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Sentencia CL-106-23 — Registro 19513

Resumen

En la demanda ordinaria para el pago de salarios dejados de percibir, el demandado gozó mediante una "afirmativa ficta" en un procedimiento administrativo, de un permiso por tres años y sin goce de salario para ir a realizar estudios de posgrado en el exterior; que desconociendo la legitimidad de dicho permiso, se procedió ilegalmente a su destitución, por lo que promovió una demanda ordinaria laboral de reintegro a su puesto de trabajo primera instancia condena a pagar segunda instancia confirma y esta sala declarar la nulidad de la sentencia considerando que carece de exhaustividad y claridad.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella´´...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 701 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón´´...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 190 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 956 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa´´...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Código del Trabajo, art. 739 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración. En el caso que nos ocupa, el Ad-Quem no hace el razonamiento jurídico correcto al confirmar el fallo de primera instancia al momento de la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de exhaustividad y claridad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Civil, ya que la Corte de Apelaciones al confirmar el fallo recurrido incurre en una falta de exhaustividad al no apreciar la prueba que obra a folios 119 al 130 de la primera pieza de autos consistente en constancias que acreditan que al señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARRA , se le asigno carga académica por lo que en ningún momento se pudo considerar obstrucción por parte de la UNAH a su reincorporación con el entendido que el demandante se reincorporaría a su puesto de trabajo el 01 de octubre del 2014, sin necesidad de requerimiento judicial, ya que la sentencia en todos sus aspectos fue más que clara "en que el día y hora que deberá tener como fecha de reintegro será el día en que se le vence el permiso sin goce de sueldo, o sea el 01 de octubre del dos mil catorce”, debiendo por su parte el demandante cumplirla a cabalidad en el sentido de presentarse a su puesto de trabajo en la fecha mencionada, por lo que no deviene un mayor análisis a las circunstancias del caso en concreto´´...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código Civil, art. 9 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 11 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´.... Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual con respecto al tema del presente conflicto. En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos´´...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

´´...Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad - Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales´´...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 276 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 8 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...´´Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente´´...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código de Procedimientos Civiles, art. 214 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., cinco (05) de marzo del dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 16 de agosto del 2023, por el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), como recurrente; además es parte recurrida, el señor FRANCISCO JAVIER MEJÍA GUEVARA, representado en juicio por el Abogado MELVIN EVENOR LÓPEZ HERRERA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos conforme a ley y contrato colectivo, a título de daños y perjuicios por obstaculización patronal en el reintegro al puesto de trabajo conforme a sentencia firme, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de julio del 2017, por el señor FRANCISCO JAVIER MEJÍA GUEVARA, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su representante legal y Rectora señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 18 de noviembre del 2022, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 28 de julio del 2021, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA PARA EL PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR Y DEMAS DERECHOS CONFORME A LEY Y CONTRATO COLECTIVO, A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBSTACULIZACIÓN PATRONAL EN EL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO CONFORME A SENTENCIA FIRME; instaurada por el Señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARA; contra La UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (U.N.A.H.), por medio de su Representante Legal y Rectora la señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ. II. CONDENAR: A La UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (U.N.A.H.), por medio de su actual Rector y consecuentemente Representante Legal el señor FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO a pagar al Señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARA la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS (L. 1.308,496.00); IV.- SIN COSTAS en esta Instancia…”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que siendo catedrático universitario en la UNAH, en el Departamento de Comercio Internacional adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y Contables, el 01 de octubre de 2011, gozó mediante una "afirmativa ficta" en un procedimiento administrativo, de un permiso por tres años y sin goce de salario para ir a realizar estudios de posgrado en el exterior; que desconociendo la legitimidad de dicho permiso, la UNAH procedió ilegalmente a su destitución de su puesto de trabajo, por lo que promovió una demanda ordinaria laboral de reintegro a su puesto de trabajo, la que fue ingresada a ese Juzgado bajo el número 432-2012-4. Dicha demanda iba orientada a obtener de ese juzgado la declaratoria del reintegro que demandó y el sostenimiento del permiso sin goce de salario efectivo del 01 de octubre de 2011, hasta el 01 de octubre de 2014. Manifestó que en la demanda en mención se obtuvo sentencia del Juzgado en fecha 16 de diciembre de 2013 y modificada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, en fecha 10 de febrero de 2014; misma que falló en la forma siguiente: "PRIMERO: Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARA, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su Representante Legal, su Rectora señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, en cuanto al sostenimiento del permiso sin goce de salario para realizar estudios de doctorado en el exterior por tres años a partir del 1 de octubre de 2011.- SEGUNDO: CONDENAR a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su representante legal, su Rectora señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS, a mantener el permiso sin goce de sueldo por tres años a partir del 1 de octubre de 2011, concedido al señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARA TERCERO: Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARA contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su representante legal, su Rectora señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS, en cuanto a la pretensión de REINTEGRO; en consecuencia CONDENANDO a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su representante legal, su Rectora señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS, a reintegrar al señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARA, una vez que el permiso sin goce de sueldo llegue a su término, y el mismo se presente a su centro de trabajo. CUARTO: SIN COSTAS por ser el Derecho del Trabajo eminentemente social e imperar los principios de Justicia Social y Gratuidad". Que una vez habiéndose devuelto el expediente de mérito al Juzgado, con la sentencia modificada, este Juzgado emitió en fecha 28 de febrero de 2014 el auto relacionado que en su parte medular dispuso "requerir personalmente en legal y debida forma a la señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS en su condición de Representante Legal y Rectora de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), para que manifieste en el acto del requerimiento el día y hora en que deberá ser reintegrado el señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARA, a su puesto de trabajo una vez que el permiso sin goce de sueldo llegue a tu término, y él mismo se presente a su centro de trabajo".- Luego, en fecha 14 de agosto de 2014, el Juzgado amplió el auto anterior en el sentido que "el día y hora que deberá tener como fecha de reintegro será el día en que se le vence el permiso sin goce de sueldo al señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARA tal y como fue ordenado en el fallo por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial"; Nótese que ese auto del 14 de agosto de 2014 sólo fija la fecha de reintegro pero en ninguna forma revierte la disposición de requerir a la señora Rectora para su reintegro. Por lo que, en fechas 01 y 09 de octubre del 2014 se hizo presente a las instalaciones de la UNAH, en compañía de un receptor del Juzgado para practicar el requerimiento a la señora Rectora, a quien no fue posible requerirla; la primera vez por encontrarse fuera del país y la segunda vez por no estar en las instalaciones de la UNAH; dejando en expediente las constancias respectivas de las ejecutorias del Receptor del Juzgado; que en esa misma fecha 09 de octubre de 2014, no obstante haberse silenciado el mandato de requerir personalmente a la Rectora, una apoderada legal de la UNAH compareció a ese Juzgado alegando infundadamente que el suscrito no volvió a la UNAH y no se presentó a sus labores, pretendiendo con ello que se le acreditara la responsabilidad de no haberse presentado a su centro de trabajo. Que ese hecho fue una manifiesta y deliberada intención de la UNAH de obstaculizar su reintegro para dejar sin efecto la sentencia dictada a su favor; por lo que ante la situación anterior, el 14 de octubre del 2014 su apoderado legal hizo una comparecencia ante ese Juzgado a efecto de desvirtuar la infundada manifestación de la apoderada legal de la UNAH, pidiendo volver a requerir a la señora Rectora para materializar su reintegro y que ante esa diligencia de su apoderado legal, en fecha 21 de octubre del 2014 el Juzgado rechazó la solicitud de requerir nuevamente a la señora Rectora; por lo que se tuvo que apelar esa resolución, la cual fue confirmada en fecha 06 de enero de 2015 por la Corte de Apelaciones del Trabajo; por lo que su apoderado legal, en fecha 18 de febrero del 2015 interpuso acción constitucional de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, contra la resolución de la Corte Apelaciones del Trabajo que a su vez confirmaba el auto resolutivo del 21 de octubre de ese Juzgado, todo ello para que se anularan las resoluciones anteriores y se ordenara el requerimiento a la señora Rectora de la UNAH para materializar su reintegro; que en fecha 21 de octubre del 2016, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia otorgando el amparo, disponiendo en dicha sentencia que para el mantenimiento y restitución de sus derechos fundamentales ordenando que los órganos jurisdiccionales en aras de una efectiva tutela judicial efectiva en materia laboral, provean dentro de lo dispuesto por la ley, para el cumplimiento del mandato judicial de restitución en su cargo al demandante; que el juzgador disponga que se proceda por medio del receptor del despacho a requerir a la rectora a fin de que restituya al demandante y con ese fallo se volvió a reactivar la diligencia del Receptor del Juzgado para requerir a la señora Rectora para su reintegro a la UNAH; que desde el 01 de octubre de 2014 se quedó imposibilitado a percibir su salario y demás beneficios como empleado reintegrado; permaneciendo en esas condiciones hasta que se materializó su reintegro, ante tales circunstancias solicitó una aclaración de la sentencia de amparo, particularmente con relación a los salarios que habría dejado de percibir desde la fecha 01 de octubre de 2014 en que debió ser reintegrado, y sobre lo que no apareció pronunciamiento alguno en la sentencia; sobre eso la Sala declaró sin lugar la solicitud de aclaración por considerar que lo de los salarios dejados de percibir es propio de los órganos con jurisdicción común; naturalmente que lo de los salarios dejados de percibir, más los derechos colaterales incluyendo los del contrato colectivo no podían manejarse dentro de la demanda anterior, ya que previo a la fecha ordenada de su reintegro estaba con un permiso sin goce de sueldo; es así que la sentencia firme de aquella no consideraba salarios dejados de percibir; ya que el reintegro que en su oportunidad ordenó aquel fallo se habría ejecutado una vez concluido su permiso sin goce de sueldo; y que al no considerarlo aquella sentencia, el derecho a los sueldos dejados de percibir más sus beneficios colaterales nacieron a partir de la fecha 01 de octubre de 2014 en que debió ser reintegrado y hasta la fecha en que éste se materializó (20 de enero de 2017) como producto del mandato contenido en la sentencia de amparo. Manifestó además que tras la diligencia del receptor del Juzgado, fue reintegrado a su puesto de trabajo en fecha 20 de enero de 2017; ya que dicho reintegro desde el 01 de octubre de 2014 fue obstaculizado; un vez que fue reintegrado, al momento de hacerle el primer pago de su sueldo, llevaría además el pago de los sueldos dejados de percibir desde el 01 de octubre de 2014, y los demás valores y ajuste conforme al Contrato Colectivo; sin embargo, aconteció que en el primer pago (20 de febrero de 2014) solamente se le acreditó en su cuenta bancaria un mes de sueldo (el devengado del 20 de enero al 20 de febrero de 2017); sin hacerle efectivo los sueldos dejados de percibir desde el 01 de octubre de 2014, más los colaterales y beneficios accesorios. Que en fecha 29 de marzo del 2017 introdujo el reclamo ante la Jefe del Departamento de Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas para que se le hicieran efectivos los salarios dejados de percibir, aguinaldos, décimo cuarto mes vacaciones y demás derechos adquiridos e igualmente los beneficios accesorios; pero que de esa acción no tuvo respuesta alguna en el tiempo estipulado para tal efecto; no obstante con la participación del Sindicato de la Unah en ese caso, y conforme a lo que dispone el Contrato Colectivo, tuvo dos actuaciones ante las autoridades de la UNAH, una con fecha 18 de abril y otra con fecha 27 de abril, ambas del presente año 2017. Asimismo, con el ánimo de llegar a un acuerdo conciliatorio acudió a la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mismo se dio por agotado el trámite administrativo.2. La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS, contestó dicha demanda rechazando la pretensión del demandante, apoyando su defensa en que el demandante era catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, en el departamento de Comercio Internacional de la Facultad de Ciencias Económicas, en donde el año 2011 solicitó un permiso sin goce de sueldo por el periodo de tres (3) años comprendido desde el 01 de octubre del 2011 hasta el 01 de octubre del 2014, mismo que no espero ser autorizado por su jefe inmediato para poder retirarse de sus clases levantando para tal efecto la demandada ACTA NOTARIAL EXTRA PROTOCOLAR en varias ocasiones en donde se hizo constar el abandono irresponsable del catedrático, sin esperar el relevo correspondiente para sus horas clase; que aunado a todo lo anterior el demandante demandó a la demandada en donde obtuvo un fallo favorable de mantener el permiso sin goce de sueldo por tres (3) años, y sucesivamente el reintegro después de vencido el permiso mismo que se efectuaría el 01 de octubre del 2014, con el entendido que el demandante se reincorporaría a su puesto de trabajo el 01 de octubre del 2014, sin necesidad del reintegro ya que la sentencia en todos sus aspectos fue más que clara "en que el día y hora que deberá tener como fecha de reintegro será el día en que se le vence el permiso sin goce de sueldo al señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARA" debiendo por parte de demandante cumplirla a cabalidad en el sentido de presentarse a su puesto de trabajo en la fecha convenida; por lo que era contradictorio pretender requerir a la Rectora de la UNAH cuando el permiso tenía fecha de vencimiento mismo que fue confirmado por la sentencia de la corte suprema de justicia al igual que el reintegro del demandante seria efectivo en fecha de vencimiento del permiso, por lo que se puede observar que no había necesidad de efectuar tal reintegro porque el mismo ya estaba consignado en la sentencia; y si el interesado tenía la intención de buena fe de ser reintegrado como lo manifestó en su demanda, no debió de ser imputable a la demandada la no presentación del demandante a su puesto de trabajo, argumentando la obstaculización del reintegro por la comparecencia presentada en juzgado respetivo, situación tal que el demandante siempre conoció debido a las diferentes sentencias emitidas por el órgano jurisdiccional correspondiente, en la cual se haría el respectivo reintegro al vencimiento del permiso. Que los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios son factibles por despido ilegal e injustificado, por lo cual la pretensión en el caso que nos ocupa al demandante los mismos no proceden a serle efectivos por la razón de que el mismo no se reintegró en la fecha del vencimiento del permiso, sino hasta el 20 de enero del 2017 por lo cual los años anteriores no obtuvo carga académica para poder impartir clases esto por la persistencia del querer requerir de forma personal a la Rectora de mi representada para realizar un reintegro el cual como en otras anteriores se manifestó el mismo ya tenía fecha para efectuarse, situación tal que es únicamente imputable al demandante. arguyó además que después del Amparo interpuesto por el demandante se procedió al reintegro en fecha 20 de enero del 2017, por lo que en ningún momento se pudo considerar obstrucción por parte de de la UNAH como en muchas ocasiones lo manifestó el demandante en los acápites de su demanda, ya que la demandada actuó dentro de sus funciones al comunicar que el interesado no se presentó a sus labores tal y como ya se había establecido en la sentencia emitida por el órgano correspondiente y es hasta la fecha del reintegro en la cual al demandante se le otorga carga académica ya que su desempeño era como docente no como personal administrativo, procedía hacer el mismo en el inicio de un nuevo año académico, por lo cual el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios no procedía ya que legalmente esa pretensión no era procedente desde todo punto de vista legal, con el reintegro la carga académica se activó por lo cual se canceló el pago correspondiente al mes en que brindo clases en la respectiva facultad. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo, Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de julio del 2021, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, promovida el señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARA, contra La UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (U.N.A.H.), condenó a la parte demandada a pagar al demandante la suma de L. 1.308,496.00, sin costas; bajo el criterio que, la presente Litis versa en que al señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARA se le pague los salarios dejados de percibir conforme a Ley y Contrato Colectivo desde la fecha 01 de octubre de 2014 (en que debió ser reintegrado) y hasta la fecha 20 de enero de 2017 (en que se materializo su reintegro) junto con los demás derechos que le correspondan como: bonificaciones por vacaciones, aguinaldos, décimo cuarto mes, teniendo en consideración el incremento al costo de la vida, y bonificación por años de servicio así como los demás beneficios colaterales, que contempla el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo; y la parte demandada alega que el demandante obtuvo un fallo favorable de mantener el permiso sin goce de sueldo por tres años y sucesivamente el reintegro después de vencido el permiso que se efectuaría el 01 de octubre de 2014 con el entendido que se haría sin necesidad de reintegro porque el mismo ya está consignando en una sentencia; por lo que no puede ser imputable a su representada la no presentación del demandante a su puesto de trabajo ya que el pago de los salarios dejados de percibir son factibles por despido ilegal e injustificado, pero en el presente caso no corresponde ya que el demandante no se reintegró en la fecha del vencimiento del permiso sino hasta el 20 de enero de 2017 por lo cual los años anteriores no obtuvo carga académica por persistir en requerir personalmente a la Rectora de su Representada. Por lo que habiendo analizados los hechos alegados, los medios de prueba y los preceptos jurídicos aplicables al presente caso se desprende que: A) Mediante Sentencia emitida por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha 10 de febrero de 2014 FALLA: 1. DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MELVIN LÓPEZ HERRERA; 2.- Declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado PABLO EMILIO REYES; 3.- REFORMAR: La Sentencia Definitiva de fecha dieciséis de diciembre del año dos mil trece dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán en el sentido siguiente: REVOCAR LOS NUMERALES 2 y 3 los cuales deberán de leerse de la siguiente manera: 2. CONDENAR a la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su Representante Legal, su Rectora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS a mantener el permiso sin goce de sueldo por tres años a partir del 01 de octubre de 2011, concedido al señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARA; 3.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARA contra UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su Representante Legal, su Rectora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS en cuanto a la pretensión de reintegro en consecuencia; CONDENANDO: A la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH) a través de su Representante Legal, su Rectora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS a reintegrar al señor FRANCISCO JAVIER GUEVARA, una vez que el permiso sin goce de sueldo llegue a su término y el mismo se presente a su centro de trabajo; B) Que de conformidad a la parte resolutiva de la sentencia específicamente en el CONSIDERANDO (11): Dispone "Que está debidamente acreditado en autos que el señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARA solicito con suficiente tiempo se le autorizara por parte de la UNAH el permiso correspondiente para poder asistir al Doctorado en Relaciones Internacionales y Derecho Internacional no habiendo recibido por parte de su Patrono una respuesta a dicha petición, ya sea negativa o positiva; por lo que, al no obtener respuesta alguna, el demandante opto por viajar al Reino de España a obtener su Doctorado por lo que no es una causal de despido, ya que el origen del supuesto "Abandono" que alega la parte demandada fue provocado por el mismo Patrono; por lo que el despido es ilegal e injustificado"; C) Que la parte demandante en fecha 14 de octubre de 2014 solicito el requerimiento de la parte demandada para el reintegro, petición que fue denegada en base a que la fecha de reintegro se encontraba establecida en la Sentencia emitida por el Despacho, resolución que fue revocada mediante Sentencia de la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha 28 de octubre de 2016 ordenando que se REQUIERA a la Rectora a efecto de que restituyera al señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARA a su puesto de trabajo; reincorporación que se hizo efectiva a partir del 20 de enero de 2017. Que en vista de lo relacionado en el CONSIDERANDO que antecede del cual se colige que el derecho reclamado nace de la terminación de la relación laboral injustificada y al haberse condenado al reintegro a su puesto de trabajo una vez finalizado el permiso estableciendo como fecha el 01 de octubre 2014 y siendo que la Juez no solo debe aplicar los Principios Generales del Derecho Laboral sino también debe valorar el comportamiento de las partes durante el proceso en aplicación al Principio de la Primacía de la Realidad; por lo que si bien es cierto en la Sentencia mediante la cual se REVOCA la Resolución emitida por la Juez A quo no estableció el Considerando refiriéndose a los salarios dejados de percibir y al tenor de lo que preceptúa el artículo 113 literal b) del Código del Trabajo: "Si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, éste no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido, injustificado, pero sí a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquél, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia, tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio"; no menos cierto es que al haberse acreditado en dicho proceso la terminación de la relación laboral ilegal e injustificada la Norma antes referida otorga ese derecho de una forma expresa; por lo que no es imprescindible para el otorgamiento del derecho que el Juzgador realice un pronunciamiento expreso en vista que la norma antes citada ya concede ese derecho y siendo que la parte demandada no justifico las causas o motivos por la no materialización del reintegro del señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARA el 01 de octubre de 2014 si no hasta el 20 de enero de 2017; es procedente declarar CON LUGAR la presente demanda para EL PAGO A TÍTULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2014 (EN QUE DEBIÓ SER REINTEGRADO) Y HASTA LA FECHA 20 DE ENERO DE 2017 (EN QUE SE MATERIALIZO SU REINTEGRO); JUNTO CON LOS DEMÁS DERECHOS QUE LE CORRESPONDAN COMO: BONIFICACIONES POR VACACIONES, AGUINALDOS, DÉCIMO CUARTO MES, TENIENDO EN CONSIDERACIÓN EL INCREMENTO AL COSTO DE LA VIDA, Y BONIFICACIÓN POR AÑOS DE SERVICIO ASÍ COMO LOS DEMÁS BENEFICIOS COLATERALES, QUE CONTEMPLA EL CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO. Que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Que el Juez puede eximir del pago de costas a la parte que fuere vencida en juicio, cuando existan motivas racionales para litigar. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de noviembre del 2022, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a-quo, sin costas; bajo el criterio que, como principio general corresponde a las partes probar el supuesto de hecho de los preceptos que causaron los derechos impetrados. Así, el demandante debe acreditar idóneamente los hechos en que apoya sus pretensiones y el demandado aquellos en que fundamenta su defensa. Que la legislación laboral tiene como fin regular las relaciones entre el capital y el trabajo, colocándolas sobre una base de justicia social a fin de garantizar al trabajador las condiciones necesarias para una vida normal y, al capital, una compensación equitativa de su inversión. Que la jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. Que entre los actos de prueba que tendrán lugar una vez producidas las alegaciones según el orden lógico de los actos procesales, es preciso comprender tanto la solicitud de recibimiento a prueba como la proposición de los distintos medios de que la parte pretenda valerse, y desde luego la ejecución o practica de los que fueron admitidos por el órgano jurisdiccional; de ahí, que los actos de prueba son aquellos que persiguen acreditar en el proceso la realidad de las alegaciones fácticas realizadas por las partes, tendentes a lograr el convencimiento del juzgador. Y es acá, donde el Juez atendiendo al principio de inmediación debe encontrarse en un estado de relación directa con las partes y recibir personalmente las pruebas, prefiriendo entre estas las que se encuentran bajo su acción inmediata. Que el pago de salarios dejados de percibir se da cuando una persona ha sido víctima de la violación o perturbación de algunos de sus derechos o garantías constitucionales, pudiendo ejercer un medio que le permita defenderse de tal violación y le sean restituidos los derechos que le fueron arrebatados. Que el efecto de indemnización de los salarios dejados de percibir tiene su base legal en el procedimiento de estabilidad laboral absoluta, que surge como garantía a favor del trabajador, y el pago de esta indemnización para que pueda hacerse valer, debe ser reconocido a través de leyes con carácter general o especifico, que otorguen al trabajador tal prerrogativa, por lo que la viabilidad de toda pretensión que en relación a este punto intente hacerse efectiva contra el demandado, sólo prosperará en el caso que exista una norma aplicable de manera directa al caso, que lo haya dispuesto de manera expresa, en este caso, nuestro Código del Trabajo; y en el caso de los salarios dejados de percibir, los mismos disponen cargas imperativas para el patrono, es decir, el pago de montos de dinero que son ineludibles bajo un marco normativo que se enfoca en hacer prevalecer el Estado de Justicia Social. Que de acuerdo con la prueba aportada al juicio y que obra en la primera pieza de autos, se logró acreditar que el demandante debió ser reintegrado en sus funciones el 1 de octubre de 2014, fecha en que se le venció el permiso concedido; pero este reintegro se materializó hasta el 20 de enero de 2017, por causas no imputables al trabajador demandante, por lo que está debidamente acreditado el incumplimiento por parte de la UNAH de las sentencias dictadas por los respectivos tribunales laborales. Que en vista de las consideraciones legales que anteceden este Tribunal de alzada es de la firme opinión que la sentencia definitiva que se revisa en apelación, se encuentra dictada conforme a derecho, por lo que procede su confirmatoria. 5. Mediante auto de fecha 16 de mayo del 2023, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 16 de agosto del 2023, compareció ante este Tribunal el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS (UNAH), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 26 de septiembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 06 de noviembre del 2023, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MELVIN EVENOR LÓPEZ HERRERA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. - Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente". III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además, es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden. IV. Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial. V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella. VI. Que conforme el principio y deber de congruencia procesal, los Jueces y Magistrados deberán resolver las cuestiones planteadas, después de un proceso de deliberación y valoración. En el caso que nos ocupa, el Ad-Quem no hace el razonamiento jurídico correcto al confirmar el fallo de primera instancia al momento de la redacción escrita de la sentencia, fase en la que necesariamente ha de tenerse en cuenta la motivación, como medio de exteriorizar el juicio mental realizado por el Órgano Jurisdiccional, para llegar a la emisión de la declaración de voluntad que se materializa en el fallo, en el subjudice la sentencia recurrida carece de exhaustividad y claridad en base a lo establecido en el artículo 206 del Código Procesal Civil, ya que la Corte de Apelaciones al confirmar el fallo recurrido incurre en una falta de exhaustividad al no apreciar la prueba que obra a folios 119 al 130 de la primera pieza de autos consistente en constancias que acreditan que al señor FRANCISCO JAVIER MEJIA GUEVARRA , se le asigno carga académica por lo que en ningún momento se pudo considerar obstrucción por parte de la UNAH a su reincorporación con el entendido que el demandante se reincorporaría a su puesto de trabajo el 01 de octubre del 2014, sin necesidad de requerimiento judicial, ya que la sentencia en todos sus aspectos fue más que clara "en que el día y hora que deberá tener como fecha de reintegro será el día en que se le vence el permiso sin goce de sueldo, o sea el 01 de octubre del dos mil catorce”, debiendo por su parte el demandante cumplirla a cabalidad en el sentido de presentarse a su puesto de trabajo en la fecha mencionada, por lo que no deviene un mayor análisis a las circunstancias del caso en concreto. VII. Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho laboral. VIII. Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia de fondo del 5 de octubre de 2015, dictada en el caso Ruano Torres y otros Vs. El Salvador, Serie C No. 30319 151, estableció sobre el debido proceso: “La Corte ha señalado que el derecho al debido proceso se refiere al conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado, adoptado por cualquier autoridad pública, sea administrativa, legislativa o judicial, que pueda afectarlos.- El debido proceso se encuentra, a su vez, íntimamente ligado con la noción de justicia, que se refleja en: i) un acceso a la justicia no sólo formal, sino que reconozca y resuelva los factores de desigualdad real de los justiciables, ii) el desarrollo de un juicio justo, y iii) la resolución de las controversias de forma tal que la decisión adoptada se acerque al mayor nivel de corrección del derecho, es decir que se asegure, en la mayor medida posible, su solución justa.” IX. Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate así como la motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. X. Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente, por lo cual con respecto al tema del presente conflicto. En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez. Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto. Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos. XI. Con base a lo establecido en el artículo 726 del Código de Trabajo, así como el artículo 8 del Código Procesal Civil, referente a la celeridad procesal deberá el Ad - Quem, resolver de forma prioritaria dicha nulidad por ser un juicio que ya ha sido de conocimiento y estudio procurando brindar una pronta respuesta a las partes procesales. XII. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente. XIII. Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 90, párrafo primero, 94, 95, 128, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 92 8, 666 letra c) 726, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 y 701.3 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia, RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de fecha 18 de noviembre del 2022. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha cinco de marzo de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 106-23. FIRMA Y SELLO.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ

SECRETARIO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.”