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Sentencia CL-144-24 — Registro 19953

Resumen

Primera instancia declara con lugar la demanda laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales por despido injusto pago de ajuste a salario mínimo legal, pago derechos adquiridos, vacaciones pendientes, salarios caídos en consecuencia: condena: a pagar, sin lugar la excepción perentoria de prescripción; segunda instancia confirma la sentencia; esta Sala de lo Laboral declara no ha lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

´´...El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por apreciación errónea, aplicación indebida e interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos, b) La norma que indica como violada el artículo 20 del Código de Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y c) Omite la explicación del caso, tampoco señala el precepto autorizante...´´

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por apreciación errónea, aplicación indebida e interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos, b) Entre las normas que indica como violadas el artículo 862 del Código de Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y c) Señala incorrectamente el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo en que se encuentra comprendido el cargo. d) Formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno (31) de octubre del año dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 25 de julio del 2024, por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora REINA ARACELY MARTÍNEZ, representada en juicio por el Abogado JAVIER ALEXANDER ENAMORADO AQUINO. OBJETO DEL PROCESO: demanda laboral ordinaria de primera instancia para que un patrono sea obligado mediante sentencia definitiva, al pago de prestaciones sociales y derechos adquiridos, pago de reajuste al salario mínimo, vacaciones pendientes de pago, décimo tercer y décimo cuarto mes pendiente de pago, salarios caídos, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 30 de abril del 2021, por la señora REINA ARACELY MARTÍNEZ, mayor de edad, unión libre, hondureña y con domicilio en el Municipio de San Francisco de Yojoa, Departamento de Cortés, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, por medio de su Alcalde Municipal el señor ALFREDO CERROS RIVERA, y solidariamente contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del PROCURADOR GENERAL DE LA REPUBLICA, Abogado MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 26 de enero del 2024, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 24 de agosto del 2023, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales por despido injusto pago de ajuste a salario mínimo legal pago derechos adquiridos, vacaciones pendientes, salarios caídos; promovida: REINA ARACELY MARTÍNEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, a través del señor Alcalde Municipal señor CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ, y solidariamente contra EL ESTADO DE HONDURAS por actos de la SECRETARIA DE SALUD, a través del Procurador General De La República el señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, a través del señor Alcalde Municipal señor CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ, y solidariamente contra EL ESTADO DE HONDURAS por actos de la SECRETARIA DE SALUD, a través del Procurador General De La República el señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, a pagar a la demandante REINA ARACELY MARTÍNEZ, la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (L. 298,776.02); desglosados así: preaviso L.20,436.60, cesantía L. 102,183.00, cesantía proporcional L. 4,200.00, vacaciones proporcionales L. 2,800.57, décimo tercer mes proporcional L. 8,758.50, décimo cuarto mes proporcional L. 4,379.25.00, reajuste de salario mínimo L. 131,006.60, vacaciones pendiente L. 7,493.42, décimo tercer mes L. 8,758.61, décimo cuarto mes L. 8,758.61; Más a título de daños-y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción interpuesta por la parte demandada principal.- TERCERO: DECLARA SIN LUGAR, la excepción perentoria de falta de legitimación pasiva del demandada interpuesta por el demandado solidario. CUARTO: SIN COSTAS. Por tratarse del Estado de Honduras…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de subsanación de la demanda que, inició a laborar con la Municipalidad de San Francisco de Yojoa, el 03 de agosto del 2009, desempeñándose en el cargo de aseadora del Centro de Salud (Rigoberto Madrid) por parte de la municipalidad, con un salario mensual de L. 10,218.30; y que fue contratada por la demandada, asignada al Centro de dicho centro en el cargo de aseadora en el periodo del Alcalde Municipal GASPAR PINEDA en el periodo del Partido Liberal en el tiempo del Presidente Mel Zelaya y Roberto Micheletti, en ese tiempo le pagaba la Municipalidad directamente vía cheque mediante Banco Atlántida desde el 2009 que inició hasta el 2016, luego la Municipalidad cambio de Alcalde Municipal periodo 2016 y que la Alcaldía Municipal la representaba el señor ALFREDO CERROS RIVERA, ya en este periodo la municipalidad creó supuestamente un comité de habitantes de la cabecera municipal, un convenio entre la municipalidad y el invento de un supuesto comité en la corporación municipal, el 30 de diciembre del 2019 la retiraron porque dicho convenio no se renovó supuestamente según dicen ellos, pero su salario siempre salía de la municipalidad lo que hacían es disfrazarlo para no pagarle sus derechos, el señor Alcalde ALFREDO CERROS RIVERA, la mando a descansar supuestamente porque no se renovó el convenio o contrato. Arguyó que en el acta que levanto Inspectoría de la Secretaria de Trabajo en fecha 04 de marzo del 2020 claramente manifestó el señor Jorge Enrique López en su calidad de Regidor y el señor Gertulio Hernández Argueta en su condición de Auditor Interno Municipal en donde hablaban de convenios entre la municipalidad y el comité relacionando como que la demandante no trabajo nunca para la municipalidad todo por no pagarle sus derechos laborales. Y que fue en fecha 04 de diciembre del 2020 que se apersonó a la Inspectoría de la Secretaria de Trabajo al Centro de Salud Rigoberto Madrid solicitando una ampliación de acta (acta de circunstancia), con la finalidad de pedir contratos de trabajo, roles de servicio, salario, fecha de ingreso. Pero que en la manifestación que hizo la señora FANNY GUISELLE GUZMAN MEJIA con identidad 1606-1972-00228 en su condición de colectora del Centro de Salud manifestó que si existían los roles de servicio y los convenios laborales pero que no estaban a mano de ella. Expresó que se tiran la pelota los del Centro de Salud y la Municipalidad para no pagarle los derechos que por ley me correspondían. El Artículo 7 del Código de Trabajo establece que el beneficiario del trabajo realizado por el contratista será solidariamente responsable en el pago de salarios y demás prestaciones e indemnizaciones legales a que tengan derecho los trabajadores del Contratista, como es el caso que la municipalidad demandada siempre la tuvo asignada al Centro de Salud (RIGOBERTO MADRID) del Municipio. Que acudió a citar al representante legal de la MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA con algún representante a la Secretaria de Trabajo, pero fue imposible debido a que este no compareció a dicha cita, por supuesto evadiendo la responsabilidad de pagarle sus derechos laborales, fue por eso que acudió a las instancias judiciales. 2. Las partes demandadas, la MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de la demandante, alegando en su defensa que, la demandada no tenía ninguna relación contractual con la demandante, y que todos los argumentos manifestados en la demanda fueron alejados y contrarios a los hechos reales, mismos que serán acreditados en el momento procesal oportuno. Asimismo, en audiencia primera de trámite interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción. Y, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando las pretensiones que persigue la demandante, alegando en su defensa que, nunca contrató a la demandante, ni mucho menos suscribió convenios de cooperación entre las partes con el fin de contratar personal, y por consiguiente la demandante no era parte del engranaje del personal del Establecimiento de Salud denominado San Francisco de Yojoa. Argumentó que, con el fin de aclarar a esa Judicatura, el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Salud solamente cuenta con dos establecimientos de Salud en el Municipio de San Francisco de Yojoa y que son denominados con los siguientes nombres: SAN FRANCISCO DE YOJOA y RÍO LINDO y que no tienen ninguno con nombre Rigoberto Madrid. Asimismo, en audiencia primera de trámite interpuso la Excepción Perentoria de Falta de Legitimación Pasiva del Demandado. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 24 de agosto del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO DECLARANDO CON LUGAR la demanda Laboral para el pago de prestaciones sociales e indemnizaciones legales por despido injusto pago de ajuste a salario mínimo legal pago derechos adquiridos, vacaciones pendientes, salarios caídos; promovida: REINA ARACELY MARTÍNEZ, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia; contra de la MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, a través del señor Alcalde Municipal señor CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ, y solidariamente contra EL ESTADO DE HONDURAS por actos de la SECRETARIA DE SALUD, a través del Procurador General De La República el señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, ambos de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, a través del señor Alcalde Municipal señor CARLOS EDUARDO RODRÍGUEZ, y solidariamente contra EL ESTADO DE HONDURAS por actos de la SECRETARIA DE SALUD, a través del Procurador General De La República el señor MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, a pagar la demandante REINA ARACELY MARTÍNEZ, la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS (L. 298,776.02); desglosados así: preaviso L.20,436.60, cesantía L. 102,183.00, cesantía proporcional L. 4,200.00, vacaciones proporcionales L. 2,800.57, décimo tercer mes proporcional L. 8,758.50, décimo cuarto mes proporcional L. 4,379.25.00, reajuste de salario mínimo L. 131,006.60, vacaciones pendiente L. 7,493.42, décimo tercer mes L. 8,758.61, décimo cuarto mes L. 8,758.61; Más a título de daños-y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación hasta que con sujeción as normas procesales quede firme la sentencia condenatoria.- SEGUNDO: DECLARA SIN LUGAR la excepción perentoria de prescripción interpuesta por la parte demandada principal.- TERCERO: DECLARA SIN LUGAR, la excepción perentoria de falta de legitimación pasiva del demandada interpuesta por el demandado solidario. CUARTO: SIN COSTAS. Por tratarse del Estado de Honduras…". Bajo el criterio que, la carga de probar el despido le corresponde al trabajador y su justificación al patrono, que en el presente caso se encuentra acreditado que la demandante REINA ARACELY MARTÍNEZ, dejo de laborar porque la demandada principal no renovó los convenios para ayuda alimentaria a centro de salud Rigoberto Madrid de San francisco tal como consta en el acta levantada por el inspector que corre agregada a folios 52 y 53 de los autos. Según lo establece la doctrina, "en materia laboral los datos formales que resultan de documentos contractuales o similares, aunque sean elaborados de buena fe o con todas las apariencias de legalidad que sean del caso, no necesariamente son definitivos para establecer la existencia o inexistencia del vínculo contractual laboral, ya que deben preferirse los datos que ofrece la realidad de la relación jurídica analizada, si contradice lo que informan los aludidos documentos"; a ello se le ha denominado Principio Protector de la Primacía de la realidad que resulta del análisis objetivo y ponderado de los elementos probatorios incorporados al proceso, dándole prelación a las circunstancias que rodearon la relación jurídica; Según el Código Sustantivo del Trabajo y Código Procesal del Trabajo, décima quinta edición, del Jurista, señor Jorge Ortega Torres, página 36: "la doctrina y la legislación laboral enseñan que la estructuración del nexo contractual, dentro del derecho del trabajo, se verifica en función de la prestación real de servicios personales, hecha abstracción de las formas externas, como lo son el sometimiento del status del empleado a los requisitos de administración interna de la entidad patronal; de tal manera que si aquel rinde a esta efectivamente sus servicios, la segunda no puede evadirse de satisfacer las obligaciones a favor del primero..."; al respecto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación número 3416300114998500615950740473500656590740473500103-15 de fecha 25 de abril del año 2017 sostuvo: "Que acorde a lo establecido en el artículo 18 del Código del Trabajo, es viable tomar en consideración de forma supletoria, la recomendación sobre la relación de trabajo, 2006 (núm. 198) de la Organización Internacional del Trabajo, que determina entre los indicios que configuran la existencia de la relación de trabajo, entre otros, los siguientes: "(a) el hecho de que el trabajo: se realiza según las instrucciones y bajo el control de otra persona; que el mismo implica la integración del trabajador en la organización de la empresa; que es efectuado única o principalmente en beneficio de otra persona; que debe ser ejecutado personalmente por el trabajador, dentro de un horario determinado, o en el lugar indicado o aceptado por quien solicita el trabajo; que el trabajo es de cierta duración y tiene cierta continuidad, o requiere la disponibilidad del trabajador, que implica el suministro de herramientas, materiales y maquinarias por parte de la persona que requiere el trabajo, y (b) el hecho de que se paga una remuneración periódica al trabajador; de que dicha remuneración constituye la única o la principal fuente de ingresos del trabajador; de que incluye pagos en especie tales como alimentación, vivienda, transporte, u otros; de que se reconocen derechos como el descanso semanal y las vacaciones anuales; de que la parte que solicita el trabajo paga los viajes que ha de emprender el trabajador para ejecutar su trabajo; el hecho de que no existen riesgos financieros para el trabajador." Al definirse el contrato individual de trabajo en el artículo 19 del Código de la materia, el legislador consideró, la ejecución del servicio personal remunerado efectuado por una persona en beneficio de otra persona natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de éste y mediante una remuneración, para la configuración de éstos elementos en un juicio, se requiere en principio que en la actuación procesal esté demostrada la actividad personal del trabajador a favor de la demandada, en lo que respecta a la continuada subordinación jurídica, que es el elemento característico y diferenciador de toda relación de carácter laboral, a la patronal corresponde probar que dicha actividad no se realizó en su beneficio o se efectuó de forma autónoma o con libertad cuando se encuentra evidenciada esa prestación personal del servicio, ya que en este evento lo pertinente, es hacer uso de la presunción legal prevista en el artículo 21 del Código de Trabajo, que consagra: "Se presume que toda relación de trabajo personal está regida por un contrato 8/273 de trabajo". Lo anterior significa, que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal en beneficio de la accionada, para que se presuma el contrato de trabajo, circunstancia ésta que así aparece acreditada en el proceso con la prueba incorporada al mismo en donde consta que realizaba funciones de aseadora CENTRO DE SALUD RIGOBERTO MADRID DE SAN FRANCISCO, institución que sin duda alguna se beneficiaba de la labor ejecutada por este su salario se efectuaba con fondos entregados por la Municipalidad demandada y que provenía fondos provenientes de la MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, de ahí que concurren los elementos del contrato de trabajo conforme lo establece el artículo 20 del mismo cuerpo de Leyes, el origen de las remuneraciones es una circunstancia que no atañe al trabajador pues éste no deja de serlo porque su salario haya sido pagado con fondos subsidiados, pues lo cierto es que la labor desarrollada benefició a la institución educativa dependiente de la Secretaria de Educación y la remuneración la efectuaba la Municipalidad demandada. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el recurso de casación número 569-16 sostuvo que "el artículo 7 reformado del Código de trabajo con el carácter tutelador del derecho laboral persigue proteger los derechos de los trabajadores y que se cumplan las obligaciones y responsabilidades derivadas de cualesquiera de las figuras, ya fuere mediante la intermediación o como contratistas, para que la solidaridad que dispone la norma, sea con uno u otro que se dirija la acción, tenga sentido y efecto en el cumplimiento de dichos derechos u obligaciones"; de ahí que indistintamente la forma en que se dirigió la acción, la responsabilidad de las demandadas resulta por la forma en que se configuró el nexo jurídico laboral; en donde ambas tuvieron participación según se expuso en el fundamento anterior, por lo que la terminación del contrato de trabajo sin causa de justificación como aparece en los documentos visibles a folios del 170 al 205 de los autos trae consigo la obligación del pago de los derechos económicos solicitados al tenor de los artículos 30 y 113 del Código de Trabajo, que incluye tanto las prestaciones, salarios dejados de percibir, reajuste de salario mínimo, vacaciones pendientes, aguinaldo y décimo cuarto mes adeudado en los valores reclamados al estar probado que la demandante devengaba la cantidad L. 2,100.00, el cual es un salario inferior al mínimo legal y que no consta el pago de los conceptos de derechos irrenunciables antes indicados. Razón por la cual procede declarar sin lugar la excepción perentoria de falta de legitimación pasiva de la demandada interpuesta por el demandado solidario. La parte demandada interpuso la excepción perentoria de prescripción basada en el hecho que el derecho de la demandante para demandar está prescrito con relación a dicha excepción se encuentra acreditado en autos que la demandante hizo gestiones ante la autoridad administrativa así: 1) En fecha 21 de febrero del año 2020, la demandante REINA ARACELY MARTÍNEZ, solicito los servicios del inspector del Trabajo, tal como consta con el documento que corre a folios 51 de los autos; 2) En fecha 04 de marzo del año 2020, el inspector del trabajo se constituyó en las instalaciones de la MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DE YOJOA, con el objeto de constatar la situación laboral de la señora REINA ARACELY MARTÍNEZ, según acta levantada y que corre folios 52 y 53 de los autos; 3) En fecha 04 de diciembre del año 2020, el inspector del trabajo se constituyó en el centro de trabajo denominado CENTRO DE SALUD RIGOBERTO MADRID, con el objeto de constatar el rol de trabajo diario asistencia diaria, salario devengado, tal como consta en el acta que corre a folios 63 y 64 de los autos; 4) En fecha 05 de enero del año 2021, la señora REINA ARACELY MARTÍNEZ, solicito convocatoria para audiencia de conciliación la cual fue otorgada para el 13 de abril del año 2021, tal como consta con la convocatoria para audiencia de conciliación que corre a folios 65 de los autos; 5) En fecha 13 de marzo del año 2021, se dio por cerrado las diligencias administrativas según acta que corre a folios 66 de los autos, actuaciones que realizo antes que transcurrieran el término de dos meses que establece el artículo 864 del Código de Trabajo, es decir en cada gestión no transcurría los dos meses que establece el artículo antes citado y con cada diligencia interrumpía el termino de prescripción; sumado a eso a raíz de la pandemia coronavirus (covid 19), encontraban en suspenso las garantías constitucionales tal como lo establece el decreto ejecutivo número PCM-021-2020 publicado en el Diario Oficial la Gaceta en fecha 16 de marzo del 2020; y los términos judiciales y administrativos estuvieron suspendidos desde el 16 de marzo del año 2020, se declararon inhábiles todos los días calendarios por el periodo en que transcurra la declaratoria de emergencia originada por covid 19 (artículo 5 decreto 33-2020 corre a 54 al 62 de los autos), hasta el 11 de enero del año 2021, fecha en la cual fueron habilitados los términos, por lo que el derecho de la demandante no había prescrito a la fecha en que fue interpuesta la demanda su última gestión fue 13 de marzo del 2021, y la demanda la presento 30 de abril del año 2021. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 26 de enero del 2024, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo; sin costas; bajo el criterio que, el contrato de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a prestar un servicio personal a otra persona, natural o jurídica, bajo la continuada dependencia o subordinación de la segunda y mediante remuneración; de este texto, tal como lo anuncia a su vez el artículo veinte (20) del Código de Trabajo, se precisa la necesidad de la presencia de tres elementos para la existencia del contrato de trabajo, siendo ellos: El servicio personal, la subordinación o dependencia y una remuneración o salario; en el sub judice; del examen exhaustivo realizado a las probanzas que al ser confrontadas con la sentencia impugnada y con los requisitos antes citados, consta que la señora Reina Aracely Martínez percibía del Centro de Salud Rigoberto Madrid con sede en el municipio de San Francisco de Yojoa, antes de finalizar el vínculo laboral el pago de L. 3,300.00 mensuales por la ejecución de labores como aseadora, así consta de los documentos visibles a folios del 177 al 205 de la primera pieza; circunstancia de la que se desprende que concurren los tres elementos esenciales que exige el artículo 20 del Código de Trabajo para que se considere que las partes estuvieron vinculadas laboralmente, y es que la demandante ejecutaba la labor personal en el mencionado centro de salud, entidad de quien recibía el pago del salario mensual, de lo que se concluye que también acataba y cumplía las órdenes e instrucciones que de modo particular le impartían, conclusión a la que se llega después de verificar el prolongado tiempo de vigencia de la relación laboral. De conformidad a los razonamientos que contiene el presente fallo, esta Alzada estima que los argumentos expuestos por los recurrentes no son atendibles; dado que si bien es cierto argumentan la inexistencia de la relación de trabajo, la realidad es otra y ello se verifica con la documental aportada al proceso, aun y cuando la demanda solidaria, aduzca que la Secretaria de Salud solamente cuenta con dos establecimientos en el Municipio de San Francisco de Yojoa y ninguno con nombre Rigoberto Madrid, tal extremo no fue probado en el juicio, de todo lo anterior el Tribunal estima procedente confirmar el fallo definitivo recurrido. 5. Mediante auto de fecha 02 de mayo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 25 de julio del 2024, compareció ante este Tribunal, el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación; por lo que mediante providencia de fecha 19 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 05 de noviembre del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JAVIER ALEXANDER ENAMORADO AQUINO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II. Que el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su primer motivo de casación alega: “ Acuso la Sentencia de fecha VEINTICUATRO de AGOSTO del año Dos Mil VEINTITRÉS emitida por el Juzgado de Letras de Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes y el fallo de fecha VEINTISÉIS de ENERO del dos mil Veinticuatro emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, y que se refiere al artículo 20 del Código del Trabajo Vigente, además que la parte demandada comprobó en Juicio que lo que pretende es que el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE SALUD nunca contrato a la demandante, ya que no se encuentra entre los expedientes de personal como parte del engranaje de recursos humanos de la Secretaria de Salud. NORMA SUSTANTIVA VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al artículo 20 del Código del Trabajo Vigente.” III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por apreciación errónea, aplicación indebida e interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos, b) La norma que indica como violada el artículo 20 del Código de Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y c) Omite la explicación del caso, tampoco señala el precepto autorizante. IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso la Sentencia de fecha VEINTICUATRO de AGOSTO del año Dos Mil VEINTITRÉS emitida por el Juzgado de Letras de Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortes y el fallo de fecha VEINTISÉIS de ENERO del dos mil Veinticuatro emitido por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea y apreciación errónea de un medio de prueba, y que se refiere al artículo 862 y 864 del Código del Trabajo Vigente, la parte demandada comprobó que la acción dirigida pasaron más de dos meses de inactividad para reclamar su derechos que le correspondían a la persona que la contrato para realizar sus labores; o sea que no se pronunciaron por la PRESCRIPCION DE ACCIÓN planteada. NORMA SUSTANTIVA VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al artículo 862 y 864 del Código del Trabajo Vigente. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: El error de apreciación de prueba se refiere al que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, no consolido totalmente válidos, que la municipalidad de San Francisco de Yojoa, alega que no es empleada de ella, y que el Estado de Honduras a través la SECRETARIA DE SALUD no se han suscrito CONVENIOS DE COLABORACIÓN para que esta primera contrate recurso para que laboren en los establecimientos de salud, por lo tanto hay FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA DEL DEMANDADO por parte de mi representada. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para el quebrantamiento de las normas sustantivas violadas es el artículo 738 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACIÓN ERRÓNEA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, al dictar la Sentencia deviene en la obligación de aplicar las normas que regulan los aspectos debatidos en juicio, sin apartarse de los principios que informan al critica de la prueba, los hechos relevantes del proceso y la conducta procesal observada por las partes para poder proferir un fallo apegado a derecho; es evidente que las normas sustantivas invocadas fueron interpretadas erróneamente ya que la competencia es la pertenencia a un órgano, a un funcionario, o a un encargado del poder sobre la Litis o un negocio determinado; naturalmente esta competencia es un requisito de validez del acto procesal en el que el poder encuentra su desarrollo.... Para señalar la competencia hay que tener en cuenta cinco factores principales, que son: 1) el objetivo; 2) el subjetivo; 3) el funcional; 4) el territorial; y 5) el de conexión; en este caso interesa el contenido del "factor objetivo" este factor se relaciona con el objeto del negocio, ya en cuanto a su naturaleza propi, o con respecto a su cuantía. El criterio derivado de la naturaleza del pleito se refiere al contenido específico de la relación jurídica en litigio, o sea, a la naturaleza misma de la pretensión o pretensiones que el actor invoca en el petitum de la demanda con que se inicia el proceso judicial. Es importante mencionar que la competencia objetiva en materia de trabajo es especializada y para ello la norma 679 del Código de la materia de fija el conocimiento de los Juzgados del Trabajo: 1: De todas las controversias que surjan del contrato de trabajo; 2......y 5: De todos los demás asuntos que determine este Código; de manera pues, que si bien el objetivo de los procesos laborales, son las controversias jurídicas laborales con su valor económico, que los sujetos son los trabajadores y empleadores, no lo es menos que su competencia está circunscrita a lo que ya establece la Ley: controversias que surjan del Contrato de Trabajo.- LA APRECIACIÓN ERRÓNEA DE LA PRUEBA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA: Que la Corte de Apelaciones de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortes hace apreciación errónea de MEDIOS DE PRUEBA QUE NO FUE VALORADOS CADA UNO DE ELLOS, como ser que mi representada el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de salud, nunca contrato bajo ninguna clase de modalidad de trabajo a la demandante, que los tiempos en que supuestamente fue despedida y se entablo la demanda prescribió”. V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por apreciación errónea, aplicación indebida e interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos, b) Entre las normas que indica como violadas el artículo 862 del Código de Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y c) Señala incorrectamente el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo en que se encuentra comprendido el cargo. d) Formula alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formulado por el Abogado SAMUEL EDGARDO PACHECO VILLAFRANCA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL144-24. FIRMA Y SELLO

RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO

RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -