 2021 L. 24,566.96, décimo cuarto mes causado años 200 y 2021 L. 24,566.96, reajuste de salario mínimo 2 años L. 113,805.62, desglosado así: 336 días comprende del 26 de enero al 31 de diciembre del año 2020, a razón de L. 143.70 por día L. 42,283.20, 210 días comprendido de 01 de enero al 31 de julio del año 2021, a razón 175.20 diario resulta L. 36,792.00 y a partir del mes de agosto a diciembre del año 2021, a razón de L. 158.53, por día resulta L. 23,779.50, 26 días que comprende de 01 de enero al 26 de enero del año 2022, a razón de 190.42 por día resulta la cantidad de L. 4,950.92; más una suma igual por indemnización por no pago de salario mínimo L. 113,805.62; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- 2) SIN COSTAS…”.ANTECEDENTES DE HECHO 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación de trabajo con el demandado, específicamente para la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) - Programa Vida Mejor, el 28 de abril de 2014, desempeñándose como Guía de Familia en dicho programa de Vida Mejor, asignado en la Escuela Leopoldo Aguilar Oseguera ubicada en el Barrio las Flores, cuarta avenida, 17 y 18 calle Noreste de esa ciudad, labor que en síntesis consistía ver las necesidades de las familias, atender las solicitudes de asistencias que las familias presentaban y llevar a cabo de manera concreta las obras o servicios solicitadas y autorizadas; devengaba un salario mensual inicial de L. 3,000.00, luego le aumentaron a L. 6,000.00, posteriormente le volvieron aumentar a L. 7,000.00, después en el mes de agosto del año 2019 se lo volvieron aumentar a L. 7,500.00, y a partir del mes de agosto del año 2021 le aumentaron el salario a L. 8,000.00 mensuales, que era el que tenía al momento del despido; laboraba alternativamente en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. en la sede escolar, y con labores de campo con hora de entrada a las 8:00 a.m. pero sin hora de salida; la relación de trabajo se concertó en forma escrita, al principio le hacían firmar contrato cada dos meses, luego solo le hacían firmar un documento que le denominaban convenio, y ya por último ni le hacían firmar nada; de todo lo que firmaba en torno a la contratación laboral nunca se le dio copia alguna. Argumentó, que desde que empezó a laborar no fue una relación laboral problemática o conflictiva con el patrono, salvedad hecha que no le pagaban el salario mínimo legal decretado por el mismo Estado, como también que la SEDIS no honraba a cabalidad su responsabilidad como tal, ya que irrespetó sus derechos laborales fundamentales, inclusive atentatorio a sus derechos humanos, pues incurrió en las siguientes violaciones a la Ley: 1) Durante toda la relación de trabajo no le pagó, el salario mínimo legal completo, particularmente desde el 01 de enero de 2020 al mes de julio de 2021, solo le pagó L. 7,500.00 mensuales para L. 250.00 diarios, cuando el salario mínimo legal completo para ese entonces era de L. 11,811.04 mensuales para el año 2020 y de L. 12,755.92 mensuales para el año 2021, y desde el 01 de agosto de 2021 al 26 de enero de 2022 que injustamente lo despidió solo le pagaban L. 8,000.00 mensuales para L. 266.67 diarios, cuando el salario mínimo legal completo para ese entonces era de L. 12,755.92 mensuales para el año 2021 y de L. 13,712.62 mensuales para el año 2022; 2) Nunca le pagaron las vacaciones causadas durante laboró para la patronal, particularmente las correspondiente a los últimos dos años de 2019-2020 y 2020-2021; 3) Ningún año le pagaron el decimotercer mes de salario causados, particularmente las correspondiente a los últimos dos años de 2020 y 2021, ni tampoco le pagaron el decimocuarto mes de salario causados, particularmente las correspondientes a los últimos dos años de 2020 y 2021; y que lo único que recibía de su patrono era únicamente su sueldo mensual. Además, estableció que el (SEDIS) - PROGRAMA VIDA MEJOR le adeuda por concepto de reajuste de salario mínimo la cantidad de L. 113,805.62 y que sumada una suma igual de L. 113,805.62 por concepto de daños y perjuicios al tenor de lo preceptuado en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, el adeudo total conjunto por dichos conceptos es de L. 227,611.24. Manifestó que el 22 de diciembre de 2021, se les notificó por parte del señor Daniel Quijada Encargado del PROGRAMA VIDA MEJOR que para el 26 de enero del 2022 quedaba por finalizada la relación de trabajo, sin explicarles en lo absoluto como se realizaría el pago de sus prestaciones laborales y demás derechos, esa notificación se les hizo mediante un audio que fue enviada al Grupo de WhatsApp de los que laboraba en el Programa Vida Mejor de la zona 1 distrito 3. Fue así que al no saber en lo absoluto como quedaría su situación laboral, el 06 de enero del 2022 juntamente con otros compañeros de trabajo recurrió al auxilio de la autoridad administrativa del trabajo donde presentaron solicitud ante la Dirección General de Inspección del Trabajo de San Pedro Sula para que se determinara como quedaría la situación laboral y si se les iba hacer efectivo el pago de sus derechos laborales, gestión que no tuvo ningún resultado positivo; asimismo con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio con la demandada, nuevamente recurrió al auxilio de la Autoridad Administrativa del Trabajo, con la pretensión de obtener el pago de sus prestaciones y demás derechos laborales en una forma conciliatoria, no siendo posible llegar a un acuerdo conciliatorio, y la Autoridad Administrativa dio por agotado el procedimiento gubernativo. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones del demandante, alegando en su defensa que el demandante erróneamente aduce que sostuvo una relación contractual con mi representado; sin embargo, aclaró que el demandado a través de la extinta Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), en ningún momento sostuvo relación contractual alguna con el demandante pues lo verdaderamente acaecido fue un CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL ACOMPAÑAMIENTO TEMÁTICO CON LA METODOLOGÍA DE MEJORES FAMILIAS, no obstante, será la misma parte actora quien tendrá que probar tal aseveración en el momento procesal oportuno; ya que no era suficiente la afirmación que hiciera la parte demandante en sus hechos de demanda, sino que debe de fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados por ella en juicio, pues en materia probatoria, es un principio universal que "quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla", constituyendo la máxima onus probandi encumbit actori y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que la Honorable Juez pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana critica para formar libremente su criterio. Argumentó que el demandante lo que suscribió fueron Convenios de Prestación de Servicios Para el Acompañamiento Temático con la Metodología de Mejores Familias, afectando los "fondos de solidaridad y protección social para la reducción de la pobreza extrema" y en dichos convenios específicamente cláusula octava, se dejó plasmado el monto que los demandantes iban a percibir por realizar el servicio social, en vista de que dicho programa surgió como una alternativa a la problemática de salud, economía y ambiente existentes en Honduras, además en los mismos convenios en su cláusula Décimo Tercera. Terminación Anticipada: literal b) A solicitud de la Secretaría cuando concurran razones de interés general o por reestructuración interna de sus programas, funciones, servicios y presupuestos. En este caso, la Secretaría comunicará al Beneficiario las razones que dieron orden a dicha determinación sin responsabilidad alguna. Por consiguiente, se dejó plasmado en dicho documento que no se puede considerar que lo acaecido es una relación contractual laboral, librando de toda responsabilidad laboral al demandado. Que de ninguna forma se podía considerar que lo existente entre las partes fue una relación laboral, pues para que eso se debía de reunir los tres requisitos esenciales enumerados en el artículo 20 del Código del Trabajo. Dentro de esos requisitos el que no se cumple por ninguna parte es el de la continua subordinación, pues el demandante no estaba sometido a un horario, no marcaba entradas y salidas, tampoco prestaba su fuerza laboral como empleado, sino que contrario a eso brindaba servicios según el convenio, es decir entregaba productos; haciendo hincapié que el demandante, en ningún momento hizo uso del sistema de control de presencia del personal en la Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social, siendo este el marcaje, razón por la cual es desacertado lo expuesto por el demandante en su libelo de demanda; reiteró además que lo que entregaban no era su fuerza laboral como empleados, sino un producto final cada mes, recibiendo un pago como contra prestación del beneficio prestado. Asimismo la supuesta relación contractual que inoportunamente pretende hacer valer la parte actora carece de los tres elementos esenciales para que exista un contrato de trabajo, sea temporal o permanente, tal como lo exige la misma normativa invocada por el demandante (artículo 20 del Código del Trabajo), en virtud que en ningún momento y bajo ninguna modalidad el Estado de Honduras sostuvo una relación contractual, mucho menos laboral con la parte requirente; por el contrario, siendo la extinta Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) un ente llamado a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de desarrollo e inclusión social, de reducción de la pobreza, así como de la planificación, administración, ejecución de los programas y proyectos que se derivan de esas políticas y los que vayan dirigidos a grupos vulnerables y los orientados a la niñez, juventud, pueblos indígenas y afro hondureños, discapacitados, personas con necesidades especiales y adultos mayores, creada mediante Decreto Legislativo 266-2013. En relación con los ajustes salariales solicitados por la parte actora, mencionó que los mismos no son procedentes, ya que en el marco del Convenio de Prestación de Servicios para el Acompañamiento Temático con la Metodología de Mejores Familias, conviene apoyar las actividades que de este se desprenden con un monto establecido del cual se trasladó a los ejecutores beneficiarios como ingreso complementario, en desembolsos como un beneficio social para realizar las actividades que se desarrollen para la ejecución del programa objeto del supra señalado convenio y a la vez garantizar un ingreso complementario a los hogares de las comunidades más empobrecidas del país; agregó que el monto del convenio fue legalmente establecido y aceptado de antemano por las partes y además regido por un presupuesto especial aprobado en legal y debida forma para la celebración de dicho convenio, ya que los recursos financieros que se destinaron a cubrir los compromisos contraídos en el presente convenio por parte de la extinta Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS) se pagaron con afectación de los "Fondos de solidaridad y protección social para la reducción de la pobreza extrema" aprobado por el Congreso Nacional según Decreto Legislativo 278-2013 que crea la "Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti- evasión", con base a la Ley de Ingresos Complementarios y su Reglamento y en el marco del Decreto Ejecutivo número: PCM-065-2015; por tanto, es inoportuno que los demandantes pretendan obtener el pago de ajustes salariales, pues lo acaecido fue únicamente un convenio que contaba con un monto especial debidamente aprobado, destinado para beneficios sociales. Lo que se le otorgó al demandante es un beneficio en base a la Ley de Ingresos Complementarios y su Reglamento, que como el nombre de la Ley Reglamento lo indica lo que se recibe es un beneficio como complementa ninguna manera es un salario ni mucho menos es en forma permanente ni continúa, por consiguiente, al ser un beneficio, no es sujeto de derechos adquiridos por no ser empleado, razón por la cual no se les pagaba ni treceavo, ni catorceavo, ni vacaciones. Mencionó que el demandante, no fue objeto de despido, ya que en ningún momento se le notifico el mismo, siendo lo acaecido que en fecha 22 de febrero del presente año, que los convenios no serían renovados, tal como se había pactado en la cláusula décima tercera literal b), situación que era de pleno conocimiento del demandante, asimismo aseguró que fue notificados lo que tendría que probar debidamente, pues en ningún momento se puede configurar como un despido; en consecuencia, al no existir el despido, el Juez se ve vedado en calificarlo como justificado o injustificado y por ende no podría condenar al pago de prestaciones laborales, pues conforme a la normativa del artículo 113 del Código de Trabajo, un acto es consecuencia del otro, ya que el pago a las prestaciones laborales, permanencia y salarios dejados de percibir surten efecto en el caso en que el despido sea injustificado; por ende se debe desestimar cualquier pretensión que busque algún tipo de reconocimiento de los derechos subjetivos reclamados. además, hizo de su conocimiento que la extinta Secretaria de Estado en los Despachos de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS), se suprimió mediante el Decreto Ejecutivo 05-2022, publicado en el Diario Oficial la Gaceta, número 35892 de fecha 06 de abril del año 2022, que en su artículo número 21 establece: "Suprimir las Secretarias de Estado, Gabinetes Especiales y Gabinetes Sectoriales que a continuación se describen: ... 15) Secretaria de Desarrollo e Inclusión Social... Los secretarios de Estado, Comisionados y Directores de Entes Desconcentrados deben proceder dentro de los próximos treinta (30) días, al realizar la organización y reestructuración de cada despacho en cada una de sus dependencias razón por la cual son completamente improcedentes tales pretensiones, debido a que dicha Secretaria de Estado se encuentra extinta, en cumplimiento a lo establecido en el Decreto Ejecutivo antes mencionado. Asimismo, es pertinente señalar que, en consonancia con los objetivos uno y tres del Plan de Nación de período 2010-2022, fue de urgencia nacional atender las carencias de estructura básica y resolver los problemas medio-ambientales en las zonas rurales y urbanas más empobrecidas del país, que históricamente ha sido excluidas de la atención del Estado, en ese sentido se originó la presente relación mediante un Convenio de Prestación de Servicios para el Acompañamiento Temático con la Metodología de Mejores Familias; que tiene como objetivo primordial, establecer condiciones mediante las cuales las partes regularán su relación para la implementación de la metodología de Mejores Familias a través de la Conformación de Unidades Operativas de Campo, como el eje ejecutivo transversal a los programas y proyectos derivados del Programa Vida Mejor, así como impulsar la generación de ingresos complementarios y el acompañamiento de los ejes temáticos a los participantes del programa. Finalmente arguyó que el demandante presentó un reclamo administrativo ante las Oficinas de Resolución Alterna de Conflictos Laborables Regional San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de la Secretaria de Estado en el Despacho de Trabajo y Seguridad Social, buscando un arreglo conciliatorio; y que a base de no estar facultado para aceptar obligaciones y derechos subjetivos inexistentes, ni beneficios que no le corresponden a efecto a tratarse de Contratos temporales de Servicio Profesionales; a eso sumado que es improcedente, al demandante reclamar derechos que solamente se otorgan a empleados públicos con un estatus de permanentes, al haber sido nombrados mediante Acuerdos respectivos autorizados por la autoridad competente, reitero, el convenio del demandante tenía fecha de inicio y finalización. Sumado a ello, se debo manifestar que el Estado de Honduras solamente por medio de nombramiento por Acuerdo está facultado para garantizar los derechos del ciudadano en su calidad de empleados del Estado y no aquella persona que ha gozado de convenios por tiempo determinado pues para considerarlo empleado permanente, mi representado debió contar con la debida aprobación de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, de un presupuesto fijo para lo cual el demandante debió gozar del Acuerdo respectivo después de haber llenado los requisitos pertinentes de ley, lo que no es el caso del demandante, lo anterior, en concordancia a lo que instituye el artículo 321 de la Constitución de la Republica que literalmente dice: "los servidores del Estado no tienen facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 24 de enero del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARANDO CON LUGAR, la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, derechos adquiridos proporcionales, décimo tercer mes adeudado, décimo cuarto mes adeudado, reajuste al salario mínimo y sanción por incumplimiento al pago del salario mínimo tal y como lo establece el Artículo 39 de la Ley Del Salario Mínimo; y más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la finalización de la relación laboral, hasta aquella en que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia definitiva condenatoria, promovida por el señor JOSÉ FRANCISCO DUARTE ACOSTA, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la Republica el señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) - PROGRAMA VIDA MEJOR, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; en consecuencia CONDENA: EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la Republica el señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL (SEDIS) - PROGRAMA VIDA MEJOR, a pagar al demandante JOSÉ FRANCISCO DUARTE ACOSTA, la cantidad CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 456,476.66), DISTRIBUIDA ASÍ: preaviso L 29,762.40, cesantía L.100,168.40, cesantía proporcional L.11,077.02, vacaciones proporcionales L. 7,386.33, décimo tercer mes proporcional L.922.68, décimo cuarto mes proporcional L.7,300.68; vacaciones pendientes 40 días L.19,107.60, décimo tercer mes causado año 2020 y 2021 L. 24,566.96, décimo cuarto mes causado años 200 y 2021 L. 24,566.96, reajuste de salario mínimo 2 años L. 113,805.62, desglosado así: 336 días comprende del 26 de enero al 31 de diciembre del año 2020, a razón de L. 143.70 por día L. 42,283.20, 210 días comprendido de 01 de enero al 31 de julio del año 2021, a razón 175.20 diario resulta L. 36,792.00 y a partir del mes de agosto a diciembre del año 2021, a razón de L. 158.53, por día resulta L. 23,779.50, 26 días que comprende de 01 de enero al 26 de enero del año 2022, a razón de 190.42 por día resulta la cantidad de L. 4,950.92; más una suma igual por indemnización por no pago de salario mínimo L. 113,805.62; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- 2) SIN COSTAS…”. Bajo el criterio que, del estudio y análisis de las pruebas allegadas al proceso este tribunal es del criterio que procede DECLARAR CON LUGAR la demanda de mérito por las circunstancias siguientes: Que el artículo 47 del Código del Trabajo, establece que los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sea permanentes o continuas en la empresa, se consideraran celebrada por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dicho contrato subsiste la causa o motivo que le dio origen. En el caso de autos con la abundante prueba documental se encuentra acreditado que el demandante JOSÉ FRANCISCO DUARTE ACOSTA, desde el 28 de abril del año 2014, que la demandante alega inicio a laborar con la demandada han venían celebrando contratos de trabajo bajo la denominación convenio de cooperación para el acompañamiento y fortalecimiento social hecho que ha sido aceptado por las partes aunque no se haya puesto a la vista de la juzgadora ningún contrato por escrito; independientemente de la denominación que se les dio eran contratos de trabajo, porque en la relación existente entre las partes concurrían los tres elementos necesarios para considerar la existencia de este según dispone el artículo 20 del Código de Trabajo; la relación no fue interrumpida pruebo de ello es que la demandada le venía realizando pagos de manera continua según se comprobó con los depósitos realizados en los dos últimos años según documento que corre a folios 116 al 142 de los autos, extendido por la institución bancaria donde le realizaban los pagos al demandante; siempre realizo las mismas funciones las cuales son continuo en la institución demandada, es decir y subsiste la actividad que le dio origen después de finalizada la relación; Por tal razón procede declarar con lugar la demanda de mérito. El despido es un acto por el cual el patrono hace saber al trabajador ya sea directamente o por medio de sus representantes, que rescinde la relación de trabajo, y que en consecuencia debe retirarse del servicio, mismo que corresponde demostrarlo al trabajador, y su justificación al patrono; o es el aviso que el trabajador da al patrono que cancela la relación de trabajo por una causa imputable a éste y exige la indemnización correspondiente; en el caso de autos la demandante acredito la que demandada puso fin a la relación de trabajo siendo este un hecho aceptado por la parte demandada en su escrito de contestación de demanda en el hecho cuarto. sin alegar justa causa más que la no renovación del contrato; Por lo que el despido llevado a cabo bajo esas condiciones resulta injusto e ilegal por lo que procede condenar a la demandada al resarcimiento de daños y perjuicios. En el presente caso no se tuvo a la vista todos los contratos suscrito por las partes, y siendo que el demandante alega que la relación inicio en fecha 28 de abril del año 2014, y no hubo prueba en contrario este tribunal para efectos del cálculo de prestaciones toma como cierto lo alegado por el trabajador en cuanto la fecha de inicio y terminación de la relación laboral, el salario mínimo vigente año 2021, cantidad de L. 12,755.92. En el presente juicio el demandante JOSÉ FRANCISCO DUARTE ACOSTA, reclama pago de reajuste de salario mínimo; con relación a tal reclamo se encuentra acreditado en autos que la demandada le pagaba a la demandante de enero del año 2020 al 02 de agosto del año 2021 la cantidad de L. 7,500.00, у a partir del mes de agosto hasta 26 de enero del año 2022 la cantidad de L. 8,000.00, en concepto de salario, salario que es inferior al salario mínimo vigente: el salario mínimo vigente era L. 11, 811.04, en el año 2020, el salario mínimo vigente era de L. 11,356.84, para el año 2021 el salario mínimo vigente era de L. 12,755.92, mensuales, en el año 2022, le salario mínimo era de L. 13,712.62, resultando un reajuste de salario mínimo a favor del demandante, por tal razón procede condenar a la demandada al pago de reajuste de salario mínimo en la cantidad reclamada L. 113,805.62, desglosado así: 336 días comprende del 26 de enero al 31 de diciembre del año 2020, a razón de L. 143.70 por día L. 42,283.20, 210 días comprendido de 01 de enero al 31 de julio del año 2021, a razón 175.20 diario resulta L. 36,792.00 y a partir del mes de agosto a diciembre del año 2021, a razón de L. 158.53, por día resulta L. 23,779.50, 26 días que comprende de 01 de enero al 26 de enero del año 2022, a razón de 190.42 por día resulta la cantidad de L. 4,950.92; el demandante también reclama en concepto de pago de una indemnización de daños y perjuicios una suma igual; según dispone el artículo 39 párrafo segundo de la Ley de salario mínimo establece "el trabajador podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se le adeuda una suma igual.- Por tal razón procede condenar a la demandada al pago de esos conceptos. Que a la terminación del contrato de trabajo el patrono deviene obligado a pagar al trabajador los beneficios sociales entendiéndose como tales; El derecho a vacaciones, el derecho a décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y el derecho a décimo cuarto mes de salarios de compensación social en la proporción en que tales derechos son debidos sino han sido causados en su totalidad con independencia de la causa de terminación del contrato de trabajo es justificado o no.- En el caso de los autos la parte demandada no probo haber pagado al demandante los derechos causados y proporcionales de los dos últimos años por tal razón procede condenar a la demandada al pago de esos conceptos. Que la ley laboral establece que cuando el patrono no prueba la justificación en que funda el despido debe pagarle al trabajador las indemnizaciones que según el Código de Trabajo le pueden corresponder y a título de daños y perjuicios, los salarios que ha este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procésales del cuerpo de la ley citado debe quedar firme la sentencia condenatoria. En el presente juicio la parte actora reclama pago de costas con relación a este reclamo este Tribunal considerando que el artículo 8 de dicha ley establece: DISPOSICIÓN GENERAL "EL ESTADO O SUS AUTORIDADES, EN JUICIO DE CUALQUIER NATURALEZA ESTARÁ EXENTO DEL PAGO DE COSTAS, SALVO QUE SE HAYA ACTUADO CON DOLO..." y en vista de que en el caso que nos ocupa en ningún momento El Estado o sus representantes al ejercitar su derecho de defensa que señala nuestra Constitución de la República ha actuado con dolo (debiéndose en todo caso- ser demostrado por la contraparte), y considerando que la norma es de obligatorio cumplimiento, no es procedente una condena en costas en caso de estimarse la presente demanda, ya que conforme a la norma citada, El Estado de Honduras, se encuentra exento del pago de las mismas. Asimismo, valorando los antecedentes, cabe mencionar que también existe jurisprudencia fijada por la Sala de lo Constitucional en los Recursos de Amparo números: AL85-2017, AC0459-2016. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 10 de marzo del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que, analizando el presente caso a la luz del principio de primacía de la realidad y las orientaciones contenidas en la Recomendación 198 de la OIT Sobre la Relación de Trabajo y su importancia para los trabajadores, esta Corte concluye que, a pesar de que la parte recurrente insiste en argumentar que el vínculo entre las partes no se encuentra dentro de los que reciben la protección de la legislación laboral vigente, por ser un convenio de servicios que denominan "Convenio de Cooperación para el Acompañamiento y Fortalecimiento Social", del material probatorio que obra en el proceso resulta evidente lo siguiente: a) El demandante realizaba sus actividades en forma personal tal como lo establece la cláusula sexta del Convenio de Cooperación para el Acompañamiento y Fortalecimiento Social y así lo acepta la parte demandante al establecer que se trataba de "un convenio de prestación de servicios"; b) Las actividades realizadas por el demandante estaban bajo la supervisión de la SEDIS, según las cláusulas Segunda literal g) y novena del Convenio, además se ejercían controles de asistencia tal como se acredita con el cuadro de Control de Actividades de las Guías de Familia; c) El demandante recibió, por parte de SEDIS; una remuneración periódica como retribución a sus servicios, depositada en su cuenta personal en Banco de Occidente; d) En el medio de prueba Exhibición de Documentos propuesto por la parte actora no se exhibieron contratos y tampoco planillas "por aducir la demandada que no se encuentra registro alguno del señor JOSÉ FRANCISCO DUARTE ACOSTA como empleado de la suprimida Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS)". En razón de las circunstancias anteriores, que se encuentran debidamente acreditadas, se reúnen los elementos establecidos por el artículo 20 del Código de Trabajo, en consecuencia, el vínculo que unió a las partes es de naturaleza laboral y de carácter permanente puesto que está acreditada la actividad personal del demandante; que recibía un salario como retribución por sus servicios, aunque la parte demandada pretenda encubrirlo bajo la denominación de "ingreso complementario"; y que existía subordinación hacia la SEDIS porque sus actividades estaban sujetas a supervisión y sus asistencias y labores eran controladas. Al haberse establecido en el numeral anterior que existió un contrato de trabajo entre las partes, aunque no constara por escrito, el mismo sólo podía finalizar, sin responsabilidad del patrono, al concurrir una causa justa y legal y siendo que la demandada establece: "que lo que le pasó con el demandante fue la no renovación de Convenio", la terminación se torna injusta e ilegal por lo que es procedente acceder a lo reclamado por el demandante, tal como lo ha hecho la jueza de primera instancia. Asimismo, siendo que no se presentó en el juicio un contrato por escrito que fijara las condiciones que rigieron la relación de trabajo desde su inicio, puesto que la parte demandada negó su existencia, se tienen por ciertas las estipulaciones de trabajo establecidas por la parte actora, según el artículo 30 del Código de Trabajo, tal como se encuentra plasmado en los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida. En virtud de lo anteriormente expresado, esta Corte de Apelaciones es del criterio que la sentencia venida en apelación debe ser confirmada por encontrarse dictada conforme a derecho. 5.- Mediante auto de fecha 18 de agosto del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 11 de octubre del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado TOMAS ALBERTO MONCADA RAMOS, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha 24 octubre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 22 de abril del 2024, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado DANIEL EDUARDO CALLEJAS ZELAYA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV.- Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI.- Que revisada la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme los principios generales del Derecho del Trabajo, las presunciones y cargas probatorias previstas en la legislación laboral, así como también por la conducta procesal observada por las partes; olvidando que en este asunto la parte demandada, con el convenio de Cooperación para el Acompañamiento y Fortalecimiento Social número 006-SEDIS/DAFS-2022 aprobado mediante decreto Ejecutivo número PCM-037-2018 de fecha 18 de junio de 2018 y publicado en el diario oficial la Gaceta 06 de julio de 2018 celebro Convenio de Cooperación con Fondos Externos, para la Supervisión y el Acompañamiento y Fortalecimiento Social mediante la Conformación de unidades de acompañamiento documento anexo en el que se aprecia el nombres de la demandante, JOSÉ FRANCISCO DUARTE ACOSTA , actividad desempeñada guía de familia con horario de 8, Am a 12 Pm, por lo que se desembolsó bajo el concepto de ingreso complementario mensual las cantidades de L. 6,400.00 sumas de dinero que se ven reflejadas mediante transferencia ACH en los estados de cuenta; de lo anterior se concluye iniciada la prestación de servicios desde marzo de 2020 fecha de la inicialización de actividades, junto a los depósitos realizados al señor a través de la Banca Privada concluyen mes de enero de 2022, más en autos resulta probado convenio No. 0606-SEDIS/DAFS-2021 titulado Prestación de Servicios para el Acompañamiento y Fortalecimiento Social, conforme a la definición de éste en la Ley de Ingresos complementarios en las zonas rurales y urbano marginales, Decreto Legislativo No. 107-2010, como un Contrato de Excepción; atendiendo los principios que rigen en materia del trabajo y las presunciones legales previstas en tutela de los trabajadores, se determina que la relación jurídica entre las partes estaba regida por un Contrato de Trabajo, pues según lo dispone el artículo 739 del Código de la materia, cuando la ley exige determinada solemnidad ad sustantiam actus, no se podrá admitir prueba por otro medio, como es el caso del convenio previsto en el artículo 2 del Decreto legislativo No. 107-2010 o Ley de Ingresos complementarios en las zonas rurales y urbano marginales, por tratarse de un Contrato de Excepción para una finalidad concreta y particular, no consta que el 22 de diciembre del 2021 se le notificara a el demandante que no seguirían realizando las funciones para las que fue contratado, a quien corresponde acreditar la existencia del despido en que fundamentan su reclamo. Por lo consiguiente no concurren los elementos del artículo 20 del código de trabajo. VII.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente. VIII.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. IX.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c) 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo San pedro Sula Departamento de Cortes, de fecha 10 de marzo del 2023. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. – NOTIFIQUESE. - FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO Y ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del dos mil veinticinco. FIRMA Y SELLO.
RAMCEL NICOL CARTAGENA PINTO,
RECEPTORA ADSCRITA.