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Sentencia CL-173-23 — Registro 19502

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda laboral para que previo a los trámites legales y mediante sentencia definitiva condenatoria que al efecto se dicte, el patrono sea obligado a pagarle las prestaciones sociales, vacaciones proporcionales, decimotercer y decimocuarto mes proporcionales, vacaciones pendientes, salarios caído, costas.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) En la formulación del cargo señala apreciación errónea pero en la explicación de motivo establece falta de aplicación del artículo 864 del Código de Trabajo, siendo dos tipos de violación diferentes, debiendo establecerlo de manera separada por la independencia de los cargos; y ii) Para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; y, ii) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que, si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis (06) de marzo del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 4 de septiembre del 2023, por el Abogado RENE ROLANDO FAJARDO LEITZELAR, en su condición de representante procesal de la sociedad denominada CEIBA TEXTILES S. DE R.L., como recurrente; además, es parte recurrida, el señor JOSE MARIO CRUZ RAMOS, representado en juicio por el Abogado RAFAEL ANTONIO BREVE TABORA. OBJETO DEL PROCESO: demanda laboral para que previo a los trámites legales y mediante sentencia definitiva condenatoria que al efecto se dicte, el patrono sea obligado a pagarle las prestaciones sociales, vacaciones proporcionales, decimotercer y decimocuarto mes proporcionales, vacaciones pendientes, salarios caído, costas, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Quimistan, Departamento de Santa Barbara, en fecha 11 de febrero del 2021, por el señor JOSE MARIO CRUZ RAMOS, mayor de edad, casado, Técnico, hondureño y con domicilio en la ciudad de Quimistan, Departamento de Santa Barbara, contra la sociedad mercantil denominada CEIBA TEXTILES S. DE R.L., por medio de su representante legal el señor JAIME HADDAD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de marzo del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 9 de febrero del 2022, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Quimistan, Departamento de Santa Barbara, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda Laboral para el pago de prestaciones sociales y salarios dejados de percibir promovida por el señor: JOSE MARIO CRUZ RAMOS, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra la empresa CEIBA TEXTILES S. DE R. L. Mediante su representante legal el señor JAIME HADDAD, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia. En consecuencia, CONDENA: A) A la empresa CEIBA TEXTILES S. DE R. L. Mediante su representante legal el señor JAIME HADDAD, a pagarle al trabajador JOSE MARIO CRUZ RAMOS, la cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 161,086.56), misma que se desglosa de la siguiente manera: preaviso L. 42,100.20; auxilio de cesantía L.87,609.33; auxilio de cesantía proporcional L.8,244.62; Vacaciones Proporcionales Lps.5,496.42; décimo tercer mes proporcional L.12,078.72; décimo cuarto mes proporcional L.3,057.27; Décimo Cuarto adeudado pendiente L. 2,500; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria. SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION DE LA ACCION, interpuesta por la parte demandada. TERCERO: Sin costas a la parte vencida en juicio”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral para la empresa CEIBA TEXTILES S. DE R. L., el 11 de abril del 2011, en el puesto de Técnico Mecánico Industrial con un salario promedio mensual de L. 21,050.10 trabajando turnos rotativos un mes de día y un mes de noche, en los turnos de la mañana de 6 de la mañana a 6 de la tarde y en el turno de noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana y la forma de pago de su salario era semanal; que el 1 de septiembre del 2020, la demandada dio por terminado el contrato individual de trabajo en forma injusta e ilegal, mediante nota escrita firmada por el representante legal de la empresa, amparado en lo que para el efecto dispone el artículo 95 numeral 19 del Código de Trabajo, relacionado con el reajuste de personal, que forzosamente debe llevar a cabo la empresa debido a las consecuencias económicas generadas por la pandemia del COVID 19, lo cual los obliga a reducir su personal y a cancelar ciertas posiciones de trabajo, como la del demandante, para poder seguir operando, ofreciendo cancelar las sumas adeudadas por su trabajo que conforme a ley correspondan, siendo esta una determinación imputable a la empresa y una decisión unilateral por lo que la causal alegada en la carta de despido no es de las excluyentes de responsabilidad patronal y por lo tanto sin existir ninguna causal de las establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, que como fue objeto de suspensiones laborales, por lo tanto su salario se vio disminuido durante la suspensión de labores, por ende la empresa al momento de hacerle su cálculo de prestaciones lo hace erróneamente en base a los últimos meses en que estuvo suspendido de sus labores y que no trabajó, meses en los que no recibió las prebendas que da la empresa, como ser bonificaciones por producción y otros, reduciéndole de manera sustancial su salario y el cálculo de prestaciones, pues la empresa estaba obligada a calcularle sus prestaciones en base a los días realmente laborados como lo establece el Código y no en base a los días en que no estuvo laborando como ser sus vacaciones y durante la suspensión de labores por razón de la pandemia del COVID-19, por tal razón el patrono devenía en la ineludible obligación de hacerle efectivo de inmediato sus prestaciones sociales y demás derechos que legalmente le corresponden de acuerdo a los últimos seis meses realmente trabajados. 2. La parte demandada, la sociedad denominada CEIBA TEXTILES S. DE R.L, contestó dicha demanda señalando que al demandante no le corresponden los derechos que reclama y consecuentemente, una vez que se acrediten los extremos de esta contestación la demanda deberá ser declarada sin lugar por ser lo procedente de conformidad a derecho, que como es de público conocimiento la pandemia generada por el COVID 19 generó que el gobierno decretara el cierre de la economía para proteger la salud de la población, generando gravísimos daños al sector empresarial, al verse afectada por la caída de ventas a nivel internacional se vio obligada a hacer un reajuste de personal de acuerdo a lo establecido en el artículo 95 inciso 19 del Código de Trabajo, lo cual se llevó a cabo el 1 de septiembre del 2020, tal reajuste lastimosamente afecto al demandante, según se le informó en su nota de terminación laboral, al demandante se le ofrecieron sus prestaciones, pero se negó a aceptarlas, pues como dice en su demanda el piensa que la empresa estaba obligada a pagarle conforme al promedio salariales de fechas más allá de los últimos 6 meses de vigencia del contrato, lo cual es erróneo pues el artículo 123 inciso b) del Código de Trabajo no es esto lo que regula, en ese orden de cosas al rehusarse a recibir sus prestaciones el actor se retiró de la empresa, sin hacer ningún intento conciliatorio hasta que presento la presente demanda el 11 de febrero del 2021. En el mismo escrito de contestación de demanda se interpuso la excepción de prescripción de la acción amparándose en los artículos 710 y 864 del Código de Trabajo, ya que en el caso que nos ocupa el actor fue despedido el 1 de septiembre del año 2020, por lo cual tuvo hasta el 1 de noviembre del año 2020 para interponer en tiempo y forma la presente acción, pero el actor demando hasta el 11 de febrero del 2021 o sea 110 días después, lo cual hace que su demanda este prescrita pues el actor dejo pasar el termino de dos meses que la ley le otorgaba para interponer su demanda judicial con lo cual se configura la prescripción de la acción según el Código de Trabajo. 3. El Juzgado de Letras Seccional de Quimistan, Departamento de Santa Bárbara, en fecha 09 de febrero del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda Laboral para el pago de prestaciones sociales y salarios dejados de percibir promovida por el señor: JOSE MARIO CRUZ RAMOS, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; contra la empresa CEIBA TEXTILES S. DE R. L. Mediante su representante legal el señor JAIME HADDAD, también de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia. En consecuencia, CONDENA: A) A la empresa CEIBA TEXTILES S. DE R. L. Mediante su representante legal el señor JAIME HADDAD, a pagarle al trabajador JOSE MARIO CRUZ RAMOS, la cantidad de CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L. 161,086.56), misma que se desglosa de la siguiente manera: preaviso L. 42,100.20; auxilio de cesantía L.87,609.33; auxilio de cesantía proporcional L.8,244.62; Vacaciones Proporcionales Lps.5,496.42; décimo tercer mes proporcional L.12,078.72; décimo cuarto mes proporcional L.3,057.27; Décimo Cuarto adeudado pendiente L. 2,500; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por el demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria. SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION DE LA ACCION, interpuesta por la parte demandada. TERCERO: Sin costas a la parte vencida en juicio”. Bajo el criterio que el despido llevado a cabo por la demandada se fundamentó en el artículo 95 numeral 19 del Código de Trabajo, relacionado con el reajuste de personal pero dicho artículo solo es aplicable cuando existen organizaciones sindicales dentro de una empresa y agotando el debido proceso en el caso que lo amerite con sus Directivos o Afiliados, por tal razón quedo evidenciado que la empresa no tenía fundamento legal para la efectuar dicho despido, resultando ilegal e injusto por lo que es procedente el resarcimiento de daños. La demandada no actuó dentro del marco legal, siendo que realizo un cálculo de prestaciones tomando en cuenta el tiempo de la suspensión de labores, por ende, la empresa al momento hacer el cálculo de prestaciones lo hace erróneamente en base a los últimos meses en que estuvo suspendido de sus labores el demandante, meses en los que no recibió su salario completo y otras prebendas como ser bonificaciones por producción y otros, reduciéndose de manera sustancial el salario. Y siendo que el presente juicio uno de los hechos controvertidos es determinar si procede exonerar a la demandada del pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo que con relación a tal reclamo se encuentra acreditado en autos tal como se dijo anteriormente, no pagó las prestaciones sociales como correspondían al demandante al momento de la terminación, ni puso a disposición del demandante lo que creía deber; por el contrario procedió a hacerle un ofrecimiento de pago en base a un cálculo de prestaciones el cual la demandada lo realizo en base a los últimos meses en que estuvo suspendido de sus labores el demandante, conducta asumida por la demandada que demuestra que no hubo buena fe en pagar las prestaciones sociales en su totalidad. En cuanto a la excepción de prescripción de la acción interpuesta por la parte demandada se declara Sin Lugar ya que como consecuencia de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia de la enfermedad del coronavirus Covid-19, por medio del acuerdo No.CSJ-01-2020 emitido el 16 de marzo de 2020, donde la Corte Suprema de Justicia dispuso suspender labores en el poder judicial a nivel nacional, del lunes 16 marzo del 2020, declarando inhábiles esos días para efectos de actuaciones y plazos procesales, quedando en suspenso estos últimos, por tal razón se habilitaron los plazos y términos judiciales a partir del lunes 11 de enero de 2021 a nivel nacional, comenzando las actividades que con el personal no vulnerable por lo tanto únicamente había transcurrido un mes (30 días) al momento que se presentó la demanda de mérito desde que se habilitaron los plazos y términos judiciales el 11 de enero de 2021 y ningún momento habían transcurrido 110 días como lo manifestó el apoderado procesal de la parte demandada, alegando una supuesta prescripción de la acción. 4. La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, en fecha 14 de marzo del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que del análisis y estudio de los autos esta Corte ha llegado a la convicción que efectivamente existió una ruptura unilateral del contrato de trabajo por parte de la ex patronal lo que de conformidad a las disipaciones legales en materia del trabajo imponen una sanción al ex patrono pagar las prestaciones laborales y además a título de daños y perjuicios, el pago de los salarios dejados de percibir, desde la ruptura unilateral del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales laborales quede firme la sentencia condenatoria, razón por la cual no son de recibos los agravios y debe de confirmarse la sentencia conocida en apelación. 5. Mediante auto de fecha 18 de mayo del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RENE ROLANDO FAJARDO LEITZELAR, en su condición de representante procesal de la sociedad denominada CEIBA TEXTILES S. DE R.L., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbara, Departamento de Santa Barbara, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 4 de septiembre del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado RENE ROLANDO FAJARDO LEITZELAR, en su condición de representante procesal de la sociedad denominada CEIBA TEXTILES S. DE R.L., formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 26 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 12 de febrero del 2024, se tuvo por contestado el recurso de casación por parte del Abogado RAFAEL ANTONIO BREVE TABORA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado RENE ROLANDO FAJARDO LEITZELAR, en su condición de representante procesal de la sociedad denominada CEIBA TEXTILES S. DE R.L, en su primer motivo de casación alega: “Ser la sentencia censurada violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 864 del Código del Trabajo, por error de hecho derivado de la apreciación errónea de la prueba documental visible a folios del 150 al 157 vuelto del expediente de primera instancia, que adelante singularizo" SINGULARIZACION DE LA PRUEBA: La prueba erróneamente apreciada es la documental que obra a folios 150 al 157 vuelto del expediente de primera instancia, donde consta el ACUERDO PCSJ-34-2020, contentivo del PROCESO DE REINCORPORACION GRADUAL Y RESPONSABLE A LABORES PRESENCIALES del Poder Judicial raíz de la pandemia del Covid 19. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACION DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de la norma sustantiva indicada como violada son los artículos 738 y 739. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACION: La Corte recurrida confirma la sentencia de primera instancia al apreciar erróneamente la prueba singularizada y esta apreciación errónea la lleva a violentar el artículo 864 del Código del Trabajo, lo cual es EVIDENTE en el fallo recurrido como puede apreciarse en la motivación fáctica y jurídica de dicho tallo, pues en el folio dieciocho vista de los autos de la segunda pieza, el tribunal Ad quem literalmente dice: "... y se ampara en el acuerdo PCSJ-34-2020, del plan de reincorporación gradual y responsable a las labores presenciales del poder judicial; en ese sentido vemos la confusión y equivocación tanto del recurrente como del A-quo, ya que el acuerdo que hace referencia era para que el personal de los Juzgados y Tribunales de forma gradual y paulatina se fueran reincorporando a las labores, pero en relación a los términos judicial los mismos seguían en suspenso..." de esta apreciación errónea del Ad quem se deriva el convencimiento que lo hace dejar de aplicar el artículo 864 del Código del Trabajo y consideramos que fue apreciada erróneamente la prueba singularizada pues tal documento en su numeral TERCERO establece literalmente: "Sin perjuicio de las demás labores jurisdiccionales en todas las materias, que se estén realizando en todo el país, los servicios de justicia esenciales que el Poder Judicial, en el marco de la emergencia sanitaria nacional, seguirá brindando a la ciudadanía son los siguientes: (ver folio 153 de la primera pieza) ... Jurisdicción del Trabajo... Juzgados de Letras del Trabajo y demás Juzgados de Letras que sean competentes en esta materia: Asuntos laborales de inmediata atención, que puedan originarse en el marco de la emergencia sanitaria nacional, e impliquen cualquier tipo de vulneración a los derechos de los trabajadores o de los patronos.(ver folio 155 de la primera pieza)" De la simple lectura de este texto de la prueba singularizada se deducen las siguientes apreciaciones erróneas en que incurre el Ad quem: A) Dice la Corte sentenciadora "... era para que el personal de los Juzgados y Tribunales de forma gradual y paulatina se fueran reincorporando a las labores ..." lo cual no es correcto pues también ordena se brinden a la ciudadanía servicios esenciales como ser en el área laboral admitir cual asunto que implique vulneración a los derechos de los trabajadores como es admitir una demanda laboral por despido. B) Si bien los plazos y términos judiciales estaban suspendidos esto no implica que los términos legales como el que establece la norma sustantiva violada estuviesen en suspenso, pues los términos JUDICIALES como su nombre lo dice son los que establecen los órganos jurisdiccionales y donde la Corte Suprema de Justicia tiene facultades según el artículo 313 de la Constitución de la Republica, pero los términos LEGALES son los que establece una LEY emitida por otro poder del Estado (Poder Legislativo) como lo es el Código del Trabajo, y solo el Congreso Nacional en uso de sus facultades puede crear, decretar, interpretar reformar y derogar las leyes (art 205 núm.. 1 de la Constitución de la Republica) y fue por esto que la Corte Suprema de Justicia se refirió únicamente a los términos y plazos judiciales y nunca menciono los términos legales, pues sabía que no era su facultad hacerlo y por eso estableció que los tribunales que atienden asuntos laborales brindaran al público la atención de cualquier asunto que implique cualquier tipo de vulneración a los derechos de los trabajadores como ser la admisión de una demanda laboral como la presente a partir del 15 de junio del año 2020; en este orden de cosas el actor al ser despedido el 1 de septiembre del 2020, no estaba imposibilitado de interponer su acción ante el órgano jurisdiccional competente dentro del término legal que establece el artículo 864 del Código del Trabajo y al no hacerlo su acción es prescrita conforme a la norma sustantiva violada por el Ad quem al no aplicarla debido a su apreciación errónea del medio de prueba que se singulariza en este motivo. Por lo que procede conforme a derecho la admisión de este motivo". III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) En la formulación del cargo señala apreciación errónea pero en la explicación de motivo establece falta de aplicación del artículo 864 del Código de Trabajo, siendo dos tipos de violación diferentes, debiendo establecerlo de manera separada por la independencia de los cargos; y ii) Para que se configure el error de hecho alegado, por un lado, no basta señalar un medio de prueba determinado, sino que es necesario relacionar el mismo con la prueba en su conjunto, para así poder determinar que el Tribunal recurrido haya incurrido o no en una violación a la Ley, y por otro, que debe ser ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos, pero en circunstancias dudosas, los Tribunales quedan en libertad de decidirse en caso tal por el extremo que, a su juicio, consideren mejor demostrado; en este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del Juez A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio. IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: "Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción directa al dejar de aplicar el artículo 864 del Código del Trabajo vigente. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACION DE LA LEY SUST ANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de la norma sustantiva indicada como violada son los artículos 738 y 739. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACION: La infracción directa, también conocida como "falta de aplicación" se produce cuando a un hecho que no se discute o está debidamente comprobado se deja de aplicar la norma que lo regula. En palabras del jurista Luis Lagos Pantoja, la infracción directa "se presenta porque se deja de aplicar la ley siendo el caso de hacerlo". La clase de este género de violación es constituida por la actitud de manifiesta rebeldía del sentenciador contra las normas legales.- En el presente caso NO ES TEMA DE DEBATE que el actor fue despedido el 1 de septiembre del 2020 y que interpuso su demanda ante el A quo el 11 de febrero del 2021, por lo cual la Corte Sentenciadora al estar debidamente interpuesta la excepción de prescripción, estaba obligada a aplicar la norma sustantiva violada, pero el tribunal Ad quem, omite o deja de aplicar la norma sustantiva violada, sin tener un fundamento legal para hacerlo que derive del proceso, pues no se acreditaron causales de suspensión del término de prescripción que establece el artículo 864 del Código del Trabajo y la Corte Ad quem en su fallo establece que su convicción para no aplicarlo nace del PCM-21-2020 que es un Acuerdo Ejecutivo (que no fue mencionado en juicio por las partes) que si bien suspende garantías constitucionales su vigencia (7 días) no afecta los hechos acontecidos en el litigio que se falla (1 de septiembre 2020 en adelante) y NUNCA SUSPENDE NINGUN PLAZO O TERMINO LEGAL como el termino establecido en la norma sustantiva violada, también menciona en el fallo impugnado, resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, pero no podemos obviar que esta Corte Suprema de Justicia no tiene facultades para suspender los efectos de una norma legal sustantiva como el artículo 864 del Código del Trabajo, tampoco se acredito, ni argumento siquiera, por la parte actora ninguna causa de suspensión que pudiese suspender dicho termino legal, por lo cual la Corte Ad quem se rebela ante la ley y deja de aplicar la norma sustantiva violentada sin tener un fundamento legal valido para hacerlo con lo cual infringe directamente la norma sustantiva que se acusa como violada por su no aplicación. Por lo que procede conforme a derecho la admisión de este motivo”. V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: i) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley, en el motivo expuesto la causas de terminación fueron objeto de la controversia y por ende del material probatorio; y, ii) Realiza alegatos propios de instancia, mismos que en este Recurso extraordinario son inapropiados debido que los argumentos del caso ya fueron evacuados en el momento procesal oportuno. VI. El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “ Interpongo Nulidad Absoluta de actuaciones contra la sentencia impugnada por las razones siguientes: A) Las sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales como el Tribunal Ad Quem buscan la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto debe ser clara, precisa, congruente y motivada y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el Tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la Republica, leyes, convenios y principios laborales, y así respetar el estado de Derecho, en base a lo anterior es que la Corte de Apelaciones de Santa Barbara al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma correcta, lo que causa una carencia de motivación de la sentencia, pues basan su motivación fáctica y jurídica en explicar una serie de preceptos doctrinarios que no son temas de debate entre las partes, ni dan respuesta a los agravios planteados en el recurso de apelación, así como también omite establecer claramente la fundamentación jurídica en que base su fallo por lo que en el caso de que nos ocupa, la Ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a las partes e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad, y en el presente caso el Tribunal Ad Quem ha emitido una sentencia en la que no ha existido motivación y fundamentación del hecho controvertido, por lo cual no es clara, precisa y congruente con la demanda y las pretensiones, y al omitir esa motivación produce indefensión a las partes e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad, y en el presente caso el Tribunal Ad Quem ha emitido una sentencia que no está debidamente fundamentada; Que el articulo 200 numeral 2, literal c, del Código Procesal Civil respecto a las Sentencias establece la obligación que: "En los fundamentos de derecho se expresaran en párrafos separados y enumerados, los puntos de derecho fijados por las partes y las cuestiones controvertidas, dando las razones y fundamentos legales del fallo que haya de dictarse, CON EXPRESION CONCRETA DE LAS NORMAS JURIDICAS AP LI CABLES al caso concreto". La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbara infringe al redactar su fallo, de la obligación legal que le impone el articulo 200 numeral 2, literal C, del Código Procesal Civil, de expresar concretamente las normas jurídicas aplicables al caso, pues, no cita las normas jurídicas aplicables en cada uno de los fundamentos en franca violación a la norma procesal. B) La sentencia que nos ocupa emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbara en el punto "QUINTO" de la parte denominada "Motivación fáctica y jurídica" (ver folios 18 vuelto al 21 visto de la segunda pieza) establece "OTRA CONTROVERSIA" QUE NO EXISTE, pues como parte apelante yo solo manifesté UN AGRAVIO y NO DOS como parece querer resolver el tribunal Ad quem y siendo que: "las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate". En este caso el fallo es incongruente e impreciso y tampoco es claro pues resuelve puntos que no fueron expresados por la parte apelante. Es por estas razones que se solicita la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Barbara, sin perjuicio que la misma sea casada”. VII. Que, si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que este Tribunal deba enmendar. En el presente caso, donde la situación planteada ya ha sido resuelta en el momento procesal oportuno por el A Quo y confirmado por el Tribunal de apelación lo constituye en un objeto de litigio ya dirimido y agotadas sus instancias, sin embargo estudiado el caso en examen, este Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VIII. Por lo anteriormente expresado, procede declarar NO HABER LUGAR al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos, así como de la nulidad subsidiariamente solicitada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por UNANIMIDAD de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal C, 764, 765, 769, 770, 777, 858 y 865 del Código de Trabajo; 22, 200, 211, 212, 214, 215 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal A del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación interpuesto por el Abogado RENE ROLANDO FAJARDO LEITZELAR, en su condición de representante procesal de la sociedad denominada CEIBA TEXTILES S. DE R.L, en sus dos motivos; 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiariamente solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que, con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los siete días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha seis de marzo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 173-2023. FIRMA Y SELLO.

RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR GODOY,

RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.