Sentencia CL-10-24 — Registro 19946
Resumen
Primera instancia declara con lugar la demanda ordinaria laboral para que el patrono justifique la supuesta justa causa de despido directo y condena a reintegro, se tenga la relación laboral con carácter de permanente, reconoce la antigüedad, se condena a pago; absuelve al pago de salarios adeudados; segunda instancia confirma la sentencia; esta Sala de lo Laboral declara no ha lugar el recurso.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
´´...para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 764 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que el anterior cargo no resulta ser una proposición jurídica completa, dado que el Recurrente no lo encuadra en ninguna de las causales contenidas en el artículo 765 del Código del Trabajo, carece de concepto de la infracción, el precepto autorizante y omite hacer explicación del motivo...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos; b) la norma que indica como violada el artículo 46 inciso b) del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y d) formula alegatos de instancia...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
´´...Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos; b) la norma que indica como violada el artículo 46 inciso b) del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y d) formula alegatos de instancia...´´
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Receptora de la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice “TE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticuatro días del mes de noviembre del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha 02 de mayo del 2024, por el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además, es parte recurrida, los señores KIRIAM EMNALY AGURCIA SÁNCHEZ, BLANCA PATRICIA LICONA RAMÍREZ y EVER ENOC BREVE RUIZ, representados en juicio por el Abogado MIGUEL ÁNGEL VASQUEZ GÓMEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que el patrono justifique la supuesta justa causa de despido directo caso contrario que sea condenado, al reintegro de sus puestos de trabajo, que se declare permanente su relación laboral en vista de estar laborando mediante contratos ininterrumpidos, pago de vacaciones causadas, y pago de otros beneficios que le corresponden a los empleados permanentes, reajuste al salario mínimo desde el inicio de la relación laboral, salarios adeudados desde el 01 de enero del año 2018 hasta el 08 de mayo del año 2018, y como daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido del que fueron objeto hasta que conforme a las normas procesales sean reintegrados a sus puestos de trabajo, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de junio del 2018, por los señores 1) KIRIAM EMNALY AGURCIA SÁNCHEZ; 2) BLANCA PATRICIA LICONA RAMÍREZ, y 3) EVER ENOC BREVE RUIZ, todos mayores de edad, solteros, Maestros de Educación Primaria, hondureños y con domicilio en el Municipio de Guayape, Departamento de Olancho, contra el PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO), a través de su representante legal la señora GLORIA MENJIVAR, y de manera solidaria contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República, de ese entonces Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA; por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 21 de septiembre del 2023, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 29 de julio del 2022, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarar SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesto por la Representante procesal de la Parte Demandada en (solidariamente) escrito de contestación de demanda; II) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por los señores KIRIAM EMNALY AGURCIA SÁNCHEZ, BLANCA PATRICIA LICONA RAMÍREZ Y EVER ENOC BREVE RUIZ, EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL PATRONO JUSTIFIQUE LA SUPUESTA JUSTA CAUSA DE DESPIDO DIRECTO CASO CONTRARIO QUE SEA CONDENADO. AL REINTEGRO A NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO. QUE SE DEDLARE PERMANENTE NUESTRA RELACIÓN LABORAL EN VISTA DE ESTAR LABORANDO MEDIANTE CONTRATOS ININTERRUMPIDOS. - PAGO DE VACACIONES CAUSADAS. -Y PAGO DE OTROS BENEFICIOS QUE LE CORRESPONDEN A LOS EMPLEADOS PERMANENTES. - REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL. Y COMO DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO DEL QUE FUIMOS OBJETO HASTA QUE CONFORME A LAS NORMAS PROCESALES SEAMOS REINTEGRADOS A NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO, Contra el PROYECTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO) a través de su Representante Legal la señora GLORIA MENJIVAR, va en CONTUMACIA y solidariamente EL ESTADO DE HONDURAS, (SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN) a través de su Representante Legal la procuradora General de la República de ese entonces la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, ΙΙΙ.- CONDENAR al PROYECTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO) a través de su Representante Legal la señora GLORIA MENJIVAR, va en CONTUMACIA у solidariamente EL ESTADO DE HONDURAS, (SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN) a través de su Representante Legal la procuradora General de la República de ese entonces la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, a lo siguiente: a) Al Reintegro al cargo al igual u otro de mejor categoría, A que se tenga la relación laboral de los Señores KIRIAM EMNALY AGURCIA SÁNCHEZ, BLANCA PATRICIA LICONA RAMÍREZ Y EVER ENOC BREVE RUIZ, con carácter de indefinida como empleado permanente por su orden, en la Escuela Licenciado Ricardo Maduro, Ubicada en la Aldea el Sursular, Municipio de Guayape, en la Escuela Rosa Hilda Dubon, Ubicada en el Caserío el Salitre, Aldea el Coyol, Municipio de Guayape, Olancho, en la EL Centro Educativo Ingeniero Marvin B. Moradel en el Municipio de Guayape, Olancho, b).-, A que se tenga la relación laboral de los Señores KIRIAM EMNALY AGURCIA SÁNCHEZ, BLANCA PATRICIA LICONA RAMÍREZ Y EVER ENOC BREVE RUIZ, desde la fecha los dos primeros del 2 de enero del año 2014, y el ultimo el 16 de enero de 2016; con carácter de permanente desde que ingreso a laborar en por su orden, en la Escuela Licenciado Ricardo Maduro, Ubicada en la Aldea el Sursular, Municipio de Guayape, en la Escuela Rosa Hilda Dubon, Ubicada en el Caserío el Salitre, Aldea el Coyol, Municipio de Guayape, Olancho, EL Centro Educativo Ingeniero Marvin B. Moradel en el Municipio de Guayape, Olancho, debiendo gozar de todos los derechos y beneficios se les otorgan a los empleados con carácter permanente. c). - Reconociéndoles la antigüedad a los señores: KIRIAM EMNALY AGURCIA SÁNCHEZ, BLANCA PATRICIA LICONA RAMÍREZ Y EVER ENOC BREVE RUIZ, desde la fecha los dos primeros del 2 de enero del año 2014, y el ultimo el 16 de enero de 2016. d) Que se le pague a los señores 1).- KIRIAM EMNALY AGURCIA SÁNCHEZ; 2).- BLANCA PATRICIA LICONA RAMÍREZ la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CATORCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 1,369,014.48) que se desglosa de la siguiente manera para: 1. KIRIAM EMNALY AGURCIA SÁNCHEZ una multa de acorde a la ley del salario mínimo en su artículo 39 desglosada de la manera siguiente: 2016: un salario de 9,168.42 por 8 ocho meses de salario igual a L. 73,347.36. 2017: un salario de 10,316.22 por doce meses para un total de: L. 123,794.64. 2018: un salario de 10,316.22 por doce meses para un total de L.123,794.64. Un reajuste de salario de acuerdo al salario mínimo desglosado de la siguiente manera: 2016 REAJUSTE: Una diferencia de 2,868.42 por 8 MESES igual a L. 22,947.36. 2017, reajuste: Una diferencia de por 12 meses 4,016.22 igual a L. 48,194.64 decimotercer mes y decimocuarto mes 8,032.44 para un total de 56,227.08 adeudado 2018 Reajuste: Una diferencia de por 12 meses 4,016.22 igual a L. 48,194.64 decimotercer mes y decimocuarto mes 8,032.44 para un total de 56,227.08 adeudado. Para un total de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS (L. 456,338.16) 2. BLANCA PATRICIA LICONA RAMÍREZ una multa de acorde a la ley del salario mínimo en su artículo 39 desglosada de la manera siguiente: 2016: un salario de 9,168.42 por 8 ocho meses de salario igual a L. 73,347.36. 2017: un salario de 10,316.22 por doce meses para un total de: L. 123,794.64. 2018: un salario de 10,316.22 por doce meses para un total de L.123,794.64. Un reajuste de salario de acuerdo al salario mínimo desglosado de la siguiente manera: 2016 REAJUSTE: Una diferencia de 2,868.42 por 8 MESES igual a L. 22,947.36. 2017 reajuste: Una diferencia de por 12 meses 4,016.22 igual a L. 48,194.64 decimotercer mes y decimocuarto mes 8,032.44 para un total de 56,227.08 adeudado 2018 Reajuste: Una diferencia de por 12 meses 4,016.22 igual a L. 48,194.64 decimotercer mes y decimocuarto mes 8,032.44 para un total de 56,227.08 adeudado. CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS (L. 456,338.16) 3. EVER ENOC BREVE RUIZ una multa de acorde a la ley del salario mínimo en su artículo 39 desglosada de la manera siguiente: 2016: un salario de 9,168.42 por 8 ocho meses de salario igual a L. 73,347.36. 2017: un salario de 10,316.22 por doce meses para un total de: L. 123,794.64. 2018: un salario de 10,316.22 por doce meses para un total de L.123,794.64. Un reajuste de salario de acuerdo al salario mínimo desglosado de la siguiente manera: 2016 REAJUSTE: Una diferencia de 2,868.42 por 8 MESES igual a L. 22,947.36. 2017 reajuste: Una diferencia de por 12 meses 4,016.22 igual a L. 48,194.64 decimotercer mes y decimocuarto mes 8,032.44 para un total de 56,227.08 adeudado 2018 Reajuste: Una diferencia de por 12 meses 4,016.22 igual a L. 48,194.64 decimotercer mes y decimocuarto mes 8,032.44 para un total de 56,227.08 adeudado. CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS (L. 456,338.16). TODO ELLO PARA UN GRAN TOTAL DE UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CATORCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (L.1,369,014.48) IV.- En cuanto a salarios adeudados sin lugar dichos conceptos por no estar acreditados en autos. V.-ABSOLVER: al PROYECTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO) a través de su Representante Legal la señora GLORIA MENJIVAR, va en CONTUMACIA y solidariamente EL ESTADO DE HONDURAS, (SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN) a través de su Representante Legal la procuradora General de la República de ese entonces la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, En cuanto al pago de salarios adeudados por no estar acreditados en autos. VI): SIN COSTAS porque en materia de Derecho del Trabajo impera el Principio del Gratuidad y es aplicable cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo…”.ANTECEDENTES DE HECHO 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron la relación laboral como docentes por contratos ininterrumpidos con el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), dependiente de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, así: Kiriam Emnaly Agurcia Sanchez, inició el 02 de enero del 2014, en la Escuela Licenciado Ricardo Maduro, ubicada en la Aldea el Sursular, Municipio de Guayape, Olancho, con un sueldo inicial de L. 6,300.00; Blanca Patricia Licona Ramírez, inició el 02 de enero del 2014, en la Escuela Rosa Hilda Dubón, Ubicada en el Caserío el Salitre, Aldea el Coyol, Municipio de Guayape, Olancho, con un sueldo inicial de L. 6,300.00; Ever Enoc Breve Ruiz, inició el 02 de enero del 2016, en el Centro Educativo Ingeniero Marvin B. Moradel, Municipio de Guayape, Olancho, con un sueldo inicial de L. 6,300.00; y un sueldo a la fecha del despido de L. 7,300.00, sueldo que se les pagaba a partir del 30 de junio del 2017, todos esos extremos los acreditaron con las copias de los contratos y las adendas que acompañaron a la presente demanda. Argumentaron que sus contratos los tenían firmados hasta el 31 de diciembre del 2017 tal y como lo acreditamos con los mismos, pero para este año 2018 no les hicieron contrato de trabajo y fue así que a partir del 02 de enero del 2018 se estuvieron presentando a sus labores y aunque no les asignaban las funciones en el Centro Educativo que estaban asignado cada uno de los demandantes, ya que (PROHECO) contrató otros maestros en sus puestos de trabajo, sin darles ninguna explicación en lo que se refiere a su relación laboral y derechos laborales, siempre se estuvieron presentando a sus labores como empleados responsables, pero su sorpresa fue que en fecha 08 de mayo del 2018 se les entregó una nota de despido, firmada por cada coordinador del Centro Educativo donde estaban asignados, mediante la cual se establecía que el motivo de la presente decisión es el no haber superado las experiencias propias del periodo de prueba expresamente pactadas; por lo que ese despido lo consideran injusto e ilegal al margen de la Ley en vista de que el artículo 52 último párrafo del Código del Trabajo es claro y contundente en su texto Legal al establecer que si antes de transcurrido un año se celebra contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el periodo de prueba, que es el caso que nos ocupa, y que habían laborado dos de las demandantes por más de 4 años y el otro por más de dos años y en el mismo puesto de trabajo por lo tanto en base a este artículo no cabe el periodo de prueba; por lo tanto la nota de despido no tiene ningún sustento legal para el mismo y de igual forma la causal invocada no estaba establecida en el artículo 112 del Código del Trabajo, por lo tanto reiteran que el despido lo consideran que fue ilegal e injusto al margen de la Ley. Mencionaron que la relación laboral que mantuvieron, cumplían con lo establecido en el artículo 20 del Código del Trabajo en cuanto a los elementos para que existiera contrato de trabajo y el 47 del mismo Código del Trabajo relacionado con la permanencia ya que su labor como docente fue de manera ininterrumpida y de igual forma eran puestos permanentes en la misma, y por lo tanto el artículo 47 del Código del Trabajo establece en su texto legal que si al vencimiento del contrato subsiste la causa que le dio origen a la relación laboral se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración que es el caso que les ocupa y que ese acto realizado por parte de la demandada fue una total violación a la Constitución de la República tal y como lo establece el artículo 127 que toda persona tiene Derecho al Trabajo y de igual forma el 129 que establece la Ley Garantiza la estabilidad de los Trabajadores en sus empleos, y siempre haciendo referencia al artículo 129 de nuestra Carta Magna el mismo también establecía, que cuando el despido sea injustificado surte efecto y firme que sea la sentencia condenatoria respectiva, el Trabajador tendrá derecho a una remuneración en concepto de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, y a las indemnizaciones legales y convencionalmente previstas, pues también estaban demandando el reintegro a nuestros puestos de trabajo, ya que consideramos que es un despido directo injustificado al margen de la Ley, de igual forma los artículos 3, 20, 25, 47 y 117 del Código del Trabajo también fueron violentados por la demandada. Asimismo mencionaron que también estaban demandando además del reintegro, la permanencia ya que consideraron que su relación laboral cumple con lo que establece el artículo 47 del Código del Trabajo, el reajuste al salario mínimo en vista que tal y como lo acreditamos con la copia de los contratos no se nos pagaba el salario mínimo y el mismo es un derecho adquirido irrenunciable tal y como lo establece el artículo 3 del Código del Trabajo, pago de vacaciones causadas, de igual forma demandaron el pago de salarios adeudados desde el 01 de enero del 2018 hasta el 08 de mayo del 2018, fecha del despido en vista que no se les hizo efectivo el pago de esos meses antes relacionados. Finalmente expresaron que buscando llegar a un arreglo conciliatorio acudieron ante la autoridad Administrativa del trabajo, en donde no llegaron a ningún arreglo conciliatorio con la parte demandada, razón por la cual acudiendo a la vía judicial para que se nos haga justicia del Derecho Constitucional violado Derecho al trabajo y a la estabilidad Laboral. 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda; rechazando las pretensiones que persiguen los demandantes; apoyando su defensa en que no es suficiente la afirmación que haga la parte demandante en sus hechos de demanda, ya que debe de fundarse en hechos reales y concretos, mismos que deben ser probados en juicio, pues en materia probatoria, es un principio universal que quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, constituyendo la máxima ONUS PROBANDI ENCUMBIT ACTORI y siendo que la prueba es el medio legal que sirve para demostrar la veracidad de los hechos que se alegan ante las autoridades judiciales, es preciso que la prueba se produzca de manera tal que la Honorable Juez pueda apreciarla e inspirarse en los principios de la sana critica para formar libremente su criterio; y que en cuanto a la relación sostenida entre los demandantes y Asociación Educativa Comunitaria, (AECO) es indiscutible la misma hasta el 31 de diciembre del 2017, en vista que los demandantes suscribieron con dicha Asociación, contratos de Servicios Profesionales, mismos que acreditan la relación contractual sostenida entre la parte actora y la Asociación Educativa Comunitaria (AECO), en ningún momento con la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación. Que las Asociaciones Educativas Comunitarias (AECO) son creadas mediante Decreto Ejecutivo N. 007-1999, con personería jurídica para efectos de la gestión de los centros educativos en la organización comunitaria; de igual manera señaló lo que es el Programa de Educación Comunitaria (PROHECO), que surgió como una estrategia del Gobierno de Honduras, nacido a través del crédito AIF 2694-HO. "Proyecto de mejoramiento de la Educación Básica", para proveer servicios educativos a las áreas rurales y pobres con la participación directa de los padres y madres de familia en la administración de los servicios educativos, mismo que inició a partir de marzo de 1999 mediante acuerdo ejecutivo número 006-99 el cual que establece en su artículo 1 "Crear el Proyecto Hondureño de Comunicación Comunitaria (PROHECO), como programa de gobierno, el cual será implementado a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, como una estrategia para lograr una amplia participación tanto en la identificación de necesidades educativas locales..." razón por la cual era improcedente que la parte actora alegue que existe solidaridad con el demandado, pues dicha Asociación tiene su propia personería jurídica, y no es dependiente de la Secretaria de Estado en los Despachos de Educación. De igual manera el convenio de Servicios Educativos entre la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación y la Asociación Educativa Comunitaria (AECO), es únicamente para apoyarles con fondos económicos para la subsistencia de la misma, pero en ningún momento el convenio establece que queda solidariamente responsable la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación del personal contratado para ejercer sus funciones en las Asociaciones Educativas Comunitarias (AECO), razón por la cual debe declararse improcedente dicha solidaridad contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación, pues en el mismo convenio, precisamente en la cláusula tercera establece las únicas obligaciones de la Secretaria que literalmente dice: "LA SECRETARIA" como institución responsable de los procesos educativos que se desarrollan en los niveles de educación pre básica y básica, se compromete a través del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a realizar las siguientes acciones: a) asignar fondos a la AECO, mediante transferencias a la cuenta bancaria de esta asociación, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAFI) de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, para la compra de material gastable del centro educativo. b) diseñar la plataforma tecnológica que posibilite la realización de los pagos y la conectividad con los sistemas de administración financiera y control del recurso humano del estado (SIAFI y SIREP). c) poner a disposición de la "AECO" si se requiere el listado de maestros de educación primaria, técnicos en educación básica. licenciados en educación básica o pedagogía y otras licenciaturas del área de educación, inscritos en el censo de maestros sin empleo de "LA SECRETARIA" d) capacitar a la "AECO" y al personal docente que ésta contrate en las diferentes áreas que se requieran para el desarrollo del proceso educativo. Estos quedan formalmente comprometidos a recibir dicha capacitación en los periodos que "LA SECRETARIA" determine." En relación con la cláusula octava referente a la exclusividad de la relación laboral docente: "no existirá ninguna relación laboral entre "LA SECRETARIA" y el personal docente contratado por "AECO" ya que el patrono directo de esté, será la "AECO" en tal sentido no se deriva ninguna responsabilidad por parte de "LA SECRETARIA" en la solución de conflictos laborales"; razón por la que, se denota de manera amplia y precisa que dicha Secretaria de Estado, no tenía ninguna responsabilidad contractual ni mucho menos laboral con los demandantes, si no que únicamente ha destinado fondos para dicha asociación, pero en ningún momento era responsable del personal contratado o cancelado por la Asociaciones Educativas Comunitarias (AECO); reiterando que la misma cuenta con personería jurídica y por ningún motivo es dependiente de la Secretaria de Estado en el Despacho de Educación. Expresó que a los señores Kiriam Emnaly Agurcia Sánchez, Blanca Patricia Licona Ramírez y Ever Enoc Breve Ruiz, la Asociación Educativa Comunitaria (AECO) de la aldea asignada a cada uno de los demandantes, les contrato hasta el 31 de diciembre del 2017, pero da la casualidad que los demandantes aducen que se les despidió el 08 de mayo del 2018, tal es el caso de la señora Kiriam Emnaly Agurcia Sánchez, la nota de despido que se adjuntó en el expediente judicial, es un documento que la judicatura no le puede dar validez, porque a esa fecha (08 de mayo del 2018) la relación contractual ya no estaba vigente porque el último contrato que suscribió con la AECO venció en diciembre del año 2017 lo cual se podrá comprobar con los pagos que efectivamente se le efectuó mes a mes. Asimismo la nota de despido que también se presentó en el expediente judicial, dirigida a Ever Enoc Breve Ruiz, está judicatura deberá considerarla sin validez, pues la relación ya no era vigente, porque igualmente el contrato suscrito entre el señor antes mencionado y la Asociación Educativa Comunitaria (AECO) culminaba el 31 de diciembre del año 2017, lo cual se podrá comprobar con los pagos que efectivamente se le efectuaban mes a mes a los demandantes por parte de (PROHECO), de igual manera esa nota de despido no puede tener validez, además de lo antes dicho, porque el señor José Alexander Ortiz, para la fecha en que se ejercitó el despido simulado (8 de mayo 2018), ya no ostentaba la calidad de presidente de Asociación Educativa Comunitaria (AECO) situada en el Coyolar, Guayape, Departamento Olancho, siendo el presidente de esa Asociación Educativa Comunitaria (AECO), para esa fecha el señor Marco Valerio Ruiz Bustillo, lo que lo comprobaría mediante acta en el momento procesal oportuno. En cuanto al caso de la señora Blanca Patricia Licona Ramírez, era evidente que, si se presentase alguna nota de despido de fecha 08 de mayo del 2018, seria ineficaz, ya que al igual que los otros dos demandantes, el contrato de Servicios Profesionales, suscrito entre la señora antes mencionada y la Asociación Educativa Comunitaria (AECO), llego a su finalización en el 31 de diciembre del 2017. Aseverando que con todo lo anteriormente expuesto, se comprueba con facilidad que los demandantes habían simulado notificaciones de despidos directos, que son ineficaces, pretendiendo de manera ilegítima que se les otorgara un derecho subjetivo que a la fecha de presentar el reclamo administrativo ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, ya les había prescrito irremediablemente y han pretendido con ventaja y viveza sorprender a este Honorable Tribunal; por esos hechos simulados el demandado, se reservó el uso de las acciones administrativas y penales que corresponderían en defensa de los intereses del Estado de Honduras, que al final son de la ciudadanía en general. Arguyo que, sería completamente improcedente la pretensión de los demandantes, en cuanto a que esta judicatura del trabajo les otorgue un nombramiento de permanencia bajo régimen de servicio civil, lo que es claro extrapola la competencia del Juez del Trabajo, siendo competente única y exclusivamente para tal fin, la Dirección General de Servicio Civil. Otorgar tal nombramiento de parte de ese Juzgado, sería fuera del ámbito de su competencia. Finalmente rechazó a el hecho donde la parte actora hace mención haber solicitado la intervención de las autoridades administrativas de la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, en virtud de que el demandado no ostenta facultades para comparecer a ningún tipo de conciliación, mucho menos al tratarse de Contratos que no habían suscrito con los demandantes, y siendo en todo caso la jurisdicción competente (soluciones de controversia) es el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 3 literal a), de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Asimismo, en audiencia primera de trámite interpuso la Excepción Perentoria de Prescripción. Asimismo la parte demandada el PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO), a pesar de haber sido citada personalmente en legal y debida forma, a través de su representante legal la señora Sandra Leticia Tejada, en fecha 15 de octubre del 2019, no contestó dicha demanda en el término concedido; por lo que, mediante auto de fecha 06 de diciembre del 2019, se declaró en CONTUMACIA, haciéndole saber que podrá comparecer en cualquier estado del juicio, sin que para ello se retrotraiga las actuaciones realizadas; ordenando que por medio de la Secretaría del Despacho se le notificaran los autos y demás resoluciones que recaigan en el juicio, mediante cédula de notificación fijada en la tabla de avisos del Despacho. 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de julio del 2022, dictó sentencia que, en su parte conducente dice: “FALLA: I) Declarar SIN LUGAR LA EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCION opuesto por la Representante procesal de la Parte Demandada en (solidariamente) escrito de contestación de demanda; II) Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por los señores KIRIAM EMNALY AGURCIA SÁNCHEZ, BLANCA PATRICIA LICONA RAMÍREZ Y EVER ENOC BREVE RUIZ, EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EL PATRONO JUSTIFIQUE LA SUPUESTA JUSTA CAUSA DE DESPIDO DIRECTO CASO CONTRARIO QUE SEA CONDENADO. AL REINTEGRO A NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO. QUE SE DEDLARE PERMANENTE NUESTRA RELACIÓN LABORAL EN VISTA DE ESTAR LABORANDO MEDIANTE CONTRATOS ININTERRUMPIDOS. - PAGO DE VACACIONES CAUSADAS. -Y PAGO DE OTROS BENEFICIOS QUE LE CORRESPONDEN A LOS EMPLEADOS PERMANENTES. - REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DESDE EL INICIO DE LA RELACIÓN LABORAL. Y COMO DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO DEL QUE FUIMOS OBJETO HASTA QUE CONFORME A LAS NORMAS PROCESALES SEAMOS REINTEGRADOS A NUESTROS PUESTOS DE TRABAJO, Contra el PROYECTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO) a través de su Representante Legal la señora GLORIA MENJIVAR, va en CONTUMACIA y solidariamente EL ESTADO DE HONDURAS, (SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN) a través de su Representante Legal la procuradora General de la República de ese entonces la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, ΙΙΙ.- CONDENAR al PROYECTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO) a través de su Representante Legal la señora GLORIA MENJIVAR, va en CONTUMACIA у solidariamente EL ESTADO DE HONDURAS, (SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN) a través de su Representante Legal la procuradora General de la República de ese entonces la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, a lo siguiente: a) Al Reintegro al cargo al igual u otro de mejor categoría, A que se tenga la relación laboral de los Señores KIRIAM EMNALY AGURCIA SÁNCHEZ, BLANCA PATRICIA LICONA RAMÍREZ Y EVER ENOC BREVE RUIZ, con carácter de indefinida como empleado permanente por su orden, en la Escuela Licenciado Ricardo Maduro, Ubicada en la Aldea el Sursular, Municipio de Guayape, en la Escuela Rosa Hilda Dubon, Ubicada en el Caserío el Salitre, Aldea el Coyol, Municipio de Guayape, Olancho, en la EL Centro Educativo Ingeniero Marvin B. Moradel en el Municipio de Guayape, Olancho, b).-, A que se tenga la relación laboral de los Señores KIRIAM EMNALY AGURCIA SÁNCHEZ, BLANCA PATRICIA LICONA RAMÍREZ Y EVER ENOC BREVE RUIZ, desde la fecha los dos primeros del 2 de enero del año 2014, y el ultimo el 16 de enero de 2016; con carácter de permanente desde que ingreso a laborar en por su orden, en la Escuela Licenciado Ricardo Maduro, Ubicada en la Aldea el Sursular, Municipio de Guayape, en la Escuela Rosa Hilda Dubon, Ubicada en el Caserío el Salitre, Aldea el Coyol, Municipio de Guayape, Olancho, EL Centro Educativo Ingeniero Marvin B. Moradel en el Municipio de Guayape, Olancho, debiendo gozar de todos los derechos y beneficios se les otorgan a los empleados con carácter permanente. c). - Reconociéndoles la antigüedad a los señores: KIRIAM EMNALY AGURCIA SÁNCHEZ, BLANCA PATRICIA LICONA RAMÍREZ Y EVER ENOC BREVE RUIZ, desde la fecha los dos primeros del 2 de enero del año 2014, y el ultimo el 16 de enero de 2016. d) Que se le pague a los señores 1).- KIRIAM EMNALY AGURCIA SÁNCHEZ; 2).- BLANCA PATRICIA LICONA RAMÍREZ la cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CATORCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (L. 1,369,014.48) que se desglosa de la siguiente manera para: 1. KIRIAM EMNALY AGURCIA SÁNCHEZ una multa de acorde a la ley del salario mínimo en su artículo 39 desglosada de la manera siguiente: 2016: un salario de 9,168.42 por 8 ocho meses de salario igual a L. 73,347.36. 2017: un salario de 10,316.22 por doce meses para un total de: L. 123,794.64. 2018: un salario de 10,316.22 por doce meses para un total de L.123,794.64. Un reajuste de salario de acuerdo al salario mínimo desglosado de la siguiente manera: 2016 REAJUSTE: Una diferencia de 2,868.42 por 8 MESES igual a L. 22,947.36. 2017, reajuste: Una diferencia de por 12 meses 4,016.22 igual a L. 48,194.64 decimotercer mes y decimocuarto mes 8,032.44 para un total de 56,227.08 adeudado 2018 Reajuste: Una diferencia de por 12 meses 4,016.22 igual a L. 48,194.64 decimotercer mes y decimocuarto mes 8,032.44 para un total de 56,227.08 adeudado. Para un total de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS (L. 456,338.16) 2. BLANCA PATRICIA LICONA RAMÍREZ una multa de acorde a la ley del salario mínimo en su artículo 39 desglosada de la manera siguiente: 2016: un salario de 9,168.42 por 8 ocho meses de salario igual a L. 73,347.36. 2017: un salario de 10,316.22 por doce meses para un total de: L. 123,794.64. 2018: un salario de 10,316.22 por doce meses para un total de L.123,794.64. Un reajuste de salario de acuerdo al salario mínimo desglosado de la siguiente manera: 2016 REAJUSTE: Una diferencia de 2,868.42 por 8 MESES igual a L. 22,947.36. 2017 reajuste: Una diferencia de por 12 meses 4,016.22 igual a L. 48,194.64 decimotercer mes y decimocuarto mes 8,032.44 para un total de 56,227.08 adeudado 2018 Reajuste: Una diferencia de por 12 meses 4,016.22 igual a L. 48,194.64 decimotercer mes y decimocuarto mes 8,032.44 para un total de 56,227.08 adeudado. CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS (L. 456,338.16) 3. EVER ENOC BREVE RUIZ una multa de acorde a la ley del salario mínimo en su artículo 39 desglosada de la manera siguiente: 2016: un salario de 9,168.42 por 8 ocho meses de salario igual a L. 73,347.36. 2017: un salario de 10,316.22 por doce meses para un total de: L. 123,794.64. 2018: un salario de 10,316.22 por doce meses para un total de L.123,794.64. Un reajuste de salario de acuerdo al salario mínimo desglosado de la siguiente manera: 2016 REAJUSTE: Una diferencia de 2,868.42 por 8 MESES igual a L. 22,947.36. 2017 reajuste: Una diferencia de por 12 meses 4,016.22 igual a L. 48,194.64 decimotercer mes y decimocuarto mes 8,032.44 para un total de 56,227.08 adeudado 2018 Reajuste: Una diferencia de por 12 meses 4,016.22 igual a L. 48,194.64 decimotercer mes y decimocuarto mes 8,032.44 para un total de 56,227.08 adeudado. CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON DIECISÉIS CENTAVOS (L. 456,338.16). TODO ELLO PARA UN GRAN TOTAL DE UN MILLÓN TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CATORCE LEMPIRAS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS (L.1,369,014.48) IV.- En cuanto a salarios adeudados sin lugar dichos conceptos por no estar acreditados en autos. V.-ABSOLVER: al PROYECTO HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO) a través de su Representante Legal la señora GLORIA MENJIVAR, va en CONTUMACIA y solidariamente EL ESTADO DE HONDURAS, (SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACIÓN) a través de su Representante Legal la procuradora General de la República de ese entonces la Abogada LIDIA ESTELA CARDONA, En cuanto al pago de salarios adeudados por no estar acreditados en autos. VI): SIN COSTAS porque en materia de Derecho del Trabajo impera el Principio del Gratuidad y es aplicable cuando no se alteran los Principios del Derecho del Trabajo…”. Bajo el criterio que, conforme lo anteriormente relacionado no obstante los demandantes durante el tiempo laborado con la institución lo han hecho por una sucesión de contrataciones temporales prorrogados en su duración, resulta evidente que realiza labores de manera continua ocupando un mismo puesto de trabajo, por lo que se presume que las labores son de tipo permanente, por lo tanto al transcurrir (1) año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido, el ESTADO DE HONDURAS (SECRETARIA DE EDUCACIÓN) debió nombrarle en forma permanente, al no hacerlo violento el derecho a la estabilidad laboral de los trabajadores en forma sucesiva mes a mes, interrumpiendo de esta forma el término de la prescripción mes a mes, ocasionando como consecuencia que la prescripción no se produjera, en consecuencia se declara SIN LUGAR la Excepción perentoria de Prescripción opuesta como medio de defensa por la demandada. Que el contrato por tiempo determinado durará hasta cuándo se ha previsto la fecha pactada de la terminación del contrato; no obstante, la contratación por tiempo indefinido constituye la regla general porque corresponde a la realidad continuada de la prestación de labores, la relación indeterminada de las relaciones es el principio base, no depende su eficacia de la voluntad de las partes y únicamente se flexiona si lo requiere la naturaleza de las cosas, además es más favorecido por las disposiciones legales protectoras basadas en la permanencia de la relación de trabajo, por lo que existe una firme corriente favorable a constituir esta regla en el imperativo legal del cual sólo se reconocen excepciones en casos determinados, de allí que existe una marcada tendencia a declarar existente un contrato por tiempo indeterminado en casos de prórrogas sucesivas a los que se refiere el artículo 48 del Código del Trabajo y, en general, en todos aquellos donde la fijación del término, con la intención de hacer fraude a la ley, pueda considerarse simulada; por lo tanto establecida la permanencia y que la causa que dio origen a la contratación es de naturaleza permanente por su reiterada subsistencia lo que origina la permanencia de la relación laboral lo que viene a irrumpir en un derecho laboral adquirido en los trabajadores demandantes como ser el derecho a la continuidad y como consecuencia de ello el derecho a la estabilidad laboral tal como lo garantiza la Constitución de la República en su artículo 129 y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en consecuencia la relación de trabajo de los demandantes KIRIAM EMNALY AGURCIA SÁNCHEZ, BLANCA PATRICIA LICONA RAMÍREZ Y EVER ENOC BREVE RUIZ, fue y ha sido por tiempo indeterminado a partir del inicio de la relación laboral, ostentando una antigüedad con el ESTADO DE HONDURAS SECRETARIA DE EDUCACIÓN a partir de las fecha siguiente 03 de febrero del 2014 de conformidad a los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo que establece el principio de continuidad del derecho del trabajo y que parte de la presunción de que todo contrato de trabajo debe suscribirse por tiempo indefinido y excepcionalmente por tiempo determinado. Que por todo lo anterior, se DECLARA CON LUGAR la demanda, se reconociéndole la antigüedad de a los señores KIRIAM EMNALY AGURCIA SÁNCHEZ, BLANCA PATRICIA LICONA RAMÍREZ y EVER ENOC BREVE RUIZ, a partir de la fecha los dos primero iniciaron su relación laboral 02 de enero del 2014, y el ultimo el 16 de enero del 2016, por haber laborado para el Estado de Honduras (secretaria de Educación) por más de un año. Que la parte demandante solicita que se declare permanente nuestra relación laboral en vista de estar laborando mediante contratos ininterrumpidos, pago de vacaciones causadas y pago de otros beneficios que le corresponden a los empleados permanentes. reajuste al salario mínimo desde el inicio de la relación laboral-salarios adeudados desde el 01 de enero del año 2018 hasta el 08 de mayo del año 2018. y como daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido del que fuimos objeto hasta que conforme a las normas procesales seamos reintegrados a nuestros puestos de trabajo, procede declarar CON LUGAR dicha petición en virtud de estar acreditado en autos que a los demandantes no les fueron satisfechos dichos conceptos. En cuanto a salarios adeudados sin lugar estos conceptos por no estar acreditados en autos. Que el Juez puede eximir del pago de costas a la persona que fuere vencida en juicio, cuando existan motivos racionales para litigar. 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de septiembre del 2023, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo; sin costas; bajo el criterio que, del análisis de la prueba aportada por las partes, esta Corte de Apelaciones ha llegado a la conclusión que en el presente caso, lo que existe es una relación de trabajo, y aun cuando la parte demandada, intitulo los contratos como de prestación de servicios profesionales, de la lectura de los mismos se desprende los elementos del contrato de trabajo, ya que los demandantes prestaron su fuerza de trabajo de forma personal como docentes del PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACIÓN COMUNITARIA (PROHECO), que por ende es un trabajo permanente dentro de la institución, dichos contratos son de tracto sucesivo, prorrogándose en el tiempo, durante el cual los demandantes adquirieron derechos a los cuales no puede renunciar, estaban sujeto a un horario de trabajo, tenía un jefe inmediato, y se le pagaba una remuneración por su servicio, por lo cual se configuran todos los elementos de un contrato de trabajo y no dejara de serlo porque se le haya denominado de otra forma. Que la normativa laboral tiene sus propios artículos bajo los cuales rige cuando un trabajador es permanente y los requisitos que se requieren y en referencia a lo alegado a que la SECRETARIA EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN en atención a lo establecido por las disposiciones generales del presupuesto de Ingresos y Egresos de la República" La de lo antes Sala Constitucional ha establecido "que la existencia o no de una relación de trabajo, su permanencia o temporalidad y demás cualidades dependen, no de lo que las partes previamente hubieren pactado por escrito o en forma verbal, o de si se esté o no en determinada partida presupuestaria, sino de la situación real en que el trabajador se encuentre prestando sus servicios; aunado a lo anterior que si bien es cierto la normativa laboral permite la contratación de personal por tiempo limitado o a plazo fijo, en aquellos casos en que se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo; lo cierto es también que nuestra normativa dispone que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas consecuentemente, los contratos a plazo fijo para obra determinada tienen carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidenta o temporal del servicio que se va prestar o de la obra que se va ejecutar; en la causa de mérito las labores que ejecutaba la demandante no puede considerarse labores que permite la contratación de personal por tiempo limitado o a plazo fijo por consiguiente es procedente declarar No Ha Lugar el recurso de apelación y confirmar lo resuelto por el A-quo en virtud de estar apegada a derecho su resolución; Aunado a lo anterior el recurrente refiere en sus agravios sin embargo, aunque se haya suscrito contratos en forma continua e ininterrumpida nunca existió entre mis representados y los demandantes una relación laboral; argumento contradictorio del recurrente pues reconoce que los contratos suscritos eran de naturaleza continua e interrumpida y de sobra conocida es que existe una relación laboral y que son contratos por tiempo indefinido. Que corresponde a los Tribunales de Justicia aplicar las Leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado. Que vistas las consideraciones anteriores procede CONFIRMAR la sentencia definitiva apelada; sin costas en virtud del Principio de Gratuidad que regula la materia laboral. 5.- Mediante auto de fecha 12 de marzo del 2024, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6.- En fecha 02 de mayo del 2024, compareció ante este Tribunal, el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTÍNEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación; por lo que mediante providencia de fecha 22 de mayo del 2024, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho; por lo que mediante proveído de fecha 19 de agosto del 2024, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MIGUEL ÁNGEL VASQUEZ GÓMEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO I.- El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II.- Que el Abogado JORGE ALBERTO RIVERA MARTÍNEZ, en su primer motivo de casación alega: PRIMER MOTIVO. En virtud que la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo en fecha veintiuno de septiembre del año dos mil veintitrés, no tomar en cuenta que la Asociación Comunitaria tiene su propia personería jurídica la cual es responsable de sus actos III.- Que el anterior cargo no resulta ser una proposición jurídica completa, dado que el Recurrente no lo encuadra en ninguna de las causales contenidas en el artículo 765 del Código del Trabajo, carece de concepto de la infracción, el precepto autorizante y omite hacer explicación del motivo. IV.- Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “tampoco hicieron una valoración jurídica del Artículo 46 inciso b) del Código del Trabajo el cual literalmente dice: "Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una obra que forzosamente ha de poner término a la relación del trabajo". PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1º. Del código del trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1º. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la valides del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada cuando nunca contrató bajo ninguna modalidad a los demandantes. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El objeto de pedir concurre en lo que reclaman, el reclamo lo constituye al reintegro y permanencia más pago de vacaciones y otros beneficios, salarios adeudados desde la cancelación que fueron objeto hasta que quede firme la sentencia, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y en ambas jurisdicciones el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la cancelación o ruptura contractual laboral que sostuvieron con la Asociación Educativa Comunitaria (AECO), no con la Secretaría de Educación”. V.- Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) falta claridad y precisión al indicar “Ser la Sentencia violatoria de la Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”, siendo distintas formas de violar la Ley que deben invocarse de forma separada por la independencia de los cargos; b) la norma que indica como violada el artículo 46 inciso b) del Código de Trabajo no ostentan el carácter de norma sustantiva exigido por el artículo 769 numeral 5) literal a) del mismo ordenamiento jurídico, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el motivo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo; y d) formula alegatos de instancia VI.- Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, pronunciándose por unanimidad de votos impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. -NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. ODALIS ALEYDA NÁJERA MEDINA COORDINADORA, ROY PINEDA CASTRO, ANNY BELINDA OCHOA MEDRANO. FIRMA Y SELLO OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. SECRETARIO. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”. Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los quince días del mes de enero del año dos mil veintiséis; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de noviembre del dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Casación Laboral número CL10-24. FIRMA Y SELLO
RAMCEL NIKOL CARTAGENA PINTO
RECEPTORA ADSCRITA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. -