Sentencia CL-101-24 — Registro 19538
Resumen
Segunda instancia declaró parcialmente ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal demandado en la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido, de lo contrario sea condenada al pago de prestaciones laborales, salarios caídos, salarios adeudados, reajustes a salario mínimo y otros conceptos salariales adeudados, por despido escrito directo, injusto e ilegal, se acredita haber agotado el trámite administrativo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 46 letra b) del Código de Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, d) Formula extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas los artículos 20 y 46 letra b) del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) Formula extensos alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso."...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diez (10) de septiembre del dos mil veinticinco (2025). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha 26 de julio del 2024, por el Abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE JOCÓN, DEPARTAMENTO DE YORO, como recurrente; además es parte recurrida, los señores MARIO NAHUM HERNANDEZ, SOLBERNA GRACIELA REYES, KATIA ELIZABETH MARTÍNEZ TORRES y otros, representados en juicio por el Abogado ADRIAN OCTAVIO ROSALES NUÑEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido, de lo contrario sea condenada al pago de prestaciones laborales, salarios caídos, salarios adeudados, reajustes a salario mínimo y otros conceptos salariales adeudados, por despido escrito directo, injusto e ilegal, se acredita haber agotado el trámite administrativo, costas; promovida ante el Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, en fecha 16 de marzo del 2022, por la Abogada HELMA AZUCENA ESPINOZA ROMERO, en su condición de representante procesal de los señores: 1) MARIO NAHUM HERNANDEZ, soltero, Electricista; 2) SOLBERNA GRACIELA REYES, soltera, Ama de Casa; 3) KATIA ELIZABETH MARTÍNEZ TORRES, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras, 4) LUVIS YANESY DIAZ, soltera, Bachiller Técnico en Computación; 5) MELVIN ESTEBAN HERNANDEZ, soltera, Guardia de Seguridad; 6) YONY JAVIER DIAZ MEDINA, soltero, Bachiller Técnico en Computación; 7) DENY DANIEL CARDOZA TORRES, soltero, Agricultor; 8) JAYSON OMAR MEDINA DIAZ, soltero, Bachiller Técnico en Computación; 9) ELKIN JESUS DIAZ MEDINA, soltero, Bachiller Técnico en Computación; 10) ISABEL DONATILA REYES PEREZ, soltera, Bachiller en Administración de Empresas; 11) ELIZAFAT BETZAY CRUZ CORTEZ, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras; 12) NOELY WALQUIDIA OCAMPO DIAZ, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras; 13) JOSE ADOLFO CRUZ, soltero, Jornalero; 14) ANTONIO ALBERTO MARTÍNEZ, soltero, Vigilante, y 15) ERNESTO HERNANDEZ, casado, Vigilante; todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en el Municipio de Jocón, Departamento de Yoro; contra la MUNICIPALIDAD DE JOCÓN, DEPARTAMENTO DE YORO, por medio de su Alcalde Municipal el señor ADRIAN BLADIMIRO ZEPEDA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 23 de enero del 2024, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal demandado, contra la sentencia definitiva proferida el seis de junio del dos mil veintitrés (06/06/2023) por el Juzgado de Letras Seccional con sede en la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, en la demanda de la referencia; en consecuencia, se REFORMA la misma, en el sentido de: UNO: Declarar SIN LUGAR la demanda para el pago del bono educativo, por lo que se ABSUELVE a la entidad demandada del pago de tal concepto. DOS: Se EXIME de la condena de costas de primera instancia a la parte demandada. TRES: Fijar como monto total de condena la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L.7,538,803.91) que corresponden a los conceptos y valores fijados por la iudex A-Quo, a excepción del bono educativo. SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia, en sus demás extremos. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia, por haber sido atendido parcialmente el recurso y por ser la demandada una entidad de derecho público”. ANTECEDENTES DE HECHO 1. Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que, durante el tiempo que mantuvieron una relación de trabajo con la demandada, se desempeñaron bajo las siguientes condiciones de trabajo: 1- Mario Nahum Hernandez. Forma de Contratación: "Escrita". Puesto de Trabajo: Electricista Municipal. Fecha de Ingreso: 04 de julio 2018. Salario Base Mensual: L. 5,000.00. Salario Mínimo Vigente: L. 9,852.28. Periodo de pago: Quincenal, Horario de Trabajo: 08:00 am. a 04:00 pm. de lunes a viernes. 2- Solberna Graciela Reyes: Forma de Contratación: "Escrita". Puesto de Trabajo: Aseadora. Fecha de Ingreso: 26 de enero 2018. Salario Base Mensual L. 6,000.00. Salario Mínimo Vigente: L. 9,852.28. Periodo de pago: Quincenal. Horario de Trabajo: 08:00 am. a 04:00 pm. de lunes a viernes. 3- Katia Elizabeth Martínez Torres, Forma de Contratación: "Escrita". Puesto de Trabajo: Asistente de Desarrollo Comunitario. Fecha de Ingreso: 26 de enero 2018. Salario Base Mensual: L. 6,000.00. Salario Mínimo Vigente: L. 9,852.28. Periodo de pago: Quincenal. Horario de Trabajo: 08:00 am. a 04:00 pm. de lunes a viernes. 4- Luvis Yanesy Diaz. Forma de Contratación: "Escrita". Puesto de Trabajo: Técnico de Línea Base. Fecha de Ingreso: 23 de enero 2019. Salario Base Mensual: L. 6,000.00. Salario Mínimo Vigente: L. 9,852.28. Periodo de pago: Quincenal. Horario de Trabajo: 08:00 am. a 04:00 pm. de lunes a viernes. 5- Melvin Esteban Hernandez. Forma de Contratación: "Escrita". Puesto de Trabajo: Vigilante del parque. Fecha de Ingreso: 16 de mayo del 2018. Salario Base Mensual: L. 4,500.00. Salario Mínimo Vigente: L. 9,852.28. Periodo de pago: Quincenal. Horario de Trabajo: 08:00 am. a 04:00 pm. de lunes a viernes. 6- Yony Javier Diaz Medina Forma de Contratación: "Escrita". Puesto de Trabajo: Mantenimiento de Áreas Verdes. Fecha de Ingreso: 10 de julio 2019. Salario Base Mensual: L. 4,000.00. Salario Mínimo Vigente: L. 9,852.28. Periodo de pago: Quincenal. Horario de Trabajo: 08:00 am. a 04:00 pm. de lunes a viernes. 7- Deny Daniel Cardoza Torres. Forma de Contratación: "Escrita". Puesto de Trabajo: Conserje. Fecha de Ingreso: 04 de febrero 2021. Salario Base Mensual: L. 6,000.00. Salario Mínimo Vigente: L. 9,852.28. Periodo de pago: Quincenal. Horario de Trabajo: 08:00 am. a 04:00 pm. de lunes a viernes. 8- Jayson Omar Medina Diaz. Forma de Contratación: "Escrita". Puesto de Trabajo: Técnico Base. Fecha de Ingreso: 23 de enero 2019. Salario Base Mensual: L. 6,000.00. Salario Mínimo Vigente: L. 9,852.28. Periodo de pago: Quincenal. Horario de Trabajo: 08:00 am. a 04:00 pm. de lunes a viernes. 9- Elkin Jesús Diaz Medina. Forma de Contratación: "Escrita". Puesto de Trabajo: Jefe Control Tributario, Fecha de Ingreso: 19 de enero 2019. Salario Base Mensual: L. 8,000.00. Salario Mínimo Vigente: L. 9,852.28. Periodo de pago: Quincenal. Horario de Trabajo: 08:00 am. a 04:00 pm. de lunes a viernes. 10- Isabel Donatila Reyes Perez. Forma de Contratación: "Escrita". Puesto de Trabajo: Técnico de Línea Base. Fecha de Ingreso: 23 de enero 2019. Salario Base Mensual: L. 6,000.00. Salario mínimo Vigente: L. 9,852.28. Periodo de pago: Quincenal. Horario de Trabajo: 08:00 am. a 04:00 pm. de lunes a viernes. 11- Elizafat Betzay Cruz Cortez. Forma de Contratación: "Escrita". Puesto de Trabajo: Técnico de Línea Base. Fecha de Ingreso: 23 de enero 2019. Salario Base Mensual: L. 6,000.00. Salario Mínimo Vigente: L. 9,852.28. Periodo de pago: Quincenal. Horario de Trabajo: 08:00 am a 04:00 pm de lunes a viernes. 12-Noely Walquidia Ocampo Diaz. Forma de Contratación: "Escrita". Puesto de Trabajo: Técnico de Línea Base. Fecha de Ingreso: 23 de enero 2019. Salario Base Mensual: L. 6,000.00. Salario Mínimo Vigente: L. 9,852.28. Periodo de pago: Quincenal. Horario de Trabajo: 08:00 am. a 04:00 pm. de lunes a viernes. 13- José Adolfo Cruz. Forma de Contratación: "Escrita". Puesto de Trabajo: Conserje. Fecha de Ingreso: 03 de diciembre 2018. Salario Base Mensual: L. 6,000.00. Salario Mínimo Vigente: L. 9,852.28. Periodo de pago: Quincenal. Horario de Trabajo: 08:00 am a 04:00 pm de lunes a viernes. 14- Antonio Alberto Martínez. Forma de Contratación: "Verbal". Puesto de Trabajo: Guardia de Seguridad. Fecha de Ingreso: 20 de mayo 2019. Salario Base Mensual: L. 2,000.00. Salario Mínimo Vigente: L. 9,852.28. Periodo de pago: Quincenal. Horario de Trabajo: 08:00 am a 04:00 pm de lunes a viernes. 15- ERNESTO HERNANDEZ. Forma de Contratación: "Verbal". Puesto de Trabajo: Guardia de Seguridad. Fecha de Ingreso: 15 de febrero 2018. Salario Base Mensual: L. 2,000.00. Salario Mínimo Vigente: L. 9,852.28. Periodo de pago: Quincenal. Horario de Trabajo: 08:00 am a 04:00 pm de lunes a viernes. Para probar ese extremo se hará valer de los medios de prueba documental "Medios de Prueba Documentales", "Exhibición de documentos de la parte demandada" y "Reconocimiento Judicial en las oficinas del patrono", donde se acreditará con el respectivo acuerdo o contrato individual de trabajo y las planillas de pago. Manifestaron que en fecha 31 de enero del 2022, fueron despedidos de forma escrita por la Municipalidad de Jocón, Departamento de Yoro, mediante cartas de despido entregadas personalmente a los demandantes, y las cuales rezaban: "MEMBRETE MUNICIPALIDAD DE JOCON, YORO. - PARA..., DE..., FECHA 31 DE ENERO DE 2022. Por medio de la presente se le notifica que a partir de esta fecha la Corporación Municipal de Jocón, Yoro en aplicación de los artículos 111, numeral 1) del Código de Trabajo y el Articulo 100 de la Ley de Municipalidades, tiene a bien dar por terminada la relación laboral existente, sin perjuicio de reconocer el pago de los derechos adquiridos y así mismo rendirle las gracias por haber laborado con esta Corporación Municipal. Sin otro particular. - Atentamente…". Destacó que de la simple lectura de las notas de despido se verificó que el patrono no estableció ninguna causa justa y legal de despido conforme al artículo 112 del código de trabajo, por lo cual este Juzgado debe obligar a la Municipalidad de Jocón, Yoro, a otorgarle a los demandantes el pago de las prestaciones laborales e indemnizaciones legales que les corresponden por haber sido despedidos en forma ilegal e injusta. Además, el pago de los ajustes hasta por dos (02) años retroactivos del Salario mínimo. En cuanto a los empleados JOSÉ ADOLFO CRUZ, ANTΟΝΙΟ ALBERTO MARTÍNEZ y ERNESTO HERNANDEZ, quedo acreditado en acta de fecha 01 de marzo 2022 la negativa del señor Alcalde Municipal a que se les reconozca su relación laboral, bajo el argumento que no existe documentación porque está bajo llave; lo cual nos parece injusto en detrimento de sus derechos laborales. En consecuencia, de lo anterior y conforme al artículo 30 del código de trabajo se tienen que tomar como ciertas sus alegaciones, en cuanto a la fecha de ingreso, salario, fecha de despido y demás condiciones de trabajo, pues el incumplimiento de celebrar un contrato de trabajo y de documentar dichas condiciones de trabajo es únicamente imputable al patrono, y el trabajador no asume ninguna consecuencia legal. Durante la secuela del juicio se acreditará que los empleados José Adolfo Cruz, Antonio Alberto Martínez y Ernesto Hernandez, realmente laboraban para el municipio. Tanto el código de trabajo como la doctrina en materia del trabajo han dejado claro que la única forma en que el patrono puede terminar una relación de trabajo sin responsabilidad económica es precisamente las causales establecidas en el artículo 112 del código de trabajo, de manera que si el patrono no invoca alguna de estas causales o motivos, estará obligado a pagar las prestaciones laborales conforme a ley, es decir el pago del preaviso, auxilio de cesantía, derechos adquiridos irrenunciables, ajustes a salarios mínimo y salarios caídos. Para probar ese extremo se hará valer del medio de prueba documental publico denominado Notificaciones de Despido de fecha 31 de enero de 2022, el cual acompañó con esta demanda. Argumentó que la Municipalidad de Jocón, Yoro a la fecha del despido les adeudaba a los demandantes el pago de vacaciones no gozadas, décimo tercer mes de salario pendiente, décimo cuarto mes de salario pendiente, bono educativo no pagado, entre otros derechos no cancelados por el patrono, y que mediante la prueba respectiva serán acreditados en juicio. Además, el patrono adeuda a los demandantes el pago de los ajustes a salario mínimo vigente. Para probar este extremo se hará valer de los medios de prueba documental "Exhibición de documentos de la parte demandada" y "Reconocimiento Judicial en las oficinas del patrono". Finalmente arguyeron que fueron en vano los intentos ante en la Secretaría del Trabajo de esa ciudad, para lograr una conciliación en el pago de sus merecidas prestaciones laborales, ajustes a salario mínimo y demás indemnizaciones legales, pero lastimosamente se agotó legalmente el trámite administrativo, sin lograr el pago de dichos conceptos sociales. 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE JOCÓN, DEPARTAMENTO DE YORO, contestó dicha demanda, rechazando las pretensiones de la parte demandante, alegando en su defensa que, la demandada, tiene lo que se denominan gastos funcionales muy definidos, mismo que son necesarios para el funcionamiento de la Municipalidad y su mantenimiento; la postulante procesal no le fue informado por sus mandantes de la existencia de Contratos temporales de servicios, incluso numerados, por lo cual ha sido llevado al error. Que describió para los efectos esperados: Mario Nahum Hernandez, no fue contratado como electricista, sino que se concedió la oportunidad y mediante contrato muy definido, la chance de hacer pequeñas reparaciones de todos aquellos proyectos de la Municipalidad, por ejemplo, el cambiar los focos de las calles, de los parques, de los postes, de algún toma corriente, el cambiar un fusible, etc. y etc., todo mediante el llamado con antelación y sujeto a su disponibilidad, no es que tenía una oficina propia, que anotaba su ingreso y salida de la Municipalidad. El Municipio de Jocon es un municipio con extremada limitación de recursos, no tiene capacidad para contratar una persona de manera permanente para actividades de proyectos de electricidad, por ello lo único que puede hacer es contratar por tiempo definido y temporal, a una persona para que, y siendo requerido, pueda hacer esas reparaciones que son casi locativas y por esas pequeñas reparaciones le concede una cantidad que ambos acordaron ya que Mario Nahum Hernandez no estaba sujeto a un horario, él, de hecho era así, realizaba sus trabajos de manera independiente para generarse su ingreso con proyectos de "alambrar" cuando eran proyectos de vivienda de las personas que lo requerían; extremos que serán probados en juicio. José Adolfo Cruz, Antonio Alberto Martínez y Ernesto Hernandez, según investigaciones realizadas, la demandada, tiene sus gastos propios de funcionalidad, pero hay otros gastos como ser pequeños proyectos subvencionados bien sea por ONG u otros entes estatales, algunas veces se colabora con pequeños subsidios para 'SALUD cuyo alcance es que en el centro de salud del pueblo, la SESAL" (Secretaría de Salud no ha nombrado una aseadora para el Centro y ante la necesidad la Municipalidad colabore con un subsidio para que el jefe del centro de salud le colabore a una persona para que le haga el aseo (ello no implica que esa aseadora es empleada de la Municipalidad, la Escuela Felipe Reyes cuyo director Juan Carlos López Puerto requiere proteger la Escuela, pero la Secretaría de Educación no le da presupuesto para Vigilante, la Municipalidad le ayuda con un subsidio para Educación en metálico, dos personas necesitadas de un ingreso hacen la labor de guardia uno de día y otra de noche, esos L. 2,000.00 que el director de la Escuela le concede a cada uno no provoca que la demandada los haya contratado, ni que sea solidaria de esa responsabilidad, en el caso de existir una ligereza, no indicativo de obligación, ya que no hay un contrato de trabajo, se da una situación atípica que debió analizarse mejor antes de incurrir en ese error de presumir la existencia de un derecho. Katia Elizabeth Martínez Torres, Luvis Yanesy Diaz, Jayson Omar Medina Diaz, Isabel Donatila Reyes Perez, Elizafat Betzay Cruz Cortes, y Noely Walquidia Ocampo Diaz, no eran empleados de la demandada, ellos tenían el cargo de "Levantamiento de línea base para plan de desarrollo Municipal (PDM)", así rezan sus contratos temporales. Explico, la demandada, tiene algunos proyectos como la División Municipal de Aguas de Jocón (DIMA)o el Plan de Desarrollo Municipal (PDM)" en cuyos departamentos tiene personal indispensable para su funcionamiento, pero algunas veces requieren hacer levantamiento de información, verbigracia: cuantas llaves hay en cada casa de un barrio de Jocon?, cuantas casas hay en una aldea, para ello requiere un personal extra con el cual celebran un contrato temporal y se acuerda un pago atendiendo la necesidad que exista y la disponibilidad que hay para el proyecto temporal, por ello cada uno al suscribir el contrato establece que no gozara de preaviso, cesantía, vacaciones, treceavo mes, catorceavo mes, y que solo tendrá derecho al salario sujeto al contrato….” Todos han sido desleales con la Municipalidad que les dio la oportunidad de generarse un ingreso temporal, al extremo que perfectamente saben que el jefe del proyecto y cuando el Estado hacia el pago de las Transferencias (con retardo de hasta cuatro meses) el jefe del departamento se le hacía entrega del valor total y era este que les cancelaba a los empleados temporales que había contratado para una labor especifica. Deny Daniel Cardoza Torres, y José Adolfo Cruz, que aparece, que ellos desempeñaban la labor de "CONSERJES MUNICIPALES", lo cual no es cierto, esa pequeña Municipalidad podría tener contratado dos Conserjes, pero será la parte actora quien probará la actividad especial que cada uno hacia como Conserje, su hora de ingreso y salida. Elkin Jesús Diaz Medina, la demandada tiene en su poder un "Contrato temporal de servicios 021-2019" con vigencia del 23 de enero de 2019 al 23 de marzo de 2019, y no en el cargo de "Jefe Control Tributario", sino que su contrato se estableció el cargo de" (Digitalizador) de Levantamiento de línea base para plan de desarrollo Municipal (PDM)", consecuentemente, se probará que lo afirmado por el actor no es cierto, De igual y en los momentos procesales se probará plenamente los fundamentos de la resistencia y oposición que la parte demandada hace de los hechos controvertidos de la presente demanda. 3. El Juzgado de Letras Seccional de Yoro, Departamento de Yoro, en fecha 06 de junio del 2023, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria Laboral promovida por la Abogada HELMA AZUCENA ESPINOZA ROMERO, en representación de los trabajadores MARIO NAHUM HERNANDEZ, SOLBERNA GRACIELA REYES, KATIA ELIZABETH MARTÍNEZ TORRES, LUVIS YANESY DIAZ, MELVIN ESTEBAN HERNANDEZ, YONY JAVIER DIAZ MEDINA, DENY DANIEL CARDOZA TORRES, JAYSON OMAR MEDINA DIAZ, ELKIN JESUS DIAZ MEDINA, ISABEL DONATILA REYES PEREZ, ELIZAFAT BETZAY CRUZ CORTEZ, NOELY WALQUIDIA OCAMPO DIAZ, JOSÉ ADOLFO CRUZ, ANTONIO ALBERTO MARTÍNEZ y ERNESTO HERNANDEZ; de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, en contra de la MUNICIPALIDAD DE JOCON, YORO,; siendo la representación a través del Abogado, Señor: ADRIAN BLADIMIRO ZEPEDA, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; demanda ordinaria laboral de emplazamiento contraída para que el patrono pruebe en juicio la justa causa del despido, de lo contrario sea condenada al pago de prestaciones laborales, salarios caídos, salarios adeudados, reajustes a salario mínimo profesional y otros conceptos salariales adeudados, por despido escrito directo, injusto e ilegal.- SEGUNDO: En consecuencia: CONDENA: A la MUNICIPALIDAD DE JOCON, YORO, a través de su representante legal el señor ADRIÁN BLADIMIRO ZEPEDA a pagar a los trabajadores demandantes un total de SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (L.7,594,366.31). distribuidos en los siguientes trabajadores: MARIO NAHUM HERNANDEZ: La cantidad total de SEISCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS CON VEINTISIETE CENTAVOS (L.604,896.27), que se distribuyen así: Preaviso: L.22,988.40; Auxilio de Cesantía: L.34,482.60; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.6,609.17; Vacaciones Proporcionales: L.4,406.11; Aguinaldo Proporcional: L.821.03; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L.5,747.18; Reajuste de Salario Mínimo: L.447,586.56; Vacaciones Pendientes: L.10,344.78; Aguinaldo Pendiente: L.9,852.28; Aguinaldo Adeudado: L.9,472.44; Décimo Cuarto Adeudado: L. 9,472.44; Décimo Cuarto Pendiente: L. 9,852.28; Salario Adeudado: L.29,556.84; Bono Educativo: L.3,704.16. SOLBERNA GRACIELA REYES: La cantidad de QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CETAVOS (L.512,706.38), que se distribuyen así: Preaviso: L.22,988.40; Auxilio de Cesantía: L.45,976.80; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.159.64; Vacaciones Proporcionales: L.106.43; Aguinaldo Proporcional: L.821.03; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L.5,747.18; Reajuste de Salario Mínimo: L.351,586.56; Vacaciones Pendientes: L.13,409.90; Aguinaldo Pendiente: L.9,852.28; Aguinaldo Adeudado: L.9,472.44; Décimo Cuarto Adeudado: L. 9,472.44; Décimo Cuarto Pendiente: L. 9,852.28; Salario Adeudado: L.29,556.84; Bono Educativo: L.3,704.16. KATIA ELIZABETH MARTÍNEZ TORRES: La cantidad de QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (L.512,706.38), que se distribuyen así: Preaviso: L.22,988.40; Auxilio de Cesantía: L.45,976.80; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.159.64; Vacaciones Proporcionales: L.106.43; Aguinaldo Proporcional: L.821.03; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L.5,747.18; Reajuste de Salario Mínimo: L.351,586.56; Vacaciones Pendientes: L.13,409.90; Aguinaldo Pendiente: L.9,852.28; Aguinaldo Adeudado: L.9,472.44; Décimo Cuarto Adeudado: L. 9,472.44; Décimo Cuarto Pendiente: L. 9,852.28; Salario Adeudado: L.29,556.84; Bono Educativo: L.3,704.16. LUVIS YANESY DIAZ: La cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L.498,306.70), que se distribuyen así: Preaviso: L.22,988.40; Auxilio de Cesantía: L.34,482.60; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.255.43; Vacaciones Proporcionales: L.170.28; Aguinaldo Proporcional: L.821.03; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L.5,747.18; Reajuste de Salario Mínimo: L.351,586.56; Vacaciones Pendientes: L.10,344.78; Aguinaldo Pendiente: L.9,852.28; Aguinaldo Adeudado: L.9,472.44; Décimo Cuarto Adeudado: L. 9,472.44; Décimo Cuarto Pendiente: L. 9,852.28; Salario Adeudado: L.29,556.84; Bono Educativo: L.3,704.16. MELVIN ESTEBAN HERNANDEZ: La cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.655,450.54), que se distribuyen así: Preaviso: L.22,988.40; Auxilio de Cesantía: L.34,482.60; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.8,141.73; Vacaciones Proporcionales: L.5,427.82; Aguinaldo Proporcional: L.821.03; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L.5,747.18; Reajuste de Salario Mínimo: L.495,586.56; Vacaciones Pendientes: L.10,344.78; Aguinaldo Pendiente: L.9,852.28; Aguinaldo Adeudado: L.9,472.44; Décimo Cuarto Adeudado: L. 9,472.44; Décimo Cuarto Pendiente: L. 9,852.28; Salario Adeudado: L.29,556.84; Bono Educativo: L.3,704.16. YONY JAVIER DIAZ MEDINA: La cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.686,097.49), que se distribuyen así: Preaviso: L.22,988.40; Auxilio de Cesantía: L. 22,988.40; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.6,417.60; Vacaciones Proporcionales: L.3,208.80; Aguinaldo Proporcional: L.821.03; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L.5,747.18; Reajuste de Salario Mínimo: L.543,586.56; Vacaciones Pendientes: L.8,429.08; Aguinaldo Pendiente: L.9,852.28; Aguinaldo Adeudado: L.9,472.44; Décimo Cuarto Adeudado: L. 9,472.44; Décimo Cuarto Pendiente: L. 9,852.28; Salario Adeudado: L.29,556.84; Bono Educativo: L.3,704.16. DENY DANIEL CARDOZA TORRES: La cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUATRO LEMPIRAS CON DIECIOCHO CENTAVOS (L.267,404.18), que se distribuyen así: Preaviso: L.5,363.96; Auxilio de Cesantía: L. 0.00; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.7,662.80; Vacaciones Proporcionales: L.3,799.80; Aguinaldo Proporcional: L.821.03; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L.5,747.18; Reajuste de Salario Mínimo: L.182,909.44; Vacaciones Pendientes: L.0.00; Aguinaldo Pendiente: L.4,926.14; Aguinaldo Adeudado: L.9,472.44; Décimo Cuarto Adeudado: L. 9,472.44; Décimo Cuarto Pendiente: L. 3,968.28; Salario Adeudado: L.29,556.84; Bono Educativo: L.3,704.16. JAYSON OMAR MEDINA DIAZ: La cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L.498,306.70), que se distribuyen así: Preaviso: L.22,988.40; Auxilio de Cesantía: L.34,482.60; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.255.43; Vacaciones Proporcionales: L.170.28; Aguinaldo Proporcional: L.821.03; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L.5,747.18; Reajuste de Salario Mínimo: L.351,586.56; Vacaciones Pendientes: L.10,344.78; Aguinaldo Pendiente: L.9,852.28; Aguinaldo Adeudado: L.9,472.44; Décimo Cuarto Adeudado: L. 9,472.44; Décimo Cuarto Pendiente: L. 9,852.28; Salario Adeudado: L.29,556.84; Bono Educativo: L.3,704.16. ELKIN JESUS DIAZ MEDINA: La cantidad de TRESCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS (L.306,519.56), que se distribuyen así: Preaviso: L.22,988.40; Auxilio de Cesantía: L.34,482.60; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.383.14; Vacaciones Proporcionales: L.255.43; Aguinaldo Proporcional: L.821.03; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L.5,747.18; Reajuste de Salario Mínimo: L.159,586.56; Vacaciones Pendientes: L.10,344.78; Aguinaldo Pendiente: L.9,852.28; Aguinaldo Adeudado: L.9,472.44; Décimo Cuarto Adeudado: L. 9,472.44; Décimo Cuarto Pendiente: L. 9,852.28; Salario Adeudado: L.29,556.84; Bono Educativo: L.3,704.16. ISABEL DONATILA REYES PEREZ: La cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L.498,306.70), que se distribuyen así: Preaviso: L.22,988.40; Auxilio de Cesantía: L.34,482.60; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.255.43; Vacaciones Proporcionales: L.170.28; Aguinaldo Proporcional: L.821.03; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L.5,747.18; Reajuste de Salario Mínimo: L.351,586.56; Vacaciones Pendientes: L10,344.78; Aguinaldo Pendiente: L.9,852.28; Aguinaldo Adeudado: L.9,472.44; Décimo Cuarto Adeudado: L. 9,472.44; Décimo Cuarto Pendiente: L. 9,852.28; Salario Adeudado: L.29,556.84; Bono Educativo: L.3,704.16. ELIZAFAT BETZAY CRUZ CORTEZ: La cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L.498,306.70), que se distribuyen así: Preaviso: L.22,988.40; Auxilio de Cesantía: L.34,482.60; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.255.43; Vacaciones Proporcionales: L.170.28; Aguinaldo Proporcional: L.821.03; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L.5,747.18; Reajuste de Salario Mínimo: L.351,586.56; Vacaciones Pendientes: L10,344.78; Aguinaldo Pendiente: L.9,852.28; Aguinaldo Adeudado: L.9,472.44; Décimo Cuarto Adeudado: L. 9,472.44; Décimo Cuarto Pendiente: L. 9,852.28; Salario Adeudado: L.29,556.84; Bono Educativo: L.3,704.16. NOELY WALQUIDIA OCAMPO DIAZ: La cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS (L.498,306.70), que se distribuyen así: Preaviso: L.22,988.40; Auxilio de Cesantía: L.34,482.60; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.255.43; Vacaciones Proporcionales: L.170.28; Aguinaldo Proporcional: L.821.03; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L.5,747.18; Reajuste de Salario Mínimo: L.351,586.56; Vacaciones Pendientes: L.10,344.78; Aguinaldo Pendiente: L.9.852.28; Aguinaldo Adeudado: L.9.472.44; Décimo Cuarto Adeudado: L. 9,472.44; Décimo Cuarto Pendiente: L. 9,852.28; Salario Adeudado: L.29,556.84; Bono Educativo: L.3,704.16. JOSE ADOLFO CRUZ: La cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON SETNTA Y UN LEMPIRAS (L.389,255.71), que se distribuyen así: Preaviso: L.22,988.40; Auxilio de Cesantía: L.34,482.60; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.1,851.84; Vacaciones Proporcionales: L.1,234.56; Aguinaldo Proporcional: L.821.03; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L.5,747.18; Reajuste de Salario Mínimo: L.239,874.88; Vacaciones Pendientes: L.10,344.78; Aguinaldo Pendiente: L.9,852.28; Aguinaldo Adeudado: L.9,472.44; Décimo Cuarto Adeudado: L. 9,472.44; Décimo Cuarto Pendiente: L. 9,852.28; Salario Adeudado: L.29,556.84; Bono Educativo: L.3,704.16. ANTONIO ALBERTO MARTÍNEZ: La cantidad de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y UN CENTAVOS (L.573,997.71), que se distribuyen así: Preaviso: L.22,988.40; Auxilio de Cesantía: L. 22,988.40; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.8,014.01; Vacaciones Proporcionales: L.4,007.01; Aguinaldo Proporcional: L.821.03; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L.5,747.18; Reajuste de Salario Mínimo: L.429,092.16; Vacaciones Pendientes: L.8,429.08; Aguinaldo Pendiente: L.9,852.28; Aguinaldo Adeudado: L.9,472.44; Décimo Cuarto Adeudado: L. 9,472.44; Décimo Cuarto Pendiente: L. 9,852.28; Salario Adeudado: L.29,556.84; Bono Educativo: L.3,704.16. ERNESTO HERNANDEZ: La cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.593,798.59), que se distribuyen así: Preaviso: L.22,988.40; Auxilio de Cesantía: L. 34,482.60; Auxilio de Cesantía Proporcional: L.11,047.20; Vacaciones Proporcionales: L.7,364.80; Aguinaldo Proporcional: L.821.03; Décimo Cuarto Mes Proporcional: L.5,747.18; Reajuste de Salario Mínimo: L.429,092.16; Vacaciones Pendientes: L.10,344.78; Aguinaldo Pendiente: L.9,852.28; Aguinaldo Adeudado: L.9,472.44; Décimo Cuarto Adeudado: L. 9,472.44; Décimo Cuarto Pendiente: L. 9,852.28; Salario Adeudado: L.29,556.84; Bono Educativo: L.3,704.16.; más el pago de salarios caídos o dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la fecha que con sujeción a las normas procesales quede firme esta sentencia definitiva. TERCERO: CON COSTAS…”; bajo el criterio que, este Juzgador concluye que el presente caso se somete a la competencia del Código de Trabajo, por considerarse todos los demandantes como trabajadores conforme al artículo 20 de Código de Trabajo, y que además las labores que realizaban los demandantes eran de naturaleza totalmente laboral, permanentes y continuas. La Ley laboral establece y reconoce el pago de prestaciones laborales y demás indemnizaciones sociales en favor de los trabajadores que son despedidos de forma injusta y sin ajustarse a las normas legales establecidas, principalmente las consignadas en el artículo 112, 113 y 117 del Código de Trabajo, y en los preceptos de los reglamentos internos de trabajo relativas a las normas del debido proceso y derecho de defensa ante escenarios disciplinarios; sin embargo en el juicio que nos ocupa los demandantes acreditaron mediante cartas de despido de fechas 31 de enero de 2022, mediante acta de inspectoría de fecha 01 de marzo de 2022, que habían sido despedidos por escrito y verbal en el caso de JOSÉ ADOLFO CRUZ, ANTONIO ALBERTO MARTÍNEZ y ERNESTO HERNANDEZ respectivamente y sin justificación legal alguna; siendo el convencimiento de la suscrita que el patrono en total violación al principio de estabilidad laboral negó sin justificación legal, el ingreso y asignación de funciones de trabajo a los demandantes, es decir procedió a despedirlos sin justificación legal; en la mencionada fecha 31 de enero de 2022. Nuestro Código de trabajo ya establece en el artículo 112 cuales son las causas que facultan al patrono para dar por despedido a un trabajador sin responsabilidad económica de su parte, sin embargo la patronal no acredita en juicio que se hayan invocado o consumado alguna de los motivos enumerados en dicho artículo, por lo que deviene reconocer el pago de prestaciones laborales, indemnizaciones legales y demás derechos adquiridos adeudados; por otro lado el artículo 117 del código de trabajo establece: "La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos", y en el juicio que nos ocupa existe evidente violación a lo preceptuado en este artículo. Finalmente el artículo 113 del Código del Trabajo da el derecho alternativo a los trabajadores de accionar ya sea por el reclamo de sus prestaciones laborales o reintegro al trabajo al menos en iguales condiciones; resultando de lo anterior el reconocimiento del pago del preaviso, auxilio de cesantía, derechos adquiridos adeudados y causados y además el pago de los salarios caídos desde la fecha del despido hasta la fecha que conforme a las normas procesales quede firme la sentencia condenatoria. Nuestra legislación de trabajo protege a los trabajadores ante los abusos y violaciones patronales respecto al pago del salario mínimo legal, en tal sentido la Ley del Salario Mínimo establece normas dirigidas a castigar a los patronos que incumplen dicha normativa, y a establecer mecanismos legales al alcance de los trabajadores para recuperar las sumas adeudadas en ese concepto; en el juicio puesto al conocimiento de este Juzgado se evidencio que los trabajadores que hoy demandan devengaban un salario por debajo del mínimo legal, conforme al salario mínimo vigente autorizado por el gobierno central, en la Rama de Actividad económica de: "Servicios Comunales, Sociales, personales, Seguridad y Limpieza". Conforme a lo establecido en el artículo 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo: Artículo 39 "Todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos y reciba salarios inferiores a los salarios mínimos a que tiene derecho, podrá recuperar las sumas que se le adeuden por la vía judicial en juicio que se sustanciará sumariamente. El trabajador podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se le adeude, una suma igual". Artículo 43 "La acción derivada del derecho que se reconoce en el artículo 39 de esta Ley, prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva un ejercicio". Igual protección legal se establece para que los trabajadores puedan recuperar cantidades no recibidas en concepto de pagó el décimo tercer mes de salario, décimo cuarto mes de salario, vacaciones, bono educativo, incluso hasta los dos últimos años. Que el Código de Trabajo en su artículo 30 establece: "La inexistencia del contrato escrito exigido por este Código es imputable al patrono. El patrono que no celebre por escrito los contratos de trabajo, u omita algunos de sus requisitos, hará presumir, en caso de controversia, que son ciertas las estipulaciones de trabajo alegadas por el trabajador. Sin perjuicio de prueba en contrario"; y en el caso que nos ocupa la Municipalidad de Jocón, solo presento parcialmente la documentación que acreditaba las condiciones de trabajo de los demandantes, por lo que en lo demás no acreditado, se surten los efectos legales establecidos por el precitado artículo 30 del Código de Trabajo, que da por ciertas las alegaciones de los trabajadores. Que en términos generales incumbe a las partes probar el supuesto de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen, es decir la carga de la prueba corresponde a la parte que alega un hecho para deducir derecho a la vez el interesado en que se desconozcan esos hechos impeditivo, modificativo o extintivo y en el presente caso corresponde la carga de la prueba a la parte actora de acreditar la existencia de una relación de trabajo permanente y continua, que el despido ilegal se produjo, y además la existencia de los adeudos y cuantía reclamada, circunstancias que si han sido probadas en juicio por la representación de los trabajadores demandantes; y que no fue desvanecida por la parte demandada. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 23 de enero del 2024, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el representante procesal demandado, contra la sentencia definitiva proferida el seis de junio del dos mil veintitrés (06/06/2023) por el Juzgado de Letras Seccional con sede en la ciudad de Yoro, Departamento de Yoro, en la demanda de la referencia; en consecuencia, se REFORMA la misma, en el sentido de: UNO: Declarar SIN LUGAR la demanda para el pago del bono educativo, por lo que se ABSUELVE a la entidad demandada del pago del tal concepto. DOS: Se EXIME de la condena de costas de primera instancia a la parte demandada. TRES: Fijar como monto total de condena la cantidad de SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L.7,538,803.91) que corresponden a los conceptos y valores fijados por la iudex A-Quo, a excepción del bono educativo. SEGUNDO: Se CONFIRMA la sentencia, en sus demás extremos. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia, por haber sido atendido parcialmente el recurso y por ser la demandada una entidad de derecho público”. Bajo el criterio que, el recurrente pretende que el tribunal invalide la sentencia proferida en la primera instancia, asegurando que violenta el debido proceso y el derecho de defensa; tal cuestionamiento legalmente no es posible atender, por cuanto, de la revisión del proceso se advierte que el recurrente ha intervenido y accionado en defensa de los intereses de su mandante hasta llegar a la emisión del fallo de fondo; de ahí que no ha sido violentado el derecho de defensa; asimismo, el proceso ha seguido el curso normal y en observancia de los principios que imperan en materia laboral, dándose cumplimiento con ello al debido proceso, además el Tribunal es del criterio que se cuentan con suficientes elementos de juicio como para resolver el recurso que nos ocupa al tenor del artículo 715 del Código Procesal Civil, en cuyo caso se desestima la petición de invalidación acusada por el recurrente. De conformidad a las probanzas del juicio, es indudable que los demandantes mantuvieron una relación de trabajo con la Municipalidad de Jocón, ya que se dieron o concurrieron los elementos necesarios para la existencia del contrato de trabajo, estipulados en los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo, en virtud de que desarrollaban la actividad personal en los lugares que se les indicaba, lo cual fue demostrado con la prueba documental aportada al proceso, especialmente el "contrato temporal de servicio" que cada uno de los demandantes suscribía, en los que se consignaba el lugar de trabajo, la actividad a realizar, el salario mensual, aplicación de deducción en caso de incumplimiento del contrato, suspensión del cargo, etc., derechos, obligaciones y sanciones que solo pueden surgir en una relación de trabajo subordinada; el pago del salario lo asumió la demandada bajo la egida o denominación de subsidios para actividades que realizaban según las necesidades y requerimientos de los departamentos y dependencias de la Municipalidad, conducta que contrasta con los principios del orden público laboral y la primacía de la realidad, ya que la remuneración de esos servicios se ha debido realizar con el salario mínimo legal establecido, sino se devengare esos valores o mayores, el trabajador tiene derecho al reajuste salarial correspondiente. La continua dependencia en los términos que hace referencia el artículo 20 del Código de Trabajo, definiendo como tal la obligación que tiene el trabajador de acatar órdenes del patrono y de someterse a su dirección, ejercida personalmente o por medio de terceros en todo lo que se refiere al trabajo, es signo de una relación de trabajo por tiempo indefinido generadora de derechos y obligaciones que se van acumulando con el paso del tiempo; por ello, la pretensión de simular una situación distinta a lo que acontece en el sitio de trabajo contrasta con la realidad, dado que se trata de una triangulación o tercerización, ya que "subsidio" es una ayuda o beneficio que se brinda a una persona o entidad, pero de la revisión del procedimiento empleado para su distribución, se aprecia que los demandantes recibían el pago mensual convenido y aunque no tenían un espacio físico dentro de la demandada ni registro de entrada y salida, la actividad que realizaban a cuenta del empleador era trabajo de campo, pues lo cierto es que la Municipalidad de Jocón contrató personal para el levantamiento de encuestas e indicadores socioeconómicos de la línea de base y por medio de ellos completaron la información relacionada con las características demográficas de los hogares encuestados en las comunidades, caseríos, barrios y colonias, de allí su vinculación con las municipalidades, dado que pueden ser objeto de supervisión y vigilancia, respetando y coadyuvando al logro de sus fines, objetivos y metas consagrados en el Plan de Desarrollo Municipal; también lo es, que cada Hacienda Municipal se administra por la Corporación Municipal, por sí o por delegación en el Alcalde, dentro de cada año fiscal. Las condiciones y elementos esenciales para que haya relación laboral o contrato de trabajo, tal como lo establece el artículo 20 del Código de Trabajo, son: a) la actividad personal realizada por el trabajador; b) la continua subordinación o dependencia; y, c) un salario como retribución del servicio; reunidos estos tres elementos, se entiende de que existe contrato de trabajo y no deja de serio por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Toda forma de evasión o incumplimiento de la normativa laboral sea mediante fraude, simulación, o cualquier otro medio que se produzca como consecuencia de las modalidades de subcontratación, tercerización, en tareas propias y permanentes, cuyo objetivo sea para disfrazar las relaciones o pagar un menor monto por concepto de remuneración y de beneficios laborales, para los trabajadores resulta fraudulenta, dado que es usada en su mayoría con la finalidad de evadir responsabilidades. El derecho laboral busca que esta figura contractual no sea utilizada de forma tal que restrinja los derechos del trabajador, ni permita que el empresario o patrono, se aproveche ilícitamente de lo que le correspondería al trabajador, dado el carácter protector, tutelador o tuitivo del mismo. El recurrente afirma que los montos concedidos por el iudex A quo son desproporcionados al considerar los fijados en los cálculos consignados en el escrito de demanda validados por la Unidad de Cálculo de prestaciones e indemnizaciones laborales, dependencia de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social; al respecto se observa que la Iudex A quo aplicó el contenido del artículo 30 del Código del Trabajo al no revertirse las condiciones de trabajo señaladas en la demanda. No obstante, lo anterior, esta Corte estima que los presupuestos necesarios para conceder el bono educativo no se demostraron, razón por lo que no es procedente su pago, ello con fundamento en el artículo 21 de la Ley del Salario Mínimo. En cuanto a la condena de costas de primera instancia, el artículo 8 del decreto 266-2013 es claro al fijar que el Estado y sus entidades, en juico de cualquier naturaleza, estará exento del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; decreto aplicable en este asunto al demandarse a una entidad autónoma de la administración pública, ente al que no debe imponérsele tal condena, así lo ha fijado la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en los expedientes: AL-399-16; AL-85-17; AL-541-17; AL-826-19; AL- 080-2020 cuyo criterio constituye doctrina legal al tenor del artículo 73 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: "Tres sentencias conformes dictadas por la Corte Suprema de Justicia a través de la Sala de lo Constitucional en las demandas de amparo, constituyen doctrina legal..."; de ahí que al tenor de la norma citada y los artículos 18 y 667 del Código del Trabajo, constituyen un lazo vinculante entre el tribunal Supremo, los juzgados y Cortes de Apelaciones. De la revisión de los autos se advierte, que la censora incurre en el yerro procesal después de haber admitido el recurso de apelación, dar trámite a la solicitud de ejecución provisional de la sentencia, según se aprecia del folio 247 al 312 de la pieza principal, y es que por razón de la admisión del recurso de apelación, la jurisdicción del juez de primera instancia está en suspenso al tenor del artículo 744 del Código del Trabajo, pues el recurso se admite en el efecto suspensivo, lo que implica que no debió darle curso a ninguna petición de parte; y es que: "La concesión del recurso en el efecto suspensivo genera la suspensión de la ejecución de la sentencia de primera instancia, hasta que recaiga el fallo del juzgador de segundo grado", y como consecuencia lógica, "la competencia del inferior se suspenderá desde que se ejecutoríe el auto que la concede, hasta que se notifique el de obedecimiento a lo resuelto por el superior" (Curso de Derecho Procesal del Trabajo, Dr. Miguel Gerardo Salazar). Por las razones de hecho y de derecho que contiene el presente fallo, el tribunal concluye que la sentencia recurrida debe ser reformada.5. Mediante auto de fecha 22 de abril del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE JOCÓN, DEPARTAMENTO DE YORO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha 26 de julio del 2024, compareció ante este Tribunal el Abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE JOCÓN, DEPARTAMENTO DE YORO, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 06 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 17 de octubre del 2024, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado ADRIAN OCTAVIO ROSALES NUÑEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II. Que el Abogado MANFREDO IVAN GALINDO ALVARADO, en su primer motivo de casación alega: “Acuso, la sentencia recurrida ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por INFRACCIÓN DIRECTA debido a la falta de aplicación del artículo 46 letra b) del Código del Trabajo. DOCTRINA: Tanto la doctrina como la Jurisprudencia emanada de este Honorable Tribunal, tienen dispuesto que la falta de aplicación de una norma a un hecho que el Fallador considera existente, o la aplicación de la norma a un hecho que el Sentenciador considera inexistente CONSTITUYE INFRACCIÓN DIRECTA porque envuelve ignorancia de la ley o rebeldía con ella. PRECEPTO AUTORIZANTE: Articulo 765 ordinal primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: Primero: en el numeral UNO del acápite HECHOS PROBADOS de la sentencia objeto del presente recurso, la honorable corte recurrida dispone: "Los Demandantes fueron contratados por la Alcaldía Municipal de Jocón, mediante CONTRATOS TEMPORALES DE SERVICIOS para desempeñar labores varias, actividad personal por la cual percibían un salario mensual (folios del 71 al 110 p.p.); es por demás claro, Honorable Corte Suprema de Justicia que, quedó plenamente evidenciado y aceptado por los tribunales de primera y segunda instancia que los demandantes le prestaron un servicio temporal a mi patrocinada, medios de prueba que no fueron impugnados por la parte contraria por lo que surten pleno valor en el presente juicio, no obstante lo anterior, se observa que el Tribunal Ad Quem o recurrido no aplicó la norma relacionada con la temporalidad de los contratos ya mencionados y que han surtido pleno valor en juicio, el cual no es otro que el artículo 46 letra b) del Código del Trabajo al tenor del cual: El contrato individual de trabajo puede ser. a), b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una obra, que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en si mismo, como objeto del contrato, y no el resultado de la obra, y, c)...; consta en los contratos que se presentaron como medios probatorios que la labor a prestar por los demandantes era de carácter eventual o temporal por lo que el tribunal Ad Quem devenía obligado a aplicar al caso de autos el artículo 46 literal b) al no hacerlo o no aplicarlo siendo su obligación hacerlo implica ignorancia de la Ley entrando en pugna con la misma, razón por la cual es totalmente procedente se case la Sentencia recurrida en virtud de la infracción directa en que ha incurrido el tribunal por la falta de aplicación al caso de autos del artículo 46 letra b) del Código del trabajo.”III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) La norma que indica como violada el artículo 46 letra b) del Código de Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; c) Olvida el Impetrante que la violación por la vía directa se produce con prescindencia del haz probatorio, esto es sin vincular valoración de medios de prueba ya que se trata de confrontar la sentencia con la Ley; y, d) Formula extensos alegatos de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso, la sentencia recurrida ser violatoria de Ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por INFRACCIÓN INDIRECTA, por error de hecho por la falta de apreciación de los medios de pruebas admitidos a la parte demandada, que adelante se singularizan en relación con los medios probatorios en su conjunto y que hizo incurrir al Tribunal recurrido en ERROR DE HECHO que aparece de manifiesto en los autos y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación de los artículos 20 y 46 letra b) del Código del Trabajo en relación con los artículos 116, 120, 346 todos del Código del Trabajo, Decreto 112-82 que regula el pago del décimo tercer mes en concepto de aguinaldo, Decreto 135-94 que regula el pago del Décimo Cuarto mes y artículos 39 y 43 del decreto 112 que regula la ley de Salario mínimo. DOCTRINA: Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la falta de apreciación de las pruebas mencionadas son necesarios los siguientes requisitos: 1.-) debe existir una mala apreciación, apreciación indebida o una falta de apreciación de la prueba 2.-) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate, pues en este último caso se estaría ante una cuestión diferente; 3.-) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva, y 4.-) el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada con la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado, o al contrario, se da por no probado un hecho que sí está demostrado plenamente en el juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 ordinal 1º párrafo segundo del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código de Trabajo. MEDIOS PROBATORIOS QUE NO FUERON DEBIDAMENTE APRECIADOS. Los medios probatorios que singularizo como pruebas que no fueron debidamente apreciadas son: *MEDIO PROBATORIO DOCUMENTO PUBLICO: Consistente en TRECE (13) CONTRATOS TEMPORALES DE SERVICIOS que corren agregados a folios del 71 al 110 de la primera pieza de los autos y que corresponden los trabajadores ELKIN JESUS DIAZ MEDINA, DENY DANIEL CARDOZA TORRES, MELVIN ESTEBAN HERNANDEZ, ΚΑΤΙΑ ELIZABETH MARTÍNEZ TORRES, ELIZAFAT BETZAY CRUZ CORTES, LUVIS YANESY DIAZ, JAYSON OMAR MEDINA DIAZ, ISABEL DONATILA REYES PEREZ, MARIO NAHUM HERNANDEZ, NOELY WALQUIDIA OCAMPO DIAZ, SOLBERNA GRACIELA REYES, YONY JAVIER DIAZ MEDINA, JOSÉ ADOLFO CRUZ. *MEDIO PROBATORIO DOCUMENTO PUBLICO: Consistente en SEIS (6) CONSTANCIAS extendidas por la Secretaria Municipal de la Municipalidad de Jocón, Yoro y que corren agregados a folios del 11 al 116 de la primera pieza de los autos en las que se hace constar que los señores ELIZAFAT BETZAY CRUZ CORTES, NOELY WALQUIDIA OCAMPO DIAZ, LUVIS YANESY DIAZ, ISABEL DONATILA REYES PEREZ, JAYSON OMAR MEDINA DIAZ y DENY DANIEL CARDOZA TORRES nunca fueron trabajadores de la municipalidad de Jocón ni mucho menos trabajadores permanentes. MEDIO PROBATORIO DOCUMENTO PÚBLICO: Consistente en la solicitud formulada por el director de la Escuela Felipe A. Reyes señor profesor Juan Carlos López Puerto a la Corporación Municipal de Jocón, Yoro que corre agregada a folio 173 de la primera pieza de los autos. *MEDIO PROBATORIO DOCUMENTO PUBLICO: Consistente en dos (2) constancias que corren agregadas a folios 169 y 171 de la primera pieza de los autos en las que constan que los señores GERSON NOÉ PÉREZ LÓPEZ y BLANCA MARINA PÉREZ TURCIOS en su condición de presidentes de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Felipe A Reyes recibían un subsidio de educación para el pago de los vigilantes ANTONIO ALBERTO MARTÍNEZ y ERNESTO HERNANDEZ. *MEDIO PROBATORIO DOCUMENTO PÚBLICO: Consistente en tres (3) constancias que corren agregadas a folios 189, 190 y 191 de la primera pieza de los autos documentos con que se acredita que ANTONIO ALBERTO MARTÍNEZ y ERNESTO HERNANDEZ eran empleados de la secretaria de Educación como Vigilantes de la Escuela Felipe A. Reyes y no de la Entidad Demandada. *MEDIO DE PRUEBA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL consistente en el acta de audiencia segunda de trámite de fecha 27 de abril del año 2023 que corre agregada a folios del 204 al 216 de la primera pieza de los autos.- Constando en la primera página que los incisos a, b y e del medio de prueba de reconocimiento judicial, relativos al reconocimiento de planillas, recibos de pago y otros documentos relacionados con los demandantes ELKIN JESUS DIAZ MEDINA, DENY DANIEL CARDOZA TORRES, MELVIN ESTEBAN HERNANDEZ, ΚΑΤΙΑ ELIZABETH MARTÍNEZ TORRES, ELIZAFAT BETZAY CRUZ CORTES, LUVIS YANESY DIAZ, JAYSON OMAR MEDINA DIAZ, ISABEL DONATILA REYES PEREZ, MARIO NAHUM HERNANDEZ, NOELY WALQUIDIA OCAMPO DIAZ, SOLBERNA CRACIELA REYES, YONY JAVIER DIAZ MEDINA, JOSÉ ADOLFO CRUZ no se pudieron evacuar o constatar por motivos de fuerza mayor, es decir, no se pudo constatar que los demandantes antes relacionados devengaran salario o le prestaran servicios permanentes a mi Patrocinada. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Que quedó plenamente evidenciado y aceptado por los tribunales de primera y segunda instancia que los demandantes le prestaron un servicio temporal a mi patrocinada, lo que se acreditó con los medios de prueba consistentes en TRECE (13) CONTRATOS TEMPORALES DE SERVICIOS que corren agregados a folios del 71 al 110 de la primera pieza de los autos y que corresponden a los trabajadores ELKIN JESUS DIAZ MEDINA, DENY DANIEL CARDOZATORRES, MELVIN ESTEBAN HERNANDEZ, KATIA ELIZABETH MARTÍNEZ TORRES, ELIZAFAT BETZAY CRUZ CORTES, LUVIS YANESY DIAZ, JAYSON OMAR MEDINA DIAZ, ISABEL DONATILA REYES PEREZ, MARIO NAHUM HERNANDEZ, NOELY WALQUIDIA OCAMPO DIAZ, SOLBERNA GRACIELA REYES, YONY JAVIER DIAZ MEDINA, JOSÉ ADOLFO CRUZ, medios de prueba que asimismo no fueron impugnados por la parte contraria por lo que surten pleno valor en el presente juicio, no obstante lo anterior, se observa que el Tribunal Ad Quem o recurrido no valoró dichos medios de prueba, con lo que infringió el contenido del artículo 46 letra b) del Código del Trabajo al tenor del cual: El contrato individual de trabajo puede ser: a).., b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una obra, que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo, como objeto del contrato, y no el resultado de la obra, y, c)....., La Corte Sentenciadora al reformar el fallo dictado por el Juzgado de Primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al no apreciar los medios de prueba señalados (singularizados) anteriormente y admitidos a la parte demandada y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgado no está sujeto a tarifa legal de prueba, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principio científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículos 739 del Código de Trabajo, esta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa, que haga prevalecer la realidad y con apego los principios del derecho del trabajo y aquellos que rigen el proceso laboral, particularmente, el protectorio. (Artículo 8 del Código del Trabajo); en los casos de autos, no obstante lo antes señalado, pasó lo que sigue: Primero: se insiste en que el tribunal recurrido en evidente apreciación errónea de las pruebas ya singularizadas reformó parcialmente la Sentencia dictada per la A-quo teniendo por existente tanto una relación laboral permanente que jamás ocurrió, pues, la relación laboral jamás fue acreditada por la parte Demandante y la Corte recurrida da por existente la relación laboral con los demandantes y peor en forma permanente y basado en extremas suposiciones, jamás, a través de medios probatorios, sino veamos los acápites relativos a hechos probados y los fundamentos de derecho en que se apoya la Sentencia- HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA: De las pruebas incorporadas al proceso resultan acreditados los siguientes extremos: a) que en diferente fecha se celebraron los contratos de trabajo temporal que corren agregados a folios del 71 al 110 de la primera pieza de los autos y que corresponden los trabajadores ELKIN JESUS DIAZ MEDINA, DENY DANIEL CARDOZA TORRES, MELVIN ESTEBAN HERNANDEZ, KATIA ELIZABETH MARTÍNEZ TORRES, ELIZAFAT BETZAY CRUZ CORTES, LUVIS YANESY DIAZ, JAYSON OMAR MEDINA DIAZ, ISABEL DONATILA REYES PEREZ, MARIO NAHUM HERNANDEZ Y NOELY WALQUIDIA OCAMPO DIAZ, SOLBERNA GRACIELA REYES, YONY JAVIER DIAZ MEDINA, JOSE ADOLFO CRUZ, y que no fueron valorados por el Ad Quem y con quienes se dejó plenamente acreditado que después de esa relación temporal mi patrocinada no volvió a tener relación contractual con los Demandantes, Segundo: en relación con los Demandantes ANTONIO ALBERTO MARTÍNEZ y ERNESTO HERNANDEZ el Ad Quem no valoró los medios de prueba consistentes en las constancias que corren agregadas a folios 169 y 171 de la primera pieza de los autos en las que constan que los señores Gerson Noé Pérez López y Blanca Marina Pérez Turcios en su condición de presidentes de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela Felipe A. Reyes recibían un subsidio de educación para el pago de los vigilante ANTONIO ALBERTO MARTÍNEZ y ERNESTO HERNANDEZ. Asimismo el medio de prueba documental consistente en la solicitud formulada por el Director de la Escuela Felipe A. Reyes profesor Juan Carlos López Puerto a la Corporación Municipal de Jocón, Yoro que corre agregada a folio 173 de la primera pieza de los autos no fue apreciada por el Tribunal inferior o ad Quem, pues, el señor Juan Carlos López en su condición de Director de la institución Educativa quien presentó la solicitud a efecto del otorgamiento de un subsidio al centro educativo para la contratación come vigilantes de los señores ANTONIO ALBERTO MARTÍNEZ y ERNESTO HERNANDEZ, medio de prueba con el que también se deja plenamente acreditado que ambos trabajadores no le prestaban servicios laborales a mi patrocinada sino que a la Escuela en referencia y era esta Escuela la que le pagaba su salario, lo único que hacia mi mandante era entregarle un subsidio al referido ente educativo por medio de la Junta de Padres de familia, como una forma de ayuda solicitada, asimismo dejó de valorar el Ad Quem las constancias que corren agregadas a folios 189, 190 y 191 de la primera pieza de los autos documentos con que también se acredita que ANTONIO ALBERTO MARTÍNEZ y ERNESTO HERNANDEZ eran empleados de la secretaria de Educación como Vigilantes de la Escuela Felipe A Reyes y no de la Entidad Demandada, o es decir mi representada-Tercero: Asimismo dejó de apreciar el tribunal recurrido el MEDIO DE PRUEBA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL consistente en el acta de audiencia segunda de trámite de fecha 27 de abril del año 2023 que corre agregada a folios del 204 al 216 de la primera pieza de los autos, constando en la primera página que los incisos a, b y e del reconocimiento judicial, relativos al reconocimiento de planillas, recibos de pago y otros documentos relacionados con los demandantes ELKIN JESUS DIAZ MEDINA, DENY DANIEL CARDOZA TORRES, MELVIN ESTEBAN HERNANDEZ, KATIA ELIZABETH MARTINEZ TORRES, ELIZAFAT BETZAY CRUZ CORTES, LUVIS YANESY DIAZ, JAYSON OMAR MEDINA DIAZ, ISABEL DONATILA REYES PEREZ, MARIO NAHUM HERNANDEZ, NOELY WALQUIDIA OCAMPO DIAZ, SOLBERNA GRACIELA REYES, YONY JAVIER DIAZ MEDINA, JOSÉ ADOLFO CRUZ no se pudieron evacuar o constatar por motivos de fuerza mayor, pues no se encontraron las llaves de los archivos que se llevó el alcalde anterior, es decir, no se pudo constatar que los demandantes antes relacionados devengaran salario o le prestaran servicios permanentes a mi Patrocinada, razón por lo que son totalmente falsos LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO consignados por el Tribunal recurrido en su sentencia pues nada absolutamente que vinculara a los Demandantes con mi Patrocinada se pudo constatar, por lo que es claro que el Tribunal recurrido ha VIOLADO flagrantemente el contenido de los artículos 20 y 46 letra b) del Código del Trabajo en relación con los artículos 116, 120, 346 ibidem, Decreto 112-82 que regula el pago del décimo tercer mes en concepto de aguinaldo, Decreto 135-94 que regula el pago del Décimo Cuarto mes y artículos 39 y 43 del decreto 112 que regula la ley de Salario mínimo, al concluir que los trabajadores demandantes desarrollaban la actividad personal en los lugares que se les indicaba, y la verdad es, Honorables Magistrados, que el artículo 20 del Código del Trabajo dispone: "Para que haya contrato de trabajo se requiere que concurran estos tres (3) elementos esenciales: a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y, c) Un salario como retribución del servicio. Una vez reunidos los tres (3) elementos de que trata este artículo, se entiende que existe contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen." Es visto, que la Parte Demandante no acredito ninguno de los elementos necesarios para que exista contrato de trabajo, para el caso, con relación al literal a) La actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, se dejó claramente evidenciado con los DOCUMENTOS PÚBLICOS, consistente en SEIS (6) CONSTANCIAS extendidas por la Secretaria municipal que corren agregados a folios del 11 al 116 de la primera pieza de los autos en las que se hace constar que los señores ELIZAFAT BETZAY CRUZ CORTES, NOELY WALQUIDIA OCAMPO DIAZ, LUVIS YANESY DIAZ, ISABEL DONATILA REYES PEREZ, JAYSON OMAR MEDINA DIAZ y DENY DANIEL CARDOZA TORRES nunca fueron trabajadores de la municipalidad de Jocón ni mucho menos trabajadores permanentes, medio de prueba estos que no fueron valorados por el Tribunal recurrido y de ninguna manera acreditó la parte actora lo contrario o sea que le prestara servicios personales a mi Patrocinada, por lo que es evidente que El Ad Quem no aprecio en su verdadera medida este medio de prueba documental. Con relación al literal b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento, en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato, tampoco Honorables Magistrados se evidencia que este elemento de la subordinación haya sido acreditado por medio de prueba alguno por la Parte Actora, y por último en relación con el literal c) Un salario como retribución del servicio, la parte Actora no ofreció ningún medio probatorio para acreditar que los demandantes devengaran salario alguno de parte de mi Patrocinada, por el contrario, se dejó plenamente acreditado que el Ad Quem no apreció debidamente que el MEDIO DE PRUEBA DE RECONOCIMIENTO JUDICIAL consistente en el acta de audiencia segunda de trámite de fecha 27 de abril del año 2023 que corre agregada a folios del 204 al 216 de la primera pieza de los autos, no se evacuó por causas ajenas, constando en la primera página que los incisos a, b y c del reconocimiento judicial, relativos al reconocimiento de planillas, recibos de pago y otros documentos relacionados con los demandantes ELKIN JESUS DIAZ MEDINA, DENY DANIEL CARDOZA TORRES, MELVIN ESTEBAN HERNANDEZ, KATIA ELIZABETH MARTÍNEZ TORRES, ELIZAFAT BETZAY CRUZ CORTES, LUVIS YANESY DIAZ, JAYSON OMAR MEDINA DIAZ, ISABEL DONATILA REYES PEREZ, MARIO NAHUM HERNANDEZ, NOELY WALQUIDIA OCAMPO DIAZ, SOLBERNA GRACIELA REYES, YONY JAVIER DIAZ MEDINA, JOSÉ ADOLFO CRUZ no se pudieron evacuar o constatar por motivos de fuerza mayor, es decir, no se pudo constatar que los demandantes antes relacionados devengaran salario o le prestaran servicios permanentes a mi Patrocinada, Honorables Magistrados se evidencia luego de leer los fundamentos de derecho de la Sentencia recurrida que no fueron debidamente apreciados los medios de prueba antes señalados y con lo que se concluye también muy erróneamente que entre los Demandantes y mi Patrocinada existió una relación laboral, quedando así, Honorables Magistrados demostrado que el Ad Quem Infringió en forma indirecta el artículos 20 del Código del Trabajo al arribar a la conclusión que entre las partes existió una relación de trabajo, cuando de los medios probatorios presentados y evacuados oportunamente y en esta oportunidad singularizados se demostró la inexistencia de contrato de trabajo alguno entre las partes, por tal razón consideró, Honorables Magistrados que por las mismas razones antes señaladas y la indebida apreciación de los medios de prueba antes singularizados que el Tribunal Ad Quem ha infringido en forma Indirecta los artículos 20 y 46 letra b) del Código del Trabajo en relación con los artículos 116, 120, 346 todos del Código del Trabajo, Decreto 112-82 que regula el pago del décimo tercer mes en concepto de aguinaldo y Decreto 135-94 que regula el pago del Décimo Cuarto mes, razón que hace procedente se admita este motivo, se CASE PARCIALMENTE la sentencia que ha sido recurrida y se dicte en sede de instancia el fallo sustitutivo correspondiente de conformidad a lo peticionado”. V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) Entre las normas que indica como violadas los artículos 20 y 46 letra b) del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos, lo cual no aparece demostrado por el Recurrente; c) La prueba singularizada si fue apreciada en el fallo impugnado, resultando que se le dio una valoración o alcance diferente al que pretende el Impetrante, por lo que es impropio el ataque al mismo por falta de apreciación; y, d) Formula extensos alegatos propios de instancia inoportunos en este extraordinario recurso. VI. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA, COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de noviembre del dos mil veinticinco; certificación de la sentencia de fecha diez de septiembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL 101-2024. FIRMA Y SELLO.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
SECRETARIO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.